¡ALARMANTE! / HONDURAS, EL MÁS IMPUNE DE AMÉRICA Y SEGUNDO DEL MUNDO
- Publicado: 25 Agosto 2020
“Existe preocupación por los altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracteriza a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación”, subraya el estudio mundial.
“Se debe crear políticas públicas que tengan como objetivo la consolidación del Estado de derecho con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia”, aconseja el informe publicado en fecha reciente.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Ha sido comprobado —estadísticamente— que la impunidad está correlacionada con fenómenos humanos que preocupan profundamente a la comunidad internacional, como son la desigualdad, la corrupción y el Estado de derecho”, indica la metodología del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij)
El estudio insiste: “Vemos con profunda preocupación que la desigualdad es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo socioeconómico a su gente, no realizan una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población”.
Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
En la edición 2020 del Índice Global de Impunidad, se agregó a Guyana en la medición. Sin embargo, debido a inconsistencias con la información re-portada, se tuvieron que excluir del modelo a Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, y Venezuela, casos que, por lo mismo, son calificados como impunidad estadística.
Ningún país de la región se encuentra entre los países con niveles bajos de impunidad. Se puede asumir que las naciones que pudieron ser incluidas en esta edición presentan niveles medios y altos de impunidad.
Costa Rica es el país de la región con menor grado de impunidad (39.5 puntos), sin embargo, se mantiene en el grupo de impunidad media (42).
En ese mismo rango se encuentran Estados Unidos (posición 38, con 40.21 puntos), Barbados (posición 39, con 40.48 puntos), Panamá (posición 42, con 42.54 puntos), Canadá (posición 45, con 45.66 puntos), Colombia (posición 49, con 46.88 puntos) y Chile (posición 50, con 47.63 puntos).
A diferencia del igi-2017, México no encabeza la lista de países con mayor impunidad. En la edición de 2020, es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región, y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global (68).
Sin embargo, esto no significa que observemos una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el caso mexicano.
Los países con mayor
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Uruguay se mantienen como países con impunidad estadística debido a que no producen la información necesaria para analizarlos en materia de seguridad y justicia.
Se requiere de voluntad política por parte de los gobiernos de estos países para poder generar la información necesaria y reportarla a Naciones Unidas.
Siete países están en el modelo alternativo debido a valores atípicos: Argentina (cinco variables sin información); Brasil (siete variables sin información); República Dominicana (no ofrece información para la dimensión estructural del sistema de seguridad); El Salvador (cifra muy alta en homicidios, no se puede hacer caja de dispersión); Granada (no tiene información con respecto a la dimensión estructural del sistema de seguridad); Trinidad y Tobago (valores atípicos en la variable de encarcelados entre condenados), y Venezuela (ocho variables sin información).
El Cesij observará de manera crítica la situación que enfrenta la región debido a las protestas sociales, y la respuesta que varios gobiernos han tenido frente a ellas. Además, es preocupante la discrepancia entre las cifras de heridos reportadas por parte de los gobiernos en comparación con aquellas reportadas por organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil e internacionales.
Existe una preocupación por los altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracterizan a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación.
Se deben crear políticas públicas que tengan como objetivo la consolidación del Estado de derecho con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia.
METODOLOGÍA
* Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (cesij) la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
* Medimos la impunidad desde dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países.
• Ha sido comprobado —estadísticamente— que la impunidad está correlacionada con fenómenos humanos que preocupan profundamente a la comunidad internacional, como son la desigualdad, la corrupción y el Estado de derecho.
• La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad. En efecto, es preciso destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia, sin embargo, esto por sí mismo no es suficiente: es importante que dichas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos.
• Vemos con profunda preocupación que la desigualdad es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo socioeconómico a su gente, no realizan una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.
• Este índice no reduce el fenómeno de la impunidad al porcentaje de delitos que son castigados, más bien, propone un acercamiento más complejo y otorga un puntaje con base en las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos relacionadas con la impunidad.
• Se debe tener cuidado al comparar el igi-2017 y el igi-2020 debido a los ajustes que se realizaron en ciertos indicadores de las tres dimensiones estudiadas. Ajustes inevitables ante la inconsistencia que caracteriza a la información oficial sobre seguridad, justicia y derechos humanos.
Ausencia de debate sobre segunda vuelta y reelección presidencial enciende alarmas en Honduras
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Justo cuando en el Congreso Nacional discuten el dictamen para una nueva Ley Electoral, la Red por la Equidad de Democrática en Honduras (REDH) emitió un comunicado este miércoles expresando el riesgo de que se repita un nuevo fraude en las elecciones de 2021.
Los participantes de la REDH expresaron su preocupación por el retraso en la aprobación de las nuevas leyes electorales, ya que el próximo 13 de septiembre debe hacerse la convocatoria al nuevo proceso electoral.
La REDH ve con preocupación que no se tome importancia a la depuración del censo electoral, el poco o ningún debate público sobre asuntos como la segunda vuelta, la reelección presidencial, la ciudadanización de las mesas electorales, la entrega de credenciales con nombre y apellido del portador y la subsistencia de los partidos políticos que no logran cubrir el número de delegados en las mesas electorales, y el riesgo de la pérdida total de la confianza en el sistema democrático, en particular de los más jóvenes.
Este grupo de profesionales plasmó sus ideas un comunicado práctico que fue firmado por el sacerdote German Cálix, en presentación de Caritas; el sociólogo Víctor Meza, del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH); la socióloga Julieta Castellanos, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), entre otros.
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El sociólogo Meza denunció la falta de cumplimiento de los plazos electorales, en donde señaló que existe una evidente tardanza. “El tiempo político de los legisladores no es igual al tiempo histórico del país, que urge de renovar y reformar el sistema político electoral. Las reformas planteadas pueden servir para avanzar y otras para retroceder”, aseguró.
Meza agrega que en el dictamen para la nueva Ley Electoral hay unas reformas que se hacen para consolidar el estatus quo y expresó que, tras un análisis minucioso, identificó que si se compara con la ley vigente, muestra que las diferencias sustanciales son mínimas.
“Algunos dicen que bastaba con reformar la ley vigente. Podría decir que temas sustanciales para la modernización, están ausentes en el texto del proyecto de ley”, dice Meza y agrega que han dejado temas importantes como la segunda vuelta o el balotaje para última hora.
El experto dejó ver su preocupación por temas como la ciudadanización de las mesas y distribución de cuotas para la deuda política, aunque reconoció que con la nueva ley se hará muy difícil el manejo de credenciales.
Además, en esta participación virtual participaron los empresarios Armando Urtecho, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep y Adolfo Facussé, de la Asociación Nacional de Industriales (Andi). Así como el economista Ismael Zepeda, representante del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Yovanny Argueta, de SIEN Comunicaciones.
