Miriam Miranda (Ofraneh): “Nos enfrentamos a gente poderosa y seguimos en pie de lucha”
22.09.2020 - Managua, Nicaragua - Giorgio Trucchi
El pasado 18 de septiembre se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Snaider Centeno, y de una quinta persona.
Tanto Centeno como Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Rafael Juárez Mejía, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Los cinco fueron secuestrados de sus casas por hombres fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Días después, a inicios de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exigió al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de los jóvenes activistas.
Asimismo, instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, así como coordinar las medidas de protección con los mismos beneficiarios.
Finalmente, la CorteIDH ordenó al Estado de Honduras presentar, a más tardar el 24 de agosto, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Oacnudh exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.
Dos meses después, no sólo no ha habido avances en la búsqueda de los líderes comunitarios garífunas, sino que las respuestas de las autoridades hondureñas ante las exigencias de las familias, la comunidad y las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, han sido insignificantes.
Estado indolente
«La respuesta ha sido ridícula. Hasta usaron la pandemia como pretexto para deslindar responsabilidades. Por eso la CorteIDH fijó un nuevo plazo (28 de septiembre) para que el Estado entregue información veraz, y diga qué está haciendo para determinar el paradero de los compañeros. También ratificó la urgencia de garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades de Triunfo (de la Cruz) y Punta Piedra.
Nos preocupa sobremanera que estén manteniendo la investigación bajo la más estricta secretividad y que no permitan que participemos. Lo mismo hicieron cuando asesinaron a Berta (Cáceres) y sabemos perfectamente como manipularon la investigación y ocultaron pruebas para proteger a los autores intelectuales», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
– ¿Cómo las comunidades garífunas y las familias de los compañeros desaparecidos están llevando esta situación tan dolorosa?
– «Tanto las comunidades como las familias siguen en pie de lucha y no
han perdido la esperanza. Todos y todas estamos exigiendo el retorno y
la aparición con vida de los compañeros. No tenemos la menor duda de que
este nuevo ataque es parte del plan genocida contra el pueblo garífuna,
que se ha venido orquestando en los últimos años».
Agresión permanente
Son 20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el año pasado, varios de ellos comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y los bienes comunes.
El pueblo garífuna sufrió otros ataques en el transcurso de este año. El 20 de mayo fue asesinado Edwin Fernández, miembro de la Ofraneh y encargado de la vigilancia del portón de entrada a la comunidad de Río Tinto. Un mes después, el líder comunitario Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad de Punta Piedra, cayó a manos de desconocidos.
Para la Ofraneh, tanto la desaparición forzada de los jóvenes como la ola de asesinatos están relacionados con el expolio de territorios ancestrales garífunas a manos del gran capital nacional y transnacional, coludido con autoridades políticas y estatales, y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo.
¡Cumplir el fallo de la CorteIDH ya!
Es en este contexto de agresión permanente que la organización garífuna volvió a exigir el cumplimiento del fallo a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. emitido en 2015 por la CorteIDH.
En aquella ocasión, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder con el objetivo de desarrollar megaproyectos turísticos y expandir el cultivo de palma africana y otros cultivos.
Cinco años después, el Estado sigue negándose a cumplir la sentencia.
«Como Ofraneh estamos muy claramente convencidos que detrás de todos estos ataques están los intereses de grupos y personas con mucho poder económico y político, que están interesados en controlar y manejar los territorios garífunas. Quieren desalojarnos para adueñarse de nuestras tierras».
– ¿La desaparición de los compañeros es el resultado de una represión generalizada o de un ataque selectivo?
– «Las dos cosas, es decir que es parte de este plan genocida contra el
pueblo garífuna, pero también es un ataque contra jóvenes líderes
comunitarios que se han involucrado en la lucha.
Snaider (Centeno) es un joven con mucho arrastre que asumió la presidencia del patronato de Triunfo de la Cruz, y lo hizo en un contexto muy complicado, exigiendo públicamente el cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH y el respeto de los territorios ancestrales y las áreas protegidas.
Sobre la Bahía de Tela hay grandes intereses. Son territorios codiciados y la sentencia de la CorteIDH afecta a gente poderosa, que pretende negar a las comunidades lo que les corresponde ancestralmente.
Además no se trata de un hecho aislado. Todo es parte de un plan, de un modelo acaparador y destructor. Mira lo que está pasando en estos días en Islas de la Bahía, en Roatán, donde pretenden desarrollar una Zona de empleo y desarrollo económico (Zede) a espaldas de las comunidades locales[1]. Mira lo que pasa en el sur del país.
Pero, pese a todo, seguimos en pie de lucha y no vamos a parar».
Notas
[1] https://contracorriente.red/
Honduras: El Estado incumple su obligación de investigar y encontrar a los cuatro defensores garífunas desaparecidos hace dos meses
Ginebra-Paris.- A casi 70 días de la desaparición de los Sres. Alberth Sneider Centeno, Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez, el Estado de Honduras sigue incumpliendo con la obligación de investigar, establecer su paradero y proteger a las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
El 2 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó la Resolución del 6 de agosto de 2020 de la Presidencia de la Corte IDH y ordenó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para investigar y determinar el paradero de los cuatro defensores de derechos humanos y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) , quienes fueron sustraídos de sus casas el 18 de julio de 2020 por un grupo de hombres no identificados, altamente armados y que vestían chalecos antibalas con las siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) . Asimismo, la Corte IDH ordenó a las autoridades hondureñas adoptar las medidas adecuadas para proteger de manera efectiva la vida y la integridad física de los liderazgos de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
“Tratándose de un posible caso de desaparición forzada, es intolerable que tras más de dos meses no se hayan producido avances significativos en las investigaciones para determinar su paradero. Honduras debe cumplir sin más dilaciones con su obligación de investigar los hechos, hallar su paradero e identificar a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El Observatorio recuerda que, en un contexto de alta conflictividad por el uso y posesión de la tierra en el norte del país, las comunidades garífunas, así como las personas que defienden sus derechos, han sido víctimas de ataques contra su vida e integridad física, incluyendo amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas. En octubre de 2015, la Corte IDH ordenó al Estado de Honduras demarcar y garantizar el uso de las tierras ancestrales de las comunidades garífuna El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, al hallarlo responsable por la violación de sus derechos a la propiedad colectiva. Sin embargo, la falta de implementación adecuada de dichas medidas continúa perpetuando la vulnerabilidad de ambas comunidades.
“Cada día que pasa sin determinar la suerte y paradero de los Sres. Alberth Sneider Centeno, Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez refuerza un mensaje de impunidad que sitúa a las comunidades garífunas de Honduras y a quienes defienden sus derechos en una situación de grave riesgo. A su vez se hace necesario que el Estado de Honduras investigue e identifique también a los responsables de las desapariciones forzadas de los años 80, del año 2017, y del contexto de la pandemia”, denunció Alice Mogwe, Presidenta de FIDH.
El Observatorio exige a las autoridades de Honduras que dispongan de todos los medios necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones de la Presidencia y la Corte IDH con el objetivo de proteger la vida e integridad física de las comunidades garífunas del país y determinar el paradero de los cuatro defensores, identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley. El Observatorio a su vez hace un llamado al Estado de Honduras a aceptar la competencia contenciosa del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones en los términos del artículo 31 de la Convención.
Con la desaparición de cinco jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quienes fueron sustraídos de sus viviendas en la madrugada del sábado 19 de julio, por supuestos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), se repite una vez más las agresiones contra líderes y miembros de las comunidades Garifunas, la que se recrudeció a partir del año 2018.
Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la OFRANEH, Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, los que fueron sustraídos de sus domicilios, situación que ha creado una enorme alarma dentro de las comunidades Garífunas, ya que a pesar de las restricciones de movilización existentes, ante la pandemia imperante, y con un toque de queda imperante, ingresaron vehículos con personas fuertemente armadas a la comunidad.
A partir del golpe de estado del 2009, en Honduras, se recrudeció la ofensiva en contra del pueblo Garifuna, que apresar de obtener dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades Garifuna de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, mediante las cuales, el Estado fue condenado en el 2015 por la violación al derecho a la propiedad comunitaria, y el derecho a la consulta previa libre e informada.
Hasta la fecha el estado de Honduras ha incumplido las sentencias, dando lugar a cuestionamientos sobre el reconocimiento de los derechos colectivos consignados en convenios y tratados internacionales, suscritos de “buena fe” por el Estado.
Todo parece indicar que el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y su equipo, se convirtieron en un estorbo para la elite de poder local, que se siente afectada por la sentencia de la Corte IDH, y han procedido a sembrar el terror en la zona.
Ciudades modelo, palma y plantaciones de coca: motores de la expulsión
A partir del 2001, la administración “nacionalista”, asume como uno de los pilares de su política económica la apertura de las ciudades modelo, proyecto neocolonial impulsado por el economista estadounidense Paul Romer, el cual consiste en una zona económica especial con el agregado de una tercerización de la aplicación de justicia y seguridad.
En octubre de 2012, la Corte Constitucional se pronunció sobre la ilegalidad de las ciudades modelo, declarándolas inconstitucionales. Para diciembre del mismo año, el poder legislativo al mando del actual mandatario Juan Orlando Hernández, procedió a defenestrar la Corte Constitucional, dando lugar a un “golpe técnico” que finiquito con la independiza de poderes.
En la primera fase de las ciudades modelo – antes de ser declaradas inconstitucionales- 27 de las 48 comunidades, fueron incluidas dentro de las ciudades modelo. Posterior al golpe a la corte y con la reintroducción de las Ciudades Modelo bajo el nombre de Zonas Especiales para el Desarrollo económica, 17 comunidades Garifunas encuentran en peligro de ser absorbidas.
Al mismo tiempo que la dictadura impuso las ciudades modelo, inició una campaña de producción masiva de palma africana, aumentado la presión sobre los humedales costeros, incluyendo las áreas protegidas. La palma africana se convirtió en uno de los principales rubros para lavar activos. Honduras en una década duplico la producción de plantaciones de palma, al mismo tiempo que se intensificaron los conflictos sociales, dando lugar a una guerra de baja intensidad que hasta la fecha se mantiene en el Bajo Aguan.
La utilización de Honduras como país de tránsito de estupefacientes provenientes de Sudamérica, se remonta a décadas atrás, y siempre ha existido una relación entrañable entre crimen organizado y la élite de poder hondureña; situación que se intensifico con el golpe de estado, dando lugar a una simbiosis que ha tenido como resultado un aparente narco estado.
En el último año se han descubierto una serie de plantaciones de coca en Honduras, específicamente en la Serranía de Payas, la cual forma parte del hábitat funcional de las comunidades Garifunas de Iriona. Las “autoridades” han encontrado tanto cultivos de coca, como supuestos laboratorios de procesamiento.
El inesperado cambio de un país de tránsito a país productor de coca, tendrá fatídicas consecuencias para las comunidades Garifunas, que nos encontraremos cercados de plantaciones y pistas clandestinas, situación que incrementará la violencia y presiones territoriales.
¿Una nueva expulsión para el pueblo Garifuna?
Para mayo del 2014, los medios de prensa internacional empezaron a dar la alarma sobre el éxodo de menores de edad que arribaban solos y en hordas a la frontera estadounidense, situación que se venía dando de forma silenciosa desde octubre de 2013. Aparentemente más de 70 mil menores, que esgrimiendo la Enmienda Flores, tuvieron que ser aceptados por el servicio de inmigración estadounidense (ICE)
Algunas comunidades Garifunas vieron sus escuelas quedar vacías, ante la vertiginosa e imparable “cruzada de los niños”. Para el 2018 se repite la historia, aunque la participación de los Garifunas en las “caravanas” fue mínima, el éxodo se agudizó, retornando al nivel de 2014. A pesar de las restricciones impuestas por la administración Trump y la revocación de la Enmienda Flores, el Flujo fue imparable hasta la aparición de la pandemia.
