Juez en Nueva York declara admisibles argumentos que involucran a Juan Hernández con el narcotráfico
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Los argumentos de fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que involucran al gobernante de Honduras Juan Hernández con el narcotráfico fueron admitidos este viernes por un juez en Nueva York.
En una audiencia judicial en el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, el juez Kevin Castel determinó que eran admisibles los testigos y las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas las que señalan a Hernández de corrupción y recibo de sobornos del narcotráfico, informó el sitio Pro-Honduras Network.
Los fiscales defendieron que sus argumentos contra Hernández -a quien se refirieron como CC-4 o co-conspirador número cuatro- apoyan, confirman y ofrecen contexto a las acusaciones contra Fuentes Ramírez, informó por su parte la agencia AP.
El fiscal Matthew Laroche dijo que la corrupción y la violencia “que identificamos desde el inicio del caso” son relevantes para los cargos, publicó también AP.
Entre los testimonios que se incluirán en el juicio está el del “Testigo-1”, quien estuvo presente durante las reuniones que sostuvieron Juan Hernández y Geovanny Fuentes, señaló Pro-Honduras Network.
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En esos encuentros se negoció el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras en la protección de cargamentos de droga de Fuentes, la oferta de Hernández para que el Fiscal General Oscar Chinchilla protegiera a los narcotraficantes, el acceso de Hernández al narcolaboratorio ubicado en Choloma y la intención de ambos de “meter la cocaína por debajo de las narices de los gringos”, según el testimonio del “Testigo-1”.
El jurado, igual que ocurrió en el juicio de Tony Hernández, hermano del gobernante hondureño, se mantendrá anónimo para proteger sus identidades y evitar futuras represalias, ya que el Gobierno de Honduras no tiene la capacidad para protegerlos, según los fiscales.
Pro-Honduras Network mencionó en su publicación que los fiscales que trabajan en el Distrito Sur de Nueva York ganan aproximadamente el 98% de los casos que llegan a juicio, por lo que las probabilidades de que Fuentes Ramírez sea hallado culpable son altas.
“Esta situación implicaría un gran problema para Hernández, ya que según las investigaciones de la DEA y los documentos e información de la Fiscalía Fuentes y Hernández fueron socios en actividades de narcotráfico”, señala esa organización de sociedad civil.
Las acusaciones de fiscales y traficantes de droga ahora presos de que Hernández recibió fondos del narcotráfico para financiar campañas electorales y comprar votos para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional y posteriormente del país comenzaron hace unos dos años, recordó AP.
Hasta ahora, el gobernante
hondureño se ha defendido diciendo que las acusaciones están basadas en
mentiras de criminales confesos que buscan venganza o reducir sus
condenas.
Se espera que el juicio contra Fuentes Ramírez comience el 8 de marzo, informó también la agencia de noticias estadounidense.
"NO NOS ESCONDEREMOS PARA DENUNCIAR A NINGÚN LÍDER": EEUU A HONDURAS
- Publicado: 23 Febrero 2021
“No
nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder en particular",
afirmó el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price
al ser consultado sobre la “narco-investigación” contra el gobernante
hondureño, Juan Hernández.
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, recalcó ayer el compromiso de la administración de Joe Biden en la lucha contra la corrupción y, al ser cuestionado sobre la situación del gobernante de Honduras, Juan Hernández, aseguró que Washington no se esconderá "a la hora de denunciar a ningún líder".
“No nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder en particular", afirmó Price al ser cuestionado sobre Hernández. "Estamos intentando acabar de raíz con la corrupción, donde quiera que sea, bien sea en el hemisferio occidental o en cualquier otro lugar".
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / ¡URGENTE! AP CONFIRMA JUICIO QUE SALPICARÍA A JOH
El vocero quiso evitar referirse directamente al caso del mandatario hondureño y, en un principio, al ser cuestionado sobre el tema de la corrupción en países de la región, solo nombró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Hemos hablado del papel de la corrupción en la región, tanto en Sudamérica –me han oído hablar del régimen de Maduro- como en Centroamérica", comentó Price.
Sin embargo, la pregunta hacía referencia específicamente a Hernández, sobre quien pesan diversas acusaciones en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Buen intento, pero está denunciando a Maduro por su nombre, pero no a Hernández. Estoy intentando entenderlo", presionó entonces una segunda periodista.
Fue entonces cuando Price recalcó que el nuevo gobierno no hará excepciones a la hora de denunciar a los líderes que cometan actos de corrupción, algo que, según dijo, no solo es "consistente" con los valores estadounidenses, sino que también va en sintonía con sus intereses, debido a su impacto en los flujos migratorios.
“Entendemos que si queremos lograr un hemisferio más estable, en términos de migración, si vamos a hacer frente a la raíz del asunto, no podemos permitir que la corrupción pase desapercibida. Así que seremos vocales, seguiremos apoyando iniciativas anticorrupción en la región, sabiendo que es de interés para la gente del Triángulo Norte y de Centroamérica, en general", zanjó.
El pasado 8 de febrero se supo que la fiscalía de Nueva York había presentado nuevos cargos contra Hernández, acusándole de aceptar sobornos provenientes del narcotráfico.
Esta no era la primera ocasión en que los fiscales estadounidenses presentan cargos contra el mandatario centroamericano, anteriormente ya lo habían acusado de participar en tráfico de drogas en su país.
EE.UU. advierte a presidente de Honduras: «No nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder»
El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, está siendo investigado por la fiscalía de Nueva York por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tomado de: voanoticias.com
WASHINGTON DC – El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, recalcó este lunes el compromiso de la Administración Biden con la lucha contra la corrupción y, al ser cuestionado sobre la situación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que Washington no se esconderá «a la hora de denunciar a ningún líder».
“No nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder en particular», afirmó Price al ser cuestionado sobre el presidente Hernández. «Estamos intentando acabar de raíz con la corrupción, donde quiera que sea, bien sea en el hemisferio occidental o en cualquier otro lugar».
El vocero quiso evitar referirse directamente al caso del mandatario hondureño y, en un principio, al ser cuestionado sobre el tema de la corrupción en países de la región, solo nombró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Hemos hablado del papel de la corrupción en la región, tanto en Sudamérica –me han oído hablar del régimen de Maduro- como en Centroamérica», comentó Price.
Sin embargo, la pregunta hacía referencia específicamente a Hernández, sobre quien pesan diversas acusaciones en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Buen intento, pero está denunciando a Maduro por su nombre, pero no a Hernández. Estoy intentando entenderlo», presionó entonces una segunda periodista.
Honduras niega acusaciones de narcotráfico contra presidente Juan Orlando Hernández
En una cadena de mensajes en Twitter la Casa Presidencial de Honduras rechazó las menciones que contra el presidente Juan Orlando Hernández se hacen al implicarlo en el delito de narcotráfico, junto su hermano Tony Hernández y el exalto oficial de la policía Juan ‘El Tigre’ Carlos Bonilla.
Fue entonces cuando Price recalcó que el nuevo gobierno no hará excepciones a la hora de denunciar a los líderes que cometan actos de corrupción, algo que, según dijo, no solo es «consistente» con los valores estadounidenses, sino que también va en sintonía con sus intereses, debido a su impacto en los flujos migratorios.
“Entendemos que si queremos lograr un hemisferio más estable, en términos de migración, si vamos a hacer frente a la raíz del asunto, no podemos permitir que la corrupción pase desapercibida. Así que seremos vocales, seguiremos apoyando iniciativas anticorrupción en la región, sabiendo que es de interés para la gente del Triángulo Norte o de Centroamérica, en general», zanjó.
El pasado 8 de febrero se supo que la fiscalía de Nueva York había presentado había presentado nuevos cargos contra Hernández, acusándole de aceptar sobornos provenientes del narcotráfico.
Esta no es la primera acusación que los fiscales estadounidenses presentan cargos contra el mandatario centroamericano, anteriormente ya lo han acusado de participar en tráfico de drogas en su país.
¡URGENTE! SENADORES PROPONEN SANCIONAR A JOH Y MILITARES: THE GUARDIAN
- Publicado: 23 Febrero 2021
De acuerdo con el periódico británico, The guardian, un grupo de senadores influyentes, ha presentado una ley que propone sanciones a Juan Hernández y al Ejército, entre ellas, el retiro de la visa al gobernante y congelación del apoyo militar por violación de derechos humanos y “actividades criminales”.
"El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales, a la Policía y al Ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad", ha dicho el senador Jeff Merkley.
Por el interés nacional de este artículo, EL LIBERTADOR comparte de forma íntegra la redacción de The Guardian, que destaca a Hernández como “un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos”.
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington. Un grupo de influyentes senadores demócratas están introduciendo una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos, y cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades criminales.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.
Joe Biden se ha comprometido a abordar las causas fundamentales de la migración desde el triángulo norte de América Central -Honduras, Guatemala y El Salvador- la región más violenta del mundo fuera de una zona de guerra oficial, que representa a la mayoría de los migrantes y refugiados que buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos.
Este proyecto de ley deja en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible si Estados Unidos continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y las fuerzas de seguridad.
Pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares de 2009, como resultado de la colusión generalizada entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales.
NOTA DE INTERÉS: "NO NOS ESCONDEREMOS PARA DENUNCIAR A NINGÚN LÍDER": EEUU A HONDURAS
También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores del medio ambiente y los derechos humanos, opositores políticos y periodistas.
Solo en el último año, al menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar las restricciones del toque de queda y el encierro, incluida la enfermera Keyla Martínez, quien a principios de este mes fue asesinada bajo custodia policial.
“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. "El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales, a la Policía y al Ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad".
Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, que ha utilizado dinero de la droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder con pocas consecuencias de la comunidad internacional.
Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York, sería investigado bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán .
El proyecto de ley también detalla el papel de Hernández en la desaparición del Estado de Derecho en el país: como congresista, apoyó el golpe de 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del Poder Judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para permanecer en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados.
A Hernández, quien hasta ahora ha disfrutado de una relación cercana con líderes militares y políticos clave, se le revocaría su visa a Estados Unidos y se congelarían los activos como parte de las sanciones propuestas.
El proyecto de ley también prohibiría la exportación de municiones, incluidos gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, cañones de agua, esposas, pistolas paralizantes, Taser y armas de fuego semiautomáticas hasta que las fuerzas de seguridad logren 12 meses sin cometer violaciones de derechos humanos. También se suspendería la asistencia financiera, incluidos equipos y capacitación, aunque seguirían siendo posibles exenciones en interés nacional. Estados Unidos también votaría en contra de los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo a las fuerzas de seguridad.
“Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión”, dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe.
Para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que ha seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron crímenes de alto perfil, incluido el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres , el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán, las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes fraudulentos contra las elecciones y la desaparición forzada de defensores de la tierra garífunas afro-indígenas .
LEA AQUÍ EL ARTÍCULO EN SU IDIOMA ORIGINAL
Presidente de Honduras sería investigado bajo la Ley Kingpin
Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, que ha utilizado dinero de la droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder con pocas consecuencias de la comunidad internacional
Tomado de: The Guardian
Tegucigalpa.-El influyente diario The Guardian publicó en las últimas horas que el presidente de Honduras, Juan Hernández, sería sancionado por la justicia estadounidense bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El medio de comunicación informó además que un grupo de senadores demócratas está presentando una ley especial para sancionar al gobernante hondureño además de su participación en el narcotráfico, por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Por su importancia e impacto, Criterio.hn comparte a continuación la noticia integra de The Guardian. (También puede ingresar aquí para ver la publicación original)
Un grupo de influyentes senadores demócratas está introduciendo una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, Juan Hernández, un presunto narcotraficante y aliado clave de Estados Unidos, y cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades delictivas.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda militar y policial estadounidense al país centroamericano, hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.
El presidente Joe Biden se ha comprometido a abordar las causas fundamentales de la migración desde el triángulo norte de América Central – Honduras, Guatemala y El Salvador – la región más violenta del mundo fuera de una zona de guerra oficial, que representa a la mayoría de los migrantes y refugiados que buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos.
Este proyecto de ley deja en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible si Estados Unidos continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y las fuerzas de seguridad.
Pone al descubierto la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares en 2009, como resultado de la connivencia generalizada entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales.
También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas.
Solo en el último año, al menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar las restricciones del toque de queda y el encierro, incluida la enfermera Kelya Martínez, quien a principios de este mes fue asesinada bajo custodia policial.
“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.
Esta es la primera vez que el Senado propone una legislación que podría amenazar genuinamente al régimen posterior al golpe, que ha utilizado dinero de la droga, robos de fondos públicos y fraude para mantener su control del poder con pocas consecuencias de la comunidad internacional.
Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York, sería investigado bajo la Ley Kingpin para determinar si es un narcotraficante designado, un estatus criminal otorgado a jefes de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el tráfico de drogas, incluido el conocimiento previo sobre el tráfico de cocaína y armas de su hermano menor por el que fue condenado en Nueva York el año pasado.
El proyecto de ley también detalla el papel de Hernández en la desaparición del estado de derecho en el país: como congresista, apoyó el golpe de 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del poder judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para mantenerse en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados.
A Hernández, quien hasta ahora ha disfrutado de una relación cercana con líderes militares y políticos clave, se le revocaría su visa a Estados Unidos y se congelarían los activos como parte de las sanciones propuestas.
El proyecto de ley también prohibiría la exportación de municiones, incluidos gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, cañones de agua, esposas, pistolas paralizantes, laser y armas de fuego semiautomáticas hasta que las fuerzas de seguridad logren 12 meses sin cometer violaciones de derechos humanos.
También se suspendería la asistencia financiera, incluidos equipos y capacitación, aunque seguirían siendo posibles exenciones en interés nacional. Estados Unidos también votaría en contra de los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo a las fuerzas de seguridad.
“Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 y los defensores de Guapinol que guardan prisión injustamente
Para que se levanten las restricciones, las autoridades hondureñas tendrían que demostrar que ha seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron crímenes de alto perfil, incluido el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres, el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán, las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes fraudulentos contra las elecciones y la desaparición forzada de defensores de la tierra garífunas afro-indígenas.
Gobierno de Honduras gastó millones en lobbistas para seguir siendo aliado de EE.UU.
El gobierno de Honduras firmó un contrato por 40,000 dólares cada mes, para promocionarse, poder ser aceptado y seguir siendo aliado de Estados Unidos.
La administración Hernández hizo el lobby con el crimen de Berta Cáceres y con la “reducción de homicidios”.
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con el Presidente de Honduras Juan Hernández, en reunión de marzo de 2017.
Por Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). Entre febrero y mayo de 2017, el gobierno hondureño invirtió millones de lempiras para hacerse buena imagen y ser aceptado como aliado del gobierno de Estados Unidos.
Las millonarias suman fueron pagadas a empresas de Estados Unidos para gestionar reuniones con funcionarios estadounidenses, vender su discurso de justicia para Berta Cáceres, reducción de homicidios y transparencia electoral ante el Congreso de Estados Unidos y ante organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos.
El gobierno hondureño gastó 314, 515 dólares (7.4 millones de lempiras) y 95,155.18 dólares más (2.2 millones de lempiras). Además, en un documento de febrero de 2017 se mencionan 60,000 dólares (1.4 millones de lempiras); en 2016 en sólo una de los contratos firmados aparecía el monto de 151,000 dólares (3.6 millones de lempiras).
Tan sólo ahí el gobierno hondureño gastó una suma superior a 14.6 millones de lempiras. Este cálculo se hizo con base en la tasa de cambio vigente 23.6 lempiras por cada dolar.
Pero eso no es todo, el gobierno de Honduras firmó un contrato para pagar 40,000 dólares cada mes, para seguir siendo aliado de Estados Unidos. Eso significa unos 943,600 lempiras mensuales -es decir, el salario mínimo mensual que devengarían 135 obreros hondureños-.
El
contrato cita: …US $ 40,000.00 por mes… GWGA deberá proporcionar el
siguiente servicio al gobierno de Honduras: Asistencia, información a
políticos, partes interesadas y líderes de opinión en Washington, acerca
de iniciativas, logros y planes futuros del Gobierno de Honduras.
Desarrollar y trabajar con el Gobierno de Honduras para organizar e
implementar una multifacética estrategia para hacer que Honduras sea
aliado del gobierno de Estados Unidos de America.
Entre los servicios está la colocación de mensajes en la prensa, gestionar reuniones con funcionarios de Estados Unidos, elaborar estrategias de pensamiento, entre otros.
El contrato fue firmado en febrero y en octubre se firma con otra empresa para trasladar mensualmente 30,000 dólares del total de US$40,000. El contrato dice que vence el 31 de enero. Entre febrero de 2017 y enero de 2018, si el Estado pagó 40,000 dólares mensuales, invirtió del presupuesto hondureño 10.4 millones de lempiras.
Vea acá los documentos: Pago de 400000 30,000 mensual
Se hizo Lobby con asesinato de Berta Cáceres
Unos 50 documentos analizados por Reporteros de Investigación indican que tres temas fueron recurrentes en el Lobby del gobierno hondureño: la supuesta justicia para Berta Cáceres por la detención de supuestos autores intelectuales de su crimen.
Puede ver acá la lista de los datos analizados: GusWest_Document_
En segundo lugar, se vendió idea de la reducción de homicidios y de crímenes como la extorsión en Honduras.
“Elecciones libres y justas”
Finalmente, el Estado de Honduras pagó para generar una opinión favorable, a través de los medios de prensa en Estados Unidos y ante políticos, sobre la transparencia electoral debido a la presencia de observadores de la OEA y de la UE y fijó la idea de la existencia de elecciones libres, justas e íntegras.
No obstante, el secretario de la OEA, Luis Almagro, denunció que hubo presiones para la Misión de Observación Electoral (MOE). Una carta de la OEA al Estado de Honduras cita: si ha habido presiones sobre la MOE, violando su independencia, ha sido por parte de actores vinculados al gobierno.
Noticia Relacionada: Almagro denuncia que gobierno de Honduras ha presionado a Misión de Observación Electoral de la OEA
En unos de los contratos firmados por el Estado hondureño, la empresa favorecida con fondos públicos del pueblo hondureño ofrece, «ayudar a informar a los líderes de políticas y líderes de opinión en Washington sobre iniciativas, logros y planes futuros de la Gobierno hondureño. Desarrollar y trabajar con el gobierno de Honduras para organizar e implementar una multifacética estrategia para establecer a Honduras como uno de los principales aliados de los Estados Unidos y obtener apoyo de sus funcionarios elegidos y designados y líderes de opinión».
El documento analizado dice que «el trabajo consistirá en desarrollar documentos de posición política, organizar reuniones con oficiales del gobierno e involucrar a las organizaciones de políticas de think tanks (Laboratorio de ídeas). La meta es abrir un nuevo diálogo y una nueva relación entre Honduras y los Estados Unidos».
Las empresas que aparecen contratadas por el Estado de Honduras son Keybridge Comunications LLC y Gus West.
En unos de los casos, los destinatarios de los mensajes del gobierno fueron 21 senadores y congresistas, organizaciones de sociedad civil.
En uno de los contratos se firmó una adenda por $13,335 (Trescientos seis mil lempiras mensuales), es decir el salario mínimo mensual de unos 44 obreros hondureños.
Con mala ortografía, el contrato cita que «Estos
honorarios incluyen el impuesto sobre la renta calculado sobre el total
a pagar mensualmente en la tasa aplicable del 25%, tal y como
establecen los articulos 4 y 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
Honduras, y
el
articulo 67 del Presupuesto General del Estado de Honduras 2016
(Decreto 168/32015). Esta suma sera retenida por el Cliente al momento
de realizar el pago a GWGA y sera enterado a la autoridad competente en
materia de impuestos de Hondura(sic)»,
dice el documento firmado por Pedro Alexander Pineda Diaz, Ministro de
Admlnlstración y Gestión Financiera de Casa Presidencial.
Vea los documentos acá: ZEDES Yael Wollstein TSE prepara detalles TPS tODOS APLAUDEN Sandra Ramos
JOH “es el hombre atrás del saqueo del Estado”: Omar Menjívar
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-De manera lenta pero va avanzando, quizás no como nosotros quisiéramos y no hablo tanto como abogado sino como ciudadano, dijo este lunes a CRITERIO Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, testigo clave del caso Pandora.
Suárez se entregó a la justicia hondureña el 23 de noviembre de 2018, por estar involucrado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bautizó como caso Pandora.
En declaraciones brindadas a los medios de comunicación en diciembre de 2018, Menjívar contó que su cliente había confesado en los tribunales de justicia y ante el Ministerio Público que había formado parte de una estructura criminal constituida para saquear varias instituciones del Estado y que dicha estructura era dirigida por la Hilda Hernández, por delegación y conocimiento de su hermano, el jefe de gobierno, Juan Hernández.
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El profesional del derecho manifestó hoy que las revelaciones que ha hecho Suárez tienen que ver con la integridad del Estado, porque ha develado la existencia de un Estado criminal, gobernado por una organización criminal que se ha dedicado simplemente a saquear al Estado, que se ampara bajo el ropaje de partido político, pero en la dirección del Estado lo que hace es dilapidar, saquear, que pareciera ser su función principal.
Según Menjívar, la evidencia presentada por Suárez es abundante y ha estado siendo analizada por el Ministerio Público, proceso para el cual se requiere tiempo, “pero lo importante es que se avanza, no como quisiéramos, pero va avanzando”, insistió.
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Consultado sobre qué confianza hay en el Ministerio Público para que llegue a los autores intelectuales del saqueo del Estado, respondió que se debe diferenciar en lo que debe ser y lo que es. “Lo que debe ser y lo que debe ocurrir es que el Ministerio Público presente acciones penales contra el presidente de la República, eso es lo ideal y eso es lo que esperaríamos los ciudadanos, si pensamos que funciona correctamente el Estado”, expresó.
El abogado sostuvo que las pruebas contra Hernández son contundentes, pero que requieren de análisis y de hacer la relación necesaria entre un indicio y otro, porque claramente el gobernante nunca estuvo al frente y nunca firmó una cosa que lo pudiera comprometer y ese es el reto que tiene el Ministerio Público.
“El presidente es el autor detrás del autor, en la doctrina penal así se le llama, el autor detrás del autor, el hombre de atrás del saqueo del Estado”: Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, actor clave del caso Pandora.
Insistió que el gobernante está detrás de toda la trama del saqueo porque los fondos sirvieron para beneficiar su candidatura presidencial en la primera ocasión cuando lanzó su candidatura interna bajo las filas del Partido Nacional, después para hacerlo presidente y finalmente para reelegirlo presidente de la República.
Consultado por qué su cliente pidió la protección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para preservar su integridad física, respondió que se tenía que escoger al menos peor de los órganos de seguridad del Estado, pero que se está consiente que el riesgo continúa latente.
De acuerdo a las revelaciones de Suárez hubo saqueo en el Congreso Nacional, Secretaría de Desarrollo Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y otras instituciones del Estado, supuestamente, justificado en proyectos dirigidos para la gente pobre, campesinos, mujeres y niños.
Juan Hernández es el principal objetivo de la CIA, asegura detective Ángel Martínez
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Foto portada: cachicha.com
El investigador privado, escritor y periodista Ángel Martínez, quien ha laborado para servicios de inteligencia estadounidenses en temas de lucha contra el narcotráfico, se refirió al caso de Juan Hernández, de quien manifestó que es en este momento, el principal objetivo de las agencias de inteligencia norteamericanas.
Para argumentar su afirmación, Martínez puso de ejemplo la forma de operar de las agencias de inteligencia cuando intentan debilitar a un cartel de narcotráfico, por lo que detalló el proceso que la CIA implementó para golpear al cartel de Cali y Medellín en Colombia.
Según Martínez, el Gobierno de Estados Unidos inició desde 1990 un proyecto de destrucción de los carteles de la droga más importantes de América, en los que se sitúan carteles colombianos y el más poderoso de México, el cártel de Sinaloa.
Para el investigador, el cartel de Sinaloa cuya cara visible es el capo Joaquín Guzmán, está en la mira del Gobierno norteamericano y para esta estructura criminal, Honduras juega un papel fundamental. Martínez explicó que este cártel ha tenido como principal aliado al Gobierno de Honduras, quien a través de las fuerzas militares ha brindado protección y colaboración para el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
Martínez citó la información brindada por la Fiscalía que lleva el caso de Tony Hernández, hermano del titular del Poder Ejecutivo en Honduras, Juan Hernández, en la que se detalla que el cártel de Sinaloa entregó dinero para financiar la campaña de Hernández en la presidencia.
De acuerdo a documentación en poder de la Fiscalía norteamericana, el financiamiento de la campaña de Hernández, responde a una colaboración recíproca y complicidad en la narcoactividad. “El Gobierno de Honduras está en el ojo de la CIA y en la actualidad, Juan Hernández es el principal objetivo y por eso me atrevo a decir que cuando a Hernández se le acabe la inmunidad de la presidencia, Estados Unidos lo pedirá en extradición, porque tiene suficientes pruebas para arrestarlo y judicializarlo”, explicó Martínez.
Al describir al cártel de Sinaloa, Martínez contó que la cara visible es Joaquín Guzmán, pero que el jefe de esta estructura criminal y que sigue libre, es Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”. En otras ocasiones el investigador ha dicho que el Gobierno de Honduras ha brindado colaboración a Zambada para ocultarse y seguir operando.
En ese sentido, Ángel Martínez se refirió a los atrasos en la lectura de sentencia en el caso de Tony, a lo que él planteó la siguiente situación: “los norteamericanos están convenciendo a Tony Hernández para que testifique contra su hermano, le están prometiendo reducción significativa de pena y por eso es que no se completa su juicio con la sentencia”.
El detective privado manifestó que este ejercicio ya ha sido aplicado por los estadounidenses cuando tienen bajo captura a una pieza clave para desarticular una estructura criminal y por tal razón siguen presionando a Tony para que colabore.
Martínez enfatizó en que a Juan Hernández lo único que por ahora lo salva es la inmunidad que le otorga la presidencia, pero una vez salga del cargo, existirán todas las condiciones para que sea pedido en extradición por la Justicia de Estados Unidos.
Joe Biden prohíbe a sus funcionarios fotografiarse con Jefe del Ejecutivo de Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Según una reciente publicación realizada por el prestigioso medio de comunicación en Estados Unidos, “The Washington Post”, en el que se hace un análisis sobre la forma en que reaccionará el gobierno de Honduras ante la nueva política estadounidense, destaca que después de las elecciones en Estados Unidos, en las que Biden salió victorioso, se emitió una política interna en la que se insta a los funcionarios de su gobierno, a evitar tomarse fotografías con el Jefe del Ejecutivo de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.
“Después de las elecciones, los funcionarios del Departamento de Estado crearon una política interna para evitar fotos con Hernández”, según Kevin Sieff, quien es el encargado de The Washington Post para México y Centroamérica.
Sieff, además trae a la memoria que en el 2019, durante una visita oficial a Honduras realizada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y un grupo de miembros demócratas del Congreso Estadounidense, se negaron a reunirse con el mandatario Hernández Alvarado.
Ante ese señalamiento, los representantes de la Casa Presidencial en Honduras no se han pronunciado ni desmentido el hecho. Lo que sí hicieron es declarar como falsas las acusaciones que existen en contra del gobernante.
