Honduras y la pandemia: sin timonel, sin capitán y a la deriva en un mar de corrupción y cinismo

julio 28, 2020 Redacción

Alerta Ciudadana
Por: Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)
EL PROBLEMA
Es cierto que ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia de la magnitud del Covid-19, pero es también cierto que le ha ido peor a los países cuyos gobernantes son autoritarios, dictatoriales, intolerantes, hostiles e incapaces – por desconocimiento, debilidad, recelo o resentimiento- de construir consensos en torno al manejo de la pandemia y, más aún, si arrastran una crisis de legitimidad derivada de la forma en que accedieron al poder político, de su tendencia a reprimir a los críticos y opositores, y de su historial de escándalos de corrupción y narcotráfico a nivel nacional e internacional, como es el caso del gobierno actual.
Lo anterior explica la ausencia de visión y estrategia, la dispersión de responsables y la confusión de roles y funciones que a menudo nos lleva a preguntar: ¿quién conduce la lucha contra la pandemia en nuestro país? Para entender mejor lo que se indica, es importante acudir a la conceptualización de dos términos muy apropiados para el caso que nos ocupa: “timonel” y “capitán”. Según Wikipedia, TIMONEL es la persona encargada de gobernar la dirección de una embarcación, mientras CAPITÁN es una persona que dirige, encabeza, comanda o gobierna una embarcación. El primero tiene una función específica que la EJECUTA con precisión, mientras el segundo tiene múltiples funciones; aquél tiene y debe tener una visión micro, mientras este – el capitán – debe tener una visión macro que va mucho más allá de la dirección de la nave e involucra otros aspectos que no son competencia del timonel; y esto es así porque el capitán tiene y debe tener la gran función de CONDUCCIÓN.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos constantemente: ¿quién es el “timonel” de la lucha contra la pandemia a nivel nacional? ¿la Secretaría de Salud, SINAGER, la Secretaría de Seguridad, las fuerzas armadas? Y a nivel local: ¿son los alcaldes, SINAGER local, los directores de hospitales, la policía, los militares? Se supone que el “capitán” del barco es el presidente de la república, pero este no parece dirigir, encabezar, comandar o gobernar en tiempos de pandemia. Desde el inicio apareció como un solitario que desconfiaba y rechazaba la participación de los independientes, de los críticos, de los especialistas, y hasta de sus instituciones, de su propio gabinete y su mismo partido. Parece que el capitán de este barco solamente confía en sus incondicionales uniformados, activos o en retiro, ex compañeros de liceo o nuevos amigos en la escala jerárquica, a quienes ha incorporado en su gestión como fieles seguidores e incondicionales sustitutos de quienes desconfía y recela.
Así, un capitán de navío con el grado de alférez de fragata dirige el programa de desarrollo agrícola sobre el cual el presidente del poder Ejecutivo solicitó, y el poder Legislativo aprobó unos meses antes del decreto de emergencia, cuatro mil millones de lempiras a ejecutarse en cinco años, traslapándose sospechosamente con dos años del siguiente gobierno; el Canciller actual, hijo de un militar retirado, de profesión licenciado en administración y negocios, con especialidad en administración de instituciones de defensa y seguridad, dirige la lucha contra la pandemia como comisionado presidencial; y un militar retirado, de profesión ingeniero geógrafo con maestría en finanzas, encabeza la Comisión Interventora de INVEST-Honduras, la unidad responsable de grandes y vergonzosas irregularidades en la compra de hospitales y equipo médico.
Lo anterior aflora como dispersión, confusión de roles, incertidumbre y caos, mucho más con el escándalo de corrupción asociado a la compra irregular de siete hospitales móviles que supuestamente llegarían totalmente equipados y entrarían en funcionamiento en pocos días, según los contratos por transporte e instalación de estos, aunque de forma acelerada el capitán adjudicó esta tarea, nuevamente, a las fuerzas armadas. De acuerdo con lo que ha trascendido, el cuestionado exdirector de INVEST- Honduras no contó con la aprobación de la Junta Directiva, como era el procedimiento, pero consiguió a última hora la firma de la Secretaria de Salud, la autorización de Finanzas, la velocidad del Banco Central, todo ello con el conocimiento del presidente de la república, de acuerdo con sus propias palabras, aunque ahora aparezcan declaraciones evasivas y contradictorias dichas por todos ellos.
EL CONTEXTO
Es indudable que lo que se observa en la actualidad no es algo específico de la coyuntura de la pandemia; forma parte de un estilo de gobierno que se viene manifestando desde hace más de diez años, desde que el presidente actual fungiera como presidente del Poder Legislativo (2010-2014), en su primer gobierno (2014-2018) y en lo que va de su cuestionado e ilegítimo segundo gobierno (2018-2022). Veamos los detalles:
1. Escasa o nula capacidad del “capitán” para manejar las diferencias e incorporar a los opositores políticos y los críticos sociales en una iniciativa de nación, en la que debe demostrarse la capacidad de conducción y la habilidad para manejar las diferencias.
2. Recelo, desconfianza y rechazo a los que saben del manejo de la pandemia (epidemiólogos, virólogos, infectólogos, neumólogos, cardiólogos, internistas), y, consecuentemente, de las necesidades de equipo médico, hospitales, material de bioseguridad y otros, llegando al extremo de poner en peligro sus vidas al no proveer al personal de primera línea de lo necesario para evitar ser contagiados.
3. Incapacidad de convocar a los que saben del tema principal y de los temas conexos para escuchar sus opiniones y propuestas en la compra e instalación de hospitales móviles, centros de triage, equipo necesario, terrenos adecuados y condiciones sanitarias mínimas y oportunas, particularmente al Colegio Médico, Colegio de Arquitectos y Colegios de Ingenieros en todas sus especialidades. La tendencia parece ser a incorporar a militares, profesionales amigos, correligionarios e incondicionales, que no discrepen y que no le hagan sombra, aunque no conozcan mucho del tema.
4. Deformación de las prioridades ante una emergencia al privilegiar a policías y militares con material de bioseguridad, equipo médico y patrullas nuevas, haciendo poco o nada para dotar a los hospitales de ambulancias y personal sanitario con todo lo necesario para su protección ante el virus, produciendo un impacto devastador entre quienes sufren las consecuencias de ese desbalance.
5. Constante y creciente incorporación de los militares en el manejo de la pandemia, de la misma forma en que los ha ido incorporando al manejo del Estado en temas de importancia clave, minimizando o marginando a los responsables de la institucionalidad civil correspondiente, a los cuales incorpora en calidad de subordinados a la dirección militar.
6. Creciente dispersión en la formación y capacitación de los militares, quienes asumen que su incorporación a tareas civiles implica una nueva profesionalización de sus integrantes, lo que lleva a pensar que lejos de verlas como funciones de apoyo y, por lo tanto, subordinadas y transitorias, como establece la Constitución y la Ley correspondiente, las están viendo como funciones permanentes de dirección que desnaturalizan su función esencial de defensa de la soberanía e integridad territorial.
7. Asombroso cinismo para reaccionar ante la crisis ocasionada por el improvisado e inadecuado manejo de la pandemia; la corrupción documentada y denunciada en las compras y adquisiciones; y el desentendimiento de su responsabilidad de rendir cuentas ante la pregunta que se va volviendo una constante y un eje del clamor ciudadano: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?, refiriéndose a los millones de lempiras destinados al combate de la pandemia sin que se vean hasta ahora los resultados.
LAS IMPLICACIONES
Pareciera que existe un interés oficial en que nos acostumbremos a ver con normalidad el mar de corrupción en que nos movemos, tratando de anteponer la urgencia de la pandemia ante la importancia de documentar la corrupción. A esto se suma el interés evidente de desviar la atención ciudadana hacia el proveedor, con el objetivo de minimizar la culpa del comprador. Por su parte, el presidente de la Junta Interventora, militar al fin, empieza mal a hacer su trabajo, prohibiendo la entrada a periodistas a inspeccionar la instalación de los hospitales.
La situación parece moverse entre tres barreras protectoras alrededor del “capitán” de este barco: 1) el Canciller y Comisionado Presidencial para la pandemia, que reacciona molesto cuando le preguntan ¿dónde está el dinero? 2) el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, que reacciona de igual manera ante la misma pregunta y, para ser consecuente con su visión uniformada, pretende desviar la atención hacia el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado hace once años y 3) los periodistas, columnistas, pastores, asesores y funcionarios menores que le hacen el juego al discurso oficial con sabios consejos, adulaciones innecesarias, llamados a la paz y reconciliación, y clamores por la unidad para salir de la crisis. Mientras tanto, el capitán de este barco a la deriva salta a la palestra pública, cada vez que puede, como “trueno vestido de nazareno” invocando la ayuda divina, convencido de que puede ser su tabla salvadora, cerrando sus presentaciones públicas con un “¡Dios bendiga a Honduras!”.
LA ALERTA CIUDADANA
1. El proceso de INSTALACIÓN DE LOS HOSPITALES MÓVILES que ya están en el país y la llegada de los otros cinco, verificando calidad, precio y tiempo de entrega, y la relación que pudiera existir entre funcionarios públicos asignados y las empresas contratadas para transporte e instalación.
2. Las INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO sobre el exdirector de INVEST-Honduras y todos los demás implicados.
3. El PAPEL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) ante los hallazgos del Ministerio público y demás instancias que han documentado las irregularidades, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); se debe verificar si el TSC se tomará los tres años que establecieron los diputados del Congreso Nacional como generoso plazo para el posible blindaje de los señalados por corrupción.
4. El MANEJO MEDIÁTICO DE LA SITUACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO, los mecanismos de blindaje para que no sigan tirando del hilo y la forma en que el capitán y sus timoneles salen del escándalo y sus consecuencias.

Compras sobrevaloradas, contratos fraccionados y coimas son parte del “coma” por la corrupción en los hospitales hondureños

Fuente: Expediente Público/julio 29, 2020
** Contribuyen al saqueo de la Secretaría de Salud compras de equipos e insumos muy por encima de los valores de mercado, la fragmentación de las adquisiciones para saltarse procesos de licitación más transparentes y los nombramientos políticos y “de dedo” en hospitales y regiones sanitarias.

El 17 de junio de 2020 el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa condenó a 1,042 años y seis meses de reclusión a la señora Doris Obdulia Gradiz Sevilla, exempleada de la Secretaría de Salud, por cometer 139 delitos de fraude al malversar más de 10,276,000.17 de lempiras (415,834 dólares) que se habrían entregado a 89 falsos estudiantes de Medicina.
La Secretaría de Salud paga becas a los estudiantes de séptimo año de Medicina (internados) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a algunos médicos que estudian especialidades (residencias). Pero esos fondos no llegaron a sus destinatarios porque Gradiz Sevilla los desvió a bolsillos particulares.
Su caso es solo un ejemplo de cómo la corrupción saca dinero hasta de los programas y proyectos más improbables de la salud pública. Lo sustraído por Sevilla es poco comparado con lo que se roban empresas grandes y pequeñas mediante recursos como la sobrevaloración de precios en las compras o el fraccionamiento de estas para eludir las licitaciones públicas.
La corrupción es tan grande que, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA, una ONG de la sociedad civil), entre el 2015 y el 2018, auditaron transacciones del sistema de salud por 597.6 millones de lempiras (24.2 millones de dólares) y encontraron perjuicios para la administración pública por 293.6 millones de lempiras (11.88 millones de dólares). Concluyeron que el daño al erario fue de un 49%, “es decir, de cada cien lempiras, los corruptos nos roban 49 de la Secretaría de Salud”, explicaron.
La exministra de Salud, Roxana Araujo, reconoce que “el tema de la corrupción está tan arraigado que ha puesto en peligro y ha cobrado vidas humanas de pacientes que se han visto con la negativa de la administración de un medicamento, porque el sistema de salud no se lo provee, porque no les interesa comprar ese medicamento, porque no hay ninguna ganancia”.