El empresario Urtecho expresó su preocupación por las múltiples voces que han salido a decir que es posible que Juan Hernández vuelva a lanzarse a la presidencia: “A nosotros nos preocupa eso”, dijo.
“Preocupa que las normas nuevas no den la seguridad jurídica que requiere el país y que se genere violencia al final de las elecciones. Debemos avanzar hacia establecer reglas claras. No aceptamos que el presidente actual vuelva a lanzarse”, expone.
La REDH manifiesta que vigilará que el proceso electoral sea visto como algo integral, más que como acontecimientos organizados de forma discontinua o separada y expone que el pueblo hondureño debe fiscalizar el funcionamiento de las instituciones electorales, clientelismo, compra de votos, gasto público, participación política de mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGTBIQ y con discapacidad, violencia política, financiamiento de campañas, perfiles, propuesta y plataformas de candidatos y candidatas y la observación del día de las elecciones generales, de forma cualitativa y/o cuantitativa.
El padre católico German Reyes dijo que la nueva Ley Electoral busca mantener el control de los tres partidos mayoritarios, ya que es una normativa para protegerse en el próximo gobierno. “No se está abriendo el espacio para la ciudadanía. Los tres partidos controlarán de las mesas. Quedamos en manos de las mismas personas que han estado gobernando este país”.
Por su parte, el economista del Fosdeh Ismael Zepeda expresó que existe un notable desinterés en diseñar un plan para asignar presupuestos a los órganos electorales, evidenciado en que se les ha aprobado muy poco presupuesto y eso conllevará a que después se tomen decisiones a la ligera en cuestiones trascendentales, como la transmisión de los resultados electorales.
El viernes se moviliza Plataforma en defensa de la Salud y la Educación
- 09/09/2020
Para este viernes se anuncia una acción de protesta en Tegucigalpa coordinada por la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública. A través de ella se busca mantener vivo el grito de indignación de la ciudadanía hondureña por el robo descarado de los fondos aprobados para la pandemia.
“Creo que ya es tiempo que nos manifestemos todas las organizaciones consientes en nuestro país del descalabro y mal manejo de la pandemia, pero sobre todo del inmenso robo que hemos sido parte por diversos entes que en este momento están bajo investigación”, dijo en Radio Progreso la doctora Suyapa Figueroa, coordinadora de la Plataforma.
Manifestó que estamos en el mes de la patria y es momento para salir y expresar el descontento ciudadano y para demandar transparencia y respuestas a las principales demandas de la gente.
“Estamos convocados el sector salud, educación, el sector sindical, los obreros, diferentes movimientos sociales, estudiantiles y de la tierra, es el pueblo que está convocado, ese pueblo que es el verdaderamente golpeado por el saqueo inmisericorde de sus recursos”, manifestó la doctora Figueroa que también es Presidenta del Colegio Médico de Honduras.
La convocatoria es para el viernes a las 10:00 de la mañana frente a los portones de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa para luego hacer una caminata por el boulevard Suyapa hasta llegar al Hospital Escuela.
Transportistas no logran acuerdos, seguirán en las calles
- 08/09/2020
Los dirigentes del sector transporte y el gobierno no llegaron a acuerdos para suspender las acciones de protesta a nivel nacional.
El dirigente del transporte en Tegucigalpa, Jorge Lanza, detalló que la falta de acuerdos se debe a falta de voluntad de parte del gobierno, porque ellos como transportistas solicitaron reuniones presenciales, sin embargo el gobierno las pedían de manera virtual.
En ese sentido, el dirigente explica que las acciones de presión en distintos sectores del país. “Solicitamos ponernos de acuerdo en los representantes del transporte para sentarse a dialogar con el gobierno porque ellos han dialogado con dirigentes que no representan a nadie”, dijo Lanza.
Pero por medio de un comunicado, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, IHTT, hizo la convocatoria pública a los transportistas para que se incorporen a reuniones de trabajo. También informó de algunos acuerdos logrados en una reunión con un sector del transporte público.
Nuevamente las calles representan la indignación ciudadana: ¿Dónde está el dinero?
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La indignación por el mal manejo de fondos destinados al combate de la pandemia COVID-19 por parte del Gobierno, hace resurgir la protesta ciudadana en las calles de Honduras.
El pasado fin de semana amaneció un grafiti con letras de gran dimensión sobre el pavimento del puente desnivel “Fe y Esperanza”, ubicado en el Boulevard Suyapa en las cercanías del Palacio Deportivo de La Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa la capital de Honduras.
La iniciativa ciudadana plasma la pregunta “¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige”. La interrogante surge en consecuencia de la indignación del pueblo hondureño por del mal manejo de fondos y el colapso en el sistema de salud que ha provocad el Gobierno ante la pandemia.
Ni transcurridas 24 horas de la aparición del rotulo, las autoridades de la alcaldía del Distrito Central al mando de Nasry Asfura del partido político en turno intentaron borrar el mensaje de protesta por dos ocasiones, pero sus intentos fueron en vano.
Al sumar 48 horas, sobre el rotulo se derramaron grandes cantidades de aceite quemado, sustancia que tampoco pudo borrar el mensaje, pero si provocó varios accidentes en la zona, así lo evidencio la cobertura informativa de Canal 6, que captó en vivo el accidente sufrido por un motociclista acompañado de una mujer, quien perdió el control por el derrame del líquido sobre el mensaje de protesta social.
De acuerdo a la versión de los periodistas de Canal 6, ellos llegaron al sector debido a las múltiples denuncias de accidentes vehiculares, en consecuencia, del aceite derramado en la calle, en tal sentido las autoridades policiales decidieron cerrar varios carriles del puente a desnivel.
Sumadas 78 horas de la aparición de rotulo y después de tres intentos fallidos por borrarlo, varios ciudadanos llegaron al puente “Fe y Esperanza” y volvieron a pintar la leyenda: ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige”.
Efecto domino
El rotulo de calle, logró su objetivo y rápidamente la ciudadanía se sumó a la exigencia en diferentes ciudades del país.
En la ciudad de San Pedro Sula en la zona norte del país, los ciudadanos colocaron rótulos en las calles, los cuales denunciaron a través de redes sociales que de la misma manera que en la capital autoridades municipales arrancaron los rótulos de donde habían sido colocados.
El
bastión del Sur, no se quedó atrás y la ciudadanía pinto la misma
leyenda del rotulo de la capital en el emblemático puente que permite la
entrada a la ciudad de Choluteca, el que también fue borrado, no sin
antes ser captado en fotografías que recorren ya las redes sociales.
