Berta Cáceres en sus propias palabras
agosto 2, 2020
Redacción
Por: Asís Castellanos y Adrienne Pine/Criterio.hn
Foto de portada: proporcionada por Silvio Carrillo y utilizada con permiso de COPINH.
Mucho de lo que se ha escrito sobre Berta Cáceres, especialmente en el extranjero (con algunas notables excepciones), se ha centrado en sus identificaciones como indígena y ambientalista. Si bien ninguno de los dos es falso, esos dos hechos por sí solos pintan una imagen distorsionada y anémica de la militancia de Berta y la de COPINH. Y, si bien se organizó estratégicamente junto a su pueblo Lenca y a sus hermanas feministas, su lucha no se basó en la política identitaria per se, sino en su análisis de los legados sexistas y racistas de la violencia colonial y capitalista.
«Todo ese proyecto de dominación se ha consolidado en Honduras», dice Berta. «Ese es un efecto, para mí, y que tiene que ver, otra vez, con el poder. Con ese concepto de poder construido desde el capitalismo, desde las dominaciones, muy patriarcal, muy racista».
Asís Castellanos entrevistó a Berta en un mall de Tegucigalpa, el 27 de marzo de 2015, un mes antes de su famoso discurso de aceptación del Premio Goldman en el cual advirtió «¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!», y poco menos de un año antes que fuera asesinada en su casa por sicarios militares contratados por poderosos intereses oligárquicos cercanos a instituciones financieras internacionales.
Las preguntas de la presente entrevista estuvieron predeterminadas, ya que en esta ocasión Castellanos estaba trabajando como asistente de un investigador que necesitaba los datos para un estudio sobre «Movimientos sociales y democracia en Honduras». Siguió fielmente el guión de preguntas, con resultados que, años después, al transcribir y traducir la entrevista, y de conocer a Berta como lo hicimos, nos pareció gracioso.
Uno por uno, Berta brillantemente desmantela cada pregunta, demostrando las fallas analíticas subyacentes. En la respuesta global, Berta recoloca las preguntas, las reformula y propone poderosas y coherentes alternativas revolucionarias. A pesar de que las preguntas no logran reconocer su continua exposición magistral de las lógicas imperialistas de la narrativa de «democratización» en que se fundaban, Berta responde pacientemente a cada una de ellas, demostrando una y otra vez que no producirían nada más que resultados procapitalistas y proimperialistas si se contestara en sus propios términos.
En su lugar, Berta presenta ideas que son anatema para el marco teórico de la entrevista: ideas como la democracia decisiva, en la que los grupos involucrados en procesos democráticos tienen pleno poder soberano para decidir qué sucede en sus territorios, espacios y comunidades, en contraste con las lógicas electorales u otras prácticas acompañadas de narrativa «democrática» que permite a los agentes de la política electoral, las corporaciones y las instituciones financieras internacionales cumplir con el requisito de «consultar» a los pueblos antes de avanzar, según lo planeado, con el siguiente proyecto dañino.
La lógica en curso en el Norte liberal (a pesar de los recientes y poderosos ejemplos de los movimientos Standing Rock y #ShutDownCanada de Estados Unidos y Canadá, por nombrar solo un par de luchas geográficamente difíciles de pasar por alto) continúa sosteniéndose en mitos racistas que impiden la posibilidad de que las y los indígenas sean vistos desde fuera como intelectuales revolucionarios anticapitalistas, antiimperialistas y líderes de diversos movimientos. Ese buen salvajismo a su vez constriñe ideológicamente el liderazgo indígena a luchas como la de la defensa ecológica, que supuestamente surgen de identidades y «cosmovisiones» indígenas (cosmovisiones imaginadas desde el exterior como esencialistas y atemporales).
Berta rechazó esas lógicas, y se mantuvo firme en su convicción de que el liderazgo más eficaz no puede estar vinculado a un individuo o su ego, sino que debe ser fundamentalmente horizontal. Berta señala: «no comparto mucho esa construcción del concepto de democracia (…) para nosotros debería de ser el respeto de la dignidad humana, el derecho a la felicidad desde las colectividades. La democracia tiene que ser desde el ejercicio de un poder horizontal que se construye desde un pueblo, que tiene derecho a decidir, a ser determinante en su participación, no solo una presencia numérica, sino que determinante, debe ser decisiva y creo que tiene que ver mucho también con qué concepto de poder se juega cuando hablamos de democracia».
Las estrechas relaciones de Berta con las y los zapatistas y los movimientos indígenas anti jerárquicos en en el continente americano, así como sus colaboraciones con organizadores de tendencia anarquista no indígenas, fueron mutuamente beneficiosas y fundantes. Aunque su liderazgo, claridad y visión revolucionarios eran innegables (como lo demuestran sus palabras), su praxis política se centró en construir movimientos y coaliciones horizontales, radicalmente democráticas y de amplia base, capaces de enfrentar el poder asesino del capital y crear en su lugar un modelo profundamente diferente de organización social.
En lugar de un entierro, sus hijas e hijo y COPINH organizaron la siembra de Berta, a la que asistieron miles de hondureñas y hondureños en luto. En Honduras, dice el dicho, «sangre de mártires, semilla de libertad».
Cientos de otros revolucionarias y revolucionarios hondureños y defensores de la tierra menos conocidos también han sido asesinados desde el golpe de estado de 2009, incluidas decenas de activistas indígenas de COPINH y otras organizaciones junto a las cuales COPINH continúa luchando.
Solo en la pequeña comunidad tolupana de San Francisco de Locomapa, por ejemplo, 10 personas que se resistieron a los proyectos de tala y minería fueron asesinadas entre 2013 y 2019.
Mientras se escriben estas palabras, el paradero de cuatro hombres miembros de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, tres de los cuales son miembros de OFRANEH y reconocidos defensores de la tierra, aún se desconoce. Fueron secuestrados desde sus casas el sábado 18 de julio por hombres fuertemente armados vestidos de policía militar. Los miembros de la comunidad temen que sus nombres se agreguen a la larga lista de víctimas de la brutal represión del estado hondureño hacia el pueblo garífuna.
Berta y muchas y muchos compas más asesinadas desde el golpe de 2009 fueron blancos de ataque porque se negaron a ser callados por entidades y grupos del poder económico.
En el caso de Berta, su familia y el COPINH ha presentado fuerte pruebas que implican a la familia Atala Zablah, mayor accionista y miembro de la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA); además propietaria del Club Deportivo Motagua. Es más, Banco FICOHSA, propiedad de Camilo Atala Faraj, primo de los hermanos Atala Zablah, fue financiero clave del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA al cual se opuso el COPINH.
Desde el asesinato de Berta y a pesar de continuas amenazas al COPINH, la organización—cuya coordinadora general actual es su hija Bertha Zúñiga Cáceres—ha contiuado denunciando a la familia Atala Zablah y a Daniel Atala Midence entonces gerente financiero de DESA (hijo de José Eduardo Atala Zablah, accionista mayoritario de DESA) por la destrucción de las tierras y ríos ancestrales Lenca, y por su autoría intelectual en el asesinato de Berta coordinado con Roberto David Castillo Mejía, entonces presidente de DESA (#FaltanLosAtala).
Como parte de diversas tácticas que buscan contrarrestar la violencia del capital financiero contra sus comunidades, COPINH ha advertido a instituciones financieras internacionales no trabajar con Ficohsa. Su fuerza y valentía para oponerse a la familia Atala está acompañada por una diversidad de organizaciones y personas. Recientemente, en julio de 2020, la diputada María Luisa Borjas, quien fue despedida de su cargo como Comisionada de Policía en el 2002 por denunciar la participación de la policía en escuadrones de la muerte, fue declarada culpable de difamación, crimen que lleva una sentencia de dos años y ocho meses de cárcel, por señalar a Camilo Atala, presidente de Ficohsa, como el probable autor intelectual del asesinato de Berta.
Otra frase, originalmente atribuído al mártir aymara Tupac Katari, descuartizado por insurreccionista en el 1781, se popularizó luego del asesinato de Berta: «Volveré y seré millones». El alcance internacional del legado de Berta, luego de su siembra, ha sido una extraordinaria oportunidad para hacer crecer este movimiento de solidaridad. Pero Berta y tantos otros valientes mártires hondureñxs sembraron las semillas tanto en sus vidas como en sus muertes, al organizarse con la profunda convicción de construir una sociedad radicalmente democrática, anticapitalista y antiimperialista.
Habiendo conocido y amado a Berta como lo han hecho tantxs de nuestrxs amigxs y compañerxs, instamos a aquellxs lectores que no la conocieron personalmente a no idolatrar, esencializar o llorar a Berta porque sabemos que ella no lo querría. En cambio, podemos escuchar y aprender de sus propias palabras y seguir su ejemplo.
Junto a sus compañeras y compañeros en COPINH, Berta pasó su vida construyendo procesos democráticos y organizando luchas de coaliciones locales, regionales e internacionales. Berta nos dice: «Es imposible en el capitalismo ejercer democracia desde los pueblos, no se puede». Esta honesta afirmación no pretende ser desalentadora. Al contrario, es un llamado a unirse a la lucha para desmantelar el capitalismo y el imperio a través de la acción colectiva directa y militante, como el único camino verdadero hacia la soberanía, la democracia y la liberación.
Esta fue la segunda de dos entrevistas que realizó Castellanos con Berta, a quien conocía desde hace muchos años. La primera entrevista, realizada el 13 de junio de 2014, fue abierta, en ella Berta analiza el escenario político hondureño del momento. Pronto esperamos publicar la transcripción (y traducción al inglés) de esa entrevista mucho más extensa.
Asís Castellanos: Buenas tardes, primero, ¿sí podría presentarse y su responsabilidad dentro de COPINH?
Berta Cáceres: Berta Isabel Cáceres Flores y soy coordinadora general del COPINH.
AC: Y para empezar, nos podría resumir ¿cuáles son sus ideas acerca de la democracia?
BC: Bueno, primero le voy a decir que no comparto mucho esa construcción del concepto de democracia que fue una creación de los organismos financieros y de toda la crisis, bueno, de toda la segunda Guerra Mundial y vinieron con este concepto de democracia y desarrollo. También, ahora que es muy combinado con el tema de derechos humanos; desde una visión de las leyes occidentales, que al mismo tiempo restringen las mismas libertades y el mismo concepto de democracia que ellos impulsan. Y para nosotros debería de ser el respeto de la dignidad humana, el derecho a la felicidad desde las colectividades. La democracia tiene que ser desde el ejercicio de un poder horizontal que se construye desde un pueblo, que tiene derecho a decidir, a ser determinante en su participación, no solo una presencia numérica, sino que determinante, debe ser decisiva y creo que tiene que ver mucho también con qué concepto de poder se juega cuando hablamos de democracia.
El poder está muy relacionado con eso y actualmente lo que estamos viendo es un poder despótico que impone, que violenta. Entonces desde ese ejercicio del poder usted construye ese concepto de democracia; nosotros diferimos en eso y la democracia para nosotros debe de ser realmente todo el ejercicio pleno de los derechos y libertades con justicia que debe de aspirar un pueblo, un pueblo entero, no solo una familia.
AC: De la década del 80 al presente, ¿qué considera que son los avances democráticos?
BC: Mire, creo que solo han maquillado, porque de los ochentas para acá lo que vivimos es lo mismo; una imposición de políticas ajustes estructurales que lo han llamado modernización del Estado, que ha implicado que de un Estado con un corte bastante militar, muy retrasado, muy conservador, que se muestra así tal como eso, a modernizarse un poco en las palabras, en la tecnología. Pero implica entregar todos los bienes comunes y de la naturaleza, más militarización, nada más que de una manera más tecnificada, más estructurada, más planificada, tiene más financiamiento, tiene una vinculación total con toda la transnacionalización y las recetas de los organismos financieros con todo el capitalismo.
Entonces la democracia que vivimos para acá, para mí solo es un discurso de los políticos, cada cuatro años, y de gobiernos que entregan la soberanía, la identidad de este país, que destruyen sus identidades libertarias, que tienen una institucionalidad y un marco jurídico que lo han creado, lo han fortalecido, pero justamente para atender los intereses de los grandes capitales y de grupos de poder económico, político y militar; no así para el pueblo. Considero que más bien hay atrasos en comparación a los ochenta, aunque había una conflictividad armada en Centroamérica, yo creo que había elementos que todavía se respetaban. Pero ahora, el nivel de impunidad, si lo comparamos con ese entonces, y el nivel de impunidad, de injusticia social, de ese margen de todo el derecho, por ejemplo a la tierra, la concentración de la tierra, de territorios, de despojo, de saqueo, en comparación a lo que había en los ochenta, creo que hoy se hace de una manera realmente descarada y que la institucionalidad, el marco jurídico, las leyes, el derecho que se aplica en este país, está solo en función de eso, no de los pueblos. Entonces, para mi hay un atraso en lo que se dice democracia, que tiene que ver con otras cosas.
AC: A su juicio, ¿en qué ejes son los que menos avances democráticos se han tenido hasta el presente?
BC: Mire, yo creo que algo impresionante en este país es la injusticia económica. O sea, no puedo desprender de mi cabeza, desde toda la experiencia desde la democracia con el de los derechos económicos de los pueblos. Para mi es fundamental el derecho económico. Y en este país, y son en los últimos estudios la brecha de desigualdades por injusticia económica, es gravísimo en Honduras. El otro es el acceso a la justicia, el acceso a la tierra y territorios, a gozar de una vida plena, con dignidad, de parte de los pueblos, se ha minimizado totalmente, y con una creciente militarización, no solo hondureña, sino de ocupación militar de Estados Unidos, que no solo es con más bases militares como se mira en Honduras, sino que con una política de réplica de los años ochenta, pero de manera más aguda, desde la colombianización, desde ponernos como un Estado que aparenta ser fallido como en México, para más intervencionismo, el asesinato de jóvenes en este país.
Es muy difícil como hacer una selección de cosas que donde se represente más. Pero la violación de derechos humanos y el nulo acceso del pueblo hondureño a ejercer poder como soberano, porque dice la constitución que el soberano es el pueblo, y que cuando ha querido hacer ejercicio de ese poder; por ejemplo, con contestar una pregunta en una consulta, cualquiera, se dieron un golpe de Estado. A mí me parece que seguimos siendo un laboratorio para, de un ensañamiento con los pueblos. Y creo que así vamos a seguir por un buen rato y me parece que se va a agravar.
AC: ¿Cuáles son los principales obstáculos que evitan la democratización del país?
BC: Bueno, para mí es el sistema, el sistema en que vivimos. Es imposible en el capitalismo ejercer democracia desde los pueblos, no se puede. Se puede hacer luchas para avanzar, para construir. Creo que un gran obstáculo es que hay un propósito diseñado para que no sea así; grupos de poder como los que mencionaba, 25 familias poderosas de este país, las transnacionales mineras, energéticas, el tema de la privatización, de los organismos financieros, de darle más poder a los militares. Creo que todo eso, más todo lo que se ha tejido con el marco jurídico con el TLC y todo eso de la criminalización. Por ejemplo, el que se criminalice a los defensores y defensoras, que se criminalice a quienes defendemos los territorios, en leyes establecidas como que somos terroristas. Creo que eso es un gran desafío.
Pero también hasta de nuestro lado, como movimientos sociales, también tenemos desafíos, pienso que nosotros tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos, los procesos de democratización interna de los movimientos sociales para ir teniendo y construyendo esa coherencia. Y creo que si es posible construir los espacios de democratización interna, con nuevas prácticas, con éticas políticas que reflejen realmente principios profundamente humanos, revolucionario, refundacionales, indígena, feministas, ambientalistas, como le queramos llamar, pero que dignifiquen la sociedad hondureña y nos dignifiquen como seres humanos.