EL NEGOCIO DE LA SOBREVALORACIÓN

De acuerdo al análisis del CNA uno de los recursos más frecuentes para saquear la Secretaría de Salud es la sobrevaloración de precios en los medicamentos, insumos y equipos. “Se ha podido identificar que existen medicamentos que su acrecentamiento constituye hasta un 1000% del costo unitario del medicamento o insumo médico”, señala.
Julieta Castellanos, exrectora de la UNAH, entidad que tuvo a cargo la administración del Hospital Escuela durante seis años (2012-2018), apunta que al principio de su administración notaron la diferencia entre los precios de mercado y los que ofrecían al centro médico en rubros como las medicinas y los alimentos, por lo que convocaron a sus proveedores a una reunión para consultar el por qué, y qué se podía hacer para revertir la situación.
“Entonces nos explicaron que parte del problema era que las autoridades de la Secretaría (de Salud) y del hospital les pedían coima (soborno). Pedían coima para recibir las ofertas de sus productos, les pedían coimas para pagarles y si no pagaban (las coimas) entonces nunca les hacían el trámite para el pago. Ese cobro de coimas llegaba hasta la Secretaría de Finanzas, hasta la Tesorería General, que es donde ellos cobraban”, explicó la académica.

Es decir, no era solo un pago a una persona en particular, sino que debían pagar en cada oficina y en cada fase del proceso por donde pasaba la documentación, desde que se presentaba la oferta hasta cuando se consumaba la venta y se pagaba lo adeudado.
Otro de los argumentos para subir los precios era por los retrasos en los pagos por parte del gobierno, de hasta seis meses y un año. Varios proveedores aseguraban que operaban mediante préstamos bancarios y los atrasos les generaban altos intereses y recargos.
Una vez reconocido el problema se dispusieron a solucionarlo al solicitar fondos a la Secretaría de Finanzas y una vez con ese dinero en la bolsa hacían las compras sin intermediarios en las Secretarías de Salud y Finanzas. Cuando la UNAH dejó de administrar el Hospital Escuela, en el 2018, declararon un ahorro superior a los 420 millones de lempiras (16.8 millones de dólares). “Eso obviamente disgustó a las mafias locales que había tanto en el hospital como en la Secretaría (de Salud) y en Finanzas”, dijo Castellanos
El éxito fue temporal y el problema persiste. La exministra Araujo califica el problema de la sobrevaloración como algo “trillado, triste” y que ha ensombrecido el quehacer de la Secretaría de Salud a lo largo de su historia. “Es un modus operandi, de una mafia enraizada que viene de hace más o menos 40 años, que se viene visualizando este problema de la corrupción, sobre todo en la sobrevaloración de equipos médicos, de insumos y de medicamentos”.
Araujo urgió al gobierno a encontrar mecanismos apropiados en las Secretarías de Salud y Finanzas para que veedores independientes y probos asignen las licitaciones, evitar dilaciones en los pagos y bloquear así el camino de las coimas.
Reconoció que hay “personas que han expuesto su vida por denunciar la corrupción dentro de las instituciones y esto ha molestado a personas que viven de ese famoso porcentaje, de esa coima, de esa desgracia que llegó a la institución de salud hace muchos años y que aún persiste, no se ha liberado de ese yugo tan nefasto como es esa sobrevaloración en el equipo médico, en los insumos”.

COMPRAS FRACCIONADAS

En el 2018, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público un informe investigativo realizado entre el 2010 y el 2015 en el cual se encontró que la Secretaría de Salud había entregado 221 órdenes de compra a siete sociedades mercantiles que vendieron medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos a través de las modalidades de compras menores y licitaciones privadas.
El total de las compras sumaba 45,422,491.53 de lempiras (1,830,081.27 de dólares). Sin embargo, para saltarse las licitaciones públicas (donde cualquier empresa podría participar y así poner en riesgo el negocio), fraccionaron las compras de modo que cada una no superara los 450,000 lempiras, que era el límite en ese momento para hacer compras directas o licitaciones privadas.
La investigación reveló que las siete empresas involucradas tenían vínculos familiares entre sus socios o apoderados legales, y que al final el perjuicio económico por sobrevaloración de precios en las 221 compras fue de 27,293,724.29 lempiras (1,099,669.61 dólares). Es decir, se robaron 60.08 lempiras por cada 100 que gastaron.
Este caso de fraccionamiento no es una excepción, sino una práctica frecuente. Según el CNA, este mecanismo permite “a ciertos administradores y directores de hospitales o jefes de almacén la suscripción de contratos con empresas vinculadas a personas muy cercanas a ellos o sociedades mercantiles dedicadas a otorgar regalías por la adjudicación de contratos”.
La doctora Araujo señala que “mientras no se cambie la manera de adquisición en la Secretaría de Salud siempre habrá delito con el fraccionamiento, habrá un porcentaje de personas encargadas de la administración que lo hagan sin fines de lucro, pero habrá muchos otros que lo hagan con un fin de lucro. Al final caen en el mismo renglón, que es una compra irregular, que es prohibida, independientemente de si es para salvar o no la vida de una persona”.
Agrega que a este problema se añade que muchas empresas son de “maletín”, que han venido funcionando “y en muchas licitaciones estas empresas fueron beneficiadas con millones y millones de lempiras, sobre todo en el área de medicamentos y material médico quirúrgico”.

INESTABILIDAD Y DESORDEN

En Salud calza el dicho aquel: “En río revuelto ganancia de pescadores”. En los últimos tres gobiernos han pasado por la Secretaría de Salud al menos doce secretarios de Estado. Además, aunque hay leyes que ordenan hacer concursos para designar a directores de hospitales y regiones sanitarias, en algunos de estos sitios no se hacen desde hace al menos 12 años y los nombramientos son de “dedo”, potestad de diputados, ministros y presidentes, pues el beneficiado debe responder a las instrucciones que le den.

La exrectora Julieta Castellanos reconoce que la Secretaría de Salud es “muy inestable por los intereses políticos”, pues las personas que se instalan en cargos de dirección pueden, desde su posición, “favorecer a los proveedores de medicamentos” y otros equipos.
Para Castellanos, esto “significa que hay un choque de intereses económicos y políticos que impiden que esa Secretaría de Salud pueda realmente rectorar el sistema de salud”.
A manera de ejemplo, en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la gran ausente en esta rectoría es la secretaría de Salud. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha fraccionado sus funciones al nombrar al canciller, Lisandro Rosales, como comisionado especial para atención de emergencia COVID-19, quien junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), lideran las decisiones a tomar. Y así se han nombrado representantes de la emergencia para el sector de la zona norte y para el centro, en especial del departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra la capital. Todos ellos deciden, y la titular de Salud, una pedagoga de profesión, tiene cada vez un rol menos protagónico y de dirección gerencial. El manejo de la pandemia, en el área de la Salud, es manejado por muchas cabezas, en tanto el manejo de los recursos financieros se ha concentrado en otras dos instituciones y no necesariamente en la Secretaría de Salud. Esas instituciones son Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco).
Actualmente, ambas instituciones son objeto de investigación por los entes de control, el Tribunal Superior de Cuentas (auditorías especiales) y el Ministerio Público (11 líneas de investigación por presunta corrupción), al trascender la reproducción del mismo patrón de las redes de corrupción en salud mediante compras sobrevaloradas, empresas fantasmas, violación de la ley de contratación del Estado, entre otros. Estas compras se relacionan con insumos, equipo médico y biomédico, así como la construcción de hospitales móviles.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, dice que históricamente se respetó la “carrera administrativa” mediante la cual cada dos años un médico de base podía optar mediante concurso a un cargo administrativo e ir escalando. Primero para ser jefe de sala, luego a la jefatura de servicios, jefatura de departamento hasta llegar a la dirección de un hospital.
“Eso dejó de ser así a raíz de cuestiones políticas. Más o menos, creo que el último concurso en el Hospital Escuela fue en el 2008. Desde entonces todos los nombramientos son ‘de dedo’. Aquí nunca más hubo un concurso administrativo y es lo que hemos estado pidiendo, que se hagan concursos para que la gente no sienta ese compromiso de acatar órdenes”, dijo Figueroa.

MICROCORRUPCIÓN

“El problema más grande de corrupción es el que se da a más alto nivel, pero cuando hay corruptos en el más alto nivel se permite la corrupción en los niveles intermedios y en los niveles bajos”, refirió la exrectora y socióloga Castellanos.
Una muestra de esa corrupción en los estratos bajos se observó en el Hospital Escuela, cuando cambiaron el método de pago de los pacientes. Los hospitales públicos cobran una pequeña cantidad por los servicios prestados y quien recibe ese dinero es un empleado público, pero en algún momento en el Hospital Escuela se dispuso que ese dinero se depositara en una cuenta bancaria para un mejor control y transparencia.
Así, la colecta pasó de 35,000 lempiras (1,418 dólares) a 80,000 lempiras (3,241 dólares) mensuales. “Mucha gente se vio perjudicada, entre comillas, porque esa diferencia de 45,000 (1,823 dólares) o 50,000 lempiras (2,026 dólares) al mes alguien dejó de percibirlos. Eso obviamente creó malestar en alguna gente. La lucha en el país (por las) personas que quieren mejorar las cosas, es dura”, dijo Castellanos.
Corrupción, dijo, es también cuando hay algunos médicos que llevan a sus pacientes de la clínica privada a hacerse exámenes al hospital público, otros que tienen plaza en un centro médico rural pero se quedan en la ciudad o aquellos especialistas que reciben sueldo por turnos nocturnos pero no van y solo atienden vía teléfono, recargando el trabajo en sus subalternos.
“Entonces hay que lidiar con un sistema de salud, con la corrupción del más alto nivel, de políticos y grandes empresarios que abastecen el sistema de salud, con los proveedores de servicio, que venden servicios de tomografía, de análisis clínicos y hasta con dirigentes gremiales que son corruptos y sustraen medicamentos”, concluyó Castellanos.
Un informe sobre el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), elaborado por una junta interventora, coincide con lo aseverado por Castellanos, al destacar que los desmanes en esa institución no solo fueron a nivel de compras, medicamentos o contratos, también a lo interno con canonjías y una serie de privilegios en una institución que ya arrastraba números rojos. Los gremios ahí representados gozaban de jugosas dietas, pagos de combustibles disfrazados de facturas de viáticos, meriendas, postres y hasta los tres tiempos de comida, eran parte de esas subredes de tráfico de influencias en el IHSS, que a la larga, es un retrato del modus operandi en un colapsado sistema de salud en Honduras.
Expediente Público/julio 29, 2020

IAIP recomienda a junta interventora de Invest-H total acceso a la prensa

julio 29, 2020 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HNredaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- En una carta dirigida a los miembros de la Comisión Interventora de José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se pronuncia a favor que los medios de comunicación y el pueblo en general tengan acceso a la información en la instalación de los hospitales móviles.
En respuesta a la negativa planteada por Invest-H de no permitir la presencia de los medios de comunicación en los planteles, el IAIP responde que el pueblo hondureño tiene el derecho de acceso a la información, así como a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública y que, además, el Estado ha ratificado la Convención interamericana contra la Corrupción en la que se reconocen expresamente estos derechos.
En tal sentido, el comunicado emitido por INVEST-H, en los numeral 2 y 7 que literalmente dicen, «Que, por temas relacionados con lo seguridad laboral y física no se permitirá la entrada al plantel destinado para el hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula a periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
«Que por seguridad se prohíbe que sobrevuelen drones en la zona de influencia del emplazamiento, la caída de uno en lo zona de trabajo, sea por fallas técnicas o errores humanos, podrían ocasionar un occidente».
El IAIP es del criterio, que lo estipulado en los literales en mención, son una restricción al derecho que tienen todos los ciudadanos, y de manera particular a los medios de comunicación en buscar, acceder y transmitir información que sea de interés colectivo: asimismo, el acceso a la información no se circunscribe a datos o documentos si no a imágenes de obras o infraestructura que es financiada con fondos públicos.
En este caso el proceso de instalación y contenido de los hospitales de aislamiento móviles, es de interés público, por lo que el daño al que se refiere la restricción es menor al beneficio que la población recibirá al obtener información, sea esta documental o visual, opina el IAIP.
Si bien es cierto que el mismo cuerpo del comunicado en los numerales 8 y 9 establecen: «Que, para mantener informada o la ciudadanía a través de los medios de comunicación, habrá una comparecencia pública ante la prensa todos los días o partir de mañana a 10:00 am, en las afueras del plantel en San Pedro Sula». Señalan que la comparecencia estará o cargo de la ingeniero Sireya Díaz, vocero oficial de INVES-Honduras en este tema, quien informará del quehacer diario en los planteles.
El IAIP considera que la información que la vocería pueda brindar se torna discrecional, ya que como puede llenar las necesidades de información de la población a través de los medios de comunicación, también es cierto que puede no hacerlo, creando más incertidumbre y desconfianza.
Por lo tanto, el IAIP en el uso de las facultades conferidas, les sugiere y recomienda emulen el buen proceder que tuvo la Operadora Portuaria Centroamérica (OPC), que en coordinación con la Empresa Nacional Portuaria, dispusieron como mecanismo de acceso a la información cámaras con enlace para que la población y los medios de comunicación le dieron seguimiento al proceso de embarque y desembarque en tiempo real a los contenedores que traían los hospitales móviles.
De no ser así, entonces debe permitir el ingreso de los medios de comunicación estableciendo espacios de seguridad que garanticen de igual manera el acceso a la información y la seguridad paro todos los que convergen en dicho plantel.

