¿Honduras al borde de otra crisis política y social?
24.09.2020 - Managua, Nicaragua - por Giorgio Trucchi
Todas las condiciones dadas para un nuevo fraude electoral
El proceso electoral de 2017 tuvo un desenlace trágico. El burdo fraude, orquestado desde el ejecutivo con el apoyo determinante de los Estados Unidos y el silencio cómplice de la Unión Europea y Almagro, dejó un saldo de más de treinta muertos a manos de las fuerzas represivas del estado, y una profunda crisis político-social que está minando lo poco que queda de una institucionalidad ya fuertemente debilitada después del golpe de 2009.
Tres años después de aquellos trágicos acontecimientos, Honduras parece estar enrumbándose hacia otra y más aguda crisis.
Con el objetivo de seleccionar los candidatos presidenciales y demás cargos de elección, el pasado 13 de septiembre la presidenta del Consejo nacional electoral (Cne), la liberal Ana Paola Hall, convocó a elecciones primarias e internas que se celebrarán el 14 de marzo del próximo año.
La convocatoria se realizó en medio de un grave conflicto político que involucra a los principales partidos con representación en el Congreso, y que tiene origen en la falta de avances en las reformas de la legislación electoral. Un hecho, advierte el opositor partido Libertad y Refundación (Libre), que estaría sentando las bases de un nuevo fraude electoral.
Luego de retirarse de su cargo, la presidenta saliente del Cne, Rixi Moncada, le salió al paso a su colega. «Es una convocatoria falsa, ilegal e inconstitucional y debe anularse. Es una convocatoria que se acompaña con el censo nacional electoral de 2017. Un censo alterado, contrario a la Constitución y, por lo tanto, inaceptable».
Para el analista político Rodolfo Pastor de María y Campos, lo que se está viviendo en Honduras es un momento muy crítico. No llevar a cabo reformas que permitirían darle mayor legitimidad y credibilidad al proceso electoral, llena de incertidumbre el futuro y expone el país a nuevas y más profundas tensiones sociales.
¡Reformas ya!
«Desde hace décadas venimos acarreando una serie de vicios que permiten la manipulación de los resultados electorales. Si bien hemos avanzado en algunos aspectos, como la integración de los órganos electorales[1] con miembros de Libre, no ha habido voluntad de parte de la bancada oficialista para aprobar reformas a la ley electoral», dijo Pastor.
Entre las medidas más urgentes destacan la depuración del censo electoral, la introducción de nuevas cédulas de identidad, la aprobación de la segunda vuelta electoral y un sistema de transmisión de resultados seguro y confiable.
«Depurar el censo y actualizar el padrón electoral quiere decir eliminar al menos un millón de muertos y otro millón de personas que ya no viven en Honduras, cuya identidad puede ser usada para el fraude.
El Registro nacional de las personas (Rnp) advierte que con 1.4 millones de personas enroladas se han descubierto 117 mil inconsistencias, es decir el 8% del total parcial. Si el censo es de unos 6 millones de personas, estaríamos hablando de al menos 480 mil inconsistencias que se convierten en potenciales votos fraudulentos
Recordemos -continuó Pastor- que Juan Orlando Hernández dijo haber ganado en 2017 por 52 mil votos, es decir el 1.59%. Los datos que arroja el Rnp dejan un margen abismal para cometer fraude».
Por eso los miembros de esta instancia electoral mandaron una carta al Cne, recomendando no convocar a elecciones antes de la finalización de la depuración del censo, y solicitar al Congreso avanzar con el proceso de reformas que está siendo saboteado.
«Ni siquiera quisieron aprobar una versión deslavada de las que deberían ser las reformas electorales para que el proceso sea mínimamente creíble. La situación de impasse en la que nos encontramos arroja sombras sobre un proceso electoral que comienza viciado y que podría desencadenar nuevas protestas y una nueva crisis», manifestó Pastor.
EEUU y la oposición light
Si Estados Unidos fue el principal normalizador del fraude de las pasadas elecciones -¿cómo olvidar la imagen de la entonces encargada de negocios de la embajada estadounidense Heide Fulton, parada al lado del presidente del Tribunal electoral, avalando los resultados fraudulentos?- surge espontánea la pregunta ¿qué harán ahora?
«Estados Unidos le ha venido apostando a Juan Orlando Hernández como una forma de mantener el control de un país que, no sólo le resulta estratégico a nivel de Latinoamérica, sino también dentro de un escenario global donde China y Rusia juegan un papel cada vez más importante en la región.
En este sentido, mientras el partido Libre siga siendo el principal partido de oposición, Estados Unidos va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no llegue a gobernar.
Pero el problema que tiene Estados Unidos -explicó el politólogo- es que Juan Orlando Hernández ya llegó al tope, es impresentable y está agotado como opción. Necesita entonces de una alternativa que sea confiable, es decir que siga garantizando sus intereses estratégicos».
Sin embargo, las divisiones internas en los dos partidos tradicionales, los innumerables escándalos de corrupción y la ineptitud mostrada por el partido de gobierno no le están facilitando la tarea.
«El partido Libre sigue siendo un factor real de poder. Necesitamos de la reformas para poder tener elecciones con resultados creíbles y una alianza amplia que incorpore a Libre para poder ganar», concluyó Pastor.
[1] Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas
Tegucigalpa.- El martes 24 de agosto en horario de 10:00 a 12:00 m (hora centroamericana) se desarrolló el foro virtual internacional: Desaparición Forzada en Honduras, con la participación de destacados conferencistas y expertos internacionales de la Organización de Naciones Unidas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Red Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y afines (REL-UITA).
La transmisión virtual se desarrolló a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, y fue retransmitido por radio Progreso, RDS radio, Metro TV de Choluteca y una red de estaciones comunitarias de Honduras.
Este evento reviste vital importancia y fue desarrollado en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido que se conmemora el 30 de agosto. Gracias a la incidencia del COFADEH, fue posible colocarlo en el calendario nacional de Honduras, mediante decreto legislativo número 284-2002.
El foro virtual contó con la participación de Fabián Salvioli, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no repetición.
Salvioli disertó sobre las experiencias comparadas de acceso a la justicia en casos de desaparición forzada.
Por su parte la Representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, expuso el tema: Las obligaciones internacionales del estado de Honduras en materia de desaparición forzada de personas.
Seguidamente el Secretario Regional de la Rel-UITA, Gerardo Iglesias, expuso sobre la importancia de las alianzas transfronterizas para la búsqueda de la verdad en casos de desapariciones forzadas.
Y cerró la jornada virtual, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, con el tema: Los procesos de búsqueda y los esfuerzos de los familiares ante la práctica de la desaparición forzada.
Al inicio del foro, Fabián Salvioli dijo que en el tema de las desapariciones forzadas, “la primera obligación del estado es abordar la investigación, el estado no puede rehuir ni renunciar a ese deber “.
Salvioli indicó que la desaparición forzada no es un tema del pasado, es un tema de hoy y que tales crímenes se siguen cometiendo.
El experto de la ONU añadió que con la desaparición forzada no sólo se afecta a la víctima, sino también a los familiares y a las personas próximas que se ven sometidas a un trato degradante, cuando no se termina de resolver el asunto.
“Es una obligación ética y un deber jurídico resolver los casos, porque de lo contrario el estado recibirá muchas condenas “, advirtió.
Por su parte la Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, resaltó que las desapariciones forzadas que se presentan en un ambiente de clandestinidad e impunidad, constituyen un crimen perfecto, porque lo que se pretende es borrar para siempre a las víctimas.
“La desaparición forzada es un delito complejo que requiere de mecanismos adecuados, porque vincula violencias múltiples, viola una multitud de derechos, pero adicionalmente es un delito continuado y permanente”, sostuvo la funcionaria de la ONU.
Albaladejo detalló que el estado de Honduras deberá presentar un informe sobre recientes desapariciones forzadas en Honduras ante la ONU, el próxikmo 1 de junio de 2021.
Cabe resaltar que al régimen de Juan Orlando Hernández se le agotó el plazo este 24 de agosto, para presentar un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la desaparición forzada de 5 líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida.
La representante de OACNUDH señaló que el estado de Honduras debe avanzar con las recomendaciones planteadas por el organismo mundial en materia de desaparición forzada, creando un banco de ADN, un registro de personas desaparecidas y una ley especial sobre desapariciones forzadas que contemple no solo la persecución y enjuiciamiento de los violadores de derechos humanos, sino tambien la reparación de las víctimas, entre otros aspectos.
“La adopción de un marco normativo, la creación de un Registro de Desaparecidos/as, el avance de las investigaciones judiciales, la búsqueda, exhumación, identificación de los restos mortales para la entrega a sus familiares de manera digna y respetuosa y la promulgación”, sostuvo Albaladejo.
Y añadió que “por ello es muy importante, que la comunidad internacional acompañe a los familiares y sus organizaciones y al Estado Honduras en este importante esfuerzo por la búsqueda de la verdad, de la memoria, la justicia y la reparación en procura de la no repetición de los hechos.”
Al cierre del foro, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva envió un saludo afectuoso a las integrantes de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que reunidas en 1984 en Caracas, Venezuela, acordaron incidir ante los gobiernos para crear el Día Internacional del Detenido Desaparecido el 30 de agosto, mes en el que se reportaron en distintos años, la mayor cantidad de desapariciones forzadas en Latinoamérica.
Igualmente Bertha Oliva saludó la presencia virtual de los defensores y defensoras de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición forzada, de representantes del movimiento social hondureño, académicos e investigadores que se conectaron a través de las redes sociales.
“Seguimos trabajando y no nos conformamos porque los desaparecidos en Honduras fueron muchos, para muchos es difícil hablar de desaparición forzada cuando el Estado de Honduras no nos ha dado respuesta”, apuntó Oliva.
La Coordinadora General del COFADEH dijo que “no podrá ningún país construir futuro sin la verdad” sobre las desapariciones forzadas.
Oliva señaló que a pesar de haber logrado insertar en el calendario, el Día Nacional del Detenido Desaparecido, eso no les importó a los gobiernos, porque continuaron presentándose las desapariciones forzadas.
“Sin verdad no hay reconcialición, por eso es que no hay perdón ni olvido”, subrayó la reconocida defensora de los derechos humanos.
Finalmente Oliva destacó que durante la pandemia del covid19 en Honduras, se han registrado 12 casos de desapariciones forzadas por razones políticas y lamentó que existan fiscales que no reconozcan estos crímenes de lesa humanidad.
Antes de concluir el foro virtual internacional, Bertha Oliva anunció a los asistentes y a las asistentes, que el domingo 30 de agosto a partir de las 6:00 pm y a través de la plataforma Youtube, el Teatro Memorias que dirige el reconocido actor y dramaturgo hondureñoTito Ochoa, pondrá en escena la obra: La Muerte y la Doncella, escrita por el dramaturgo chileno-argentino, Ariel Dorfman.
Oliva anunció que la proyección de dicha obra es un regalo del COFADEH al pueblo hondureño para continuar con la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición sobre las desapariciones forzadas.
Asimismo la Coordinadora General del COFADEH anunció que el 31 de agosto, la Convergencia contra el Continuismo (CCC) desarrollará una actividad virtual en conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Por el crimen de Argueta Oliva el Ministerio Público acusó a cuatro agentes, siendo ellos Elmer Alexander Castellanos Castillo, Melvin Josué Murillo Gonzales, Ruperto Antonio Rodríguez Zelaya, Alex Manrique Andara Vallecillo, a pesar que en el operativo participaron siete policías.
San Esteban, Olancho.- La Fiscalía del Ministerio Público de Catacamas, Olancho, junto con personal Medicina Forense de Tegucigalpa, realizaron la exhumación del cadáver de Rinel Argueta Oliva, quien murió a manos de agentes policiales cuando realizaban un operativo en el municipio de San Esteban, el pasado 21 de junio.
La exhumación, que fue solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), como acusador privado, se hizo con el objetivo de obtener pruebas que ayuden con la investigación del caso.
Por el crimen de Argueta Oliva el Ministerio Público acusó a cuatro agentes, siendo ellos Elmer Alexander Castellanos Castillo, Melvin Josué Murillo Gonzales, Ruperto Antonio Rodríguez Zelaya, Alex Manrique Andara Vallecillo, a pesar que en el operativo participaron siete policías.
El Ministerio Público no solicitó requerimiento fiscal contra los agentes César Castellano Zúniga, Kilver Miguel Funes Gonzales y José Amílcar Corea Mendoza, este último encargado del operativo y de la delegación policial de San Esteban.
Los agentes que participaron en el operativo están asignados a la Policía Nacional y al escuadrón de élite de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres).
La doctora Ana Molina, junto a un equipo de Medicina Forense, fue la encargada de realizar el proceso de exhumación, quien se hizo acompañar del fiscal Brayan Valle, asignado al Ministerio Público de Catacamas.
También participó el Juez de Paz de San Esteban, Ramiro Turcios, las representantes legales del Cofadeh, Karol Cárdenas y Cynthia Turcios, y los hermanos de la víctima.
Cabe destacar que a las labores de exhumación se presentó como observador, personal de Brigada Internacional de Paz (PBI por sus siglas en inglés).
Con este proceso exhumación es obtener a través de los hallazgos encontrados en la práctica de la autopsia información criminalística médica legal, la cual ayudaría en el proceso judicial y al esclarecimiento del hecho delictivo, señaló la apoderada legal del Cofadeh, Karol Cárdenas.
Asimismo agregó que también se busca obtener aspectos importantes como ser la trayectoria de los impactos de bala, orificio de entrada y salida, y tipo de herida.
Ya exhumación del cuerpo de Rinel Argueta Oliva se realizó al cumplirse tres meses de su asesinato a manos de agentes policiales asignados a la delegación del municipio de San Esteban.
Desde muy tempranas horas de la mañana llegaron los familiares de Argueta Oliva, quienes contribuyeron a tener todo listo para cuando llegara el personal de Medicina Forense, con el fin de que el proceso no fuera tan largo y doloroso, por lo que revivirían al ver cómo era extraído el cadáver de su pariente de la fosa y como se le practicaba en el lugar la autopsia.
Adrián Argueta señaló que su hermano Rinel era el menor, y que además de ser hondureño, también era ciudadano español, y que en ese sentido han realizado acciones ante la embajada de España para que interceda para que el crimen de su pariente no sea una estadística más.