La iniciativa se reproduce rápidamente por las calles de los barrios, colonias, aldeas, caseríos y municipios del país, al igual que hace unos años en donde la indignación popular por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por parte de las mismas personas que gobiernan el país, conllevo a la auto convocatoria de movilización de calle nocturnas con antorchas.
Honduras. Policía golpea y detiene a cuatro jóvenes por preguntar Dónde está el Dinero
Tres mujeres jóvenes y un muchacho, fueron detenidos por participar en una protesta de “Dónde está el dinero”, actividad que tenían varios ciudadanos y ciudadanas en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Les capturaron a eso de las nueve de la noche del 18 de agosto de 2020, en la patrulla PN-519.
Con esta detención suman siete personas que han estado en celdas policiales en menos de una semana. El domingo 16 de agosto por el mismo motivo fueron llevados a una celda policial la doctora María Angélica Milla, la abogada Gracia María Beltrán y el joven Pablo Gómez.
Golpes y detención en Santa Ana
Los vecinos alertaron a organizaciones de derechos humanos sobre las acciones violentas de la policía, al final se los llevaron a la posta policial de Ojojona, un municipio que está cercano a Santa Ana. Los familiares y personas defensoras de la zona creen que se los llevaron para allá para que no hubieran protestas para liberarlos.
Yéssica Trinidad, de la Red Nacional de Defensores Humanos de Honduras, indicó que el reporte les llegó a la una de la mañana cuando los vecinos preocupados les explicaron que habían capturado a Escarleth Cerrato, Sugey Cerrato, Paola Palma y José Salgado, y que no pudieron hacer nada ya que temían a represalias por andar pintura en las manos, razón por lo que se llevaron a los cuatro muchachos.
A una de las jóvenes se le permitió una llamada telefónica a través de la cual informó a los familiares que tenían miedo porque estaban en la posta del cruce de Santa Ana y se los querían llevar al municipio de Ojojona.
Un padre de familia se movilizó durante la mañana para pedir información y le dijeron otra cosa, que los habían detenido por incumplir el toque de queda, no por estar pintando, agregó Trinidad.
Según la defensora de derechos humanos, es algo que generalmente hacen los entes represivos del Estado , por eso es que las gestiones que realizó la Red de Defensoras, la ASOPODEHU y Dina Meza, Concejal del Consejo de Protección, fueron oportunas porque durante la noche del día anterior no tuvieron respuesta sino hasta este miércoles 19 de agosto de 2020.
Las tres muchachas y el joven fueron puestas en libertad este 19 de agosto a las 9 de la mañana. Todavía se está investigando los posibles maltratos y amenazas durante la detención por parte de la policía.
Alcalde tiene en la mira a los jóvenes y mujeres
El Alcalde de Santa Ana, Jorge Alberto Sandres, fue responsabilizado de llamar a la policía según dijeron a pasosdeanimalgrande.com defensoras de derechos humanos del sector. “Él los tiene entre ceja y ceja, le estorba que protestemos, y creemos que pudo echarlos a los uniformados a las personas que protestaban”.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó ese acto ya que en horarios similares se han suscitado actos criminales de delincuencia en el mismo toque de queda, pero los entes de orden público se enfocan en detener a jóvenes que protestan contra la corrupción en el país, es algo que se ha dado en otros departamentos del país para prohibir el derecho a manifestarse por medio de las consignas en las calles.
Desde el 11 de agosto de este año, decenas de personas han pintado en las calles y paredes como símbolo de protesta la leyenda “Dónde está el Dinero”, pregunta dirigida al presidente Juan Orlando Hernández y sus funcionarios ligados según denuncias de diferentes sectores, a la malversación de fondos que se presupuestaron para el manejo de la pandemia del Covid-19, dejando a la población en un estado de calamidad en el sistema de salud.
Abierta la economía en Fase 1
- 29/07/2020
Tras atender la propuesta planteada por la Mesa Multisectorial, el gobierno autorizó al comercio y empresas en general para que a partir de hoy miércoles se reanuden las actividades y negocios en su Fase 1, de acuerdo con el porcentaje de fuerza laboral, conforme a la región autorizada, utilizando los protocolos de bioseguridad.
El gobierno anunció que 35 municipios del país se mantendrán en la Fase 0 de la reapertura debido a que presentan una escalada de casos de Covid-19 y la atención sanitaria es más precaria que en otros municipios del país.
Entre los municipios están: La Ceiba, Tela, Trujillo, Tocoa, Reitoca, Santa Lucía, Puerto Lempira, La Esperanza, Las vegas, El Progreso, Pespire, Potrerillos, Danlí, Juticalpa, Langue, entre otros.
Tras reunirse con su gremio, los transportistas volvieron a demandar al gobierno su participación en el proceso de apertura “inteligente de la economía”.
El dirigente, Jorge Lanza, detalló en Radio Progreso que también exigen al gobierno el cumplimiento de por lo menos cinco acuerdos que desde hace varios meses habían pactado, entre ellos: cero cobro de matrícula vehicular, alivio de deudas, renovación de documentes y el bono.
En el informe que presentó el gobierno para la reapertura económica en Fase 1, se estableció que en el caso del transporte público, a partir del lunes 03 de agosto se estarán realizando pilotajes para su reapertura ordenada a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, IHTT.
Honduras: Covid19 evidenció la calamidad económica en que se desempeñan las personas que ejercen el periodismo
Wednesday, 29 July 2020 21:37 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión PASOS DE ANIMAL GRANDE
Los obstáculos en el acceso a la información, los despidos, suspensiones y reducciones de salarios aduciendo la emergencia por Covid19, así como los crímes y las amenazas, son la evidencia de que Honduras sigue siendo el país donde ejercer el periodismo es un gran peligro, sin que la impunidad baje un centímetro. Las instituciones estatales están inertes mientras el clima de violencia sigue subiendo a pasos agigantados.
El periodista Gustavo Andino, comentó a pasosdeanimalgrande.com que siente preocupación para el acceso a la información, por la represión, si la situación periodística para quienes critiquen las acciones del gobierno es censurada mediante tratos desde funcionarios que ejercen presión a las empresas e instituciones públicas y privadas, para que cancelen las pautas publicitarias a este tipo de medios.
Gustavo Andino, presentador del programa Justicia Ciega, desde el año 2019 habría denunciado bloqueos en la trasmisión del programa por medio de las páginas digitales, así como el cierre de las mismas, la negativa de fuentes oficiales a otorgarle información como en los casos del periodista Santiago López y Renato Álvarez.
Andino agregó que si el periodismo en Honduras ya se encontraba en una situación muy preocupante con altos índices de violencia, con este tipo de abusos se termina de afectar a medios principalmente si son independientes, hasta dejarlos sin ningún tipo de entrada económica.