HONDURAS / INTERVENTORES QUIEREN IMPONER SILENCIO GENERAL EN “HOSPITALES”

Publicado: 29 Julio 2020

La junta directiva de Invest-H prohibió el ingreso a los medios al plantel donde se instalará uno de los dos supuestos hospitales móviles, que han dicho que empezarán a operar a mediados del próximo mes, justo cuando el ex director de Invest-H, Marco Bográn, prometió que vendrían los cinco hospitales restantes, que “compró” el país a unos 1,200 millones de lempiras por orden de Juan Hernández.

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La transparencia parece no ser parte de las políticas públicas de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H). Esto lo confirma el comunicado emitido por la junta interventora de Invest-H, el lunes 27 de julio, que prohíbe el ingreso a los medios de comunicación, al afirmar que “no se permitirá la entrada al plantel destinado para el hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula, a periodistas, fotógrafos ni camarógrafos”
Tampoco se permitirá que drones sobrevuelen en la zona. “La caída de uno (drone) en la zona sea por fallas técnicas o errores humanos, podría ocasionar un accidente”, dice el texto. Sin embargo, los interventores han dicho que darán conferencias de prensa todos los días [de lunes a viernes] a las 10 de la mañana en las afueras del plantel, para informar sobre los avances en la instalación de dos de los siete hospitales “fantasmas” que compró el ex director de la estatal, Marco Bográn, a un costo de 1,200 millones de lempiras a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com, cuando el jefe de Estado, Juan Hernández, ordenó comprar los centros asistenciales supuestamente para pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.
La junta es presidida por el general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM). También es parte José Alberto Benítez Portillo, subsecretario de Agricultura y coordinador nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector agroalimentario de Honduras (FIRSA).
Asimismo, es miembro José Gustavo Boquín Suárez, actual presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), directivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (Convivienda).
Es de recordar que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), calificó como “buena” la actuación de Invest-H en mayo anterior, durante el informe de verificación de la información expuesta en portales oficiales en el marco de la emergencia producto del Covid-19.
ATAQUE A LA PRENSA
Y pese a que los interventores de Invest-H eliminaron el comunicado de sus redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar al violentar el acceso a la información de los hondureños.
El diputado opositor por Cortés, Luis Redondo, envió este 28 de julio una carta pública a los integrantes de la junta interventora, mostrando su preocupación por el autoritarismo con que han actuado.
“En nombre de mis electores y haciendo uso de mi derecho constitucional y legislativo, veo con suma preocupación el comunicado que ha hecho la junta interventora, que nombró el usurpador de la presidencia del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien todavía no ha sido llamado a declarar por el Ministerio Público sobre el caso de los hospitales”, dice el parlamentario.
Y en relación a la restricción a la prensa, Redondo ha sido concluyente al afirmar que: “hablamos de un acto de corrupción que ha generado y generará muertes de nuestros compatriotas, un caso que pone en evidencia a toda una estructura (mara) de criminales en las instituciones públicas, y que ustedes vengan ahora con esto sólo pone en evidencia que quieren ocultar información y servirles de guachimanes [vigilantes], como lo hacen las Fuerzas Armadas a este gobierno criminal”, sostiene.
Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ha reaccionado al veto de la interventora sosteniendo que no acatará la medida. “El CPH rechaza y denuncia la arbitraria disposición de la Junta Interventora de Invest-H de prohibir acceso a periodistas y medios de comunicación al sitio de instalación de hospitales móviles. No vamos acatar ninguna medida que limite la libertad de expresión y de prensa”, sostienen.
En 2019, un informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), ubicó a Honduras como el país de Centroamérica con las peores condiciones para la libertad prensa, ocupando el puesto 146 de un listado de 180 naciones, es decir que el país ocupa el puesto 34 países en las naciones con la peor situación de prensa en el mundo.

Wilson Center expone la corrupción en Honduras

agosto 28, 2020 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
El Wilson Center con sede en la capital de Estados Unidos, ha publicado un amplio estudio sobre corrupción política, el cual ha titulado: “Cuando la corrupción financia el sistema político: un estudio del caso de Honduras”, elaborado por Daniel M. Sabet y presentado este viernes.
Sabet detalla que la corrupción ayuda a financiar la política hondureña, convirtiéndola en un insumo fundamental para el proceso político hondureño y que los mecanismos anticorrupción y de rendición de cuentas se han debilitado o están diseñados para dar solo la apariencia de rendición de cuentas.
también destaca que a pesar de sus limitaciones, el activismo de la sociedad civil y la protesta popular siguen siendo el principal contrapeso a la corrupción gubernamental.
Basándose en investigaciones de corrupción realizadas a nivel internacional, nacional y de la sociedad civil, el documento explora cuatro tipos diferentes de corrupción en Honduras:

Malversación de fondos de desarrollo social: utilizando varias fuentes de financiamiento, los funcionarios del Congreso y del gobierno han transferido fondos públicos a ONGs fantasmas , aparentemente para llevar a cabo proyectos de desarrollo social, que luego han depositado los fondos en fondos personales, de campaña y de partidos, cuentas.
Corrupción en las adquisiciones: los funcionarios gubernamentales han utilizado adquisiciones falsas para malversar fondos y han dirigido contratos a proveedores preferidos a precios inflados a cambio de sobornos y contribuciones políticas.
Corrupción del crimen organizado: Si bien la policía ha sido el objetivo principal de la corrupción del crimen organizado, varios ex miembros del Congreso han sido condenados en los tribunales de Estados Unidos por su participación en el crimen organizado. El testimonio en los tribunales estadounidenses también ha producido acusaciones de que los últimos tres presidentes electos han recibido importantes contribuciones de campaña de grupos criminales.

Abusos de patrocinio en la burocracia: los titulares han trabajado para aumentar su discreción sobre la contratación y los ascensos como fuente de patrocinio para los trabajadores de campaña. Además, los titulares recaudan donaciones de muchos empleados del sector público a través de deducciones automáticas en los cheques de pago. Cuando la corrupción financia el sistema político: un estudio de caso de Honduras 4 Sobre el papel, existen varios mecanismos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar estas formas de corrupción y abuso; sin embargo, estos se han debilitado o son intencionalmente ineficaces:
• MACCIH y el sistema de justicia penal: El sistema de justicia penal tiene un historial pobre en el procesamiento exitoso de casos de corrupción. En respuesta a las protestas de la sociedad civil por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en 2016 el gobierno permitió que la Organización de los Estados Americanos estableciera la Misión de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH). Durante un período de cuatro años, la MACCIH se enfrentó a la corrupción, trabajando con su socio la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (MP-UFECIC) para adelantar 14 casos contra 133 personas. Sin embargo, la MACCIH fue víctima de su propio éxito. El Congreso, los tribunales y la administración de Hernández respondieron protegiendo a los acusados y finalmente no renovando la MACCIH, poniendo fin al breve experimento de Honduras en la lucha contra la corrupción.

• Congreso: los miembros del Congreso no solo se han involucrado en actos de corrupción, sino que el organismo en su conjunto ha votado repetidamente para debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y proteger a sus miembros y fuentes de financiamiento ilícito.

• El Tribunal Superior de Cuentas (TSC): Es responsable de investigar el cargo de enriquecimiento ilícito, pero solo realiza un puñado de investigaciones cada año y remite pocos casos a los fiscales. Debido a este pobre desempeño, el Congreso aprobó una ley para dirigir las investigaciones de corrupción de funcionarios del Congreso y de alto nivel fuera de la fiscalía y hacia el TSC lento, ineficaz y políticamente controlado.
• Otras fuentes de responsabilidad intragubernamental. El documento también examina el regulador de adquisiciones, la supervisión policial, la supervisión del servicio civil y la unidad de auditoría del financiamiento de campañas. A excepción del ineficaz departamento de servicio civil, cada una de estas unidades ha logrado avances importantes en los últimos años, pero solo el mecanismo de supervisión policial ha abordado directamente la corrupción. Ante la ineficacia de los mecanismos horizontales de rendición de cuentas, los manifestantes y las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en el principal contrapeso a la corrupción gubernamental.

Las protestas callejeras llevaron al establecimiento de la MACCIH; el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha utilizado las investigaciones, los medios de comunicación, los eventos públicos y las redes sociales para exigir responsabilidades; y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), desempeñaron un papel clave en el proceso de reforma policial y ha llevado a cabo amplias auditorías sociales de la contratación pública y la gestión de recursos humanos. A pesar de una sociedad civil activa, la lucha contra la corrupción se encuentra en un punto bajo.
Leer informe original en inglés https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/When%20Corruption%20Funds%20the%20Political%20System_Final.pdf

Colegio Médico responsabiliza al Estado por muerte de personal de salud

26/08/2020

Conferencia de prensa el Colegia Médico de Honduras. De frente y con contundencia, el Colegio Médico de Honduras, hizo pública su posición en torno al papel del Estado en el manejo de la emergencia sanitaria por Covid-19, en la cual destaca el fallecimiento de más de 35 médicos a nivel nacional.
A través de un pronunciamiento, los médicos responsabilizaron al Estado por la falta de insumos de bioseguridad para el personal de salud a nivel nacional, situación que ha producido que varios médicos hayan enfermado de coronavirus y algunos de ellos hayan fallecido.
“Hemos acudido al Poder Judicial bajo nuestro derecho de amparo, ante la negligencia y falta de voluntad del Estado para atender el sistema de salud público”, denunció la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa.
Figueroa también acuso que a más de 5 meses de la llegada de la Covid-19 al país, el Gobierno no haya tomado decisiones que fortalezcan la red hospitalaria, dejando a médicos y enfermeras ante el inminente riesgo de contagio.
“El Gobierno no ha tomado decisiones acertadas, no han sido transparentes y es por eso que estamos exigiendo junto al pueblo, que nos digan dónde está el dinero para la emergencia, en qué lo han usado”, exclamó Figueroa.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Samuel Santos, lamentó que en los puestos estatales de toma de decisión, se nombren a personas que no tienen las capacidades técnicas para definir el rumbo que el país debe tomar en un momento tan crítico como éste.
“Sabemos que tienen a militares, abogados, policías, pedagogos y muchos profesionales que quizá sean buenos en sus áreas y algunos hasta buenas personas son, pero desafortunadamente no tienen el conocimiento mínimo para tomar decisiones de manejo del sistema sanitario en una pandemia”, puso de ejemplo el doctor Santos.
La crítica de Santos se enfocó en que el Gobierno no se ha dejado asesorar por las personas y organizaciones que sí saben cómo manejar esta situación, y como resultado de esa negativa estatal, hoy se ven los resultados adversos.

Doctor Santos, vice presidente del Colegio Médico de Honduras. “Acá hay más casos de los que han reportado, mínimo andamos entre 200 mil y 300 mil personas infectadas, hay más muertos de lo que nos han dicho, pero esto se debe a las pocas pruebas que han realizado
Las pruebas no se han realizado por falta de reactivos y otros elementos técnicos, lo paradójico es que Honduras tiene el presupuesto más grande de la región para la emergencia, y a pesar de eso no se ve por ningún lado el uso del dinero”, recalcó Santos.
El médico citó el ejemplo de la compra de hospitales móviles, la cual calificó de ser una terrible estafa al Estado y que el Gobierno trata de vender como uno de sus principales logros en tiempos de pandemia.
“Los hospitales son en realidad carpas que se usan en sitios donde hay guerras, esas carpas han venido en mal estado, no lo digo yo, lo dijo el Ministerio Público, lo dijo el CNA y lo dijo la propia ATIC”, siguió detallando el vicepresidente del Colegio Médico.
Santos finalizó: “es por eso que todas las instituciones del Estado, empezando por la presidencia, Congreso Nacional, Finanzas y Ministerio Público, deben aclararle a la gente dónde está el dinero”.
Los médicos han exigido ante el Poder Judicial acciones contra la Secretaría de Salud y el Estado en general, para que rindan cuentas sobre el manejo del fondo de emergencia, y también para que procedan de forma inmediata al abastecimiento de toda la red hospitalaria a nivel nacional.