Las presiones territoriales que vienen ejerciendo los palmeros y empresarios del rubro del turismo, se incrementan, aunque dichos rubros no parecen ser que tengan un mayor futuro en el mundo pos pandemia. La calidad vertiginosa del precio del aceite de palma y la contención en cuanto desplazamiento aéreos y cruceros marítimos, fundamentales para el turismo, ponen en duda su recuperación a corto plazo.
Mientras tanto el cambio climático y la erosión costera se incrementa, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para los Garífunas, así mismo en los dos últimos años hemos visto la eliminación sistemática de líderes a manos de la violencia estatal que se ha institucionalizado en Honduras, como un arma de control social.
Los cinco desaparecidos de Triunfo de la Cruz
La misteriosa desaparición de los cinco jóvenes en Triunfo de la Cruz, a manos de supuestos agentes de la DPI, ha dado lugar a un sinfín de conjeturas, algunas de ellas alimentadas por la elite de poder, que se siente afecta por la sentencia del acorte IDH, la cual es enfática en la devolución del denominado Lote A1, donde la oligarquía hondureña, Las mansiones y hoteles boutique establecidos de forma dolosa en tierras comunitarias, se han un enorme obstáculo para lograr el cumplimiento de la sentencia.
Hasta la fecha el Estado continúa desdeñando el derecho a la consulta previa, llegando al extremo de desvirtuar la creación de una ley de consulta previa, promoviendo el secuestro ideológico del anteproyecto, para convertir socializaciones en consultas.
Es necesario y urgente que el Estado responda al clamor del pueblo Garifuna, que le devuelvan a sus hijos sanos y salvos, así mismo exigimos el pronto cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La Ceiba 27 de Julio del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tomado de www.ofraneh.wordpress.com
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Campaña de desprestigio contra Garifunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz
La campaña de desprestigio contra los 4 jóvenes Garifunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz, que se viene dando a través de las redes sociales, no es para nada sorprendente, en un país que se ha convertido en un narco estado.
Las fotos que vienen circulando, no son más que fotomontajes, con el propósito de empañar la imagen de los defensores del territorio y otros miembros de la comunidad, que fueron sustraídos de sus viviendas por elementos aparentemente ligados a la Dirección de Investigaciones Policiales (DPI).
No es la primera vez que integrantes de la OFRANEH son señalados de estar vinculados al narcotráfico; Alfredo Lopez pasó siete años recluido en el presidio por la supuesta posesión de estupefacientes, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor en el 2005, viéndose así el Estado en la obligación de liberarlo.
Es de conocimiento publico tanto a nivel nacional como internacional, que tanto fuerzas de seguridad como élite política han sido infiltrados por el crimen organizado, hasta el punto que varias “personalidades” incluido el hermano del actual mandatario Juan Orlando Hernandez enfrentan juicios en su contra en los Estados Unidos, por estar vinculados al narcotráfico.
Mientras carteles políticos y empresariales, se encuentran protegidos por el estado, los lideres comunitarios son perseguidos, encarcelados y hasta desaparecidos, simplemente por la defensa del territorio y la biodiversidad.
El presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno Thomas, ha venido desplegando una acérrima defensa de los humedales de Punta Izopo, los que se encuentran a merced de los palmeros, quienes han venido destruyendo los humedales del río Plátano y Gama.
A mediados del año pasado, Sneider y un grupo de jóvenes de Triunfo de la Cruz, intervinieron para frenar la quema de cientos de hectáreas de manglares, que venían siendo destruidos para la siembra de palma africana; situación que lo puso en la mira de grupos asociados a los narcos palmeros que controlan gran parte de la costa norte de Honduras. Después de esa y otras acciones recibió varias amenazas, por las cuales éll presentó denuncias ante el Mecanismo de Protección en noviembre del 2019.
Sneider ademas, ha tenido una posición tajante en las reuniones con el estado en referencia al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que incluye el saneamiento del territorio comunitario, incluyendo el denominado Lote A1, donde poseen mansiones y hoteles, varios miembros de la élite de poder que ha controlado Honduras en el ultimo siglo.
El saneamiento del bloque A1 conlleva el pago de mejoras por parte del estado a los “propietarios” por más de 100 millones de dólares, situación que coloca en riesgo a cualquier patronato o Garifuna que demande el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La seriedad y responsabilidad de la OFRANEH en su lucha por la defensa de los derechos territoriales ancestrales del pueblo Garifuna, han sido plenamente demostrados en nuestro trabajo tanto a nivel nacional como ante sistemas internacionales de DDHH, a los que hemos tenido que acudir ya que aquí en Honduras la justicia se aplica solo para las élites de poder, en ese sentido rechazamos categóricamente esa campaña tendenciosa destinada a deslegitimar el trabajo de la OFRANEH, como defensora de los derechos humanos del pueblo Garifuna con el claro propósito de no cumplir con la demanda del pueblo Garifuna:
Que devuelvan a los hijos del pueblo de Triunfo de la Cruz vivos y sanos
El Cumplimiento YA de la Sentencia de la Corte Interamericana sobre Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Dado en la Ciudad de la Ceiba al 1 de agosto del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Esta semana se cumplen 2 años desde que se instaló el Campamento para el Agua y la Vida en la comunidad de Guapinol en Tocoa, Honduras. Durante los meses anteriores, los ríos Guapinol y San Pedro se habían contaminado cada vez más y no podían ser utilizados debido a las actividades mineras ilegales de la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, las cuales fueron denunciadas en múltiples ocasiones.
El Campamento por el Agua y la Vida fue una expresión comunitaria pacífica para proteger el agua del que dependen decenas de miles de personas.
Desde el principio, el Ministerio Público y Los Pinares han usado delitos falsos para castigar a los defensores que se oponen legítimamente a la minería en sus comunidades que amenaza sus fuentes de agua y vida. Como respuesta al campamento, personas de la resistencia pacífica de las comunidades han sido amenazadas, criminalizadas y hasta disparadas. Por último, el campamento por el agua y la vida fue desalojado violenta e ilegalmente, pero la resistencia a los proyectos sigue siendo firme.
Desde el principio, el Ministerio Público y Los Pinares han usado delitos falsos para castigar a los defensores que se oponen legítimamente a la minería en sus comunidades que amenaza sus fuentes de agua y vida. Como respuesta al campamento, personas de la resistencia pacífica de las comunidades han sido criminalizadas, amenazadas y disparadas. Por último, el Campamento por el Agua y la Vida fue desalojado violenta e ilegalmente, pero la resistencia a los proyectos sigue siendo firme.
En noviembre de 2019, un cabildo abierto en Tocoa respaldó esta decisión. El gobierno local y Los Pinares están obligados a cumplir, pero no lo han hecho. Las actividades relacionadas con la minería continúan y también continúan las amenazas e intimidaciones contra las personas defensoras del ambiente y el agua en Tocoa.
Además, 8 defensores permanecen en prisión preventiva ilegalmente. El 1 de agosto también marca 11 meses desde que una jueza de jurisdicción nacional los envió arbitrariamente a la cárcel. Desde que en marzo se impusieron las restricciones de COVID, no han visto a sus familias. Han estado enfermos sin acceso a los exámenes adecuados ni a la atención médica necesaria. Desde abril, el Consejo Nacional para la Prevención de la Tortura (CONAPREV) ha instado al Poder Judicial a cambiar las medidas de prisión preventiva, pero la Corte de Apelaciones, que tiene el expediente del caso en sus manos, se ha negado. Están detenidos ilegalmente y exigimos su liberación inmediata.
** No olvidan** Muestra su solidaridad a nuestros hermanos y hermanas Garífunas y a la OFRANEH. Unámonos al llamado de justicia por la lucha histórica por la autonomía y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! #LasVidasGarífunasImportan #SuLuchaEsNuestraLucha
Saludos solidarios,
Equipo técnico Causa Guapinol
PD: En caso de que se lo haya perdido: Lea aquí el comunicado de prensa de la acción legal de la semana pasada pidiendo al MP de Tocoa que desista de las medidas cautelares de prisión preventiva: bit.ly/GuapinolResiste
**Recuerden que nuestra próxima llamada general para actualizarnos sobre Guapinol es el 10 de agosto a las 9am hora de Honduras. Si desea participar, por favor, háganoslo saber: guapinolresiste@gmail.com
Honduras: Continuación de la criminalización contra los defensores de Guapinol
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Nueva información:
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre la continuación de la criminalización contra trece defensores del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos[1].
Según la información recibida, el 13 de agosto de 2020, los representantes legales de los defensores de Guapinol fueron notificados de cuatro fallos emitidos por la Corte de Apelaciones el 3 de marzo de 2020.
El primer fallo ratifica la decisión del 1 de septiembre de 2019 de la jueza de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo de dictar un auto formal de procesamiento por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” para los Sres. Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán , Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de Olanchito, así como para el Sr. Jeremías Martínez, privado de libertad en el Centro Penal La Ceiba.
En cuanto a la prisión preventiva de estas ocho personas, la Corte de Apelaciones se pronunció sobre un recurso presentado por la defensa el 7 de noviembre de 2019, en el que solicitaba revocar la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, en su dictamen, la Corte de Apelaciones, hizo referencia a un expediente completamente diferente.
En su tercer fallo, la Corte de Apelaciones denegó la solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares, presentada por la representación legal de las personas defensoras el 11 de marzo de 2020, afirmando no tener competencia para celebrar tal audiencia.
En el cuarto fallo, la Corte revocó el sobreseimiento definitivo por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” para los Sres. Juan Antonio López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramon y José Adalid Cedillo, cinco de los doce defensores a favor de los cuales se habían desestimado dichos cargos en marzo de 2019. En su decisión, la Corte de Apelaciones no individualizó los cargos ni proporcionó ningún argumento legal que justifique su decisión. En este caso, el equipo de defensa legal ha presentado reposiciones para impugnar el fallo de la Corte.
Asimismo, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo por el delito de “asociación ilícita” para todas las personas defensoras de Guapinol criminalizadas que se habían presentado voluntariamente ante los tribunales, y cambió el sobreseimiento definitivo por el delito de “robo” a un sobreseimiento provisional.
Sobre los delitos de “usurpación” y “daños” que 14 del total de 20 defensores criminalizados también enfrentan, la Corte de Apelaciones no se ha pronunciado. (ver Antecedentes).
El Observatorio destaca que los cuatro fallos fueron emitidos el 3 de marzo de 2020. Sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo notificó oficialmente hasta el 13 de agosto, hecho que representa una grave denegación de justicia. Asimismo, la Corte se negó a aceptar y a considerar en su fallo un documento suplementario presentado por el equipo legal de los defensores el 6 de agosto de 2020. Éste contenía los cambios en el nuevo Código Penal de Honduras y sus impactos favorables en el caso.
En las próximas semanas, el expediente del caso debe de ser trasladado al Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional, quien deberá convocar una audiencia para notificar a las partes y para decidir las medidas que se deben aplicar a los cinco defensores nuevamente criminalizados. Durante la audiencia, la representación legal solicitará el cambio de medidas para los ocho defensores en prisión preventiva.
El Observatorio reitera su condena al uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio y muestra su preocupación por el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva para los Sres. Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez y Jeremías Martínez.
En este sentido, el Observatorio recuerda que el 19 de marzo de 2020, sus representantes legales presentaron una acción de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de garantizar la salud y la vida de los defensores en el actual contexto de crisis sanitaria. Sin embargo, ésta fue rechazada, a pesar de los llamamientos públicos hechos por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortando a los Estados a tomar medidas alternativas a la privación de libertad para aquellas personas detenidas sin motivos jurídicos suficientes[2].
Asimismo, el Observatorio condena enérgicamente la continuación de la criminalización contra los defensores del derecho al agua de Guapinol, así como las violaciones al debido proceso, particularmente el incumplimiento de los plazos procesales para la emisión de resoluciones judiciales.
Por todo lo anterior, el Observatorio reitera su llamado a las autoridades de Honduras a tomar medidas concretas y urgentes para asegurar el respeto del derecho al debido proceso de las personas defensoras anteriormente mencionadas y a poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y Sector San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, particularmente en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio frente a empresas mineras.
Antecedentes:
El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa minera «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones, pasando a unos 20 metros del río Guapinol. Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.