Entonces un gran obstáculo es que vivimos en injusticia y que la gente no cree que no es posible la democracia, el ejercicio de procesos de democratización, porque hay una gran desesperanza también. Y hay una gran guerra ideológica, mediática, aplastante que a la gente le hacen creer que por tener un buen televisor, un buen celular, porque podemos venir aquí al mall, porque puede ir a Miami, de vez en cuando, la clase media a pasear, que eso ya es democracia. Entonces, el concepto, la falta de una conciencia crítica sobre eso también es un obstáculo.
AC: ¿Quiénes son los actores más comprometidos con la democratización de la democracia hondureña?
BC: Creo que cuando ejercemos cualquier derecho y luchamos por los derechos por la vida, por construir otras lógicas de poder, todas y todos los que estamos en esa apuesta, para mí estamos comprometidos. Todos los procesos sociales, políticos, comprometidos a descolonizar el pensamiento y las prácticas, a desmontar las opresiones que tiene que ver mucho con el poder y esos conceptos de democracia; creo que todos estamos en ese compromiso. El problema también pueden ser nuestras coherencias internas, entonces creo que hay muchas organizaciones de defensa territorial, de justicia, contra la corrupción, movimientos ecuménicos, feministas, medios alternativos, academia—que es muy poca la comprometida—y todas las diversidades que habemos de movimientos sociales y políticos que le apuntamos a un proceso emancipatorio, creo que cuando luchamos con ética y por construir una ética política, creo que todas y todos estamos en eso; sería muy difícil como perfilar.
AC: ¿Qué identifica como los actores menos comprometidos con el proceso de democratización en el país?
BC: El mismo Estado, el mismo gobierno, porque le interesa mantener ese ejercicio de poder y ese concepto de democracia que ya está gastado. Incluso está superado, la democracia tiene otros conceptos construidos por los mismos pueblos en lucha. Por ejemplo el ejercicio que se plantea en Bolivia, el ejercicio de la democracia no solo representativa, no solo participativa sino que decisiva, quienes impiden eso es el mismo Estado de Honduras, el mismo gobierno y sus instituciones, el mismo marco jurídico. Es todo una maquinaria ideológica, mediática, vuelvo a insistir en eso, en que no nos dejan tener un pensamiento crítico y seguimos en la colonización del pensamiento. Los medios son muy antidemocráticos. Toda la clase política de este país es la principal que frenan también esos ejercicios.
AC: ¿Cómo valora usted el efecto del golpe de Estado en relación a la democracia en el país?
BC: Creo que tiene varios efectos. Una es que institucionaliza la violación de derechos humanos, institucionaliza un hecho que tiene corte de dictadura, y que se impone con un poder que tiene intereses claros de impedir que la población hondureña tenga noción de lo que es ejercer un derecho y ejercer verdaderamente democracia. O sea, por lo menos ir empezando a hacerlo, porque tampoco la Cuarta Urna era totalmente la democracia. La democracia tiene muchos…, es toda la vida, en conjunto, en la colectividad, en la sociedad. También tiene que ver con que permitió que se asentara, uno de los efectos de ese hecho antidemocrático, que se asentara un proyecto de dominación que no solo ha llegado a los territorios, a los barrios, a las comunidades, sean urbano o rural, sino que se ha expandido y si está consolidando: ciudades modelo, Alianza para la Prosperidad, bases militares, todo el ofrecimiento en bandeja de plata a las transnacionales mineras de todo el territorio, la criminalización, de acabar con la oposición como sea, no importa a costa de qué. Todo ese proyecto de dominación se ha consolidado en Honduras.
Ese es un efecto, para mí, y que tiene que ver, otra vez, con el poder. Con ese concepto de poder construido desde el capitalismo, desde las dominaciones, muy patriarcal, muy racista. Y está allí chupándonos por todos lados, avanzando, y dieron un golpe de Estado, no para ceder nada. Como siempre dijimos desde el primer día: dieron el golpe de Estado no para ceder; o sea, ellos no están dispuestos a ceder nada, nada, nada. Hoy vivimos en un Estado y un gobierno también de dictadura, de corte dictatorial, que asesina, reprime, que no permite el pensamiento plural, la diversidad del ejercicio en la pluralidad, en la diversidad para mejorar las condiciones de este país, sino que todo lo contrario. El efecto es muy profundo y a largo plazo también y tiene que ver con hasta cómo nos han cambiado la vida como pueblo hondureño, pueblo más sometido, más humillado.
Pero que también conoció otro lado, como efecto, un gran sector de la población se le sacudió la conciencia también. Y creo que eso es importante. Otra, se empezó a idear otras formas de construcción de poder, otras formas de construcción de la vida democrática de un país. Y creo que ese también es efecto que no se puede negar, a pesar que haya sido un hecho lamentable, condenable.
AC: Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el aporte de los movimientos sociales y la sociedad civil al proceso de democratización en Honduras?
BC: Creo que es más lo que tenemos que hacer, es muy poco. Me parece que tenemos una gran debilidad en eso, tenemos como una deuda con este país como movimientos sociales y políticos, como movimiento popular. Porque regreso otra vez a la parte interna: ¿Cuáles son nuestros procesos democráticos?, ¿estamos desmontando adentro de nuestros movimientos? ¿Estamos desmontando, por ejemplo, esas prácticas de poder antiéticas?, ¿estamos permitiendo el flujo de una construcción creciente de democratización interna? sea con liderazgos, formación, debate, análisis, discusiones, autocríticas, crítica constructiva. ¿Estamos desmontando el patriarcado? que tiene ver con el poder y la antidemocracia, la injusticia, la inequidad. ¿Estamos desmontando el pensamiento y las prácticas racistas? mientras pensamos que son naturales; ¿qué estamos haciendo?
Para mí, primero tenemos que empezar por allí y, por supuesto, fortalecer hacia afuera, con un planteamiento muy fuerte. Pero son muy esporádicas y muy aisladas las voces que hace un planteamiento de democratización para este país, en el mismo movimiento social porque en el fondo hay otras discusiones también. Tal vez por eso también sea porque hay que ser justo, en las mismas discusiones la injusticia social, económica, en un sistema que se impone a costa del saqueo, de la colonización, de la muerte, de la represión, del asesinato. Entonces, discutir sobre la democratización es más que simplemente decir que se van a ir a elecciones con un partido nuevo, de corte progresista. Tiene que ver con la discusión del poder, y desde qué lógica, y tiene que ver con compromiso serio, con ética política.
AC: ¿Cómo caracterizaría los procesos electorales en Honduras?
BC: Un atraso. Son como un atraso, a pesar que hay nuevos actores partidarios, que eso es importante, no demerito eso, pero al mismo tiempo es un atraso porque el Estado, el gobierno, y los sectores de poder, han logrado metiendo a estos nuevos actores, como refrescarse, después del golpe de Estado que había quedado muy denigrado, muy desprestigiado a nivel mundial. Y, aunque la gente que está en estos partidos nuevos hace batallas interesantes, falta mucho por hacer. El proceso electoral en Honduras es una cosa más de una copia que en realidad no tiene mucho de democracia que ya se sabe que hay fraudes electorales, donde gana la ausencia de personas que votan, las abstención o gana el desinterés de la población, con un discurso muy gastado, un discurso detestable ya por la población y eso desmotiva mucho. Una maquinaria hecha para garantizar el estatus quo.
AC: A apropósito de los procesos electorales, ¿cómo valora el aporte de los partidos políticos al proceso de democratización?
BC: Bueno, hablaría de los partidos nuevos, que se les dicen. Creo que hacen esfuerzos, hacen algún esfuerzo por poner una voz distinta. Pero, en gran manera siguen con las mismas prácticas de la política partidaria conservadora, patriarcal. Además de eso, que no está permitiendo una visión, a largo plazo, sostenida, de lo que debe ser una construcción distinta de la democracia, del poder, sino que es muy inmediatista. Y creo que puede hacer luchas importantes que coincidan con las demandas y las causas sociales, pero todavía muy aislado, y también replican esa práctica, por ejemplo, en la utilización, en algunos casos, de las organizaciones sociales sólo para fines electorales, y creo que eso realmente hay que mejorarlo.
AC: Última pregunta. ¿Cuál es su balance sobre la participación ciudadana y la cultura política en la misma ciudadanía hondureña?
BC: Muy pobre, muy poco crítica, con muy poco análisis de la realidad, de la comprensión, de correctas lecturas de cómo se mueve y eso es debido a una marginación histórica, a un sometimiento, no es que seamos tontos o tontas, sino es que está bombardeada esa población con una maquinaria para que piense que todo está bien y el efecto que hace es que hay una poca participación ciudadana crítica y no está cuestionando los grandes problemas de este país con un análisis estructural, puede hacer análisis mediatos de las cosas que acontecen a diario en lo inmediato. Pero, de dónde las causas de eso, por ejemplo, la migración que es un fenómeno grandísimo en este país, el asesinato de niños y niñas; cómo se reparten, por ejemplo, el presupuesto nacional, creo que hay una falta ahí, de un vacío en la población para ser más crítica, más participativa. Y también que eso sea decisiva, yo vuelvo a eso, que sea decisiva porque que sea más participativa estamos lejos, pero decisiva todavía más. Entonces, creo que sí, ahí es donde los movimientos tenemos un desafío monumental.
AC: Muchas Gracias
BC: [riendo] Cheque
Adrienne Pine es antropóloga, autora de Sobrevivir Honduras y co-editora de Asylum For Sale: Profit and Protest in the Migration Industry. Trabaja como profesora en la American University, en Washington, DC.
Asís Castellanos es sociólogo, originario de La Moskitia hondureña, investigador del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Por Marvin Palacios
El próximo 2 de marzo se cumple un año del vil asesinato de la defensora de los bienes comunes del pueblo lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su determinación para defender los territorios ancestrales lencas en Honduras, la han convertido en un ícono inspirador de la lucha de los pueblos indígenas del mundo.
Su férrea oposición a los proyectos extractivos desarrollados por empresas transnacionales e inversionistas nacionales, la convirtió en un gran obstáculo para una clase política y empresarial ávida de sacar el mayor provecho posible, de los recursos naturales existentes en la zona occidental del país.
Mucho de lo que se ha escrito sobre Berta Cáceres, especialmente en el extranjero (con algunas notables excepciones), se ha centrado en sus identificaciones como indígena y ambientalista. Si bien ninguno de los dos es falso, esos dos hechos por sí solos pintan una imagen distorsionada y anémica de la militancia de Berta y la de COPINH. Y, si bien se organizó estratégicamente junto a su pueblo Lenca y a sus hermanas feministas, su lucha no se basó en la política identitaria per se, sino en su análisis de los legados sexistas y racistas de la violencia colonial y capitalista.
«Todo ese proyecto de dominación se ha consolidado en Honduras», dice Berta. «Ese es un efecto, para mí, y que tiene que ver, otra vez, con el poder. Con ese concepto de poder construido desde el capitalismo, desde las dominaciones, muy patriarcal, muy racista».
Asís Castellanos entrevistó a Berta en un mall de Tegucigalpa, el 27 de marzo de 2015, un mes antes de su famoso discurso de aceptación del Premio Goldman en el cual advirtió «¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!», y poco menos de un año antes que fuera asesinada en su casa por sicarios militares contratados por poderosos intereses oligárquicos cercanos a instituciones financieras internacionales.
Las preguntas de la presente entrevista estuvieron predeterminadas, ya que en esta ocasión Castellanos estaba trabajando como asistente de un investigador que necesitaba los datos para un estudio sobre «Movimientos sociales y democracia en Honduras». Siguió fielmente el guión de preguntas, con resultados que, años después, al transcribir y traducir la entrevista, y de conocer a Berta como lo hicimos, nos pareció gracioso.
Uno por uno, Berta brillantemente desmantela cada pregunta, demostrando las fallas analíticas subyacentes. En la respuesta global, Berta recoloca las preguntas, las reformula y propone poderosas y coherentes alternativas revolucionarias. A pesar de que las preguntas no logran reconocer su continua exposición magistral de las lógicas imperialistas de la narrativa de «democratización» en que se fundaban, Berta responde pacientemente a cada una de ellas, demostrando una y otra vez que no producirían nada más que resultados procapitalistas y proimperialistas si se contestara en sus propios términos.
En su lugar, Berta presenta ideas que son anatema para el marco teórico de la entrevista: ideas como la democracia decisiva, en la que los grupos involucrados en procesos democráticos tienen pleno poder soberano para decidir qué sucede en sus territorios, espacios y comunidades, en contraste con las lógicas electorales u otras prácticas acompañadas de narrativa «democrática» que permite a los agentes de la política electoral, las corporaciones y las instituciones financieras internacionales cumplir con el requisito de «consultar» a los pueblos antes de avanzar, según lo planeado, con el siguiente proyecto dañino.
La lógica en curso en el Norte liberal (a pesar de los recientes y poderosos ejemplos de los movimientos Standing Rock y #ShutDownCanada de Estados Unidos y Canadá, por nombrar solo un par de luchas geográficamente difíciles de pasar por alto) continúa sosteniéndose en mitos racistas que impiden la posibilidad de que las y los indígenas sean vistos desde fuera como intelectuales revolucionarios anticapitalistas, antiimperialistas y líderes de diversos movimientos. Ese buen salvajismo a su vez constriñe ideológicamente el liderazgo indígena a luchas como la de la defensa ecológica, que supuestamente surgen de identidades y «cosmovisiones» indígenas (cosmovisiones imaginadas desde el exterior como esencialistas y atemporales).
Berta rechazó esas lógicas, y se mantuvo firme en su convicción de que el liderazgo más eficaz no puede estar vinculado a un individuo o su ego, sino que debe ser fundamentalmente horizontal. Berta señala: «no comparto mucho esa construcción del concepto de democracia (…) para nosotros debería de ser el respeto de la dignidad humana, el derecho a la felicidad desde las colectividades. La democracia tiene que ser desde el ejercicio de un poder horizontal que se construye desde un pueblo, que tiene derecho a decidir, a ser determinante en su participación, no solo una presencia numérica, sino que determinante, debe ser decisiva y creo que tiene que ver mucho también con qué concepto de poder se juega cuando hablamos de democracia».
Las estrechas relaciones de Berta con las y los zapatistas y los movimientos indígenas anti jerárquicos en en el continente americano, así como sus colaboraciones con organizadores de tendencia anarquista no indígenas, fueron mutuamente beneficiosas y fundantes. Aunque su liderazgo, claridad y visión revolucionarios eran innegables (como lo demuestran sus palabras), su praxis política se centró en construir movimientos y coaliciones horizontales, radicalmente democráticas y de amplia base, capaces de enfrentar el poder asesino del capital y crear en su lugar un modelo profundamente diferente de organización social.
En lugar de un entierro, sus hijas e hijo y COPINH organizaron la siembra de Berta, a la que asistieron miles de hondureñas y hondureños en luto. En Honduras, dice el dicho, «sangre de mártires, semilla de libertad».
Cientos de otros revolucionarias y revolucionarios hondureños y defensores de la tierra menos conocidos también han sido asesinados desde el golpe de estado de 2009, incluidas decenas de activistas indígenas de COPINH y otras organizaciones junto a las cuales COPINH continúa luchando.
Solo en la pequeña comunidad tolupana de San Francisco de Locomapa, por ejemplo, 10 personas que se resistieron a los proyectos de tala y minería fueron asesinadas entre 2013 y 2019.
Mientras se escriben estas palabras, el paradero de cuatro hombres miembros de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, tres de los cuales son miembros de OFRANEH y reconocidos defensores de la tierra, aún se desconoce. Fueron secuestrados desde sus casas el sábado 18 de julio por hombres fuertemente armados vestidos de policía militar. Los miembros de la comunidad temen que sus nombres se agreguen a la larga lista de víctimas de la brutal represión del estado hondureño hacia el pueblo garífuna.
Berta y muchas y muchos compas más asesinadas desde el golpe de 2009 fueron blancos de ataque porque se negaron a ser callados por entidades y grupos del poder económico.
En el caso de Berta, su familia y el COPINH ha presentado fuerte pruebas que implican a la familia Atala Zablah, mayor accionista y miembro de la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA); además propietaria del Club Deportivo Motagua. Es más, Banco FICOHSA, propiedad de Camilo Atala Faraj, primo de los hermanos Atala Zablah, fue financiero clave del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA al cual se opuso el COPINH.