La Ciudadanía debe comprometerse en la lucha anticorrupción (+Entrevista)

22/08/2020

Para el ex procurador de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, Julio Arbizú, los que siempre van a resolver los problemas de corrupción son los propios ciudadanos de un país.
“Ahora, en países como Honduras, como ocurrió en Guatemala y como está ocurriendo en El Salvador, hay una institucionalidad tomada, de tal manera que no hay forma de rescatar pequeños recodos de transparencia, quizá sea importante la presencia de una Misión, pero siempre quienes resuelven los problemas de un país son sus propios ciudadanos, y aquí no hay mucho misterio, el asunto es la conformación de órganos especializados de lucha contra la corrupción”, sostuvo Arbizú.
El abogado peruano Julio Arbizú fue funcionario, procurador de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, renunciando a la misma en febrero de 2018 tras que el Secretario General de la OEA Luís Almagro, junto al gobierno de JOH, les acortara las atribuciones para acompañar la lucha anticorrupción.
Radio Progreso (RP) dialogó con Julio Arbizú (JA) desde Perú sobre su experiencia en la Misión y la lucha contra la corrupción en Honduras.
RP. ¿Cómo va pasando la pandemia en Perú?
En medio de todo, bien, felizmente bien de salud, bien la familia y las personas cercanas, pero el país está atravesando un momento muy complicado, todos los países en general, pero en particular Perú está sufriendo las consecuencias de haber olvidado lo importante que es apostar por la salud pública.
RP. Usted se fue de Honduras hace más de dos años y medio, ¿se fue por solidaridad con la renuncia de Juan Jiménez Mayor?
Sí, de un lado, y de otro, en verdad lo que estaba pasando nos obligada a todos a tomar una decisión. Recuerdo perfectamente la circunstancia que dio lugar a la renuncia de Juan Jiménez, a la mía, a la de Daniel Urrutia, entre otras personas, y tuvo que ver básicamente con aquello que nosotros sabíamos que supuestamente pasaba, y quedó claro.
RP. ¿Qué pasada exactamente?
El pacto que había hecho en su momento el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández con el representante de la OEA, Luis Almagro. No nos quedó ninguna duda después de que una comisión del gobierno, enviada por el Presidente JOH, va a entrevistarse con el señor Luís Almagro para pedirle que revise las atribuciones y lo que está haciendo la Misión, que acababa de anunciar algunos casos importantes.
Y luego sale la carta del Secretario General de OEA diciéndole al Presidente que efectivamente había un exceso en las atribuciones de la Maccih siendo que, además Juan Jiménez había estado en Washington para hablar con Almagro, y a pesar que él sí recibió a la comitiva enviada por el gobierno, a Juan Jiménez no lo recibió.
RP. ¿Cómo interpretaron ustedes eso?
Estaba clarísimo que era el fin de la Misión, y que no había más apoyo de la OEA.
RP. ¿Qué estaba pasando al interior de la Maccih?
Había una tensión muy importante relacionada con la autonomía de la Misión, no solamente en términos de lo podía ser la Misión en Honduras dentro de lo acotado en las atribuciones fijadas en el convenio, sino una autonomía también presupuestal, recuerden ustedes, en algún momento lo dijimos, nosotros nunca tuvimos real capacidad para contratar personal o para hacer gastos que supusieran la continuidad y la fluidez de la Misión.
Todo se hacía en Washington, las decisiones se tomaban en Washington. Nos llegaron personas absolutamente ajenas a cualquier tipo de trabajo relacionado a la lucha anticorrupción, personas que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Todo pagado con dinero de la cooperación.
RP. ¿Considera usted que en algún momento abusaron del mandato de la Misión?
Si nosotros hubiéramos tenido la intención de quedarnos mucho tiempo en Honduras, que era lo que queríamos pero dentro del trabajo que podríamos hacer, si hubiéramos querido quedarnos recibiendo dinero de la cooperación, recibiendo buenos sueldos, teniendo un estatus diplomático, pues no hubiéramos alzado la voz como la alzamos, no hubiéramos tratado de iniciar pesquisas en casos que después fueron a dar a investigaciones al Ministerio Público como lo hicimos, y lo hicimos porque creíamos que estábamos obligados a hacerlo no sólo por el convenio sino por una urgencia del país, una urgencia que permanece de luchar contra la corrupción. Nunca se nos cruzó por la cabeza que estuviésemos faltando a alguno de los términos del convenio.
RP. La salida de ustedes, ¿llevaba el sello de una decisión de impunidad en base a acuerdos entre el Ejecutivo hondureño y el Secretario General de la OEA?
A la distancia y pasado un tiempo, yo no tengo dudas de que eso fue así, yo no tengo dudas de que aquello que se llamó pacto de impunidad tuvo que ver inicialmente con un pacto sellado entre el Presidente de Honduras y el representante de la OEA.
RP. ¿Qué fue lo que habría pactado JOH y Almagro?
Sin temor a equivocarme es que el principal interés del gobierno era apagar el estado de movilidad social en la que se encontraba Honduras en ese momento, recordemos que el gobierno estaba en jaque por las marchas que habían estallado por el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero que tenían en verdad muchas otras explicaciones detrás. Por eso al gobierno le interesaba apagar ese estallido social.
RP. ¿Y cuál era el interés de la OEA?
A la OEA lo que le interesaba eran los recursos, hubo recursos. Recordemos que la Maccih se financiaba con dinero de la Cooperación Internacional entre los que estaba Estados Unidos y varios países europeos, y algunos países de la región inclusive, recursos que no tenía la OEA, ya que estaba atravesando una crisis financiera muy grave en ese momento. Por eso le decía que las decisiones financieras respecto del presupuesto de la Misión nunca se tomaron en Honduras, se tomaron en Washington.
RP. ¿Recibieron alguna instrucción de NO investigar a algún personaje con poder en Honduras?
En las investigaciones por casos de corrupción siempre se avanza hacia responsabilidades mayores de sujetos que tienen o tenían el mando de determinadas organizaciones criminales, nosotros íbamos hacia allí, ya nos habíamos acercado a ciertos círculos de poder vinculados a los delitos relacionados con el desfalco al Seguro Social. No recibimos, que yo recuerde, instrucción de no investigar a tal o cual persona, pero sí se nos hizo llegar, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, la incomodidad de algunas personas por el anuncio de la Misión de empezar a investigar o por lo menos promover la investigación en el Ministerio Público de los casos de corrupción que Berta Cáceres había denunciado antes de ser asesinada.
RP. ¿Qué se le cruzó por la mente cuando se dio cuenta del fin de la Maccih?
Quiero ser muy severo con esto, y quizá alguien puede no estar de acuerdo conmigo, pero creo que lo que había sido la Maccih en sus dos años iniciales, empezando a sentar las bases de un trabajo que esperábamos que pudiera conducir a algún tipo de claridad respecto de cómo funciona la corrupción en Honduras, y sobre todo de procesamiento y de eventual condena a sujetos responsables de delitos de corrupción, no lo fue más después de la salida de Juan Jiménez.
Lo que vino después de ese periodo fue una Misión que obedecía, en gran medida, los intereses que podrían surgir de Casa Presidencial, y por supuesto una representación fiel, fidedigna de lo que esperaba el Secretario General de la OEA que había dado muestras explicitas de no interesarle ni un poquito el éxito de la Misión en términos de lucha contra la corrupción.
RP. ¿Qué noticias le llegan hoy de Honduras?
Lamentablemente las últimas noticias que me llegan de Honduras son malas. Uno de los casos que habíamos impulsado con Ufecic, que daba cuenta además de una modalidad de corrupción, que venía de tiempo atrás, nos dimos con la sorpresa que los imputados habían sido sobreseídos, me refiero al caso Pandora. Eso me resulta increíble, era un caso que estaba para ganarse, todo para llegar a una condena ejemplar para los investigados y procesados. Y luego las noticias sobre la pandemia y la manera en que el gobierno afronta la emergencia, no son tampoco muy alentadoras, tampoco lo son por mi país. Lamentablemente, en buena parte de los países de Latinoamérica, se ha privilegiado un modelo económico que ha dado lugar al olvido sistemático de la inversión pública.
RP. ¿Es posible un proceso exitoso de lucha contra la corrupción sin instancias externas?
Creo que sí. Ahora, en países como Honduras, como ocurrió en Guatemala y como está ocurriendo en El Salvador, donde hay una institucionalidad tomada, de tal manera que no hay forma de rescatar allí pequeños recodos de transparencia, quizá sea importante la presencia de una Misión, pero siempre quienes resuelven los problemas de un país son sus propios ciudadanos, y aquí no hay mucho misterio, el asunto es la conformación de órganos especializados de lucha contra la corrupción.
RP. ¿Cuál es su mensaje para la población que ahora protesta bajo la frase “Dónde está el Dinero”?
Me parece sumamente importante. Lamentablemente Honduras, en los últimos años, no ha tenido una tradición de tener un marco normativo importante relacionado con la promoción de la transparencia y acceso a la información pública. Recordemos que ustedes todavía tienen una ley de secretos que permite que muchas instituciones no le entreguen información a la ciudadanía cuando la pide siendo que la información pública debe ser de dominio del ciudadano y ciudadana de Honduras.
RP. ¿Cuál es su principal conclusión de su paso por Honduras?
La principal conclusión, y para no terminar con pesimismo, es que: sí se puede. Nosotros ayudamos en la conformación de Ufecic, y Ufecic dio cuenta de que había y hay en Honduras personas de que sí quieren trabajar, desde instancias públicas o desde la sociedad civil, por una Honduras Mejor. Hay gente muy valiosísima en Honduras que tiene muchísimas ganas de hacer de su país un mejor país.

Más de un millón de hondureños sin recibir la «bolsa solidaria», según datos del mismo gobierno

julio 27, 2020 Redaccion

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Fotos: Fernando Destephen
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.-Son tiempos difíciles para Ana Álvarez, una mujer de 52 años, comerciante independiente y residente en la colonia Villa Nueva, en la parte oriental de la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, uno de los sectores donde el gobierno inició en marzo pasado la distribución de alimentos del programa de asistencia social “Honduras Solidaria”.
Desde la orden gubernamental de la declaratoria de estado de emergencia nacional, Álvarez que en sus últimos años se ha dedicado a la comercialización de productos cosméticos como una fuente de ingresos en su familia, lamenta que sus ganancias se hayan reducido a cero por el confinamiento.

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Ana vive en una casa de bahareque en la empobrecida colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. La «bolsa solidaria» que le entregaron los militares le duró pocos días. “No he podido salir porque yo me dedico al comercio. Y no he podido salir a visitar a mis clientes desde febrero que cobre la última quincena”, comenta. “Así que durante esta pandemia mis ingresos se han reducido en cero”, dice sentada sobre un sillón que da justo al frente de la puerta principal de su vivienda, desde donde hace unos meses vio llegar a su colonia la distribución de los alimentos.
En la capital hondureña, hablar sobre la colonia Villa Nueva es evocar un sector altamente expuesto a la violencia y con altos índices de pobreza: razón que explica el por qué ese asentamiento de la periferia de la ciudad junto a la colonia Los Pinos, fueron las primeras en ser auxiliadas por el asistencialismo gubernamental.
“La situación ha estado un poco fregada porque uno no ha podido salir por miedo y por querer cuidarnos del virus”, acota Álvarez. Sin embargo, ella que fue auxiliada por la entrega de la llamada “bolsa solidaria”, asegura que el contenido de los 16 productos incluidos en las raciones entregadas en su sector, resultaron ser insuficientes, sobre todo “en una colonia como estas que tiene bastantes familias”, habla, refiriéndose al caso de la Villa Nueva, donde “sabemos que hay familias que tienen seis hijos, donde no ajustó, porque no les fue suficiente porque estas son casas con el número de familiares bastante grandes”, reconoce.
El gobierno de Honduras destinó 355,372,000 millones de lempiras como parte de la primera fase del programa “Honduras Solidaria”, para la distribución de una proporción de alimentos que unitariamente apenas alcanza un valor de 500 lempiras. Y es que la composición de la bolsa solidaria está constituida por apenas 16 productos en cantidades paupérrimas. Por ejemplo: dos libras de frijoles, dos libras de harina de maíz, dos libras de azúcar, cuatro libras de arroz, dos libras de manteca, entre otros. En algunos casos, a razón de que las alcaldías municipales han determinado reestructurar el contenido de la bolsa solidaria, alegando incrementar la cantidad de algunos productos prioritarios como los granos básicos, el contenido de esa ración alimentaria ha disminuido, lo que ha conllevado a que su valor sea menor a los 500 lempiras.

