HONDURAS / A DOS MESES DE SECUESTRO, GARÍFUNAS PIDEN RESPUESTA AL GOBIERNO
- Publicado: 18 Septiembre 2020
La madrugada del sábado 18 de julio, un grupo paramilitar entró por la fuerza a la casa de Sneider Centeno, uno de los líderes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, en el caribe hondureño; junto a él, Milton Martínez, Suami Aparicio y Gerardo Rochez, fueron secuestrados y hasta hoy no hay rastros.
Han pasado dos meses y la comunidad garífuna e indígena hondureña urge explicaciones sobre su paradero al gobierno de Juan Hernández, la autoridad calla y los días pasan, la puerta sigue abierta para que haya violación de derechos humanos contra grupos vulnerables del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Era una madrugada fresca a la orilla del mar en el Triunfo de la Cruz, Tela, departamento de Atlántida; las olas bañaban la costa y el canto de las aves anunciaba el comienzo de un nuevo día para una comunidad en peligro constante. Los primeros rayos del sol se vislumbraban en el firmamento y lo que parecía un romántico amanecer, de esos que se retratan en películas, se convirtió en una historia más de la desgracia que sacude a los hondureños.
El sábado 18 de julio de 2020 será una fecha inolvidable, una más de las tantas que se niega a olvidar la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). El rugido de motores de vehículos modificados para realizar asaltos y el grito de guerra de paramilitares, rompieron el amanecer de los “teleños”.
Entraron de forma brusca a la casa de Sneider Centeno, presidente del Patronato del Triunfo de la Cruz, junto a Milton Martínez, Suami Aparicio y Gerardo Rochez, no volvieron a ser vistos en aquella comunidad, un nuevo escándalo sacudió al incapaz Gobierno Juan Hernández, que no quiso cuidar a Berta Cáceres, tampoco a los migrantes del éxodo 2018 y mucho menos a cuatro jóvenes afrodescendientes.
Según
la abogada y defensora de derechos humanos, Naama Ávila, hoy es
inquietante el silencio del régimen y de organizaciones del Estado que
no dan explicación a las familias sobre el paradero de los cuatro
garífunas, “al día de hoy sólo suman los días y no sólo la comunidad
garífuna, en general el pueblo hondureño y la comunidad internacional
sigue esperando respuestas”.
La profesional del derecho alerta que el mensaje que está enviando el gobierno con este caso particular, es que existe un precedente que indica a los hondureños que las acciones de este tipo van a seguir. “Si atendemos las alertas de comisiones interamericanas pero no hay acciones para evitar las practicas que siembran el terror en las comunidades, generamos un precedente negativo para darle cabida a que esto siga ocurriendo”.
“También para darle un mensaje indirecto a la población, decirle que cuando estas cosas vuelvan a suceder no habrá respuestas y al contrario, habrá más represión y persecución a líderes garífunas, indígenas y líderes de los sectores sociales”, agrega la abogada.
Ávila destaca que hoy la comunidad garífuna es “non grata” para los inescrupulosos en el poder, porque ellos defienden no sólo el territorios como un bien material, sino que luchan por cuidarlo como un núcleo de vida esencial para el respeto de la condición humana.
Además, relaciona que el contexto de corrupción a veces es incomprendido por la sociedad, porque no se hace observación en que los actos de corruptos condicionan el futuro del país, pues sostiene que hoy la cuestionada gestión del extinto presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), sigue pasando facturas al pueblo y que por eso se vulnera la condición de pueblos indígenas.
“¿Y por qué no hay un cambio?, porque tenemos el mismo tipo de gobernantes sólo que de diferente color, pero haciendo siempre uso de ese poder para darle una preferencia a las élites, a las trasnacionales y a ese sector privilegiado”, aqueja.
Las respuestas no llegan y la sociedad parece olvidarse del tema, en ese contexto la abogada Ávila menciona que es vital seguir presionando y accionando para que la institucionalidad hondureña quede en evidencia, pues asegura que cada etapa de convulsión social, “es como un piquetazo de un hacha a una pared fortalecida, que de a poco esa pared va a ceder y esa pared que no es sólo la corrupción, sino también la impunidad que es lo que abre ese camino a la corrupción y al crimen organizado, va a caer”.
“Quedarnos callados en este momento sería ponernos una lápida y morirnos juntos, siempre habrá amenaza pero mientras tanto lo que podemos hacer es seguir luchando”, sentencia.
“Hoy
18 de septiembre, se cumplen dos meses de la desaparición forzada de
nuestros hermanos de #Triunfo de la Cruz. Este gobierno dictador,
usurpador, corrupto y asesino no da respuesta alguna. Quieren
desaparecernos como pueblo. Exigimos su retorno y cumplimiento de
sentencia YA¡”, recordó en su Twitter la coordinadora de Ofraneh, Miriam
Miranda, quien no pierde la esperanza de volver a ver a los cuatro
jóvenes dirigir su mirada al mar que baña la costa norte.
Policía a la espera de órdenes de captura en caso secuestro de garífunas
- 09/09/2020
El vocero de la Policía Nacional, Jair Meza, afirma que están a la espera que se emitan órdenes de captura vinculadas a la desaparición de los cinco pobladores de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, Tela, departamento de Atlántida.
“Hay un equipo que está en el lugar, se desplazado un alto oficial para poder darle seguimiento a este caso. Hay avances, se han presentado algunas pruebas donde se puede identificar a algunas personas, estamos esperando que se emitan las órdenes de captura”, manifestó Meza en Radio Progreso.
El caso de los pobladores garífunas, desaparecidos desde el 18 de julio, se está manejando como un rapto y no un secuestro, puesto que hasta la fecha no se han solicitado ningún tipo de rescate dijo Jair Meza.
“Nosotros vamos a seguir con los equipos que están en el lugar para dar con las personas que están raptadas. Es un caso que ha impactado a la comunidad garífuna y genera mucha presión pero esa presión se tiene que dar con las investigaciones que se realizan”, aseguró Jair Meza.
Zozobra, tristeza e impotencia se vive en Triunfo de la Cruz por secuestro de garífunas
- 11/09/2020
“A más de 55 días del secuestro de cinco garífunas, y al no tener noticias de su paradero, ni de su estado físico y mental, vivimos un ambiente de zozobra, tristeza e impotencia en la comunidad Triunfo de la Cruz”, indicó Jenny Herrera integrante del patronato, quien además manifestó que, no se cansarán de seguir exigiendo el regreso sus hermanos sanos y salvos. Remarcando la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Mientras el país estaba bajo un toque de queda absoluto por la emergencia del COVID-19, el 18 de julio de 2020 a las 5:00 am un promedio de 10 hombres vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sacaron de sus hogares de manera forzada a Alberth Snider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, Gerardo Mizael Róchez, Junior Rafael Mejía y Suami Aparicio Mejía García.
Familiares y vecinos cuentan que los hombres llegaron en tres vehículos pick-up, con armas de grueso calibre y con indumentaria de la DPI. Primero llegaron a la casa de Alberth Centeno, de 27 años, presidente del patronato de El Triunfo de la Cruz. Luego fueron a las casas de los demás garífunas, rompiendo puertas y ventas, empujando, golpeando y gritándoles a los familiares que trataban de impedir que se los llevaran.
Antecedentes
Centeno fue parte de la campaña para que el Estado hondureño cumpliera con el fallo de 2015, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH.) dictaminó que el Gobierno había violado los derechos de propiedad colectiva al vender las tierras garífunas sin consulta a desarrolladores. La sentencia exige que se indemnice a las comunidades garífuna Triunfo de la Cruz y Punta Piedra por el territorio que había sido tomado por extranjeros y empresas para proyectos turísticos. Hasta el día de hoy el Estado no ha cumplido con la sentencia.
En ese sentido, una líder de El Triunfo de La Cruz, quien por razones de seguridad omitimos su nombre, manifestó “aquí han asesinado a varios líderes garífunas y hoy están aplicando los secuestros como parte de un plan cruel y malvado de grupos de poder que quieren detener la lucha en la defensa de nuestros territorios ancestrales y de esa manera apropiarse de lo que nos corresponde”.
Por su parte Cesar Benedith, presidente interino del patronato indicó que un promedio de 300 manzanas de tierra ha sido entregado por diversos alcaldes en comparsa con autoridades centrales. “Hoy nosotros los garífunas vivimos hacinados en la comunidad y sin tierra para cultivar la yuca, el maíz, camote, ayote, guineo, plátano, entre otros productos agrícolas que componen nuestra dieta alimenticia.
Estado racista
Jenny Herrera indicó que las comunidades garífunas se enfrentan a un Estado racista que trata de expropiarlos de sus tierras ancestrales para darle cabida a proyectos turísticos nacionales y transnacionales. “Y cuando nosotros defendemos nuestros territorios, comienza la persecución, amenazas, asesinatos y secuestros. Todo esto con total impunidad”, manifestó.