Como se recordará, Estados Unidos investiga a JOH por supuestos vínculos con las drogas y el tráfico de armas, asociación ilícita y recibir fondos de parte de narcos para financiar su campaña política.
En Honduras, el gobernante también es criticado por la forma irregular, y para muchos ilegal e inconstitucional, con la que se hizo del poder en 2017. Se quedó en el cargo a sabiendas que la Constitución de la República prohíbe la reelección.
El ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto, ante las aseveraciones dijo que “es un claro y directo mensaje en el sentido que la administración de Estados Unidos no va a comulgar ni va a tolerar que se sigan produciendo este tipo de actos tan visibles, evidentes y terribles que vive nuestro país”
De igual forma, aseveró que “la política exterior de Estados Unidos va a orientarse a combatir las causas terribles que generan la situación de pobreza, de exclusión, inequidad y violación a los derechos humanos”
A su juicio, la relación con la nación del norte se debe manejar de la mejor manera posible, con la mayor ecuanimidad, pero pensando fundamentalmente en los intereses de Honduras, los cuales los define el pueblo hondureño en base a los procesos electorales y a las distintas manifestaciones de la situación que se vive en el país, puntualizó Jiménez.
Ahondando sobre el tema, el ex rector de la diplomacia hondureña dijo que “el fortalecimiento institucional del país es esencial, necesario e imprescindible para que podamos caminar por una senda de justicia social y de desarrollo”.
Agregó que estamos inmersos en una situación bastante difícil en lo que respecta a la pandemia, más las secuelas de las tormentas tropicales y todo lo que ha pasado en los últimos meses y años.
Jiménez Puerto señaló que de alguna manera nos ponen en una condición bastante precaria, lo cual tiene que cambiar, porque es una situación bastante inviable para la comunidad internacional, pero sobre todo, para el pueblo hondureño, concluyó.
Presidente de Honduras recurre a lobistas para lavar su manchada reputación
Foto portada: redes Casa Presidencial Honduras
Tegucigalpa. -Una avalancha de publicaciones en importantes y prestigiosos medios de comunicación a nivel mundial ha sido contrarrestada desde Honduras con tuits, mensajes y discursos por parte del presidente de este país Centroamericano, Juan Hernández, quien ha recurrido nuevamente a la contratación de una empresa lobista que brinda asesoría al Partido Demócrata y que cuenta con colaboradores que han trabajado en la Casa Blanca.
Contra Hernández pesan fuertes señalamientos por narcotráfico, crimen organizado y corrupción.
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Febrero ha sido un mes difícil para Hernández ya que medios de la talla del New York Times, Washington Post, The Guardian—solo por mencionar algunos—-han informado que ya hay una acusación formal en su contra en los tribunales estadounidenses por corrupción y recibir sobornos de narcotraficantes.
Los señalamientos contra Hernández no son nuevos, pero lo novedoso es que ahora los medios ya aseguran que los argumentos de fiscales estadounidenses, y que se han conocido desde hace varios meses, serán incluidos en el juicio que se abrirá muy pronto contra el gobernante.
A raíz de las sendas publicaciones que han sido retomadas por otros medios no menos importantes alrededor del mundo, el gobierno hondureño ha iniciado con una campaña a todo nivel para tratar de convencer a la comunidad nacional e internacional que el mandatario ha liderado en los últimos años una lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
MILLONARIOS CONTRATOS A LOBISTAS
Hernández cuenta con un amplio cuerpo de asesores de imagen, entre los que figura el estratega político venezolano, Juan José Rendon, más conocido como JJ Rendón, quien viene asesorándolo desde que lanzó su primera candidatura presidencial en el año 2012.
En la línea de asesoría del asesor venezolano antichavista radicado en Miami, Casa Presidencial de Honduras ha venido suscribiendo varios contratos millonarios con la firma de asesoría en relaciones públicas Gus West Government Affairs (GWGA) con sede en Washington.
“Honduras extiende el contrato con Asuntos Gubernamentales de Gus West por $ 59,000 al mes mientras busca ganarse a los demócratas, según un nuevo documento de lobby extranjero”, escribió el sábado 13 de febrero el corresponsal de Associated Press para América Latina en Miami, Joshua Goodman, quien señaló además que el presidente de Honduras está implicado en el tráfico de drogas en el juicio de su hermano en Nueva York.
El presidente hondureño es hermano del narcotraficante Juan Antonio “Tony” Hernández, declarado culpable por cuatro delitos de narcotráfico en octubre de 2019 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La lectura de su sentencia ha sido aplazada en ocho ocasiones. Ahora la nueva fecha se ha fijado para el 23 de marzo.
La reprogramación de la sentencia del también exdiputado por el Partido Nacional ha sido considerada por analistas hondureños como un proceso de negociación para lograr una reducción de penas y probablemente conducir al propio presidente.
El cofundador de la organización Congreso Primero, Aníbal Cálix, recomendó al gobernante que en vez de pagar lobistas “mejor tome un avión y se vaya a la Fiscalía de New York, se siente con los fiscales, así como él le recomendó a su hermano”.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, coincidió con Aníbal Cálix en el sentido de aconsejar a Hernández que se presente ante la Fiscalía de Nueva York a responder por las acusaciones de narcotráfico.
“Lo ideal es que se haga a un lado, que permita que lleguen personas honradas, capaces, sin nexos con el narcotráfico a gobernar desde ahora para que podamos salir adelante los hondureños de una manera digna y de una manera en que la comunidad internacional se pueda sentir tranquila de no mancharse, acercándose a nuestro país, con un gobierno manchado por narcotráfico y corrupción”, dijo a un medio local Barquero, uno de los pocos empresarios que ha asumido una posición frontal contra la corrupción y los vínculos del presidente con el narcotráfico y crimen organizado.
La firma, que brinda asesoría al Partido Demócrata y que cuenta con colaboradores que han trabajado en la Casa Blanca, firmó un nuevo contrato con Casa Presidencial de Honduras del 2 al 28 de febrero por un monto de US$ 59,167, el equivalente a un millón 449 mil lempiras.
El contrato fue firmado por el ministro de Administración y Gestión Financiera de Casa Presidencial y representante autorizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Alexander Pineda Díaz y establece que en caso de incurrirse en costos adicionales como servicios legales, voceros, negociaciones con suministradores y proveedores, costos de proveedores externos, costos de producción, talento y servicios contratados fuera de GWGA, estos deberán ser facturados por separado sujetos a un recargo del 25 %, por concepto de recargo por el valor añadido.
El trabajo de lobby a favor del gobernante hondureño ha sido desarrollado por Leonel Teller, un agente registrado para Honduras y socio para América Latina de GWGA, quien en julio de 2020 promovió la promesa de Hernández ante los congresistas estadounidenses de tomar medidas enérgicas contra la corrupción alrededor de los fondos de la pandemia de la Covid-19. La promesa quedó en eso porque los actos de corrupción han incrementado e incluso se desbordaron con el manejo de los fondos de las tormentas Eta y Iota.
Teller es también el autor de las frases que han dejado mal parados a los funcionarios del gobierno de Hernández en el manejo de la política migratoria, pues ha sido él quien ha aconsejado decir que la migración es alentada por grupos criminales y políticos sin escrúpulos.
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Probablemente el nuevo lobby a favor de Hernández no tenga mucho éxito pues el mismo Leonel Teller dijo a la agencia de noticias EFE que Joe Biden no mirará a América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos, sino que más bien aplicará políticas fuertes. Aunque el lobista se refirió al trato que se espera de Washington con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su alocución hubo un señalamiento generalizado sobre la política exterior que manejará Biden en América Latina.
La firma GWGA fue beneficiada en 2020 con un jugoso contrato vigente del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020 por US$ 54,667 mensuales, es decir, un total de US$ 656,004, el equivalente L. 16 millones 157 mil. En 2017 la administración Hernández pagó otro contrato anual a esta misma empresa por US$ 40,000 mensuales, US$ 480,000 al año.
El propósito del contrato de 2017, el año en que Hernández logró reelegirse de manera fraudulenta e ilegítima, fue para dar “asistencia informando a actores políticos, líderes de opinión y medios de prensa en Washington, y eventualmente en otras ciudades de los Estados Unidos sobre iniciativas y logros del Gobierno de Honduras”.
Asimismo, “desarrollar y trabajar con el Gobierno de Honduras para organizar e implementar una estrategia multifacética para constituir a Honduras como un principal aliado de los Estados Unidos de América y para obtener el apoyo de sus oficiales, tanto electos como nombrados, líderes de opinión, centros de investigación («Think Tanks») y medios de prensa”.
Como parte de los innumerables contratos de consultoría con empresas lobistas de los Estados Unidos el gobierno de Honduras firmó también un contrato con vigencia del 24 de junio al 31 de diciembre de 2019 con la firma CYPARIS con sede en La Florida por un monto de US$ 40,600 (L. 999,166). Este y los demás contratos han sido conocidos porque la ley estadounidense obliga su publicidad, sin embargo, en Honduras el gobierno ha asumido la obligación de confidencialidad y resguardar la información ultrasecreta por un periodo de 25 años, en aplicación a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”.
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Además de la malversación de fondos públicos, muchos de los funcionarios están recibiendo aumentos salariales y utilizando los dineros para viajes y otros gastos superfluos y lo peor de todo pagando a lobistas, “para mejorar la apariencia del presidente ante la opinión internacional”, condenó el cofundador de la organización Congreso Primero y exdiputado por el Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, en una entrevista con Criterio.hn.
“Los presidentes deben preocuparse por la opinión que tienen los hondureños de ellos y no de la opinión que tienen las personas de afuera”, apuntó Cálix quien considera que el pago de lobistas es en vano porque “el tener cargos o estar siendo mencionado en Cortes por fiscales, no se va a desvanecer contratando una firma de lobistas o de cabildeo, sino que presentándose ante la justicia”.
CAMPAÑA LOCAL
A la par de la estrategia en los Estados Unidos, localmente Hernández ha reiterado en los últimos días su desgastada frase en cuanto a que “Honduras sigue siendo territorio hostil para el narcotráfico” y anunció un replanteamiento en materia de seguridad.
El martes 16 de febrero Hernández compareció ante medios de comunicación afirmando “en nuestra gestión la lucha contra el narcotráfico ha sido prioridad. El Departamento de Estado de EE. UU. reconoce reducción del 87 a 4 % del paso de droga por Honduras. Ni un paso atrás. Seguiremos de frente luchando por la seguridad de nuestra gente”.
Como parte de ese libreto se informó sobre el decomiso de 155 paquetes de droga en el municipio de Bonito Oriental, Colón, por parte de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y demás unidades policiales y agencias de “países amigos”.
Colón es considerado la cuna del cártel Los Cachiros, integrado por la familia Rivera Maradiaga, quienes se entregaron a la justicia de los Estados Unidos en enero de 2015.
Y como nada es casualidad, en el plan mediático, después del supuesto decomiso de drogas en Bonito Oriental las redes sociales de Casa Presidencial se dedicaron a publicar mensajes en contra de Los Cachiros.
“Las mentiras de los Cachiros son obvias: Testifican que @JuanOrlandoH vendió impunidad a los narcos. Si fuera la verdad ¿Por qué los Cachiros abandonaron su imperio para rendirse a USA? Se rindieron porque sabían que era imposible que los narcos pudieran comprar a Hernández”.
Las publicaciones que sorprendieron a los hondureños mientras la prensa internacional informaba que la justicia estadounidense prepara un juicio al presidente Hernández, señalaron además que “los una vez «reyes» ahora viven en una fría prisión extranjera. Mienten para reducir su condena y vengarse porque Hernández NO protegería a los narcos”.
Siempre en la misma lógica de combate al narcotráfico y crimen organizado este viernes la policía informó que unidades de investigación habían desmantelado un campamento de entrenamiento de sicarios de la Mara Salvatrucha (MS-13) en una zona montañosa ubicada en el extenso departamento de Olancho.
A interpretaciones de medios internacionales atribuye señalamientos de colusión con el narco el jefe de las FFAA
Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Tito Livio Moreno Coello afirmó este fin de semana que los señalamientos de colusión del ente armado hondureño con el narcotráfico se desprenden de interpretaciones hechas por medios de prensa internacional y que se replican en el país.
Justificó que “los entes legales internacionales hablan en general, ¿quién ha interpretado esto? fue un medio de comunicación internacional y que aquí lo han replicado, pero eso es pura especulación”.
Dijo que las FFAA es un organismo transparente, “de puertas abiertas” a cualquier investigación que estimen convenientes los entes judiciales locales.
“Tenemos procesos internos que garantizan que todos sus miembros de la institución estén certificados y este es un proceso continuo y no tienen que venir de afuera a decirnos que tengamos una institución limpia y transparente”, señaló.
(VER) General retirado René Ponce rechaza acusaciones sobre narcotráfico por fiscalía de Nueva York
Enfatizó que Fuerzas Armadas es un cuerpo responsable “que trabaja en el marco de la ley y que va a cumplir a cabalidad sus misiones”.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, subrayó que “es rotundamente falso” que esa institución haya colaborado con logística para operaciones del narcotráfico.
“Fuerzas Armadas es una institución responsable, que trabaja en el marco de la ley, y cualquier miembro que violenta la ley es puesto a la disposición de los tribunales como corresponde”, externó Moreno Coello en el acto público en el que ese cuerpo castrense pasa a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios del próximo 14 de marzo.
Consultado sobre si las FFAA garantizarán la alternabilidad en el poder de cara a los próximos comicios electorales, respondió: “vamos a cumplir lo que la ley establece y el pueblo hondureño será quien decida, quien quiere que los represente en los diferentes cargos de elección popular”.