“Nosotros lo que queremos como familiares es se haga justicia, que el crimen de mi hermano no quede en la impunidad. Esperamos que con los resultados de este proceso se recolecte más pruebas que ayuden en la investigación del caso y se pueda ampliar el requerimiento fiscal y acusación contra el oficial José Amílcar Corea Mendoza, encargado del operativo y de la posta, y de quien dicen que fue el que disparó contra mi hermano”, señaló con vehemencia Adrián Argueta.
Añadió que “es un caso que nos sucedió lamentablemente a nosotros, donde elementos que se supone nos dan seguridad y nos cuidan, le quitaron la vida sin justificación a una persona trabajadora cuando se dirigía a sus labores a tempranas horas de la madrugada, y nosotros los que estamos exigiendo es justicia, que no quede en la impunidad.
Adrián es muy claro al señalar que es verdad que este proceso y la exigencia de justicia no le devuelve a su hermano, pero que les da un poco de tranquilidad que la persona que hizo este terrible daño pague.
Indicó que en el pueblo la voz populi expresa que el oficial a cargo, José Amílcar Corea, es el responsable y que al parecer tiene su artimaña para quedar en libertad, que esto se lo han expresado personas muy cercanas al oficial.
Por eso nosotros como familia, expresó Adrián, lo que queremos es que se castigue a la persona que hizo este hecho, porque él comandaba el operativo y con argumentos ilógicos ha señalado que el manejaba la patrulla cuando sucedió el hecho y no creo que él esté autorizado para conducirla.
Adrián fue contundente al señalas que fue un asesinato, porque su hermano no andaba armado y además tenemos información que Rinel ya había sido extorsionado por primera vez por la policía por la cantidad de siete mil lempiras, y deja mucho que pensar y no estamos conforme, hasta que se investigue a la persona que verdaderamente cometió ese delito.
Finalmente expresó su agradecimiento al Cofadeh por el apoyo que le ha dado desde el momento que sucedió el crimen contra su hermano.
Argueta Oliva perdió la vida luego que su vehículo fuera atacado a disparos por agentes policiales, quienes realizaban un operativo a la altura del desvío a la comunidad de Corral Viejo, jurisdicción del municipio de San Esteban, el 21 de junio pasado.
Tegucigalpa.
Al cumplirse tres meses del asesinato de Rinel Eclicerio Argueta Oliva, a manos de agentes policiales en el municipio de San Esteban, Olancho, mañana 22 de septiembre el Ministerio Público exhumará su cadáver, con el objetivo de practicarle una autopsia y obtener pruebas que ayuden con la investigación del caso.
Argueta Oliva perdió la vida luego que su vehículo fuera atacado a disparos por agentes policiales, quienes realizaban un operativo a la altura de la comunidad de Corral Viejo, jurisdicción del municipio de San Esteban.
Por el crimen de Argueta Oliva, el Ministerio Público acusó a cuatro agentes policiales, siendo ellos: Elmer Alexánder Castellanos Castillo, Melvin Josué Murillo Gonzales, Ruperto Antonio Rodríguez Zelaya, Alex Manrique Andara Vallecillo, a pesar que en el operativo participaron siete policías.
Procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Derenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como acusaduras privadas, estarán presentes en la zona, durante la exhumación del joven, asesinado en el marco de aislamiento por la pandemia del Covis-19, donde la policía y militares permanecen en las calles, según el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 de marzo pasado.
Tegucigalpa, Honduras.- Anderson Lesbi Padilla Chicas, fue atacado por la Policía Nacional, en medio de la represión contra la protesta social del 15 de Septiembre. En la Estación Policial Metropolitana #1 (Core-7) no le quisieron recibir la denuncia.
Tras la golpiza que le propinó en contingente policial, el joven que es bombero voluntario, se apersonó a denunciar al Core-7 como se le conoce la Estación Policial ubicada en el barrio Los Dolores, Tegucigalpa, donde le expresaron que ellos no procedían contra sus mismos compañeros.
Padilla de 22 años, salió a bordo de su bicicleta a comprar una bolsa de carbón para uso doméstico. A eso de las 11 de la mañana cuando llegaba al parque central, los policías identificados por la víctima, vestían de camisa azul y estaban al mando de uno que en la gorra tenía una estrella en la gorra. Lo interceptaron, le registraron sus pertenencias y lo golpearon con toletes.
En su relato, Anderson detalló a Defensores en Línea que, ese día había una represión en el centro de Tegucigalpa contra un grupo de manifestantes, cerca de la Catedral.
“Me salió un escuadrón de policías nacionales, de los azules, andaban con escudos, cascos y chalecos antibalas, por lo que no pude verles el apellido, de ser así hubiera procedido más específicamente contra ellos”.
Entonces me hicieron parada. Yo me
transportaba en mi bicicleta, con mi mascarilla, llevaba una bolsa de
carbón y un peine que venía de comprarlo, relató el joven.
Por lo que, a la señal de la policía, se detuvo.
Me preguntaron ¿Qué andaba? Les respondí “mire señor, traigo una bolsa de carbón y un peine”.
Pero la policía quería ver que llevaba en la mochila, y el joven les repitió lo que llevaba y les dijo que no había problema si lo registraban.
Afirmó que otro policía le decía “pegale”- así vulgarmente como ellos hablan, de manera golpeada, no son educados- “pegale un vergazo para deje de estar hablando tanto”. Y les pregunté ¿Por qué me iban a golpear? Si yo no los estaba agrediendo. En ningún momento les he levantado la voz y tampoco los he agredido.
Un policía dijo ¿Cómo? Y quien te está agrediendo. -Usted me está agrediendo, y le está diciendo al otro policía que me pegue, y no tiene ningún derecho a pegarme-.
En ese momento Anderson se presentó ante ellos como voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos y Boys Scouth. Lo que causó una reacción despectiva a los policías, incomodando al joven.
“Y reaccioné ¿Cómo dijo? Es en serio lo que usted me está diciendo, o sea que, ustedes no tienen respeto hacia las otras instituciones del Gobierno que también hacemos una labor, no como la de ustedes que es maltratar, golpear, insultar y poner en peor condición a las personas. La de nosotros es rescatar y salvar vidas”.
Él policía le replicó que, a él no le importa lo que haga, porque nadie le estaba preguntando, mientras el joven exigía que lo trataran de la misma manera con respeto. La Policía Nacional consideró que Anderson no merecía respeto.
Quien comandaba el pelotón en ningún momento interrumpió a los agresores, pese a que se quedó frente al muchacho de pequeña estatura. No les dijo nada con respecto a las agresiones físicas y verbales.
Era el mismo pelotón que estaba reprimiendo a las personas en el centro, afirmó el joven, y ellos aseguraron que yo andaba en la protesta, les dije que me presentarán pruebas de lo que decían.
Anderson, les dijo que sobrevive de su trabajo, y que denunciaría lo sucedido. La respuesta de los policías fue que le podía decir a quien quisiera, porque a ellos les valía, porque los derechos humanos no tienen derecho a nada “Aquí nadie nos va hacer nada y podes ir a la DPI si querés y no nos van hacer nada, porque nosotros tenemos más derechos que todos ustedes”.
“Me golpearon con el tolete en la mera columna por lo cual a mí se me hizo un bulto como sangre coagulada, ahora se me puso como negro y me duele e incomoda para dormir.” Anderson Padilla
Cuando Anderson fue a la Posta Metropolitana #1 y le dijeron que “aquí no te podemos ayudar, aquí ayudamos a la policía a los compañeros de nosotros, no podemos ayudarte a vos”. Ni en el Ministerio Público le aceptaron la denuncia contra la policía agresora.
No tomaron en consideración que Anderson les mostró los golpes y les dijo que necesitaba ayuda porque esas personas –policías- no pueden andar por la calle golpeando a quien se les dé la gana. Entonces el policía que lo atendió le dijo “que a ellos no les interesa eso, y que me fuera a buscar ayuda a los derechos humanos que tampoco iban hacer algo”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registró el 15 de Septiembre, durante la protesta social contra el régimen de Juan Orlando Hernández, 15 detenciones de manifestantes, ataque contra un artista circense y un periodista.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Por tercer año consecutivo, las fuerzas policiales atacaron las acciones de protesta, organizadas por el movimiento popular 15 de septiembre. Este año, dejó personas heridas y detenidas por más de seis horas.
En horas de la noche, del pasado domingo, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, en el anuncio de la calendarización para circular en el territorio nacional, mencionó que para el 15 de septiembre nadie circulaba, por ser día feriado y en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19 en el país.
Lo anterior, no fue un obstáculo para que organizaciones sindicales, magisteriales, estudiantes, así como ciudadanos y ciudadanas, salieran a las calles al son de la pregunta ¿Cual Independencia?
También hubo acciones de protesta en San Pedro Sula, departamento de Cortés y en la ciudad de El progreso, departamento de Yoro.
El recorrido inició en el bulevar Morazán hasta su punto de llegada, el Parque Central de Tegucigalpa. Mientras se daba lectura a los diferentes posicionamientos de las organizaciones, una fila de miembros de la Policía Nacional, empezó a colocarse, en señal de intimidación, frente a la movilización.
Aproximadamente, a las 10 de la mañana, la Policía Nacional lanzó indiscriminadamente gas lacrimógeno y por la fuerza, una vez más, no dejaron concluir en su totalidad los actos conmemorativos desde el movimiento popular, en rechazo a las ceremonias gubernamentales.
El medio de comunicación, Confidencial HN, publicó un video que muestra como desde un restaurante de comidas rápidas, salió el contingente armado para reprimir a la población.
Periodistas, fotógrafos y camarógrafos, tuvieron que resguardarse, sin dejar de captar las imágenes y narrar los hechos que ocurrían en este punto de la capital.
En el Paseo Liquidámbar, varios reporteros gráficos eran amenazados por miembros de la Policía Nacional con “quitarles la mascarilla y rociarles gas”, mientras filmaban y fotografiaban la represión.
En otro punto del parque central, una tanqueta lanza agua comandada por la Policía, roció agua mezclada con un químico de tonalidad azul. Esta acción provocó daños en el joven Cristian Espinoza, de 26 años, quien tuvo daños graves en sus ojos luego del impacto del químico hacia su rostro.
Ciudad y cárcel
Las acciones represivas siguieron por parte de las fuerzas policiales, a las que se unió miembros de la Policía de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), quienes salieron hacia los alrededores del centro de la capital, para detener a los manifestantes. Desde el Parque Valle, al Barrio la Ronda y hacia el Parque Finlay.
En uno de los recorridos, Conexihon Hn junto a otros medios de comunicación, observó que, dentro del pelotón de Policías municipales, andaba con ellos un hombre con vestimenta civil, armado, quien daba ordenes para seguir la represión.
Ambas fuerzas policiales, tenían como misión grabar los hechos, pero también tomar fotografías a quienes se encontraban en el trayecto para reprimir a la población. Varios defensores y defensoras, así como periodistas, fueron “retratados” por el lente policial.
Organizaciones de derechos humanos, alertaron de la detención de ocho jóvenes, quienes fueron trasladados a la Posta Policial del Barrio El Manchén. Recibieron insultos y golpes mientras eran detenidos. Los nombres son: Maruel García, Dariel Rivas, César Juárez, Haslin Rodríguez, Humberto Cálix, Luz García, Óscar García, Marci González y Daniel Macoy, en su mayoría integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En horas del mediodía, fueron liberados.
Mientras que, en las instalaciones de la Jefatura Metropolitana #1, conocida como el CORE-7, otras siete personas fueron detenidas y trasladadas a este punto. Posteriormente, fueron llevadas a la Cuarta Estación Policial de Comayagüela.
De acuerdo con información del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quienes se apersonaron al lugar, las personas fueron liberadas cerca de las tres de la tarde.
Por las acciones de represión policial a la manifestación popular, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se pronunció en sus redes sociales condenando los hechos e instaron a las autoridades hondureñas, iniciar una investigación que determine las responsabilidades que correspondan.
“En el contexto de las manifestaciones de hoy, OACNUDH recibió información preocupante sobre un posible uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes por parte de cuerpos policiales”, escribió la oficina de Naciones Unidas, en uno de tres mensajes en su cuenta de twitter.
Al termino de la nota, se conoció de la agresión del fotoperiodista de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Orlando Sierra, a quien le fue lanzada una bomba lacrimógena en su abdomen.
Por tercer año consecutivo, la historia del país se escribe con el fusil, la bota policial y un régimen que impone silencio.
Tribunal emite orden de captura contra capitán Santos Rodríguez Orellana
Tegucigalpa.- Un juez emitió hoy orden de captura contra el ex capitán Santos Rodríguez Orellana, querellado por 15 delitos de calumnia, por parte del ministro de Defensa y ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General en situación de retiro, Fredy Santiago Díaz Zelaya.
El tribunal determinó la acción en vista que Rodríguez Orellana no se presentó a las audiencias de conciliación previstas para este caso.
El ministro de Defensa, Fredy Santiago Díaz Zelaya interpuso una querella por 15 delitos de calumnia contra Rodríguez Orellana, luego de que el oficial; que fue separado del instituto castrense, manifestara en varias entrevistas a medios de comunicación, que Díaz Zelaya habría participado en actividades de narcotráfico.
El pasado 2 de septiembre, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la querella presentada por la defensa del ministro de Defensa contra el capitán Santos Orellana por supuestas calumnias. El tribunal programó audiencia de conciliación el lunes 7 de septiembre a las 9:00 am, pero Rodríguez Orellana no se presentó.
Rodríguez Orellana brindó declaraciones afirmando que Díaz Zelaya habría participado en la construcción de pistas clandestinas para el tráfico de droga y formar parte de estructuras criminales, por lo que su defensa señaló que dichas aseveraciones son falsas y dañan la imagen, honor e integridad de su representado.
“Yo le digo al generar Díaz Zelaya que aquí está el capitán Orellana en cualquier tribunal me voy a presentar con la cara en alto porque no le he robado a Honduras y he dicho la verdad yo no he estado involucrado en nada del narcotráfico, yo no fui jefe del Estado Mayor Conjunto cuando decomisamos avionetas, helicópteros, lanchas y todo era vinculado al hermano del presidente; entonces ¿quién es el responsable? Yo no era el jefe de las Fuerzas Armadas”, comentó en su oportunidad el capitán.