Cabe resaltar que la Corte IDH emplazó a Honduras por la desaparición de los garífunas, forzando al Estado a entregar a la Corte un informe de las acciones realizadas para encontrar a las víctimas o a aquellos responsables por su desaparición. Sin embargo, el tiempo venció el pasado 24 de agosto, y según Jenny Herrera, “hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”.
Así mismo manifestó que como habitantes de El Triunfo de la Cruz y las demás comunidades garífunas siguen exigiendo respuestas. “Desde el día del secuestro nos hemos manifestado en varios lugares, incluso se han bloqueado carreteras para exigir su liberación y se ha lanzado una campaña nacional e internacional para llamar la atención sobre el caso. Pero, nada de esto ha surtido efecto”, indicó.
«Le exigimos al Estado que haga uso de todos sus recursos de inteligencia y seguridad para que nos puedan traer vivos y sanos a nuestros hermanos, así como se los llevaron, así tendrán que traerlos», enfatizó la lideresa garífuna.
La criminalización y el asesinato de defensores de la tierra y demás recursos naturales en Honduras, ha aumentado drásticamente en los últimos años, especialmente a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.
Según investigaciones de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las represas hidroeléctricas, a la minería metálica, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.
Comunidad Garífuna: Los proyectos turísticos asedian al pueblo garífuna de Honduras
La desaparición de cuatro jóvenes afrodescendientes evidencia la violencia y la persecución que viven estas comunidades.
16/08/2020 08:10 - PÚBLICO
Mª Ángeles Fernández y J. Marcos
"No es un caso aislado. Es un proceso de exterminio hacia el pueblo garífuna que no es reciente. Estorbamos porque estamos en los territorios de la costa caribe. Somos un pueblo en lucha y resistencia permanente". Así contextualiza la desaparición de cuatro jóvenes garífunas, el pasado 18 de julio, Miriam Miranda, activista hondureña por los derechos humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). "Los medios de comunicación amarillistas se preguntaban que si habían aparecido los cuerpos. En lugar de denunciar el nivel de violencia y de inseguridad que hay en el país, siempre quieren presentar los cuerpos y las víctimas, no el origen. Hace falta una investigación y también un debate sobre por qué pasa esto en el país", arranca la conversación con Miranda.
El pueblo garífuna, afrodescendiente y presente en la costa caribe de varios países de Centroamérica, vive en Honduras desde el siglo XVIII. A la defensa histórica de su cultura y de su lengua propia, se suma en las últimas décadas la de sus territorios, que están en el punto de mira de las empresas turísticas y del agronegocio.
"No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras", afirma de manera tajante la organización Global Witness, que realiza campañas contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos. Un informe de esta organización, publicado en enero de 2017 y titulado ‘Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta’, recoge que más de 120 personas han sido asesinadas entre 2010 y 2016: "Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados". El pueblo garífuna y el desarrollo turístico de Honduras es uno de los cinco casos de estudio de un informe en el que se hace un gráfico sobre quién mueve los hilos y en el que aparece en la cima el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
"Nuestra persecución y asesinato tiene que ver con una sistemática estrategia del Estado de entregar los territorios de las comunidades a las grandes industrias turísticas. Fue iniciada en la época de las bananeras desde los años 1903, seguida con la época militar de los años 70 y 80, fortalecida en los 90 con la entrada del neoliberalismo y ahora escalada con el asesinato persistentes en esta época del neoestractivismo y del capital transnacional", detalla Miranda a modo de resumen.
Investigaciones propias del medio de comunicación hondureño Contracorriente revelan que en los últimos 11 años se han contabilizado 685 casos de violencia contra defensores del medio ambiente en el país, siendo la población garífuna la más golpeada: de 138 asesinatos vinculados a la defensa de la naturaleza, siete casos fueron de personas garífunas.
La situación que se vive en Honduras tuvo mayor impacto mediático e internacional en 2016 con el asesinato de Berta Cáceres, indígena lenca y premio Goldman que luchaba contra una hidroeléctrica. "Aun antes de su asesinato, fui secuestrada por grupos armados que pretendían mi desaparición, lo cual no lograron por una acción oportuna de un compañero que pudo pasar la voz a tiempo", describe Miranda. Su voz, su rostro y su cuerpo son probablemente los más visibles de la comunidad garífuna y es habitual verla participar en eventos internacionales de defensoras y defensores de derechos humanos, leer entrevistas y declaraciones suyas en medios de comunicación. Su activismo en redes sociales también es marcado.
Cuatro desapariciones
Hombres fuertemente armados que portaban chalecos con la insignia de la DPI (Departamento de la Policía de Investigación), en vehículos con características similares a los de los oficiales del orden, sacaron de sus casas a la fuerza, según relata la lideresa, a cuatro jóvenes: al presidente del patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz y miembro de Ofraneh, Alberth Sneider; y a los tres líderes comunitarios Milton Joel Martínez, Aparicio Mejía y Alber Sentana. "A pesar de las restricciones de movilización existentes, ante la pandemia, y con un toque de queda imperante, ingresaron vehículos con personas fuertemente armadas a la comunidad", denuncia Ofraneh en un comunicado.
De momento ha sido detenido un sospechoso. La Secretaria de Estado hondureña ha informado que la Policía Nacional mantiene acciones permanentes en la zona para el esclarecimiento de los hechos, "en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de la población". Y el presidente Hernández tuiteó más de diez después de lo sucedido que "el Gobierno está enfocado en lograr justicia para los cuatro miembros de la comunidad garífuna". "Continuaremos trabajando para hacer justicia para las víctimas y sus familias y hasta que el trabajo de los defensores de DDHH en Honduras sea reconocido, protegido y respetado. Esa es nuestra prioridad", completó también en la red social.
Esos días también se denunció el envenenamiento de peces y aguas dulces en el lago Aguán. Y un mes antes fue encontrado el cuerpo Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad garífuna de Punta Piedra y que llevaba desaparecido seis meses, con indicios de tortura e impactos de balas en su rostro. El hombre, de 71 años, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Nuestro ejemplo de vida es completamente contrario al capitalismo colonial, racista y patriarcal. Por ello hemos tenido que defendernos de las familias oligarcas que destruyen la tierra con monocultivos y limitan nuestros lugares para vivir; de empresas y monopolios turísticos que lastiman el mar y nos prohíben pescar; de grupos de crimen organizado que quieren expulsarnos con violencia de nuestras comunidades, para usarlas en sus negocios. Todo con la complicidad y violencia del Estado hondureño. Ante la violencia de este sistema nos cuidamos y protegemos en colectivo, encontrando la fuerza en nuestros tambores ancestrales y nuestra capacidad organizativa", escribió Ofraneh en un artículo publicado en Pikara Magazine diez antes de la desaparición de los cuatro jóvenes.
Miranda se muestra clara en conversación con Público: "Luchamos para defender la vida, para generar vida, no muerte. La hondureña se ha convertido en una sociedad donde prevalece el terror, la muerte, la violencia, la inseguridad. El Estado no quiere cumplir. En mayo fue asesinado Antonio Bernárdez y en julio estamos enfrentando la desaparición forzada de nuestros hermanos. Esto es un plan de exterminio contra un pueblo en resistencia permanente. No olvidemos que las sentencias sirven para todos los pueblos indígenas, porque tiene que ver con la obligación de la consulta y con el derecho a la propiedad colectiva otorgados por el mimo Estado".
La postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Dos sentencias de la CIDH fallaron en 2015 a favor del pueblo garífuna. Una de ellas ordena que el Estado debe "restituir de manera integral a la comunidad de Punta Piedra su territorio titulado, garantizando su uso y goce pacífico de manera plena y efectiva", así como avalar que el territorio "no sufra ninguna intrusión, expansión adicional, interferencia o afectación de parte de terceros o agentes del Estado que pueda menoscabar la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio". La otra sentencia protege las tierras comunitarias de Triunfo de la Cruz, haciendo referencia, entre otras cuestiones, a proyectos turísticos. Hasta ahora, según Ofraneh, el Estado de Honduras ha incumplido las resoluciones, a pesar de que se establecían plazos de ejecución.
"La expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo, la instauración de plantaciones de palma africana que viene siendo utilizado por el crimen organizado para apropiarse de vastos territorios, así como la instalación de proyectos inconsultos como la Térmica de la Ensenada son algunas de las razones por las integrantes de Ofraneh han sido amenazados, criminalizados, perseguidos y hasta secuestrados", cuenta Miranda.