En varios juicios que se llevan a cabo en cortes de Estados Unidos contra narcotraficantes confesos, éstos han denunciado que recibieron colaboración mediante logística y protección por parte del instituto castrense hondureño.
Hermes, el nuevo escándalo de corrupción por el que está acusada una hermana de Juan Hernández
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Más de 122 millones de lempiras fueron saqueados de Casa Presidencial con la participación de dos hermanas, una ya fallecida, del presidente Juan Hernández, en un nuevo caso de corrupción que sale a la luz pública y por la que se han librado ya once requerimientos fiscales y están listas las órdenes de captura.
“Hermes” ha sido el nombre con el que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha denominado este caso por el que están acusados dos secretarios de Estado: el ministro de Administración y Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro Alexander Pineda Díaz y el delegado presidencial para la oficina del Fondo Verde para el Clima, José Antonio Galdames Fuentes.
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocó este martes a sesión al pleno de magistrados para designar al juez que conocerá este nuevo caso de corrupción que también salpica por el delito de encubrimiento agravado a Gloria Margarita Vargas, hermana del gobernante, quien es periodista y labora en la secretaría de Comunicaciones y Estrategia.
El jefe de Uferco, el fiscal Luis Javier Santos, confirmó a Criterio.hn los nexos entre Hermes y otros dos sonados casos de corrupción: Pandora y Corrupción Sobre Ruedas, como se llamó a las dos investigaciones sobre el desvío de millones de lempiras destinados a sectores vulnerables entre 2012 y 2013, una parte de los que se usaron para financiar la campaña política que llevó a la Presidencia en 2014 a Juan Hernández.
En las tres investigaciones de corrupción aparece la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID, creada entre 2013 y 2014 por instrucciones de Hilda Hernández a nombre de José Adolfo Sierra, quien trabajaba con Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente Financiera de Casa Presidencial y Jefa de Presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social (Sedis).
Alvarado Izaguirre y dos acusados más por el caso Hermes están involucrados también con el de Corrupción Sobre Ruedas. Los otros dos son Harvys Herrera Carballo, quien fuera gerente administrativo de Casa Presidencial, y Claudia Yamila Noriega González, coordinadora del proyecto tarjeta La Cachureca.
Inicialmente, Servicios e Inversiones AID tenía su oficina en el barrio La Granja de Comayagüela, luego pasó al edificio de Sedis a petición de Hilda Hernández y cuando esta fue nombrada coordinadora del gabinete de Estrategia Presidencial y directora de Comunicaciones trasladó la empresa a Casa Presidencial.
Fue a inicios de 2014 que Hernández solicitó al ministro Pineda Díaz convenir con Servicios e Inversiones AID para la prestación del “servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional según listado de medios entregados por el contratante, llegando a suscribir 29 contratos hasta diciembre de 2016 por más de 98 millones de lempiras.
Se pagaron sumas de entre 15 mil y cien mil lempiras a 77 periodistas, señala la Uferco, y en total se le acreditaron a la empresa 122 millones 105 mil lempiras, que sobrepasan en más de 49 millones el presupuesto para publicidad y propaganda de la Presidencial.
La otra parte del dinero se utilizó para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campañas políticas, diseño y montaje de restaurantes, renta de carros blindados a una empresa de los imputados, compra de semilla para producción de viveros de palma africana y compra de una propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.
Además, pago de planillas al Club Deportivo Vida, del cual es presidente ejecutivo el secretario Galdames Fuentes, quien hasta septiembre de 2019 fue titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente).
Así mismo, se hicieron pagos a empresas vinculadas con los imputados, entre ellas Inversiones Santa Elvira, constituida en 2011 por Hilda Hernández y su entonces cuñada Miriam Vanessa Cruz Sierra, exesposa de Antonio Hernández, quien ocupaba el cargo de gerente general. El nombre de la empresa sería en honor a la matriarca de los Hernández, Elvira Alvarado.
Otras empresas hacia las que se desviaron fondos fueron Constructora C2, Transportes Tita y Caribbean Fruit Export. De las empresas mencionadas, tres están aseguradas en caso Pandora.
El fiscal Santos destacó el hecho de que en este caso están involucrados funcionarios de cinco instituciones públicas: Casa Presidencial, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Secretaría de Desarrollo Económico, delegado para la Economía Verde y Congreso Nacional.
Los otros imputados en el caso Hermes son Lesly Mirella Funes Sierra, contadora general de Casa Presidencial; Axel Eduardo Huete González, gerente administrativo de Casa Presidencial; Mario Alberto Villanueva Menjívar, subjefe de fiscalización presupuestaria del TSC; Norman Guillermo Noriega Rodríguez y Judit Mariel Muñoz Castañeda.
¡URGENTE! “HERMES” SALPICA AL GOBIERNO Y PRENSA HONDUREÑA
- Publicado: 22 Febrero 2021
La
Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco),
presentó este lunes un nuevo caso de corrupción, “Hermes”, que compete
al desvío de más de 120 millones de lempiras a través de la empresa “de
maletín” Servicios e Inversiones AID.
De acuerdo con la investigación la empresa suscribió 29 contratos desde inicios de 2014 hasta diciembre de 2016, supuestamente para manejar la publicidad en medios de comunicación, pero de acuerdo a Uferco el dinero se usó para compra de vehículos, viajes, préstamos, campaña política, montaje de empresas e incluso pago a futbolistas.
Y por si fuera poco, según el fiscal jefe de Uferco, Luis Javier Santos, este caso se vincula al impune “Caso Pandora” y además menciona que 77 periodistas recibieron pagos de entre 15,000 y 100,000 lempiras mensuales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público (MP), ha presentado este lunes un nuevo golpe a la corrupción del país. Se trata del caso “Hermes” que involucra a dos secretarios de Estado con una empresa “de maletín” que fue contratada para manejar la publicidad de la administración de Juan Hernández entre 2014 y 2016.
Según la investigación, a inicios de 2014, la secretaria de Comunicaciones y Estrategia, la extinta Hilda Hernández –juramentada de forma ilegal por ser la hermana del presidente, violentando artículo 250 de la Constitución–, solicitó al titular de Gestión Financiera de Casa Presidencial, la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AID.
La compañía fue contratada para manejar la publicidad de los medios de comunicación en la lista que entregó Hernández y para ello recibió más de 98 millones de lempiras; sin embargo, Uferco señala que en total los fondos acreditados fueron 122,105,000 lempiras, cantidad que sobrepasó en más de 49 millones el presupuesto aprobado a Casa Presidencial para la publicidad del Ejecutivo.
Sobre la investigación, el fiscal y jefe de Uferco, Luis Javier Santos, desglosa que el dinero los más de 122 millones de lempiras “fueron sustraídos de una cuenta de Casa Presidencial a través de una empresa de maletín vinculada al caso Pandora”.
Santos
amplia que este dinero, se utilizó en su mayoría para hacer pagos a 77
periodistas, que mensualmente recibieron montos de entre 15,000 y
100,000 lempiras.
Además, agrega que los fondos fueron utilizados por los imputados para compra de vehículos, pago de planillas para el Club Deportivo Vida, renta de vehículos blindados y también para el montaje de una empresa de Hilda Hernández.
Santos recalca que el dinero también fue a parar a Constructora C2, Inversiones Santa Elvira, Transportes Tita y Caribbean Fruit Export, “tres de ellas aseguradas en Caso Pandora”.
El fiscal también menciona que es de reflexionar que en este caso participaron funcionarios de cinco instituciones: Casa Presidencial, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Secretaría de Desarrollo Económico (Sedis), Delegado para la “Economía Verde” y Congreso Nacional.
De acuerdo al comunicado oficial de Uferco-MP, los fondos también se utilizaron en boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política, diseño y montaje de restaurante, compra de semilla para producción de vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.
Al
respecto el vocero del MP, Yuri Mora, ha dicho que en este nuevo caso
se ha levantado requerimiento fiscal contra once personas y que ya se ha
presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el
procedimiento continúe.
Sobre el posible decomiso de bienes, Mora ha mencionado que “no podemos descartar nada, pero hasta el momento no se me ha informado cuál es el siguiente paso”.
En este caso, por los hechos anteriormente relacionados, se ha presentado Requerimiento Fiscal contra:
1) Pedro Alexander Pineda Díaz, (secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial) por considerarlo autor de cuarenta y tres (43) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un (1) delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; cuarenta y tres delitos (43) delitos de fraude; todos en perjuicio de la administración pública.
2) Harvis Edulfo Herrera Carballo; (gerente administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo autor de cuarenta y tres (43) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un (1) delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; cuarenta y tres delitos (43) delitos de fraude; y cincuenta (50) delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración publica.
3) Lesly Mirella Funez Sierra, (contadora general de Casa Presidencial) por considerarla autora de cuarenta y tres (43) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; coautora de cuarenta y tres delitos (43) delitos de fraude; y cincuenta y tres (53) delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.
4) Axel Eduardo Huete González, (gerente administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo autor de tres (3) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; tres delitos (3) delitos de fraude; y tres (3) delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.
5) Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, por considerarla cómplice necesario de cuarenta y tres (43) delitos de fraude, en perjuicio de la administración pública; y un (1) delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras;
6) Claudia Yamilia Noriega Gonzalez, a título de autor de un (1) delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del estado de honduras;
7) Norman Guillermo Noriega Rodríguez, a título de autor de un (1) delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del estado de honduras;
8) Mario Alberto Villanueva Menjívar, (sub jefe de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas) por considerarlo autor del delito de testaferrato en perjuicio de la economía del estado de honduras;
9) Gloria Margarita Vargas, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.
10) Judit Mariel Muñoz Castañeda, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración publica.
11) Julio Antonio Galdámes Fuentes a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración publica.
¿SE CONVERTIRÁ HONDURAS EN UN PAÍS COCALERO Y NARCO?
por Rodolfo Cortés Calderón
El Estado y el Gobierno de Honduras, dirigido por el dictador Juan Orlando Hernández, JOH, han sido implicados desde las autoridades judiciales estadounidenses y desde muchos medios informativos nacionales e internacionales en serios y comprobados delitos de narcotráfico y lavado de activos. No digamos desde la ciudadanía que está harta y avergonzada de estos reales señalamientos, ante un país y un pueblo maravilloso y digno de mejor suerte.
Nosotros, por una relación laboral y profesional tuvimos la posibilidad de conocer los mecanismos de producción del cultivo de la coca y cómo se realizaba su movimiento—legal e ilegal-- y sus secuelas, desde una zona del Perú reconocida como la región con mejores condiciones en el mundo para este cultivo: el Alto Huallaga.
Pero antes de continuar con el escrito queremos definir y dejar claros tres conceptos que es necesario entender: cocalero, coquero y narco. El primer concepto es para señalar a los campesinos o agricultores que se dedican al cultivo de la coca, no necesariamente traficantes, ya que en los países andinos el cultivo de la coca es legal, pero “custodiado”. El segundo concepto, coquero, se refiere a la persona que se dedica a elaborar de la hoja de coca el clorhidrato de cocaína en bruto, que vende en su chacra o “laboratorio”. Y el tercero, narco, está referido a aquella persona que se dedica a traficar y transportar desde la chacra el alucinógeno a los diferentes mercados mundiales de consumo.
BOTÁNICA Y CULTIVO DE LA COCA
La coca, identificada científicamente como erythroxilum coca, aunque hay diversas variedades, pertenece a la familia de las eritroxilaceas y es un arbusto de tallos leñosos de no más de 2.5 metros de altura cuanto mucho. Sus hojas son bi-nervadas, elipsoidales, medianas, fragantes y de un color verde intenso, sus inflorescencias pequeñas y blancas y sus frutos rojizos y el producto que se cosecha es la hoja en estado clorofílico. Se desarrolla en suelos de ladera, cálidos y húmedos de preferencia con alta pluviosidad; prefiere los suelos lateríticos (rojizos) con alto contenido de hierro y crece desde una altitud de 400 a 2000 metros sobre el nivel del mar.
LOS ORÍGENES DEL CULTIVO
La coca como cultivo es parte de las diferentes culturas generadas en los países andinos, principalmente las del Tahuantinsuyo que logró extenderse por cerca de 2,5 millones de kms y que abarcó los países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. El cultivo, uso y consumo de la coca es milenario y usado con fines medicinales, alimenticios y para mitigar el frío y el cansancio.
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL PERÚ
Nosotros desarrollamos nuestra experiencia como profesionales de las ciencias agrícolas, durante casi tres años, como administrador general de una cooperativa agraria campesina, de mucho capital y recursos naturales en el sector agrario peruano conocido como Alto Huallaga. Nuestra experiencia desde el punto de vista profesional y vivencial fue excelente, pero muy duro y triste desde el punto de vista humano.
Por asuntos familiares tuvimos que regresar a Honduras a finales del año 1979 y casi dos años después, toda la plana directiva y administrativa de la empresa fue asesinada o violentada a huir por miembros del grupo irregular “Sendero Luminoso” y el Ejército del Perú, después de que los invasores locales habían invadido las tierras altas de dicha Cooperativa. El equipo directivo y administrativo de esta cooperativa siempre tuvo clara y definida la idea de producir alimentos de pan llevar y liberarse de la producción de coca en todas sus formas, por el daño que hace esta droga a la niñez y juventud, lo que siempre apreciamos.
ANTECEDENTES DEL CULTIVO EN HONDURAS
Es indudable que por las condiciones botánicas, edafológicas y pluviométricas varios sectores de nuestro país son potencialmente aptos para este cultivo y, desde nuestro regreso del Perú, que nos integramos al proceso de reforma agraria en Sinaloa, Colón, siempre vimos con preocupación que algún día, por desgracia para nuestra sociedad, este cultivo se implementaría en Honduras, lo que sería un salto exponencial para los narcotraficantes ya que los acercaría más a su principal mercado: el norte, librando distancias desde Perú y Colombia principales centros de producción de la droga.