De no haber conciliación en este caso, se llevaría a cabo un juicio oral y público, en donde el ex oficial tendrá la oportunidad de demostrar ante el tribunal, que todas sus denuncias expuestas en medios de comunicación y redes sociales, están debidamente respaldadas.
Tras conocer el anuncio de la orden de captura, la abogada Jennifer Bonilla, esposa del capitán Rodríguez Orellana, manifestó que no es cierto que se desconozca el domicilio de su marido o la oficina donde ella trabaja para hacer una citación.
“Lo que pasa es que ellos quieren hacer el mismo camino que hicieron con David Romero, en eso estamos claros. Nosotros vamos a ver el día de mañana en la Corte qué es lo que está pasando, porque en ningún momento han citado al capitán. Ellos lo que quieren es meterlo preso y me imagino que hasta matarlo como lo hicieron con David Romero”, advirtió la abogada Bonilla.
Bonilla señaló que “estamos peleando con un monopolio, ¿a quién pertenece el poder judicial?, se preguntó. Al tiempo que señaló que al mismo Consejo de Seguridad y Defensa, donde pertenece Díaz Zelaya, donde pertenece Juan Orlando Hernández”
La querella y la orden de captura contra Santos Rodríguez Orellana se presenta en momentos cuando el pueblo hondureño ha estado pendiente de la individualización de la pena contra Juan Antonio “Tony” Hernández (hermano del jefe del régimen de Honduras, Juan Orlando Hernández), encontrado culpable por trasiego gigantesco de drogas hacia los Estados Unidos.
El pasado 10 de septiembre de 2020, la Corte Federal del Distrito Sur de New York, pospuso por sexta ocasión la lectura de la pena que se impondrá a Hernández y la reprogramó para noviembre próximo.
Juan Antonio “Tony” Hernández fue diputado en la Cámara Legislativa por el Partido Nacional, fue detenido el 23 de noviembre de 2018, en el aeropuerto de Miami y declarado culpable por cuatro delitos relacionados al narcotráfico en octubre de 2019.
“La verdad no se puede querellar”, capitán Santos Orellana
- 24/09/2020
Luego de la audiencia de conciliación entre el capitán Santos Orellana y el actual ministro de Defensa Fredy Díaz Zelaya, no se alcanzó acuerdo de negociación entre ambas partes y por ende la causa de querella de Díaz contra Orellana pasa a juicio oral y público.
Santos Orellana se hizo presente a la audiencia programada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual dejó claro que la verdad no se puede querellar y que es importante hacer el llamado al fiscal general y al Ministerio Público, para que procedan contra las personas acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en actividades del crimen organizado y narcotráfico.
Orellana es procesado por el actual ministro de Defensa, Fredy Díaz Zelaya, quien ha interpuesto más de 15 querellas en su contra por las acusaciones que en su momento ha hecho Orellana de que altos mandos de las Fuerzas Armadas están vinculados al narcotráfico.
Santos Orellana dijo a Radio Progreso que sus denuncias han sido amparadas y ratificadas por al Departamento de Justicia específicamente en la causa contra el hermano de Juan Orlando Hernández, el exdiputado Tony Hernández.
El capitán recordó todos los puntos expresados en el juicio contra Tony en el que las acusaciones de varios narcotraficantes, en calidad de testigos, mencionaron a funcionarios hondureños de estar íntimamente vinculados al narcotráfico y a cárteles regionales de lavado de activos.
“Yo invito al fiscal general para que empiece a levantar requerimientos fiscales contra todos los coroneles y generales involucrados en narcotráfico. Debe de investigarse todo esto y por ahí debe comenzar la justicia no por querellarme, se debe aplicar la Ley, por eso le pregunto al fiscal por qué no actúan contra ellos”, enfatizó.
Orellana siguió expresando al salir de la audiencia: “Imagínese que el abogado acusador de los coroneles es el mismo que me acusaba antes, esa es la realidad, por eso como hondureño yo he denunciado la verdad y la verdad no se puede querellar”.
Santos Orellana culminó: “vamos a seguir luchando para rescatar a Honduras. Las pruebas las vamos a dar a conocer poco a poco”.
Al finalizar la audiencia el ministro de Defensa Díaz Zelaya, salió con fuerte custodia militar y no quiso dar entrevistas a medios de comunicación. Díaz ha dicho en reiteradas ocasiones que a través del proceso judicial contra Orellana busca salvar su honor y demostrar que no está involucrado en actos ilícitos.
Por su parte su apoderada legal, la abogada Rixa Antúnez, manifestó que ante la falta de acuerdo en la audiencia de conciliación, lo que procede es elevar la causa a juicio oral y público.
“Esperábamos una propuesta de conciliación y luego nosotros la analizaríamos, pero desafortunadamente eso no sucedió, ahora la causa tendrá que ir a Juicio”, expresó en declaraciones a medios de comunicación la abogada.
Entre tanto, el Poder Judicial a través de sus cuentas oficiales en redes sociales se refirió al caso: “En Audiencia realizada este día, partes procesales no llegaron a conciliar la situación planteada en querella interpuesta por el Ministro de Defensa Fredy Díaz Zelaya en contra del capitán.
De igual manera, la conciliación resultó fallida en la causa que contra el exoficial del Ejército interpusieron los militares activos Juan Girón Reyes y Juan Mejía Espinoza también por el mismo delito. El Juez comunicará oportunamente las siguientes actuaciones procesales”, expresó el Poder Judicial.
Orellana también enfrenta querellas por parte de los militares Juan Girón y Juan Mejía. Por ahora las partes involucradas quedan a la espera de las notificaciones que en las próximas horas harán los tribunales de justicia.
Tocoa, Colón (Conexihon).- A un año de encarcelamiento de ocho defensores de la Comunidad de Guapinol en el Bajo Aguan al norte de Honduras, organizaciones nacionales e Internacionales, defensores de Derechos Humanos y pobladores de la comunidad exigen su liberación.
Bajo la campaña #LibertadParaGuapinol emprendida desde la comunidad de Guapinol, se exige la liberación de los ocho defensores del ambiente privados de libertad desde hace un año de manera arbitraria.
La campaña muestra citas directas de los detenidos los cuales exponen sus sentimientos por su lucha ambientalista.
El primer encarcelado por defender el río Guapinol y el mayor de todos es Jeremías Martínez de 64 años de edad, quien se encuentra detenido en la ciudad de La Ceiba en el departamento de Atlántida, quien expresa: “Soy padre de familia y miembro de una empresa campesina del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), estoy en la carcél desde el 8 de diciembre de 2018 por defender los ríos Guapinol y San Pedro en Honduras”.
Los otros siete detenidos fueron sentenciados el 01 de septiembre del 2019 y se encuentran en la penitenciaria de la ciudad de Olanchito en el departamento de Yoro, uno de ellos es Orbin Hernández quien tiene 30 años, dijo “Soy coordinador del Comité de Defensa del Ambiente en Sector San Pedro, Honduras, donde vivo, estoy en la cárcel desde 1 de sept 2019 por defender los ríos que dan agua a mi comunidad, soy maestro y bachiller en promoción social”.
Por su parte Ewer Cedillo de 28 años de edad, manifestó que: “Desde 1 de sept 2019 estoy en la cárcel en Honduras como castigo por defender el agua que abastece a mi familia. Soy mecánico automotriz, originario de Guapinol y comprometido con la comunidad”.
José Abelino Cedillo de 36 años, expresa, “Vivo en Guapinol con mis hijas y esposa. Soy barbero y miembro de la Pastoral Familiar en la iglesia Católica” agregó.
“Soy padre de familia y abuelo, me dedico a la construcción y agricultura en Guapinol, donde he vivido toda mi vida” cita, Porfirio Sorto de 48 años.
Arnol Aleman de 24 años, quien es agricultor en el Sector San Pedro donde vive con su esposa y bebé, recalca “Estoy encarcelado en #Honduras desde el 1 de sept 2019 por defender los ríos que dan agua a mi comunidad”.
También Kelvin Romero de 31 años de edad detenido junto a sus compañeros, expresó: “Soy padre de familia y propietario de un pequeño medio de producción turístico en Guapinol”.
Finalmente, Daniel Márquez quien tiene 42 años y que igual que los demás está encarcelado por defender los ríos que dan agua a la comunidad expresó “Estoy encarcelado en Honduras, soy miembro de la Junta de Agua de Guapinol y ex migrante en los EEUU, regresé a mi comunidad para ser servidor de ella”.
El inicio del conflicto
Reynaldo Domínguez, presidente de la Junta de Agua de la comunidad de Guapinol, narró a CONEXIHON que el conflicto lo origino el Estado al otorgar dos concesiones en el Parque Botaderos Carlos Escaleras, zona protegida donde emana agua para los departamentos, Colón, Olancho y Yoro”.
“El Parque fue declarado vía decreto en el Congreso Nacional en el 2012, lo raro es que en el 2013 fue modificado, y curiosamente allí donde esta esa modificación es en la zona núcleo donde están dos concesiones de 100 manzanas de tierra cada una, son de Inversiones Los Pinares” Añadió Dominguez.
Además, Domínguez dijo que las actividades de estas empresas dieron paso a sedimentar las aguas de los ríos San Pedro y Guapinol que no eran aptas para consumo humano, motivo para iniciar una lucha desde las comunidades en protesta para evitar que se diera paso de ensuciar el agua.
“Dichos proyectos no fueron socializados ni hubieron cabildos abiertos, por esa lucha hay mucha estigmatización contra los compañeros, judicializados y posteriormente meterlos presos ese es el origen que atenta contra la vida de los habitantes de las comunidades” denunció, Domínguez.
Por su parte, Juan López Coordinador Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, defensor del ambiente y uno de los criminalizados, opinó sobre el tema “Hay seis concesiones otorgadas, pero solo dos en funcionamiento que están otorgadas a la Empresa Inversiones Los Pinares vienen desde finales del año 2013, le dieron permiso de operación en 2014 y aproximadamente en 2015 les dieron la licencia ambiental, al parecer la municipalidad actuó antes que la institución Estatal Mi Ambiente”.
López, comentó “La lucha comienza en abril del 2018 por ser una comunidad con bastantes habitantes y por tener un modelo de desarrollo económico muy considerable ha tenido la fuerza para mantenerse, esa protesta le ha permitido al sector Guapinol, San Pedro y otras a no perder sus ríos, el ambiente y la paz en las comunidades”.
Requerimiento contra otros defensores de Guapinol
La judicialización comenzó en septiembre del mismo año dijo López, el Ministerio Público levantó el primer requerimiento fiscal y luego en enero del 2019 fue el siguiente requerimiento fiscal que están en expediente de jurisdicción nacional.
“Hasta ahora hay 22 personas que se han presentado voluntariamente al proceso judicial de ellas 13 salieron en el 2019 y en agosto se presentaron 9 de los que hay siete presos más un compañero que viene privado de libertad desde diciembre de 2018” apuntó, López.
Al respecto, Leonel George es miembro del Comité Municipal de Tocoa, defensor y comunicador, aclaró “Hay un proceso complicado, largo, difícil en el que está muy claro que no ha sido tratado en base a ley sino en base a otras decisiones que están marcadas por el interés y por la política de quienes gobiernan y de quienes quieren explotar los recursos”.
George, recordó el proceso de traslados de cárceles en el que las autoridades injustificadamente realizaron contra los defensores del ambiente apresados, “En la audiencia de presentación de imputados se les envió con detención judicial a Támara, luego van a la audiencia inicial donde hubo una detención judicial de detención preventiva la cual no está relacionada con los casos que a ellos se les acusa, la jueza ordena el traslado a Olanchito y estuvieron tres días desaparecidos porque supuestamente de Támara habían salido, luego aparecieron por las exigencias y presiones”.
Los defensores expresaron que ahora la Corte de Apelaciones emitió resolución para que se revocara los sobreseimientos definitivos contra cinco compañeros que eran del primer grupo los cuales se presentaron voluntariamente.
También dijeron que hay una intención y una clara finalidad de llevarlos a prisión y que con ello queda evidenciado que quieren castigar destruir una lucha comunitaria un movimiento que ha sido reconocido como defensores de Derechos Humanos y por allí la empresa está presionando y lamentablemente la corte se presta para esos servicios y fines.
Cabe mencionar que Conexihon realizó y publico una nota donde la comunidad de Guapinol denunciaba sobre posibles requerimientos para defensores de Guapinol.
Algunos de los defensores del medio ambiente de Guapinol gozan de medidas cautelares de la CIDH y del Mecanismo de Derechos Humanos sin embargo expresaron que no han recibido comunicación del mecanismo de protección, a pesar que se ha puesto en conocimiento la problemática.
“Se ha vuelto una instancia para decirle al mundo que hay un mecanismo de protección que le da seguimiento y acompaña a los defensores pero en la práctica eso no es real, no se cumple simplemente lo que ofrecen es patrullaje y que hace una patrulla que pasa una vez solo para tomarse la foto para que firme el libro eso no es efectivo ni le va a garantizar protección o seguridad a nadie, además la misma policía es quien persigue y reprime y vigila a los defensores no hay ninguna confianza” detalló, George.
Se encuentran vulnerables y sin ninguna garantía, indicó, George “Quienes somos beneficiarios de medidas de protección estamos vulnerables y sin ninguna garantía, quienes gobiernan no respetan ni reconocen la labor porque para ellos el ser defensor somos opositores al desarrollo, al gobierno y nos consideran como criminales”.
Libertad para Guapinol
Los defensores del medio ambiente y organizaciones de DDHH exigieron la liberación inmediata de los defensores que están presos por defender el río Guapinol.
Domínguez, exclamó “El clamor total de las comunidades es liberar a los compañeros puesto que ellos se han convertido única y exclusivamente en defensores de los ríos San Pedro y Guapinol, eso no lo consideramos delito”.
Conexihon también visibilizó el informe que emitió el mes pasado la Universidad de Virginia en el cuál instó al Estado hondureño a liberar inmediatamente a ambientalistas de Guapinol.
Finalmente George, exigió la libertad para ocho compañeros y también exigimos que cese la persecución judicial contra los defensores y defensoras.