Desde el asesinato de Berta y a pesar de continuas amenazas al COPINH, la organización—cuya coordinadora general actual es su hija Bertha Zúñiga Cáceres—ha contiuado denunciando a la familia Atala Zablah y a Daniel Atala Midence entonces gerente financiero de DESA (hijo de José Eduardo Atala Zablah, accionista mayoritario de DESA) por la destrucción de las tierras y ríos ancestrales Lenca, y por su autoría intelectual en el asesinato de Berta coordinado con Roberto David Castillo Mejía, entonces presidente de DESA (#FaltanLosAtala).
Como parte de diversas tácticas que buscan contrarrestar la violencia del capital financiero contra sus comunidades, COPINH ha advertido a instituciones financieras internacionales no trabajar con Ficohsa. Su fuerza y valentía para oponerse a la familia Atala está acompañada por una diversidad de organizaciones y personas. Recientemente, en julio de 2020, la diputada María Luisa Borjas, quien fue despedida de su cargo como Comisionada de Policía en el 2002 por denunciar la participación de la policía en escuadrones de la muerte, fue declarada culpable de difamación, crimen que lleva una sentencia de dos años y ocho meses de cárcel, por señalar a Camilo Atala, presidente de Ficohsa, como el probable autor intelectual del asesinato de Berta.
Otra frase, originalmente atribuído al mártir aymara Tupac Katari, descuartizado por insurreccionista en el 1781, se popularizó luego del asesinato de Berta: «Volveré y seré millones». El alcance internacional del legado de Berta, luego de su siembra, ha sido una extraordinaria oportunidad para hacer crecer este movimiento de solidaridad. Pero Berta y tantos otros valientes mártires hondureñxs sembraron las semillas tanto en sus vidas como en sus muertes, al organizarse con la profunda convicción de construir una sociedad radicalmente democrática, anticapitalista y antiimperialista.
Habiendo conocido y amado a Berta como lo han hecho tantxs de nuestrxs amigxs y compañerxs, instamos a aquellxs lectores que no la conocieron personalmente a no idolatrar, esencializar o llorar a Berta porque sabemos que ella no lo querría. En cambio, podemos escuchar y aprender de sus propias palabras y seguir su ejemplo.
Junto a sus compañeras y compañeros en COPINH, Berta pasó su vida construyendo procesos democráticos y organizando luchas de coaliciones locales, regionales e internacionales. Berta nos dice: «Es imposible en el capitalismo ejercer democracia desde los pueblos, no se puede». Esta honesta afirmación no pretende ser desalentadora. Al contrario, es un llamado a unirse a la lucha para desmantelar el capitalismo y el imperio a través de la acción colectiva directa y militante, como el único camino verdadero hacia la soberanía, la democracia y la liberación.
Esta fue la segunda de dos entrevistas que realizó Castellanos con Berta, a quien conocía desde hace muchos años. La primera entrevista, realizada el 13 de junio de 2014, fue abierta, en ella Berta analiza el escenario político hondureño del momento. Pronto esperamos publicar la transcripción (y traducción al inglés) de esa entrevista mucho más extensa.
Asís Castellanos: Buenas tardes, primero, ¿sí podría presentarse y su responsabilidad dentro de COPINH?
Berta Cáceres: Berta Isabel Cáceres Flores y soy coordinadora general del COPINH.
AC: Y para empezar, nos podría resumir ¿cuáles son sus ideas acerca de la democracia?
BC: Bueno, primero le voy a decir que no comparto mucho esa construcción del concepto de democracia que fue una creación de los organismos financieros y de toda la crisis, bueno, de toda la segunda Guerra Mundial y vinieron con este concepto de democracia y desarrollo. También, ahora que es muy combinado con el tema de derechos humanos; desde una visión de las leyes occidentales, que al mismo tiempo restringen las mismas libertades y el mismo concepto de democracia que ellos impulsan. Y para nosotros debería de ser el respeto de la dignidad humana, el derecho a la felicidad desde las colectividades. La democracia tiene que ser desde el ejercicio de un poder horizontal que se construye desde un pueblo, que tiene derecho a decidir, a ser determinante en su participación, no solo una presencia numérica, sino que determinante, debe ser decisiva y creo que tiene que ver mucho también con qué concepto de poder se juega cuando hablamos de democracia.
El poder está muy relacionado con eso y actualmente lo que estamos viendo es un poder despótico que impone, que violenta. Entonces desde ese ejercicio del poder usted construye ese concepto de democracia; nosotros diferimos en eso y la democracia para nosotros debe de ser realmente todo el ejercicio pleno de los derechos y libertades con justicia que debe de aspirar un pueblo, un pueblo entero, no solo una familia.
AC: De la década del 80 al presente, ¿qué considera que son los avances democráticos?
BC: Mire, creo que solo han maquillado, porque de los ochentas para acá lo que vivimos es lo mismo; una imposición de políticas ajustes estructurales que lo han llamado modernización del Estado, que ha implicado que de un Estado con un corte bastante militar, muy retrasado, muy conservador, que se muestra así tal como eso, a modernizarse un poco en las palabras, en la tecnología. Pero implica entregar todos los bienes comunes y de la naturaleza, más militarización, nada más que de una manera más tecnificada, más estructurada, más planificada, tiene más financiamiento, tiene una vinculación total con toda la transnacionalización y las recetas de los organismos financieros con todo el capitalismo.
Entonces la democracia que vivimos para acá, para mí solo es un discurso de los políticos, cada cuatro años, y de gobiernos que entregan la soberanía, la identidad de este país, que destruyen sus identidades libertarias, que tienen una institucionalidad y un marco jurídico que lo han creado, lo han fortalecido, pero justamente para atender los intereses de los grandes capitales y de grupos de poder económico, político y militar; no así para el pueblo. Considero que más bien hay atrasos en comparación a los ochenta, aunque había una conflictividad armada en Centroamérica, yo creo que había elementos que todavía se respetaban. Pero ahora, el nivel de impunidad, si lo comparamos con ese entonces, y el nivel de impunidad, de injusticia social, de ese margen de todo el derecho, por ejemplo a la tierra, la concentración de la tierra, de territorios, de despojo, de saqueo, en comparación a lo que había en los ochenta, creo que hoy se hace de una manera realmente descarada y que la institucionalidad, el marco jurídico, las leyes, el derecho que se aplica en este país, está solo en función de eso, no de los pueblos. Entonces, para mi hay un atraso en lo que se dice democracia, que tiene que ver con otras cosas.
AC: A su juicio, ¿en qué ejes son los que menos avances democráticos se han tenido hasta el presente?
BC: Mire, yo creo que algo impresionante en este país es la injusticia económica. O sea, no puedo desprender de mi cabeza, desde toda la experiencia desde la democracia con el de los derechos económicos de los pueblos. Para mi es fundamental el derecho económico. Y en este país, y son en los últimos estudios la brecha de desigualdades por injusticia económica, es gravísimo en Honduras. El otro es el acceso a la justicia, el acceso a la tierra y territorios, a gozar de una vida plena, con dignidad, de parte de los pueblos, se ha minimizado totalmente, y con una creciente militarización, no solo hondureña, sino de ocupación militar de Estados Unidos, que no solo es con más bases militares como se mira en Honduras, sino que con una política de réplica de los años ochenta, pero de manera más aguda, desde la colombianización, desde ponernos como un Estado que aparenta ser fallido como en México, para más intervencionismo, el asesinato de jóvenes en este país.
Es muy difícil como hacer una selección de cosas que donde se represente más. Pero la violación de derechos humanos y el nulo acceso del pueblo hondureño a ejercer poder como soberano, porque dice la constitución que el soberano es el pueblo, y que cuando ha querido hacer ejercicio de ese poder; por ejemplo, con contestar una pregunta en una consulta, cualquiera, se dieron un golpe de Estado. A mí me parece que seguimos siendo un laboratorio para, de un ensañamiento con los pueblos. Y creo que así vamos a seguir por un buen rato y me parece que se va a agravar.
AC: ¿Cuáles son los principales obstáculos que evitan la democratización del país?
BC: Bueno, para mí es el sistema, el sistema en que vivimos. Es imposible en el capitalismo ejercer democracia desde los pueblos, no se puede. Se puede hacer luchas para avanzar, para construir. Creo que un gran obstáculo es que hay un propósito diseñado para que no sea así; grupos de poder como los que mencionaba, 25 familias poderosas de este país, las transnacionales mineras, energéticas, el tema de la privatización, de los organismos financieros, de darle más poder a los militares. Creo que todo eso, más todo lo que se ha tejido con el marco jurídico con el TLC y todo eso de la criminalización. Por ejemplo, el que se criminalice a los defensores y defensoras, que se criminalice a quienes defendemos los territorios, en leyes establecidas como que somos terroristas. Creo que eso es un gran desafío.
Pero también hasta de nuestro lado, como movimientos sociales, también tenemos desafíos, pienso que nosotros tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos, los procesos de democratización interna de los movimientos sociales para ir teniendo y construyendo esa coherencia. Y creo que si es posible construir los espacios de democratización interna, con nuevas prácticas, con éticas políticas que reflejen realmente principios profundamente humanos, revolucionario, refundacionales, indígena, feministas, ambientalistas, como le queramos llamar, pero que dignifiquen la sociedad hondureña y nos dignifiquen como seres humanos.
Entonces un gran obstáculo es que vivimos en injusticia y que la gente no cree que no es posible la democracia, el ejercicio de procesos de democratización, porque hay una gran desesperanza también. Y hay una gran guerra ideológica, mediática, aplastante que a la gente le hacen creer que por tener un buen televisor, un buen celular, porque podemos venir aquí al mall, porque puede ir a Miami, de vez en cuando, la clase media a pasear, que eso ya es democracia. Entonces, el concepto, la falta de una conciencia crítica sobre eso también es un obstáculo.
AC: ¿Quiénes son los actores más comprometidos con la democratización de la democracia hondureña?
BC: Creo que cuando ejercemos cualquier derecho y luchamos por los derechos por la vida, por construir otras lógicas de poder, todas y todos los que estamos en esa apuesta, para mí estamos comprometidos. Todos los procesos sociales, políticos, comprometidos a descolonizar el pensamiento y las prácticas, a desmontar las opresiones que tiene que ver mucho con el poder y esos conceptos de democracia; creo que todos estamos en ese compromiso. El problema también pueden ser nuestras coherencias internas, entonces creo que hay muchas organizaciones de defensa territorial, de justicia, contra la corrupción, movimientos ecuménicos, feministas, medios alternativos, academia—que es muy poca la comprometida—y todas las diversidades que habemos de movimientos sociales y políticos que le apuntamos a un proceso emancipatorio, creo que cuando luchamos con ética y por construir una ética política, creo que todas y todos estamos en eso; sería muy difícil como perfilar.
AC: ¿Qué identifica como los actores menos comprometidos con el proceso de democratización en el país?
BC: El mismo Estado, el mismo gobierno, porque le interesa mantener ese ejercicio de poder y ese concepto de democracia que ya está gastado. Incluso está superado, la democracia tiene otros conceptos construidos por los mismos pueblos en lucha. Por ejemplo el ejercicio que se plantea en Bolivia, el ejercicio de la democracia no solo representativa, no solo participativa sino que decisiva, quienes impiden eso es el mismo Estado de Honduras, el mismo gobierno y sus instituciones, el mismo marco jurídico. Es todo una maquinaria ideológica, mediática, vuelvo a insistir en eso, en que no nos dejan tener un pensamiento crítico y seguimos en la colonización del pensamiento. Los medios son muy antidemocráticos. Toda la clase política de este país es la principal que frenan también esos ejercicios.
AC: ¿Cómo valora usted el efecto del golpe de Estado en relación a la democracia en el país?
BC: Creo que tiene varios efectos. Una es que institucionaliza la violación de derechos humanos, institucionaliza un hecho que tiene corte de dictadura, y que se impone con un poder que tiene intereses claros de impedir que la población hondureña tenga noción de lo que es ejercer un derecho y ejercer verdaderamente democracia. O sea, por lo menos ir empezando a hacerlo, porque tampoco la Cuarta Urna era totalmente la democracia. La democracia tiene muchos…, es toda la vida, en conjunto, en la colectividad, en la sociedad. También tiene que ver con que permitió que se asentara, uno de los efectos de ese hecho antidemocrático, que se asentara un proyecto de dominación que no solo ha llegado a los territorios, a los barrios, a las comunidades, sean urbano o rural, sino que se ha expandido y si está consolidando: ciudades modelo, Alianza para la Prosperidad, bases militares, todo el ofrecimiento en bandeja de plata a las transnacionales mineras de todo el territorio, la criminalización, de acabar con la oposición como sea, no importa a costa de qué. Todo ese proyecto de dominación se ha consolidado en Honduras.
Ese es un efecto, para mí, y que tiene que ver, otra vez, con el poder. Con ese concepto de poder construido desde el capitalismo, desde las dominaciones, muy patriarcal, muy racista. Y está allí chupándonos por todos lados, avanzando, y dieron un golpe de Estado, no para ceder nada. Como siempre dijimos desde el primer día: dieron el golpe de Estado no para ceder; o sea, ellos no están dispuestos a ceder nada, nada, nada. Hoy vivimos en un Estado y un gobierno también de dictadura, de corte dictatorial, que asesina, reprime, que no permite el pensamiento plural, la diversidad del ejercicio en la pluralidad, en la diversidad para mejorar las condiciones de este país, sino que todo lo contrario. El efecto es muy profundo y a largo plazo también y tiene que ver con hasta cómo nos han cambiado la vida como pueblo hondureño, pueblo más sometido, más humillado.
Pero que también conoció otro lado, como efecto, un gran sector de la población se le sacudió la conciencia también. Y creo que eso es importante. Otra, se empezó a idear otras formas de construcción de poder, otras formas de construcción de la vida democrática de un país. Y creo que ese también es efecto que no se puede negar, a pesar que haya sido un hecho lamentable, condenable.
AC: Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el aporte de los movimientos sociales y la sociedad civil al proceso de democratización en Honduras?
BC: Creo que es más lo que tenemos que hacer, es muy poco. Me parece que tenemos una gran debilidad en eso, tenemos como una deuda con este país como movimientos sociales y políticos, como movimiento popular. Porque regreso otra vez a la parte interna: ¿Cuáles son nuestros procesos democráticos?, ¿estamos desmontando adentro de nuestros movimientos? ¿Estamos desmontando, por ejemplo, esas prácticas de poder antiéticas?, ¿estamos permitiendo el flujo de una construcción creciente de democratización interna? sea con liderazgos, formación, debate, análisis, discusiones, autocríticas, crítica constructiva. ¿Estamos desmontando el patriarcado? que tiene ver con el poder y la antidemocracia, la injusticia, la inequidad. ¿Estamos desmontando el pensamiento y las prácticas racistas? mientras pensamos que son naturales; ¿qué estamos haciendo?
Para mí, primero tenemos que empezar por allí y, por supuesto, fortalecer hacia afuera, con un planteamiento muy fuerte. Pero son muy esporádicas y muy aisladas las voces que hace un planteamiento de democratización para este país, en el mismo movimiento social porque en el fondo hay otras discusiones también. Tal vez por eso también sea porque hay que ser justo, en las mismas discusiones la injusticia social, económica, en un sistema que se impone a costa del saqueo, de la colonización, de la muerte, de la represión, del asesinato. Entonces, discutir sobre la democratización es más que simplemente decir que se van a ir a elecciones con un partido nuevo, de corte progresista. Tiene que ver con la discusión del poder, y desde qué lógica, y tiene que ver con compromiso serio, con ética política.
AC: ¿Cómo caracterizaría los procesos electorales en Honduras?