Sin embargo, este tiempo llegó desde la segunda década de este siglo con la entronización en el poder del partido Nacional con sus cabecillas Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández como gobiernos en Honduras.
TESTIMONIOS FIABLES
En un escrito muy amplio e ilustrador, INFOBAE, nos narra la experiencia de un alto miembro de la policía hondureña, el general Leandro Osorio, quien señala a cuatro de los hermanos Hernández de estar implicados en una red narco-criminal enfatizando: “Durante la última década la familia se hizo fuerte en el cultivo, y comercio de drogas, desvío de fondos públicos y otros negocios ilícitos”.
En el mismo escrito se señala teniendo como fuente a Insinght Crime y a los periodistas Héctor Silva Ávalos y Victoria Dittmar el testimonio del general Osorio, sobre el cultivo y laboratorio de los hermanos Hernández descubierto a mediados de enero de 2014 ubicado en una zona agreste de la montaña de Opalaca, concretamente en el municipio de La Iguala, Lempira, occidente de Honduras, hacia donde condujo un equipo especial de la policía, diciendo:
“Cuando llegaron a las coordenadas, pudimos ver las plantas de coca y marihuana, miles de ellas, alrededor de un invernadero. En total el general y su unidad hallaron 1800 plantas de amapola y 800 de marihuana. Osorio también relató que encontraron unas 6000 plantas de coca, era casi 1.5 hectáreas de selva”, puntualizó.
Por otro lado, hace una semana varios canales de las corporaciones de TV de Honduras hablaron también de varios millares de plantas de coca destruidas en Olancho y Colón. Así que el cultivo en este país ya no se puede negar.
Recientemente, Raúl Pineda Alvarado, ex diputado del partido Nacional, partido de los expresidentes Lobo Sosa y Hernández Alvarado, fuertemente implicados en narcotráfico, en una entrevista de radio Progreso dijo: “Hace 15 años, Honduras era calificado como país de tránsito de drogas, hoy internacionalmente se conoce como narco estado aunque lo que exista realmente son narco gobiernos”.
Pero, además, señaló la complicidad de los Estados Unidos al querer minimizar el trasiego de drogas por Honduras: “Calificó de demagógico al gobierno (de EEUU) al señalar, en su intento de defender a JOH señalado en las cortes de Nueva York, que durante la administración Hernández, el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019 según reconocen publicaciones del Departamento de Estado”
Esto muestra con claridad que ya no hay tránsito de cocaína por Honduras, sino que el país la produce y la red la conduce.
CONCLUSIONES
· Los hondureños no podemos menos que responsabilizar a los diferentes gobiernos de Estados Unidos al haber llevado a Honduras a esta debacle del narcotráfico al apoyar desde tiempos inmemoriales a estos gobiernos corruptos, desde Roberto Suazo Córdova (1982) hasta los actuales. Responsabilidad que también debe asumir la Unión Europea y organismos financieros internacionales.
· De seguir así, la vida de Honduras se convertirá en un doble calvario como sucedió en Perú con los más de 70 mil asesinados y derechos humanos violados por el militarismo oficial y guerrillero y el narcotráfico y los casi 300 mil asesinados por los mismos actores en Colombia.
· Desde nuestra formación y práctica socialista y humanista no compartimos los crueles asesinatos de compañeros y familias campesinas asesinadas por el movimiento insurgente “Sendero Luminoso”, como tampoco los realizados por el ejército peruano, también implicado en el narcotráfico.
· Honduras tiene abundantes bienes y recursos para sostener su población. Bastaría con que los gobiernos hegemónicos mundiales, las empresas transnacionales capitalistas saquen sus garras de nuestra economía y de la política hondureñas y se permita al pueblo edificar la democracia.
Manifestamos como siempre, nuestra solidaridad y aprecio al equipo de “El Perro Amarillo”, EPA, y nos sentimos plenamente identificados con ellos. También manifestamos nuestro rechazo al crimen organizado desde el gobierno, desde Youtube y Facebook por bloquear este educativo y formativo canal y periódico.
Y nos seguimos preguntando: ¿dónde está el dinero?, ¿dónde están las medicinas y los hospitales móviles? ¿Dónde están las vacunas contra el Covid 19?
19 de Febrero 2021.
El asesinato de Keyla Martínez sigue en la impunidad, su familia exige justicia
Tegucigalpa.- Varios días han transcurrido desde que la familia de Keyla Patricia Martínez se levantó con la noticia triste que indignó a toda Honduras, ella había sido encontrada muerta bajo custodia policial en la Esperanza, Intibucá, el pasado 7 de febrero.
La primera versión de la policía fue que la joven de tan solo 26 años, se había quitado la vida, su familia sabía quién era Keyla y el amor que sentía por la vida y que por ninguna circunstancia cometería tal hecho.
En el caso, Medicina Forense confirmó lo que su familia ya sabía, que Keyla murió por asfixia mecánica, es decir, que su muerte fue homicida y no suicida, como lo intentaron hacer creer las autoridades.
Su familia desde el inicio no creyó en la versión de los encargados de la posta y desde el primer momento exigieron justicia y que se castigue a todos los responsables de la muerte de la joven.
La familia de Keyla se puso en contacto con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para que se trasladara a la zona para documentar el caso y acompañara a la familia, es así que un equipo del comité viajó a La Esperanza.
Al llegar a la zona se encontró con una familia llena de dolor, pero con muchas ganas de luchar para que se le haga justicia a la joven, quien era enfermera auxiliar y estaba terminando su último año de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Su familia describe a la joven como una muchacha servicial, dispuesta a ayudar a los demás, muy alegre y optimista. En su tiempo libre ayudaba a su hermana menor, Nancy Carolina Martínez, que recientemente había iniciado con un negocio de floristería llamada “La vida en rosas”. Keyla por medio de las redes sociales y con sus amistades la promocionaba.
En el dormitorio que una vez perteneció a Keyla, se encuentra parte de las flores del negocio, marchitas, ya que Nancy no ha tenido tiempo de continuar con la floristería, porque permanece exigiendo justicia para su hermana.
Para Luis Alfredo Martínez Rodríguez, hermano mayor de Keyla, lo ocurrido con su hermanita, como el la llamaba, fue una noticia muy fuerte para él, y sobre todo porque él estaba lejos de la casa donde crecieron juntos.
“Me sorprendió, me impactó, empecé a temblar y le dije a mi hermana que dejara de estar bromeando, no te creo con eso no se juega; sí, me dice, dicen que se ahorcó en la cárcel, y entonces yo no creo eso, no lo creo, expresé, me volvió loco yo no creía que habían matado a mi hermanita”.
Según Luis Alfredo, la versión de la policía que dice que se ahorcó, “yo no creo eso, porque Keyla no tenía ese tipo de pensamientos, ella era una muchacha que daba mucho amor a todos sus familiares, muy detallista, muy centrada; ella era una persona que no tenía pensamientos negativos”.
“Nosotros como familia exigimos justicia para Keyla, para que este caso no quede impune, y queremos que encarcelen a los tipos que la asesinaron, que paguen, y que haya un cambio para que estas cosas no vuelvan a suceder y menos que lo hagan estas personas que tienen el deber de cuidarnos y protégenos“, agregó.
Por su parte Evelin Martínez, también hermana de Keyla, expresó que lo único que ellos exigen es justicia y que se castigue a los responsables.
“Nosotros lo único que queremos es que los policías que estuvieron allí sean juzgados, hasta ahorita nosotros no tenemos noticias de quienes fueron, no nos han enseñado las caras, para mi están bien protegido, porque mire cuando se dio a conocer en la autopsia preliminar que había sido homicidio, disque los arrestaron, en mi opinión eso no es arresto”.
También exigió que se den a conocer los nombres de los asesinos de su hermana, que basta ya de estarlos protegiendo.
“No es justo que nos arrebataran a Keyla de esa manera, pensar como murió, que injusto, pobrecita mi hermanita, no es justo que haya sufrido así”, expresó entre lágrimas Evelin.
En La Esperanza, así como en el resto del país, condenaron el asesinato de la joven dentro de la estación policial y, más aún, condenaron el hecho de querer ocultar su crimen.
Keyla era conocida por su amabilidad y por su carisma, su familia y amigos la recuerdan como una persona única, dedicada, que siempre pensaba en los demás, pero sobre todo amaba la vida.
“Era muy alegre, entusiasta, siempre andaba viendo lo positivo de las cosas, algo que no le gustaba, ella lo arreglaba; le gustaba hacer todo tan bien en su trabajo como persona, también era súper especial y muy dedicada a lo que a ella le gustaba”, añadió Estefany Jasmín del Sid Rodríguez.
Asimismo señaló que Keyla era una de las personas con más visión a futuro que ella conocía, que por su mente solo estaba terminar su carrera y que eso no es de una persona que tenga malos pensamientos.
“Exigimos justicia, porque estoy segura que ella no pudo hacerlo, porque incluso ella no tenía ninguna señal de una persona depresiva, con ganas de quitarse la vida, no, incluso, más bien nosotros le hacíamos chiste que para cuando los sobrinos y ella contestaba, “están locas ustedes, mi meta ahorita es terminar mi carrera, de todos modos puedo tener un hijo hasta los 35 años y eso no es de alguien que no tenía futuro, si no que ella planeaba su futuro”.
Señaló que están muy agradecidos con las personas que se han unido a la lucha por la exigencia de justicia.
Otra de las familiares que se siente indignada por lo ocurrido con la joven estudiante es su tía Yesenia Rodríguez, quien señaló que “me siento muy triste, muy indignada e impotente al saber en las manos que cayó Keyla, en las manos de quien tenía que cuidarla y protegerla, fueron las manos que le quitaron la vida, le quitaron el futuro, me siento demasiado triste porque ella fue una niña que se dio a querer por nosotros”.
Recordó que en el lugar donde accedió a hablar con defensoresenlinea.com le trae muchos recueros con su sobrina. “Recuerdo este lugar donde estamos precisamente ahora, la última vez que yo vine a verla que fue en los últimos meses del año pasado, me dijo tía venga comamos, hagamos algo, porque ella era muy dada a compartir”.
Agregó que lo que exigen es justica, simple, sencillamente y enérgicamente que se haga justicia, que los culpables de este hecho los castigue la ley. No sé la verdad si se puede, porque ellos se hacen llamar ley también, y por mi fe si ellos en esta tierra no pagan, el cielo también les va a hacer pagar, porque en esta tierra todo lo que nosotros hacemos pasa factura.
El líder indígena y fundador de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúñiga, este es un femicidio con el agravante que fue cometido por el estado y que el reclamo ciudadano no se debe parar hasta que se haga justicia.
El asesinato de Keyla Martínez se da en un contexto de violencia en el país, una violencia alentada por un estado que ha perdido la institucionalidad, en un ambiente de misoginia, es decir, odio a las mujeres, pero también en el marco de la impunidad que significa protección a criminales, de criminales enclaustrados en las instituciones del estado, como la Policía Nacional que en su seno hay grupos criminales.
Señaló que las manifestaciones en las calles no se hicieron esperar desde un principio, exigiendo justicia.
“En estas movilizaciones la gente está demandando justica, está indignada, no quiere que haya más impunidad ni actos de violencia de parte del estado, lo que ocurrió dentro de la posta policial fue un acto de brutalidad, fue un acto de barbarie, y hubo un acto de prepotencia que habría que ver en que y para que se hace esto”.
En el caso del asesinato de la joven estudiante hay 13 policías que han sido requeridos, pero no se sabe si serán juzgados por el criminen, hasta ahora no se conocen los nombres de los elementos policiales que han sido requeridos. A los familiares de Keyla tampoco les han dado una respuesta por lo que continúan con la exigencia de justicia y que se castigue todos los responsables de asesinar a la joven.
A Keyla la capturó la policía la noche del sábado 6 de febrero, por suponerla responsable de violentar el toque de queda impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, como medida para evitar la propagación del Covid-19, según el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, afirmó la Secretaría de Seguridad.
En la madrugada del domingo 7 de febrero fue llevada por una patrulla policial al Hospital “Enrique Aguilar Cerrato” de La Esperanza, supuestamente por intento de suicidio dentro de la celda. El Hospital desmintió esta versión, afirmando que la joven de 26 años llegó sin signos vitales (fallecida).
La autopsia practicada en la Morgue Judicial del Ministerio Público en Tegucigalpa, revela que Keyla fue víctima de asfixia mecánica, o sea homicidio.
Familia pide nueva autopsia para universitaria muerta en celda policial de La Esperanza, Intibucá
El contraperitaje fue solicitado a la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, quien para ello pidió el apoyo de la Facultad de Medicina de la UNAH
ATIC investigará el caso, tal cual lo hizo con el crimen de la jefa regional de esta entidad del MP, quienes aseguraron y cerraron el expediente investigativo alegando suicidio
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Familiares de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, la joven estudiante universitaria de enfermería que, según la policía, se suicidó en una celda policial en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, exigieron este lunes al Estado de Honduras justicia y la repetición de la autopsia.
La exigencia de los familiares de la joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es porque aseguran se les está mintiendo al atribuir el hecho a un suicidio y no un homicidio, como ellos creen que es realmente.
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Desde que el domingo se denunció el caso públicamente, la primera versión que ha hecho trascender la Policía Nacional es que la joven fue detenida por andar en estado de ebriedad y por ello fue acusada de escándalo en la vía pública, sin embargo, no han presentado pruebas fidedignas de dichas aseveraciones.