El 7 de septiembre de 2018, un joven resultó herido luego de ser atacado por un grupo de guardias contratados por la empresa “Inversiones Los Pinares”, en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y Sector San Pedro, hecho que no ha sido investigado ni sancionado.
El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.
El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas del municipio de Toco se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de “usurpación” y “daños” contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas defensoras y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas, dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se habían presentado, se les acusaba de delitos adicionales, incluidos “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado”, “robo” y “asociación ilícita”. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.
Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia de declaración de imputado ante el juez de Jurisdicción Nacional Víctor Méndez quien ordenó la detención judicial para 12 de las 13 personas[3], en virtud de que entre los delitos por los cuales se les acusaban, figuraba el delito de “asociación ilícita”, que conlleva automáticamente la prisión preventiva, algo que ha sido denunciado reiteradamente como un tipo penal utilizado para criminalizar la defensa de derechos humanos.
Los doce defensores estuvieron en el Centro Penal de Tamara hasta el 28 de febrero cuando inició su primera audiencia inicial por el primer requerimiento de “usurpación” y “daños” ante el mismo Juez Méndez.
A las 2:35 de la madrugada del 2 de marzo de 2019 el juez de Jurisdicción Nacional dictó sobreseimiento definitivo para los delitos de “usurpación” y “daños” contra la empresa “Inversiones los Pinares” de los que se acusaba a las 13 personas defensoras según el expediente inicial número 148-2018 emitido por el Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula en octubre de 2018.
Horas después, empezó la segunda audiencia inicial por la segunda causa en el caso de criminalización contra las docepersonas defensoras del derecho al agua que permanecían privadas de libertad bajo prisión preventiva.
El 4 de marzo el Juez Méndez de Jurisdicción nacional dictó sobreseimiento definitivo para los delitos de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado”, “robo” y “asociación ilícita” y las 12 personas defensoras fueron puestas en libertad el día 6 de marzo.
El Observatorio mostró su preocupación por el lamentable papel jugado por el Ministerio Público durante las casi 50 horas de audiencias en las que quedó patente que carecía completamente de pruebas. A modo de ejemplo, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, aparecía una matriz que señalaba a los integrantes de “La Banda de la Aldea de Guapinol” en la que aparecía como presunto integrante del supuesto grupo criminal la fotografía y nombre del Sr. Antonio Martínez Ramos, quien aparecía en el segundo requerimiento fiscal a pesar de haber fallecido en el 2015 por lo que evidentemente no podía ser culpable de los delitos que se le atribuían.
La empresa apeló la decisión de sobreseimiento definitivo y la Corte de Apelación aceptó el recurso.
El lunes 26 de agosto de 2019 un grupo siete defensores de derechos humanos[4] de los 31 criminalizados, se presentaron voluntariamente ante la jueza de Jurisdicción Nacional, Lisseth Vallecillo, buscando poner fin al proceso de criminalización en su contra y que se reconociera su inocencia en el marco del caso “Guapinol” en el que, en marzo de 2019, 12 personas defensoras que enfrentaban las mismas acusaciones fueron absueltas.
Durante la audiencia de presentación de imputados celebrada el 26 de agosto, la Jueza Lisseth Vallecillo de Jurisdicción Nacional dictó detención judicial contra los siete defensores y contra el Sr. Jeremías Martínez Díaz[5] al existir una acusación por “asociación ilícita” en su contra. Los defensores fueron privados de libertad en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Departamento de Francisco Morazán.
El 28 de agosto de 2019, el Sr. Argueta Tejada, uno de los defensores criminalizados en el caso Guapinol que había decidido voluntariamente no presentarse ante el juez, fue asesinado a balazos por personas desconocidas.
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre tuvo lugar la audiencia inicial contra los ocho defensores. Se dictó sobreseimiento definitivo por los delitos de “robo” y “asociación ilícita” y auto formal de procesamiento por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” y dictó prisión preventiva, aunque estos delitos no requieren de esta medida, para los ocho defensores y para el Sr. Antonio Martínez Ramos, quien había fallecido cuatro años antes.
El 6 de noviembre de 2019 tuvo lugar la audiencia de revisión de medidas, en la que la jueza confirmó las medidas de prisión preventiva para los defensores. Al día siguiente, , sus representantes legales presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, que no fue recibida hasta el 25 de febrero de 2020.
El 11 de marzo de 2020, se presentó una nueva solicitud de audiencia para revisar la medida.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, otorgarles la libertad inmediata e incondicional y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso;
ii. Poner fin a la utilización del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
iii. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
iv. Abordar las causas de fondo del conflicto socioambiental revisando la concesión de territorios protegidos a la empresa extractiva minera Los Pinares al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos;
iv. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de derechos humanos;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@
Sr. Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de
Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail:
observatorio@sdhjgd.gob.hn
Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn
Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@
Sr. Rolando Edgardo Argueta Pérez, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn;
justiciaenaccion@
Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de
Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail:
mission@hondurasginebra.ch
Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
Sr. Embajador Luis Cordero Montoya, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Guapinol resiste en medio de la criminalización
- 05/08/2020
Con el olor del elote tierno, y el sabor de los aguacates que dan frutos en agosto, hace dos años las comunidades del sector Guapinol en Tocoa, Colón, instalaron un campamento para rechazar una empresa minera que llegó sin su consentimiento.
A la toma le llamaron Campamento por el agua y la vida. Este agosto también se cumplen once meses desde que 8 defensores de estas comunidades guardan prisión ilegalmente en el centro penal de Olanchito, Yoro.
Desde la instalación del campamento se inició la defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, antes conocido como Montaña Botaderos.
A pesar de la oposición de la comunidad y el municipio en general, estos empresarios por el nivel de influencias y poder económico se han encargado de torcer la justicia y la institucionalidad para avanzar con la instalación del proyecto y mandar a la cárcel a quienes hacen uso del legítimo del derecho a la protesta.
Los dos años de instalación del campamento digno por el agua y la vida, han estado marcados de represión, intimidaciones, corrupción, abusos de poder, encarcelamiento, pero también de solidaridad, compañerismo, conciencia, arte y espiritualidad.
Juana Zúniga, luchadora del sector Guapinol, dice que la comunidad históricamente ha sido muy tranquila, sin embargo, fue necesario que dañaran el río para que se levantara en defensa de los bienes naturales. Es así, como decidieron emprender la lucha a través de firmas, plantones en la calle y luego la instalación del campamento el 1 de agosto del 2018, mismo que duró 88 días.
“Era un campamento donde aprendimos a vivir en familia, a solidarizarnos unos con otros a pesar del peligro que se vivía. La experiencia del campamento fue algo inolvidable porque nos enseñó a vivir en comunidad”, comenta Juana Zúniga.
Para la luchadora, el Estado hondureño trata de callar y opacar la lucha a través de múltiples estrategias, sin embargo el pueblo está indignado con tanta injusticia que se está viviendo en el país. Comenta que tienen claridad que la justicia está parcializada con los grandes empresarios, y no con quienes luchan por la defensa del agua y la vida.
Juana, quien tiene a su compañero de vida, José Abelino Cedillos, preso junto a los otros 7 luchadores en Olanchito, Yoro, señala que la lucha no terminará con la libertad de los encarcelados. Por el contrario, será una fortaleza más para seguir peleando en defensa de los bienes naturales en la zona.
Fortalecimiento de lucha
Leonel George miembro del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, y quién también estuvo preso el 2019 junto a 12 ambientalistas más; explica que, como en el resto del país, en el departamento de Colón se han venido gestando una serie de proyectos que son lesivos contra la vida, dignidad y los derechos de la ciudadanía.
Los procesos de entrega de lo público iniciaron con la privatización de la salud, y han avanzado hasta la privatización de los bienes comunes de la naturaleza que han sido concesionados sin el visto bueno de las comunidades.
El ambientalista explica que, existe una preocupación enorme porque hay más de 3,500 hectáreas concesionadas en ese Parque Nacional, que vendrían a destruir las zonas productoras de agua. Las mismas deberían ser protegidas por el Estado, sin embargo, se ha prestado para el otorgamiento de licencias y concesiones.
“En todo eso nos hemos encontrado con una institucionalidad totalmente al servicio del poder económico; tenemos al Congreso Nacional que se prestó para modificar la zona núcleo y poder entregar concesiones; un Ministerio Público que no hace caso a las denuncias presentadas por la ciudadanía y por las organizaciones, pero sí corre cuando la empresa minera le pide que judicialice a los defensores y defensoras. Un Poder Judicial que nos persigue como a criminales a gran escala”, concluye Leonel George.
El proceso de lucha de las comunidades en el sector Guapinol constituye un ejemplo de dos elementos que rodean las luchas sociales en Honduras. Por un lado, la ineficacia de las instituciones para proteger los derechos humanos y dar respuestas adecuadas a las poblaciones que reclaman su derecho a vivir en un medio ambiente sano, por lo que, ven en la protesta un mecanismo para llamar la atención de las autoridades y lograr soluciones a sus demandas.
Por otro lado, la existencia de una política de criminalización que busca tergiversar deliberadamente los hechos para sancionar reivindicaciones o la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.
En ese sentido, el abogado Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal de los pobladores y pobladoras, opina que lo que está ocurriendo en Guapinol generalmente se categoriza como un conflicto, pero lo que se tiene es la imposición de un proyecto de manera fraudulenta y corrupta frente a las comunidades que están luchando por defender el agua y la vida.
Entender la lucha de Guapinol desde el tema estructural implica tocar algunos elementos que se observan en cualquier parte de Honduras, donde los mecanismos para imponer proyectos fraudulentos y corruptos son los mismos, dice.
“En la práctica lo que vemos es que el modelo extractivo y político de concentración de poder necesita algunas herramientas para garantizar el despojo. Por ejemplo, militares y policías contra los defensores que luchan pacíficamente. Es decir, hacen uso de herramientas que han sido legalizadas por el Congreso Nacional, donde no solo vemos que se reduce la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, para que se permitan concesiones en el área protegida, sino que, también tenemos que el mismo Congreso que aprueba un Código Penal como mecanismo y herramienta para controlar a los defensores y defensoras”, señala.
A partir de ahí, el abogado Edy Tabora identifica varios puntos que son clave en la búsqueda de justicia para Guapinol. Primero, es necesario la cancelación de la concesión; segundo, la cancelación de la licencia ambiental que fue otorgada cambiando los dictámenes originales del Instituto de Conservación Forestal (ICF), que decía que no podían ser otorgadas.
También señala que es importante que se promueva el trabajo de los defensores y defensoras de Guapinol, además que deben cerrarse las acusaciones en su contra. Es importante decir que no solo implica la libertad de los ocho luchadores que están privados de libertad, sino el cierre total de los dos procesos judiciales que hay en contra de los defensores. Además, que el Ministerio Publico debe abstenerse de seguir criminalizando.
En ese camino hacia la justicia el Estado debe de investigar y sancionar a los agresores de la Montaña Botadero y de los defensores y defensoras.
En caso de los delitos cometidos contra los defensores y defensores y defensoras están: atentados contra la vida, amenazas, difamaciones, detenciones ilegales, abuso de autoridad, acusación falsa, etc.
El abogado Tabora concluye haciendo el llamado a la humanidad en general que acompañé la lucha de Guapinol porque están en serio peligro, no solo de la privación de libertad sino de atentados contra su integridad física.
Caso Guapinol: vergonzosas resoluciones judiciales
Revocado sobreseimiento definitivo para cinco defensores y confirmado auto de procesamiento contra otros ocho
Por Giorgio Trucchi | LINyM
El pasado 13 de agosto, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán dio a conocer tres resoluciones – fechadas el 3 de marzo – relativas al sonado caso de los defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, al noreste de Honduras. A ocho de ellos se les confirmó auto de formal procesamiento y prisión preventiva, mientras que a otros cinco se les revocó el sobreseimiento definitivo dictado el año pasado por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc), antes EMCO Mining Company.
En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones.
Las holdings que administran Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros[1], y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum. El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán[2], donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande[3].