BC: Un atraso. Son como un atraso, a pesar que hay nuevos actores partidarios, que eso es importante, no demerito eso, pero al mismo tiempo es un atraso porque el Estado, el gobierno, y los sectores de poder, han logrado metiendo a estos nuevos actores, como refrescarse, después del golpe de Estado que había quedado muy denigrado, muy desprestigiado a nivel mundial. Y, aunque la gente que está en estos partidos nuevos hace batallas interesantes, falta mucho por hacer. El proceso electoral en Honduras es una cosa más de una copia que en realidad no tiene mucho de democracia que ya se sabe que hay fraudes electorales, donde gana la ausencia de personas que votan, las abstención o gana el desinterés de la población, con un discurso muy gastado, un discurso detestable ya por la población y eso desmotiva mucho. Una maquinaria hecha para garantizar el estatus quo.
AC: A apropósito de los procesos electorales, ¿cómo valora el aporte de los partidos políticos al proceso de democratización?
BC: Bueno, hablaría de los partidos nuevos, que se les dicen. Creo que hacen esfuerzos, hacen algún esfuerzo por poner una voz distinta. Pero, en gran manera siguen con las mismas prácticas de la política partidaria conservadora, patriarcal. Además de eso, que no está permitiendo una visión, a largo plazo, sostenida, de lo que debe ser una construcción distinta de la democracia, del poder, sino que es muy inmediatista. Y creo que puede hacer luchas importantes que coincidan con las demandas y las causas sociales, pero todavía muy aislado, y también replican esa práctica, por ejemplo, en la utilización, en algunos casos, de las organizaciones sociales sólo para fines electorales, y creo que eso realmente hay que mejorarlo.
AC: Última pregunta. ¿Cuál es su balance sobre la participación ciudadana y la cultura política en la misma ciudadanía hondureña?
BC: Muy pobre, muy poco crítica, con muy poco análisis de la realidad, de la comprensión, de correctas lecturas de cómo se mueve y eso es debido a una marginación histórica, a un sometimiento, no es que seamos tontos o tontas, sino es que está bombardeada esa población con una maquinaria para que piense que todo está bien y el efecto que hace es que hay una poca participación ciudadana crítica y no está cuestionando los grandes problemas de este país con un análisis estructural, puede hacer análisis mediatos de las cosas que acontecen a diario en lo inmediato. Pero, de dónde las causas de eso, por ejemplo, la migración que es un fenómeno grandísimo en este país, el asesinato de niños y niñas; cómo se reparten, por ejemplo, el presupuesto nacional, creo que hay una falta ahí, de un vacío en la población para ser más crítica, más participativa. Y también que eso sea decisiva, yo vuelvo a eso, que sea decisiva porque que sea más participativa estamos lejos, pero decisiva todavía más. Entonces, creo que sí, ahí es donde los movimientos tenemos un desafío monumental.
AC: Muchas Gracias
BC: [riendo] Cheque
Adrienne Pine es antropóloga, autora de Sobrevivir Honduras y co-editora de Asylum For Sale: Profit and Protest in the Migration Industry. Trabaja como profesora en la American University, en Washington, DC.
Asís Castellanos es sociólogo, originario de La Moskitia hondureña, investigador del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Berta Cáceres la figura emblemática de la lucha de los pueblos por sus territorios
Berta Cáceres/ Foto de archivo
Tegucigalpa.Por Marvin Palacios
El próximo 2 de marzo se cumple un año del vil asesinato de la defensora de los bienes comunes del pueblo lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su determinación para defender los territorios ancestrales lencas en Honduras, la han convertido en un ícono inspirador de la lucha de los pueblos indígenas del mundo.
Su férrea oposición a los proyectos extractivos desarrollados por empresas transnacionales e inversionistas nacionales, la convirtió en un gran obstáculo para una clase política y empresarial ávida de sacar el mayor provecho posible, de los recursos naturales existentes en la zona occidental del país.
Hidroeléctrica
Agua Zarca se conforma, además por una toma de agua derivada del Río
Gualcarque, mediante canales de conducción que transportarán el agua
hacia las turbinas para la generación de energía
El 2 de marzo de 2016, en el marco del lanzamiento de la Campaña
“Defensoras de la Madre Tierra”, que impulsan 29 organizaciones
campesinas, indígenas, garífunas, feministas y defensoras de derechos
humanos, la señora Austraberta Flores madre de la dirigenta indígena
lenca Berta Isabel Cáceres Flores, presentó una petición a los
parlamentarios Yuri Sabas y Yadira Bendaña, para que el Congreso
Nacional discutiera y aprobara la cancelación del permiso de operaciones
del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la Empresa
Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por las implicaciones
que tuvieron empleados de dicha compañía en la muerte de la reconocida
ambientalista.
A casi un año de este evento, la petición no ha tenido respuesta alguna por parte los parlamentarios y parlamentarias.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en aquella oportunidad que los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que declarar una ofensiva a favor de la vida y a favor de las libertades y de los bienes comunes.
“Es necesario entrar con propuestas donde se toman las decisiones, porque nosotras necesitamos que se legisle para el cierre definitivo de DESA, que se declare como proyecto de muerte, eso necesitamos; no necesitamos la suspensión temporal, sino el cierre de dicha empresa; y necesitamos que se llegue al final y que se investigue a los autores intelectuales, y lo demandamos con fuerza y sin miedo”, sostuvo Oliva.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas
La campaña “Defensoras de la Tierra” demanda la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de desarrollar una consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos y de generación de energía renovable.
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras destinadas para dichos proyectos, está afectando los medios de vida de las mujeres, porque los territorios, son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas; y está comprobado que éstos proyectos, no generan desarrollo social, por el contrario, están provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas.
La instalación de mega-proyectos de explotación y extracción en territorios de pueblos originarios y otros que tienen siglos de poseer las tierras en Honduras, afectan la economía de miles de familias, afectan la diversidad cultural y el medio ambiente y la paz social en las comunidades.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
En una serie de entrevistas concedidas en 2013 por parte de Berta Isabel Cáceres Flores al periódico digital www.defensoresenlinea.com y al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la ambientalista afirmó que la persecución no solamente era contra ella y la dirigencia del COPINH, sino contra todo el pueblo lenca en resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
“Queremos denunciar la situación grave y preocupante de Río Blanco, cuando la empresa DESA y la policía han puesto un grupo de empleados de la empresa DESA a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en una supuesta toma que más bien es, como una acción digo yo; de un estado de sitio, hecho con prácticas paramilitares y con colaboración de la policía, donde por un lado se le restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas y por otro lado se ha detenido a delegaciones internacionales que van con todo el tema de la observación de derechos humanos”, comentaba la dirigenta del COPINH.
A casi un año de este evento, la petición no ha tenido respuesta alguna por parte los parlamentarios y parlamentarias.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en aquella oportunidad que los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que declarar una ofensiva a favor de la vida y a favor de las libertades y de los bienes comunes.
“Es necesario entrar con propuestas donde se toman las decisiones, porque nosotras necesitamos que se legisle para el cierre definitivo de DESA, que se declare como proyecto de muerte, eso necesitamos; no necesitamos la suspensión temporal, sino el cierre de dicha empresa; y necesitamos que se llegue al final y que se investigue a los autores intelectuales, y lo demandamos con fuerza y sin miedo”, sostuvo Oliva.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas
La campaña “Defensoras de la Tierra” demanda la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de desarrollar una consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos y de generación de energía renovable.
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras destinadas para dichos proyectos, está afectando los medios de vida de las mujeres, porque los territorios, son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas; y está comprobado que éstos proyectos, no generan desarrollo social, por el contrario, están provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas.
La instalación de mega-proyectos de explotación y extracción en territorios de pueblos originarios y otros que tienen siglos de poseer las tierras en Honduras, afectan la economía de miles de familias, afectan la diversidad cultural y el medio ambiente y la paz social en las comunidades.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
En una serie de entrevistas concedidas en 2013 por parte de Berta Isabel Cáceres Flores al periódico digital www.defensoresenlinea.com y al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la ambientalista afirmó que la persecución no solamente era contra ella y la dirigencia del COPINH, sino contra todo el pueblo lenca en resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
“Queremos denunciar la situación grave y preocupante de Río Blanco, cuando la empresa DESA y la policía han puesto un grupo de empleados de la empresa DESA a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en una supuesta toma que más bien es, como una acción digo yo; de un estado de sitio, hecho con prácticas paramilitares y con colaboración de la policía, donde por un lado se le restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas y por otro lado se ha detenido a delegaciones internacionales que van con todo el tema de la observación de derechos humanos”, comentaba la dirigenta del COPINH.
Detenidos por asesinato de Berta Cáceres
En otra entrevista, brindada ese mismo año, Berta Isabel aseguraba
que su lucha había generado una actitud agresiva por parte de los que
ella llamó: “los grupos de poder”, donde el Gobierno y las distintas
secretarías de estado y el poder legislativo, están confabulados y son
parte, el Congreso Nacional al dar esa concesión y por supuesto el
Ejecutivo; al ordenar la agresión de los derechos del pueblo lenca”.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se ubica a unos 9 kilómetros al sureste de la comunidad de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El 30 de septiembre de 2016, el expediente de Berta Isabel Cáceres Flores fue robado en un caso insólito para el poder judicial hondureño. En un hecho sin precedentes y vergonzoso para el Poder Judicial, un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en que se conducía la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, quien portaba en el baúl de su automotor el expediente de la ambientalista.
Los individuos le robaron el vehículo a la togada en las inmediaciones de la colonia Humuya, donde fue interceptada.
La magistrada Ramos habría dicho a los medios de comunicación, que cuatro hombres le atravesaron el vehículo en el que se conducía y que posteriormente le apuntaron con armas de fuego para despojarla de su automóvil. Ahora los tribunales solo cuentan con las copias del expediente robado y las investigaciones han sido declaradas en secretividad.
En octubre de 2016, doña AustraBerta Flores, madre de Berta Isabel, en una carta pública distribuida a nivel mundial y dirigida a F.M.O (Banco De Desarrollo Holandés) BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) FIND FUUND (Fondo de Inversión Finlandés) VOITH HYDRO (Empresa Alemana Suministradora) y otros organismos que han financiado a la empresa de Desarrollos Energéticos SA (DESA), les manifiesta que han estado financiando en Honduras proyectos de muerte.
“Ustedes han financiado un proyecto de muerte “El proyecto Agua Zarca” impuesto por DESA a costa de desalojo, sangre, dolor y luto de mi familia y del pueblo Lenca, por lo tanto, deben responder por su apoyo financiero y logístico a esas empresas llamadas de muerte y corrupción”, subrayó la madre de la ambientalista asesinada.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se ubica a unos 9 kilómetros al sureste de la comunidad de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El 30 de septiembre de 2016, el expediente de Berta Isabel Cáceres Flores fue robado en un caso insólito para el poder judicial hondureño. En un hecho sin precedentes y vergonzoso para el Poder Judicial, un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en que se conducía la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, quien portaba en el baúl de su automotor el expediente de la ambientalista.
Los individuos le robaron el vehículo a la togada en las inmediaciones de la colonia Humuya, donde fue interceptada.
La magistrada Ramos habría dicho a los medios de comunicación, que cuatro hombres le atravesaron el vehículo en el que se conducía y que posteriormente le apuntaron con armas de fuego para despojarla de su automóvil. Ahora los tribunales solo cuentan con las copias del expediente robado y las investigaciones han sido declaradas en secretividad.
En octubre de 2016, doña AustraBerta Flores, madre de Berta Isabel, en una carta pública distribuida a nivel mundial y dirigida a F.M.O (Banco De Desarrollo Holandés) BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) FIND FUUND (Fondo de Inversión Finlandés) VOITH HYDRO (Empresa Alemana Suministradora) y otros organismos que han financiado a la empresa de Desarrollos Energéticos SA (DESA), les manifiesta que han estado financiando en Honduras proyectos de muerte.
“Ustedes han financiado un proyecto de muerte “El proyecto Agua Zarca” impuesto por DESA a costa de desalojo, sangre, dolor y luto de mi familia y del pueblo Lenca, por lo tanto, deben responder por su apoyo financiero y logístico a esas empresas llamadas de muerte y corrupción”, subrayó la madre de la ambientalista asesinada.
Austra Berta Flores
En otro apartado de la carta, doña AustraBerta afirma que el proyecto
ha estado siendo apoyado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a
través del Primer Batallón de Ingenieros.
“Por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa de muerte en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público”, sostuvo doña AustraBerta Flores.
Por su parte y durante el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres vive”, desarrollado en abril de 2016 en esta capital, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, cariñosamente conocido como “Padre Melo” expuso el perfil y la lucha de Berta Cáceres como elemento inspirador de los pueblos.
En aquella oportunidad, el padre Melo consultado en torno a los aspectos que conllevan a señalar a Berta Cáceres como una figura emblemática para los pueblos, señaló que esto se encierra en lo que él llamó el trinomio Bertiano, que consiste en un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista.
“Este fue un pensamiento que apasionó a Berta Cáceres y en segundo lugar fue su método, porque Berta Cáceres estuvo inserta en la realidad del pueblo lenca, en el COPINH. Así que Berta tuvo metodológicamente, por esa manera de sacar al COPINH y su trabajo para articularse con diversos sectores nacionales, con sectores mesoamericanos, con sectores continentales y planetarios, es decir es un método que partiendo de lo local; se vuelve planetario. Ese método de Berta unido con su pensamiento trinómico la llevó a que se convirtiera sin duda alguna, en la mujer con el liderazgo de mayor reconocimiento y con trascendencia mundial”, explicó el padre Melo.
Ese reconocimiento mundial manifestado hacia Berta Cáceres la condujo en 2012 a recibir el premio Shalom otorgado en Alemania, en 2014 fue finalista del premio Front Line Defenders de Irlanda y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio denominado el “Nobel Verde” que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente
La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, ubicada en La Esperanza, Intibucá, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, invitado especial del COPINH para disertar sobre el tema.
Los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza para cometer el crimen, posteriormente Castro escuchó cuando Berta preguntó: ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Gustavo Castro.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez,el capitán en situación de retiro Edison Atilo Duarte, así como su hermano Emerson Eusebio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana, el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez, y el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México . Con ellos ya son 8 los procesados judicialmente en este caso.
“Mi hija tenía razón cuando denunció e intentó revertir esta situación, por eso el 2 de marzo con su muerte física, Honduras volvió a verse a través de un espejo durante esa noche interminable, el país dejó su constante anonimato y se desnudó ante nosotros y ante el mundo entero, apuntó la ex alcaldesa de La Esperanza, Intibucá y madre de la ambientalista, AustraBerta Flores.
“Por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa de muerte en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público”, sostuvo doña AustraBerta Flores.
Por su parte y durante el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres vive”, desarrollado en abril de 2016 en esta capital, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, cariñosamente conocido como “Padre Melo” expuso el perfil y la lucha de Berta Cáceres como elemento inspirador de los pueblos.
En aquella oportunidad, el padre Melo consultado en torno a los aspectos que conllevan a señalar a Berta Cáceres como una figura emblemática para los pueblos, señaló que esto se encierra en lo que él llamó el trinomio Bertiano, que consiste en un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista.
“Este fue un pensamiento que apasionó a Berta Cáceres y en segundo lugar fue su método, porque Berta Cáceres estuvo inserta en la realidad del pueblo lenca, en el COPINH. Así que Berta tuvo metodológicamente, por esa manera de sacar al COPINH y su trabajo para articularse con diversos sectores nacionales, con sectores mesoamericanos, con sectores continentales y planetarios, es decir es un método que partiendo de lo local; se vuelve planetario. Ese método de Berta unido con su pensamiento trinómico la llevó a que se convirtiera sin duda alguna, en la mujer con el liderazgo de mayor reconocimiento y con trascendencia mundial”, explicó el padre Melo.
Ese reconocimiento mundial manifestado hacia Berta Cáceres la condujo en 2012 a recibir el premio Shalom otorgado en Alemania, en 2014 fue finalista del premio Front Line Defenders de Irlanda y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio denominado el “Nobel Verde” que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente
La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, ubicada en La Esperanza, Intibucá, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, invitado especial del COPINH para disertar sobre el tema.