Hace un año la CIDH publicó el informe ‘Situación de derechos humanos en Honduras’, en el que recoge que este organismo multilateral recibió testimonios de personas garífunas "relacionados con la construcción de proyectos hoteleros y casas vacacionales en parte de las tierras y territorios reivindicados por dicha comunidad". La Comisión advierte que "habrían sido aprobados sin la realización de una consulta previa, libre e informada de acuerdo con el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo], ratificado por Honduras en 1995"
Incidencia política
Debido al aumento del hostigamiento, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos lanzaron el pasado 9 de julio una campaña de apoyo internacional a Ofraneh y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh, el colectivo de Berta Cáceres), bajo el lema #SusVidasSonNuestrasVidas. A la iniciativa se sumó la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos para las Naciones Unidas, Mary Lawlor.
Cinco eurodiputados y eurodiputadas del GUE/NGL también enviaron una carta al Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; al embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero; y al coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) en Honduras, Juan José Sanzberro. En la misiva, recuerdan que la UE apoya a Honduras en los temas de derechos humanos y de protección a personas defensoras y que "ingentes cantidades de fondos han sido canalizados a través de Eurojusticia para los componentes de lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia desde 2013". Según el escrito, la UE aportó unos 27,5 millones de euros en el periodo 2013-2018.
En el ámbito estatal, se celebró una reunión el 17 de julio con Ione Bellara, secretaria de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de España. Los colectivos participantes solicitaron que se ejerza un mayor control sobre el uso de los recursos, para así garantizar la efectividad de los derechos y que haya un mayor seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se dan en el ámbito de trabajo de instancias financiadas por la AECID y la UE.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Respuesta al comunicado emitido por el Gobierno de Honduras (julio 30 de 2020) en relación a Garifunas desaparecidos
Ante el Pronunciamiento el Gobierno de Honduras, sobre la Desaparición Forzada de Jóvenes Garifunas de Triunfo de la Cruz
Hay un hecho comprobado, la desaparición forzada de los jóvenes Garifunas acontecida en Triunfo de la Cruz, en horas de la madrugada del pasado 18 de julio, fue efectuada por individuos portando chalecos antibalas con las siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y uniformes de la Policía Militar, los que actuando de forma violenta, sustrajeron a los jóvenes de sus viviendas, amenazando a familiares y los testigos de los hechos.
Recalcamos que la comunidad de Triunfo de la Cruz, ha sido objeto de usurpaciones durante décadas, además de crímenes cometidos en la década de los años 90, en contra de defensores del territorio Garifuna, los que hasta la fecha han permanecido en la impunidad, a pesar de existir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto como parte de la sentencia emitida en octubre de 2015.
Somos enfáticos en indicar que precisamente el sábado 18 de julio, existía un toque de queda en el país, el que teóricamente impedía la movilización de vehículos sin contar con el permiso de las autoridades. En ese sentido se nos hace imposible creer que la movilización de tres vehículos, en los que se transportaban individuos fuertemente armados, haya pasado totalmente “desapercibidos”
Manifestamos que la inclusión de la Dirección Criminal de Investigación (DPI), en la búsqueda de los jóvenes y en las supuestos investigaciones que se están llevando a cabo, implica un conflicto de interés, no puede ser que la misma agencia aparentemente involucrada en los hechos, sea la encargada de las investigaciones.
El Estado de honduras aduce ser “garante” de los derechos humanos, desafortunadamente las estadísticas indican lo opuesto. En los últimos años mas de una docena de Garifunas han sido asesinados por la defensa del territorio ancestral, y hasta la fecha el Estado no presenta resultados concretos, y mas bien en ciertos casos se ha limitado a desacreditar los argumentos que relaciona los crímenes con la defensa del territorio.
Condenamos el manejo de la información sobre las investigaciones que ha conducido a falsas alarmas sobre el hallazgo de supuestos cadáveres de los hermanos triunfeños, alimentando la desinformación y dando lugar a falsas noticias que afectan enormemente las familias de los afectados y del pueblo Garifuna en general.
La OFRANEH demanda una investigación totalmente imparcial que no incluya las agencias de seguridad aparentemente involucrada en los hechos.
!!!Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!!!
Dado en la Ciudad de la Ceiba a los 31 días del mes de Julio del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (OFRANEH)
Estructura Criminal al Servicio del Estado y la Desaparición Forzosa de los Garífunas en Honduras
El 18 de Julio 2020, la silenciosa paz de los hogares de la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz en la Bahía de Tela del caribe hondureño, se vio interrumpida cuando un poco mas de 10 hombres fuertemente armados, con vestimenta de la policía Militar de Orden Público (PM) y otros con chalecos con la insignia del Departamento de la Policía de Investigación (DPI) a tempranas horas de la mañana irrumpieron en la vivienda del Presidente del Patronato, Alberth Snaider Centeno y con él 3 compañeros fueron sustraídos y después de mas de 10 días se encuentran desaparecidos y el único detenido en relación al caso el Estado se prepara para dejarlo LIBRE. Por esta razón, con URGENCIA nos pronunciamos:
- EL DESPRECIO A LA VIDA DE LOS GARIFUNA. Las agresiones y el desprecio a la vida de los Garifuna se incrementaron desde que el Estado recibió la notificación de la Sentencia en los Casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz el 8 de octubre del 2015. En ambas sentencias, la Corte le ordena al Estado expropiar a la mega industria turística y a los terceros que usurpan las tierras y territorios y devolverlas a los legítimos dueños, que son las comunidades.
- EL ESTADO SE NIEGA A CUMPLIR LA SENTENCIA DE LA CIDH. El Estado se niega a cumplir la Sentencia y por lo contrario ha activado su alianza con la estructura criminal para mapear, perseguir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los lideres y lideresas de las comunidades Garífunas.
- DEMANDAMOS LA NO LIBERACIÓN DEL SOSPECHOSO CRIMINAL EN CUSTODIA. Esta estructura criminal se alimenta de la corrupción y la impunidad imperante en el Estado y por eso hoy alertamos y exigimos que no sea liberado el sospecho, alias el “Gringo”, capturado el 22 de julio en la colonia Las Palmas en el municipio de Tela, en posesión de indumentaria militar, esposas para inmovilización de personas y tres armas de fuego. Estos elementos de prueba constituyen suficiente evidencia para que este individuo se mantenga en prisión preventiva y que sea esclarecidasu participación en el secuestro y la desaparición forzosa de los líderes Garífunas.
- INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO. De acuerdo con la información que hemos adquirido de fuentes muy fidedignas, el Estado en un acto de complicidad, estaría liberando en las próximas horas al único sospecho detenido, argumentando falta de prueba. Esta acción no sólo evidencia la participación de estructuras criminales del Estado sino también pone en riesgo la vida del resto de la población de la comunidad de Triunfode la Cruz.
- NEGATIVA DEL ESTADO. Esta negativa expresa del estado de indagar al
sospechoso quehan detenido en posesión de evidencias que lo vinculan
directamente con el hecho, además de la negativa de dar información
sobre el paradero de los líderes y compañeros Garífunas, confirma su
responsabilidad en la desaparición forzada de los lideres, sustraídos,
aprehendidos, detenidos y secuestrados por agentes del Estado, con su
autorización o su apoyo.
¡LOS QUEREMOS VIVOS ¡
EL PUEBLO GARIFUNA MOVILIZADO
ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (OFRANEH) 27/7/2020
¡EL COLMO! “GRINGOS” QUIEREN ROBAR TIERRA A ISLEÑOS DE HONDURAS
- Publicado: 19 Septiembre 2020
“No
hay alcalde en el pueblo”, ese adagio se puede aplicar a la falta de un
gobierno hondureño central y local que imponga orden y reglas del juego
para que haya saludable convivencia ciudadana entre extranjeros y
nacionales.
El CEO Próspera, el naturalizado estadounidense, Eric Brimen, protagonizó anoche la invasión oficial a la aldea de Crawfish Rock, amenazando a los pobladores con la expropiación de sus tierras, amparado en la Ley de las “ciudades modelo” que Juan Hernández aprobó en 2013 cuando era presidente del Congreso Nacional.
Los pobladores, en acto patriótico, irrumpieron el anuncio del norteamericano, defendiendo con uñas y dientes la soberanía nacional, siendo agredidos por la seguridad privada y desamparados del Ejército que juró cuidar el espacio terrestre, aéreo y marítimo del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En 17 de los 18 departamentos de Honduras se toma como jerga que Islas de la Bahía es más una zona estadounidense que “catracha”. Los alcaldes de este paraíso en el caribe son extranjeros y, aunque tengan la doble nacionalidad, apenas “mastican” el español para dirigir las municipalidades de Utila, Roatán y Guanaja.