Según Andino, el gremio periodístico no tienen ningún respaldo para detener los abusos, ya que el forma parte del Colegio de Periodistas de Honduras, (CPH), desde 1998 y no ha tenido ningún acompañamiento, más bien ha sido coactado porque la mayoría de la junta directiva está trabajando con el gobierno, como voceros en diferentes instituciones por eso es imposible que actúen en controversia.
“Ya hay una política de estado, para los periodistas que quieran ser objetivos y veraz, no apegados a los discursos del gobierno”, solo a los que les son fieles les va ir bien en cualquier contexto de país, el partido nacional que busca principalmente de obtener el poder van a buscar amedrentar la labor, dijo el periodista.
También el periodista Fidel Manurled de Radio Márcala, agregó que desde que inició el tiempo de cuarentena ha sido para los medios muy complicado no solo a las fuentes oficiales sino que también al ciudadano común, porque tienen miedo a ser contagiados, los dueños de medios son los que tienen que hacer muchas gestiones para lograr que uno realice un trabajo de campo sin problemas incluso para circular.
Periodista exige al CPH, respaldar o tener un posicionamiento por ataque a medio de comunicación
Whitney Godoy, fotoperiodista, expresó a Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que se pronuncie con respecto a las violaciones a derechos humanos, hostigamientos, amenazas que han hecho contra el Perro Amarillo sin importar si están agremiados o no.
La fotoperiodista expuso la exigencia un día después, de que Milton Benítez, director del medio denunciara un allanamiento donde les robaron equipo de trabajo, acciones que se han repetido reiteradas veces por la crítica y exposición de actos de corrupción, fraude y narcotráfico ligados a funcionarios y gobernantes.
“Las violaciones de derechos humanos, hostigamientos, amenazas que se han hecho contra el equipo de El Perro Amarillo, son evidentes y debería una institución como la CPH respaldar o tener un posicionamiento, sin importar si se está o no agremiado. Pero claro no puedo pedirles mucho, cuando ni a sus propios agremiados pueden respaldarlos, ¿dónde está su lucha por exigir el pago justo a los periodistas? ¿Por qué permiten que los empresarios de la comunicación empleen a periodistas por contrato? Dejen de hacer tanto taller, conferencias y comunicados, que no han servido para nada, defiendan al gremio periodístico que está sometido, con un bozal y una bala lista para dispararles”, fue el mensaje que Godoy envió a Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH.
Pasosdeanimalgrande.com solicitó una entrevista a Dagoberto Rodríguez, pero no concretó una respuesta, también para conocer la posición sobre los despidos e irregularidades laborales a trabajadores de medios.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), ha documentado tres casos de irregularidades laborales durante la pandemia, el despido del periodista Santiago López, supuestamente como consecuencia de una carta de la representante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), quien habría expresado que no quería que el comunicador la entrevistara; la renuncia de Josué Quintana de Diario La Tribuna, por no firmar una reducción de salario y el despido injustificado de Oscar Corea, del medio de comunicación Cadena Real Impacto, de Comayagua, después de laborar unos 20 años con pagos miserables,
Los medios de comunicación que han despedido empleados y reducido los salarios argumentan que es debido al cierre de negocios por la emergencia sanitaria y no están recibiendo la pauta publicitaria, aunque el Código del Trabajo y las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estipulan mecanismos a las empresas para que no afecten al empleado.
Población de Roatán se opone a construcción de “cuidad modelo” en su territorio
- 26/08/2020
En alerta está la población de Roatán, Islas de la Bahía, a raíz de la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo(ZEDE), en el territorio insular. En mayo de 2020, un grupo de desarrollo originario de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno hondureño presentó el proyecto “Roatán Prospera” (Honduras Prospera), bajo el argumento de la creación de empleos y el fortalecimiento de la economía a través de más de 500 millones de dólares en inversión extranjera.
La ZEDE o “Ciudad Modelo”, contará con una universidad, un hospital, una planta generadora de energía y unidades residenciales a la vanguardia de la modernidad.
“Próspera”, es un consorcio de inversionistas internacionales incluyendo capital hondureño, que representa menos del 25% del total, y de capital Centroamericano. Dentro de los inversionistas hay empresarios venezolanos, alemanes, guatemaltecos y de otras regiones del mundo, explicó a los medios de comunicación Erick Brimen, presidente del consejo de Honduras Próspera.
Según uno de los sitios web de la compañía (www.pzgps.hn), el 29 de diciembre del 2017, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), constituido por Congreso y el Presidente de Honduras, emitieron un certificado declarando la primera parcela de lo que sería la ciudad modelo de “Honduras Prospera”, (antes Village of North Bay), misma que se incorporó bajo el artículo 39 de la Ley Orgánica.
Oposición de las comunidades
Para el ex diputado Anibal Cálix, los esfuerzos de Juan Orlando Hernández por utilizar Honduras para establecer ciudades gobernadas por corporaciones y sin controles del gobierno comenzaron en 2010, y desde su inicio el proyecto ha estado ligado a actos de corrupción e ilegalidad. La teoría de ciudades gobernadas por pequeñas oligarquías ha sido promovida mundialmente, pero sin encontrar cabida en ningún país, debido al radicalismo y peligros que denota su propuesta.
El ex parlamentario dice que la población hondureña debe tener claro que, esto no es convenio con otro país, sino un traspaso de tierra y soberanía a corporaciones internacionales, eliminando la función del Estado.
Anibal Cálix explica que, estas zonas serán gobernadas por una institución que no existe en ningún otro lugar del mundo. De acuerdo a la Ley Orgánica de las ZEDES, las mismas serán gobernadas por el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el cual se convierte en una súper-oligarquía extranjera, ya que no existe un sistema de elección democrático para su nombramiento.
El proyecto ha provocado incertidumbre entre los pobladores y pobladoras de la isla de Roatán debido a la falta de consulta a nivel local y nacional. Sobre todo, porque se ubica dentro de un parque marino, santuario de muchas especies terrestres y marinas.
Las organizaciones de sociedad civil explican que no se ha convocado a la población a la socialización o plebiscito para la aprobación del proyecto, y se ha violentado el derecho a conocer las consecuencias socioeconómicas, ambientales, políticas y territoriales.
En ese sentido, Rosa Danelia Hendrix, presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, explica que las comunidades han desconocido todo el proceso de concesión y entrega del territorio.
“Nunca hemos estado en contra de la inversión extranjera porque es el pilar de la economía en la isla, sin embargo, esta forma de invertir a través de las ZEDES, es inconcebible porque es una imposición, un abuso y una falta de respeto. No es posible tener un país dentro de nuestro municipio”, señala la dirigente.