Los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza para cometer el crimen, posteriormente Castro escuchó cuando Berta preguntó: ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Gustavo Castro.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez,el capitán en situación de retiro Edison Atilo Duarte, así como su hermano Emerson Eusebio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana, el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez, y el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México . Con ellos ya son 8 los procesados judicialmente en este caso.
“Mi hija tenía razón cuando denunció e intentó revertir esta situación, por eso el 2 de marzo con su muerte física, Honduras volvió a verse a través de un espejo durante esa noche interminable, el país dejó su constante anonimato y se desnudó ante nosotros y ante el mundo entero, apuntó la ex alcaldesa de La Esperanza, Intibucá y madre de la ambientalista, AustraBerta Flores.
Velatón por la memoria y justicia para Berta
28/08/2020
COPINH
Este 2 de Septiembre del 2020, acompáñenos, encendiendo una candela para nuestra compañera Berta, son 54 meses en los que seguimos exigiendo justicia.
Te invitamos a compartir de música, poesía, cuentos por la memoria y justicia para Berta.
Una vela por la justicia, una vela por las ancestras y ancestros que habitan en los ríos y moran en las montañas, una candela por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza
FBLive: Copinh Intibucá y en Youtube Comunicación COPINH
pasosdeanimalgrande.com/index.
Causa Berta Cáceres.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando era presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández creó en septiembre de 2010 la Comisión de Alianzas Público Privadas (Coalianza), bajo el pretexto de que sería una instancia de inversión a largo plazo donde el reparto de los riesgos y el desarrollo de relaciones innovadoras estarían compartidos entre el sector público y el privado. Sin embargo, los hechos demuestran que Hernández ha acrecentado la fortuna de sus allegados en detrimento de la mayoría empobrecida. El caso más reciente es la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde una vez más el gobierno con el dinero del pueblo hondureño, actúa como benefactor de nuevos empresarios.
NOTA DE INTERÉS: ¡EXCLUSIVA! / PALMEROLA, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTAFA PARA HONDURAS
Y como lo ha advertido este rotativo, este caso puede representar para el país una pérdida por el orden de los 125 millones de dólares, es decir unos 3,065 millones de lempiras al cambio actual. La concesión del aeropuerto de Palmerola (a 57 kilómetros al norte de la capital hondureña y donde funciona una base militar estadounidense), fue otorgada en 2015 a Inversiones Emco S.A., empresa constituida en 2011 y propiedad de los esposos Lenir Alexander Pérez y Ana Isabel Facussé; y al operador internacional Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss.
Para la administración de Palmerola, Lenir Pérez, personaje sin estirpe familiar en empresas o de conocida riqueza histórica, y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjum, conocido en el mundo por las masacres de campesinos en el Bajo Aguán, crearon Palmerola International Airport (PIA) en enero de 2016, como lo ha constatado EL LIBERTADOR en el documento de constitución de la empresa, mediante la matrícula 2549253 del registro mercantil de Tegucigalpa, del 14 de enero de 2016.
Al respecto, el análisis jurídico realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), titulado “Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola”, afirma que esa organización de veeduría social ha logrado constatar irregularidades en disposiciones y cláusulas del contrato, que desde cualquier óptica, “se interpretan como un listado de beneficios que vendrían a favorecer únicamente al concesionario PIA, afectándose claramente los intereses del Estado de Honduras”.
Una vez publicado este decreto –prosigue el CNA– se torna en ley, originando el aspecto sobre la validez legal, donde el Estado de Honduras asume su rol de concedente, aceptando tácitamente diversas condiciones que resultan desfavorables para el país.
A partir de esta situación, puede considerarse la apariencia de un marco de legalidad, no obstante, eso no limita al CNA a verter sus respectivas valoraciones, ya que desde el hemiciclo legislativo se dio vida a un contrato, el cual está disfrazado con esperanza y futuro para la nación, pero que pone en riesgo el erario, ya que lo sirve en bandeja de plata a los inversionistas de este proyecto, que al fin y al cabo, son comerciantes que viven de los negocios netamente lucrativos, y ¿A cuenta de qué el dinero de los hondureños va representar la mayor cantidad de la inversión privada? Cuando hay necesidades sociales en áreas que si utiliza la mayoría de la población, entre otras educación, salud e inversión en pequeñas y medianas empresas.
Así, Hernández ha beneficiado una vez más a sus allegados, en este caso a Lenir Pérez y a Ana Facussé, al concederles un contrato donde el Estado de Honduras está invirtiendo 125 millones de dólares (casi 3,065 millones de lempiras( versus los 87 millones de dólares (2,133 millones de lempiras) por parte del matrimonio Pérez Facussé, que se quedarán con el 69.4 por ciento de las ganancias generadas por la terminal aérea, además, el riesgo es mayor en vista que Pérez ahora alega que tendrán pérdidas de operación, pese a que tienen un año de retraso y ni siquiera están funcionando, por lo que ha pedido que le concedan 51 millones de dólares más (1,250 millones de lempiras), es decir que en total el pueblo hondureño podría perder 4,315 millones de lempiras.
Más de 42 empresas maquiladoras del departamento de Cortés, al norte
de Honduras, están despidiendo a obreras en estado de embarazo o con
diagnósticos médicos por enfermedades ocupaciones, denunció en Radio
Progreso, la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas
Codemuh, María Luisa Regalado.
Desde que comenzó la crisis por la pandemia del Covid-19 en Honduras, los obreros y obreras han sido suspendidos por segunda ocasión sin goce de salario. Entre las trabajadoras afectadas se encuentran embarazas a punto de parir según la denuncia de la Codemuh.
“Desde que el gobierno puso la cuarentena las despacharon, supuestamente durante cuatro meses, pero cuando autorizaron la extensión del tiempo surgió un comunicado de la empresa, que les suspendía el contrato por cuatro meses más, sin goce de salario”, dice la denuncia de la Codemuh.
María Luisa Regalado sostiene que todas esas violaciones a los derechos humanos tienen el beneplácito de la Secretaria del Trabajo a cargo del ministro Carlos Madero, quien se ha hecho el sordo ante los reclamos de la clase trabajadora.
Tegucigalpa.-Desde su comunidad en El Suyatal, municipio de Cedros, a 66 kilómetros al norte del Distrito Central en la capital de Honduras, Luis Raudales, migrante retornado, confinado entre una realidad económica con horizonte desalentador, espera ansiosamente volver a emprender su segunda travesía migratoria que lo coloque finalmente en los Estados Unidos.
Las fuentes de trabajo son escasas en Cedros, municipio con una población donde—según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la principal actividad laboral es la agricultura y ganadería representando un 69 %. Y en los últimos años el rubro de la agricultura, que para los pobladores de El Suyatal fue la principal fuente de supervivencia, ha ido decayendo a causa de la inestabilidad climática. Cada año, los veranos son más fuertes y los temporales de lluvia más escasos, dice Luis.
Luis
sigue firme en su propósito de migrar porque en su pueblo no hay
oportunidades de sobrevivencia. Sus estudios quedaron varados hasta
noveno año porque su madre, quien es la jefa de familia, no pudo
sostener dicha carga económica.
A pesar de la dificultad para encontrar una fuente de subsistencia, Luis se las ingenia para sobrevivir. Al igual que antes de emprender su primer intento por cruzar la frontera estadunidense, actualmente subsiste gracias a pequeños trabajos que realiza en parcelas de tierra prestando su fuerza laboral a productores de su comunidad en el cultivo de maíz o fríjoles.
Pero en la mayoría de los casos los ingresos se vuelven insuficientes, comenta Luis, para quien eso le afirma la idea de volver a emprender la ruta migratoria sin importar los peligros que ya sufrió en su primer intento. “Al día se gana 120 lempiras (unos $ 4.83) que al final de la semana son como 600 (unos $ 24.14)”, dice. Luis es contratado por pequeños productores, ya que su familia no tiene el privilegio de contar con tierras.
Aunque anteriormente ha buscado otras oportunidades de ingresos tratando de encontrar un mejor empleo, no ha tenido éxito. Así, a medida que transcurre los días en la comunidad de El Suyatal, la posibilidad de encontrar una fuente de trabajo se diluye. Con todo esto, abriga el sueño de un mañana mejor, convencido de volver a retomar su segunda travesía migratoria, inmediatamente las autoridades hondureñas suspendan las restricciones de movilidad una vez controlada la crisis sanitaria. “Quiero llegar, buscar un trabajo y mandar dinero para mi familia porque aquí en Honduras no se encuentra trabajo y se pasa hambre”, afirma. Luis, quien fue deportado el pasado mes de mayo procedente de México.
Al bajar del avión en el aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa, fue trasladado hasta un centro de triaje en el centro deportivo de la Villa Olímpica, donde tuvo que cumplir una cuarentena de 14 días. Hasta despejar cualquier indicio de contagio fue autorizada se salida. Pero, al llegar a su pueblo también fue sometido a cumplir el mismo protocolo sanitario. Y ahora aguarda el día esperando que “todo esto de la pandemia termine” para volver a emprender el viaje hacia el norte.
Te invitamos a compartir de música, poesía, cuentos por la memoria y justicia para Berta.
Una vela por la justicia, una vela por las ancestras y ancestros que habitan en los ríos y moran en las montañas, una candela por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza
FBLive: Copinh Intibucá y en Youtube Comunicación COPINH
Honduras. Continúa la impunidad en el caso Berta Cáceres
Por COPINH
Publicado el Ago 21, 2020
Hijas
e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del
conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente
acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso
contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
- Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
- El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
- Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
- En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
- La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
- El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
- En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
- La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
- Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta,
Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de
vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado a los 20 días del mes de agosto de 2020.
Conferencia de prensa vía YouTubehttps://www.youtube.
Tegucigalpa, Honduras.-
Familiares de la lideresa Indígena Berta Cáceres, asesinada el 2 de
marzo de 2016, denunciaron este jueves 20 de agosto, que el cambio de
jueza que llevaba la Causa por dicho crimen, dilata la búsqueda de
justicia y agudiza cuatro años de impunidad.
Mediante redes sociales, hijas e hijo de
Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hicieron de
conocimiento público las recientes noticias del cambio de la jueza en el
proceso contra David Castillo, señalado como uno de los autores
intelectuales, desde su puesto en la empresa Desarrollo Energético
S.A.(DESA), con operación en el río Gualcarque.
El comunicado que fue leído en parte por
las hijas e hijo de la defensora, Berta, Salvador y Laura Zúniga
Cáceres, expresa que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que
despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones que continué la
impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala
Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo
han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de
David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y
no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos
días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin
que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público, compartió
el abogado Víctor Fernández, del equipo legal de la causa Berta Cáceres.
El documento agrega que, el proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Y que “Todo el retraso promovido de mala
fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y
Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de
la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a
Daniel Atala Midence, José Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro
Atala Zablah”.
En el proceso judicial e investigativo
se encuentra toda la evidencia; chats (conversaciones en mensajería en
línea), llamadas, mensajes de texto, fotografías, ubicaciones GPS
(Sistema de Posicionamiento Global), escuchas telefónicas, entre otros,
que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la
coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres, y quienes
tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara,
contundente y concluyente, relata el comunicado.
La defensa de David Castillo, busca
obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que
esta información salga a la luz pública, denunció la familia de la que
fue cofundadora y coordinadora del COPINH, hasta el día de su asesinato.
Según el comunicado, el cambio de juez
rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al
proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
Por lo que, en términos probatorios,
todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a
manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta
preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
Afirma que “La ausencia de justicia a
estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican
indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la
verdad y a la justicia integral, pronta y expedita”.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de
nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país,
reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra
compañera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos
juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, cómplices y parte
de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo,
abogaron los y las conferencistas.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, ¡Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
También se anunció que, en este marco de
acciones, este viernes se hará un plantón frente a la Corte Suprema de
Justicia, a las 10 de la mañana para exigir justicia, mientras se
desarrolle la Audiencia Preliminar en el proceso contra Castillo, y
saber si avanza el proceso para el juicio oral y públicos.
El abogado Fernández, afirmó que las
condiciones de este juicio son inciertas, porque hace dos días
solicitaron para que sea pública y se permita la observación general de
la audiencia, la participación de la víctimas en la audiencia y que sea
de manera virtual, tomado en cuenta la situación se emergencia sanitaria
especialmente en Tegucigalpa y que donde se llevará a cabo la audiencia
es un foco de contagio por Covid-19.
Se sabe que las audiencias están
suspendidas, pero en esta Causa se ha convocado sin saber bajo qué
condiciones, por lo que el ambiente es adverso, además que remueven la
jueza que estaba a cargo, y que no se conoce quien la sustituirá, por lo
que no se ha resuelto las peticiones del equipo legal que representa a
Berta Cáceres y su familia.
Papel del Ministerio Público
Berta
y Laura Zúniga Cáceres, hijas de Berta Cáceres, en el lanzamiento de la
campaña para romper cerco mediático y demandar justicia.
En cuanto al papel del Ministerio
Público, en esta Causa es que no ha reconocido a las hijas e hijo de
Berta, como víctimas, negándoseles la oportunidad de ser escuchadas pese
a su disponibilidad de brindar información, se porta de manera hostil,
declaró Laura Zúniga Cáceres.
El Ministerio Público que debe actuar
como acusador, en esta situación es contraria, donde no parece el
representante en el que las víctimas confían. Luce más cercano a otros
actores que a las víctimas, siendo su mandato representar a las
víctimas.
En la conferencia también acompañaron
los abogados internacionales Joseph Berra, de Estados Unidos; y Reinaldo
Villalba, de Colombia, y vicepresidente de la Comisión Internacional de
Derechos Humanos (CIDH).
Berra y Villalba conforman la Misión de
Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, y en febrero de este
año hicieron una serie de recomendaciones al Estado de Honduras, para
que se haga justicia en favor de la lideresa indígena que defendió los
bienes comunes de la naturaleza. Y continúan denunciando la existencia de una impunidad estructurada que impide castigo a los culpable.
Honduras está entre los países que
registra más asesinatos de defensores del ambiente junto a Brasil,
Filipinas y Colombia, por lo que en estos crímenes se relacionan las
concesiones sin control, desinterés político para proteger los bienes
naturales y por ello los pueblos indígenas (especialmente) se ven
obligados a defenderse desde sus medios.
Honduras. COPINH: Audiencia de David Castillo demostraría su relación con la familia Atala Zablah y la responsabilidad en el asesinato de Bertha Cáceres
Por Heidy Dávila
Publicado el Ago 19, 2020
La Juez Lisseth Vallecillo Banegas,
resolvió favorablemente este 17 de agosto de 2020, un escrito presentado
por los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, defensores de
Roberto David Castillo, para reprogramar la audiencia preliminar una
vez más, lo que fue visto como una dilación al proceso penal por el
crimen de Berta Cáceres.
En
abril del 2019, otra audiencia fue suspendida y según el COPINH esto
podría tratarse de una maniobra dilatoria para otorgar la libertad ya
que la prisión preventiva vence el 02 de septiembre del 2020.
Vallecillo Banegas, juez de Letras con
Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fue la que resolvió
el escrito y reprogramó la audiencia para el 21 de agosto. Es la misma
juez que el 1 de septiembre del 2019 envió a siete defensores de
Guapinol a prisión preventiva.
El Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), mediante un boletín de
prensa asegura que el juicio no se ha iniciado debido a que están
maniobrando para ocultar la relación de Castillo y la familia Atala
Zablah.
David Castillo fue capturado un 2 de
marzo del 2018 y se le dictó prisión preventiva, dentro de ese tiempo se
ha dilatado el juicio en su contra y este 2 de septiembre del 2020, la
acción penal podría prescribir después de dos años, de acuerdo al Código
Penal en el artículo 59, inciso uno.
El Abogado Víctor Fernández, conocedor
del caso y apoderado legal en la causa, explica cuál ha sido el actuar
del sistema judicial en el caso.