Tampoco, se cuenta con una prueba de alcoholemia realizada a la joven en el momento de su detención o al ser llevada a la celda. Sumado a eso se desconocen los resultados de los exámenes de toxicología practicados a su cuerpo, entre otros aspectos científicos que podrían esclarecer el supuesto suicidio que declararon de manera preliminar los agentes policiales en La Esperanza, Intibucá, donde se registraron los hechos el fin de semana.
“Lo que procede es que la verdad científica prevalezca, sobre todo donde hay circunstancias sospechosas claras de criminalidad. Este caso es una muerte bajo custodia policial, por lo tanto, es responsabilidad del Estado de Honduras, dar respuesta, como exdirectora de Medicina Forense, tengo plena convicción de que esta muerte puede esclarecerse científicamente mediante las pruebas”, dijo a Criterio.hn, la patóloga Julissa Villanueva.
A la pregunta si procede o no la petición de la familia de Keyla en realizar una nueva autopsia, Villanueva explicó que se trata de un derecho que les asiste a ellos, saber las causas en las que su pariente muere en circunstancias atípicas, o sospechosas de criminalidad.
“El derecho humanitario y el derecho internacional les da las potestades a las familias para que conozcan las causas y mecanismos de muerte, en ese sentido hay tratados internacional legales que favorecen a las familias para su derecho a saber y procede que las familias junto a su cuerpo de abogados le pidan al Ministerio Público los resultados de manera urgente de la autopsia de Keyla”, apuntó la patóloga, como primer punto.
Seguidamente dijo que “es posible hacer un contra peritaje, una re-autopsia, o segunda autopsia, después de que se entregue el cuerpo en el Ministerio Público para lo cual he sido contactada por la familia directa de la joven, así como organizaciones defensoras de derechos humanos para que el procedimiento se realice a la inmediatez”.
CONTRAPERITAJE DEPENDE DE APOYO DE LA ACADEMIA
La exdirectora forense, informó a Criterio.hn que ha pedido colaboración a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde se podría llevar a cabo el trabajo junto a un equipo de expertos bajo su coordinación para no solo realizar una segunda autopsia, sino vincular a la ciencia con la verdad de los hechos.
Villanueva ha dicho en reiteradas ocasiones que fue separada de la dirección de Medicina Forense por haberse negado a certificar un suicidio en el caso de la jefe regional de Santa Rosa de Copán de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía y por haber investigado las causas de los crímenes post electorales de 2017 y 2018, atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado.
“Sabemos que en Honduras ha habido bastante ocultamiento de la verdad y hay una confabulación de las autoridades en casos como estos, y todos ya conocen el caso de la joven Sherill Hernández Mancía, entre otros, que han ocurrido en los que se han simulado suicidios y no lo son, por consiguiente, a la familia le asiste ese derecho y conforme a la evocación del derecho internacional, perfectamente se puede hacer un contra peritaje”, insistió Villanueva.
La profesional de la medicina forense dice que el hecho de practicar una segunda autopsia representa muchos elementos en contra porque la putrefacción del cuerpo puede generar alguna dificultad. Sin embargo, apuntó que todo es factible siempre y cuando el proceso se realice antes de las 36 horas.
Por consiguiente, insistió que la inmediatez es un elemento fundamental para encontrar las evidencias en un cuerpo y esclarecer el caso y reiteró la petición del respaldo de las autoridades universitarias y de la Facultad de Medicina de la UNAH a fin de facilitar el espacio físico para realizar dicho procedimiento científico.
“Se trata de un caso de connotación nacional donde debe prevalecer la prueba científica y el recinto universitario podría contribuir para que este hecho se esclarezca. No hay crimen perfecto, el crimen perfecto no existe, lo que existe es la investigación imperfecta, amañada, la que oculta la verdad y en ese sentido cualquier investigación que se haga al respecto va a arrojar elementos positivos para buscar la verdad científica”, aseguró la patóloga, experta forense.
LO QUE DEFIENDE LA POLICIA
Se conoció que, desde el hecho, la noche del sábado 6 de febrero, la policía basó su versión en que la joven Keyla Martínez, supuestamente les dijo que había tomado unas dos o tres cervezas y ellos registraron que iba a bordo de un vehículo conducido por un médico, quien habría sido detenido también en ese momento, pero lo liberaron horas después, no así a la joven quien en horas de la madrugada del domingo fue encontrada por agentes policiales, cuando se intentaba suicidar, y cuando los uniformados realizaban “una ronda de supervisión de las celdas”.
La familia de la joven descarta que se trate de un suicidio y que haya protagonizado escándalo público, ya que su pariente no era conocida por esos comportamientos como dice la policía, quienes en todo momento han querido manchar la imagen de la estudiante.
Una de las primeras personas en denunciar el hecho fue la diputada por el departamento de Intibucá, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, quien exigió justicia en un mensaje emitido en sus redes sociales y dijo que el Estado de Honduras es el responsable de la muerte de la joven estudiante.
Zúniga Cáceres, diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre) e hija de la extinta ambientalista, Berta Cáceres, denunció además que hace unas semanas varias jovencitas fueron agredidas física y sexualmente por policías en La Esperanza, Intibucá.
Solicitamos acompañamiento en la búsqueda de Justicia para Keyla Martínez
Comunicado
Nosotras y nosotros, la familia de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, víctima de homicidio ejecutado por agentes de la Policía Nacional, asignados a la Unidad Departamental de Policía #10 (UDEP #10) de la Esperanza, Intibucá, tras su captura la noche entre el 6 y 7 de febrero de 2021, a la comunidad nacional e internacional comunicamos lo siguiente:
Nos personamos ante el Ministerio Público a presentar la revocatoria del poder pleno otorgado a la abogada Irma Yamileth López Álvarez, a quien públicamente le manifestamos nuestro agradecimiento. E informamos nuestra decisión de trasladar Poder Legal sobre el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, a organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, especialmente al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Al mismo tiempo, estamos denunciando actos de hostilidad en contra de nuestra familia como ser la presencia de personas extrañas en horas de la noche en la tumba de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, ubicada en el Cementerio Municipal de La Esperanza, Intibucá.
El cementerio cierra sus puertas a las 6:30 p.m. y a esas personas se les ha visto alrededor de las 8:00 p.m. según una denuncia que consta en la municipalidad de La Esperanza. Esta acción causa temor, al recordar el caso del menor Eblin Noel Corea Maradiaga, manifestante de 17 años, asesinado por militares durante una represión en Yarumela, departamento de La Paz, en junio de 2019. La familia Corea se vio obligada a vigilar día y noche su tumba, por temor a que profanaran el cuerpo, hasta que se le practicó la exhumación y debida autopsia para extraer el proyectil, que coincidió con el arma del militar enjuiciado hace unas semanas. En el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, la autopsia reveló que la causa de muerte es homicidio por obstrucción de vías respiratorias, contradiciendo la versión policial que afirmó un suicidio, cuando Keyla estaba bajo su custodia en calidad de detenida, supuestamente por infringir el toque de queda según el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021.
Como familia que hemos denunciado el crimen contra Keyla Patricia Martínez Rodríguez, somos víctimas de constante vigilancia, persecución, hostigamiento e intimidación de parte de fuerzas represoras del Estado. Hay patrullas policiales que merodean nuestras casas y a los lugares que hemos frecuentado. Hacer fuertes ruidos cuando estamos en casa, como advirtiéndonos de su presencia. Se escucha que cargan sus fusiles, hace unos días, una mujer vestida de civil y armada con un fusil en compañía de varios miembros uniformados de la policía nacional hacía movimientos con su arma, cerca de nosotros.
Entonces nos preguntamos ¿Esto es hostilidad o seguridad?
Y aunque existe temor en la familia por este contexto que enfrentamos:
ADVERTIMOS que no dejaremos de buscar JUSTICIA.
EXIGIMOS que los criminales paguen por los hechos contra Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
INSTAMOS al Ministerio Público que realice su labor de manera objetiva, pronta y diligente.
AGRADECEMOS a quienes nos acompañan en este camino que no es fácil, pero es el correcto, a fin de que el crimen contra Keyla Patricia Martínez Rodríguez, no sea una estadística más que abone a la impunidad en Honduras.
Tegucigalpa, MDC, 23 de febrero de 2021
Mujeres narran terror vivido a manos de policías en Intibucá
- 17/02/2021
Después de conocer el crimen de Keyla Martínez, asesinada en sede policial de La Esperanza, Intibucá, Radio Progreso ha tenido acceso a testimonios de mujeres que relatan haber ser sido detenidas, violentadas y amenazadas por los mismos policías acusados de asesinar a la enfermera.
Este asesinato vino a develar la violencia y abuso de autoridad que ejerce los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, contra las mujeres, especialmente en comunidades indígenas. Denuncias que no pueden desligarse del caso Keyla y de una serie de crímenes cometidos por los uniformados.
Una de las víctimas, ahora en el exilio junto a su amiga, contó que el 06 de enero de 2021 se conducían en su vehículo cuando fueron interceptadas por una patrulla de la policía en la ciudad de La Esperanza. La excusa era revisar los documentos del carro, pero el jefe del operativo propuso registrar el cuerpo de las mujeres para verificar si portaban armas o drogas.
Ellas se rehusaron solicitando que fueran agentes mujeres las que hicieran la revisión. Cuando fueron requisadas se les dijo que se podían ir, sin embargo, el jefe dijo que no, que estaban detenidas. Por considerar que era injusta la detención, las mujeres comenzaron a oponer resistencia, pero fueron arrastradas hasta una patrulla a base de golpes y gas lacrimógeno.
“Estando en la patrulla nos lanzaron más gas. Mi amiga andaba 10 mil lempiras y se lo robaron”, dijo una de las víctimas asegurando que en la posta les negaron una llamada telefónica y les dijeron que no existía el dinero. El dinero fue decomisado por una agente apellido Suazo y según la víctima era para pagar la compra de un fardo de ropa usada porque a eso se dedicaba.
Cuando fueron llevadas a la celda unos policías que andaban de civil comenzaron a celebrar que había llegado “mercancía nueva”, haciendo referencia a las mujeres. “Nos trataron mal, nos insultaron y los policías que estaban de guardia nos enseñaban una navaja amenazándonos. Uno de ellos cargaba un sobrecito blanco”, detalló.
En la madrugada un sujeto de camisa rayada en rojo y blanco se acercó a la celda donde se encontraban las mujeres. En un primer instante pensaron que era un abogado o defensor público. “Nos pidió nuestros datos personales, pero con burla dijo que ya nos mandaban, y que, iba a entrar a la celda para calentarnos”. Les amenazó con violar, pero ellas se opusieron con todas sus fuerzas a pesar de estar golpeadas y afectadas por el gas lacrimógeno.
Las mujeres no entendían porque tanta violencia. Sin poder comunicarse con sus familiares pasaron horas de agonía dentro de la celda. “Yo suplicaba que no me golpearan, pero más fuertes eran los golpes, hasta sangre tenía en el cuerpo”, dijo la otra víctima contando que algunos policías se paseaban semidesnudos frente a ellas diciendo palabras obscenas. Cuando fueron puestas en libertad les advirtieron que no podían denunciar lo sucedido, de lo contrario las iban a matar.
A pesar del temor interpusieron la denuncia, pero eso desató que la policía les montara vigilancia. “Hombres encapuchados se estacionaban frente a mi casa y nos mandaban mensajes de amenazas. El día que nos tocó ir a los juzgados una mujer policía nos grabó con su celular e inmediatamente llegó una de las patrullas que nos detuvo. Nos dijeron que nos iban a devolver 7 mil de los 10 mil lempiras a cambio de retirar la denuncia”, contó una de las víctimas.
Aunque las organizaciones de mujeres no precisan el dato, aseguran que, en el departamento de Intibucá hay mujeres que intentan denunciar esas agresiones, pero lejos de recibir justicia son víctimas de amenazas a muerte y desplazamiento forzado. Otras guardan silencio y sobreviven en la oscuridad. Las dos mujeres tuvieron que abandonar el país por las constantes amenazas.
Pude ser yo la asesinada, relata joven víctima de la policía.
Cuando en diciembre de 2020 el Gobierno flexibilizó las medidas de circulación, Carol fue a ver a su novio jugar fútbol al coliseo de la ciudad de La Esperanza, Intibucá sin imaginar que iba a ser capturada y golpeada por agentes policiales sin justificación alguna.
Varios agentes de la policía a bordo de dos patrullas esperaban el final del partido para revisar las mochilas de los jóvenes – amigos de Carol- quienes se disponían regresar a casa. “Cuando nos detuvieron comenzaron a insultarnos y a mí me empujaron contra una pared. Eso me molestó y les dije que era abuso de autoridad”, relató la joven.
Carol tiene apenas 19 años de edad. Es estudiante de trabajo social en la universidad pública. Vive en un barrio céntrico de La Esperanza junto a su madre y dos hermanas. Durante las protestas en demanda de mejoramiento a la educación y salud en Honduras, su hermana mayor, Maribel, fue detenida y su rostro quemado por una bomba lacrimógena. Hecho violento que marcó la vida de su familia generando desconfianza y temor hacia las fuerzas de seguridad del Estado.
Una policía la agarró por el pelo y lanzó al suelo para someterla. Como la joven se resistía fue tomada por el cuello provocándole asfixia y dejándole claras marcas de violencia. “Ya no podía respirar. Recuerdo que yo trataba de pedir ayuda con mis manos, pero cada vez era más difícil”, dijo.
Fue traslada a la posta policial para vivir con mayor intensidad el acoso y violencia policial. Su novio y amigos provocaron que los vecinos y vecinas del barrio se plantaran frente a la posta exigiendo su libertad.
Maribel cuenta que rompió en llanto al escuchar los medios de comunicación informar sobre el asesinato de Keyla “Sino nos hubiéramos plantado frente a la posta, hoy sería yo la que llorara a su hermanita muerta”, dijo alzando la voz para contar la historia y clamar justicia, porque están convencidas que solo la aplicación de justicia puede evitar que más mujeres sean víctimas de la policía.