La lideresa comunitaria explicó a Radio Progreso, que el proyecto de ciudad modelo ya comenzó a construirse en la zona de Crawfish Rock (Roca de Cangrejos). “Nosotros estamos en un sistema bastante vulnerable. Ya comenzaron la tala de árboles sin ninguna supervisión de parte de las autoridades”, dijo.
El abogado Oscar Hendrix, quien acompaña a las comunidades desde la parte legal, explica que los promotores del proyecto nunca hablaron de una Zona de Empleo y Desarrollo, sino de un folleto turístico. Fue hasta en mayo cuando comenzó a sonar el nombre de ZEDE.
“Estas empresas tienen el mismo modo de operar que las mineras e hidroeléctricas, en donde no se le comunica de manera libre y transparente a las comunidades de lo que se tratan los proyectos, sino que simplemente llegan ofreciendo empleo para tratar de obtener la venia de la comunidad”, explica.
El abogo dice que están en contra de las prácticas que vulneran la soberanía nacional. En este sentido exigen un liderazgo más responsable de los diputados en el tema de informar a las comunidades de lo que realmente está pasando.
“En Honduras tenemos más de una década que la autonomía municipal está desaparecida, por ejemplo en Roatán, el alcalde fue el último en darse cuenta de la instalación de este proyecto”, concluye el abogado.
La Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, a través de un comunicado explicó que las ZEDEs, de las cuales existen más de 5,400 en el planeta, se han convertido en la nueva estrategia de colonialismo.
En Honduras se convierten en una variante singular, ya que se acude a la tercerización de la justicia como un aliciente para atraer inversión, situación que dará lugar a la creación de islas de bonanza en medio de un mar de miseria.
WOLA pide a autoridades hondureñas acelerar búsqueda de garífunas
Tegucigalpa. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, por sus siglas en inglés WOLA, se ha sumado a la lista de organizaciones que han solicitado al gobierno de Honduras la agilización del proceso de búsqueda de los líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz en el departamento de Atlántida.
Y precisamente “la desaparición se da una situación de ataques y agresiones en contra del pueblo afrohondureño e indigna Garífuna, el cual está en condiciones de mayor vulnerabilidad y sufre de altos niveles de pobreza y exclusión”, añadió.
En ese
sentido, “condenamos enérgicamente la desaparición de los activistas
Garífunas, la cual se da en un contexto de ataques en contra de
defensores de derechos humanos de las comunidades Garífunas y de quienes
defienden el medio ambiente y derechos a la tierra”, sentenció WOLA.
Mesa de DD.HH exige una comisión internacional que investigue la desaparición de los garífunas
Por: Redaccion CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Para la Mesa de Derechos Humanos, resulta preocupante que a más de 40 días de la desaparición forzada, de cuatro jóvenes Garífunas, acontecida el 18 de julio 2020, en Triunfo de la Cruz, ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida: Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Tróchez Calix, y Alberth Sneider Centeno, el Estado de Honduras aún no haya dado una clara respuesta, siendo esta, una estrategia de miedo que conlleva a la generación de terror para detener la defensa de las tierras ancestrales del pueblo garífuna.
Es una burla que las estructuras represivas del Estado se escuden en la protección de la información para no estropear las supuestas investigaciones en el caso.
Los defensores dicen conocer que la estrategia represiva estatal para despojar a los garífunas de sus tierras no se inicia con este hecho violento, sino que han sido largos años de violencia, con crímenes, persecuciones y amenazas para ablandar la lucha y facilitar a los consorcios empresariales la apropiación ilegal de las tierras.
Datos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), señalan que, de septiembre de 2019 a la fecha, se han registrado cinco muertes violentas de miembros de la comunidad Garífuna.
La comunidad de Triunfo de la Cruz ha sido objeto de usurpaciones durante décadas, además de crímenes cometidos en los años 90, en contra de defensores del territorio Garífuna, los que hasta la fecha han permanecido en la impunidad, a pesar de existir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia emitida en octubre de 2015 al Estado de Honduras por el despojo de que son objeto las comunidades garífunas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución del 06 de agosto de 2020, ha señalado que “…los hechos descritos demuestran una situación de extrema gravedad y urgencia relacionada con la posibilidad de daños irreparables”. Además, consideró que la comunidad garífuna está en una situación de riesgo, de extrema gravedad y urgencia.
Nota relacionada Honduras debe cumplir ordenanza de la CIDH en caso de Garífunas desaparecidos
Alberth Sneider Centeno, había ingresado al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, quienes realizaron un análisis de riesgo, mismo que resultó muy grave. Los retrasos en su actuación por parte del Estado de Honduras para otorgar la protección inmediata, trae como consecuencia que los responsables del secuestro y posterior desaparición actuaran con total impunidad y la certeza de no ser castigados. Su accionar estaba protegido por las restricciones y confinamiento social impuesto por el gobierno en el marco de la pandemia por la COVID-19, donde los perpetradores sabían que las víctimas estarían en sus casas y que los únicos que podían circular con total libertad eran ellos.
Los Estados militares y represivos, tienen extraordinarios servicios de inteligencia; siempre han creído que tanto la verdad de los desaparecidos en toda América Latina, la verdad de los garífunas secuestrados y el asesinato de Bertha Cáceres, la conocen los aparatos del Estado, de allí el cuento de que se lleva a cabo una investigación es pura formalidad y una estrategia para dilatar el derecho a saber la verdad y deducir responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
La Mesa de Derechos Humanos, demanda lo siguiente:
- Es urgente que las autoridades hondureñas realicen de oficio una investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición y dar con el paradero de los cuatro jóvenes defensores garífunas.
- El gobierno debe adoptar medidas que garanticen la protección integral y seguridad de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz.
- Iniciar un proceso de deducción de responsabilidades, castigando no solo a los autores materiales sino a los intelectuales, lo cual no será posible con los cuerpos de investigación del Estado, quienes han sido señalados como responsables y cómplices directos de este secuestro y desaparición.
- Exigen una comisión independiente internacional que tenga todas las atribuciones para llegar a la verdad.
Rel UITA
Denuncias realizadas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), señalan que la desaparición forzada de jóvenes líderes no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un patrón sistemático de violencia contra el pueblo garífuna, que ha venido sufriendo el despojo de sus territorios a manos de empresarios y sectores pudientes sin escrúpulos.
Ante un nuevo hecho de violencia contra los pueblos originarios de Honduras, la Rel UITA envió una nota al presidente Juan Orlando Hernández, exigiendo la aparición inmediata de los jóvenes desaparecidos.
Acceda a la nota completa ACÁ.