Criminalización y ensañamiento
En febrero de 2019, 11 defensores y 1 defensora[4] de la comunidad de Guapinol, todos miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, fueron acusados de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado, usurpación y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares. Después de ser encarcelados durante casi dos semanas, el 4 de marzo fueron sobreseídos definitivamente.
Cinco meses después, otros 7 defensores de los bienes comunes[5] de la misma comunidad fueron detenidos y encarcelados por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad. A ellos se suma Jeremías Martínez Díaz, quien guarda prisión desde diciembre de 2018.
A pesar de varios intentos de sus defensores de obtener una revisión de medidas cautelares, los jueces han venido denegando sistemáticamente esta posibilidad, y los ochos defensores del agua y la vida siguen presos, siete en la localidad de Olanchito y uno en La Ceiba.
La persecución contra defensores y defensoras de los bienes comunes de Guapinol ha quedado aún más evidenciada ahora con las resoluciones criminalizadora de la Corte de Apelaciones.
En la primera resolución (085-2020), los magistrados resolvieron revocar el sobreseimiento definitivo dictado el año pasado en favor de cinco de los doce defensores: Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
Contra ellos, la fiscalía podrá ahora abrir auto de formal procesamiento “como autores de los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado en perjuicio de Santos Hernández Corea, y del delito de incendio agravado en perjuicio de Empresa Los Pinares SA de CV“, se lee en la resolución.
Además, reformaron el sobreseimiento definitivo dictado en favor de los 11 defensores y 1 defensora por el delito de robo, convirtiéndolo en provisional. Asimismo confirmaron el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita.
En la segunda resolución, el pleno de la Corte de Apelaciones ratificó los autos de formal procesamiento decretados contra los ocho defensores actualmente privados de libertad, confirmó el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita y dictó sobreseimiento provisional por el delito de robo.
Queda pendiente la decisión sobre el delito de usurpación, otra espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de los defensores hondureños .
Finalmente, con la tercera resolución, los magistrados resolvieron declarar no ha lugar el recurso interpuesto por los apoderados legales de los ocho privados de libertad, contra la decisión del Juzgado de Letras del noviembre pasado de ratificar la prisión preventiva.
Una decisión política
“Son decisiones totalmente políticas. En primer lugar, las resoluciones son del 3 de marzo, es decir que nos ocultaron la información durante casi seis meses. Además, a cinco de los doce defensores sobreseídos definitivamente el año pasado los vuelven a procesar.
Hay un mensaje político dentro de las resoluciones, porque deciden someter a proceso a aquellos compañeros que más visiblemente han denunciado los atropellos cometidos en Guapinol”, dijo a la LINyM, Edy Tabora, miembro del equipo legal de los defensores de los bienes comunes.
Esta decisión de los magistrados podría conllevar la revisión de las medidas cautelares y una posible privación de libertad para los cinco defensores. Ante esta situación, el equipo legal ya presentó una impugnación ante el mismo tribunal.
“No es posible que en Honduras se siga criminalizando y encarcelando a quienes defienden la tierra y los bienes comunes, mientras se liberen a los que están involucrados en graves casos de corrupción (caso Pandora) o que son beneficiados con el nuevo código penal.
El mensaje político es clarísimo: aquí la dictadura sigue mandando y sigue manipulando el sistema judicial y la normativa, beneficiando a los amigos y criminalizando a los que considera sus enemigos”, agregó Tabora.
Honduras letal
Honduras tiene más del 35 por ciento de su territorio concesionado para proyectos extractivos y energéticos.
Lo que ocurre a defensores y defensoras de Guapinol no es un caso aislado. De acuerdo al más reciente informe de Global Witness[6], Honduras es entre los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas (14 en 2019).
Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso para los activistas ambientales, y el con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuya delegación visitó Honduras el año pasado, señaló que la mayoría de los conflictos asociados a proyectos de inversión de gran escala “tienen un origen bastante común: la falta de involucramiento y diálogo significativo, la insuficiente y débil práctica de consulta y búsqueda de consentimiento”.
Asimismo, consideró imprescindible garantizar la independencia del sistema judicial para “fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas”.
El Grupo instó a las autoridades hondureñas a actuar de inmediato “para abordar las causas de los conflictos sociales y la desconfianza extrema en la capacidad de las instituciones para promover una economía justa e inclusiva”.
“El poder judicial refleja la voluntad del poder económico y garantiza sus intereses. En este sentido sigue criminalizando a todos aquellos que resisten y luchan contra la imposición de proyectos extractivos.
Aunque la situación es complicada y la persecución contra defensores y defensoras no para, vamos a solicitar nuevamente la revisión de medidas cautelares para las personas privadas de libertad e impugnaremos el fallo de la Corte de Apelaciones. Vamos a pelear para que se haga justicia”, concluyó Tabora.
[4] Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George, José Adalid Cedillo Mendoza y Lourdes Elizabeth Gómez Roda.
[5] Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, ha señalado este 23 de septiembre de 2020, que ya no se justifica que un Juez de Jurisdicción Nacional conozca el caso de los defensores de Guapinol y que ya debería estar en manos de un juzgado de letras ordinario con las debidas garantías judiciales, de lo contrario pueden estarse vulnerando derechos fundamentales de ocho defensores de Guapinol encarcelados entre 2018 y 2019.
Los defensores del ambiente Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, guardan prisión desde el 26 de agosto de 2019 y Jeremías Martínez, encarcelado en una prisión de La Ceiba, Atlántida, desde diciembre de 2018, por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado y privación injusta de la libertad. El delito de asociación ilícita fue sobreseído pero aún así continúan tras las rejas.
En el comunicado Herrera Cáceres hace un antecedente de todo lo acontecido en este caso de privación de libertad, la cual deja claro que como hubo un sobreseimiento del delito de asociación ilícita el Juez Nacional, no se justifica que continúe llevando el caso, “el derecho de presunción de inocencia no puede ser vulnerado por la estigmatización o la privación arbitraria de libertad”.
Aunque el CONADEH deja entrever que le ha dado seguimiento al caso desde el principio y ha recomendado que se rectifiquen situaciones anómalas que ponen en precario la seguridad jurídica de los indiciados, casi señala que el Poder Judicial y el Ministerio Público han hecho caso omiso a sus recomendaciones.
Hace un llamamiento a reconocer la labor de los defensores del medio ambiente de Guapinol y destaca que la empresa minera debe observar los principios rectores de Naciones Unidas en cuanto al respeto de los derechos humanos.
La defensa de los defensores del Río Guapinol ha presentado un sinnúmero de acciones legales para que se cambiara la prisión preventiva a defenderse en libertad, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta sino que más bien la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó el sobreseimiento definitivo para otros cinco defensores y ordena que regresen a prisión tal como habían estado en febrero y marzo de 2019.
Estas personas son Juan López, Leonel George, José Adalid Sevilla, Reynaldo Dominguez y Marco Tulio Mendoza, del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, que han sido uno de los actores fundamentales para la defensa del medio ambiente , el Río Guapinol y San Pedro, en Tocoa, Colón, pero la empresa minera Inversiones los Pinares ha hecho uso de toda su influencia para torcer la justicia, según lo han denunciado los afectados.
Este es el comunicado íntegro del CONADEH:
Corte de Apelaciones criminaliza y da persecución política a defensores del agua
- 17/08/2020
Luego de conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, en el que decidió revocar el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, y ratificar el auto de formal procesamiento para los ocho ambientalistas privados de libertad, se comprueba que en Honduras no hay un Poder Judicial, sino que un servicio judicial, interpreta el abogado Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
Catalogándola de nefasta, Joaquín Mejía reitera que la decisión de la Corte de Apelaciones contra los defensores del Río Guapinol y San Pedro es una clara criminalización y persecución política.
“La decisión de la Corte de Apelaciones refleja que existe una justicia selectiva, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe 2019, en el sentido que actúa de manera tardía cuando se trata de perseguir a corruptos, narcos y violadores de derechos humanos, pero actúa de otra manera cuando se trata de proteger los intereses de quienes tienen vínculos con el poder político y económico”, apunta el abogado Mejía, al recordar que la empresa minera Inversiones Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, yerno el fallecido empresario Miguel Facussé, patriarca de una de las familias más poderosas del país.
La Corte de Apelaciones que decidió continuar con el proceso contra los defensores del Río Guapinol, quienes se oponen al proyecto extractivista de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, está integrada por las magistradas María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubón Padilla y el magistrado Ramiro Alejandro Ramírez.
Parafraseando a la periodista chilena Alejandra Matus, Mejía expresa que la otra realidad que refleja la decisión de la Corte de Apelaciones es que en Honduras no existe un Poder Judicial independiente, “sino que lo que hay es un servicio judicial que está manoseando por diferentes poderes dentro del Estado y poderes fácticos económicos”.
Desprotección a defensores y defensoras
Los cinco defensores de los Ríos Guapinol y San Pedro: Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y José Cedillo, quienes fueron sobreseídos por las acusaciones de la empresa Inversiones Los Pinares, ahora están ante la posibilidad de privación de libertad.
Lo anterior, para el ambientalista Leonel George evidencia la vulneración y la desprotección de los defensores y defensoras de las comunidades: “en todo este proceso y en todos los casos que están relacionados con defensores y defensoras, tanto ambientales como de derechos humanos, solamente evidencia que hay un sistema judicial que no le interesa la vida de ningún ciudadano, que no le interesa el ambiente, por lo tanto, siempre ha estado como una ventanilla de trámite para la gran empresa”.
El abogado Efraín Ramírez, quien tiene representación legal en el caso de los defensores, indica que la Corte de Apelaciones tenía los suficientes elementos para considerar que la resolución emitida en marzo de 2019 a favor de los ambientalistas está apegada a derecho.
“Esto genera una persecución, porque tanto la resolución oral que el juez Víctor Meza emitió como el acta que fue redactada tienen los argumentos o elementos de motivación suficientes para determinar que el sobreseimiento definitivo está apegado a derecho, la Corte hace una motivación que aleja esa posibilidad haciendo afirmaciones de hecho, por lo cual es inaceptable la resolución”, explica el abogado Ramírez.
En ese sentido, el abogado penalista y defensor de los ambientalistas, Omar Menjivar, apunta que el fallo de las magistradas Ramos Matute, Dubón Padilla y el magistrado Ramírez ratifica una línea de persecución a través del Poder Judicial, el cual está a disposición del capital en Honduras.
Menjivar agrega que es una sentencia que tiene falencias graves desde la perspectiva técnico-jurídica, especialmente penal, “no hace un razonamiento jurídico-dogmático de los delitos porque considera que, si ocurrieron, desprecia por completo los alegatos nuestros”, por cuanto está basada en la arbitrariedad que tiene el poder.
La defensa de legal de los ambientalistas de los Ríos Guapinol y San Pedro detallaron que en los próximos días el expediente del caso debe ser transferido al Juzgado de Letras y se convocaría a una audiencia, durante la cual los abogados solicitarán la revisión de las medidas de las personas encarceladas e impugnarán al fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.
Conflicto minero en Copán se agudiza en tiempos de pandemia
- 23/09/2020
Inicialmente en 1983 el Estado otorgó a la empresa Minerales de Copán, hoy Aura Minerals-Minosa, más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales, principalmente oro, el permiso fue entregado bajo un convenio de compromiso de la empresa con las comunidades el que hasta el momento no se ha cumplido.
Desde hace más de 7 años, las comunidades del municipio de La Unión en el departamento de Copán, comenzaron una lucha para denunciar la destrucción provocada por la extracción de minerales que realiza la empresa a través de fuertes explosiones y excavaciones en su misión de extraer oro en la zona.
En la lucha contra la multinacional minera, las comunidades de Azacualpa y San Andrés, en La Unión se han llevado la peor parte cuenta a Radio Progreso, Antonio Trigueros, vicepresidente del Comité Ambientalista de Azacualpa, una comunidad que se ubica en las faldas del cerro donde funciona el cementerio de la localidad.