Las
bromas de los “hondureños continentales” abundan, pero reconocen que
las islas son motivo de orgullo nacional, por la biodiversidad marítima
en ese sector y por el impulso turístico que atrae a celebridades del
mundo y es de las pocas cosas que hablan bien de un país acorralado por
el narcotráfico, la miseria, la corrupción y la impunidad.
Desde hace varios años peligra la soberanía nacional, y es que el fantasma de las “ciudades modelo”, llamadas ahora Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), busca expropiar territorio nacional para beneficiar a la élite que gobierna y a un selecto grupo de extranjeros, ofreciendo empleo a pobladores para después enviarlos a un exilio forzoso.
El término fue llevado al Congreso Nacional en 2011 por el gobernante Juan Hernández, mientras cumplía con su rol de mandamás del Poder Legislativo y aunque se logró evitar la aprobación de estas ciudades especiales, fiel a su maquiavélica política amenazó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con destitución e intervención si estos no cedían.
Hernández insistió en violar la soberanía nacional para volver a tocar el tema en 2013, ahora con el nuevo nombre: ZEDES. Sumado a ese contexto, el histórico manejar de Islas de la Bahía fácilmente se compara a Cuba antes de la revolución castrista, invadida por empresarios con ala política para el despojo de tierras y el crimen condicionando la economía de la nación.
Los “isleños” han quedado advertidos que serán expulsados, y es que anoche trascendió un video donde los ciudadanos estadounidenses
dicen a los hondureños que esas tierras que les pertenecen, serán parte
de un proyecto amparado en la ley de ZEDES aprobada en 2013.
El CEO de Roatán Próspera, el venezolano naturalizado estadounidense, Eric Brimen (foto), protagonizó anoche la invasión a la aldea de Crawfish Rock, amenazando a los pobladores con la expropiación de sus tierras, si siguen manteniéndose en contra de las ZEDES.
“Desde el Estado de Honduras, por intermedio de las ZEDES, pueden declarar la expropiación de…”, dijo Brimen antes de ser interrumpido por un acto patriótico de los pobladores que viven en ese sector, defendiendo el territorio nacional y su hogar.
De acuerdo con el artículo 25, que es en el que se amparan los extranjeros, aquellas zonas con baja densidad poblacional pueden pasar a ser parte de las ZEDES, recibiendo el apoyo del Estado para expropiar “previa indemnización a los propietarios”; no obstante, ante esto último los pobladores demandan que no se les puede obligar a irse de su hogar.
Y Brimen lo da por hecho, pues en sus redes sociales anunció el pasado 3 de agosto que Próspera urgía del talento nacional para 15 plazas de empleo: “Abrimos el Banco de Talentos Próspera. Cualquier hondureño que busque una vida mejor y un mejor trabajo EN HONDURAS”, dicta el tuit traducido al español.
Hace
dos siglos Honduras logró la emancipación de España, más no la
independencia que sólo figura de manera romántica en los folletos de
estudio del Himno Nacional, canto que incluso glorifica y adora la
imagen de los saqueadores y genocidas europeos. Actualmente, el país ha
entrado a otro proceso de colonia, la ocupación estadounidense ya no es
sólo militar.
CCI: Exterminio y desplazamiento garífuna son para asegurar zonas turísticas
Tuesday, 28 July 2020 16:04 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La Coalición Contra la Impunidad,(CCI), se pronunció este 28 de julio, mediante una conferencia de prensa virtual sobre la desaparición forzada de cuatro hondureños Garífunas y la reciente muerte de dos, como un patrón de violencia sistemática desde hace años para despojarlos del territorio y acrecentar riquezas turísticas de empresas coludidas con el Estado, incumpliendo la sentencia de asegurar la protección de la población, de acuerdo al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,CorteIDH.
Diez días se cumplen desde que personas con la vestimenta de la Dirección Policial de Investigación, (DPI), llegaron a la comunidad y sacaron por la fuerza a Albert Snider Centeno Tómas, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, e integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH); Suami Aparicio Mejía García; Gerardo Misael Rochez Cálix; Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía.
Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH, explicó que este hecho ha marcado no solo al pueblo garífuna sino al resto de la población hondureña, porque ocurre un sábado donde se supone que nadie debe circular, por la suspensión de garantías que son impuestas desde el 16 de marzo debido a la pandemia. Sobre este caso solo una persona ha sido detenida y está propensa a ser liberada.
El Estado de Honduras no tiene la voluntad de cumplir la sentencia, y este es un mensaje subliminal, porque desde que se emitió la sentencia por la CorteIDH, en 2012 , el conflicto se ha incrementado tratando con desprecio las vidas del pueblo garífuna, a nivel nacional e internacional la juventud del pueblo se está movilizando porque por primera vez Triunfo de la Cruz tenía un presidente joven “Snider, es un chigüín”, dijo Miranda.
La coordinadora expresó que la noticia sobre el encuentro de supuesta documentación de los afectados es falsa, “no hay explicación de cómo esos papales llegaron ahí si a ellos casi los sacaron en calzoncillos, es una política de terror donde también el 21 de junio se encontró el cuerpo sin vida del líder Antonio Bermúdez y el 20 de mayo asesinaron a Edwin Fernández, quien cuidaba las llaves de la entrada a la comunidad”, denunció.
Vea la Conferencia de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) Aquí
HONDURAS / ¡OTRA VEZ! YA DÍAS ATENTAN CONTRA EL PERIODISTA MARVIN ORTIZ
- Publicado: 05 Agosto 2020
En
una entrada rápida a las alertas de C-Libre acerca de muertes,
atentados y amenazas a periodistas y comunicadores sociales hondureños,
fácil se advierte la antigüedad del riesgo cíclico contra el fogueado y
juicioso periodista de Radio Globo, Marvin Ortiz.
Una consecuencia evidente que no necesita demostración, eso es el corolario del compromiso social que el compañero Ortiz y otros similares en el periodismo, cargan como sombra en tiempos que ubicarse en el lado del bienestar social se traduce en sentencia de pobreza material, cárcel o, literalmente, andar con la vida en la mano.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando un fenómeno se repite hasta el infinito de igual manera, en idénticas características y condiciones que no admiten duda científica, se le llama “ley” en la ciencia; en tanto si los experimentos sufren una insignificante variación se está frente a hipótesis, supuestos o presuntos. En el caso del periodista Marvin Ortiz las amenazas y atentados son ley, la presunción sólo existe en el poder judicial, que jamás ha investigado la autoría intelectual, ni ha actuado con rigor contra las confesiones públicas de advertencia.
Ortiz ha evolucionado a enorme profesional en una Honduras que, en los últimos once años, desembocó en una acentuada división moral, económica, social y política. En los medios de comunicación, de manera particular, quedó claro el bando de dueños y periodistas opositores a la tiranía del gobierno, a la dictadura, golpes de Estado, fraude electoral, represión militar salvaje y a la miseria del pueblo, ahí ha crecido Ortiz, sirviendo al periodismo, o sea, en el lado de los proyectos populares, en los sueños comunes de un país gobernado por la mayoría de hondureños, esa cosa que con cinismo la élite política llama democracia.
Estamos
frente a uno de los comunicadores del país más virtuosos en la
entrevista y conducción de noticiarios, destaca en conferencias de
prensa como reportero o noticiero (que da noticias) incisivo e
inteligente que se vuelve incómodo para cualquier entrevistado corrupto,
dotado por la naturaleza de inteligencia oral como pocos le permite
competir con sobrados aires en cualquier espacio con los compañeros de
las demás empresas informativas.
Que anteayer haya trascendido un video donde aparece Marvin mostrando su carro en suelo, luego que de una llanta se soltaron los espárragos (tornillos) y salió volando por la calle, hace pensar cualquier cosa, cuando una breve hojeada a las alertas de C-Libre acerca de muertes, atentados y amenazas a periodistas y comunicadores sociales hondureños, fácil se advierte la antigüedad del peligro, abundan las alertas para este compañero de Radio Globo.
Esta apología al buen trabajo de Marvin, es extensiva a nuestros compañeros de todos los medios de comunicación que a esta hora o antes o después sufrirán persecución, para que no construyamos de la mediocridad política a un gobernante de Honduras, que las noticias no sean los nidos donde crecen las pestes que anulan la oportunidad y la felicidad del pueblo.
¿Suena romántico? Quizá no pensando en el futuro, la prensa ya tiene lecciones mortales del alto costo de la corrupción; en el presente, aún los medios tradicionales pagan un alto precio, donde por cierto, algunos empleados se realizan con un gesto de afecto del funcionario, pero a ciertos pro régimen, les ha ido mejor que a quienes cada mes pagan la planilla.
Es
verdadero, el aporte de los medios de comunicación y de los periodistas
en el desarrollo de una nación no es proporcional ni lo mismo en una
sociedad con estructuras sólidas de Estado que en una como Honduras,
aquí la función de un Marvin es totalmente suicida, porque la
inexistencia de un vigoroso y ético Poder Judicial, que garantice la
existencia armónica del Estado, condena al periodismo a realizar el
trabajo de la justicia y enfrentar a los criminales.