BOLSA SOLIDARIA INCOMPLETA
En su condición de madre que tuvo que sacar adelante tres hijos, nuestra entrevistada asegura que solo se ocupan tres días para que una familia, consuma los productos contenidos en la “bolsa solidaria”, para saber la insuficiencia que representa esa ayuda alimentaria.
Álvarez comenta también que fue testigo de la irregularidad en el contenido de la comida distribuida por el gobierno. Durante el proceso de entrega, explica que fue asistida por la primera y segunda fase, marzo y abril, respectivamente. “Primero nos dieron un saco, después una bolsa”. Pero agrega que “ya en la segunda entrega –solo en una bolsa- venían los mismos productos, pero en una menor cantidad”.
El testimonio de Álvarez es solo un reflejo de la insuficiencia alimentaria de un programa asistencialista que ha dejado a miles de familias sin ser atendidas. CRITERIO.HN, abordó mediante un análisis de datos, la efectividad del programa gubernamental “Honduras Solidaria”, focalizando su estudio en lo que el gobierno define como “Primera Fase de Honduras Solidaria”.
INSUFICIENCIA ALIMENTARIA
La indagación revela la insuficiencia de un programa gubernamental concebido para oxigenar la economía de las familias en condiciones de pobreza. A todas luces la gestión gubernamental fue otro tropiezo sumado a las políticas públicas de la administración del gobernante hondureño, Juan Hernández. Y en una entrevista con CRITERIO.HN, lo confirman los alcaldes municipales, pues sus opiniones concuerdan con el análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), que cuestiona la falta de planificación de “Honduras Solidaria”.
Durante el proceso de investigación, nuestro equipo periodístico tomó como fuente base, datos de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), correspondientes a la totalidad de bolsas distribuidas en los 18 departamentos que esa institución indexó en su portal web. Asimismo, se precisó como fuente al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con información referente a la cantidad de familias viviendo bajo la línea de la pobreza de la Encuesta de Hogares 2017. Tomando la información citada se efectuó el análisis mediante un cruce datos entre el número de hogares en condiciones de pobreza, entre pobreza extrema y pobreza relativa, y la cantidad de bolsas solidarias distribuidas.

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Los militares se han convertido en los protagonistas de la distribución de alimentos del programa “Honduras Solidaria”. HOGARES SIN COBERTURA ALIMENTARIA
Durante la asistencia alimentaria correspondiente a la primera fase, analizando la distribución en 18 departamentos, CRITERIO.HN encontró que hubo un déficit de más de un millón de personas a quienes no llegó la asistencia alimentaria del gobierno. De acuerdo con el análisis de datos, 271,339 hogares no tuvieron acceso a la bolsa solidaria, cuya cantidad de hogares multiplicada por 4.2 número, promedio de personas que conforman una familia hondureña, resulta en un aproximado de 1,139,623.8 millones de personas que quedaron sin acceso a la ayuda alimentaria de “Honduras Solidaria”.
En términos de porcentaje, en toda Honduras hubo una carencia de 27,60 por ciento ante un porcentaje de cobertura de 72,40, lo cual representa un total 711,814 en entregas, una cantidad además alejada a las 800,000 entregas que el Decreto Ejecutivo PCM 025-2020, que contempla la operación “Honduras Solidaria”, estableció como principal objetivo correspondiente a la primera fase para beneficiar a 3.2 millones de personas. Entre las zonas estudiadas, el departamento de Cortés llamó la atención, porque fue un sector donde la insuficiencia alimentaria reflejó que miles de hogares se quedaron sin acceso a la ración alimentaria.
En Cortés, donde además sus habitantes han sido fuertemente afectados por ser un epicentro de la pandemia, la cantidad de hogares que quedaron sin recibir la entrega alimentaria ascendió a 48,241 familias, lo que indicó una carencia de un 52,00 por ciento.
En Francisco Morazán, donde la realidad epidemiológica iguala a Cortés con una población altamente afectada por la propagación acelerada de contagios, se observó un fenómeno diferente en cuanto a la entrega, contabilizando 49,621 raciones, una cifra superior a lo que se envió a Cortés. Sin embargo, ese incremento no fue suficiente ya que una numerosa cifra de hogares quedó desatendida. Y es que se detectó que, para haber llegado a satisfacer 82,425 familias, que en Francisco Morazán se ubican en condiciones de pobreza, hizo falta que el gobierno además de las 49,621, destinara 32,804 entregas, desfase que reflejó una insuficiencia de 39.80 por ciento.
Un nivel deficitario también presentó Comayagua. En este departamento el número de hogares viviendo en condiciones de pobreza es de 86,231, una cifra mucho mayor a Francisco Morazán. Entre esa cantidad, se observa que a la mesa de 28,520 familias no llegó el auxilio alimentario, lo cual situó el porcentaje de carencia en 33.07 ante un 66,93 de cobertura.
En Olancho, entendiéndose que es el departamento más extenso de la geografía hondureña, se hicieron llegar 61,109 “bolsas solidarias”, cantidad que aparentemente resulta satisfactoria. El INE, apunta que este departamento registra 70,015 familias viviendo en condiciones de pobreza, entre pobreza extrema y pobreza relativa. Aplicando el cruce de datos, se analiza que, aunque en Olancho se entregaron 61,109 sacos de comida, quedaron sin ser asistidos un total de 8,906 hogares situados justamente en el rango de la pobreza relativa.
En el departamento de Yoro, la cantidad de hogares viviendo en condiciones de pobreza es de 86,768, cercana al número que presenta Olancho. De manera que en Yoro la entrega también fue aparentemente numerosa, pues repartieron 61,806 bolsas. Pero si se efectúa el análisis comparativo, quedaron 24,962 hogares sin ser atendidos, estos mayormente fueron familias viviendo en pobreza relativa.
Luego en Atlántida hubo una distribución de 22,141. Pero también se observa que fue insuficiente para el número de familias viviendo en pobreza relativa, por lo que a la casa de 10,574 hogares tampoco llegó la ayuda alimentaria del gobierno. En el departamento de Colón, poblado en gran parte por la etnia garífuna, la insuficiencia de “Honduras Solidaria”, hizo que 20,750 familias quedaran sin recibir la ayuda estatal. En el análisis comparativo, se observa que, en las 20,750 familias desatendidas, 5,039 correspondían a familias viviendo en pobreza extrema; mientras que 15,711 a hogares en pobreza relativa.
En el noroccidental departamento de Santa Bárbara, con una mora de 20,620 bolsas sin entregar, tuvo un comportamiento de desatención similar al de Colón, con la diferencia que el porcentaje de desatención se ubicó mayormente entre las familias viviendo en condiciones de pobreza relativa.
A pesar de que el departamento de El Paraíso, en el oriente hondureño, tuvo una distribución de 67,811, esto no resultó ser suficiente, puesto que hubo un total de 10,600 (en pobreza relativa) que quedaron fuera del subsidio alimentario.
En Ocotepeque, donde se experimentó una ausencia de 8,479 entregas, el porcentaje de insuficiencia entre el número de familias en extrema pobreza y pobreza relativa se equiparó. En el sentido que, entre los 8,479 hogares desatendidos, un total de 4,393 se sitúan en pobreza extrema; en tanto, un total de 4,086 se ubican en condiciones de pobreza relativa.
Entre tanto en la zona sur, específicamente en Choluteca, la cantidad de hogares en desatención por el programa alimentario del gobierno ascendió a 15,004 bolsas solidarias. La característica de la distribución de alimentos tuvo un nivel de desatención que recayó principalmente en las familias en pobreza relativa. Por lo que la cantidad de familias olvidadas por “Honduras Solidaria” en Choluteca, fue bastante parecida en el departamento Copán, donde quedaron desatendidas 16,332; es decir, un porcentaje de carencia de 23,49. Mientras que, en el departamento de Valle, zona sur, se observó un porcentaje de deficiencia de 22,58, lo que significó que 6,392 familias sin acceso a alimentos estatales.

El gráfico refleja el porcentaje de carencia y suficiencia en la distribución del programa asistencial “Bolsa Solidaria”, en toda Honduras. LEMPIRA Y LA PAZ LOS MEJOR ATENDIDOS
En el análisis de datos, se detectó que “Honduras Solidaria”, únicamente tuvo una cobertura con un bajo porcentaje de carencia en dos departamentos de la zona occidental. Son los casos de Lempira y La Paz, en este último departamento, se distribuyeron 35,066 bolsas adeudando solo 272 raciones. Mientras que en Lempira se hicieron llegar 52,120 superando las 51,769 familias que en ese departamento el INE registran en condiciones de pobreza. A pesar de tener características similares a Lempira y La Paz, en Intibucá el auxilio alimentario en el nivel de atención fue bastante deficiente al quedar desatendías 11,136 familias.
Los departamentos de la zona occidental La Paz, Lempira e Intibucá, han reportado históricamente los niveles más altos de pobreza extrema. En los últimos años esta zona ha sido beneficiada con varios programas de asistencia social, probablemente porque el gobernante, Juan Hernández es oriundo de Lempira, e incluso, en esa lógica en las pasadas elecciones de 2017 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo declaró ganador del proceso gracias a los llamados “votos rurales” de ese sector, lo que fue severamente cuestionado por la oposición política que denunció un fraude electoral, versión que implícitamente fue respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló que en virtud que los resultados no eran certeros, sugirió la repetición de los comicios.
Como parte del análisis, Criterio.hn también analizó Gracias a Dios e Islas de la Bahía, departamentos que, a razón de su remota posición geográfica, el INE no cuenta con registros actualizados. De modo que se utilizó el censo poblacional del INE correspondiente al año 2013 que mide la pobreza de los hogares usando la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Aun así, se observa un porcentaje deficitario, ya que para el caso del departamento de Gracias a Dios, hubo una carencia de 4,041 bolsas. Y en Islas de la Bahía hubo desatención para 4,601 hogares en condiciones de pobreza. Pero si se tomara en cuenta las estadísticas poblacionales actualizadas, el número real de hogares desatendidos podría ascender a más familias.

El gráfico proyecta en anaranjado el porcentaje de insuficiencia de la bolsa solidaria, según la distribución realizada por departamento. ALCALDÍAS EXCLUÍDAS DE DISEÑO PRESUPUESTARIO
La distribución de “Honduras Solidaria”, se ejecutó mediante el mecanismo de transferencia descentralizada que incorpora a las alcaldías municipales como entidades responsables en la distribución de la ayuda alimentaria. No obstante, alcaldes consultados por CRITERIO.HN cuestionaron el proceso de planificación gubernamental ya que no se consideró a las alcaldías en el diseño del proyecto presupuestario que únicamente fue elaborado por el gobierno central.
El alcalde del municipio de San Antonio, departamento de Comayagua, Nestor Mendoza, lamenta que las autoridades hayan prescindido de los criterios de las municipalidades referentes a la necesidad de sus habitantes. Y es que “solo nos mandaron las transferencias sin tomar en cuenta las necesidades que tenemos como alcaldes”, señala Mendoza.
De manera, que no hubo un espacio para incorporar una figura “como un estudio previo y bien elaborado que se entregara por parte de la alcaldía al gobierno”, amplia. Al final, explica que la negativa del gobierno de excluir la opinión de las alcaldías supuso un problema para los gobiernos municipales. En su caso, comenta que ante la insuficiencia de la ayuda tuvo que añadir 900 raciones de comida más para compensar el resto de los pobladores, a quienes “con lo que mandó el gobierno la ayuda era escasa”, dice. Porque “con los 1,200,403, millones que mandó el gobierno solo alcanzaron para llegar 2,486 familias”, afirma.
La problemática de Mendoza también fue motivo de preocupación para el alcalde del municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán, David Castro, quien señala que en el proceso de las transferencias “el gobierno no dio las cantidades de dinero que se necesita para llegar a todas las familias”.
Por ejemplo, “para cumplir el municipio de Cedros, yo necesito 4 millones de lempiras y el gobierno de la República solo me da 1,800, 441”, explica. Al igual que en la alcaldía de San Antonio, este edil refiere que la insuficiencia de las transferencias representó un problema para la alcaldía que tuvo que poner dinero de su bolsa para llegar a una mayor cantidad de familias. Además, menciona Castro que las transferencias tampoco compensaron los gastos de movilidad para la entrega, representando esto un problema presupuestario para los gobiernos municipales. Porque “en algunos municipios las necesidades van variando tanto demográfica como topográficamente, y esto también incurre en más gastos a la hora de hacer entrega de alimentos”. En conclusión “puedo asegurar que el gobierno no está dando lo necesario para cumplir con las necesidades de los municipios”. No obstante, “si se hiciera un esfuerzo más directo del gobierno se podría llegar a todas las familias”, explica el funcionario municipal.