En crisis económica y emocional están familias de presos por defender río Guapinol
- 25/09/2020
Tristeza, impotencia, precariedad económica y emocional, sobresale en la vida de las familias de los ocho defensores del ambiente de Tocoa, Colón, quienes permanecen privados de libertad acusados de una serie de delitos.
“Nosotros somos víctimas de la injusticia, el único delito que han cometido nuestros familiares, es luchar contra la empresa minera Los Pinares, que contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que nacen en el parque nacional Carlos Escaleras, lugar donde está la concesión”.
Lo anterior lo manifestó Emma Soriano, madre de unos de los afectados. “Exigimos que los dejen en libertad porque están pagando lo que no deben. Para nosotros como familia ha sido un año duro. Yo duermo poco. Mi hijo dice que no me preocupe, pero, uno de madre sufre y más cuando sabe que es inocente de lo que se le acusa”, manifestó.
Fue el 1 de septiembre de 2019 que José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexis Cedillo, se presentaron de forma voluntaria ante el juez, mismo que los declaró inocentes de algunos delitos. Pero, por otros delitos no graves se les decretó un auto de formal procesamiento. El Ministerio Público los acusa de ser responsables de varios delitos: robo, usurpación, incendio agravado, daños, secuestro y asociación ilícita.
Antes que ellos, en febrero del mismo año, ya se habían presentado voluntariamente otros 5 líderes ambientales de Tocoa, acusados de los mismos delitos. Pero, después de una lucha legal, al cumplirse un mes recibieron sobreseimiento definitivo. Sin embargo, recientemente fue revocado y hoy corren el riesgo de volver a prisión.
En la actualidad siete defensores permanecen privados de su libertad en el centro penal de Olanchito, Yoro. Mientras por el mismo caso Jeremías Martínez, está tras las rejas desde diciembre de 2018 en la granja El Porvenir de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.
“Zozobra comunitaria”
“En Colón vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales estamos en lucha contra la minería, pues la familia Pérez Facussé, (dueña de la concesión minera) llegó a nuestras comunidades a hacer estragos y a causar mucho sufrimiento”, Indicó Soriano.
“Por ejemplo mi hijo Arnold Alemán, tiene una niña pequeña y después de su privación de libertad su esposa la está pasando muy mal. Nosotros como familia tenemos que estar apoyándola para que pueda salir adelante. Le pedimos a Dios por la vida y libertad de todos los presos”, indicó entre lágrimas Emma Soriano.
Dijo que, como comunidades saben que si se explota la mina será afectado todo el departamento de Colón. Aunque los más perjudicado serán los municipios de Tocoa y Sabá, y el impacto se extendería a Santa Fe, Trujillo, y Bonito Oriental”.
Por su parte Dilma Cruz, esposa de Porfirio Sorto, indicó que la situación es fácil porque toda la responsabilidad de la familia recae sobre ella. “Tenemos hijos pequeños que mantener y él era el único proveedor. Ahora me toca difícil. Mi compañero de hogar hace mucha falta. El encierro y la distancia también nos matan a nosotras también”, indicó.
Manifestó que ha sido un año bastante difícil, y “lo peor es cuando los hijos peguntan ¿cuándo va a salir papá? ¿quiero ver a mi papá? A uno de madre se le vienen las lágrimas y no nos queda de otra que decirles que pronto va a salir libre”, acotó.
A reglón seguido aseguró que, “en casa no perdemos la esperanza que salgan libres porque todos son inocentes. Yo responsabilizo al Estado por nuestra situación económica precaria. Mientras mantienen encarcelados a nuestros familiares por estar en contra de la minería, la misma institucionalidad está permitiendo que la empresa continúe con el desarrollo de sus operaciones”.
Del mismo modo Elida Días, esposa de Daniel Marques, manifestó “estoy preocupada porque Daniel pasa enfermo. Esta situación es angustiante y uno se siente impotente porque podemos hacer poco. Lo que si tenemos claro es que defender los ríos y la montaña no es ningún delito. Por eso pedimos que, por favor los dejen en libertad. Sólo así acabará nuestro sufrimiento”.
Los líderes y lideresas comunitarias tienen claro que, si la minería continúa en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.
El país más peligroso para el activismo ambiental
En años anteriores la organización internacional Global Wiyness, destacó a Honduras como “el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental», por la alarmante cifra de asesinatos que desde el 2010 hasta 2017 se registraban 120 hondureños y hondureñas víctimas mortales por oponerse a la construcción de represas, la minería, tala de bosques y expropiación de tierras e invasión de territorios.
En 2016, Berta Cáceres fue asesinada por oponerse a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el río Gualcarque. A más de cuatro años de su crimen, organizaciones nacionales e internacionales denunciando la falta de justicia teniendo pruebas de los autores intelectuales del asesinato.
Las concesiones de proyectos hidroeléctricos y mineros, han sido
aprobadas por diputados y diputas del Congreso Nacional, sin la
respectiva consulta previa, libre e informada. Lo que deja como
consecuencia la muerte de hombres y mujeres que alzan su voz ante la
amenaza de las montañas, los ríos y la vida misma de las comunidades.
Defensores de Guapinol + Berta Caceres reciben nominación por premio Sakharov
El Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo ha propuesto a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.
Berta Cáceres era una valiente ecologista y defensora de los derechos humanos de la comunidad indígena lenca de Honduras antes de ser asesinada en marzo de 2016. Cáceres fue cofundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Durante más de dos décadas se resistió a la apropiación de tierras, a la tala ilegal y a los megaproyectos como los proyectos hidroeléctricos de Agua Zarca, por los que fue asesinada.
Los defensores del medio ambiente de Guapinol*, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro. Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.
El eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas, España) dijo que la nominación puede llamar la atención sobre sus casos, el imperativo de un trato justo y la necesidad de justicia para las luchas que representan:
“Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol representan a todos los defensores de la tierra y los territorios y los pueblos indígenas. Ejemplifican cómo un Estado y los poderes económicos utilizan redes de complicidad para criminalizar a organizaciones de base como el COPINH y la COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares de Guapinol) y asesinar a activistas como Berta Cáceres, en beneficio del capital transnacional.
“Defender la tierra y los territorios es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha asignado a Centroamérica. Actuar contra el cambio climático es apoyar y proteger a quienes luchan por su conservación”, concluyó Urbán.
A tres años de actos de barbarie policial en la UNAH: Estado nos ha castigado por defender derechos humanos y dejó en libertad a los oficiales torturadores
Tuesday, 08 September 2020 23:09 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Un proceso abierto por encubrimiento y usurpación por ejercer su labor como defensores de derechos humanos, son las secuelas de un sistema de justicia selectivo que dejó en libertad a los oficiales torturadores y mantiene abierto un proceso penal contra tres personas defensoras, que podrían ir hasta un juicio oral y público por ejercer su derecho a defender los derechos humanos, dijo Ariel Díaz, quien el 08 de septiembre de 2017 fue torturado y encarcelado por proteger a estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
Tres años después del ataque violento a su integridad física y a la de estudiantes con gas lacrimógeno rociado a su rostro , amenazas, toletazos y otra serie de agresiones para después ser llevados presos acusados por el Ministerio Público y la policía de encubrimiento, las secuelas sicológicas, físicas y legales, dejan claro que el Estado de Honduras pretende estorbar la labor de defender los derechos fundamentales en el país.
Ariel Díaz, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH), explica la difícil situación trascurrida a través de un largo proceso contra ellos pero la libertad definitiva para los violadores de sus derechos. La Juez Gabriela Gallo otorgó sobreseimiento definitivo a los oficiales de la Policía Nacional, Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma.
Escuche el siguiente audio donde Ariel Díaz puntea las irregularidades :
Tratos crueles ocurridos el 8 de septiembre del 2017
En el contexto de lucha estudiantil, hace tres años los defensores enfrentaron varias situaciones de riesgo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde la ex rectora Julieta Castellanos en complicidad con el Ministerio público y las fuerzas policiales, impusieron un régimen de criminalización y persecución a quienes se oponían a las reformas universitarias.
El 08 de septiembre del 2017, un grupo estudiantil mantenía una manifestación pacífica que fue reprimida, defensores de derechos humanos recibieron la alerta de un grupo de estudiantes que había quedado atrapado después del desalojo violento. Estaban rodeados por la Policía Nacional Preventiva y guardias de seguridad, y temían por su vida.
Díaz y la defensora Hedme Castro, de ACI-Participa se movilizaron en un bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), para sacar al grupo estudiantil de las instalaciones, mientras adentro se encontraban Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico por los Derechos Humanos y Tomy Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.
Carlos del Cid, Ariel Díaz y Tomy Morales , fueron acusados de encubrimiento, pero a ella le agregaron el delito de atentado contra la seguridad el Estado. A los estudiantes se les acusó de usurpación.
Pasaron en una celda policial por más de 24 horas hasta que fueron llevados ante un juez. Estaban golpeados gravemente. A finales de septiembre un juez les dictó sobreseimiento definitivo pero el Ministerio Público apeló y la Corte de Apelaciones les dio el sí para reabrir el caso, mientras la apelación de las víctimas aún está sin resolver para que los altos oficiales sean castigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas.
Carlos del Cid perdió gran parte de la visión de uno de sus ojos, mientras Tomy Morales golpeada y gaseada, fue objeto de vigilancia y persecusión constante lo que la obligó a salir al exilio.
La Mesa de Derechos Humanos en Honduras, una instancia que nace por las consecuencias de este caso contra la labor de los derechos humanos, se pronunció durante todo el proceso en contra del Estado que criminaliza la labor de defender derechos fundamentales en el país.
Producto de las acciones coordinadas entre las organizaciones que integran la Mesa, y la presión porque el Ministerio Público se negaba a iniciar un proceso judicial contra la alta oficialidad policial, es que se logró que los responsables estuvieron en el banquillo de los acusados unos días mientras duró el juicio, durante el cual gozaron de todos los privilegios incluso de tomar fotografías y videos de los defensores que estaban observando la audiencia y de las víctimas que escuchaban con asombro como la jueza Gallo se esmeró en defender el autoritarismo y condenó la defensa de los derechos humanos.
La criminalización de la protesta sociales ha dejado unos 200 estudiantes con expedientes penales y a tres de ellos, Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, condenados a tres años de prisión, interdicción civil, trabajos forzados en la cárcel y deducción de responsabilidades civiles para que paguen por daños que la UNAH no acreditó. De esa sentencia se enteraron apenas hace una semana porque la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia mantuvo escondida la decisión aduciendo que solo estaba en audio que no podía transcribir por exceso de carga judicial.
Por Karen Janeth Duarte
Durante la fiebre bubónica o peste negra en el siglo XIV, la población europea consideró importantes los rituales para limpiarse del pecado que había provocado dicho castigo. La gente se autoflagelaba y hacían procesiones para invocar la protección divina. Durante la pandemia actual, el gobierno hondureño también consideró esta estrategia medieval y dispuso recursos del escaso dinero público para replicarla. En el mes de marzo y abril dos helicópteros sobrevolaron las ciudades del territorio hondureño. Primero con la imagen de la Virgen de Suyapa y el cardenal esparciendo agua bendita, y unas semanas más tarde reconocidos pastores evangélicos desde los cielos clamaron por misericordia y esperanza para la población.
El ritual provocó esperanza ante el miedo por el COVID-19 entre las y los creyentes. Sin embargo, no lo suficiente para abstenerse del click-activismo en las redes sociales, demandando respeto y justificando la acción que alimenta su fe, ya sea católica o evangélica.
Con casi seis meses de confinamiento, probablemente éste ha sido el acto que ha generado más reacciones entre la diversa población hondureña. Es comprensible que la población se exalte e indigne cuando sienten que no hay respeto y tolerancia para su fe, y además se amenaza su derecho a la libertad de culto. Sin embargo, hay más derechos violentándose y con necesidad por defender.
El pasado mes de julio, desconocidos con uniformes de la policía secuestraron a cuatro líderes y defensores garífunas en la comunidad del Triunfo de la Cruz. Las autoridades gubernamentales siguen en silencio y sin respuestas sobre este caso, y de manera más general, sobre su evidente incapacidad para proteger las vidas de los diversos grupos étnicos que reclaman por el respeto de sus territorios y sus derechos colectivos.[1] Tan lamentable suceso fue menos controversial que el gasto para brindar un poco de esperanza desde los cielos, a pesar de suceder unas semanas después del mundial y emblemático #blacklivesmatter. Aunque, a juzgar por las reacciones en las redes sociales, parece que importan más las vidas de las y los afrodescendientes en otros países que las que viven en Honduras. O quizás defender el derecho a la vida importa más en otras sociedades, mientras que en la nuestra con la libertad de culto basta.
Las violaciones a los derechos de la diversidad étnica son históricas. En enero asesinaron a un líder tolupán y en las últimas décadas han asesinado a 40 líderes[2]. Siguen en impunidad los asesinatos de líderes indígenas que tenían medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[3], entre estos dos líderes tolupanes y la ambientalista Berta Cáceres, quienes sufrieron amenazas por la defensa de los derechos indígenas, y por su patrimonio cultural y natural. Según las investigaciones, los responsables de dichos homicidios son actores de estructuras de poder que actúan al margen de la ley y están patrocinadas por las elites políticas y económicas, y por las fuerzas armadas[4].
A dichas violaciones se suman las medidas restrictivas del confinamiento que revelan las condiciones de precariedad histórica y vulnerabilidad de las poblaciones indígenas en Honduras, bajo la total inoperatividad, negligencia y perversión de las instancias gubernamentales. Las medidas que se han tomado durante el COVID-19 no incluyen la particularidad de la población étnica y, pueden ser un riesgo que evidencie la práctica del irrespeto a los derechos humanos. Según el Relator especial de la ONU[5], se debe “asegurar que estos momentos excepcionales no exacerben o justifiquen la impunidad por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”. La desaparición de los lideres garífunas es casi una profecía cumplida.
Ante estas violaciones y la necesidad de protección de los actos provocados por el abuso de poder y la corrupción gubernamental, ¿dónde está esa población defensora de la libertad de culto presta a demostrar su click-activismo para demandar el respeto, tolerancia y ejercicio de un Estado de Derecho donde se demuestre que todas las personas nacen en condiciones de igualdad ante la ley? ¿dónde están esas voces llenas de fe y dispuestas a reclamar la tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos? No sirve de mucho pelar por el derecho propio si se limita el colectivo.