HONDURAS / “JUSTICIA SELECTIVA” AHORA VA POR INHABILITACIÓN DE PERIODISTA EN UNE TV
- Publicado: 04 Agosto 2020
El periodista de UNE TV y diputado de Libre, Rony Martínez, informó que no se va a retractar por la denuncia que lanzó exponiendo actos de corrupción de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, a pesar que el diputado Óscar Nájera le ha amenazado con llevarlo ante los tribunales para que éste sea inhabilitado en el canal y en su curul del Congreso.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Por años se ha dicho que Honduras no es un lugar para ejercer como periodista o comunicador social, prueba de ello: más de 80 profesionales han sido asesinados de 2003 a la fecha, y sumado a eso, la “justicia selectiva” que denuncia constantemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha encargado de proteger a la élite del país.
Se ha vuelto norma en el país que los periodistas sean llevados a juicio por su trabajo y, a pesar de presentar pruebas que exponen la corrupción de quienes ostentan el poder, las reglas se vuelven en su contra.
A ese escenario se enfrenta el periodista de UNE TV y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rony Martínez, después de denunciar un caso de corrupción de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, quienes supuestamente se distribuyeron más de 40 millones de lempiras a cambio de aprobar contratos leoninos.
El
periodista publicó la información en su cuenta de Twitter, haciendo
mención a una fuente cercana al presidente de la anterior junta
directiva del Poder Legislativo, Mauricio Oliva. Esta fuente, cuyo
nombre fue revelado por Martínez, le informó que el diputado del Partido
Nacional, Óscar Nájera, está al tanto de los detalles.
Y tras esa revelación, Nájera, que hace meses fue mencionado en Estados Unidos como uno de varios políticos vinculados al narcotráfico y que respondió que esos señalamientos “me la pelan”, reaccionó con la amenaza que Martínez será suspendido del congreso y de su profesión, como recientemente le pasó a la diputada María Luisa Borjas.
Nájera confirmó que procedería ante los tribunales porque la información “es falsa”, omitiendo que Honduras es un Estado laico y basándose en sus principios cristianos a lo largo de su vida, desde su formación académica, el diputado nacionalista ha dicho estar seguro que Martínez será enviado a prisión.
“El cuerpo de abogados que nosotros tenemos, nos han recomendado que lo menos que le puede caer es una suspensión automática del Congreso y tendrá que demostrarlo en los altos tribunales de justicia, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia”, dijo Nájera en una entrevista en Radio Globo.
Alegando que tiene la “suficiente catadura” para hacer cosas morales y correctas en el país, agregó que el periodista ha fallado a la verdad y que su “bastón de transparencia” es suficiente para que la justicia “elimine” al periodista.
En
la entrevista Nájera incluso mencionó al periodista de “la Globo” que
Martínez, quien trabajó en ese medio de comunicación, no es apto para
ejercer su cargo en el Congreso y mucho menos tener credibilidad en su
profesión porque: “Usted lo ve en televisión se pinta y se quita las
cejas… ¿qué se puede esperar de una persona de esas?, ¿qué credibilidad
tiene? Este muchacho yo no sé cómo es que lo han contratado medios de
comunicación”.
Asimismo afirmó que no procederá ante los tribunales, “a menos que el hombre se retracte y haga una disculpa pública por todos los medios radiales, escritos y en televisión para toda la comisión”.
Martínez, que fue entrevistado momentos después en el mismo espacio, dijo que no se iba a referir a los señalamientos personales del diputado de Colón, y que él no tiene nada personal contra los miembros de la Comisión de Energía, recordando que la denuncia realizada se enmarca en su profesión: “Usted que es periodista sabe de experiencia cómo se manejan estos casos”.
Amplió que ya sabe que se trata de un tema que rozará entre lo jurídico y lo político, pero que para ello ya está preparado con su apoderado legal para hacer frente a una posible querella en el Poder Judicial. Con relación a la vía consolatoria que se le ofreció, Martínez fue contundente: “Periodista o comunicador social que se retracta de una noticia, mejor que se entierre vivo”.
Caso Guapinol: presentan recurso para que ambientalistas puedan defenderse en libertad
- 24/08/2020
El equipo legal de los 8 defensores del agua en el caso Guapinol, acudió a las instalaciones de la Corte de Apelaciones en Tegucigalpa, capital hondureña, para presentar un recurso de amparo, y reclamar la libertad inmediata de los acusados, asimismo repudiar la violación a la libre defensa y al debido proceso por parte de la justicia hondureña.
Los ambientalistas Porfirio Sorto, José Cedillo, Kelvin Romero, Arnold Alemán, Alexander Cedillo, Nahúm Hernández y Daniel Márquez, permanecen en prisión desde hace un año, por oponerse a la instalación y funcionamiento de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lennir Pérez.
El equipo defensor de los acusados presentó el amparo debido a la notificación de la resolución de la Corte de Apelaciones contra un recurso que pretendía facilitar el proceso para que los imputados se defendieran en libertad de los delitos que la Fiscalía y la empresa minera les imputan.
“Esto ha sido un proceso de violación permanente contra los derechos de 8 defensores ambientales de Guapinol, se ha reiterado una prisión preventiva sin justificación legal, todo es parte de una presión política”, calificó Leonel George a Radio Progreso. George es parte de los ambientalistas que obtuvo sobreseimiento definitivo por el caso el pasado 2019 y que ahora la Corte Suprema de Justicia ha ordenado su revocación a petición de la empresa minera y la Fiscalía.
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Para Leonel, el recurso presentado va de la mano de la exigencia de todo el pueblo de Tocoa, para que sus compañeros sean puestos en libertad. “Es un recurso a favor de los 8 defensores en el que se exige que deban salir y defenderse en libertad, por lo que condenamos las acciones que van en contra de los defensores y contra los pobladores de Guapinol con estas decisiones de la justicia.
Se exige que puedan ser liberados de inmediato, y que el expediente retorne al Juzgado para que en una audiencia se puedan revisar las medidas y defenderse en libertad”, dejó claro George.
Por su parte el abogado Carlo Jiménez en conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia dijo a medios de comunicación: “El caso está en abandono, y ese abandono no es producto de negligencia, sino que parece intencionado, en todo este proceso en el que se interpuso el recurso, nosotros teníamos que tener una notificación hace tiempo. Al mantener este expediente en el olvido y engavetado se les ha negado a acceder a otras vías que hubiese permitido lograr su libertad desde hace tiempo. Vemos que es una violación al debido proceso, porque se ha usado pruebas falsas para condenarlos”, explicó Jiménez.
Hace un año los defensores se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional para aclarar su situación legal después de que la empresa minera Los Pinares y el Ministerio Público presentaran cargos falsos en su contra.
La jueza Lisseth Vallecillo ordenó la prisión preventiva amparada en la acusación por incendio agravado y privación injusta de libertad. La jueza reafirmó la decisión en noviembre 2019 durante una audiencia de revisión de medidas a puerta cerrada, citando la participación de los imputados en una red criminal como razón para mantenerlos en detención, a pesar de que los cargos de asociación ilícita a los que se enfrentaban claramente eran infundados y fueron sobreseídos.
“El fallo copy paste de las magistradas María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubón Padilla y el Magistrado Ramiro Alejandro Ramírez de la Corte de Apelaciones, emitido el 13 de agosto, ratifica el fallo de la Jueza Vallecillo, quien fue traslada del Juzgado de Jurisdicción Nacional la semana pasada.
Las acusaciones falsas que mantienen el Ministerio Publico y la empresa minera Los Pinares están relacionadas con los hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2018, cuando decenas de guardias de seguridad armados de la empresa minera se presentaron para intimidar a un campamento pacífico que se había instalado en la comunidad de Guapinol para manifestar su oposición legitima a una mina de óxido de hierro operando ilegalmente en el parque nacional Carlos Escaleras”, manifiesta el comunicado emitido por el equipo de defensa.
Para Jiménez a los acusados se les ha violado el derecho a la libre defensa y al debido proceso, mismo que ha estado lleno de vicios de nulidad y busca gracias a presiones políticas convertir la prisión preventiva en una condena.
El abogado fue consultado por medios de comunicación sobre cómo el nuevo Código Penal, podría dejar en libertad a los acusados de Guapinol. Jiménez respondió: “claro que pueden quedar en libertad con el nuevo Código Penal, pero acá hay presiones de grupos de poder, de la empresa misma y sabemos que en Honduras la justicia no es independiente”.