Investigación del GAIPE estropeó planes de los responsables en el crimen
El Grupo Asesor Internacional de
Personas Expertas, (GAIPE), a solicitud de familiares y miembros del
COPINH, realizaron en 2016 un análisis del caso y en 2017 publicaron los
resultados de la misión, donde inicialmente el Juzgado de Letras con
Competencia Territorial Nacional en materia Penal, orientó la
investigación a incriminar a personas cercanas a la víctimas y miembros
del COPINH, presentando un panorama de crimen pasional lo cual se
calificó como falta de debida diligencia.
Durante la investigación se vincularon a
trabajadores de la empresa DESA que habían sido parte de las fuerzas
armadas y especiales, como partícipes del crimen .
El GAIPE argumentó que sin perjuicio de
valorar positivamente algunos avances investigativos y procesales,
considera que la investigación penal ha sido insuficiente e incompleta,
donde aún falta identificar la totalidad de responsables que
participaron en el asesinato y la tentativa de asesinato de Gustavo
Castro Soto.
Según lo observado en las audiencias y
de la información que consta en el expediente judicial, surgen varias
preocupaciones que podrían provocar que el proceso de búsqueda de verdad
y justicia corra un elevado riesgo de tornarse infructuoso.
Además el GAIPE añade que en el nivel de
responsabilidad que según la evidencia que a la fecha ha entregado el
Ministerio Público, Berta Isabel Cáceres Flores, personas integrantes
del COPINH y familiares, fueron sometidos a un sistema de control,
vigilancia y seguimiento que incluía una red de informantes establecida
por agentes de DESA en coordinación con miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado.
Esa red les permitió a agentes de DESA y
del Estado llegar a tener información detallada no solamente de la vida
pública, sino aspectos de la vida personal y familiar de Berta Cáceres y
de personas miembras del COPINH, la cual ha sido empleada, incluso,
luego del ataque efectuado el 2 de marzo del 2016.
Ese día el Ministerio Público anunció la
captura de cuatro presuntos responsables del ataque, Edilson Duarte
Meza (presunto ejecutor), Sergio Rodríguez (gerente ambiental de la
empresa DESA), Mariano Díaz Chávez (instructor de la Policía Militar del
Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército) y
Douglas Geovanny Bustillo (teniente retirado de las Fuerzas Armadas de
Honduras y quien fue subjefe de seguridad de DESA).
También fueron detenidos Emerson Eusebio
Duarte Meza, hermano de uno de los capturados, el día 2 de mayo de
2016; Elvin Heriberto Rápalo Orellana (presunto ejecutor), el 8 de
septiembre de 2016; Henrry Javier Hernández (presunto ejecutor y
exsoldado del Quince Batallón), el 12 de enero de 2017 y Óscar Aroldo
Velásquez (presunto ejecutor), el 8 de febrero de 2017.
Pero los autores intelectuales que
tramaron el crimen aún permanecen sin ser tocados por el poder judicial,
y según trascurren los procesos penales en Honduras, podrían lograr una
libertad dejando el caso impune.
Esta es la resolución de la jueza para reprogramar la audiencia para el 21 de agosto de 2020pasosdeanimalgrande.com/index.
Honduras. «Justicia» salva al autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres
Por El Libertador
Publicado el Ago 22, 2020
El
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(Copinh), alerta a la comunidad nacional e internacional que la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) conspira para que Roberto David Castillo,
señalado como autor intelectual en el crimen de Berta Cáceres, salga
bien librado en su juicio.
Prueba de lo
anterior es que a más de un año aún no cierra la audiencia preliminar y a
pocos días de vencer la medida de prisión preventiva, la Corte separó
del juicio a Lisseth Rosario Vallecillo, jueza que ha llevado todo el
proceso.
Tegucigalpa. La
familia de la extinta ambientalista, Berta Cáceres, asesinada en marzo
de 2016 por su lucha en defensa del patrimonio indígena, junto al equipo
legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh) hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e
internacional sobre el complot que se arma en la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) a favor de Roberto David Castillo, señalado como uno de
los autores intelectuales del asesinato de la mundialmente reconocida
ambientalista.
Los allegados a Berta
cuestionan la decisión de la CSJ de remover la jueza Lisseth Rosario
Vallecillo Banegas, calificándolo como “un hecho que despierta fuertes
preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para
los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah”.
“Las actuaciones de
la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias
de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca
de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más
aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de
dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral
y público”.
De acuerdo con los
denunciantes, el proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado,
responsabilidad del poder judicial. “Todo el retraso promovido de mala
fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y
Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de
la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a
Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro
Atala Zablah”.
“En
el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia;
chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas
telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad
de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a
Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah.
La prueba es clara, contundente y concluyente”, apuntan los allegados de
Berta.
El reclamo puntual es
que la defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del
juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz
pública. Además, critican que: “El cambio de juez rompe el principio de
inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de
manipulación y argucias procesales”.
“En términos
probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo
sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una
absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la
impunidad”.
“Hoy más que nunca
necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta,
cómplices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la
vida a este pueblo” sentencia la familia de Berta y el Copinh.
web.ellibertador.hn/index.php/
Honduras. David Castillo debe ser juzgado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres
Por COPINH
Publicado el Ago 25, 2020
24 de agosto de 2020. (HERE in English)
La justicia hondureña por norma debió
haber juzgado a David Castillo por su involucramiento como co autor en
el asesinato de Berta Cáceres antes del 2 de marzo de 2020. Sin embargo,
cerca de 2 años y medio del inicio del proceso y 4 años y medio después
del crimen, no ha habido juicio oral para la persona que es enlace
entre el grupo sicarial y quienes tomaron la decisión.
La audiencia preliminar, en la que se decide el paso a la etapa de juicio oral se suspendió en 4 oportunidades por las prácticas dilatorias de la defensa de Castillo,
esta fue concluida el pasado viernes 21 de agosto no sin grandes
preocupaciones por parte de las víctimas debido a serias
irregularidades.
El juez Carlos Irías quien desarrolló
el final de la audiencia tiene 3 días para dar resolución y definir el
paso del proceso a juicio oral y público.
La Corte Suprema de Justicia cambió la jueza del caso.
Dos días antes de realizarse la audiencia, se anunció el cambio intempestivo de la Jueza Liseth Vallecillo,
quien conoció el proceso desde sus inicios y que así mismo, junto a la
corte de apelaciones y el poder judicial, permitió los injustificados
retrasos.
La jueza fue reemplazada por el juez de
Jurisdicción Nacional Carlos Irías, por lo que el equipo legal denunció
la violación al principio jurídico de inmediación.
Este tipo de maniobras genera
preocupación y sospechas sobre los motivos de la separación de la jueza.
El COPINH ha exigido que se esclarezcan los motivos y si tiene relación
con actos de corrupción para beneficiar a David Castillo, derivados de
influencias indebidas propiciadas por el retraso del proceso judicial y
por la clara búsqueda de impunidad en este caso.
Audiencia preliminar sin transparencia y sin víctimas.
El actual juez Carlos Irías León,
actuando de manera arbitraria expulsó a las víctimas del proceso de la
sala de audiencias, violando su derecho de ser parte del proceso y a su
vez, negó la posibilidad de transmitir de manera pública y transparente un proceso de interés público y de alto impacto, como el mismo poder judicial ha catalogado .
Días antes de la realización de esta
audiencia preliminar, la Misión de Observación Calificada del proceso de
búsqueda de justicia en la causa Berta Cáceres, compuesta por
organizaciones y personas expertas en derechos humanos y procesos
judiciales, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando se garantice la publicidad, así mismo la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Sin embargo fue desoído .
El
derecho a la participación de las víctimas, a la publicidad y
transparencia del proceso, claramente despierta mucho temor de los
sectores de poder involucrados en este crimen. Quienes pretenden un
proceso amañado sin verdad, justicia o reparación.
Justicia asediada.
Claramente las demoras del proceso han
sido utilizadas por las personas involucradas en el crimen para realizar
influencias indebidas para favorecer a David Castillo y así intentar
evitar un juicio en el que salga la verdad.
La familia Atala, determinadores de la
muerte de Berta Cáceres, intentan evitar a toda costa que David Castillo
sea sentenciado, puesto que este es el vínculo directo con sus acciones
criminales y la verdad de la planificación del asesinato de Berta
Cáceres. Por eso intentan influir en actores de un sistema de justicia
ya corrompido.
La prueba es contundente contra David Castillo, Daniel Atala y los Atala Zablah.
El abogado Juan Sánchez Cantillano,
quien fue parte de las acusaciones y criminalización contra Berta
Cáceres antes de su asesinato, pretenden con un discurso que nadie cree,
cuestionar la prueba de los vínculos de David Castillo con los ya
condenados por la autoría material, como con Daniel Atala Midence, quien
efectuó pagos con la orden de los hermanos Atala Zablah, para
perseguir, atacar, instrumentalizar a las fuerzas de seguridad del
Estado y finalmente dar muerte a Berta para terminar con la oposición al
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Sin embargo, sus propias comunicaciones
hablan y se puede constatar en los más de 30 tomos que existen en los
expedientes 388-2017 y 414-2018 por el asesinato de Berta Cáceres.
David Castillo debe ser llevado a juicio oral y público y sentenciado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres.
El poder judicial está en el deber de resolver en juicio oral, con
todas las garantías de la ley, los estándares que la causa y que todo
el pueblo exige en favor de la verdad y la justicia integral.
Avanza en tribunales de Holanda demanda contra Banco Holandés por causa Berta Cáceres
agosto 28, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
El Progreso, Yoro.-La demanda contra el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) que financió el proyecto Agua Zarca a través de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) continúa su curso en los tribunales de Holanda, esto relacionado, por supuesto, con la causa de Berta Cáceres, ambientalista y defensora de derechos humanos que se oponía a este proyecto y quien fue atacada a tiros en el interior de su vivienda en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente de Honduras, el pasado 2 de marzo de 2016.
Esta semana, el juzgado de lo penal resolvió enviar a juicio oral y público a Roberto David Castillo, exgerente de DESA, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
El apoderado legal de la familia Cáceres, el abogado Víctor Fernández, dijo a Criterio.hn que este proceso en los tribunales de Holanda es por el tema de la responsabilidad del sistema financiero, de la banca, en este caso el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) que financió el proyecto Agua Zarca, ejecutado por la empresa DESA.
El profesional del derecho reveló que el caso contra el exgerente de Desa y contra el Banco Holandés no son los más importantes en la causa Berta Cáceres, sino que es la búsqueda y castigo a todos los autores intelectuales, que en ese sentido existe una vinculación que apunta a los dueños de la empresa DESA.
“El proceso más importante es el que tiene que vincular a los autores más importantes del crimen, que es una investigación que tiene dormida el Ministerio Público, con un silencio comprometedor, que vincula a los dueños de la empresa DESA”, expresa Fernández.
Fernández agrega que también están los otros procesos contra funcionarios de distintas instituciones del Estado que en lugar de protegerla la colocaron en situación de mayor vulnerabilidad y de desprotección, y, expone, que además, han emprendido acciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente sobre medidas cautelares de la que gozaba Cáceres.
Berta Cáceres lideró protestas contra la construcción por parte de la empresa DESA de una represa en el río Gualcarque, que se ubicó en territorio del pueblo originario lenca.
En reiteradas ocasiones se ha instado a la Unión Europea y otros entes de cooperación internacional a denunciar y desmarcarse de proyectos que violentan la soberanía de los pueblos indígenas.
En diciembre de 2019 un tribunal de justicia condenó entre 30 y 50 años de prisión a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres y por la tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la vivienda de Cáceres el día que se registraron los hechos.
David Castillo es el octavo procesado y, hasta ahora, el único acusado por el Ministerio Público como autor intelectual del asesinato.
El Progreso, Yoro.-La demanda contra el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) que financió el proyecto Agua Zarca a través de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) continúa su curso en los tribunales de Holanda, esto relacionado, por supuesto, con la causa de Berta Cáceres, ambientalista y defensora de derechos humanos que se oponía a este proyecto y quien fue atacada a tiros en el interior de su vivienda en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente de Honduras, el pasado 2 de marzo de 2016.
Esta semana, el juzgado de lo penal resolvió enviar a juicio oral y público a Roberto David Castillo, exgerente de DESA, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
El apoderado legal de la familia Cáceres, el abogado Víctor Fernández, dijo a Criterio.hn que este proceso en los tribunales de Holanda es por el tema de la responsabilidad del sistema financiero, de la banca, en este caso el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) que financió el proyecto Agua Zarca, ejecutado por la empresa DESA.
Nota relacionada El Banco FMO es cómplice de la conflictividad del proyecto Agua Zarca: COPINH
“La demanda la presentó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el banco contestó la demanda y se está en una fase de posible solución alterna de la demanda. En esa fase está”, dijo Fernández.El profesional del derecho reveló que el caso contra el exgerente de Desa y contra el Banco Holandés no son los más importantes en la causa Berta Cáceres, sino que es la búsqueda y castigo a todos los autores intelectuales, que en ese sentido existe una vinculación que apunta a los dueños de la empresa DESA.
“El proceso más importante es el que tiene que vincular a los autores más importantes del crimen, que es una investigación que tiene dormida el Ministerio Público, con un silencio comprometedor, que vincula a los dueños de la empresa DESA”, expresa Fernández.
Fernández agrega que también están los otros procesos contra funcionarios de distintas instituciones del Estado que en lugar de protegerla la colocaron en situación de mayor vulnerabilidad y de desprotección, y, expone, que además, han emprendido acciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente sobre medidas cautelares de la que gozaba Cáceres.
Berta Cáceres lideró protestas contra la construcción por parte de la empresa DESA de una represa en el río Gualcarque, que se ubicó en territorio del pueblo originario lenca.
En reiteradas ocasiones se ha instado a la Unión Europea y otros entes de cooperación internacional a denunciar y desmarcarse de proyectos que violentan la soberanía de los pueblos indígenas.
En diciembre de 2019 un tribunal de justicia condenó entre 30 y 50 años de prisión a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres y por la tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la vivienda de Cáceres el día que se registraron los hechos.
David Castillo es el octavo procesado y, hasta ahora, el único acusado por el Ministerio Público como autor intelectual del asesinato.
Donatila Girón: “En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no hay nada que celebrar, pero si mucho que exigir”
Por defensores -
9 agosto, 2020
Tegucigalpa.-
La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 9 de agosto de
cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo
de conmemorar la primera reunión de la Comisión de Prevención y de
Discriminación Racial y Protección de las Minorías, misma que se llevó a
cabo en esa fecha en 1982.
Desde el 9 de agosto del año 1994 se celebra oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas.
“En estas fechas es importante recalcar
que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente el
derecho a la tierra, los bienes comunes, a la libre determinación y a
sus condiciones políticas y su propio desarrollo económico, basados en
el marco jurídico 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y a la carta de declaración, contamos con un marco jurídico de 5
declaraciones y nuestro desarrollo debe de ir basado en este tipo de
políticas”, expresó Donatila Girón, indígena Lenca del departamento de
La Paz, defensora de los pueblos indígenas e integrante de la Red de
Defensoras y Defensoras Indígenas lencas de La Paz (REDHIL-PAZ).
“También
es necesario reconocer que se debe de respetar la libre determinación
de los pueblos, sus propias prácticas y protocolos para implementar la
consulta y con el consentimiento libre, previo e informado”, añadió.
La defensora indígena expresó que “hasta
el día de hoy estos derechos han sido violentados, y los pueblos
indígenas siguen siendo vulnerables, se sigue dando concesiones dentro
de los pueblos, se sigue irrespetando el derecho a la libre
determinación, no se está consultando y siguen siendo estropeados
nuestros propios derechos”.
Añadió que en estos tiempos de pandemia
los pueblos indígenas no tiene acceso a la salud, “en cuanto a la
pandemia no tenemos un servicio de salud adecuada, no tenemos las
condiciones necesarias para poder asistir a un centro, es más, en los
centros de salud que existen no hay suficientes medicamentos, lo que han
hecho es colocar rótulos donde dice “no se atienden problemas de
Covid-19”
Donantilla hizo énfasis en la situación que enfrentan las mujeres indígenas y sobre todo en estos tiempos de Covid-19.