Esas voces llenas de fe, pero en silencio ante las violaciones a los derechos humanos de otras personas no ayudan en la construcción de la justicia social, y menos de una nación con proyección de futuro. ¿Es posible que la demanda a la tolerancia o respeto solo nazca cuando las personas nos sentimos afectadas directamente, o peor aún, cuando la demanda por vivir sin violencia es virtual, lejana o parte de un #demoda que no demande ninguna acción en la vida terrenal?
Como dice el filósofo español Fernando Savater[6], “ahora nos toca elegir entre la realidad virtual y una realidad presente, y esa realidad lejana nos hace ver la realidad presente como un espectáculo”. Es decir, ante el abuso y la violencia que cotidianamente ejercen las estructuras del Estado contra las manifestaciones públicas, las demandas por mejores condiciones de vida, el respeto a la diversidad y al patrimonio natural y cultural, no es casualidad que el resto de la población se conforme con ser espectadora.
¿Qué acciones nos unen como sociedad hondureña para luchar y manifestarnos en contra de las violaciones de derechos humanos? ¿Acaso son las que nos hacen feligreses o conciudadanos? La sensibilidad, solidaridad y empatía hacia las otras personas es la que genera un vínculo con el prójimo y da frutos basados en la fe.
Si somos ciudadanas y ciudadanos, los silencios no son congruentes como respuesta ante las violaciones y asesinatos de nuestros conciudadanos de las minorías étnicas. ¿Qué somos? Quizás es que no somos, o solo somos una población que ha perdido la capacidad, si alguna vez la tuvimos, de pensar en el otro o la otra que también somos.
La contante exposición a las violencias, y la impunidad que las caracteriza, parece habernos inmunizado ante ella. Es preciso cortar de raíz con la tolerancia a las violencias por cualquier condición, es decir por diversidad étnica o sexual, y no solo por diversidad de la fe. Se construye ciudadanía que nos hará una nación en el respeto a la diversidad, no en la tolerancia hacia la violencia contra la diversidad.
[1] https://confidencialhn.com/
[2] https://es.mongabay.com/2020/
[3] https://www.efe.com/efe/
[4] https://es.insightcrime.org/
[5] https://www.ohchr.org/SP/
[6] Savater, Fernando, Ética de Urgencia, Buenos Aires 2016, pág. 23,
Tras los alardes patrioteros oficiales, el régimen ratifica su entreguismo con la venta de nuestra soberanía y territorio, criminaliza a defensores de los bienes comunes, esconde la información pública y atenta contra la libertad de expresión. Son tiempos de patria aplastada, pero también son tiempos para la lucha organizada desde la cual crezcamos en compromiso que conduzca a sacudirnos de los traidores que hoy tienen capturada la patria, y la venden como han vendido sus conciencias. Y desde nuestro espíritu de rebeldía, elevamos nuestra voz en este Vigésimo Octavo Manifiesto Público:
1.- Condenamos la decisión de esta narco dictadura de subastar nuestro territorio nacional a través de la Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo. Esta ignominia nos ha de estremecer y provocar que todas las organizaciones del norte, sur, occidente y oriente, nos unamos en espíritu y esfuerzos comunes y conjuntos en rechazo de estos vende patrias. No podemos quedarnos viendo de lejos que nuestro territorio se lo repartan y conviertan en pequeños estados, con pedazos bajo control de extranjeros y oligarcas.
2.- Alertamos que en medio de la pandemia, el régimen y empresarios extractivistas han arreciado el acoso a las comunidades y la criminalización de sus líderes, mientras no existe o se niega información oficial sobre el paradero de los hermanos garífunas desaparecidos, y nuestros hermanos defensores de Guapinol siguen en la cárcel como prisioneros políticos.
3.- Elevamos nuestra voz de condena a la burla de la que son víctimas los médicos a quienes el régimen contrató para atender la emergencia sanitaria con la promesa de darles permanencia, hoy en plena pandemia les cancelan sus contratos. Con la misma fuerza condenamos la masacre laboral desarrollada al interior de la Universidad nacional autónoma, donde más de mil trecientos profesores por hora fueron suspendidos. Exigimos el reintegro de los médicos y profesores.
4.- Alertamos que las mujeres se han llevado la peor parte de la pandemia, según datos de las organizaciones de mujeres, en lo que va del año van 224 femicidios, 327 violaciones, 331 intentos de violación y 439 casos de acoso sexual. En el mismo periodo se registraron 65 mil llamadas para denunciar casos de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. Condenamos todo tipo de violencia contra las mujeres, al tiempo exigimos investigación criminal y no dejar en impunidad a los responsables.
5.- Denunciamos que mientras el régimen aumenta los recursos en policía y militares, va reduciendo el presupuesto para las escuelas y hospitales. El mismo gobierno inteligente que esconde toda la información estratégica con la Ley de secretos oficiales, abre avenidas para que operen las transnacionales y el crimen organizado.
6.- Exhortamos a todas las organizaciones y espacios articuladores a sostener la lucha, abrirse a nuevos espacios y a construir puentes entre todas las expresiones de lucha. Cada organización por su cuenta, hará acciones nobles, pero no saldrá de sus limitaciones; solo desde la resistencia firme, pacífica y articulada avanzaremos en este proceso que nos conduzca a la liberación de la dictadura y a saborear la dignidad y la alegría de todo nuestro pueblo amado.
Honduras, septiembre de 2020
El fantasma de la basura procedente de Guatemala, que arrastra el río Motagua hacia las paradisíacas playas de Omoa, Cortés, en el norte de Honduras, ha resurgido en tiempos de pandemia y las lluvias lo han acentuado.
El director del proyecto Pro-Río Motagua de la Secretaría del Ambiente (MiAmbiente), ingeniero, Kessel Rosales Menjívar, indicó que se han estado sosteniendo reuniones entre los gobiernos de Honduras y Guatemala, liderados por ambas cancillerías, con el fin de definir la ruta de trabajo para resolver el problema.
Añadió que Guatemala ha estado trabajando en la instalación de una barda industrial que se inauguró a principios de año y que ha estado funcionando, sin embargo, con el inicio de las lluvias, la capacidad de la barda ha sido superada por la cantidad de residuos que arrastra el río Motagua.
Asimismo, se ha estado trabajando en la eliminación de los botaderos a nivel de los municipios de la cuenca de Guatemala a fin de reducir el impacto que se puede tener, justificó.
Indicó que esta semana se han reunido con el alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, para poder definir un mecanismo sostenible de limpieza de playas para controlar la cantidad considerable de residuos que sí están llegando en los últimos días cuando las lluvias y la creciente del río han crecido.
“Estamos trabajando en eso precisamente para definir cómo vamos a hacer con el acarreo de los residuos, hacia dónde los vamos a trasladar una vez que los retiremos de las playas y el personal que vamos a necesitar para poder incorporar estos temas; siempre nos ha apoyado la Marina Mercante, al igual que la Fuerza Naval, el Centro de Estudios Marinos y la alcaldía de Omoa permanentemente, conocimos que a partir del domingo han iniciado algunas jornadas de limpieza de playas”, apuntó Rosales.
Indicó que la actividad es liderada por el Centro de Estudios Marinos (CEM), con representantes de algunas de las comunidades como Masca y la barra del Motagua en conjunto con la Fuerza Naval para poder empezar a sanear y recuperar, pero también se tiene que hacer un trabajo de mar para ver cómo se puede hacer la labor con lanchas para retirar los residuos.
Eddy Tábora: Código Penal busca que ciudadanía esté callada, sumisa y con miedo
- 19/08/2020
El Código Penal que entró en vigencia el 25 de junio de 2020, es la construcción de un proceso que viene desde 2014 cuando fiscales, jueces y militares sentaron las bases para criminalizar la pobreza y los movimientos sociales, y a través de reducción de penas y desaparición de delitos, beneficiar a corruptos e integrantes del crimen organizado en Honduras, dice el abogado Edy Tábora, de la Coalición Contra la Impunidad.
Al Código Penal se le denomina “pacto de impunidad”, porque vino a desbaratar los procesos penales importantes presentados e investigados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), donde se acusaron a diputados, funcionarios y empresarios que jamás imaginaron poner un pie en los tribunales. Gente con poder político y económico que goza de impunidad en el país.
El primero borrador del Código se presentó en 2014, señalado de ser una copia de la normativa penal en España. Al inicio las penas por delitos de corrupción y abuso de autoridad eran altas, pero en 2016, después de las masivas movilizaciones de las antorchas por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), comenzaron a darse reformas importantes al documento original a conveniencia de los corruptos y violentos, explica el abogado.
Principalmente la rebaja de penas a los delitos de corrupción y criminalidad organizada y la despenalización de algunas conductas como el abuso de autoridad por violación de derechos constitucionales, han sido el tema de discusión en los movimientos territoriales y sociales. “Pero nos faltó una lucha estratégica para evitar que el Código entrara en vigencia con esas reformas”, dice Tábora, explicando que desde el 2015 comenzó a facilitar talleres de discusión sobre la legislación, pero hubo poco interés de los sectores, que a última hora se posicionaron en contra de su puesta en marcha.
El Código Penal goza del rechazo ciudadano e ilegitimidad, porque fue aprobado bajo el autoritarismo que caracteriza al régimen de Juan Orlando Hernández. Algunas personas influyentes de la empresa privada y diputados han hecho acciones para abrogarlo, sin embargo, el abogado lamenta que muchas acciones fueron tardías y sin atacar de raíz las otras normativas que flexibilizan la impunidad.
Las organizaciones de derechos humanos consideran que el Congreso Nacional debería de abrirse y atender las recomendaciones de la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos. Además, la Sala de la Constitucional debe estar atenta a los recursos que se presenten, porque la propia Corte Suprema de Justicia reconoció en un dictamen que el nuevo Código debe reformarse de manera urgente.
Una herramienta para desmovilizar
El abogado explica que en Honduras se utiliza el derecho penal como una herramienta de despojo. Primero, hay un proyecto económico y político que sienta las bases para controlar a los defensores y defensoras a través de la flexibilización de los derechos y la coerción punitiva que controla sus luchas. En segundo lugar, está la creación de decretos legislativos, ejecutivos y leyes de promoción de inversión privada que legalizan el despojo. “Desde el golpe de Estado se ha creado una maraña de normas para que la empresa privada se apropie de los bienes naturales”, apuntó.
Por ejemplo, el sector minero tiene principalmente la Ley de General de Minería vigente desde 2012. En el tema energético estuvo la Ley Marco del Subsector Eléctrico, antes de perder vigencia en 2014, con ella se aprobaron muchísimas concesiones hidroeléctricas en el país cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional.
En la actualidad está vigente la Ley General de la Industria Eléctrica y la Ley de Promoción de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, principal herramienta que ha permitido concesionar los ríos, viento y sol para la instalación de hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas en los territorios. Para las organizaciones ambientalistas esa última ley es súper dañina. Aunque fue reformada en 2013, su aprobación se dio en 2007 durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
“A mí me preocupa cuando los partidos políticos de supuesta oposición hablan de despojo y dictadura, pero nunca hablan de cómo hacerles frente a las normativas que sirven para despojar a las comunidades de sus bienes naturales. Es muy importante cuestionar a los diputados frente a este tema. Siempre hablan que se aprobaron tantos contratos, por tantos millones, pero no de la normativa que permite estas concesiones”, dijo Tábora.
Al momento de criminalizar a los defensores y ambientalistas el Ministerio Público invoca las leyes antes mencionadas, bajo el argumento que la población se opone al desarrollo y a la generación de empleo. Esas leyes y decretos flexibilizan el escenario al momento de aplicar el Código Penal y provocan desmovilización en la ciudadanía, porque el temor de ir a prisión se convierte en una realidad.
¿Y los movimientos sociales?
“Antes acusaban a los defensores por delitos políticos, por ejemplo, de manifestación ilícita y sedición. Actualmente los fiscales se especializan en estudiar el Código Penal para interpretarlo a beneficio de los grupos de poder y aplicarlo de forma arbitraria”, dijo el abogado explicando que ahora las acusaciones, en su mayoría, son por asociación ilícita con una pena de 10 a 15 años de reclusión.
Bajo la amenaza de ser acusados por ese delito, varios movimientos territoriales han mermado la lucha en defensa de sus bienes. Un ejemplo es el caso de Guapinol en Tocoa, Colón, aunque 8 de sus ambientalistas están presos por incendio y privación injusta de la libertad, inicialmente fueron acusados y llevados a un juzgado con competencia nacional por asociación ilícita. “Lo mismo podría pasar con las personas que se organizan para defender la salud y la educación”, sostiene el abogado Edy Tábora.
Un Código Penal debería proteger los bienes jurídicos de la administración pública, pero el actual Código hace todo lo contrario. El delito de abuso de autoridad cometido por un funcionario desaparece con pena de reclusión y le da luz verde para que siga aprovechándose de los recursos económicos del país. El delito por tortura, que pueda cometer un elemento armado de la seguridad del Estado contra la ciudadanía baja su pena considerablemente. “Así vamos viendo como delitos que atentan contra los derechos humanos y la administración pública como el enriquecimiento ilícito bajan sus penas considerablemente”, apuntó.
Se puede interpretar que el Código Penal da seguridad jurídica a los empresarios y funcionarios públicos, pero no a la ciudadanía que se organiza en su comunidad para hacer valer sus derechos. “Este Código fue importado de España y si revisamos, en ese país hay muchos presos políticos solo por cuestionar al rey o al presidente. Lo que buscan aquí es tener una ciudadanía callada, sumisa con miedo”, dijo.
El abogado anima a los movimiento territoriales y sociales a articularse para resistir y proponer reformas urgentes al Código Penal, diseñado para beneficiar a los amigos y familiares de los tienen el poder en Honduras, y en contra de los denominados “enemigos”: maras y pandillas, o en el peor de los casos, contra quienes se atreven alzar su voz contra las injusticias.
PRONUNCIAMIENTO
Volvemos la mirada a nuestro pueblo, a las comunidades de la zona Sur del país, donde los enfermos han sido atendidos en la calle, pese la supuesta millonaria inversión que se ha hecho en la compra de hospitales móviles y demás equipo médico de bioseguridad referente a la tratar la pandemia del COVID-19.