El ambientalista explicó a Radio Progreso que la situación en las comunidades es compleja; están en una lucha frente una empresa minera de capital extranjero, que ha llegado a robar su patrimonio. Compleja, porque no solo luchan contra la empresa, sino contra el mismo Estado hondureño que junto a las municipalidades y las distintas instituciones públicas se vuelven aliados de la empresa.
Incumplimiento
A mediados de 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de amparo interpuesto por el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, en favor de los habitantes de la comunidad.
Mediante el recurso se ordenó cesar de inmediato las exhumaciones de cadáveres en el cementerio comunitario porque violenta a los pobladores y pobladoras su derecho a la soberanía comunitaria, a la cultura, la integridad personal, física, psíquica y moral, y el derecho a la familia y del resto de las habitantes de la comunidad de Azacualpa. Sin embargo, tiempo después se quedó sin lugar.
Sin embargo, debido al poder económico y político que tiene la empresa, el recurso no se ha cumplido, y en medio de la pandemia los trabajos de explotación siguen avanzando.
“Esta empresa ha aprovechado al máximo la pandemia para aumentar la explotación, la violación de los derechos humanos e incrementar la destrucción ambiental en la zona. Nosotros como pueblo recurrimos a las autoridades como debe ser, pero ellos bailan junto a la empresa y hacen oídos sordos al clamor de las comunidades, tienen un mismo pensar; destruir el medio ambiente y no respetar la opinión de la gente para incrementar las ganancias”, señala Trigueros.
Según el líder comunitario, están acabando con el cementerio donde descansaban en el sueño eterno alrededor de dos mil cadáveres, de los cuales alrededor de 700 ya han sido exhumados. Además, sigue la amenaza de reactivar las exhumaciones a partir de octubre del presente año.
Saqueo
Ramiro Lara, representante de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), -una de las organizaciones que acompaña la lucha de las comunidades- explica que la empresa produce 8 mil onzas de oro al año, a un valor de 1,300 lempiras la onza. Es decir, cantidades industriales de dinero, y al país dejan sólo miserias.
A su criterio explica hay una complicidad de la institucionalidad, quienes están coludidos con la empresa de manera que todo lo que hace, es aprobado por el Estado a través de sus instituciones.
El líder social señala que existe toda una estrategia bien montada para presionar a las comunidades a que acepten la exhumación de sus familiares. “La empresa está excavando alrededor del cementerio y lo está dejando como un cono, es decir están buscando la manera que el cementerio comience a derrumbarse y a la gente no le quede más que sacar o permitir que saquen los restos de sus parientes”.
Ramiro Lara recuerda que en el año 2015 la Secretaría de Salud hizo una inspección al cementerio y determinó que era insalubre, por lo tanto debería cambiarse de lugar. Después, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), realizó otra visita al cementerio y dictaminó que el mismo está en un sitio de riesgo, reforzando la necesidad de una reubicación, respondiendo de esta manera a los intereses de la empresa de capital canadiense.
“Nosotros acompañando a estas comunidades hemos interpuesto entre 15 y 17 denuncias por daños, persecución y amenazas a los pobladores de Azacualpa, pero ni una ha sido investigada. Todo lo contrario, cuando la empresa pone una denuncia inmediatamente corre a buscar y a capturar a las personas señaladas.
En la zona, durante el año 2014 se criminalizaron 19 personas, (13 hombres y 6 mujeres), en el año 2018, otro número similar (19 personas), fueron criminalizadas. En total, 38 personas han sido perseguidas por oponerse a la explotación minera.
Azacualpa y Escazú
Desde las distintas organizaciones sociales, populares y ambientales del país se está demandando la ratificación del Acuerdo Escazú. El mismo señala que, las comunidades tienen por lo menos tres derechos fundamentales: a la Información, a la toma de decisiones y derecho a una Justicia imparcial.
Ramiro está convencido que es necesario que el Gobierno hondureño firme y ratifique el acuerdo, porque eso vendría a reforzar los derechos que tiene la gente, y con ello se evitaría gran parte de la conflictividad que están enfrentando las comunidades, por la defensa de sus derechos y la vida misma.
Desde el punto de vista de las empresas, el cementerio únicamente representa ganancia para sus intereses. Sin embargo, para los pobladores y pobladoras el cerro del cementerio no es un simple lugar donde se van a dejar los cuerpos de sus familiares que fallecen. El cementerio significa mucho, es una herencia de sus ancestros, de sus abuelos y abuelas. Es parte de su historia y cultura.
Honduras estará en el banquillo el 13 de noviembre próximo para ser evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Wednesday, 23 September 2020 23:02 Written by Heidy Dávila Published in Monitoreo de compromisos internacionales - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El Estado de Honduras deberá responder a una serie de preguntas en relación a los derechos humanos en el país, cuando sea evaluado el 11 de noviembre próximo por el Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal, EPU.
Honduras se presentará a las pre sesiones el 13 de octubre a las 3pm de forma virtual , correspondiente al 36 período en el tercer ciclo en que será examinado para analizar si el país ha cumplido en materia de derechos humanos con la adopción de medidas y recomendaciones.
El Consejo de Derechos Humanos, es el principal organismo intergubernamental del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global, hacer frente a las situaciones de violación de derechos humanos y formular recomendaciones.
El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU) es un proceso único que permite examinar la situación de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU, una vez cada 4.5 años. Honduras fue evaluado el 2010, 2015 y ahora en 2020. En los dos anteriores se ha comprometido a cumplir distintas recomendaciones.
Para realizar esta evaluación el Estado de Honduras tiene que presentar un informe pero también las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S) y Sociedad Civil.
Defensores de derechos humanos, asociaciones locales, organizaciones locales, sindicatos, pueblos indígenas, puede presentar información a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, (OACDH), sean o no reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en ingles).
Las ONG pueden hacer “lobby” a los evaluados a fin de llamar su atención sobre temas específicos y lograr que estos temas sean discutidos en el diálogo interactivo en forma de preguntas o recomendaciones, puede hacerse tanto en Ginebra como en el país, con antelación de al menos 3 o 4 meses antes del día, ya que durante la evaluación no se les permite el uso de la palabra porque podría provocar un evento paralelo con el Estado. Desde que el EPU inició sus actividades en 2008, el 100 por ciento de los 193 Estados miembros de la ONU han participado.
Este tercer ciclo de revisión empezó en 2017,Honduras presentó el informe la Coalición contra la Corrupción y la Impunidad (CCI), el Centro Hondureño de Promoción y Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), y el informe estatal.
Mesa de seguimiento a las sentencias de la CorteIDH señalan que el Estado de Honduras pretende siempre evadir la responsabilidad
Wednesday, 23 September 2020 22:39 Written by Heidy Dávila Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Representantes de la Mesa de seguimiento de recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, señalaron que Honduras no cumple las sentencias de este ente interamericano de justicia, según lo expusieron en un webinar en redes sociales, este miércoles 23 de septiembre de 2020, en el webinar "Análisis de casos ante el SIDH: situación de personas privadas de libertad en Honduras", que estaba moderado por la abogada Claudia Herrmanssdorfer, del Equipo Jurídico por las Derechos Humanos.
Esta Mesa de seguimiento de recomendaciones y sentencias de la CorteIDH, en Honduras está conformada por organizaciones nacionales e internacionales, las que mencionan que es necesaria la articulación para enfrentar un régimen dictatorial que no respeta los derechos humanos y por ende las sentencias internacionales.
la CorteIDH emitió sentencia en el caso de 107 personas privadas de libertad que fallecieron calcinados en un centro penal, responsabilizando al Estado después de escuchar a peritos y testigos, mientras las autoridades habían rechazado su responsabilidad en los sucesos donde no pudieron garantizar la vida, ya que estaban dormidos y encerrados cuando se originó el fuego.
El abogado Mario Roberto Chichilla, uno de los panelistas y quien también fue parte del equipo de abogados del caso Pacheco Teruel y otros Vrs Honduras, el cual se trata de la muerte de 107 privados de libertad en la cárcel de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004, en la bartolina número 9 . La Comisión Interamericana de derechos humanos donde se tramitó el caso inicialmente, señaló que las personas fallecidas eran miembras de maras a quienes se mantenían aisladas del resto de la población del penal y confinadas a un recinto inseguro e insalubre, por lo que los hechos “son en definitiva son una consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciarlo hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas”
Chinchilla detalló que la fiscalía dejó la investigación y que cuando el caso llegó a la CIDH habían pasado cuatro año y las investigaciones aún estaban en etapa preliminar. Además de no haber identificado a los responsables no había reparación para las familias de las víctimas, apenas el Estado dio una cierta cantidad de dinero que no ajustó ni siquiera para comprar todos los ataúdes.
Tampoco hubo reconocimiento público por parte del Estado de Honduras de su responsabilidad, por lo que el caso llenaba los requisitos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entretanto, otro de los panelistas, el abogado Joaquín Mejía , integrante del equipo legal de varias organizaciones que apoyaban a las familias de los privados de libertad muertos, dijo que la CIDH elev+o el caso a la CorteIDH y notificó a las partes. Las víctimas tuvieron dos meses para responder y el Estado de Honduras cuatro, pero se negó a reconocer su responsabilidad en los hechos.
En vista de ellos el presidente de la CorteIDH convocó a una audiencia pública el 28 de febrero de 2012 y solicitó peritajes e informes por escrito de los hechos, el Estado de Hionduras se vio obligado a aceptar su responsabilidad y a proponer un arreglo amistoso, pero la defensa de los familiares de las víctimas respondieron que sí podía haber conciliación si la conciliación se convertía en una sentencia de la CorteIDH y sí el Estado procedía a reparar a los parientes de los muertos.
Carlos Paz, de Caritas Honduras, expresó que ese suceso fue tan desgarrador porque de los 107 privados de libertad, más de 100 murieron asfixiados, varios de los cuerpos fueron entregados equivocados a sus familiares, y en el tema de la reparación integral todavía está la deuda, provocando una revictimización y la falta de indemnización para los hijos, hijas, esposas y madres.
En este caso el Estado de Honduras no ha incumplido las recomendaciones, en los últimos años se suman más víctimas debido a la falta de cambios en el sistema de justicia , sino que aprovechan el aspecto penal de las leyes para criminalizar a personas que se manifiestan en protestas y manifestaciones, así como defensores y líderes sociales y ambientales, detalló Paz.
La mesa de seguimiento plantea las oportunidades en el sistema penitenciario
Según los expositores, respetando los estándares internacionales el Estado debe garantizar la vida de las personas que se mantienen bajo su custodia y garantizar el acceso a una vida digna contemplado en los parámetros de la privación de libertad.
La mesa partió el estudio del caso en base a la observación y el informe de país de la situación penitenciaria, que permite ir viendo los reportes de hacinamiento y sobrepoblación de sentenciados y condenados, para contrastar avances del Estado y de las instituciones internacionales para debatir la realidades.
Vea la sentencia de la COrteIDH en el caso de la muerte de los privados de libertad de la cárcel de San Pedro Sula Aquí en este link
“¡Libérenlos ya de este infierno de injusticia!”
“Honduras está sumida en una profunda crisis política, cuya solución debe pasar por la superación de la violencia estructural del modelo de sociedad que se nos impone.
En este sentido, la criminalización de la pobreza y el descontento social convierten la privación de la libertad en una maniobra permanente de represión y violación de los derechos humanos”, advierten las organizaciones en un comunicado1.
Actualmente en Honduras hay alrededor de 22 mil personas privadas de libertad en 28 establecimientos, a cargo de un sistema penitenciario “totalmente militarizado, sobrepoblado, hacinado, y carente de una política pública penitenciaria integral”.
Un sistema donde la cotidianidad está hecha de violencia, insalubridad, malos tratos, torturas y severas carencias materiales. Algo que se ha vuelto aún más dramático con la llegada de la pandemia y la suspensión de garantías constitucionales.
De acuerdo con declaraciones del personal médico del Instituto Nacional Penitenciario habría casi 2 mil personas contagiadas en 20 establecimientos penitenciarios. Un monitoreo independiente calcula en al menos 25 las personas fallecidas por o con sospecha de Covid-19.