Jiménez amplió: “lo que se ha hecho de este caso es político, no hay nada jurídico, esta resolución es grave porque es una sentencia que no tomó en cuenta nuestros argumentos planteados. Se fueron directamente a otra sentencia para aplicarla a esta”.
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Las organizaciones populares de Colón junto al equipo defensor de los ambientalistas, esperan una respuesta rápida de la Corte de Apelaciones, para gestionar la oportunidad a los acusados de defenderse en libertad.
La deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”
Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.
En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:
- Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
- Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
- El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
- Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.
Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.
Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.
También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:
- La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
- El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.
- Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
- Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.
Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.
Congreso de Honduras reconoce labor de Brigada Médica Cubana en este país
La brigada arribó el 19 de abril a Honduras. Foto: Agencias.
El Congreso Nacional de Honduras reconoció hoy con la condecoración Cruz de Comendador la labor de la Brigada Médica Cubana presente en este país desde abril pasado en el enfrentamiento a la COVID-19.
“Honduras quiere reconocer desde el fondo de su corazón a Cuba, sus médicos siempre han estado con nosotros”, declaró en sesión virtual el vicepresidente del órgano legislativo, Antonio Rivera Callejas.
Tras un solo debate en sesión celebrada a mediados de mes, el ente parlamentario había aprobado por unanimidad la propuesta en ese sentido del Partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda.
El diputado del partido Nacional resaltó este jueves que “una de las ayudas más grandes para nuestro país en los últimos tiempos han sido las brigadas de médicos cubanos en las situaciones más difíciles, en los huracanes Fifí y Mitch y actualmente en la pandemia del coronavirus”.
Por su parte, la doctora Blanca Toymil, coordinadora de la representación sanitaria cubana, destacó que de manera simbólica el premio también corresponde a sus colegas que durante 20 años, hasta mayo de 2019, mantuvieron una presencia ininterrumpida en Honduras, durante la cual ofrecieron 29 millones de atenciones médicas.
La especialista antillana recibió la distinción en ceremonia virtual en nombre de todos los integrantes de la Brigada 21 del Contingente Internacionalista Henry Reeve.
Al dirigirse a la sesión parlamentaria, Toymil calificó de extraordinario el reconocimiento, “único, por su representatividad y jerarquía”.
Destacó el modesto aporte realizado por los trabajadores cubanos de la salud que, de conjunto con sus colegas hondureños, en 78 días pesquisaron casi 13 000 500 viviendas en el norteño departamento de Cortés, en las cuales contactaron con más de 29 000 personas.
A lo anterior se suman los más de 72 000 900 procederes de enfermería practicados por el colectivo en dos unidades de cuidados intensivos de la ciudad de San Pedro Sula, capital industrial de la nación catracha.
La brigada, que arribó el 19 de abril, está integrada por una decena de enfermeras especializadas en cuidados intensivos, y cuatro médicos, divididos a partes iguales entre medicina general y clínica, un epidemiólogo, la jefa de la brigada y un logístico.
(Con información de PL)
ENTREVISTA / GRUPO “EXCEPCIONALMENTE PERVERSO” HA SECUESTRADO HONDURAS
- Publicado: 13 Septiembre 2020
Ante una élite política corrupto y criminal, sólo el despojo de egos y temores podrá recuperar el país. Por esa razón, el doctor Raúl Pineda Alvarado, ha enviado un mensaje en entrevista con EL LIBERTADOR: “Empecemos a fortalecer la conciencia ciudadana, no podemos seguir inmóviles ni indiferentes”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En una década, el país ha permanecido inmóvil en todos los aspectos de la vida nacional, por el control ejercido con violencia y soborno por un “grupo de hombres excepcionalmente perversos”, ha dicho el analista político, Raúl Pineda Alvarado. Y en exclusiva a este rotativo, el también doctor en Derecho Penal hace una radiografía de las consecuencias que ha generado la suspensión de la discusión de una nueva Ley Electoral, por parte de los diputados del Congreso Nacional. Además, muestra qué se requiere para cambiar el país, desde las acciones a tomar por parte de la oposición política y social, hasta lo que debe hacer cada hondureño. Acompáñenos a la entrevista.
— ¿Los hondureños estamos viviendo una crisis?
— Estamos al borde de una crisis, aún no estamos en una porque la realidad siempre se va a imponer a la ficción, pero no podemos negar que sí se ha generado una crisis por una clase política que piensa más en intereses personales que en el desarrollo de la sociedad.
— ¿Y esta inconformidad a qué se debe?
— A que desde hace algunos años, el país está dominado por un grupo de hombres excepcionalmente perversos, envilecidos a base del terror y de sobornos, responsables de la inconformidad general que ha superado la protesta política y escaló en protesta social, por eso no están de acuerdo en la creación de una nueva Ley Electoral que venía siendo discutida a lo largo de un año.
— ¿Por qué detuvieron la nueva Ley Electoral?
— Porque a la élite política generalmente desprestigiada, le conviene seguir con la Ley Electoral con que llegaron al poder en 2013 y 2017, a través del soborno a partidos que orbitan alrededor de esa élite y cuyos representantes reciben millones; si bien ya no habrá venta de credenciales, esta vez la trampa estará en los representantes de los partidos satélites, que para las elecciones de 2021 se registrará a 14 y hasta 15 partidos. Y eso que en esta ley se han dejado por fuera temas torales como la reelección ni el continuismo.
— ¿Por qué se omiten esos temas?
— La reelección abre otras puertas, por ejemplo, el grupo que está en el poder ve la reelección como algo exclusivo, como si los demás no tienen ese derecho. Lo que sí se debería discutir es ampliar el periodo de gobierno, pero ese tema se soslaya en los 333 artículos de la nueva Ley Electoral.
— ¿Y la oposición…?
—La oposición política necesita urgentemente hacer un análisis de coyuntura. Muchos líderes del Partido Nacional dicen que no ganarán las elecciones, pero no deja de ser interesante que ninguno de la oposición afirma que ganarán, porque están divididos, porque no se han dado cuenta que el enemigo no está entre ellos, porque se acusan entre unos y otros sin entender que el discurso difamatorio ayuda en un punto de la campaña, pero no antes.
— Doctor Pineda, ¿por qué están divididos?
— Manuel “Mel” Zelaya es más cercano a Juan Orlando Hernández que a Luis Zelaya y Salvador Nasralla, porque “Mel” y Juan Orlando son políticos tradicionales, ambos provinciales, maniobreros, curtidos por décadas en política. Y es ese el peligro con los outsiders como Nasralla y Luis, porque el outsider es soberbio por naturaliza, pero ingenuo al ser muy seguro de sí mismo. Si se unieran, si fueran una oposición coherente y vertebrasen un movimiento político, al sacar las cuentas superan fácilmente a JOH.
Le explico: JOH tiene asegurado el voto de los empleados públicos, que suman 250 mil, más los familiares de éstos que no quieren que pierdan el trabajo, porque trabajar en el Estado se ha vuelto un mal necesario para los políticos, pero Luis tiene 400 mil votos y si Nasralla tuviera la mitad de los votos que dice tener, sólo ahí tienen un millón… a eso súmele los votos de Libre, ¿triunfo seguro, verdad?
— ¿Qué aconseja a la oposición?
— Que se unan, que dejen el discurso de odio, los ataques y creen un discurso esperanzador, porque la élite que controla el país nos ha quitado la esperanza.- Mire, ¿cómo es posible que en 10 años no hemos mejorado ni un punto? En 10 años no hemos subido ni un punto en economía, en lo único que hemos subido 2 puntos es en educación, pero eso no es suficiente, pero mientras siga el fenómenos de la inmovilidad las cosas seguirán igual, por eso la élite le teme a la oposición social, porque ese es un movimiento que integra ciudadanos de todos los estratos. Ya lo vimos con Las Antorchas y ahora con la Plataforma por la Salud y la Educación.
— Siendo así, ¿por qué los líderes de la oposición política y social no se unen?
— Como le dije, los outsiders tienen un ego muy grande, son autosuficientes. Los líderes de la Plataforma suelen quejarse que la oposición política es indiferente y le sigue el juego al gobierno, pero cuando se les propone no aceptan porque dicen que no son políticos; la moral no sólo es una planta que produce moras, la moral se trata también de no seguirle el juego al gobierno y no olviden que la gente hoy no es la misma que la de 2017: ha abierto los ojos.
— ¿Y qué debe hacer el pueblo?
— Creo más en el concepto del ciudadano, porque el pueblo es un conjunto que se deja manipular, recuerde que fue el pueblo el que escogió a Barrabás por sobre Jesucristo; mientras que el ciudadano no se deja comprar…
— ¿Y cómo creamos un ciudadano?
— Con más educación, llevándolo al desarrollo con programas reales y esperanzadores, pero también mostrándole que debe dejar la comodidad, porque la gente quiere el cambio pero no está haciendo nada para ello.