Como defensores y defensoras de derechos humanos de los departamentos de Choluteca y Valle, e integrantes de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR) acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunciamos la falta de atención estatal con respecto a la crisis provocada por la pandemia de la corrupción impactando gravemente en la salud, educación y empleo.
Choluteca ha estado en el ojo público por la calamidad en el sistema de salud, donde el paciente debe cargar su colchón [si es que lo tiene] y los familiares tienen que conseguir por sus propios medios un tanque de oxígeno para las víctimas del Coronavirus; mientras en las noticias circula que al régimen de Juan Orlando Hernández se le aprueban más fondos presupuestarios para estos menesteres, la realidad dentro de los centros hospitalarios es otra.
Por lo que nos preguntamos ¿Dónde está el dinero?
Esos fondos no están en el hospital regional del Sur, si bien se readecuó una sala para cuidados intensivos para casos Covid-19, esta fue patrocinada por una cooperativa crediticia local. Mientras que empresas privadas y la sociedad civil nos unimos para donar insumos necesarios para el personal de salud, entre otras necesidades.
Con medio millón de habitantes, el departamento de Choluteca tiene un mini Triaje en la cabecera departamental, instalado por la alcaldía municipal, pero acondicionado por la aportación del pueblo solidario. Mientras que Valle con 200 mil pobladores muestra una calamidad superior.
Hemos tenido que despedir sin cuerpo ni vela, a familiares, amistades, compañeras, médicos, docentes, periodistas, abogados, enfermeras y campesinas, en el marco de esta pandemia que no solo mata por el Coronavirus, sino por la negligencia de una aplicación justa en cuanto a nuestros derechos.
Por lo que, repudiamos la falta de aplicación efectiva de justicia, en el crimen contra la defensora campesina por el acceso a la tierra, Iris Argentina Álvarez Chávez, el 2 de abril de 2020, ejecutado a vista y paciencia de la Policía Nacional, donde se encarceló a un guardia de seguridad privada y se dejó con medidas sustitutivas al encargado de una empresa azucarera que se dice dueña de los predios en recuperación donde ese día se mantenía una toma pacífica, en la comunidad de Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca.
Exigimos investigación efectiva en el crimen contra el compañero defensor de derechos humanos Marvin Damián Castro, que apareció con señales de tortura en el río Sacamil, comunidad Agua Tibia, aldea El Espinal, en Pespire, el 13 de julio de 2020. A sus 29 años organizaba redes juveniles en Valle y Choluteca para activar en espacios de lucha social.
Condenamos los ataques contra el gremio periodístico mientras da cobertura a la pandemia y denuncia los actos de corrupción que impactan directamente en la vida humana. El atentado policial contra Alejandro Aguilar, de Metro Tv; Cynthia Mcyerith, de TVS; y sus respectivos camarógrafos. Las amenazas contra el comunicador social Ernesto Lezama, la negación de información y salvoconducto a Melissa Hernández, y agravios contra más de una veintena de periodistas despedidos y contagiados por la pandemia cuando daban cobertura de calle.
Denunciamos que, con el cierre de ciudades y toque de queda impuesto por Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 desde el 16 de marzo, tras confirmar los primeros casos positivos por Coronavirus, dos de ellos en Choluteca, la crisis alimentaria fue evidente al instante. Seguido de ello vino una serie de tomas pacíficas. La búsqueda de trabajos alternos hizo que la población se movilizara pese a las medidas de restricción dictadas por la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), pero a la fuerza de seguridad pública, sin importarle que el hambre no tiene número de circulación, atacó a los trabajadores del transporte público en Pespire y Choluteca, golpeándolos y dañando sus taxis y mototaxis.
El confinamiento está afectando la educación de los niños y niñas que no tienen acceso a clases virtuales. Para las familias campesinas y rurales, la prioridad es alimentarse, no la compra de dispositivos móviles e internet. Y hay que tomar en cuenta que muchas comunidades no tienen servicio de energía eléctrica, pese a que en la región están instalados los más grandes parque de energia voltaica ya que su mismo sol es un máximo potencíal.
Nos solidarizamos con el gremio magisterial, que sin capacitación en clases virtuales ni equipo tecnológico con herramientas didácticas han sido obligado a emplear sus medios domésticos para ejercer su labor, pese a ello es reprimido negándosele el pago salarial, servicio médico e incluso el derecho a la jubilación. Pese a existir un presupuesto general, el régimen Hernández ha expresado que no hay fondos para este pago.
No olvidamos que, el personal de Salud debe utilizar bolsas comerciales de plástico para cubrir su cabeza, pecho y pies, mientras atienden a los enfermos de la pandemia, exponiéndose ellos mismos al contagio y muerte.
Unimos nuestra fuerza solidaria a las familias de luchadores sociales que hoy forman parte de las estadísticas mortales de la pandemia: profesor de generaciones Abel Carrasco, la crítica periodista Francis Jaqueline Bojorque y el solidario médico Yamil Maradiaga.
Nos solidarizamos con los compañeros de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores Sociales de El Paraíso, por la irreparable pérdida del compañero Agustín Díaz Medina, y miles de familia que están en duelo, porque no existe –aún- un protocolo efectivo que priorice la vida humana, como lo manda la Constitución de la República.
Queremos decir que el dinero para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 no está en la zona sur del país, donde los casos oficiales suman a cuatro mil positivos y más de 800 decesos. Pero la cifra real no es conocida, justamente porque no hay aplicación gratuita de pruebas rápidas, serología o PCR (polymerase chain reaction); mientras el Coronavirus avanza, se desatiende a los demás enfermos con patologías crónicas como los enfermos renales que se han contagiado del virus y están muriendo.
La zona sur manifiesta que, “ha llegado la hora de la agonía”, al igual que su hospital construido en 1928, donde se atiende a la población menos favorecida y más afectada por la gravedad de la situación económica, en los servicios sociales básicos de educación, empleo, servicios médicos y vivienda.
La corrupción gubernamental [únicamente] busca escudarse en el tratamiento de problemas sociales como la alta desnutrición, ausencia de seguridad alimentaria, acceso limitado al agua y saneamiento, altas incidencia enfermedades de Transmisión Sexual (SIDA y ETS), y alta incidencia de enfermedades causadas por vectores (Malaria, Dengue, Chagas y Leishamniasis), accidentes, violencia generalizada y enfermedades crónica degenerativas. Pero el COVID-19 que tanto nos está afectado, aumentó esa brecha de corrupción y deshumanización en los que [históricamente] se aprovechan de nuestra calamidad.
Reiteramos que no somos el virus, somos defensores y defensoras de derechos humanos que exigimos se investigue a los responsables de los actos de corrupción en este tiempo de pandemia. Son más de cien mil millones de lempiras que debemos pagar con nuestra vida, pero que no se han invertido para salvar a nuestros seres queridos que hoy ya no están entre nosotros, y que seguimos expuestos a contagios pese a que podría evitarse daños mayores.
Choluteca y Valle, 13 de septiembre de 2020
Defensores y defensoras de derechos humanos de los departamentos de Choluteca y Valle
Red de Defensores/as de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR)
China ofrece préstamo de US$ 1.000 millones a AL y el Caribe para vacunas contra el covid-19
Tomado de: CNN
El canciller chino, Wang Yi, anunció un préstamo de 1.000 millones de dólares a América Latina y el Caribe para que los países puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus durante una reunión virtual con sus homólogos latinoamericanos que tuvo lugar el miércoles, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México.
“El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que la vacuna desarrollada en su país será un beneficio público de acceso universal y que su país designará un préstamo de 1.000 millones de dólares para apoyar el acceso (a la vacuna) para las naciones de la región”, dice la declaración.
Durante su sesión informativa diaria este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a China después del anuncio del préstamo.
“Estamos muy agradecidos con China, con el Gobierno chino, el presidente —recuerdan que tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono—, le pedimos apoyo con equipo médico, han llegado muchos vuelos de ayuda de China”, dijo.
“Siempre ha habido suficiente suministro de equipos, medicamentos, y ahora está esta oferta”, agregó.
La reunión virtual del miércoles fue
liderada por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo
Ebrard, y Wang Yi. También se unieron sus homólogos de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Cos
Antes de la reunión, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang Wenbin dijo en su informe diario que durante la pandemia “China y los países de América Latina y el Caribe, aunque separados por un océano, se han unido contra este enemigo común”. “Han llevado adelante una cooperación práctica y eficaz en beneficio de todos nuestros pueblos”, agregó.
El portavoz dijo que la reunión “consolidaría el consenso entre las dos partes sobre la lucha conjunta contra la pandemia, cimentaría la confianza política mutua, defendería el multilateralismo” y construiría una comunidad con un futuro compartido para las regiones.
América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia mundial a fines de mayo. Un análisis de CNN de los datos de la Universidad Johns Hopkins la semana pasada encontró que América Latina y el Caribe habían sufrido más muertes por el coronavirus que Estados Unidos y Canadá, aunque estos últimos aún habían reportado más muertes per cápita.
Brasil tiene el segundo mayor número de casos a nivel mundial, después de Estados Unidos, con más de 2,2 millones de personas infectadas, según cifras de Johns Hopkins. La compañía china de biotecnología Sinovac ha comenzado un ensayo de vacuna de Fase 3 en el país, junto con otro ensayo de Fase 3 de la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AstraZeneca. Perú, Chile y México también se encuentran entre los diez primeros países en casos confirmados, mientras que el virus se está extendiendo en Venezuela, donde han surgido preocupaciones por el deteriorado sistema de salud.
El trabajo que nadie quiere hacer: sepultar a las víctimas de covid-19 4:05
Las respuestas gubernamentales al virus han diferido radicalmente en América Latina. Sin embargo, el trabajo informal y los altos niveles de desigualdad se encuentran entre los factores que impulsan el aumento del brote en la región.
El coronavirus también ha profundizado la grieta entre Estados Unidos y China, ya que el Gobierno de Donald Trump ha arremetido repetidamente contra China por su respuesta inicial al virus.
Assange: castigo a la verdad
El gobierno de EEUU reclama en extradición al fundador de Wikileaks por 18 cargos, entre ellos espionaje, colaboración con agentes de inteligencia, distribución de información secreta, conspiración y otros, todos ellos ligados con la actividad informativa del acusado. De ser extraditado, el australiano podría ser condenado a 175 años de prisión.
El gobierno británico, en colaboración con el sueco y el ecuatoriano, ha recurrido a toda suerte de violaciones a las leyes diplomáticas y a los derechos humanos para retener a Assange hasta procesar su entrega al gobierno de Donald Trump, desvanecida del todo la pesquisa policial por agresiones sexuales que en un momento urdió Estocolmo para mantener al informático en Londres; y cuando estaba por prescribir el delito menor de violación de las medidas cautelares que le fincó la propia justicia inglesa una vez que el acusado se refugió en la embajada de Ecuador en esa capital, el gobierno de Lenín Moreno, pasando por sobre toda decencia y violentando la Constitución de su país, permitió que la policía británica ingresara a la embajada para capturarlo.
Más allá de los desaseos de procedimiento, el fondo de la acusación es una clara venganza de Estado por las revelaciones de Wikileaks y su fundador sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas militares estadunidenses en Afganistán e Irak –las cuales fueron divulgadas hace 10 años– y sobre los turbios manejos diplomáticos de Washington en casi todo el mundo, asentados en los llamados cables del Departamento de Estado.
Cabe recordar que la parte correspondiente a México fue entregada por el propio Assange a este diario y durante 2011 y 2012 permitió documentar y difundir en las páginas de La Jornada la impresentable injerencia de funcionarios y organismos estadunidenses en múltiples aspectos de la vida política del país, así como la vergonzosa supeditación de las autoridades nacionales a los designiosde Washington.
Otro tanto ocurrió en muchos otros países. En los años siguientes, a pesar de encontrarse recluido en la representación de Quito en la capital británica, Assange y sus colaboradores siguieron distribuyendo paquetes informativos que permitieron conocer, entre otras cosas, los mecanismos de espionaje empleados por EEUU contra otros gobiernos –así se tratara de aliados cercanísimos–, empresas y ciudadanos, así como los entretelones de la negociación secreta para el Acuerdo Transpacífico, un instrumento internacional ominoso y lesivo para las soberanías nacionales que por fortuna se malogró tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Sirva este breve recuento para dejar en claro que la labor de Wikileaks y de su fundador ha tenido un evidente sentido periodístico, que su aportación a las causas de la transparencia y la democracia ha sido inestimable y que, según la Constitución y las leyes de EEUU, las imputaciones contra Assange carecen de todo sustento. En rigor, si el australiano cometió un delito al entregar documentos secretos del gobierno de Washington a medios informativos, éstos deberían ser llevados también al banquillo de los acusados. Más aún: si la impresentable lógica legal del juicio que se inició ayer en Londres se hubiera aplicado en el escándalo Watergate, los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein habrían sido sometidos a proceso y Richard Nixon no se habría visto orillado a renunciar.
Así, además de ejecutar una represalia, con este proceso EEUU envía un ominoso mensaje a los informadores de todo el mundo: quien se atreva a revelar a la opinión pública las miserias del poder puede ser sancionado como si se tratara de un espía.
El mundo asiste a una injusticia mayúscula y es indispensable que medios, periodistas y sociedades en general intensifiquen sus expresiones de repudio a las imputaciones y al juicio contra Assange porque son, a final de cuentas, un intento totalitario de supresión de la verdad.
Niegan la libertad bajo fianza a Assange, solicitada por temor al coronavirus en prisión
El Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, negó el pedido de libertad bajo fianza que hizo el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ante el temor de contagio de coronavirus en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde se encuentra actualmente.
"Tal como están las cosas hoy, esta pandemia global todavía no proporciona motivos para la liberación del Sr. Assange", determinó la jueza Vanessa Baraitser, citada por Independent.
De acuerdo a la magistrada, durante la pandemia del coronavirus, que en Reino Unido ya alcanza los 8.077 contagiados y 422 muertos, la prisión de Belmarsh tiene la responsabilidad de mantener a los detenidos a salvo.
Asimismo, la jueza señaló que tomó en cuenta para su decisión la "conducta pasada" de Assange —sin dar mayores explicaciones— que, según ella, "muestra hasta dónde está dispuesto a ir para evitar los procedimientos de extradición".