Pese al habeas corpus humanitario interpuesto a finales de marzo por el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) a favor de más de 2.400 presos con problemas crónicos de salud y mayores de 60 años, la Sala de lo Constitucional declaró sin lugar la garantía constitucional.
En medio de esta situación dramática hay al menos diez presos políticos que denuncian ensañamiento del régimen y reclaman el derecho de poder defenderse en libertad, entre ellos el joven maestro Rommel Herrera Portillo2, los ocho defensores del agua de Guapinol y Víctor Joseph Castillo.
Prácticamente todos manifiestan diferentes afectaciones de salud que los hacen vulnerables al coronavirus.
Ante esta situación, tanto el Comité para la liberación de los presos políticos como las demás organizaciones firmantes del comunicado, entre ellas la Rel UITA, instaron a las autoridades a acatar la solicitud del Sub Comité de las Nacionales Unidas para la Prevención de la Tortura a reducir la población penitenciaria.
Asimismo, exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos.
“Las cárceles son un infierno de injusticia y la forma como son manejadas por militares y policías son inhumanas.
Además nos enfrentamos a un sistema de justicia aberrante que encarcela por motivos políticos, y a un gobierno represor y violador de derechos humanos. ¡Los presos políticos debe ser puestos en libertad ya!”, dijo Juan Almendárez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), presos políticos y desaparecidos son temas que nadie debe olvidar.
“Durante la suspensión de garantías por la pandemia hemos contabilizado al menos 9 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas los cinco compatriotas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz3.
También tenemos a presos políticos que están privados de libertad por defender el agua, la vida, la educación y salud pública. Nadie los va a olvidar.
El Estado es responsable de estos crímenes, de esta crisis de derechos humanos y del violento retroceso a los años 80.
Nos unimos al grito unánime que se levanta a nivel nacional e internacional: ¡Libertad Ya para los presos políticos! ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos”, concluyó Oliva.
En Managua, Giorgio Trucchi | Rel UITA
1 https://www.defensoresenlinea.
2 http://www.rel-uita.org/
3 http://www.rel-uita.org/
COMUNICADO
La Red De Comunicadores Sociales Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de El Paraíso, que forma y acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), a la Comunidad nacional e internacional hacemos de su conocimiento lo siguiente:
Es lamentable como en Honduras, a cinco meses de confinamiento por la pandemia del virus mortal COVID-19 aún no se ha controlado la situación sanitaria, por la que hemos sufrido la pérdida de tantas vidas humanas, cada una valiosa para sus familias que hoy están enlutadas por la terrible situación que enfrenta el país, que registra de manera oficial de los 50,500 casos positivos, 1575 víctimas mortales, pero las cifras reales pueden superar esta cantidad.
La falsa información se confabula con el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y la falta de atención médica precisa, pues no tenemos ni siquiera acceso para tratar el virus del Dengue que se transmite por los mosquitos.
Hasta la fecha de hoy 16 de agosto de 2020, cumplimos cinco meses sobreviviendo a este terrible y mortal coronavirus, y más preocupante es que cerca de cuarenta médicos, enfermeras y laboratoristas han muerto a causa del contagio.
El personal de salud sigue exponiendo sus vidas al continuar manejando una terrible enfermedad sin equipo médico de bioseguridad ya que el Régimen de Juan Orlando Hernández, hace caso omiso a las peticiones y llamados de auxilio que, a gritos le claman los Galenos ante la dura crisis que enfrentan en la primera línea de batalla sanitaria, para tratar a los contagiados en los hospitales que se han destinado a tratar pacientes positivos y sospechosos por Covid 19.
Ni los médicos tampoco nosotros queremos que el personal de salud siga ofrendando su vida en esta guerra sicosocial, económica y de poder en Honduras, donde los casos reales podrían contarse por cientos de miles, mientras el régimen hace desastres con el dinero del pueblo que era para hacerle frente a esta terrible enfermedad, suma que oscila en los 100 mil millones de lempiras, desde febrero pasado.
Nos preguntamos ¿dónde está el dinero? Destinado a los hospitales móviles. Unos cuarenta y ocho millones de dólares (más de mil 180 millones de lempiras) supuestamente se utilizaron para la compra de siete hospitales móviles, que de manera dudosa llegaron dos, al parecer desde Turquía. Se encontró equipo usado y en muy mal estado. Sin señalar a los responsables de esta compara fraudulenta, los hospitales móviles solo existen el imaginario de la dictadura, pero el virus avanza, las muertes continúan y el pueblo sigue enfermo pese a que la situación pudo haber sido controlada.
Los escándalos de corrupción continúan, las compras amañadas y el descontento social pregunta ¿Cómo es que se dañaron doscientas cincuenta mil pruebas PCR o “Reacción en Cadena de la Polimerasa” que arribaron al país? Y, mientras miles de compatriotas no se pueden practicar ni una prueba rápida porque no es accesible económicamente o los centros de triaje están desabastecidos, el régimen se da el lujo de desechar este producto tan necesario.
Son millones tras millones de lempiras sacados de las arcas del Estado de Honduras, incluso préstamos que aceleran el endeudando interno y externo, con la excusa de tratar el mortal virus, que a diario puede estar matando entre veinte y treinta personas.
Como defensores y defensoras de derechos humanos y población en general, desconocemos cuál ha sido el fin de estos miles de millones de lempiras, pues el pueblo hoy se pregunta ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
Honduras un país empobrecido donde habita 9.2 millones de habitantes, y este periodo pandemia acrecienta la brecha en entre ricos y pobres. No pasamos desapercibido que el Covid-19 ha permitido nuevos negocios, generando nuevos millonarios, pero el dinero siempre lo acumulan unos pocos: políticos y empresarios corruptos. Por el contario unos 400 mil obreros y obreras fueron despedidos sin ningún beneficio laboral.
Exigimos al Sistema Judicial de este país se investigue dónde ha ido a parar este millonario desfalco económico hecho por el Estado de facto hondureño y –reiteramos- donde el pueblo muere cada día por la irresponsabilidad de una cúpula corrupta y asesina que, nunca se ha interesado por el bienestar del pueblo.
Exigimos se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este nuevo desfalco, que dejas miles de muertes, como la de nuestro compañero Agustín Díaz Medina, en el Hospital Regional del Oriente “Gabriela Alvarado”, el pasado 15 de julio, en Danlí.
Don Agustín, fue un compañero comprometido con los procesos de cambio político y social, denunció la injusticia y luchó por un sistema de salud digno del pueblo hondureño, como integrante de la Red de El Paraíso, por él exigimos que el régimen responda ¿Dónde está el dinero?
El Paraíso, 16 de agosto del 2020
Red De Comunicadores Sociales Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de El Paraíso
Vamos a la Milpa: una apuesta por la esperanza
- 16/09/2020
La pandemia del coronavirus continúa amenazando a la humanidad, y con mayor fuerza a países como Honduras, donde el Gobierno de corte autoritario responde con malversación y desfalco de los fondos destinados a la emergencia, lo que ha provocado el colapso del sistema de salud y la zozobra para gran parte de la población que carente de salud, educación y empleo.
A esto se suma la siempre voraz intención neoliberal de privatizar los servicios y bienes públicos, con lo cual se agudiza la ya permanente crisis expresada en tres dimensiones:
1) agudización de las desigualdades; 2) deterioro y degradación ambiental y ecológica; y 3) debilidad profunda de la democracia y la institucionalidad del Estado de derecho.
Ante esta dramática realidad, y en memoria del legado del Padre Guadalupe Carney, mártir del campesinado hondureño, hoy cuando recordamos sus 37 años de desaparecimiento forzado, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), la Parroquia San Isidro Labrador, la Fundación San Alonso Rodríguez, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Honduras junto a la Fundación Share en Estados Unidos- entre otras que quieran sumarse – nos proponemos unir esfuerzos en la atención y cuidado organizativo, técnico, político y psicosocial alrededor del derecho humano a la alimentación, condición fundamental para la existencia de la sociedad.
Vamos a la Milpa representa un proyecto de futuro y esperanza, que deberá concretizarse en el mediano y largo plazo, mediante la soberanía alimentaria, cultural y territorial, es decir: agroecología, diversificación de cultivos, recuperación de semillas propias, técnicas nuevas y antiguas para el cultivo y comercialización de nuestros productos, nuevas relaciones de poder y género. Formación popular e inclusiva. Diálogo y debate sobre el tipo de desarrollo que deseamos, todo en sintonía con la cosmovisión original de nuestros pueblos mesoamericanos.
Las organizaciones que promovemos y acompañamos este proceso soñamos, creemos y apostamos por la comunidad organizada como camino y proceso, no solo como fin.
La milpa es la mediación gratuita entre el trabajo de hombres y mujeres y el maíz, y todos los cultivos de la tierra para garantizar soberanía alimentaria de toda la sociedad.
Volver al maíz es volver a la fuente; a las relaciones armónicas con la Madre Tierra y con la comunidad. Es volver al fundamento de nuestra historia enriquecida ahora por la técnica y la experiencia, y solidaridad de la comunidad local y global.
Vamos a la milpa es una invitación a desandar los caminos del egoísmo humano e individual, y avanzar hacia el futuro con esperanza.
Encuentran a joven defensor asesinado y con signos de tortura en Santa Cruz de Yojoa
Tegucigalpa.- El viernes 4 de septiembre el joven Julio Andrés Pineda Díaz, fue encontrado sin Vida y con signos de tortura en la Comunidad de El Olvido en Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortés.
Julio, abogado de profesión, había desaparecido días atrás y su cuerpo fue encontrado asesinado y torturado en la comunidad antes mencionada.
El joven se desempeñaba como abogado de la oficina de Catastro en la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, y también era activista por La Paz, miembro de Mundo Sin Guerras y sin Violencia (MSGYSV).
Asimismo participó en un proceso de formación en derechos humanos para jóvenes que fue impartido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH.
El repudiable crimen se da en el marco de la suspensión de garantías constitucionales impuestas por el régimen como medida para prevenir el coronavirus, y a casi seis meses de estar en confinamiento para evitar la propagación del Covid-19.
Es repudiable, que a pesar del confinamiento y que el régimen mantenga en la calle a policías y militares, la ola de crímenes y masacres en el país en vez de disminuir con estas nuevas medidas y restricciones, más bien van en aumento.
Cabe mencionar que el crimen de Julio Pineda no es el único que se ha registrado en estas circunstancias, también están los casos de los defensores Marvin Damián Castro, asesinado el 13 de julio de 2020 en la zona sur del país, Scarleth Cambell, defensora de los derechos de la diversidad sexual y miembro del Grupo Muñecas de la Asociación Arcoíris, asesinada en Tegucigalpa en julio pasado.
Los defensores han sido objeto de la violencia que impera en el país durante el toque de queda y el régimen no se ha preocupado por prestarle la atención necesaria, ni a los defensores ni a la población, que pide que pare la violencia en Honduras.
Policía ataca al periodista Bartolo Fuentes mientras transmitía en directo
El Progreso, Yoro.- Agentes de la Policía Nacional agredieron al periodista Bartolo Fuentes y pobladores que realizaban una pinta con la pregunta ¿Dónde está el dinero? Cuando el periodista transmitía en directo a través de la red social Facebook, a las tres de la tarde de este lunes 7 de septiembre.
Bartolo Fuentes, expresaba que todo está bien, mientras no llega la policía, sin saber lo que sucedería minutos después, que hasta el celular le arrebataron y siguió la transmisión desde el interior del chaleco de un agente de seguridad pública.
La acción de protesta ciudadana que duraría unos minutos, paralizó el tráfico, mientras los pobladores seguían preguntando ¿Dónde está el dinero? “Juan Orlando es un ladrón” “JOH se lo robó” “cárcel para Juan Orlando”, en una de las ciudades más afectadas por la pandemia del Covid-19.
El dinero por el que pregunta la población a nivel nacional, es referente a los cerca de 100 mil millones de lempiras que se ha agenciado el régimen de Juan Orlando Hernández, supuestamente para hacerle frente a la pandemia del Coronavirus, y que mantiene un confinamiento y toque de queda en Honduras, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 del 16 de marzo pasado.