En Honduras estas detenciones violentas por parte de la policía en Intibucá tienen un patrón común; mujeres jóvenes, que en algunos casos se encontraban acompañadas de hombres, quienes son dejados en libertad, mientras ellas son encarceladas. Así lo comprueba el caso de Keyla y el doctor que la acompañaba la noche de su asesinato.
Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región aseguran que hay casos de mujeres desaparecidas, que habrían salido de sus comunidades en busca de trabajo a la ciudad, pero que sus familiares desconocen su paradero. También hay una violencia sistemática provocada por la policía y el ejercito que, según testimonios de las víctimas podría corresponder al delito de trata de personas.
Hasta el momento no hay ninguna persona condenada por estas agresiones. Incluso el caso de Keyla que ha sido mediático se encuentra en la impunidad, a pesar que existe una prueba científica que, valga la aclaración es irrefutable, es decir que, en un juicio, aunque la defensa de los policías haga sus apreciaciones es muy difícil que pueda sea desmentida, porque esas pruebas son determinantes y no se pueden cambiar o manipular, especialmente cuando han sido practicadas por Medicina Forense que es un ente del Estado. El Ministerio Público sigue sin librar requerimiento fiscal cuando existe suficiente capacidad probatoria.
Audiencia inicial para cinco estudiantes que exigían justicia para Keyla Martínez
Tegucigalpa.- Este miércoles 24 de febrero en los Juzgados de Letras Penal de Tegucigalpa, ubicado en el barrio La Granja, se realizará la Audiencia Inicial contra cinco estudiantes acusados por cinco delitos, según el Ministerio Público.
Los estudiantes fueron detenidos el pasado 10 de febrero mientras participaban en un plantón en el Parque Central de Tegucigalpa exigiendo justicia para Keyla Martínez, estudiante de último año de la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que fue encontrada muerta bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá.
A los estudiantes en audiencia de declaración de imputados se les dictó la medida distinta a la prisión preventiva, pero que debían quedar bajo la custodia del Comité de Familias Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y permanecer en las instalaciones del comité hasta el día miércoles 24 de febrero, fecha programada para la audiencia inicial.
El COFADEH asumió la representación legal de los jóvenes Alex Mauricio Laguna Banegas (19 años), Eduardo José Molina (22 años), Josué Rafael Fonseca Rojas (27 años), Joel Edgardo Rojas (29 años) y Christopher Flores (35 años), quienes están siendo acusados por cinco delitos.
Eduardo José Molina, uno de los estudiantes criminalizados, expresó que bajo los cuidados y bajo las instalaciones de COFADEH, uno se siente más seguro, porque a sabiendas de lo que le esperaba que era cualquier cárcel de las que ha construido este tipo.
Añadió que a medida que se acerca la audiencia no dejan de crecer las ansias y los nervios, porque al estar criminalizado mi mamá ha salido afectada, porque ella es muy sensible, más que mi papá, incluso más que yo, y de la casa se extraña todo desde el baño hasta la cama.
Alex Laguna agregó que “estar criminalizados es motivo de orgullo en una dictadura, porque se sabe que estamos haciendo las cosas bien, y simplemente ellos no nos quieren ver afuera exigiendo Justicia por todas las muertes”.
“No nos quieren ver afuera siendo la voz del pueblo, claramente estar en un lugar así antes de haber ido a llama en Santa Bárbara (El Pozo), claramente es mejor, pero la casa es la casa y extrañamos nuestra casa, lastimosamente por ser consientes estamos en estas condiciones; extraño a mi familia, aunque han venido todos los días, no es lo mismo, uno quisiera estar con ellos todo el día, pero se acercan tiempos mejores”.
“Es triste por lo que ha pasado, por las injusticias que han hecho con nosotros, pero aquí en las instalaciones de COFADEH nos sentimos más seguros con todas las medidas de bioseguridad, nos han tratado al cien, no hay nada que reprochar”, señaló Josué Rafael Fonseca Mendoza.
Para Joel Edgardo Rojas Reyes estar criminalizado ha sido difícil, ya que es padre de familia y tiene una hija de 19 meses, a la que no ha podido ver porque no puede salir de las instalaciones de COFADEH, hasta que se realice la audiencia inicial.
“Extraño despertar en mi casa, en mi cuarto, a veces hasta los regaños de mi mamá, pero sobre todo extraño ver a mi hija de 19 meses, que por estar criminalizado estos días no he podido verla. También extraño a mis amigos, mis compañeros y hasta las clases de la universidad en línea”.
Christopher Flores expresó que siente un poco de pena estar criminalizado injustamente, ya que no hay motivo alguno para estarlo, pero dijo sentirse muy agradecido con el COFADEH y con todas las personas que les han expresado la solidaridad.
Añadió que “considero que estamos destinados a emanciparnos para que los derechos sean iguales para todos, ya que todos somos seres humanos y merecemos ser tratados como tal”.
Los cinco jóvenes son estudiantes matriculados tanto en la UNAH y en la UPNFM, y estaban alzando su voz contra el crimen de una compañera de universidad como lo era Keila Martínez.
Cabe mencionar que luego de ser capturados pasaron la tarde del miércoles 10 por la Policía Nacional, sin delitos imputados, mientras se les habría expediente. Esa noche no durmieron porque las amenazas, tratos crueles e inhumanos les invadieron la celda, por lo que pasaron más de 30 horas para que los jóvenes volvieran a reencontrase con su familia.
Honduras: Femicidio de Estado
La noche del 6 de febrero, Keyla Martínez, joven estudiante de la carrera de Enfermería, de 26 años, fue detenida en la ciudad de La Esperanza por violar el toque de queda impuesto por el gobierno Hernández como medida para combatir la pandemia de Covid-19.
Aproximadamente a las 11.30 de la noche fue apresada, llevada a la Unidad Departamental de la Policía de esta ciudad y encerrada en una celda. Unas horas más tarde, el cuerpo sin vida de Keyla era ingresado a emergencia del hospital departamental.
Según la Policía, la joven se habría suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda. Una tesis ya descartada por la autopsia que reflejó que la muerte de la joven fue por asfixia mecánica, lo que demuestra que fue homicidio.
Tras conocer el resultado de medicina legal, la Fiscalía giró instrucciones a las autoridades policiales para que todos los agentes asignados a la posta policial sean puestos a las órdenes del Ministerio Público.
El asesinato de Keyla ha conmovido la sociedad hondureña y La Esperanza se ha convertido en escenario de protestas callejeras, que han sido brutalmente reprimidas a punta de bombas lacrimógenas y balas de goma.
Una tragedia que se suma al dolor por la muerte violenta de otras tres mujeres en menos de 72 horas. Keyli Hernández Castañeda, Alda Flores y Leonor Cálix fueron asesinadas en distintas zonas del país, engrosando la ya interminable fila de mujeres víctimas de femicidio.
Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el asesinato de Keyla Martínez se trata indudablemente de un crimen de Estado.
“Desde el momento en que Keyla fue capturada y encarcelada, la salvaguarda de su vida fue responsabilidad de la Policía, así como los hechos que llevaron a su muerte“, destaca la organización indígena.
Según el Copinh, el femicidio de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres que han sido capturadas por la Policía de La Esperanza, robadas de sus pertenencias, abusadas sexualmente, en el marco de la suspensión de garantías constitucionales.
“A pocos días del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres se repite un femicidio de Estado en La Esperanza (…) Cuando hablamos de lucha antipatriarcal nos referimos a que mujeres como Keyla no sean asesinadas por el Estado”.
Tanto el Copinh como un amplio abanico de organizaciones sociales y populares exigieron justicia para la joven estudiante y las demás víctimas de femicidio, así como castigo para los responsables.
¡Nos queremos vivas!
“El femicidio de Keyla Martínez se suma al historial de abusos de poder y ejercicio desmedido de la fuerza, que con o sin toque de queda han ejercido funcionarios públicos, sobre todo policías y militares, en contra de toda la población”, señala el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Para la organización feminista, estos hechos no hacen más que confirmar el involucramiento de esta institución en desapariciones y asesinatos de ciudadanía bajo su tutela.
“Para quienes defendemos la vida, Keyla y todas las jóvenes a quienes el patriarcado y sus instituciones les roban los sueños, son la fuerza que nos motiva a seguir buscando justicia y construyendo transformaciones reales en este país, porque ¡Nos queremos vivas!”, concluye el comunicado del CDM.
También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras levantó su voz ante tanta violencia.
“Toda muerte en custodia debe ser investigada como potencialmente ilícita y deberán analizarse posibles signos de tortura lesiones y/o violencia sexual.
La Oacnudh insta a las autoridades a investigar la muerte de Keyla Martínez con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”.
Durante el año pasado, el CDM registró 321 muertes violentas de mujeres, 229 de las cuales durante la suspensión de garantías constitucionales en el marco de la pandemia. Son casi 6.300 los femicidios registrados en menos de dos décadas.
Rel UITA
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha escuchado atentamente una declaración de la abogada Irma López, en relación a la representación legal de la familia de Keyla Martínez, víctima de homicidio en poder del Estado de Honduras.
Es nuestra decisión no hacer referencia particular a ninguno de los calificativos lanzados por la abogada en mención en contra nuestra organización de víctimas, porque son exactamente los mismos utilizados en las campañas del batallón de la muerte 3-16 y en las operaciones psicológicas lanzadas por los asesinos de más de 200 personas desaparecidas entre 1980 y 1992.
La señora Norma Evelin Rodríguez, madre de la víctima, don Luis Andrés su padre, y sus hermanos Evelin, Nancy y Alfredo, decidieron buscarnos personalmente por nuestra trayectoria de seriedad y objetividad para acompañar su peregrinar en búsqueda de la justicia. Ellos, que comprenden bien la trama de la impunidad en el país, pueden reafirmarlo con absoluta transparencia.
No estamos en competencia de representación legal con la abogada López, ni con ninguna otra instancia de derecho público. Desde hace 38 años, el Cofadeh decidió acompañar sus exigencias de verdad con la procuración de la justicia a petición de parte a nivel local y con el litigio internacional en las instancias del sistema interamericano de derechos humanos.
No nos interesa ninguna notoriedad emblemática en un crimen que es conocido por el mundo debido a su ocurrencia al interior de una delegación departamental de la Policía Nacional, lo cual coloca al Estado en la primera línea de responsabilidad, porque debía garantizar la integridad física y la vida de Keyla. Por supuesto, sí nos interesa el clamor profundo de las víctimas por la justicia.
Desde las calles, donde trabajamos con nuestra voz por la justicia:
De los Hechos y de l@s Hechores: ¡!!Ni olvido ni perdón.
COFADEH
Tegucigalpa, Honduras; 23 de febrero del 2021
Honduras reporta 30 feminicidios en primeras 6 semanas de 2021
La herida se volvió profunda, pero da tranquilidad haber encontrado su cuerpo
Tegucigalpa.- José Miguel vuelve a casa, no de la manera que queríamos, pero agradecidos con Dios por haberlo encontrado. Después de una intensa búsqueda, la herida se volvió profunda en nuestra familia, pero su regreso nos ha dado cierto grado de tranquilidad, dónde Dios no nos ha soltado de su mano y sabemos que continuará llenando de paz nuestras vidas.
Fueron las palabras de Aylin Liseth Tejada, madre del menor José Miguel Tejada, al recibir la noticia que las pruebas de ADN realizadas por Medicina Forense, a tres cuerpos encontrados en el departamento de Santa Bárbara, uno corresponde a su hijo de 16 Años.
José Miguel desapareció el 3 de agosto de 2020 a la 8:00 de la mañana en el municipio de Las Vegas en el departamento antes mencionado, y desde ese día su familia emprendió una búsqueda incansable para dar con su paradero con vida.
El niño estuvo desaparecido seis meses y 17 días, por lo que su familia todo el tiempo permanecía con esperanza de encontrarlo con vida, pese a que, en el municipio de Las Vegas, al noroccidente de país, donde vivía José Miguel, se han encontrado al menos tres cuerpos sin vida, y posteriormente se dio aviso a las autoridades responsables quienes los trasladaron a Medicina Forense en Tegucigalpa como “desconocidos”.
El sábado 20 de febrero los familiares recibieron la noticia que una de las pruebas realizadas a los cuerpos, una correspondía José Miguel, por lo que su madre y algunos de sus tíos se trasladaron hasta Medicina Forense para reclamar su cuerpo y trasladarlo hasta su lugar de origen para darle el ultimo adiós, junto a su familia y amigos.
“Confiamos plenamente en que en este proceso Dios ha estado en control y pues agradecemos de una manera, porque lo encontramos, no de manera en la que quisiéramos encontrarlo, pero por lo menos ya tenemos la tranquilidad de que encontramos su cuerpo, ya que en muchos casos ni siquiera esto se encuentra. Nosotros tenemos esa tranquilidad y tenemos ya un lugar donde lo vamos a visitar, ha sido un proceso muy difícil”, expresó Aylin Liseth Tejada.
José Miguel era su único hijo, “éramos un equipo, compartíamos muchas cosas, muchos momentos, ha sido muy doloroso”.
Su madre compartió con defensoresenlinea.com un sueño que tuvo con su hijo días después de su desaparición, “como a las 6:00 de la mañana me dormí, estaba dormida y estaba derechita en la cama, cuando de repente escucho a voz clarita de José Miguel, yo abro los ojos, pero dentro del sueño yo estaba acostada en la cama y él estaba hincado, con las alas de ángel, se le miraban bien blanquitas y bien bonitas, cuando yo lo miro le digo, José donde estás, y se me queda viendo, pero se le miraba a aquella cara de paz, y entonces cuando yo lo vuelvo a ver yo pregunte de nuevo, ¿dónde estas?, y yo lo abracé y él se vino abrazarme, se acostó aquí en mi pecho y nos dormimos y eso fue todo, tanta tranquilidad en aquel sueño. Yo había estado pidiendo respuestas al señor y yo creo ese día fue el día que él murió, él se fue a despedir de mí y es el único sueño que he tendido con José Miguel”.