"Si lo liberara hoy, no volvería a enfrentar estos procedimientos de extradición", añadió.
"Peligro inminente"
Sus abogados presentaron la solicitud de libertad bajo fianza, argumentando que el activista australiano "está en peligro inminente" ante el coronavirus, debido a las condiciones de salud preexistentes.
La semana pasada, su madre, Christine Assange, alertó sobre el riesgo que atraviesa su hijo, quien se encuentra "débil" por causa de una "enfermedad crónica".
Actualmente, Assange enfrenta un proceso para su posible extradición a EE.UU., donde es acusado de 18 delitos, 17 de ellos por presunta violación de la ley de espionaje estadounidense, por la filtración de documentos sobre actividades de EE.UU. durante las guerras de Irak y Afganistán, la base de Guantánamo y otros asuntos.
En caso de ser extraditado, el activista podría afrontar hasta 175 años de cárcel por esos delitos.
"Si Assange es extraditado, es el fin del estado de derecho en Occidente"
Assange se hizo famoso al divulgar abusos irrefutables cometidos durante la invasión y la guerra de EE.UU. en Irak y en Afganistán -dos guerras libradas a raíz de mentiras- incluyendo la publicación en abril de 2010 del video Collateral murder en el que se ve a dos reporteros de Reuters y a varios civiles recibiendo disparos desde un helicóptero estadounidense Apache. El mismo año, WikiLeaks, organización de la que es fundador y portavoz, publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos, evidenciando especialmente crímenes de guerra y torturas cometidos por el ejército estadounidense.
Para protegerse de la acción judicial de los EEUU ocultada por una orden de arresto sueca por cargos de violación que siempre ha negado, Julian Assange pasó siete años recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en junio de 2012. La CIA espiaba todos sus movimientos, los de sus familiares y defensores dentro de la embajada a través de la empresa de seguridad UC Global. El 11 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno puso fin al derecho de asilo de Assange, quien fue inmediatamente arrestado por la policía británica y que, desde entonces, ha estado detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Acusado de espionaje y otros 17 cargos, si la justicia británica acepta la solicitud de extradición a los EEUU, Julian Assange corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión, al final de un juicio fuera de lo común que comenzó el 24 de febrero.
Exmagistrada, Eva Joly se dio a conocer durante su carrera investigando casos político-financieros como el caso Elf (empresa petrolera francesa acusada de corrupción), que llevó a unas treinta condenas, incluyendo la del CEO Loïk Le Floch-Prigent. Miembro del Parlamento Europeo por el partido francés Europe Ecologie-Les Verts entre 2009 y 2019, es abogada miembro del Colegio de Abogados de París.
Usted conoce a Julian Assange desde hace tiempo, cuando trabajaba en Islandia con este joven informático en el proyecto de convertir Islandia en un paraíso para el periodismo y la protección de la información. Durante la velada de solidaridad para apoyar Julian Assange realizada en París el pasado 21 de febrero, usted hizo referencia a un avión con agentes del FBI que aterrizó en Islandia en 2011 bajo el pretexto de un inminente ataque informático contra el gobierno. ¿Puede contarnos más?
El FBI estaba siguiendo a Julian Assange, sus agentes sabían que él estaba en Islandia y desembarcaron. Se habían puesto en contacto con el Ministro del Interior Ögmundur Jónasson, diciéndole que el sistema informático del gobierno islandés estaba en peligro y que el FBI proponía su ayuda. Pero Ögmundur Jónasson comprendió la maniobra y se negó. Esto pasó desapercibido, pero su testimonio aún está disponible en Internet. El hecho de que Julian Assange estuviera bajo vigilancia y que los EEUU querían atraparle pronto es un hecho comprobado.
¿Cuál es la situación de Chelsea Manning, condenada por la divulgación del vídeo Collateral Murder publicado por WikiLeaks?
Podemos ver que los autores del crimen de guerra que aparecen en este vídeo no han sido procesados y sin embargo son fácilmente identificables. Al contrario, la denunciante que mostró este crimen de guerra es buscada. Chelsea Manning ha sido arrestada y procesada. Se la condena por irrumpir en un sistema informático y difundir información confidencial. Fue condenada a 35 años de prisión, y luego fue liberada por el perdón presidencial de Barack Obama el último día de su presidencia, cuando ya había cumplido siete años de su sentencia. Paradójicamente, sigue detenida*, después de haber sido condenada en repetidas ocasiones por ofensa al tribunal ("attempt of Court"), porque se negó a testificar ante el gran jurado contra Assange. Esto demuestra que Julian Assange no tendría un juicio justo en los EEUU, que es una de las condiciones para aceptar la extradición, ya que el país solicitado, en este caso el Reino Unido, debe tener la certeza de que el juicio será justo.
Edward Fitzgerald, abogado de Julian Assange, dijo que el primer día del juicio, que se inició en Londres el 24 de febrero, su cliente fue desnudado y registrado dos veces, esposado 11 veces y encerrado cinco veces en diferentes celdas de detención. Durante su juicio, Julian Assange no se sentaba con sus abogados como de costumbre, pero fue confinado en la parte de atrás de la sala del tribunal, encerrado en una jaula de vidrio a prueba de balas. Estas condiciones penalizan al acusado y parecen injustas ya que le impiden seguir los debates, pero no parecen molestar a la magistrada, Vanessa Baraitser. ¿Este dispositivo sin precedentes cumple con la ley?
Aquí vemos que los británicos no tratan a Assange con normalidad, porque fue condenado primero a 50 semanas por incumplimiento de la control judicial en 2012, cuando fue objeto de una solicitud de extradición sueca. Se le había dejado en libertad obligándole a fichar. Julian Assange comprendió que sería extraditado a Suecia, se convenció de que era una maniobra para entregarlo a los EEUU y se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se le concedió asilo consular. Se quedó allí durante siete años. Cuando Lenín Moreno, el Presidente de Ecuador dio por terminado el asilo en 2017, la policía lo sacó de la embajada de manera muy violenta. Fue llevado a la prisión de Belmarsh, una prisión de alta seguridad.
Sin embargo, Julian Assange es un periodista multipremiado, no es un terrorista. Además, sabemos que la orden de arresto detrás de la solicitud de extradición sueca tenía una base legal muy débil. Sabemos que fue un caso de manipulación. Condenaron a Julian Assange casi al máximo de la sentencia por incumplimiento del control judicial, a 50 semanas, siendo el máximo 52, y le hicieron cumplir su condena entre aquellos que hacen estallar bombas y matan a civiles. Esta es una señal enviada por el Reino Unido, una decisión indigna de la justicia inglesa. Es evidente que la administración penitenciaria tiene instrucciones de que cumpla su condena y su siguiente detención preventiva en las peores condiciones posibles.
En prisión, fue puesto en aislamiento, y cuando terminó de cumplir su sentencia, fue puesto en prisión preventiva, a la espera del juicio que se está llevando a cabo ahora. El confinamiento solitario terminó solamente dos o tres semanas antes del juicio. También hubo movimientos de prisioneros que simpatizaron y pidieron que se le liberara del aislamiento. Todo esto es anormal. El lugar de Julian Assange no está en una prisión de alta seguridad. La situación política es mala para Assange. Sabemos que fue torturado y humillado, y el relator de la ONU que le evaluó ha visto el impacto de la tortura en su persona.
En la vista judicial, cuando sus abogados pidieron que se permitiera a su cliente sentarse al lado de ellos, la presidenta se negó. La fiscalía, en representación del Estado, apoyó la solicitud de los abogados justificando el carácter habitual de tal práctica. A pesar de todo, la presidenta se opuso. Esta situación es anormal. Según los textos, es el Westminster Magistrates Court el que se tiene que pronunciar, pero la vista judicial de Assange tiene lugar en el Belmarsh Magistrates Court. Con el fin de cumplir con la ley, el personal de Westminster y los jueces fueron trasladados para que no tuvieran que transferir a Julian Assange.
¿Se les puede impugnar por ello o por las condiciones injustas en las que se lleva a cabo el juicio?
Sí, se trata a Assange como a un terrorista. Se le negó el uso de sus gafas durante seis meses, lo que, junto con el aislamiento, constituye un maltrato.
Si los tribunales británicos acuerdan extraditarle a EEUU después de este juicio, ¿se podría enfrentar Julian Assange a la pena de muerte por espionaje?
Hay una regla fundamental: No se extradita a un país que practique la pena de muerte a menos que se tengan garantías de que no se requerirá ni se impondrá la pena de muerte.
Pero tampoco se extradita por delitos políticos...
Ciertamente. Hace ya más de un siglo que no se extraditan a los prisioneros políticos. De lo contrario, se imagina Usted, habríamos extraditado a los chilenos que huían de Pinochet, a los kurdos que huían de Turquía, y así sucesivamente. El mundo está lleno de conflictos y refugiados políticos que se sienten seguros porque si obtienen un visado, saben que no pueden ser extraditados. Es cierto que en este juicio, la fiscalía está tratando de demostrar que, aunque los delitos de los que se acusa a Assange son políticos, él podría ser extraditado.
¿No se podría impedir la extradición gracias al artículo 10 del Convenio Europeo de DDHH que protege la libertad de expresión?
Todo esto debería proteger a este periodista multipremiado, pero vemos que no le protege, lo que nos hace temer lo peor para el futuro. El FBI ha estado siguiendo este caso durante mucho tiempo. Julian Assange también ha estado bajo vigilancia de una empresa española que trabajaba para la CIA mientras beneficiaba de asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. Si Julian Assange es extraditado, es el fin del Estado de Derecho en Occidente tal y como lo hemos construido durante casi un siglo. En nombre de la lucha contra el terrorismo estamos renunciando a muchas libertades porque creemos que la seguridad es un valor superior. No hemos entendido que de hecho vamos a sacrificar las libertades sin tener seguridad. Este juicio arroja una cruda luz sobre lo que está sucediendo.
En cuanto a los cargos de violación contra Julian Assange, el tribunal sueco retiró los cargos debido a la falta de pruebas. ¿Le sorprende esta retirada de los cargos?
Tuvo un coste muy alto para Julian Assange. También sabemos que el fiscal sueco estaba dispuesto a terminar la investigación antes, pero que fue alentado a mantener la investigación abierta por el fiscal inglés, el Crown Prosecution Service [La fiscalía de la Corona encargada de decidir sobre los enjuiciamientos en Inglaterra y Gales]. Tenemos pruebas de ello. También tenemos rastros de la participación del FBI en el caso, pero la fiscal sueca, Marianne Ny, ha destruido los correos electrónicos que admite haber recibido del FBI.
Usted criticó el silencio de los medios de comunicación después de que unos 60 médicos internacionales intentaran alertar al mundo sobre el estado físico y psicológico de la salud de Julian Assange en noviembre, cuando consideraban seriamente que podría "morir en prisión". Un silencio por parte de una prensa que se ha beneficiado de las revelaciones brindadas por Julian Assange y su equipo sobre los abusos y crímenes de guerra cometidos por los aliados en Iraq y Afganistán. Y que hizo un uso abundante de las mismas. ¿Cómo explica tal cambio de actitud por parte de los medios?
Por supuesto. The Guardian, el New York Times y Aftenposten 1/ han ganado prestigiosos premios por su trabajo con documentos de WikiLeaks. Tiene que entender que fue la manipulación de la CIA y el FBI lo que causó este cambio de opinión. La cuestión ya no era lo que Julian Assange había sido capaz de probar, pero si había violado o no.
Precisamente, ¿cómo se puede demandar a Assange por sus publicaciones, y al mismo tiempo dejar a salvo los medios de comunicación que se beneficiaron de ellas y divulgaron su contenido? ¿No actuaron estos medios, de la misma manera que WikiLeaks, difundiendo información transmitida por un tercero?
En EEUU, los periodistas estadounidenses gozan de la protección de la Primera Enmienda. Este fue el caso con los Pentagone papers, donde el DOJ (Departamento de Justicia) trató de procesar por espionaje al denunciante Daniel Ellsberg que los publicó. El Tribunal Supremo sostuvo que sólo había utilizado la libertad de expresión y que beneficiaba de la Primera Enmienda de la Constitución. Por lo tanto, sabemos que los ciudadanos de los EEUU están protegidos por esta enmienda. Los periodistas extranjeros, por otro lado, no lo son. Por lo tanto, Julian Assange en los EEUU no podría invocar la Primera Enmienda y, lógicamente, existiría el riesgo de que los periodistas europeos fueran procesados.
Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, dice: "No se trata sólo de proteger a Assange, sino de evitar un precedente que podría sellar el destino de la democracia occidental." ¿Se va a convertir a Julian Assange en un mártir como ejemplo?
Si permitimos la extradición de Julian Assange, estamos admitiendo la supremacía de facto de la ley de EE.UU. sobre la nuestra. En Europa, sin embargo, no está prohibido publicar información verdadera de interés general, los periodistas están protegidos por el Convenio Europeo de DDHH. Por lo tanto, lo que Julian Assange publicó no puede describirse como espionaje en el Reino Unido ni en ningún otro lugar de Europa. Julian Assange no puede ser extraditado por doble incriminación y porque no tendría un juicio justo en los EEUU. Estas son dos razones más que suficientes para oponerse a su extradición.
Entrevista realizada en marzo de 2020.
Nota: * Chelsea Manning fue liberada el 12 de marzo de 2020 después de un intento de suicidio el día anterior. Las sanciones financieras establecidas para obligarla a testificar sobre WikiLeaks y su fundador Julian Assange siguen vigentes y tendrá que pagar 256.000 dolares en multas.
1/ Periódico conservador de Noruega.
El Salto
Entrevista a John Shipton, padre de Assange: “La opresión de Julian es el gran crimen del siglo XXI”
Denis Rogatyuk: La lucha por traer a Julian a casa ha sido un desafío monumental desde su injusta condena, pero ciertamente se ha vuelto mucho más difícil desde su expulsión de la Embajada ecuatoriana en marzo de 2019. ¿Cuáles han sido las principales acciones que usted y la campaña han emprendido desde entonces?
John Shipton: Julian es un artefacto histórico. Nunca unx periodista, editorxo publicación enfrentó una embestida de esta intensidad. Cayeron contra él del Reino Unido, Suecia, los Estados Unidos y Australia, con todas las fuerzas que pudieron reunir.