La organización mundial Amnistía Internacional emitió una alerta urgente en relación al fallo de la Corte de Apelaciones contra ocho defensores de Guapinol que están encarcelados desde el año pasado, y otros cinco que quedaron libres pero pretende regresarlos a la cárcel. Según la organización hay una resolución viciada y sin argumentos jurídicos válidos, solo respaldada en una clara persecusión política, según un documento circulado este 28 de agosto de 2020 por la institución que aboga por el respeto de los derechos humanos en cualquier sitio del planeta.
El equipo de abogados de los defensores de Guapinol denunció queMientras el abogado Omar Menjivar denunció que la corte en mención revocó el sobreseimiento definitivo y ordenó un auto de formal procesamiento contra Juan López, Leonel George, José Adalid Sevilla, Reynaldo Domínguez y Marco Tulio Mendoza, del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, lo que destaca que en el mismo se ratifica la persecusión política para favorecer el capital.
Asimismo esa instancia judicial ratificó la prisión preventiva para los defensores de Guapinol Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, que se presentaron voluntariamente el 26 de agosto del 2019, pero fueron enviados a prisión a pesar que sus abogados lograron desvirtuar el delito de Asociación Ilícita, los delitos imputados son Incendio Agravado, Daños y Retención Injusta de la Libertad, contra el jefe de seguridad de la Minera Inversiones Los Pinares, en un juicio con graves faltas al Debido Proceso y donde el Ministerio Público y el Poder Judicial han jugado un papel nefasto, violentando todas las garantías judiciales de los encausados.
Esta es la alerta de Amnistía Internacional que publicó a través de sus cuenta de twitter:
#Alerta Urgente:
Amnistía internacional emite alerta Urgente Internacional ante proceso viciado y fallo sin argumentos jurídicos válido de la Corte de apelaciones en una clara persecución política contra defensores de Guapinol y Tocoa Colon Honduras. Copiando resolución de otros casos y pegando corte resuelve y decide mantener ilegalmente en prisión a defensores y revoca sobreseimiento definitivo para favorecer a la Empresa Minera Inversiones los Pinares y Ecotek de Lenir Pérez y Ana Facusse que mantienen relaciones directas con Juan Orlando Hernández tanto en la empresa Minera Inversiones los Pinares como en el Aeropuerto internacional de Palmerola en Honduras.
Los defensores deben defenderse en libertad de las falsas acusaciones del Ministerio Público al servicio y obediencia de la Empresa Minera Inversiones los Pinares y Ecotek, olvidándose de proteger las comunidades de los derechos humanos y ambientales, al agua, la alimentación, ambiente sano, La Paz y la protección de una área Protegida patrimonio del estado para el bienestar general amenazados por la intención de destruir para explotar minerales poniendo en riesgo la Vida en general.
También llamó a la acción a través de este link: ¡Actúa!
Link de la alerta Aquí
Se agudiza la situación : Grupos armados se han instalado en Guapinol en los últimos dos días
Friday, 28 August 2020 01:48 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia PASOS DE ANIMAL GRANDE
Un vehículo color blanco, doble cabina, ronda la vivienda del defensor Reynaldo Domínguez, por lo que La comunidad de Tocoa Colón, exige respeto y garantías a sus derechos humanos, responsabilizando de esta acción a las empresas minera Inversiones Los Pinares y Ecotek, en conjunto con los cuerpos armados del Estado de Honduras .
El Diario Colón HN, informó este 27 de agosto del 2020, que mediante una llamada telefónica el director de la Policía Nacional Antidrogas el sub comisionado Mario Molina, les informó la instalación de un contingente antidrogas y comando de operaciones especiales debido al aumento de criminalidad.
Según la Secretaría de Seguridad las acciones corresponden a la Operación Cazador que se ha realizado durante los últimos días en el departamento de Colón, encontrando este 26 de agosto en Iriona unas 100 mil plantas de coca, pero debido a que la militarización de la zona ocurre mientras Honduras se encuentra en suspensión de garantías constitucionales dictadas por el gobierno desde el 16 de marzo la comunidad teme que se trate de algo prefabricado para militarizar completamente la zona debido a la oposición para las operaciones de la minera.
En la crisis del bajo Aguán se utilizaron estrategias gubernamentales parecidas para proteger a los terratenientes de la zona, entre ellos Miguel Facussé.
Uso del derecho penal para proteger intereses empresariales
Desde el 2019 al menos de 20 a 22 comunidades se organizaron en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, instalaron un campamento en el Río Guapinol porque esta fuente de agua estaba siendo contaminada por la excavación de la empresa minera que abría una calle derribando los árboles y desplazando sedimentación hacía el agua.
El 30 de octubre del 2018 ocurrió un desalojo violento por la policía y el ejército en contra de la población. Un joven fue herido de bala y decenas de personas resultaron heridas y fuertemente golpeadas, incluyendo periodistas que cubrían el accionar para proteger a la empresa. Después de eso el Ministerio Público emitió requerimientos fiscales contra los defensores del río.
A finales de febrero de 2019 fueron enjuiciados 12 defensores de Guapinol y del Comité de Bienes Comunes, permanecieron en prisión y un juez de jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo.
Pero otros siete se presentaron voluntariamente el 26 de agosto del 2019, siendo enjuiciados también por una jueza con jurisdicción nacional quien les envió a prisión de la que hasta ahora no han salido a pesar de que los delitos les facilitarían defenderse en libertad y que sus abogados defensores han presentado un sinnúmero de recursos ante los órganos judiciales.
Este 27 de agosto del 2020, mediante una conferencia de prensa, el abogado Carlos Jiménez, denunció que el cambio de Jueces de jurisdicción nacional ya no tienen ningún efecto en el caso contra los defensores, pero que en su momento se denunció que el juez Víctor Méndez, les había confirmado estar bajo presión en el proceso.
Jiménez detalló que los que iban hacer los jueces nacionales Víctor Méndez y Lisseth Vallecillo, ya estaba hecho porque durante el 2019 aunque hicieron varias acciones para excarcelarlos, no lo lograron.
Rolando Argueta, presidente de la CSJ, comunicó este 19 de agosto el cambio de jueces argumentando que era parte del “Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial”, aunque la preocupación de los abogados defensores también recae en la posible elección de German McNeil, como comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención Honduras contra torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, (MNP-CONAPREV), quién mantuvo un manejo precario como subdirector del Instituto Nacional de Penitenciario y podría verse nuevamente involucrado en violaciones de derechos de los privados de libertad en general.
Gabriela Sarto, hija de uno de los defensores criminalizados, recalcó que los pobladores de dicha comunidad permanecen en un estado de temor pues deben cuidarse de ser agredidos o secuestrados por personas supuestamente enviadas por las empresas o los cuerpos represivos del Estado, por lo que en la zona cualquier acto sospechoso es informado para exponer la vulnerabilidad en que viven.