Señaló también que han sido tiempos difíciles, como familia les ha afectado demasiado, “nunca habíamos pasado algo así, tan grave en nuestra familia lo que nos pasó, es algo que nosotros todavía no nos explicamos, todo este tiempo, la incertidumbre, ni siquiera una llamada, ni una pista que nos pudiera dar como un aliento, para que nosotros pudiéramos encontrarlos y manteníamos la esperanza de que él se encontrara con vida.
La madre del menor lamentó que las autoridades no le dieran la importancia que el caso ameritaba, y no actuaran a tiempo, “todavía me duele ese proceso cuando yo interpuse la denuncia, yo interpuse la denuncia a las 24 horas que establece el protocolo, pero no miré una respuesta pronta de parte de las autoridades, no, ni siquiera se levantaron, solo tomaron mis datos y fue como que solo me escucharon y ya”.
“A los 3 días me fui para la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) en Santa Bárbara y allá me di cuenta que la denuncia no había sido subida al sistema, entonces esos tres días a mí me duelen; duele porque esos tres días se pudo haber hecho bastante, yo pienso que si las autoridades hubieran reaccionado de una manera más oportuna, tal vez mi hijo se hubiera rescatado con vida, pero eso si me duele”, finalizó.
Por su parte Víctor Hugo Tejada, tío del menor, quien es candidato a la alcaldía de Las Vegas, y actual regidor en ese municipio por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), emprendió una búsqueda incansable desde el día de su desaparición, expresó que “ese día cuando nos sorprendió y nos cayó como un valde de agua fría la noticia que uno de los cuerpos que encontramos en el sector y las pruebas de ADN que se realizaron tanto a la madre, mi hermana la profesora Aylin Tejada, como a el cuerpo encontrado en ese momento, dieron positivo y eso la verdad que nos ha llenado de mucha tristeza”.
“Lejos de que fue bastante tiempo de una intensa búsqueda, aún manteníamos que podía existir esa esperanza de encontrar a José Miguel con vida, que él quizá haya decidido tomar un largo viaje y sorprendernos a lo largo del tiempo, pero no, quisa solamente fue una utopía, y nos encontramos con esa realidad que a ninguna de las familias le deseamos que pase”, añadió.
Asimismo señaló que José Miguel pasa a ser parte de esas estadísticas en este país lleno de violencia, un país donde las oportunidades se cierran a muchos jóvenes; José Miguel era muy conocido en el pueblo y en comunidades.
“Para nosotros seguirá siendo ese niño genio, un muchacho muy inteligente que se encargaba de reparar computadoras, instalar radios, reparar celulares, a su corta edad él tenía todo esos dotes de brillantez, y este año él estaba por graduarse de la carrera de informática, lleno de muchas ilusiones”.
Víctor Hugo expresó que su sobrino, a sus 16 años estaba lleno de metas y uno de sus mayores sueños era ser ingeniero y también trasladarse a la capital para sacar algún curso en el INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) ya que tenía muchos deseos de salir adelante, sueños que se trucaron al ser víctima de un crimen de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada.
“Tras el desaparecimiento de José Miguel realicé las primeras llamadas a las postas policiales, porque hay toque de queda, decreto de emergencia que prohíbe la circulación de las personas. Yo me comuniqué a las postas de los municipios cercanos para ver si estaba por allí José por si había sido detenido; me comunique con los hospitales, clínicas, miembros de Cruz Roja, ambulancias para ver si ellos tenían conocimiento de José Miguel.
Luego me desplacé en mi motocicleta haciendo una búsqueda en las principales calles de Las Vegas, pero no fue oportuno. Al día siguiente se interpuso la denuncia a las 7:30 de la mañana, le tonaron los datos a mi hermana, pero no le fue dada la importancia que requiere el desaparecimiento de esa persona, y fue hasta que al pasar dos o tres días, mi hermana se trasladó a San Pedro Sula y Santa Bárbara y de allí se dio cuenta que la denuncia todavía estaba engavetada en la posta policial de Las Vegas, fue hasta cuando acudimos también a COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), que recibimos ese respaldo, añadió.
Víctor dijo que la búsqueda que emprendió para encontrar a su sobrino ha sido como una película, por ciertos tramos de terror, al saber que se encontraban cuerpos, y en su carro andaba mi pala y mi piocha, porque si pasaba, “así fue como encontré el penúltimo cuerpo, de repente iba viajando, vi un zopilote, y me bajé de mi vehículo y me metí montaña adentro”.
Ahora sabemos que el cuerpo es de José Miguel, pero exigimos una respuesta del porqué; consideramos que hemos sido un familia de mucha entrega, caracterizada por la solidaridad, una familia humilde y luchadora.
Ya tenemos una respuesta, pero ahora viene la respuesta que necesitamos y es que fue lo qué pasó, a que se debió todo esto y porque una vida como la de José Miguel terminara de esa manera, añadió.
El menor fue visto por última vez el lunes 3 de agosto de 2020, por lo que su familia y amistades interpusieron la denuncia de la desaparición ante las autoridades correspondientes en el municipio de Las Vegas y en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para que investigara sobre su paradero.
Desde esa fecha los familiares, junto COFADEH, lo han buscado de tal manera que el caso se encuentra en el Grupo de Trabajo para la Desaparición Forzada y ante el Comité de Desaparición Forzada, ubicado en Ginebra, Suiza, con relación a la desaparición del menor, por lo que dichos organismos internacionales han estado desde entonces demandando justicia para lograr dar con el paradero del menor.
También a través del área de Acceso a la Justica del COFADEH se realizaron acciones para lograr dar con el paradero. Se interpuso un Habeas Corpus o Recurso de Exhibición Personal a favor de José Miguel Hernández Tejada, ante el Juzgado de Letras Unificado Seccional Judicial de Santa Bárbara.
El menor permaneció en calidad de desaparecido por 6 meses. El hecho sucedió en el marco de la suspensión de garantías constitucionales, según Decreto Presidencial PCM 021-202, impuesto desde el 17 de marzo pasado. Pero este sábado 20 de febrero la búsqueda de la familia ha terminado, el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares a eso de 5:00 de las tarde del domingo 21 de febrero y el día de hoy a las nueve de la mañana se realizó su sepelio en el cementerio general de la comunidad de El Carreto, en el municipio de Las Vegas, hasta donde llegaron familiares y amigos portando globos blancos para acompañarlo en su última morada.
Al menos 17 casos de desapariciones ha registrado el COFADEH, desde que inició el confinamiento para evitar la propagación del COVID-19, en este contexto el país permanece militarizado y hasta noviembre de 2020 con movilización restringida.
José Miguel desapareció en un tramo de 12.5 kilómetros entre la aldea El Carreto y el casco urbano de Las Vegas, salió en una motocicleta color negro con anaranjado, marca Yamaha para hacer un mandado familiar.
“Condenamos el juicio amañado contra Julian Assange y exigimos su liberación inmediata”
Miembros del Consejo de la INTERNACIONAL PROGRESISTA apoyan la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se está llevando a cabo contra él actualmente en Londres
Noam Chomsky y 24 firmas más 29/09/2020
Boceto del juicio de Julian Assange.
Max Gede“Cada vez que presenciamos una injusticia y no actuamos, entrenamos a nuestro carácter a ser pasivo en su presencia y así eventualmente perdemos toda la capacidad de defendernos a nosotrxs mismxs y a lxs que amamos.” Julian Assange
Nosotrxs, miembros del Consejo de la Internacional Progresista, apoyamos la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se está llevando a cabo contra él actualmente en Londres. Julian Assange ha sido un periodista, editor e intelectual que ha definido el mundo y cuya labor ha sido crucial para promover la justicia mundial. El enjuiciamiento estadounidense de un ciudadano australiano por sus actividades periodísticas realizadas en países soberanos de Europa constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Lo que es más peligroso, sienta un precedente jurídico que significa que cualquier disidente de la política exterior de los EE.UU. puede ser enviado a este país para ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Los resultados del caso amenazan la libertad de expresión y la soberanía nacional en todo el mundo.
Wikileaks ha sido una inspiración para los movimientos sociales de todo el mundo en su lucha por la verdad y la justicia. El trabajo de Assange como editor y periodista de WikiLeaks ha revelado más fechorías gubernamentales que cualquier otro medio de publicación en este siglo, desde el blanqueo de dinero hasta la corrupción en países como Islandia o Namibia. Aunque recibió premios internacionales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, sólo cuando Wikileaks comenzó a revelar los crímenes del gobierno de EE.UU. –en particular, sus crímenes de guerra en Irak, la tortura en la Bahía de Guantánamo y el programa ilegal de guerra cibernética de la CIA revelado por los documentos filtrados de “Vault 7”– Assange fue tratado como un criminal y terrorista por los Estados Unidos.
Debemos recordar que Assange esta siendo procesado ahora por nada más que actos de publicación.
Creemos que el apoyo a Julian Assange en el caso contra la extradición es una prueba de fuego para las fuerzas progresistas en todo el mundo. A pesar de su consecuencia historica, este caso se ha mantenido demasiado tranquilo y es la responsabilidad de todas las fuerzas progresistas levantar la voz. Mientras tanto, se ha dejado a Assange languidecer en el aislamiento, primero en la embajada del Ecuador en Londres, y ahora en la prisión de Belmarsh, donde se le mantiene en confinamiento 23 horas cada día. Assange ya ha sufrido bastante y su prolongado encarcelamiento podria llevar a la perdida de uno de los más valientes editores del siglo XXI. No apoyar a Assange en esta coyuntura sería un acto de cobardia monumental, y excepcional autodaño.
Sabemos que el caso de Julian Assange determinara más que solo su destino. El resultado del caso de Assange lleva el peso de nuestra seguridad colectiva contra los abusos de lxs poderosxs. Si no nos levantamos ahora, si no encontramos el valor para hablar en nombre de Assange, sera enviado a un tribunal secreto, encarcelado de por vida, y dejado a morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La solidaridad internacional con Assange se necesita ahora más que nunca.
Lucharemos contra la extradicion a EE.UU. hasta que sea libre.
Signatarios:
Julian Aguon
Abogado de Derechos Humanos, Micronesia
Slim Amamou
Activista, Túnez
Celso Amorim
Ex Ministro de Exterior de Brasil
Renata Avila
Abogada de Derechos Humanos, Guatemala
Alicia Castro
Activista política y sindical, Argentina
Noam Chomsky
Lingüista, EE. UU.
Rafael Correa
Ex Presidente de Ecuador
Tasneem Essop
Activista climática y por la justicia social, Sudáfrica
Nick Estes
Historiador, Tribu Lower Brule Sioux
Harry Halpin
Co-fundador de Nym Technologies, EE. UU.
Rachmi Hertanti
Indonesia por la Justicia Global
Srećko Horvat
Filósofo y co-fundador de DiEM25, Croacia
Giorgio Jackson
Político y activista, Chile
Scott Ludlam
Escritor, activista y ex senador, Australia
Harsh Mander
Activista por los derechos humanos y escritor, India
John McDonnell
MP del Partido Laborista, Reino Unido
Kavita Naidu
Defensora de los derechos humanos, Fiji
Vijay Prashad
Director de Tricontinental: Instituto para la Investigación Social, India
Aruna Roy
Fundora MKSS, India
Arundhati Roy
Novelista, India
Ahdaf Soueif
Autor, Egipto
Yanis Varoufakis
Economista and Secretario General de MeRA25, Grecia
Mona Seif
Activista de derechos humanos, Egipto
Natália Bonavides
Congresista, Brasil
Andrés Arauz
Candidato presidencial, Ecuador
Autor:
Filadelfia, EE.UU, 1928. Lingüista, filósofo y activista estadounidense. Profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Presidente de honor de CTXT.
Autor > y 24 firmas más
Más de 60 médicos manifestaron su preocupación por el estado de salud del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en Londres y sobre quien pesa una amenaza de extradición a Estados Unidos, que lo acusa de espionaje, en una carta abierta publicada este lunes.
«Escribimos esta carta abierta, como médicos, para expresar nuestra grave preocupación por el estado de salud física y mental de Julian Assange», señalaron los médicos en una misiva destinada a la ministra de Interior británica, Priti Patel, y a la encargada de esa cuestión en el Partido Laborista (oposición), Diane Abbot.
Apoyándose en varios informes, incluyendo el del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, que afirmó a principios de noviembre que la vida de Assange estaba «en peligro», los signatarios expresaron su «seria preocupación colectiva» para «llamar la atención del público y del mundo sobre esta grave situación».
«Opinamos que Assange necesita urgentemente una evaluación médica de su estado de salud física y psicológica», recalcaron los galenos, que ejercen en varios países: Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Suecia. Sugieren que Assange sea atendido en un hospital por personal cualificado.
Sin ello, «tememos verdaderamente, basándonos en elementos disponibles, que Assange pueda morir en prisión», advirtieron.
A principios de noviembre, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura precisó a la AFP que estaba preocupado por «nuevas informaciones médicas transmitidas por varias fuentes fiables que afirman que la salud de Assange entró en un círculo vicioso de ansiedad, estrés e impotencia, típico de personas expuestas a un aislamiento prolongado y a una arbitrariedad constante».
Detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sur de Londres, Julian Assange es objeto de una amenaza de extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado con hasta 175 años de prisión por espionaje.