El gráfico del mapa refleja el comportamiento de la distribución de la bolsa solidaria en cada uno de los 18 departamentos de Honduras. FOSDEH: ASISTENCIA ALIMENTARIA FRACASÓ
De acuerdo con estudios del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), sobre la distribución de la gestión económica durante la pandemia, del total de presupuesto aprobado, unos 80 millones de lempiras, inicialmente, el gobierno apenas destinó el 0.42 por ciento para el programa “Honduras Solidaria”.
Además del evidente desinterés presupuestario hacia la asistencia alimentaria de los hondureños, el economista del Fosdeh, Ismael Zepeda, critica la improvisación del gobierno en materia de planificación. Por ejemplo, fue una entrega que no se hizo semanalmente, a pesar de que se sabe que hay hogares donde el número de integrantes vuelve insuficiente una bolsa de apenas 16 productos que ni alcanza ni para una semana, cuestiona.
Por otro lado, analiza Zepeda que es una ayuda que alcanza un porcentaje mínimo del precio de la canasta básica, ya que los 500 lempiras –valor de la bolsa solidaria- apenas representan un 6.25 por ciento de una canasta básica alimenticia valorada en 8 mil lempiras. Y “se logra observar que no solo en cantidades es ineficiente sino también en la parte de los valores nutritivos”. Y es que “una bolsa solidaria de alimentos tiene que ir conforme a los valores nutritivos que necesita un ser humano; porque no solo porque son personas de escasos recursos se les va a dar alimentos de mala calidad”, sentencia el especialista del Fosdeh.
BOLSA SOLIDARIA CON INSUFICIENCIA NUTRICIONAL
Un breve análisis técnico de especialistas del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras, detecta una serie de falencias del modelo de asistencia alimentaria “Honduras Solidaria”. “Tal y como está conformada la canasta actualmente, está aportando 7.8 % de proteínas, y los estándares internacionales indican que debería ser entre 10-12 %”, indica el estudio de la organización.
La presidenta del gremio de nutricionistas, Levive Romero, explica a CRITERIO.HN, que “muy rara vez una asistencia alimentaria de este tipo en casos de emergencia pretende cubrir el 100 % de los requerimientos de la población”. En su análisis, los profesionales de la nutrición, también exponen que “el problema no son los alimentos que se están dando sino las proporciones”.
De acuerdo a su estudio, si la bolsa solidaria estuviera destinada con una duración para una semana, las kilocalorías (kcal), que aporta deberían de ser entre 1,000 y 1,500 kcal”. No obstante, la composición actual de la ración alimentaria repartida se establece en 852 kcal, señalan.
Además, el diagnóstico de los nutricionistas cuestiona que, en su planificación, “Honduras Solidaria”, no pensó en la atención focalizada a grupos en vulnerabilidad. Justamente, hizo falta cobertura especial en “población de niños menores de 6 meses, promover y proteger la lactancia materna, de 6 meses a 2 años, mujeres en periodo de gestación, continuación de lactancia materna con una adecuada alimentación complementaría, los adultos mayores en riesgo de complicación por Covid-19”, lamentan.
Los expertos del Colegio de Nutricionistas concluyen advirtiendo que la problemática del abastecimiento alimentario puede provocar una agudización de la mala nutrición entre la población más empobrecida, sobre todo, en la franja del corredor seco donde existen graves problemas por inseguridad alimentaria.

Lempira agoniza sin saber ¿Dónde está el dinero?

Por defensores -

9 agosto, 2020

Integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira, manifestamos nuestra preocupación por la incontrolable situación sanitaria que empeora la propagación del Covid-19, sin tener soluciones ante demandas que denunciamos en ocasiones anteriores.

El Covid-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS), el pasado 11 de marzo; sin embargo, desde febrero el régimen de Juan Orlando ya estaba ejecutando fondos públicos –supuestamente- para hacerle frente al dengue y al nuevo coronavirus del cual ya se hablaba en China y Europa.

Mientras se habla de compra de equipo médico, dotación de equipo de bioseguridad para el personal de salud, acondicionamiento de centros de triaje, visitas domiciliarias para detectar casos positivos, en el departamento seguimos a la espera de ver acción de parte de la administración pública.

Lamentamos que aumenta la propagación de casos en la ciudad de Gracias, cuando llegan habitantes de otros municipios corren el riesgo de contagio y vuelven con el virus sin saber que lo adquirieron.

El centro de Triaje en Gracias, se habilitó en la Casa de la Cultura, frente al parque central, lo que genera incertidumbre por que es una de las zonas más transitadas por la población, y se teme mayor contagio, pues no todas las personas guardan las medidas de bioseguridad, ya sea por falta de información o falta de recursos económicos para comprar al menos, mascarillas.

Denunciamos que en la región no tenemos un hospital de asistencia inmediata para casos sospechosos o confirmados por Covid-19, ya que en el principal hospital departamental “Dr. Juan Manuel Gálvez”, es de capacidades básicas, detalló la dirección. Contradiciendo a las acciones realizadas en los meses de junio y julio, cuando habilitaron una sala Covid-19 y atendieron en su mayoría a privados de libertad.

Se han recibido donaciones en el hospital y equipo de bioseguridad para los médicos, pero no son fondos públicos, sino de organizaciones privadas, tal como lo confirmó la directora del hospital, Gracia Martínez, cuando agradeció públicamente –el 11 de julio- a la Fundación Cepudo y a la Organización Visión Mundial.

Es así que el Estado de Honduras no puede justificar la inversión de fondos con la dotación de equipo médico en Lempira, que además atiende a pacientes de los departamentos de Copán, Santa Bárbara e Intibucá.

Oficialmente Honduras ha confirmado hasta la fecha 46,973 casos positivos por Coronavirus, que 126 pertenecen a Lempira entre ellos 6 fallecidos. Tres víctimas fallecieron en la misma semana en el Hospital de Gracias, ellos eran privados de libertad. La preocupación aumenta por la falta de información sobre el estado de salud actual dentro del centro penitenciario y en general desconocemos las cifras reales de víctimas de la pandemia.

Según la Secretaria de Finanzas, la ejecución de los recursos para contrarrestar la emergencia de COVID-19 al 05 de agosto asciende a 4,922.9 millones de lempiras.

El portal oficial https://www.sefin.gob.hn/covid-19/ desglosa esa inversión en la contratación de recurso humano de salud y asistencia humanitaria, equipo médico, equipo de protección, transporte de muestras, insumos de bioseguridad, reactivos, medicamentos, capacitación, mejoras de infraestructura, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos a través de saco y bolsa solidaria que contiene principales productos de la canasta básica (entre otros, arroz, azúcar, café molido, frijoles y sal).

Alertamos que, en las comunidades rurales la pobreza es más latente que antes de marzo, cuando iniciamos el confinamiento según el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, que obligó a cerrar el micro y pequeño mercado, dejando a su libertad las grandes cadenas de supermercados, y los aldeanos ven inalcanzable la canasta básica.

Nos vemos obligados a decidir entre comprar material de bioseguridad o alimentos, sin mencionar la adquisición de medicamentos o movilización para buscar atención médica en casos de emergencia, y tomar en cuenta que si es un caso sospechoso de Covid-19 no nos van atender en cualquier lugar.

Exigimos que se habiliten en las comunidades centros de atención para casos de Covid-19, que los centros de triaje estén equipados debidamente para casos de emergencia y que las pruebas rápidas o pruebas PCR sean gratuitas y accesibles, porque los médicos piden esos análisis pero hay que ir a los laboratorios privados.

Luchamos para que la salud sea un derecho reivindicado con atención de calidad y humana, y así poder ser testigos de ver la inversión pública.

Mientras eso sucede, y los más de 100 mil millones de lempiras otorgados al régimen de Hernández no se vean en la mejoría del pueblo hondureño, mientras continúen los contagios y las muertes por el Covid-19 y otras enfermedades mal atendidas, seguiremos preguntando ¿Dónde está el dinero?

Reiteramos que, junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), estamos pendientes de que se respeten nuestros derechos y se garantice el derecho a la vida durante el periodo de aislamiento, toque de queda y ahora las consecuencias de la “reapertura inteligente”.

Dado en la ciudad de Gracias, Lempira a los 09 días del mes de agosto de 2020.

Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de Lempira/COFADEH

Red El Paraíso: Por la vida de nuestros compañeros ¿Dónde está el dinero?

Por defensores -

16 agosto, 2020

COMUNICADO

La Red De Comunicadores Sociales Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de El Paraíso, que forma y acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), a la Comunidad nacional e internacional hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Es lamentable como en Honduras, a cinco meses de confinamiento por la pandemia del virus mortal COVID-19 aún no se ha controlado la situación sanitaria, por la que hemos sufrido la pérdida de tantas vidas humanas, cada una valiosa para sus familias que hoy están enlutadas por la terrible situación que enfrenta el país, que registra de manera oficial de los 50,500 casos positivos, 1575 víctimas mortales, pero las cifras reales pueden superar esta cantidad.

La falsa información se confabula con el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y la falta de atención médica precisa, pues no tenemos ni siquiera acceso para tratar el virus del Dengue que se transmite por los mosquitos.

Hasta la fecha de hoy 16 de agosto de 2020, cumplimos cinco meses sobreviviendo a este terrible y mortal coronavirus, y más preocupante es que cerca de cuarenta médicos, enfermeras y laboratoristas han muerto a causa del contagio.

El personal de salud sigue exponiendo sus vidas al continuar manejando una terrible enfermedad sin equipo médico de bioseguridad ya que el Régimen de Juan Orlando Hernández, hace caso omiso a las peticiones y llamados de auxilio que, a gritos le claman los Galenos ante la dura crisis que enfrentan en la primera línea de batalla sanitaria, para tratar a los contagiados en los hospitales que se han destinado a tratar pacientes positivos y sospechosos por Covid 19.

Ni los médicos tampoco nosotros queremos que el personal de salud siga ofrendando su vida en esta guerra sicosocial, económica y de poder en Honduras, donde los casos reales podrían contarse por cientos de miles, mientras el régimen hace desastres con el dinero del pueblo que era para hacerle frente a esta terrible enfermedad, suma que oscila en los 100 mil millones de lempiras, desde febrero pasado.

Nos preguntamos ¿dónde está el dinero? Destinado a los hospitales móviles. Unos cuarenta y ocho millones de dólares (más de mil 180 millones de lempiras) supuestamente se utilizaron para la compra de siete hospitales móviles, que de manera dudosa llegaron dos, al parecer desde Turquía. Se encontró equipo usado y en muy mal estado. Sin señalar a los responsables de esta compara fraudulenta, los hospitales móviles solo existen el imaginario de la dictadura, pero el virus avanza, las muertes continúan y el pueblo sigue enfermo pese a que la situación pudo haber sido controlada.

Los escándalos de corrupción continúan, las compras amañadas y el descontento social pregunta ¿Cómo es que se dañaron doscientas cincuenta mil pruebas PCR o “Reacción en Cadena de la Polimerasa” que arribaron al país? Y, mientras miles de compatriotas no se pueden practicar ni una prueba rápida porque no es accesible económicamente o los centros de triaje están desabastecidos, el régimen se da el lujo de desechar este producto tan necesario.

Son millones tras millones de lempiras sacados de las arcas del Estado de Honduras, incluso préstamos que aceleran el endeudando interno y externo, con la excusa de tratar el mortal virus, que a diario puede estar matando entre veinte y treinta personas.