— Doctor, ¿qué mensaje envía a la gente y la oposición?
— Empecemos a fortalecer la conciencia ciudadana, no podemos seguir inmóviles ni indiferentes. Y a la gente le digo: no tengan miedo, las autoridades se nutren de su miedo para seguir manteniéndonos en el retraso, para seguir saqueando las arcas del país, pero los tiempos han cambiado y podemos dar el giro que el país necesita con urgencia.
Lanzan plataforma ciudadana para unificar lucha contra corrupción e impunidad en Honduras
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Ante la profundización de la crisis sociopolítica que vive Honduras producto de la corrupción e impunidad, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad hondureña lanzaron la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (Panal) que busca unificar esfuerzos desde diferentes campos de acción.
En el evento participaron Claudia Rodríguez, José Manuel Matheu, Ariel Andrade, Fernando Varela, Edgard Sarmiento, Juliette Handal, David Meus, Lourdes Menjivar, Miguel Zablah y Ramón Quiroz.
“Panal es un movimiento ciudadano con manos limpias”, aseguró Claudia Rodríguez. Mientras que José Manuel Matheu destacó que la plataforma ciudadana está conformada por “un fuerte grupo de ciudadanos honestos e independientes de todas las edades, clases sociales, ocupaciones y creencias”.
Asimismo, destacó que Panal tiene como objetivo “rescatar a Honduras de las garras de la corrupción, la impunidad, la injusticia, y la desesperanza”, haciendo a un lado los intereses mezquinos personales para “luchar dentro de los términos que la democracia permite y colocar a Honduras y a sus ciudadanos en el sitial donde deben estar”.
Matheu señaló que “la caótica situación socioeconómica en que nuestro país ha caído, sumado a la dolorosa división de la familia hondureña” son producto de la “impunidad y corrupción manifiesta de gran parte de los políticos y la permisibilidad, pasividad y silencio de la mayoría de la gente buena de este país”.
También remarcó que los corruptos eran una minoría muy sagaz que se adueñaron de las instituciones del Estado para su beneficio por lo que poner un alto depende de la ciudadanía comprometida. Desde Panal, Matheu pidió a “las fuerzas opositoras dejar a un lado sus intereses particulares en pro de lograr un solo frente ciudadano que posibilite empezar a retomar los caminos de la democracia, unidad, igualdad y justicia de los que nunca debimos alejarnos”.
La Plataforma Amplia Nacional Liberadora (Panal) asegura promover los principios de honestidad, ética, transparencia, legalidad, inclusión, democracia, tolerancia, moralidad pluralidad y respeto, con el objetivo de crear una alianza nacional que permita crecimiento, desarrollo humano y material para el pueblo hondureño.
La Internacional Progresista celebra su primera cumbre mundial: “Internacionalismo o Extinción”
La Internacional Progresista se lanza en un momento único de la historia de la humanidad, con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad. Foto: @ProgIntl_ES/Twitter
La Internacional Progresista (IP) –que se lanzó en mayo de este año con la misión de unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas en un frente común para frenar el avance de la derecha en el mundo— celebrará su primera cumbre mundial del 18 al 20 de septiembre para afrontar el dilema central de nuestro tiempo: “Internacionalismo o Extinción”. Esta cumbre virtual tendrá conferencias magistrales de Yanis Varoufakis, Naomi Klein y Noam Chomsky (en traducción simultánea a través del canal de Youtube de la IP), además de un debate fundamental para la región:
“Lawfare y la lucha por la democracia en América Latina”, coorganizado por Whipalas por el Mundo, en el que participarán Alicia Castro, integrante del Consejo de la IP, y los candidatos presidenciales Luis Arce (Bolivia), Andrés Arauz (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia). “Es imprescindible debatir a nivel global un repertorio de alternativas posibles, reunir la fuerza para presentarlas y exigir soluciones políticas. La pregunta es: ¿Quién paga la cuenta de la pandemia? La única respuesta posible es que paguen más lo que más tienen; es un imperativo ético”, plantea Castro a Página/12.
“La Internacional Progresista se lanza en un momento único de la historia de la humanidad, con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad. La historia futura, de hecho el destino de la especie, estará determinada por la forma en que nos enfrentemos a ella. Los medios están a mano. No hay tiempo que perder. La misión de la Internacional es verdaderamente histórica”, escribió Chomsky, miembro del Consejo de la IP junto al expresidente de Ecuador Rafael Correa; el ex candidato presidencial del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad; el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el ex canciller brasileño Celso Amorim; la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta; la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir; los actores John Cusak (Estados Unidos) y Gael García Bernal (México), el filósofo croata Srećko Horvat, el político y activista chileno Giorgio Jackson y la escritora india Arundhati Roy, entre otros.
En la IP Argentina, además de Castro y Gómez Alcorta, participan la socióloga Alcira Argumedo, los filósofos Ricardo Forster y Jorge Alemán, las periodistas María Seoane, Fernando Buen Abad, Cynthia García, Tema Luzzani y Marco Teruggi, la actriz Cecilia Roth, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi; Roberto Pianelli (titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados) y Víctor Santa María, presidente del Grupo Octubre, entre otros.
Elizabeth Gómez Alcorta, Alicia Castro y María Seoane forman parte de la IP. Foto: Página12
La primera cumbre mundial de la Internacional Progresista comenzó este viernes a las 11 hora argentina con la conferencia magistral del economista griego Yanis Varoufakis, ¿Qué viene después del capitalismo?, seguida de una mesa redonda con Vijay Prashad (India), Ece Temelkuran (Turquía) y Nick Estes (ciudadano de la Lower Brule Sioux Tribe). Los años de reparación es el título de la conferencia que dará Naomi Klein (13 horas), seguida de una mesa redonda con Katrín Jakobsdóttir (Islandia), Tasneem Essop (Sudáfrica), Vanessa Nakate (Uganda) y Aruna Roy (India). La conferencia de Noam Chomsky será sobre Internacionalismo o Extinción (a las 15 horas), seguida de una mesa redonda con Nanjala Nyabola (Kenia), Cornel West (Estados Unidos) y John McDonnell (Reino Unido). El plato fuerte para la región llegará a las 17 horas con “Lawfare y la lucha por la democracia en América Latina”, con Alicia Castro, Luis Arce (Bolivia), Andrés Arauz (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia).
María Seoane celebra la posibilidad de que dirigentes progresistas del mundo comiencen a debatir sobre el futuro de la humanidad. “Las sociedades están atravesadas no solo por la pandemia de coronavirus sino por la pandemia de la concentración de la riqueza que ha lastimado el tejido mismo de la humanidad. No existe mundo posible sin igualdad, sin que las potencias mundiales cedan a los grandes capitales, que solo les interesa la ganancia concentrada de unos pocos”, dice la escritora y periodista.
“La humanidad atraviesa dos pandemias: la pandemia del coronavirus y la pandemia del neoliberalismo brutal, que trae muerte, desolación y desigualdad. Necesitamos comprometernos para pensar un mundo mejor”.
Peligro de extinción
El sociólogo argentino Juan Pablo Olsson es coordinador general para América Latina de la Internacional Progresista. “Las derechas globales están impulsando proyectos de represión, de flexibilización laboral y empobrecimiento de las mayorías, con recortes en el derecho al acceso a la salud, entre otros derechos. Estamos en un dilema, por eso Chomsky lo llama ‘internacionalismo o extinción’. Nos enfrentamos a un escenario inédito, ante el cual se conjugan diversas crisis muy profundas, entre las cuales Chomsky señala la crisis climática y ambiental como una de las más preocupantes”, precisa Olsson.
“No se está revirtiendo el avance de la explotación de combustibles fósiles, que era uno de los puntos del Acuerdo de París. Hay un retroceso muy grande con la presidencia de Donald Trump, la negación del calentamiento global y la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.
Hay una gran preocupación por los procesos de deforestación en todo el mundo a través de incendios que nos vienen alarmando: vimos cómo se prendieron fuego 2,5 millones de hectáreas en un mes en la Amazonía, el principal pulmón del planeta –aclara Olsson-. Hay informes que indican que hubo una pérdida del 30 por ciento de la biodiversidad del planeta en los últimos cuarenta años”.
Alicia Castro, exembajadora de Venezuela y el Reino Unido, subraya la oportunidad de generar una gran conversación. “Estamos viviendo en medio de una tercera guerra mundial, donde proliferan el caos y la violencia. En este contexto ha florecido un gran debate entre pensadores, filósofos y cientistas políticos; pero este debate tiene que permear y orientar a la política –afirma Castro-.