“Es necesario recalcar la situación de
las mujeres en este tiempo de pandemia donde se les han estropeados sus
derechos, primero porque ellas viven en situaciones vulnerables, también
hay mucha violencia y estos problemas no han sido atendidos de parte
del estado, lo que expresan es estamos en plena pandemia, entonces los
operadores de justicia no están operando, no están trabajando. Así ha
sido siempre, los pueblos indígenas hemos tenido bastantes problemas,
es necesario recalcar que seguimos viviendo en la misma situación a
pesar de toda la incidencia”.
“Pero los pueblos indígenas seguimos,
pero sobre todo seguimos las mujeres con las prácticas de medicina
natural, creando situaciones e iniciativas basadas en la economía, con
pequeños huertos familiares, pero necesitamos que se nos tome en cuenta
de parte del estado”, agregó la integrante de la REDHIL-PAZ.
Finalizó
diciendo que “hoy no es de celebrar, sino más bien de exigir al estado y
decirle que aquí estamos los pueblos indígena, que siempre hemos dado
buenos aportes a la población hondureña y en si a toda la población
mundial”.
Por su parte la defensora de la tierra y
el territorio e integrante de la Red Nacional de Defensores y
Defensoras de la Tierra y el Territorio (RENADETT), Elsa Martínez,
expresó que “hoy es día de pueblos indígenas lencas, que cada día
jugamos un fuerte papel importante que es la lucha del territorio y la
tierra, los ríos, los bosques, la minería, la lengua lenca, la
educación, la salud y las costumbres ancestrales”.
Asimismo indicó que por ser indígenas
son discriminadas por la sociedad, igualmente los hermanos garífunas los
discriminan por su color, pero ante Dios y para Dios somos iguales,
porque somos seres humanos ante la sociedad y nos merece respeto, la
lucha es por nuestra madre tierra y territorio.
“La población Lenca está situada en ocho
departamentos de Honduras, pero la mayoría se encuentra en Lempira,
Intibucá y La Paz, mismos que se encuentran en condiciones vulnerables,
ya que el Estado no les ha brindado la atención necesaria”.
Según un artículo de la ONU “existen
alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países.
Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se
encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables
representando el 15 por ciento de los más pobres.
Los pueblos indígenas han heredado y
practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el
medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales,
económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las
sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los
pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora
de proteger sus derechos como pueblos diferentes.
¡Escuadrones de la muerte nunca más!: MADJ
julio 28, 2020
Redacción
Por: MADJ
La profundización del modelo
extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del
territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole.
Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con
un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y
explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y
otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.
Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.
Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA-13, entre muchas otras.
Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.
Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.
Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.
Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.
El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.
Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.
La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.
Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:
San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020
Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.
Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA-13, entre muchas otras.
Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.
Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.
Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.
Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.
El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.
Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.
La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.
Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:
- Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
- Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
- Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.
San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020
Como cada semana, aquí estamos,
con nuestra voz y postura firme y decidida, con repudio absoluto al
régimen ladrón, criminal e ilegal, y con profundo amor que recogemos de
toda la gente agrupada en nuestras muy diversas organizaciones, y con la
alegría de saber de que lo que hacemos va sembrando semillas de
organización que han de fructificar en solidaridad, justicia y
democracia. Todas nuestras voces y el amor impregnado de pueblo, las
hacemos un solo mazo de fuerza y unidad en este Vigésimo Segundo
Manifiesto Público:
1.- Nuestro cariño y
reconocimiento a la juventud, abrazamos su fuerza y vibramos con su
compromiso y creatividad, que hace estremecer a la sociedad entera. Aquí
estamos amados jóvenes, empújennos hacia sus anhelos y aspiraciones por
una Honduras que la gente mayor no supimos construir con justicia y
dignidad.
2.- Existen cinco
jóvenes garífunas del Triunfo de la Cruz, desaparecidos por estructuras
criminales con indumentaria policial. Seguimos gritando con toda nuestra
voz ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Estamos con el pueblo
garífuna, somos pueblo garífuna, somos OFRANEH, sus gritos y demandas de
justicia, libertad y respeto a sus derechos ancestrales, son nuestros
gritos y luchas.
3.- Repudiamos todas
las acciones de intimidación, criminalización, judicialización y
encarcelamiento que el régimen descarga contra las personas que
defienden la salud pública, el periodismo, la educación, sus
territorios, bienes comunes y públicos del país. Las acusaciones contra
el Doctor Eliud Girón es una muestra de la represión, venganza y
violencia de casa presidencial contra quienes cuestionan y denuncian su
corrupción y maldad.
4.- Levantaremos las
veces que sea necesario nuestro justo reclamo exigiendo la libertad de
los presos políticos que el régimen tiene confinados en distintas
cárceles del país. Son personas que han protestado contra proyectos
criminales impulsados por el régimen y la gran empresa privada. Exigimos
libertad para Valdemar y para los defensores del río Guapinol.
5.- Mientras un docente
pasa hambre y calamidades, el régimen sigue empecinado en negar el
salario y la alta burocracia desvía el presupuesto oficial hacia otros
destinos. Los militares se han beneficiado de todo ese ambiente de
corrupción, la militarización de la sociedad por parte del régimen
cuesta tanto como el hambre del pueblo.
6.- En plena pandemia
por el COVID 19, el COFADEH, junto a otras organizaciones de derechos
humanos, registran al menos diez desapariciones forzadas y veinte
masacres. ¿Y cuál sigue siendo la respuesta del régimen? Más represión e
intimidación, a través de campañas de desprestigio y criminalización.
El actual régimen dictatorial es el único responsable de la desaparición
forzada de líderes y luchadores sociales. Y esta práctica es igualmente
represiva, asesina y a la vez distractora.
7.- Desde la calamidad
sanitaria y el hambre del pueblo, el pueblo sigue gritando con más furia
y firmeza: ¿Dónde está el dinero? Es la pregunta que en sí misma van
todas las respuestas y todos los nombres de corruptos y saqueadores y
que giran en torno a Juan Orlando Hernández. En esta exigencia se hace
un solo nudo la lucha nacional e internacional.
8.- Saludamos y
animamos a arreciar las caravanas públicas, la denuncia, la
organización, el cacerolazo. Despertemos a todas las creatividades
acumuladas, sigamos con la pregunta unida a todos los nombres y todos
los calificativos que broten de nuestros encendidos y furiosos
corazones. Vamos haciendo camino y escribiendo nuestra historia con
alegría, esperanza, confianza y solidaridad a través de la lucha popular
en el sur, occidente, el centro, el norte y el Valle del Aguán. El
territorio hondureño entero se ha convertido en camino de lucha, y todas
las poblaciones agitamos nuestras banderas libertarias y populares en
lucha y en camino hasta alcanzar el pleno derecho de vivir como pueblo
en libertad.
Honduras, agosto de 2020
¡ALERTA!: HONDUREÑOS CERCA DE PERDER 3 MIL MILLONES POR PALMEROLA
- Publicado: 26 Agosto 2020
EL LIBERTADOR publicó en exclusiva cómo el mandatario Juan Hernández
ha beneficiado a Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del extinto
terrateniente Miguel Facussé, al concederles la construcción y
administración de la terminal aérea de Palmerola durante tres décadas, y
aunque el proyecto tiene más de un año de retraso, pone en riesgo al
menos 3,065 millones de lempiras del pueblo hondureño.
El
análisis jurídico realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA) a ese contrato de concesión, evidencia confabulación entre los
diputados y Hernández, al afirmar que “entre “el Congreso Nacional, con
el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos
para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para
las finanzas del Estado”.Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando era presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández creó en septiembre de 2010 la Comisión de Alianzas Público Privadas (Coalianza), bajo el pretexto de que sería una instancia de inversión a largo plazo donde el reparto de los riesgos y el desarrollo de relaciones innovadoras estarían compartidos entre el sector público y el privado. Sin embargo, los hechos demuestran que Hernández ha acrecentado la fortuna de sus allegados en detrimento de la mayoría empobrecida. El caso más reciente es la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde una vez más el gobierno con el dinero del pueblo hondureño, actúa como benefactor de nuevos empresarios.
NOTA DE INTERÉS: ¡EXCLUSIVA! / PALMEROLA, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTAFA PARA HONDURAS
Y como lo ha advertido este rotativo, este caso puede representar para el país una pérdida por el orden de los 125 millones de dólares, es decir unos 3,065 millones de lempiras al cambio actual. La concesión del aeropuerto de Palmerola (a 57 kilómetros al norte de la capital hondureña y donde funciona una base militar estadounidense), fue otorgada en 2015 a Inversiones Emco S.A., empresa constituida en 2011 y propiedad de los esposos Lenir Alexander Pérez y Ana Isabel Facussé; y al operador internacional Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss.
Para la administración de Palmerola, Lenir Pérez, personaje sin estirpe familiar en empresas o de conocida riqueza histórica, y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjum, conocido en el mundo por las masacres de campesinos en el Bajo Aguán, crearon Palmerola International Airport (PIA) en enero de 2016, como lo ha constatado EL LIBERTADOR en el documento de constitución de la empresa, mediante la matrícula 2549253 del registro mercantil de Tegucigalpa, del 14 de enero de 2016.
Al respecto, el análisis jurídico realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), titulado “Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola”, afirma que esa organización de veeduría social ha logrado constatar irregularidades en disposiciones y cláusulas del contrato, que desde cualquier óptica, “se interpretan como un listado de beneficios que vendrían a favorecer únicamente al concesionario PIA, afectándose claramente los intereses del Estado de Honduras”.
TRAMA DE PODERES
Si
bien el CNA no pretende oponerse a la construcción de un nuevo
aeropuerto, sí se opone a que “el Estado, en conjunto con un pequeño
grupo del sector privado, ha celebrado contratos con una vigencia por
más de 30 años, donde estos inversionistas absorben los beneficios
inmediatos y duraderos de dicha construcción”. Y agrega que mediante una
confabulación entre “el Congreso Nacional, con el visto bueno del Poder
Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos para legitimar un
contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del
Estado”.
Cabe
recordar que el 15 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial La
Gaceta, el Decreto Legislativo N.º 71-2016 que contiene el contrato de
concesión, diseño, construcción, financiamiento, operación y
mantenimiento del aeropuerto de Palmerola. Bajo esta disposición, la
empresa PIA es beneficiada bajo “términos aprobados por el presidente de
la República en Consejo de Secretarios de Estado mediante el Decreto
Ejecutivo N.º 016-2016, publicado el 17 de marzo de 2019 en La Gaceta”,
prosigue el texto.Una vez publicado este decreto –prosigue el CNA– se torna en ley, originando el aspecto sobre la validez legal, donde el Estado de Honduras asume su rol de concedente, aceptando tácitamente diversas condiciones que resultan desfavorables para el país.
A partir de esta situación, puede considerarse la apariencia de un marco de legalidad, no obstante, eso no limita al CNA a verter sus respectivas valoraciones, ya que desde el hemiciclo legislativo se dio vida a un contrato, el cual está disfrazado con esperanza y futuro para la nación, pero que pone en riesgo el erario, ya que lo sirve en bandeja de plata a los inversionistas de este proyecto, que al fin y al cabo, son comerciantes que viven de los negocios netamente lucrativos, y ¿A cuenta de qué el dinero de los hondureños va representar la mayor cantidad de la inversión privada? Cuando hay necesidades sociales en áreas que si utiliza la mayoría de la población, entre otras educación, salud e inversión en pequeñas y medianas empresas.
PAREN ESTAFAS, YA
El
organismo de sociedad civil ha observado que pese a que el Decreto
Legislativo N.º 278-2013 advierte de la prohibición de exoneraciones
fiscales, meses antes de la publicación del contrato de concesión de
Palmerola, Hernández ya había ordenado la publicación del Decreto
Legislativo N.º 30-2016 que exoneraciones fiscales durante la vida del
proyecto a PIA, argumentando que sería para “evitar el encarecimiento de
los costos”, sin embargo, el concedente aportó mayor parte del capital
incluyendo aumentos a su parte, lo que significa una elevación en los
costos finales pero cargados para el pueblo hondureño.
“Uno
de los puntos a destacar, es la preparación de condiciones
preferenciales para que el concesionario PIA pudiera tener preminencia
para la operación de Toncontín, una vez que finalizara el contrato de
concesión actual”, ha dicho el CNA; esta disposición consta en el
acuerdo de entendimiento de modificación de cláusulas, aprobado mediante
el PCM 041-2016, mismo que se complementa con “estudios técnicos que se
amparan en criterios de factibilidad, economía y eficiencia”, los
cuales evidencian que no es recomendable iniciar procesos para
concesionar la operación y que sugiere el otorgamiento directo al
concesionario PIA.Así, Hernández ha beneficiado una vez más a sus allegados, en este caso a Lenir Pérez y a Ana Facussé, al concederles un contrato donde el Estado de Honduras está invirtiendo 125 millones de dólares (casi 3,065 millones de lempiras( versus los 87 millones de dólares (2,133 millones de lempiras) por parte del matrimonio Pérez Facussé, que se quedarán con el 69.4 por ciento de las ganancias generadas por la terminal aérea, además, el riesgo es mayor en vista que Pérez ahora alega que tendrán pérdidas de operación, pese a que tienen un año de retraso y ni siquiera están funcionando, por lo que ha pedido que le concedan 51 millones de dólares más (1,250 millones de lempiras), es decir que en total el pueblo hondureño podría perder 4,315 millones de lempiras.
Empresas maquiladoras despiden a obreras de forma ilegal
- 28/08/2020
empleadas protestando por despidos en Zip Calpules, San Pedro Sula.
“Ser mujer y obrera en una maquila no es fácil. Para los ejecutivos
de estas empresas no somos más que objetos que cuando ya no sirven se
botan, y se sustituye por otro nuevo. Por ejemplo, la fábrica Delta
Apparel me despidió junto a más de 400 operarias de las cuales un 25%
tienen enfermedades provocadas por las altas metas de producción”.
Lo anterior lo manifestó Sonia Perdomo, quien laboró por más de 5 años para la maquila. A renglón seguido dijo que, los ejecutivos empezaron desde la semana anterior a entregar las notificaciones de despido por grupos de 50 para no generar reclamos masivos. Sin embargo, ella nunca no imagino que abarcara a embarazadas y personas con enfermedades profesionales.
Indica que según las leyes no se pueden despedir a mujeres embarazadas y con enfermedades profesionales. Pero, en estos casos para violentar la Ley, hay una alianza entre la empresa, el sindicato, seguro social y autoridades del trabajo.
“Nos despiden porque nos exprimieron a más no poder durante muchos años, y hoy ya no somos tan productivas por las múltiples enfermedades que padecemos. Muchas obreras despedidas tenemos síndromes dolorosos de hombros, columna y manos, que nos ha llevado a tener un alto grado de discapacidad. Sin embargo, desde hace dos y tres años estamos a la espera de los dictámenes médicos del Seguro Social y aún no llegan”, indicó Patricia Tejada, obrera que también fue despedida.
“En mi caso yo tengo más de 9 años de laborar para Delta Apparel y mis compañeras andan por un tiempo similar. No es justo que nos despidan y nos dejen a la deriva sin seguridad social. El dinero que nos darán de prestaciones no nos ajustará para la atención médica que requerimos por nuestra enfermedad”, indicó.
Por lo tanto, aseguró que están exigiendo el reintegro ya que sus despidos son injustificados y violentan las leyes laborales. “Hemos dedicado toda nuestra vida a trabajar en la maquila. Sin embargo, después de muchos años de explotación nuestros cuerpos comenzaron a enfermarse, y es entonces cuando somos despedidas”, manifestó.