Como defensores y defensoras de derechos humanos y población en general, desconocemos cuál ha sido el fin de estos miles de millones de lempiras, pues el pueblo hoy se pregunta ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

Honduras un país empobrecido donde habita 9.2 millones de habitantes, y este periodo pandemia acrecienta la brecha en entre ricos y pobres. No pasamos desapercibido que el Covid-19 ha permitido nuevos negocios, generando nuevos millonarios, pero el dinero siempre lo acumulan unos pocos: políticos y empresarios corruptos. Por el contario unos 400 mil obreros y obreras fueron despedidos sin ningún beneficio laboral.

Exigimos al Sistema Judicial de este país se investigue dónde ha ido a parar este millonario desfalco económico hecho por el Estado de facto hondureño y –reiteramos- donde el pueblo muere cada día por la irresponsabilidad de una cúpula corrupta y asesina que, nunca se ha interesado por el bienestar del pueblo.

Exigimos se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este nuevo desfalco, que dejas miles de muertes, como la de nuestro compañero Agustín Díaz Medina, en el Hospital Regional del Oriente “Gabriela Alvarado”, el pasado 15 de julio, en Danlí.

Don Agustín, fue un compañero comprometido con los procesos de cambio político y social, denunció la injusticia y luchó por un sistema de salud digno del pueblo hondureño, como integrante de la Red de El Paraíso, por él exigimos que el régimen responda ¿Dónde está el dinero?

El Paraíso, 16 de agosto del 2020

Red De Comunicadores Sociales Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de El Paraíso

¡Qué si! ¡Algo está podrido en el estado de la nación!

julio 28, 2020 Redacción

Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Exclama, Marcelo luego de ver el fantasma del rey sobre el terraplén en el Hamlet de Shakespeare. Acaso la conciencia no es también olfato, capacidad de oler. En una esfera más prosaica, hoy la Directora de Medio Ambiente declara que investiga las multitudinarias denuncias de los vecinos con respecto a un olor nauseabundo prevalente, analizando muestras en el laboratorio
Horacio Castellanos Moya, salvadoreño también, publicó ha más de veinte años, en 1997, una novelita titulada por su tema, El Asco. Por el que siente un emigrado -obligado a regresar, para el entierro de su madre, luego de una década en el exterior- por todo lo que vive, en el retorno que, incontinentemente, despotrica en una diatriba de cantina a un ex compañero del Liceo. Yo más bien cumplo diez años de haber regresado y no sé bien ¿de dónde viene? Ni entiendo ¿por qué no nos damos cuenta todos del mal olor, casi ubicuo? El tufo a muerto, pichete, rata, murciélago, encostalado, ahí está. No importa a dónde vas. ¿Cómo explicar la indiferencia? ¿Somos genéticamente discapacitados? ¿Nos hemos vuelto insensibles a la peste por costumbre? ¿Será que a fuerza de olerla siempre llegamos a creer que la pestilencia es normal?
Traen barcos de porquería hospitalaria desde el otro lado del mundo ¿porque saben que este es un basurero? Letrina, estercolero, fosa séptica, nos dice Donald Trump. Barcos de baterías radioactivas ¿para iluminar la tierra baldía? Si acudes a los cuarteles, huele a pólvora mojada. Si vas a los juzgados apesta a billete sudado, y si a la cámara de los patrones, ahí está la fetidez, en el aire acondicionado. Asistes a los templos con sus poderosos sistemas de sonido para generar la hipnosis del retumbo, y te asfixia ese etéreo efluvio de azufre. Caminas a la sala de reuniones del sindicato más cercano, y te asfixia esa corrupción tóxica. Te presentas a la logia de los pensadores y no puedes evitar sentir ese ijillo[1] rancio. No digamos si acudes al cóctel de los comunicadores, divulgadores de inmundicia. ¿Cómo no le iba a heder el vaho a Esdras? Abres el periódico y te asalta la emanación de excreta editorial. Apesta el colaboracionismo. ¿Qué es lo que huele en el Congreso, pese al Asistín, el tilín? ¿A qué huele la alta burocracia de Honduras, Señora? ¡Purísima! ¿A qué huele la ministra de salud? Y a incompetencia.
Mi madre GJPF (going on 96) alguna vez me dijo que ella creía que La Buchona había castrado cívica, anímicamente al hondureño. (Había visto a su padre, un hombre grande, echarse para atrás). C. Urbizo me ha dicho que él piensa que la gente percibe la enorme dificultad de cambiar las cosas, y se acobarda y nos contagia esa pavura a quienes presumimos ser líderes y pudiéramos enarbolar la lucha. Fíjense en aquel. ¡Pudiera ser! Pero también pudiera que, en esta particular coyuntura tenga algo que ver la anosmia, un síntoma muy generalizado del covid 19, especialmente el asintomático, que es el de la mayoría de los casos, por el cual los infectados pierden el sentido del olfato. Al menos, sirva de pretexto. ¿El que no huele es positivo?
¿Son mil y más muertos del covid por sobre los esperados, los que hieden? ¿O los cadáveres de los garífunas asesinados, que están tratando de esconder bajo la playa en que caminamos? Algunos nos escandalizamos cuando trascendió, en el primer gobierno ilegítimo de JOH, la gran pudrición de la policía con que se quiso justificar la supuesta depuración y la creación de una policía militar paralela. A estas alturas, esa repugnancia luce hipócrita. ¿Qué es lo que no está pútrido? ¿Acaso no los peores eran instrumentos de otros, igual que ellos? ¿Dónde están el ministro probo? ¿los íntegros? ¿los oficiales? ¿los militares probos?
¿Cómo no va a heder hasta la estratosfera el pus de la corrupción en las altas esferas del gobierno cuando queda, por enésima vez, a la vista, con el escándalo, ahora de dos hospitales, que no son hospitales, comprados por cuatro veces el valor que tendrían si fueran hospitales, carentes de los equipos más indispensables, y equipados con utensilios equivocados de todas formas en mal estado e inservibles? Sin que nadie sabe que pasó con los otros cinco. Comprados al contado con la inmunda colaboración de todas las agencias gubernamentales. Esta república nuestra está hedionda compatriotas, y nosotros olemos rapé y nos hacemos los pendejos, esperando que vengan a sacar al gobierno los gringos que lo pusieron ahí, que vengan los cuilios a exigirle que se haga a un lado, cuando fue con ellos que llegó al poder y es a ellos que ha puesto a cargo y a libar el panal del poder, con la familia.
¿Ahora que? pregunta Ana. ¿Quien puede desinfectar esta contaminación general? ¡Los ciudadanos podemos! Todos. No tiene que haber más consenso. No necesitamos estar de acuerdo en otra cosa para después. Arreglaremos las cargas en el camino y claro que nos pondremos de acuerdo en lo esencial. Primero hay que sacar el espectro putrefacto y garrulo de JOH. Para soportarse a sí misma, Honduras necesita purgarse. ¡Vamos a limpiarla!
Hay que poner una fecha. Para el paro, de todos los que no trabajen en funciones de emergencia. En que nadie acudirá a su oficina, tienda, fábrica ni taller, o acudirá a ellas para juntarse en la protesta. Una fecha en que no nos paralizarán con la prohibición y el miedo, sino que nosotros paralizaremos al poder. Un día en que todos los soldados se dedican a limpiar y a aceitar sus armas. En que todos los oficinistas van a desobedecer la orden de servirle al régimen y a jugar naipe en las computadoras. Todos los transportistas les dan mantenimiento a sus unidades. Los periodistas se rehúsan a entregar a sus salas de redacción cualquier nota que no sea sobre el paro. Una fecha que tenga el apoyo total de los líderes, movimientos y partidos, aún el suyo.
Una fecha en que los comunicadores que simpatizan con la causa, se tomen los micrófonos y las cámaras y no hablen de otra cosa en radio y televisión. En que los artistas salgan con sus colores, a hacer teatro o arte, mimo y música en la calle, contra el régimen. Y todos exijamos sin ruido, que se someta a cuarentena esa gente, en su casa. Yo le tiro al 15 de septiembre. Convoquemos y designemos un día que se llame fuera joh, accionemos los parabrisas, aunque no llueva, para decir fuera joh, pongamos el fuera joh en los cubre bocas y pintémoslo en las ambulancias.
Hagamos al final de ese día, guardando las distancias, una marcha vocinglera con antorchas y banderas, un guancasco de todas las banderas contra joh, la de la diversidad y la de Honduras, las de los partidos y la de la Iglesia, las banderas de los gremios y las de las universidades, un gran encuentro bailable de las banderas de todas las ciudades y las de los clubes deportivos. Confirmémoselo al mundo, el rechazo universal. No lo lograremos sin pelear, con todo, pagando el precio de la conciencia. Y si fuera opcional luchar o les sirve, les diré aún, ese día ¡vamos a prevalecer!
[1] Un espíritu apestoso que despiden los muertos vivos según antigua creencia mesoamericana.

Vigésimo Tercer Manifiesto Público

Por defensores -

21 agosto, 2020

Ratificamos que la principal crisis no es el Coronavirus. La crisis fundamental es la que provoca el pacto de corrupción e impunidad construido en torno a la narco dictadura que lidera Juan Orlando Hernández. Y con mayor firmeza inquebrantable, alzamos la voz para llamar al encuentro, a la búsqueda de vinculación y de la unidad entre todos los sectores y expresiones populares y sociales, como el camino y la opción para sacar a los criminales que conducen el Estado, y así abrir caminos de salida. Necesitamos seguir juntando más voces en un solo grito, así como ahora elevamos este Vigésimo Tercer manifiesto público:

1.- Alertamos y denunciamos que se está aprovechando la pandemia para profundizar los proyectos extractivos, al tiempo exigimos que el Acuerdo de Escazú, sea firmado, ratificado y adoptado por el Estado de Honduras, como instrumento que facilitará el acceso de información y participación de las comunidades en la defensa de los bienes naturales y su lucha en contra de las transnacionales.

2.- Denunciamos ante el mundo que la vida de los defensores del río Guapinol es amenazada por el Estado, en una clara violación al procedimiento jurídico que no solo mantiene en la cárcel a ocho defensores, sino que ha anulado el sobreseimiento a otros cinco miembros del Comité Municipal con el propósito de volver a privarles de su libertad. Condenamos que la Corte Suprema de Justicia se organice internamente con el propósito de conducir todo el proceso para proteger a David Castillo, el autor más alto señalado hasta ahora por la justicia en el asesinato de Berta Cáceres.

3.- Reafirmamos que los militares junto con Juan Orlando Hernández, son el principal obstáculo para construcción de democracia y Estado de derecho; condenamos por eso mismo la militarización de la sociedad que se materializa en todos los campos, como ocurre con la nueva ola de desaparecidos en Santa Bárbara y los garífunas desaparecidos del El Triunfo de la Cruz.

4.- Condenamos la masacre laboral que están viviendo los obreros y obreras de la maquila, así como la falta de pago de salario de los maestros, así mismo rechazamos el intento del gobierno por cerrar el año escolar con el único propósito de ahorrar dinero para seguir robando.

5.- Advertimos que a la incertidumbre actual se sumará la tempestad de la campaña electoral, que se hará mucho más agresiva cuanta más ilegitimidad adquiere. Llamamos a todo nuestro pueblo a mantener la mente y los ojos abiertos para evitar caer en trampas que nos desvíen o confundan en la tarea primordial de socavar y arrasar con las bases que sostienen la dictadura.

6.- Celebramos el éxito de la Cadena Nacional Popular “¿Dónde está el dinero?” A la que hoy se suma “JOH se lo robó”, al tiempo que exhortamos a seguir sumándonos a todas las caravanas y cacerolazos semanales convocadores de pueblo en todas las regiones del país.

Honduras, agosto de 2020

En foro virtual, se reencuentra la memoria y exigencia de verdad y justicia

Por defensores -

24 agosto, 2020

Tegucigalpa, Honduras. – La alegría de un reencuentro, en esta ocasión a través de redes sociales y medios de comunicación, permitió el intercambio de mensajes, saludos y preguntas entre más de 300 personas que interactuaron está mañana en el foro virtual internacional: Desaparición Forzada en Honduras.

Familiares de detenidos desaparecidos, defensores de derechos humanos, periodistas, amistades y colaboradores del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se dieron cita a las diez en punto, de este lunes 24 de agosto, a través de la red social en Facebook, Radio Progreso, RDS radio y las redes de radios comunitarias a nivel nacional, Stereo Ilusión y Radio Cholula en Choluteca.