Violaron todas las leyes de derechos humanos y el debido proceso al enviar a Julian a los Estados Unidos y destruirlo (como ser humano). Ante nuestros ojos hemos visto el asesinato gradual de Julian a través de la tortura psicológica, la interrupción incesante de los procedimientos y el debido proceso. Eso es contra lo que luchamos.
Durante la última audiencia, la jueza Baraitser le pidió a Julian que probara que no estaba bien porque no apareció en el video. Entonces, de nuevo, vemos que un proceso que presenciamos una y otra vez es culpar a la víctima. En el caso de Australia, lxs australianxs dicen que han ofrecido asistencia consular, que consiste en ofrecer el periódico de la semana pasada y ver si aún estás vivx. Eso es todo. El DFAT sostiene que han hecho 100 ofertas (en asistencia consular). Bueno, este es un profundo testimonio de fracaso.
Ya han pasado once años. Julian ha sido detenido arbitrariamente durante once años.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que Julian fue detenido arbitrariamente y que debería ser compensado y liberado de inmediato. El último informe fue en febrero de 2018. Ahora es 2020 y Julian sigue en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh bajo encierro las 24 horas del día.
DR: ¿Cómo describiría la relación entre la campaña actual para su liberación y la organización WikiLeaks?
JS: WikiLeaks continúa su trabajo y mantiene la biblioteca más extraordinaria de la diplomacia estadounidense desde 1970. Es un artefacto extraordinario que cualquier periodista o historiadorx, cualquiera de nosotrxs pueda buscar los nombres de aquellxs que han estado involucradxs en la diplomacia estadounidense en sus propios países, o con los Estados Unidos. Este es un gran recurso que se sigue manteniendo.
WikiLeaks lanzó otro conjunto de archivos, por lo que WikiLeaks continúa su trabajo. Las personas que defienden a Julian y Wikileaks incluyen a cien mil personas en todo el mundo que trabajan constantemente para lograr la libertad de Julian y detener esta opresión de la prensa libre, de publicación, de editorxs y periodistas. Trabajamos constantemente para hacer eso. Hay alrededor de 80 sitios web en todo el mundo que publican y se manifiestan por la libertad de Julian. Y alrededor de 86 páginas de Facebook dedicadas a Julian, así que hay muchxs de nosotrxs y el aumento de la ayuda continúa hasta que el gobierno de Australia y el Reino Unido reconozcan que este es el crimen, la opresión de Julian es el gran crimen del siglo XXI.
DR: La última acusación contra Julian es con respecto a la supuesta conspiración con piratas informáticxs “anónimxs” no identificadxs, lo que parece ser otro intento de acelerar su extradición. ¿Cree que este es un síntoma de desesperación por parte del Departamento de Justicia?
JS: No, yo no (…) A las personas que trabajan en el Departamento de Justicia se les paga, tengan éxito o no, si Julian es extraditado, se les paga, si no es extraditado, se les paga. Todavía se van a casa, toman una copa de vino, llevan a lxs niñxs al cine y luego vienen a trabajar al día siguiente y piensan en otro instrumento de tortura para Julian. Este es su trabajo.
Al Departamento de Justicia le gustaría ver el juicio retrasado hasta después de las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, lxs abogadxs de la corte apelarán ante el hecho de que no han tenido tiempo de acomodarse e intentarán que se cambie la fecha de la audiencia. Eso es lo que me imagino. Pero no creo que sea un acto de desesperación en absoluto.
En todo caso, nos están dando a quienes defendemos a Julian más cosas de qué preocuparnos, de modo que nuestras energías no se centren únicamente en sacar a Julian, mientras que la conversación gira en torno a esta nueva acusación y quién está incluido en ella. Son Siggy y Sabu, quienes no son testigos creíbles. Siggy es un agresor sexual o estafador famoso que robó $50.000 de WikiLeaks, etc. No hay testigos creíbles (de estas acusaciones). Supongo que es para retrasar la audiencia o para hacer que la conversación se desvíe de lo que es importante.
DR: Se ha investigado y publicado mucho sobre la vida y los primeros días de Julian como hacker en la década de 1990. Me gustaría discutir los aspectos de su vida que le han dado la capacidad de recuperación y la fuerza para resistir los desafíos que enfrenta ahora. Julian está increíblemente comprometido a decir la verdad en sus entrevistas, es muy articulado y muy cuidadoso al comunicar y elegir las palabras exactas para describir las cosas. ¿Es algo que su familia le enseñó o es algo especial de Julian?
JS: Sabes que eso es un regalo que me gustaría tener a mí. Entonces no sé de dónde vino. Supongo que tendrías que preguntarle a los dioses.
Julian es su propio hombre por completo y el camino que ha forjado es distinto y claramente suyo. Lo admiro y estoy orgulloso de él por su capacidad de adaptación y su capacidad para continuar luchando a pesar de once años de incesante tortura psicológica, que no viene sin un costo.
Sin embargo, creemos que prevaleceremos y Julian podrá regresar a casa a Australia y quizás vivir en Mullumbimby o en Melbourne por un tiempo. Solía vivir aquí en la esquina.
DR: Julian mostró una increíble capacidad de recuperación física y mental durante los últimos 9 años, particularmente en los casi 8 años que pasó en la embajada ecuatoriana y el año pasado en la prisión de Belmarsh. ¿De dónde cree que proviene esta fuerza: sus convicciones morales y políticas o algo que desarrolló en su vida temprana en Australia?
JS: Creo que es otro don que él tiene. Que continuará luchando por lo que cree. Y si hay elementos de verdad en aquello por lo que está luchando, bueno, entonces nunca se rinde. Es un aspecto de su carácter.
A mí no me interesa pelear, pero me fortalece luchar por Julian y cada insulto u ofensa contra Julian aumenta mi determinación de prevalecer y la determinación de lxs partidarixs de Julian de prevalecer. Cada insulto aumenta nuestra fuerza, como cuando se presentó el segundo lote de acusaciones la semana anterior a la pasada, sus seguidorxs en todo el mundo alzaron la voz con incredulidad y comenzaron a crear conciencia sobre la situación de Julian. Así que es realmente interesante, el Departamento de Justicia podría pensar una cosa que nos hace fracturarnos, pero lo que realmente sucede es que la afluencia de apoyo continúa sin cesar.
DR: John, quisiera hacerle una pregunta personal. ¿Cómo se siente ser el padre de un hombre como Julian, ver a su hijo pasar por todas estas dificultades y calumnias, y continuar viajando y luchando por su liberación por todo el mundo?
JS: Es difícil creer lo que la gente dice sobre él. Como aquellxs políticxs estadounidenses que hablaban de dispararle, lxs empleadxs de UC Global en España que se suponía que velarían por la seguridad de la embajada ecuatoriana quienes especularon sobre cómo envenenar a Julian a instancias de la CIA, el Mossad o Sheldon Adelson.
Pero sabes, lo ignoro. No le presto la más mínima atención. Me sorprende que las personas pongan sus energías en insultar a Julian y nunca lo hayan conocido. Nunca lo han visto y sin embargo encuentran el tiempo y la energía para escribir cosas difamatorias.
Estoy muy sorprendido de que la gente ponga sus energías en ese tipo de cosas, pero no cuento el costo ni por un minuto. Hago lo que estoy haciendo aquí hoy contigo, hago lo que se presenta y luego paso a lo siguiente, pero nunca cuento los costos.
DR: Desde que comenzaron las audiencias de extradición, el gobierno de los Estados Unidos, particularmente Trump, Mike Pence y Mike Pompeo, han estado duplicando sus ataques contra Julian y WikiLeaks. Pompeo incluso lo llamó “un servicio de inteligencia hostil no estatal, a menudo instigada por actores estatales como Rusia”. El establecimiento estadounidense parece estar totalmente en contra de ellos y ambos partidos principales están tomando parte ¿Cuál crees que debería ser la estrategia de activistas y periodistas en los Estados Unidos para desafiar esto?
JS: Bueno, en primer lugar, Mike Pompeo es un fallido Secretario de Estado, un fallido director de la CIA, que declaró la guerra a WikiLeaks para obtener el apoyo de la CIA para sus futuras ambiciones de postularse a la presidencia.
El Secretario de Estado es un cargo importante. Sin embargo, Mike no me parece una personalidad históricamente significativa. El establecimiento estadounidense debe estar en línea con lo que la CIA quiere y piensa.
En ese discurso el 23 de abril de 2017, Pompeo deseaba obtener el apoyo de todxs sus trabajadorxs en su candidatura a la presidencia y también intimidar a periodistas, editorxs y publicaciones de todo el mundo. Su único objetivo es arruinar la capacidad de llevar al público ideas e información, y nuestra capacidad como miembros del público para hablar entre nosotrxs y resolver las cosas a través de esta conversación sobre lo que debemos hacer y cómo debemos vivir la vida. Solo quieren salirse con la suya, declarar la guerra a quien sea, asesinar a otro millón de personas, destruir Yemen, destruir Libia, destruir Irak, destruir Afganistán, destruir Siria, la lista continúa. Millones de personas refugiadas inundan el mundo y se mudan a Europa.
El Magreb en crisis. El Levante en confusión. Palestinxs asesinadxs. Este es su objetivo. Entonces, para nosotrxs, dependemos de ustedes para que nos brinden información veraz para que podamos tener opiniones justas sobre cómo se está moviendo el mundo a nuestro alrededor. Lo que Pompeo quiere es que se crea lo que él dice.
Pueden ver su historia, dicen que puede haber hasta cinco millones de personas que murieron desde 1991 como resultado de que los Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak en una guerra ilegal. Puedes ver Collateral Murder (Asesinato colateral) y puedes ver a un buen samaritano arrastrando a un hombre herido a su auto para llevarlo al hospital, llevando a sus hijos a la escuela. Asesinado ante tus ojos. Los pilotos del helicóptero pidieron instrucciones para poder disparar a un hombre herido: dos niños y dos buenos samaritanos. Sin embargo, dependemos de ustedes, periodistas, editorxs, publicaciones, para que nos traigan los crímenes que comete el gobierno de modo que tengamos energía para prevenir estos asesinatos, toda la energía y determinación que podamos reunir para prevenir el asesinato y destrucción de todo un país.
Si me permites recordarles, en Melbourne un millón de personas marchó contra la guerra de Irak. Creo que un total de 10 millones de personas en el mundo. No queremos guerra. Nos mienten para tener guerras, por satisfacer cualquier cosa. Escuchar el lamento de las viudas, los gritos de lxs niñxs. Es monstruoso. Entonces necesitamos la información para decir no.
DR: La nueva Guerra Fría entre los Estados Unidos (y la UE) por un lado y China (y Rusia) por el otro, amenaza con llevar a la gente común del mundo a otra confrontación en nombre de las élites políticas y económicas entre estos países. Según su experiencia de buscar apoyo internacional para Julian, ¿cuáles son las mejores formas de forjar la solidaridad a través de las fronteras?
JS: Creo que la mejor manera es hablar con tus amigxs y discutir estas cosas para tomar conciencia fuera de lo que los medios de comunicación masiva quieren que veamos y escuchemos.
Entonces, solo las conversaciones cara a cara y luego las conversaciones en las redes sociales son suficientes. En las últimas dos semanas Facebook, YouTube y Twitter como plataformas eliminaron ciertos temas de discusión y ciertos canales. Los eliminan porque estamos teniendo éxito, no porque nadie los vea.
La Copa del Mundo de Sochi fue un gran ejemplo de esto, un éxito fabuloso. Todxs lxs que fueron a Rusia regresaron llenxs de admiración por Rusia y la hospitalidad rusa. Bueno, esto es lo que se necesita para que las personas comunes se conozcan y discutan asuntos importantes, sin depender de CNN o cualquier otra persona que hable sobre cómo debería sentirse sobre este o aquel tema. Simplemente hablen con amigxs, hablen con grupos de personas, hablen, intercambien ideas, intercambien dónde obtener buena información y las cosas cambiarán. Tengo una creencia inquebrantable en la capacidad y la bondad de la humanidad en general, y siempre tengo razón porque 10 millones de personas marcharon contra la guerra de Irak, pero unxs cientos manipularon naciones para destruir Irak. La gente común no quiere guerra. Queremos poder hablar con nuestrxs amigxs y cuidar a nuestras familias.
DR: La pandemia de Covid-19 no solo ha revelado las deficiencias del orden económico neoliberal, sino también su creciente inestabilidad y desesperación por mantenerse. Esto también es cierto con respecto a los prominentes gobiernos de derecha de los Estados Unidos, Brasil y Bolivia que buscan silenciar periodistas e informes sobre la mala gestión de la pandemia. Estamos viendo el periodismo independiente bajo ataque en todo el mundo, a través de la censura, la intimidación, las amenazas, los asesinatos. ¿Cuál debería ser la mejor manera de luchar contra ellos?
JS: Estos gobiernos no pueden siquiera cuidar a sus propias poblaciones, mucho menos ordenar el mundo de manera decente. Sus ambiciones son ordenar al mundo mientras ni siquiera pueden cuidar a la gente de Seattle (…) Por supuesto que oprimen a lxs periodistas. Por supuesto que oprimen a las publicaciones. Por supuesto que eliminan las autorizaciones para permitirles transmitir en un determinado espectro. Las plataformas se eliminan porque seguimos entendiendo y exponiendo sus deficiencias criminales.
De hecho, en realidad consideran que la frase inmunidad colectiva es algo científico y realmente contemplan permitir que mueran cientos de miles de personas mayores.
No envejeces y te mejoras, envejeces y te enfermas un poco más. La sola contemplación de eliminar la parte estabilizadora de una sociedad altera la estabilidad de las personas —lxs jóvenes están llenxs de vigor y lxs mayores llenxs de cautela, es un equilibrio justo en la sociedad— permitiéndoles morir, por cualquier razón que no podamos discernir. Ya no cuesta dinero cuidar un sector de la sociedad. No pierdes nada por ello, de hecho obtienes acceso a la experiencia y el juicio del sector más antiguo de tu sociedad. Por lo tanto es incomprensible, cómo el mismo neoliberalismo, nadie entiende por qué lo tenemos, pero está ahí.
Denis Rogatyuk es periodista en El Ciudadano, escritor, colaborador e investigador en varias publicaciones como Jacobin, Tribune, Le Vent Se Leve, Senso Comune y otras.