La policía botó las latas de pintura con las que la población pintaba ¿Dónde está el dinero? Sobre el puente que conecta las ciudades de San Pedro Sula, departamento de Cortés y El Progreso, departamento de Yoro-
Bartolo identificó a uno de los policías agresores con el apellido “Morazán”, que tomaba fotografías a los que hacían la pinta, a la vez denunció que estaba siendo amenazado por ejercer el periodismo.
Su dispositivo móvil le fue arrebatado, durante la agresión, dejándolo incomunicado denunció ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), su esposa y compañera, la también periodista Dunia Montoya, esta noche.
A través de su cuenta en la red social de Facebook, Bartolo Fuentes denunció que la policía no le ha devuelto el dinero, y espera que lo haga mañana martes a la una de la tarde.
“Un policía me arrebató mi celular cuando ya despedía una transmisión en vivo de la pintada en el puente La Democracia DONDE ESTA EL DINERO JOH se lo robó, estaba a unos treinta metros del letrero donde se mantenía un contingente policial, arriba de la paila de un carro que estaba partiendo”, detalló.
La indicación de quitarme el teléfono la dio el policía de apellido Morazán.
Con el manotazo el teléfono cayó al suelo, lo recogió y se lo dio a otro policía. La transmisión continuó por lo menos por 10 minutos más y aunque no se ven imágenes porque lo metió tras su chaleco antibalas o porque lo quebraron, se escuchan claramente las voces de los policías y las de los compañeros pidiéndoles que devuelvan el celular.
“Fuimos a la policía con la abogada Prisila Alvarado y después de una larga espera nos reunimos con el Comisario Molina, el jefe en El Progreso. Cuando le mostramos la transmisión de facebook se dio cuenta que no había duda de que habían sido sus subalternos los que me quitaron mi celular, y no una persona particular como le informaron, “se ve claro en el video quien fue”, dijo.
Se comprometió que este martes a la una de la tarde tendrá una respuesta, espero que sea satisfactoria.
Agradezco a quienes me han dado su apoyo ante esta agresión. Finaliza la denuncia de Fuentes, quien es también defensor de derechos humanos, por lo cual lo han perseguido y hostigado reiteradamente, como sucedió en Guatemala cuando daba cobertura a la primera caravana migrante en octubre de 2017.
“La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley formal sino por la tasa de ganancia, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia es la forma jurídica que expresa poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora”.
Carta a la conciencia, Juan Almendares
En el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19), Honduras se ha caracterizado por tener un sistema precario de salud, alta corrupción, narcotráfico. No obstante, del endeudamiento internacional a través de préstamos, donaciones y proyectos multimillonarios; se ha revelado una profunda crisis por el sistema de salud que ha colapsado y agravado por la falta de apoyo a médicos, enfermeras, microbiólogos, técnicos y a todo el personal de salud, lo cual se ha reflejado en el incremento en la morbilidad y mortalidad de estos trabajadores y de la población en general, particularmente los sectores más pobres y explotados.
Sumado a lo anterior, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, masacres, violencia intracarcelaria, intrafamiliar, corrupción escandalosa de parte del Estado, despidos masivos de trabajadores, racismo, violencia de género y exclusión social
Dos eventos significativos son: el secuestro de los jóvenes garífunas que llevan 8 días sin aparecer y la decisión del Estado de inhabilitar a la Diputada María Luisa Borjas.
“1El equipo legal de Borjas presentó un recurso de casación frente a la sentencia que el 29 de enero de 2019 dictó el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, condenándola por dos años y ocho meses de prisión, y además ordenando su inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, condición que le prohíbe seguir en el Congreso Nacional...
En ese contexto, el pasado 21 de julio la CSJ declaró “sin lugar” la casación de la diputada... “
Las formas jurídicas, las leyes y políticas del Estado están en relación muy estrecha con la economía política o el modelo económico vigente y también con la geopolítica.
En este siglo XXI, el Estado hondureño se ha caracterizado por ser un estado militar, policial, carcelario y persecutorio, violador de los derechos humanos y ocupado su territorio por bases militares estadounidenses con una alta presencia del Comando Sur de Estados Unidos de América. En el plano económico se caracteriza por una economía dominada por el sistema neoliberal con tratados comerciales desiguales que protegen los intereses transnacionales y que progresivamente han invadido los territorios desalojando violentamente las comunidades por las empresas mineras, múltiples represas, monocultivos de palma africana, plantaciones de azúcar, siembras transgénicas inundando el país de plaguicidas, fertilizantes, metales pesados y produciendo enfermedades y muertes, sobre todo en las poblaciones indígenas, garífunas, misquitas, tolupanes, campesinas y urbanas empobrecidas como resultado de esta barbarie, han surgido en el corazón del pueblo dirigentes ambientalistas y defensoras de los derechos humanos como Bertha Cáceres, heroína que defendió el derecho de los ríos, las aguas, las montañas y las comunidades, así como la defensa de los derechos de la madre tierra a nivel mundial, por lo cual su lucha fue objeto de asesinato y cuyo crimen aún continúa impune.
¿Quién asesinó a Berta Cáceres?
Las investigaciones de estos casos generalmente toman un enfoque juridicistas y las leyes están diseñadas e impuestas por la política neoliberal que desde luego protegen los intereses del capital transnacional y nacional.
Nuestra reflexión parte de que generalmente se culpa a personas singulares y se excluye a los autores intelectuales. En otras palabras, que pueden ser las mismas empresas transnacionales, la banca internacional e incluso la política de otros países sin ética al expropiar a nuestros pueblos y comunidades que son despojados del agua y sus territorios.
No obstante, reconocer el esfuerzo de los juristas en aclarar este crimen, siempre he considerado que un enfoque interdisciplinario de varias profesiones desde luego bajo compromisos éticos y con respeto a los derechos humanos, pueden aclarar mejor esta situación, no obstante, las leyes nacionales e internacionales están diseñadas para proteger los intereses del gran capital.
La otra alternativa ha sido los tribunales de los pueblos que realmente están constituidos por intelectuales y representantes de las comunidades que se fundamentan en la verdad y en la justicia y con un profundo compromiso con los pueblos.
En todo caso, los estados militares y represivos tienen extraordinarios servicios de inteligencia; siempre hemos creído que tanto la verdad de los desaparecidos en toda América Latina, la verdad de los garífunas secuestrados y el asesinato de Bertha Cáceres la conocen los aparatos del Estado, más pareciera que las investigaciones son pura formalidad y por eso decimos con Gramsci “Que la suprema injusticia es causada por la hegemonía acorazada de coerción” que en el caso de Bertha Cáceres se criminaliza la voz del pueblo.
¿Quién es María Luisa Borjas?
Conocimos a la Comisionada María Luisa Borjas, quien visitó nuestro centro CPTRT cuando fue destituida de su cargo por denunciar a miembros de la policía involucrados en violaciones de los derechos humanos y porque sentía amenazada su vida; la sub directora del CPTRT, Alba Medina, defensora de derechos humanos y feminista, tomó el caso y procedimos a brindarle protección.
En el curso de esta relación María Luisa se convierte en una cooperante voluntaria del CPTRT y conocimos de su compromiso honesto, valiente y sustentado a la verdad y a la justicia. Entre los hechos más relevantes: ha arriesgado la vida en defensa de jóvenes y mujeres de los barrios, estudiantes, personas privadas de libertad, ha denunciado crímenes de policías y militares por actos de corrupción, ha cooperado legalmente en la salida del país de personas amenazadas de muerte convirtiéndose en una de las luchadoras más comprometidas en la defensa de los derechos humanos, se ganó la confianza, el respeto del pueblo y fue electa diputada ante el Congreso Nacional por la fuerza de oposición del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Entre otros hechos, se encuentra su gran compromiso en la defensa del medio ambiente, de los derechos de los ambientalistas, desde luego, ha arriesgado la vida en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres.
En consecuencia, de todo lo anterior apelamos a la conciencia nacional e internacional:
Primero que se diga la verdad y se haga justicia en el asesinato de Bertha Cáceres.
Segundo que el gobierno de Honduras garantice la libertad y se respete la vida de María Luisa Borjas, de sus hijos y familia.
Tercero se le respete su estabilidad en su cargo en el Congreso Nacional como corresponde a derecho porque según la defensa no ha cometido el delito de difamación ni calumnia.
Cuarto: demandamos la solidaridad nacional e internacional con María Luisa Borjas, representante de la voz del pueblo ante el Congreso Nacional y continuar con la demanda de solidaridad porque se pongan en libertad los presos políticos, la libertad para los garífunas secuestrados y se respete la vida de los dirigentes de OFRANEH, Guapinol, Plataforma Agraria y el Comité de Bienes Comunes.
Tegucigalpa M.D.C, 26 de julio de 2020
Nota
1 De acuerdo con Ciprodeh, en el caso de la comisionada en calidad de retiro y diputada de oposición, María Luisa Borjas, se enmarca en la constante queja nacional e internacional sobre la “justicia selectiva” que hay en el país, ya que su sentencia de prisión se suma a cientos de casos más con efectos negativos a la democracia.
Juan Almendares
Director ejecutivo del CPTRT
Condena a 133 años de cárcel al coronel salvadoreño por matar a 5 jesuitas en 1989
- 11/09/2020
La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador Inocente Orlando Montano Morales por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Elllacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
En la sentencia, el tribunal considera a Montano único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, autor de cinco delitos de «asesinato de carácter terrorista» de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. Por cada uno de los cuales le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión.
El escrito relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba el viceministro de Seguridad Pública, en la que el acusado ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello unidad del batallón Alacatl.
Según la Audiencia, los hechos son «notoriamente alevosos», desde el momento en que el acusado participó en la decisión de ordenar acudir de madrugada a la residencia de los jesuitas con la intención de «proceder contra ellas», es decir, «ejecutar tanto a Ignacio Ellacuría como a quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quiénes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos».
Los hechos han sido juzgados en España al ser competencia de la Audiencia los asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas
Se celebró un juicio en El Salvador que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien «su sustracción a la Justicia», al tiempo que remarcó la «ausencia de garantías necesarias de independencia e imparcialidad».
Ahora, los hechos han sido juzgados en España al ser competencia de la Audiencia Nacional los asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas, y la sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, lo que comúnmente viene a denominarse como «terrorismo desde el estado» que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder.
Tomado de www.elconfidencial.com de España.
El debate en la Internacional Progresista
Crisis civilizatoria, internacionalismo o extinción
Estamos en emergencia de sostenibilidad de la vida: calentamiento global, un millón de especies en peligro de extinción en el mundo, contaminación de aguas y suelos, desplazamiento de comunidades enteras, criminalización e incluso cientos de asesinatos por año de defensoras del territorio y ambientalistas.
Estamos también en emergencia humanitaria: dos mil millones de personas pasan hambre o inseguridad alimentaria e igual cantidad de personas no tienen acceso a agua potable, 200 millones de personas están esclavizadas, la mayoría niñas y niños; hay casi cien millones de emigrados forzosos –si es es que no lo son los 300 millones emigrados para sobrevivir-, y hay más de 30 millones de refugiados causados por guerras por el control de recursos y mercados y por destrucción de la naturaleza. 3.800 millones de personas viven con menos de 5 euros al día.
Es el preludio de la extinción de la especie humana si no actuamos urgente y radicalmente.
La emergencia de la sostenibilidad de la vida se refleja en el reciente informe sobre Biodiversidad y Ecosistemas de IPBES auspiciado por NNUU, que señala que el “declive sin precedentes” de 1/8 del total de especies en el último medio siglo es causado directamente por causas antrópicas, la actividad humana, en el contexto de un modelo de producción y consumo alejado de las necesidades en el cual la naturaleza es una despensa a expoliar, lo que genera desertización y carencia de agua, contaminación, residuos no reciclables, desastres naturales, inseguridad alimentaria, calentamiento global, migraciones, efectos serios sobre la salud, agotamiento de recursos y extinción de especies.