Además, Revista La Mañana de CVS – Centro Visión Satelital, Exclusiva Radio, miembro de la Asociación de Medios -Radios- Comunitarias de Honduras (AMCH) y otros medios que dieron cobertura a foro virtual, debido al aislamiento por la pandemia del Covid-19.

En la conferencia expuso por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo; el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Fabián Salvioli; el Secretario Regional de la Red Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines (Rel-UITA), Gerardo Iglesias; y la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.

Madres de detenidos desaprecidos. Foto: Archivo COFADEH

Entre los participantes que comentarios están Edu Nachman, hijo de Detenido Desaparecido en Chile; el exiliado político en Costa Rica Eduardo Urbina e Irma Lemus en Estados Unidos; desde el Valle de Siria el docente y perseguido político Olguer Escoto y en Zacate Grande Abel Pérez; y en Estados Unidos las defensoras de derechos humanos Lucy Edwars y Yerlimg Yougn.

Pendiente de la transmisión estuvo el abogado Joaquín Mejía quien agradeció a Berta y COFADEH por esa constante lucha pese a la desesperanza.

Reportaron su sintonía la ambientalista Betty Vásquez, el profesor Sergio Rivera, el poeta Félix Cesario, la defensora y familiar de víctima de desaparición temporal, Reyna Rivera y el abogado Darlan Matute.

Albaladejo compartió un poema que de inmediato causo reacciones entre familiares de detenidos desaparecidos que expresaron lo siguiente: “Qué bonito poema, gracias por compartirlo”, acotó Karla Maldonado, hija de Jorge Maldonado Padilla (1983).

“Ese poema me hizo recordar todo el sufrimiento de mi abuelita Estela, que murió esperando a mi tío… todos los días lo esperó, hasta que dejó de respirar ¡que cruel esto!” Ruth Velásquez, sobrina de Ángel Manfredo Velásquez (1981).

El evento que se desarrolló en el marco del 30 de Agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido, conmemoración que se logró por la incidencia del COFADEH, y que figura en el Decreto Legislativo número 284-2002.

La periodista Dunia Montoya, hija de Manuel Montoya (1984) comentó que “Se debe seguir señalando los responsables, a quienes ejecutaron y financiaron la política de exterminio”.

“En este día internacional y nacional de víctimas de la desaparición forzada, exigimos al Estado de Honduras que se investiguen estos crímenes y se haga justicia, ni perdón ni olvido”, afirmó Felícita López, coordinadora de las mujeres del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH).

Me encantó las ponencias, somos de Guatemala y también trabajamos en tema de Memoria, Verdad y Justicia, escribieron desde el Museo de la Memoria, en el país hermano.

“Muy agradecida con COFADEH, organización que nunca nos dejó a los familiares de los desaparecidos, y que aún tenemos la fuerza y la convicción de que la lucha seguirá hasta el final de nuestros días ¡queremos justicia!, escribió Aracely.

Desde Montevideo, Uruguay, escribió Silvia Bellizzi de Madres y Familiares de Uruguayos detenidos, mostrando su solidaridad ante este crimen de lesa humanidad. Maria Adela reportó su sintonía desde el grupo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Buenos Aires, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – Argentina (ARMH).

Desapariciones en diferentes periodos

Madres de Detenidos Desaparecidos en la develacion del monumento a la memoria

Entre las hermanas de detenidos desaparecidos, llegaron los siguientes mensaje “Soy Rebeca Becerra Lanza, hermana de José Eduardo Lanza, seguimos esperando justicia para nuestro hermano”, líder estudiantil universitario desaparecido en 1981, al inicio de la Doctrina de Seguridad Nacional.

También Kelyn Isaura Palma “Sueño con justicia para mi hermano, sueño siempre encontrarlo algún día, sería una emoción, por lo menos encontrarlo en donde dejaron sus restos para poder visitar su tumba” refiriéndose a Reynaldo Cruz Palma, líder comunitario desaparecidos en 2011.

Y en uno de los casos más recientes de desaparición, fue una madre la que expuso “Mi nombre es Aylin Lizeth Tejada, madre del estudiante José Miguel Hernández Tejada, de 16 años, desaparecido hace 21 días en el municipio Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras. A la espera también de una respuesta”.

Constructoras de memoria

Algunos de los participantes

Entre los integrantes de la Coordinación Nacional de la Convergencia Contra el Continuismos, la catedrática María Elena Méndez compartió “Felicidades a Cofadeh por ser una organización insigne en la defensa de los derechos humanos, y en la lucha tenaz por construir y mantener la memoria histórica de nuestros desaparecidos, que hoy están vivos con su ejemplo de dignidad. La vida se defiende con la vida”.

Y el líder sindicalista Carlos H. Reyes escribió “que bien Fabián, que bien Isabel, que bien Gerardo, que bien Berta”.

“Mi saludo y abrazo a las y los panelistas, agradezco que seguimos en esa esperanza y fuerza en la lucha”, expresó la lideresa sindicalisa del Bajo Aguán, Esly Banegas.

Entre otros mensajes, el defensor Javier Acevedo externó “Muchas felicidades por el compromiso con las víctimas del pasado y del presente”; y desde Choluteca Paty Riera enunció “Excelente trabajo q realiza COFADEH”.

Eliza Velasquez afirmó “Para mí COFADEH es la única entidad que realmente vela por los derechos humanos en Honduras, y personalmente siempre les estaré eternamente agradecida por el acompañamiento que nos han dado a las víctimas que, de una u otra manera hemos sido afectados sistemáticamente por los entes represores del Estado a lo largo de estos años, sin que, hasta la fecha se haga justicia a pesar de que COFADEH no ha claudicado en ello. Mis respetos a ese gran equipo de trabajo”.

La defensora de los derechos campesinos, Wendy Cruz, escribió “Abrazos a esa lucha tenaz, desde Vía Campesina Honduras, Ni Olvido, Ni perdón”. Continúan las actividades

Y la maestra Agustina Flores, sobreviviente de persecución política puntualizó ¡Excelente foro, de mucho aprendizaje! Deseo que desde COFADEH sigan escribiendo memorias y que con ese blindaje de esperanza y optimismo caminemos hacia la utopía de una Patria más justa, con respeto a la vida y los derechos humanos. Abrazo inmenso para la familia de esa perseverante organización y mi agradecimiento permanente. Estaré pendiente para juntos y juntas disfrutar de la obra anunciada”.

Invitación
Berta Oliva, fundadora del COFADEH, entidad que impulsó el Día Nacional del Detenido Desaparecido

Berta Oliva, fundadora del COFADEH, entidad que impulsó el Día Nacional del Detenido Desaparecido

La docente, hizo referencia al anuncio que hizo Bertha Oliva, para un próximo encuentro el domingo 30 de agosto a partir a las 2:00 p.m. un concierto virtual “Canto por la vida” y a las 6:00 p.m. a través de la plataforma Youtube, el Teatro Memorias bajo la dirección de Tito Ochoa, pondrá en escena la obra: La Muerte y la Doncella, escrita por el dramaturgo chileno-argentino, Ariel Dorfman.

La proyección de dicha obra es un regalo del COFADEH al pueblo hondureño para continuar con la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición sobre las desapariciones forzadas y habrá un espacio para que el público pueda interactuar.

Y para clausurar el mes de Agosto, la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), cerrará con una actividad virtual en conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el lunes 31.

sábado, 5 de septiembre de 2020

Honduras y la pandemia: sin timonel, sin capitán y a la deriva en un mar de corrupción y cinismo

Compras sobrevaloradas, contratos fraccionados y coimas son parte del “coma” por la corrupción en los hospitales hondureños

EL NEGOCIO DE LA SOBREVALORACIÓN

COMPRAS FRACCIONADAS

INESTABILIDAD Y DESORDEN

MICROCORRUPCIÓN

IAIP recomienda a junta interventora de Invest-H total acceso a la prensa

HONDURAS / INTERVENTORES QUIEREN IMPONER SILENCIO GENERAL EN “HOSPITALES”

Wilson Center expone la corrupción en Honduras

Colegio Médico responsabiliza al Estado por muerte de personal de salud

La Ciudadanía debe comprometerse en la lucha anticorrupción (+Entrevista)

Más de un millón de hondureños sin recibir la «bolsa solidaria», según datos del mismo gobierno

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Lempira agoniza sin saber ¿Dónde está el dinero?

Red El Paraíso: Por la vida de nuestros compañeros ¿Dónde está el dinero?

¡Qué si! ¡Algo está podrido en el estado de la nación!

Vigésimo Tercer Manifiesto Público

En foro virtual, se reencuentra la memoria y exigencia de verdad y justicia

Además, Revista La Mañana de CVS – Centro Visión Satelital, Exclusiva Radio, miembro de la Asociación de Medios -Radios- Comunitarias de Honduras (AMCH) y otros medios que dieron cobertura a foro virtual, debido al aislamiento por la pandemia del Covid-19.

Pendiente de la transmisión estuvo el abogado Joaquín Mejía quien agradeció a Berta y COFADEH por esa constante lucha pese a la desesperanza.

Reportaron su sintonía la ambientalista Betty Vásquez, el profesor Sergio Rivera, el poeta Félix Cesario, la defensora y familiar de víctima de desaparición temporal, Reyna Rivera y el abogado Darlan Matute.

Albaladejo compartió un poema que de inmediato causo reacciones entre familiares de detenidos desaparecidos que expresaron lo siguiente: “Qué bonito poema, gracias por compartirlo”, acotó Karla Maldonado, hija de Jorge Maldonado Padilla (1983).

“Ese poema me hizo recordar todo el sufrimiento de mi abuelita Estela, que murió esperando a mi tío… todos los días lo esperó, hasta que dejó de respirar ¡que cruel esto!” Ruth Velásquez, sobrina de Ángel Manfredo Velásquez (1981).

El evento que se desarrolló en el marco del 30 de Agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido, conmemoración que se logró por la incidencia del COFADEH, y que figura en el Decreto Legislativo número 284-2002.

La periodista Dunia Montoya, hija de Manuel Montoya (1984) comentó que “Se debe seguir señalando los responsables, a quienes ejecutaron y financiaron la política de exterminio”.

Me encantó las ponencias, somos de Guatemala y también trabajamos en tema de Memoria, Verdad y Justicia, escribieron desde el Museo de la Memoria, en el país hermano.

“Muy agradecida con COFADEH, organización que nunca nos dejó a los familiares de los desaparecidos, y que aún tenemos la fuerza y la convicción de que la lucha seguirá hasta el final de nuestros días ¡queremos justicia!, escribió Aracely.

Desapariciones en diferentes periodos

Entre las hermanas de detenidos desaparecidos, llegaron los siguientes mensaje “Soy Rebeca Becerra Lanza, hermana de José Eduardo Lanza, seguimos esperando justicia para nuestro hermano”, líder estudiantil universitario desaparecido en 1981, al inicio de la Doctrina de Seguridad Nacional.

También Kelyn Isaura Palma “Sueño con justicia para mi hermano, sueño siempre encontrarlo algún día, sería una emoción, por lo menos encontrarlo en donde dejaron sus restos para poder visitar su tumba” refiriéndose a Reynaldo Cruz Palma, líder comunitario desaparecidos en 2011.

Constructoras de memoria

Y el líder sindicalista Carlos H. Reyes escribió “que bien Fabián, que bien Isabel, que bien Gerardo, que bien Berta”.

“Mi saludo y abrazo a las y los panelistas, agradezco que seguimos en esa esperanza y fuerza en la lucha”, expresó la lideresa sindicalisa del Bajo Aguán, Esly Banegas.

Entre otros mensajes, el defensor Javier Acevedo externó “Muchas felicidades por el compromiso con las víctimas del pasado y del presente”; y desde Choluteca Paty Riera enunció “Excelente trabajo q realiza COFADEH”.

La defensora de los derechos campesinos, Wendy Cruz, escribió “Abrazos a esa lucha tenaz, desde Vía Campesina Honduras, Ni Olvido, Ni perdón”. Continúan las actividades

La proyección de dicha obra es un regalo del COFADEH al pueblo hondureño para continuar con la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición sobre las desapariciones forzadas y habrá un espacio para que el público pueda interactuar.

Y para clausurar el mes de Agosto, la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), cerrará con una actividad virtual en conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el lunes 31.

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