En Honduras, existe persecución fuerte a defensores territoriales y uno de los casos emblemáticos a nivel internacional es el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016 y en el cual la familia ha responsabilizado a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., DESA.
Una hora de emisión radial a la semana equivale a casi nada en el inmenso universo de programas flotando en el éter nacional.
Pero 240 minutos al mes durante 20 años equivalen a una gota taladrando la dura roca de la opinión pública. Eso es Voces contra el Olvido. Una gota. Un pañuelo blanco en una plaza. Un taladro.
En el año 2000, recién pasado el huracán Mitch, Honduras vivía una de las peores etapas de su vida política, tanto como lo fue después del golpe de Estado. En ese momento después de los vientos brutales nacimos como identidad pública a través de Radio América.
El régimen de Flores Facussé, rebasado absolutamente por la inmensa devastación, pero mejor aún, rebasado por la inmensa ciudadanía activa, recurrió al alineamiento forzado de los medios de comunicación para evitar la soledad. Para centralizar su poder.
A través de cadenas de radio y de televisión todos los días, y del control editorial de todos los periódicos, Facussé impuso su imagen sobre todas las cosas. Y fue la primera vez que todos los medios de Honduras elaboraron listas de temas y de fuentes que estaban terminantemente prohibidos en el debate público.
Por aquel control abusivo de las frecuencias y de las imprentas, el Estado de Honduras fue denunciado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los periodistas Thelma Mejía, Félix Molina, Renato Álvarez y Vilma Rosales comparecieron ante la CIDH, en Washington, acompañados por el Cofadeh.
Las denuncias fueron documentadas entre los años 2000 y 2002, y apuntaban hacia las partidas confidenciales como fuentes de control de personas, espacios y empresas de comunicación, y también señalaban el uso del código penal para criminalizar los llamados delitos contra el honor.
Como resultado de aquella situación violatoria a la libertad de expresión, nacieron el Foro Ciudadano, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el programa Voces contra el Olvido, el 30 de agosto del año 2000. Para entonces, el Cofadeh figuraba en la lista de organizaciones que no debían ser consultadas en los medios debido a su posición anti corrupción y pro justicia.
Las leyes del mercado se impusieron. Los familiares de los detenidos – desaparecidos tuvimos que pagar para poder difundir. Una factura que siempre fue de menos a más en el transcurso de los años.
Voces contra el Olvido fue, además, una reacción contra la postura política e ideológica de las élites responsables de la desaparición forzada que inventaron el cuento de la Nueva Agenda en la cual no había nada, era una agenda vacía de contenido, pero llena completamente de olvidos. La agenda huía del pasado. Se corría a grandes zancadas de la responsabilidad de la APROH, del Partido Liberal y Nacional, culpables de la desaparición de personas en Honduras.
Por eso, unos años más tarde, presionamos al Congreso Nacional que dirigía Porfirio Lobo para crear el Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Ese día es mañana domingo 30 de agosto. Y qué mejor podía ser que el mismo día del nacimiento de este programa!. Un día de pura memoria viva, porque ese problema sigue siendo hoy el problema del Estado de Honduras. Hablamos de las Fuerzas Armadas. De los liberales y de los cachurecos juntos. Y del Pentágono criminal, por supuesto, con su Comando Sur y su ministerio de guerra.
Hoy seguimos aquí, cayendo como gota constante sobre la conciencia colectiva, como un pañuelo blanco en medio de la gran plaza virtual, y como un pequeño taladro que penetra hasta hacernos recordar.
Mañana, en el teatro virtual Memorias en transmisión a través de youtube a las 18 horas locales, tres personajes: Paulina, Gerardo y el doctor Roberto Miranda, representan “la Muerte y la Doncella”, la impactante obra del escritor argentino-chileno Ariel Dorfman, que denuncia la trama permanente de la impunidad que se nutre del poder y el terror. Esa estrategia perversa que busca impedir la permanente demanda de justicia de las víctimas de torturas y desapariciones. Así ocurrió en Argentina en 1978 y así ocurrió en Honduras en 1985, en 1989 y después de los acuerdos de paz en Centroamérica, y después del golpe de 2009.
Bajo la dirección del dramaturgo hondureño Tito Ochoa, el Teatro-Memorias nos hace vivir esta historia en triple acontecimiento: Día Nacional del detenido-desaparecido, día internacional contra la desaparición forzada, y 20 aniversario de este programa.
Vamos, pues, a conmemorar. Con su permiso.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 29 de agosto de 2020
Aministiar a culpables de delitos de lesa humanidad sería una afrenta a la democracia
La FIDH manifiesta su grave preocupación por un conjunto de medidas que podrían absolver de toda responsabilidad a quienes cometieron delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, así como a cualquier persona que haya encubierto, sido cómplice o haya participado en el conflicto armado interno. Al dar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad durante dicho conflicto, se pondría en jaque los pilares de la justicia en Guatemala, y el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado en el país.
Estas medidas son un drástico retroceso frente a los avances que permitieron la condena de personas genocidas, a su vez, que son una forma de desnaturalizar los cimientos de los Acuerdos de Paz de 1996. De aprobarse, colocaría al país en una situación de impunidad donde víctimas y sobrevivientes no tendrían acceso a la justicia y serían revictimizadas.
Por un lado, el debate sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional impulsadas mediante la iniciativa de ley identificada con el número 5377 del Congreso de la República sigue vigente y pretende dar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, y que ahora se encuentra en manos del Tribunal Constitucional para que resuelva en definitiva el recurso que evita una amnistía.
En 2019, la FIDH ya se había pronunciado manifestando que dichas reformas son especialmente preocupantes en tanto que tienen un efecto retroactivo y porque permitirían decretar la libertad en 24 horas a favor de todas las personas procesadas o condenadas por dichos delitos. Es necesario resaltar que estas proposiciones van en contra de las obligaciones en materia de derecho internacional que consideran que las graves violaciones de los derechos humanos no son amnisitiables y generan aún más impunidad.
Sumado a esto, la firma del Acuerdo Gubernativo 100-2020 que formaliza el cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos humanos (COPREDEH) y que crea la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), es una forma de desmantelar los alcances de los Acuerdos de Paz de 1996. La decisión presidencial, en vez de fortalecer la institucionalidad ya existente, crea una nueva comisión que deroga estas tres instituciones públicas, yendo en contravía y negando las problemáticas y diálogos sociales que surgieron de dichos acuerdos de 1996.
Frente a lo expuesto, la FIDH invita al Estado de Guatemala a preservar el armazón de los Acuerdos de Paz de 1996. A su vez, la FIDH considera que es un momento crucial para que la Corte de Constitucionalidad del país, resuelva el recurso de amparo apegándose al derecho y cumpliendo con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, acuerdos y tratados internacionales con el fin de garantizar la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo, el derecho a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado.