La masiva extinción de especies a su vez provoca hambrunas, acentúa la pobreza, contamina el agua, la vida submarina y los ecosistemas, afectando la salud y la calidad de vida en las ciudades, aumentando el riesgo de extinción total de las especies. La pérdida masiva de especies es causada por los cambios en el uso del suelo y el mar; la sobreexplotación de microorganismos, la contaminación y el cambio climático provocado por los GEI, (gases de efecto invernadero), que se duplicaron desde 1980. Esto elevó la concentración de CO2 y la temperatura media del planeta en 0,7 grados, que aumentarían hasta 5 grados a final de siglo, haciendo inviable la vida en amplias zonas, lo que nos sitúa en una emergencia climática que contribuye a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
La emergencia social es la consecuencia inevitable de un sistema para beneficio de pocos: 26 personas poseen la mitad de la riqueza mundial, 2153 milmillonarios concentran más riqueza que 4.600 millones de personas (el 60% de la población) y el 1% más rico del planeta ha logrado apropiarse de más riqueza que la que posee el 99% restante. Lo consiguieron mediante el poder corporativo transnacional forjado en el expolio de la naturaleza, prácticas monopolistas y la violencia. Basta ver el historial de crímenes de muchas grandes multinacionales, desde masivos vertidos contaminantes, prácticas ilegales, colaboración con el nazismo y la mafia o promoviendo golpes que instauraron dictaduras de terrorismo de Estado. Un reducido pero poderoso núcleo de grandes multinacionales concentran el capital financiero global; el 0,1% de las empresas multinacionales controlan el 80% del total de las mismas a través de fondos de inversión y participaciones accionariales. Los mayores fondos de inversión mundiales participan en miles de grandes empresas (solo BlackRock en unas 9.000), son los mayores accionistas institucionales de las mayores transnacionales y grandes tenedores de bonos de deuda soberanas.
Las multinacionales forman una red de dominación global que impone una dictadura corporativa de mercado por encima de constituciones nacionales, que degrada la democracia, deshumaniza y nos lleva a una catástrofe planetaria. Son el agente clave de dominación en el capitalismo global basado en el beneficio privado de pocos y la desposesión de la mayoría, depredador y derrochador de recursos naturales, contaminante y empobrecedor, provocando enfermedades que roban años de vida.
El modelo de producción y consumo global genera necesidades artificiales en vez de orientarse a la satisfacción pública y comunitaria de las necesidades reales y fundamentales para la existencia, como la alimentación universal, la sanidad, la educación, la cultura, la vivienda, la provisión de agua y demás servicios básicos. Este modelo reserva a un puñado de países, donde se concentran las multinacionales, el diseño y la producción de mayor valor, mientras impone a la periferia el papel de proveedor de materias primas minerales, energéticas y alimentos, lo que degrada su medioambiente, primariza sus economías, que provoca desequilibrio comercial que deriva en recurrentes crisis de balanza de pagos y creciente deuda con los centros capitalistas aumentando su dependencia de ellos.
El sistema financiero canaliza la plusvalía mundial apropiada por las multinacionales ellas hacia el pequeño núcleo de capitalistas que concentran la riqueza. El dominio de las finanzas sobre la economía (financiarización) es clave en la dominación política global, en la dirección de las inversiones, y en el divorcio entre producción y necesidades y en la reducción del papel del Estado a garante del “orden público”. En el sistema de comercio, los TCI (tratados de comercio e inversión) asimétricos cumplen un papel crucial, ya que transfieren soberanía desde los Estados a las multinacionales que disponen de tribunales privados para conflictos con los estados y obtienen ventajas para hacerse hacen con el control de recursos naturales y servicios públicos, despojando a las presentes y futuras generaciones. Los beneficios son privados y los costes son para la sociedad y el Estado, como se ve en el gran negocio de las vacunas contra el cobid19: el Estado asume los riesgos financieros de potenciales indemnizaciones para perjudicados por efectos secundarios graves, mientras la sociedad asume el riesgo sanitario
La irracionalidad del modelo de producción y consumo capitalista provoca cambios en el uso del suelo y el mar con graves consecuencias. En el caso de la tierra se explica en gran parte por deforestación para cultivos, que ocupan más de un tercio de la tierra y que consumen el 70% del agua que se extrae, mientras 2.100 millones de personas no disponen de acceso a agua potable, lo que cada año provoca la muerte de 2 millones de niños.
Casi mil millones de personas pasan hambre y unos dos mil millones inseguridad alimentaria, mientras el 80% de la producción agrícola, crecientemente transgénica, es para alimentar animales que solo nos aportan 1/3 de las proteínas que consumimos. La agricultura contribuye fuerte a la huella ecológica del consumo total, que excede la biocapacidad del planeta en un 60% y es un fuerte generador de GEI. Estos gases son causantes del calentamiento global, que altera los equilibrios, destruye ecosistemas y es factor decisivo en el proceso de extinción de especies, amenazando la viabilidad de la vida humana. Aunque global, y de efectos para toda la humanidad dada la interdependencia biológica para sostener la vida humana, la depredación afecta particularmente a la periferia del sistema: América Latina, África y Asia, donde el intenso extractivismo de hidrocarburos, minerales y agrícola provoca una fractura metabólica que se suma a los impactos contaminantes de la actividad de multinacionales.
El acelerado aumento de cultivos transgénicos añade impactos negativos a la concentración oligopólica debido al abuso de agroquímicos como el glifosato, fabricado por Bayer-Monsanto, prohibido en Alemania y Austria por su relación con el cáncer y otras graves enfermedades, además de asociado con la muerte masiva de abejas y otros insectos polinizadores, esenciales para garantizar la vida en el planeta
La relación entre fenómenos ambientales y la salud fueron advertidos por la OMS en el informe, “Un mundo en riesgo” de septiembre de 2019, que anticipaba pandemias, donde advertía que “una combinación de tendencias mundiales, que incluye la inseguridad y fenómenos meteorológicos extremos, ha incrementado el riesgo... y … el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte.(…) nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial..”
Esta relación la reafirma el quinto informe de Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad biológica presentado el 15 de septiembre último, que señala que no se cumplirán ninguno los 20 objetivos de diversidad biológica propuestos en 2010 y que la degradación medioambiental aumenta el riesgo de futuras pandemias, dada la demostrada relación entre pérdida de biodiversidad y la transmisión de enfermedades de animales a humanos (zoonosis). Especies de aves y mamíferos claves en la polinización están al borde de la extinción, al igual que especies vitales para la alimentación y las medicinas. La degradación de los ecosistemas afecta más a las mujeres y a las comunidades más vulnerables y pobres.
La emergencia humanitaria es consecuencia de la conversión de las personas en una mercancía-máquina que con su fuerza de trabajo crea riqueza para unos pocos, que se apropian del valor creado por el trabajo, y de la tierra y sus recursos (incluida el agua), el conocimiento, bienes comunes de la humanidad, y que luego se los venden o alquilan a los verdaderos creadores de riqueza, que se reparte según determina la dictadura del capital financiero: salarios de miseria o de mera subsistencia y mucho trabajo no pagado, plusvalía, para enriquecer al 1%.
La privatización alcanza al propio Estado, al servicio de la clase dominante y su sistema injusto, con leyes y sistemas impositivos que acentúan la desigualdad. Cuando a pesar del sistema democrático trucado fuerzas políticas reformistas acceden al gobierno, son asediadas mediante el lawfare, las fake news y el chantaje financiero. Si el poder económico lo considera necesario, propicia golpes blandos (Bolivia) o sangrientos de terrorismo de Estado, para recuperar las instituciones, que consideran suyas. La sociedad resultante se basa en la competencia, la confrontación y la guerra en vez de la cooperación y la solidaridad.
Marx resumió la dinámica del capitalismo diciendo que “tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano”. Polanyi, en 1944, precisó que el problema es la apropiación de los bienes comunes (el trabajo, la tierra y los recursos naturales), y el uso del dinero para hacer dinero; en suma, la mercantilización de los bienes comunes en un mercado ficticiamente autoregulado que “aniquila la sustancia humana y natural de la sociedad, destruye físicamente a las personas y transforma su entorno en un desierto” convirtiendo la comunidad en una “sociedad de mercado”. En la era dominada por las TICs el despojo de la riqueza creada por el trabajo se manifiesta de manera muy fuerte en la apropiación del conocimiento humano y su privatización. Quien no puede pagarse el acceso a internet está privado de gran parte del conocimiento.
En lo político, el orden autoritario neoliberal ("Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente“, confesó Hayek, asesor de Pinochet) combina libertad para el capital y autoritarismo para la disciplinar la sociedad y fomenta el neoextractivismo depredador, el neocolonialismo y la nueva esclavitud, a la vez que sostiene el patriarcado –inseparable de las diferencias de clase- como defensa ante el igualitarismo feminista, que junto a los movimientos ecologistas y de trabajadores articulan la protesta global.
La sociedad global de mercado es por tanto insostenible política, socioeconómica y ambientalmente. Es contraria a la vida, es el camino a la extinción. La crisis actual es por tanto una crisis civilizatoria, entendida como la crisis de las civilizaciones basadas en la apropiación privada de los bienes comunes formando dos clases: una muy pequeña clase propietaria de la mayoría de la riqueza creada por la amplia mayoría empobrecida que conforma la clase de los trabajadores expropiados.
Para evitar la extinción dando una oportunidad a la vida humana, es necesario un cambio radical que ponga el ser humano y la naturaleza en el centro. Esto solo puede hacerse a nivel planetario lo que requiere de un internacionalismo basado en la solidaridad intergeneracional y de toda la humanidad que crea la riqueza con su trabajo. Ello implicará revertir los bienes comunes a las generaciones vivientes y por vivir. Agua, salud, educación, cultura, cuidados, el conocimiento y la tecnología, la riqueza paisajística, las comunicaciones, la ciencia, los recursos, los servicios, son bienes comunes a proteger de la apropiación privada y también pueden ser gestionados cooperativamente. Es necesario abandonar la lógica del “desarrollo” entendida como crecimiento del PIB, que lleva a considerar deseables los atascos en carretera porque lo elevan, pues consumen gasolina, elevan el gasto sanitario y de tanatorios por las enfermedades y muertes provocadas por la contaminación.
El internacionalismo imprescindible
Polanyi decía que los movimientos lesivos del capital generan una reacción de protección por parte de la sociedad. La reacción actual exige cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos. En lo político necesitamos democracia real, participativa y plural para elegir el modelo de sociedad basado en un sistema de relaciones entre ciudadanos para organizar la sociedad con el objetivo de satisfacer necesidades humanas, partiendo de la centralidad de la vida y sus cuidados, y de que la humanidad es parte de la naturaleza, por lo que la sostenibilidad de la vida humana depende de la sostenibilidad ecológica. Es necesario recuperar los bienes comunes de la humanidad y preservarlos de la apropiación privada, establecer un criterio justo y objetivo de distribución de la riqueza.
El objetivo último es el progreso humano entendido como una civilización mundial igualitaria, humanizada y ecosostenible, y una organización social que combina lo cooperativo, lo comunitario lo público y lo privado alternativo a la acumulación capitalista.
En suma un internacionalismo que una las fuerzas transformadoras de los movimientos mundiales, de personas trabajadoras, antirracistas y solidarias, por el clima, por la igualdad de género, por los derechos de la juventud, los derechos político-sociales y humanos en general, para crear una sociedad centrada en la vida y los afectos.
[La
Internacional Progresista, impulsada por Noam Chomsky, Yannis Varoufakis, Naomí
Klein, Alicia Castro y otras activistas mundiales, organiza su cumbre inaugural
virtual este viernes 18, desde 14h UTC (16h en España; 11h en Argentina) para
debatir sobre “Internacionalismo o Extinción”, en el cual todos los temas
señalados, los sindicatos, los partidos
y todos los movimientos sociales tienen espacio].
* Profesor de Economía Internacional en la UCM, miembro de la Internacional Progresista.
** Con la colaboración de Alejandro Fonseca Mauro, Antropólogo y Ambientalista UCM.