Podemos distinguir dos grandes tendencias, que se pueden resumir en las posiciones del filósofo esloveno (Slavoj) Zizek, que augura que la pandemia le dará un golpe ‘a lo Kill Bill’ al capitalismo y habrá una reinvención del comunismo basado en la confianza, la solidaridad y la ciencia; y la del surcoreano Byung-Chul Han, que advierte que tras la pandemia el capitalismo continuará con más pujanza porque el virus nos aísla y no genera sentimientos colectivos, y traerá aparejado un mayor control de los estados y restricciones a las libertades individuales.
Dentro de este dilema pienso como (Antonio) Gramsci con el optimismo de la voluntad y con el pesimismo de la razón; pero a medida que pasan los meses y se profundiza esta tragedia humanitaria, soy cada vez más pesimista porque no veo que se estén tomando medidas de fondo. Yo espero que salgamos de esta pandemia siendo más radicales”.
La justicia fiscal
Foto: @ProgIntl_ES/Twitter
Algunos de las cuestiones principales del presente estaban en la agenda de los partidos progresistas y de izquierda hace unos años, como la reducción de la jornada laboral para generar más empleo; el salario básico universal; un régimen impositivo donde paguen más los que más tienen; la tasa Tobin, que implica un impuesto a las transacciones financieras.
“Latinoamérica es la región más desigual del mundo”, recuerda Castro. “Durante la pandemia ha surgido un nuevo mil millonario --en mil millones de dólares— cada dos semanas, mientras millones de personas que eran de clase media caen en la pobreza y los más pobres en la miseria. Es imprescindible poner un impuesto permanente y progresivo a las grandes fortunas; hay que recuperar una idea de tiempos de guerra, un impuesto a las ganancias extraordinarias por efecto de la pandemia en sectores como el comercio virtual, el sector tecnológico y el sector farmacéutico.
Hay que pensar un impuesto a la actividad digital, que ya ocupa el 40 por ciento del Producto Interno Bruto regional; hay que acabar con los paraísos fiscales y los paquetes de rescate público tienen que estar condicionados y no se pueden dar a empresas que operen en paraísos fiscales, tengan deudas impositivas o repartan beneficiones entre sus accionistas”, propone Castro y agrega: “La pandemia ha descorrido el velo y nos muestra con toda crudeza dos cuestiones: el fracaso del actual sistema económico y la violencia de la desigualdad”.
-¿Por qué cuesta concretar el impuesto a las grandes fortunas?
- Las encuestas demuestran que el 70 por ciento de los argentinos está a favor de un impuesto a las grandes fortunas. Este es un momento para hacer grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal; sin justicia fiscal no hay justicia social. En Argentina, lamentablemente, hay un empresariado de rapiña; a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que se han beneficiado con la estatización de la deuda durante la dictadura militar, como por ejemplo la empresa Socma de (Mauricio) Macri, entre otras, les parece normal que sea el pueblo el que asuma los impuestos por las deudas que ellos no pagan; es parte de una cultura de un empresariado prebendario. Esa cultura hay que cambiarla con decisión política.
Democracias en riesgo
Foto: @ProgIntl_ES/Twitter
Castro confirma que habrá mucho para conversar sobre cómo prevenir “los golpes blandos” que se ejecutaron en América Latina. “En Brasil se dio un golpe parlamentario a Dilma Rousseff, que había sido votada por 54 millones de personas, y luego la práctica del ‘Lawfare’, la manipulación del sistema judicial con fines partidarios, que encarceló a Lula da Silva sin pruebas en su contra. Lula hoy hubiera sido sin duda el presidente de Brasil en lugar del energúmeno de (Jair) Bolsonaro.
El gobierno de Bolsonaro está acompañando al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a la frontera con Venezuela en un verdadero acto de hostilidad en nuestra región y que significa que Estados Unidos vuelve a mirar a nuestro continente como su patio trasero”, reflexiona Castro y alerta sobre una matriz que se está aplicando en la región a través de las proscripciones electorales a Evo Morales y Rafael Correa.
“La democracia está en riesgo en América Latina; estos golpes son financiados y organizados por los Estados Unidos, como han sido todos los golpes en la región. Tenemos que ver cómo evitar estos golpes y cómo podemos recuperar la unidad latinoamericana”.
Para Castro es fundamental debatir una política de articulación de medios de comunicación comunitarios. “En América Latina existen bases militares y bases comunicacionales. Los medios de prensa comerciales han tenido una gran influencia en la persecución a los gobiernos populares. Hay que organizarse para contrarrestar la violencia con la que los medios de comunicación imponen la mentira”. Hay un ejemplo que refuerza la importancia de este debate.
“Cuando estamos nadando en un mar de noticias falsas, Julian Assange, el creador de WikiLeaks que reveló a través de sus cables los crímenes de guerra de los Estados Unidos, está encerrado en una cárcel de alta seguridad y está siendo juzgado para extraditarlo a Estados Unidos, donde lo quieren condenar a 175 años de prisión por habernos revelado la verdad.
Esta es la gran injusticia de este momento, que resume el papel de la prensa y lo que el complejo industrial militar y el poder esperan de los periodistas: una total sumisión a sus intereses. Como dice Assange, si la guerra utiliza mentiras, la paz necesita de la verdad”, concluye Castro.
En directo, Cumbre virtual de la Internacional Progresista
(Tomado de Página12)
Noam Chomsky: "La Internacional Progresista tiene un papel crucial para determinar el curso de la historia" - El lingüista brindó una conferencia magistral
Imagen: Twitter
"La
Internacional Progresista tiene un papel crucial para determinar qué
curso va a seguir la historia. La vida humana está en peligro directo y
los grandes poderes imperialistas del momento están enfrentándose. Para la significación del futuro es importante ver qué pasa en la hegemonía global", reflexionó Noam Chomsky.
El lingüista brindó este viernes la conferencia magistral "Internacionalismo o extinción" en el marco de la primera cumbre (virtual) de la Internacional Progresista,
que emergió en mayo para unir, organizar y movilizar a las fuerzas
progresistas en un frente común y así frenar el avance de la derecha en
el mundo.
Este es un momento "remarcable, único, importante", describió Chomsky. "Difícil" pero a la vez "lleno de esperanza para un mejor futuro". Es un momento de "confluencia de distintas crisis muy fuertes" y sin fronteras.
Son "las mismas de siempre": la amenaza de una guerra nuclear, la catástrofe ecológica, la destrucción de la democracia. "Desde enero pasado estas tres amenazas han ido en aumento gracias a las políticas de Trump.
Ha ido desmoronando las políticas de control de las armas y
desarrollado armas más peligrosas, ha disminuido las protecciones contra
las amenazas de una guerra nuclear. Se ha dedicado a destruir el medio
ambiente y cualquier sustento de la vida."
El pensador norteamericano, de 91 años, determinó desde un principio el rol de la Internacional Progresista: "No paniqueemos ahora y actuemos en función de esto. Las crisis que estamos enfrentando en este momento único son internacionales. Las catástrofes ambientales, la guerra nuclear, la pandemia... no tienen frontera ninguno de estos peligros. Puede haber diferencias entre países, pero hay troncos comunes".
"Trump empezó a decir que si no le gusta el resultado de las elecciones no va a dejar su puesto. Es una amenaza directa", alertó. "En ausencia de una victoria de Trump muy clara hay riesgos inminentes de guerra civil. Son palabras fuertes, que no habíamos escuchado nunca en voces públicas. No lo digo yo; lo dicen otras personas. Mucha gente tiene ese miedo. Nada de este estilo había pasado en la compleja historia de la democracia parlamentaria. La megalomanía que domina el mundo, la de Trump, para él ya no es suficiente."
En este contexto, la Internacional Progresista apareció para oponerse a la "otra internacional", la reaccionaria, encabezada por Trump, y de la que también forman parte Jair Bolsonaro, en Brasil; los dictadores del Golfo; Abdel Fatah al Sisie en Egipto y Benjamin Netanyahu en Israel en Medio Oriente; Narendra Modi en India y Viktor Orban en Europa.
Así, dos internacionales dividen al mundo. Una es de los Estados. La otra, de los movimientos populares. "Cada una es una representación de la fuerzas sociales en juego. Son una imagen de los mundos que podrían emerger despues de la pandemia. Una quiere construir una versión aún más dura del neoliberalismo, aumentar la vigilancia y el control; la otra está buscando cómo construir un mundo en paz y justo, con un buen manejo de los recursos dedicados a servir a los intereses de los seres humanos, en vez de los de una minoría. A nivel global podemos ver estas interacciones: no es una exageración decir que el futuro de la experiencia humana depende del resultado de esta batalla que se está dando en este momento."
La conferencia continuó con una mesa redonda con participación de la escritora y activista keniana Nanjala Nyabola, el activista y filósofo afroestadounidense Cornel West y el diputado laborista John McDonnell.