Se termina agosto, pero la dignidad y la palabra de estas más de cuarenta organizaciones sociales y populares, permanece intacta. Unidas nuestras voces al clamor de indignación de todo nuestro pueblo, en repudio a la asquerosa narco dictadura, en convocatorias y propuestas firmes, elevamos este Vigésimo Cuarto manifiesto público:
1.- Han pasado 24 semanas y seguimos condenando la improvisación y la falta de medicamentos en los hospitales, a pesar de los 100 mil millones asignados a la emergencia. Demandamos la creación de un sistema de veeduría independiente que rompa con las comisiones interventoras y con los aduladores que son parte del engranaje de corrupción impuesto por el gobierno.
2.- Reconocemos la importancia de activar la economía teniendo presente todas las medidas de bioseguridad y transporte, pero jamás aceptaremos que se reactive a costa de despidos masivos de trabajadoras y trabajadores, porque a fin de cuentas son ellos la base de la riqueza de cualquier sistema económico.
3.- Condenamos la militarización de los territorios, al ser los militares el brazo operativo de los empresarios extractivistas y actores responsables de las violaciones de derechos a los defensores del agua, la tierra y la libertad de expresión. Al tiempo, nos solidarizamos con los pueblos garífuna, tolupán y lenca y todos los defensores de los bienes comunes que están siendo asesinados y criminalizados por la defensa de sus territorios.
4.- Exhortamos a la población a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad contra el Covid, ya que el gobierno sigue presentando datos que no se corresponden con la realidad, sin embargo en los barrios y comunidades la pandemia sigue dejando luto en las familias así como en los gremios del personal sanitario.
5.- Advertimos que hay una campaña orquestada por los asesores de Juan Orlando Hernández para restarle fuerza a la campaña Dónde está el dinero, animamos a todos los sectores de oposición a no caer en el juego de la dictadura y a seguir fortaleciendo las caravanas, la denuncia y la organización, porque la lucha y presión popular son el antídoto de todas las dictaduras.
Honduras, agosto de 2020
Tegucigalpa, Honduras.- Tras recibir la denuncia por la desaparición de Victoria del Carmen Pérez, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio Público, realice las acciones correspondientes para dar con su paradero.
Según sus familiares que se comunicaron hace unos días con este Comité, Victoria de 56 años, desde el 29 de mayo pasado, no regresó a su casa en la aldea Santa Teresa, municipio de San Nicolás, a 10 kilómetros de La Entrada, ciudad en tránsito del departamento de Copán, al occidente del país, donde era común ir a visitar a sus hermanas.
Por el tiempo trascurrido se teme las peores consecuencias para la vida e integridad de Victoria Pérez, por lo que COFADEH solicitó activar el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.
Cabe señalar que Victoria Pérez, padece -desde niña- cierto trastorno emocional, por lo que a veces se ausentaba de su casa, pero volvía. Ahora ha pasado casi tres meses sin saber nada de ella. Una de sus hermanas la vio tomar la carretera internacional, sin ninguna rareza.
La familia Pérez ha tratado de comunicarse con la policía de esa zona, pero se ha hecho imposible, incluso que se les tome una denuncia formal, expresándoles que por la pandemia generada por el Covid-19 es hasta peligroso moverse o hacer otras acciones de búsqueda.
Y en caso que llega información a la familia como que han visto a Victoria Pérez en municipios cercanos, específicamente en San Luís, departamento de Santa Bárbara, a los parientes les dicen que es un lugar peligroso y deben ser acompañados por la policía, pero vuelve el problema de movilización y apatía por parte de las autoridades correspondientes.
Para información:
98 65 35 87
98 40 16 06
Sus familiares aseguran que Victoria es una mujer tranquila, acostumbrada a andar a pie y por caminos estrechos (secundarios). En la aldea la extrañan y están pendiente de cualquier información que pueda dar con su paradero, pero hasta el momento ha sido imposible.
Con este toque de queda se nos complica buscarla, por que no nos podemos movilizar si no el día de circulación y no hay transporte público, detalló una familiar de “Toya” o “Toyita”, como la llaman de cariño.
La preocupación es generalizada en la familia Pérez, ya que sus hermanos y sobrinas son responsables de su cuidado, pues siempre ha permanecido soltera. En su casa no ha hace falta ningún artículo o prenda de vestir, más bien hay alimentos que se vencieron, porque no ha vuelto para nada, y nos preocupa que se enferme de tanto caminar o que le pase algo malo si cruza un puente o un río, denunció la familia.
Victoria es paciente siquiátrica, por lo que depende de algún medicamento. La familia desistió hace algún tiempo de seguir con sus consultas en Tegucigalpa, porque se complicó estar viajando con ella.
Toda la familia la ha buscado y comparten fotos de ella a través de redes sociales. Y es asi como les llegó información que la vieron en San Luís. “Que estuvo allí en una casa, pero que siguió el camino para adelante”.
San Nicolás es un lugar muy tranquilo, todos se conocen y esperan que Victoria Pérez vuelva sana y salva. Incluso desde la alcaldía se ha emitido algunas búsquedas, el problema es que la policía no es diligente, reaccionó la familia.
COFADEH fundamentó la solicitud de búsqueda en el ARTICULO 59 de la Constitución de la República, que afirma a la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.
Y la petición en el ARTICULO 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”.
Victoria del Carmen Pérez, desapareció en un momento bajo custodia y vigilancia de las fuerzas represoras del Estado, quienes pueden circular amparados en el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 del 16 de marzo pasado ante los primeros casos positivos por el nuevo Coronavirus, confinando a la población.
Al menos 10 personas se han denunciado como desaparecidas en estos cinco meses de toque de queda, sin que las autoridades correspondientes den respuesta de ellos y ellas.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ene artículo 10 establece: En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas.
El Estado de Honduras está obligado a velar por el paradero e integridad de las personas desaparecidas y debe proceder sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.
Las peticiones hechas por Cofadeh, a fin que el Estado vele por Victoria, son las siguientes:
- Que se tenga por presentada esta denuncia;
- Se nombre de inmediato un equipo de investigación; que tramite un auto requerimiento de investigación;
- Que de inmediato active una investigación urgente sobre ¿Qué pasó con Victoria Pérez que se encuentra desaparecida? aclarar los hechos e identificar a los posibles responsables.
- Tomar declaración a las personas que estuvieron en contacto por última vez con la señora Victoria Pérez, como así de personas que lo vieron antes de desparecer.
- Informar a esta representación y a sus familiares sobre los hallazgos y avances.