La industria maquiladora en Honduras genera más de 140 mil empleos directos. “La mayoría son mujeres jóvenes, entre los 18 a 30 años es la edad, solteras, o madres solteras y con estudios mínimos, que provienen de zonas rurales y que representan del 70 al 80% de la mano de obra en este el rubro textil instalado en su mayoría en los municipios de Villanueva, San Pedro Sula y Choloma, en departamento de Cortés.
Suspensiones en la maquila
Más de 42 empresas maquiladoras han despidiendo o continúan manteniendo suspendidas a obreras embarazadas o con problemas de salud generados por las condiciones de trabajo, denunció la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), María Luisa Regalado.
Así mismo, una obrera de una maquila de Choloma, quien tiene 6 meses de embarazo, manifestó a Radio Progreso, que por segunda ocasión fue suspendida. En tono preocupado dijo que, lo que está haciendo la empresa “es inhumano, porque llevan más de 5 meses de suspensión y sin ninguna base económica”.
La joven mujer agregó que ellas son operarias de maquila que viven prácticamente al día, pues el salario es muy bajo. “La primera suspensión por la pandemia fue de 4 meses y ahora cuando creíamos que volverías a trabajar, a tener salario, aprueban más tiempo para las suspensiones”, dijo.
En ese sentido Regalado indica que, todas estas violaciones a los derechos laborales se están dando con el beneplácito del Ministro del Trabajo, Carlos Madero.
Siguen contagios
Los casos de Covid-19 en obreros y obreras de la industria maquiladora hondureña continúa incrementándose de manera silenciosa. La mayoría de las empresas ya están laborando en un 90%.
Según testimonios de la clase obrera los casos positivos de Covid-19 que se van dando en la maquila, en muchas ocasiones se manejan bajo secreto. “Yo trabajo en una maquila de Choloma, y en área que yo estoy por lo menos el 40% de mis compañeras han salido positivas de coronavirus”.
Lo mismo manifestó una obrera de una maquila de Zip Calpules, en San Pedro Sula, quien recuerda que por 20 días tuvo incapacitada después que en la empresa se contagiara. “En la maquila es imposible no contagiarse porque aquí laboramos hasta tres mil personas y a la hora de viajar en los buses y marcar la entrada es imposible guardar las distancias requeridas”, indicó.
Lo anterior lo manifestó Sonia Perdomo, quien laboró por más de 5 años para la maquila. A renglón seguido dijo que, los ejecutivos empezaron desde la semana anterior a entregar las notificaciones de despido por grupos de 50 para no generar reclamos masivos. Sin embargo, ella nunca no imagino que abarcara a embarazadas y personas con enfermedades profesionales.
Indica que según las leyes no se pueden despedir a mujeres embarazadas y con enfermedades profesionales. Pero, en estos casos para violentar la Ley, hay una alianza entre la empresa, el sindicato, seguro social y autoridades del trabajo.
“Nos despiden porque nos exprimieron a más no poder durante muchos años, y hoy ya no somos tan productivas por las múltiples enfermedades que padecemos. Muchas obreras despedidas tenemos síndromes dolorosos de hombros, columna y manos, que nos ha llevado a tener un alto grado de discapacidad. Sin embargo, desde hace dos y tres años estamos a la espera de los dictámenes médicos del Seguro Social y aún no llegan”, indicó Patricia Tejada, obrera que también fue despedida.
“En mi caso yo tengo más de 9 años de laborar para Delta Apparel y mis compañeras andan por un tiempo similar. No es justo que nos despidan y nos dejen a la deriva sin seguridad social. El dinero que nos darán de prestaciones no nos ajustará para la atención médica que requerimos por nuestra enfermedad”, indicó.
Por lo tanto, aseguró que están exigiendo el reintegro ya que sus despidos son injustificados y violentan las leyes laborales. “Hemos dedicado toda nuestra vida a trabajar en la maquila. Sin embargo, después de muchos años de explotación nuestros cuerpos comenzaron a enfermarse, y es entonces cuando somos despedidas”, manifestó.
La industria maquiladora en Honduras genera más de 140 mil empleos directos. “La mayoría son mujeres jóvenes, entre los 18 a 30 años es la edad, solteras, o madres solteras y con estudios mínimos, que provienen de zonas rurales y que representan del 70 al 80% de la mano de obra en este el rubro textil instalado en su mayoría en los municipios de Villanueva, San Pedro Sula y Choloma, en departamento de Cortés.
Suspensiones en la maquilaMás de 42 empresas maquiladoras han despidiendo o continúan manteniendo suspendidas a obreras embarazadas o con problemas de salud generados por las condiciones de trabajo, denunció la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), María Luisa Regalado.
Así mismo, una obrera de una maquila de Choloma, quien tiene 6 meses de embarazo, manifestó a Radio Progreso, que por segunda ocasión fue suspendida. En tono preocupado dijo que, lo que está haciendo la empresa “es inhumano, porque llevan más de 5 meses de suspensión y sin ninguna base económica”.
La joven mujer agregó que ellas son operarias de maquila que viven prácticamente al día, pues el salario es muy bajo. “La primera suspensión por la pandemia fue de 4 meses y ahora cuando creíamos que volverías a trabajar, a tener salario, aprueban más tiempo para las suspensiones”, dijo.
En ese sentido Regalado indica que, todas estas violaciones a los derechos laborales se están dando con el beneplácito del Ministro del Trabajo, Carlos Madero.
Siguen contagios
Los casos de Covid-19 en obreros y obreras de la industria maquiladora hondureña continúa incrementándose de manera silenciosa. La mayoría de las empresas ya están laborando en un 90%.
Según testimonios de la clase obrera los casos positivos de Covid-19 que se van dando en la maquila, en muchas ocasiones se manejan bajo secreto. “Yo trabajo en una maquila de Choloma, y en área que yo estoy por lo menos el 40% de mis compañeras han salido positivas de coronavirus”.
Lo mismo manifestó una obrera de una maquila de Zip Calpules, en San Pedro Sula, quien recuerda que por 20 días tuvo incapacitada después que en la empresa se contagiara. “En la maquila es imposible no contagiarse porque aquí laboramos hasta tres mil personas y a la hora de viajar en los buses y marcar la entrada es imposible guardar las distancias requeridas”, indicó.
Maquilas despiden obreras embrazadas y con diagnósticos médicos
- 25/08/2020
Más de 42 empresas maquiladoras del departamento de Cortés, al norte
de Honduras, están despidiendo a obreras en estado de embarazo o con
diagnósticos médicos por enfermedades ocupaciones, denunció en Radio
Progreso, la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas
Codemuh, María Luisa Regalado. Desde que comenzó la crisis por la pandemia del Covid-19 en Honduras, los obreros y obreras han sido suspendidos por segunda ocasión sin goce de salario. Entre las trabajadoras afectadas se encuentran embarazas a punto de parir según la denuncia de la Codemuh.
“Desde que el gobierno puso la cuarentena las despacharon, supuestamente durante cuatro meses, pero cuando autorizaron la extensión del tiempo surgió un comunicado de la empresa, que les suspendía el contrato por cuatro meses más, sin goce de salario”, dice la denuncia de la Codemuh.
María Luisa Regalado sostiene que todas esas violaciones a los derechos humanos tienen el beneplácito de la Secretaria del Trabajo a cargo del ministro Carlos Madero, quien se ha hecho el sordo ante los reclamos de la clase trabajadora.
El repunte del fenómeno migratorio en Honduras empujado por la desesperanza
agosto 17, 2020
Redaccion
especialistas en temas migratorios refieren que la detonación de la migración obedece a causales ligadas a la inestabilidad política, a la crisis institucional, y a la pobreza e inseguridadPor: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Desde su comunidad en El Suyatal, municipio de Cedros, a 66 kilómetros al norte del Distrito Central en la capital de Honduras, Luis Raudales, migrante retornado, confinado entre una realidad económica con horizonte desalentador, espera ansiosamente volver a emprender su segunda travesía migratoria que lo coloque finalmente en los Estados Unidos.
Las fuentes de trabajo son escasas en Cedros, municipio con una población donde—según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la principal actividad laboral es la agricultura y ganadería representando un 69 %. Y en los últimos años el rubro de la agricultura, que para los pobladores de El Suyatal fue la principal fuente de supervivencia, ha ido decayendo a causa de la inestabilidad climática. Cada año, los veranos son más fuertes y los temporales de lluvia más escasos, dice Luis.
Luis
sigue firme en su propósito de migrar porque en su pueblo no hay
oportunidades de sobrevivencia. Sus estudios quedaron varados hasta
noveno año porque su madre, quien es la jefa de familia, no pudo
sostener dicha carga económica.
También lea: Un millonario sueño que se evaporó en riegos y semillas
Para los campesinos de El Suyatal, la distorsión en la variabilidad climática ha hecho difícil precisar cuál es el momento idóneo para preparar el terreno para empezar a cultivar. Por si fuera poco, la población de Cedros, al igual que la mayoría de las zonas del territorio hondureño, donde se produce café, ha sido víctima de la roya, plaga que en los últimos años ha atacado los cultivos del aromático provocando pérdidas económicas a los productores, en su mayoría propietarios de pequeñas parcelas que antes les servían para la sobrevivencia de un año.A pesar de la dificultad para encontrar una fuente de subsistencia, Luis se las ingenia para sobrevivir. Al igual que antes de emprender su primer intento por cruzar la frontera estadunidense, actualmente subsiste gracias a pequeños trabajos que realiza en parcelas de tierra prestando su fuerza laboral a productores de su comunidad en el cultivo de maíz o fríjoles.
Pero en la mayoría de los casos los ingresos se vuelven insuficientes, comenta Luis, para quien eso le afirma la idea de volver a emprender la ruta migratoria sin importar los peligros que ya sufrió en su primer intento. “Al día se gana 120 lempiras (unos $ 4.83) que al final de la semana son como 600 (unos $ 24.14)”, dice. Luis es contratado por pequeños productores, ya que su familia no tiene el privilegio de contar con tierras.
Aunque anteriormente ha buscado otras oportunidades de ingresos tratando de encontrar un mejor empleo, no ha tenido éxito. Así, a medida que transcurre los días en la comunidad de El Suyatal, la posibilidad de encontrar una fuente de trabajo se diluye. Con todo esto, abriga el sueño de un mañana mejor, convencido de volver a retomar su segunda travesía migratoria, inmediatamente las autoridades hondureñas suspendan las restricciones de movilidad una vez controlada la crisis sanitaria. “Quiero llegar, buscar un trabajo y mandar dinero para mi familia porque aquí en Honduras no se encuentra trabajo y se pasa hambre”, afirma. Luis, quien fue deportado el pasado mes de mayo procedente de México.
Al bajar del avión en el aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa, fue trasladado hasta un centro de triaje en el centro deportivo de la Villa Olímpica, donde tuvo que cumplir una cuarentena de 14 días. Hasta despejar cualquier indicio de contagio fue autorizada se salida. Pero, al llegar a su pueblo también fue sometido a cumplir el mismo protocolo sanitario. Y ahora aguarda el día esperando que “todo esto de la pandemia termine” para volver a emprender el viaje hacia el norte.
Luis
vende su fuerza laboral a pequeños productores agrícolas en la
comunidad de El Suyatal, Cedros, debido a que proviene de un hogar
jefeado por un mujer que no tiene tierras, por ello su desesperación de
migrar.
Hondureños siguen migrando pese a pandemia
Pese a la crisis sanitaria de la Covid-19, en Honduras la llegada de emigrantes retornados procedentes de México, Estados Unidos o Guatemala no ha cesado. Durante los primeros siete meses de 2020, los flujos de emigrantes retornados, precisamente hasta julio pasado contabilizaban más de 21,058 compatriotas deportados.
Y de acuerdo con estudios del observatorio de migración de la Facultad de Ciencias Sociales de Honduras (FLACSO-HONDURAS), sin importar las complicaciones de las restricciones de movilidad ordenadas por las autoridades, la población que desde antes de la crisis sanitaria tenía previsto migrar no ha desistido, porque los flujos migratorios siguen presentándose.
Justamente durante los meses de pandemia, Honduras ya registró su primera caravana migrante. El 30 de junio, un grupo de hondureños, huyendo de la angustiante crisis económica empeorada por la pérdida de fuentes de trabajo a consecuencia de la pandemia, salió en caravana con destino hacia los Estados Unidos. El grupo conformado por al menos 35 personas entre hombres, mujeres, jóvenes y menores de edad salió de la terminal de autobuses de San Pedro Sula, en el norteño departamento de Cortés.
Al igual que con las caravanas anteriores, la mayoría de sus integrantes procedía de los municipios y departamentos aledaños a la zona de Cortés. En la última década, la fuerza del fenómeno migratorio en Honduras se ha encargado de que no haya rincón del territorio nacional sin registrar la historia de un padre, hermano, prima, amiga o hijo que se fue con anhelo de conquistar “el sueño americano”. Desde 2016 hasta julio de 2020, Honduras registra casi 300 mil migrantes retornados. Las cifras oficiales del número de emigrantes retornados reflejan la llegada al país de deportados de todos los municipios y departamentos, incluso de zonas remotas de la geografía hondureña como Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
Pero esencialmente en los últimos años, las tasas de los flujos de emigrantes retornados las concentra la zona del norte de Honduras. Además de sumar los departamentos que más hondureños escapan en busca de un mejor porvenir, la zona norte concentra la mayor cantidad de municipios con repuntes en el número de migrantes.
De acuerdo con el Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), de 2016 a julio de 2020, Honduras recibió más de 292,117 compatriotas deportados. La mayor tasa de ese flujo migratorio reside en los departamentos del norte hondureño, donde principalmente destaca Cortés y Yoro que concentran el porcentaje más alto de retornados a nivel departamental.
Durante el periodo señalado, Cortés encabeza la lista sumando un 20 %, cifra que acumula un total de 58,807 migrantes. Le sigue el departamento de Yoro registrando un porcentaje de 10.07 % que representa un total de 29,335 deportados. Luego, el departamento de Atlántida que con un porcentaje de 6.97 %, contabilizó 20,296 emigrantes retornados.
Estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras), observan que a través de los años se reconocen periodos específicos que establecen que la migración ha repuntado, sobre todo, experimentando alzas en la zona norte. De acuerdo, al director de FLACSO Honduras, Rolando Sierra, entre esos periodos se identifican los meses sucedidos al 2017, año en que la sociedad hondureña vivió una intensa convulsión social. El 2017 dejó la consumación de la inconstitucional reelección presidencial del gobernante hondureño Juan Hernández, a través de un proceso electoral, denunciando por un fraude y mediante el cual la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió repetir las elecciones.
Pese a la crisis sanitaria de la Covid-19, en Honduras la llegada de emigrantes retornados procedentes de México, Estados Unidos o Guatemala no ha cesado. Durante los primeros siete meses de 2020, los flujos de emigrantes retornados, precisamente hasta julio pasado contabilizaban más de 21,058 compatriotas deportados.
Y de acuerdo con estudios del observatorio de migración de la Facultad de Ciencias Sociales de Honduras (FLACSO-HONDURAS), sin importar las complicaciones de las restricciones de movilidad ordenadas por las autoridades, la población que desde antes de la crisis sanitaria tenía previsto migrar no ha desistido, porque los flujos migratorios siguen presentándose.
Justamente durante los meses de pandemia, Honduras ya registró su primera caravana migrante. El 30 de junio, un grupo de hondureños, huyendo de la angustiante crisis económica empeorada por la pérdida de fuentes de trabajo a consecuencia de la pandemia, salió en caravana con destino hacia los Estados Unidos. El grupo conformado por al menos 35 personas entre hombres, mujeres, jóvenes y menores de edad salió de la terminal de autobuses de San Pedro Sula, en el norteño departamento de Cortés.
Al igual que con las caravanas anteriores, la mayoría de sus integrantes procedía de los municipios y departamentos aledaños a la zona de Cortés. En la última década, la fuerza del fenómeno migratorio en Honduras se ha encargado de que no haya rincón del territorio nacional sin registrar la historia de un padre, hermano, prima, amiga o hijo que se fue con anhelo de conquistar “el sueño americano”. Desde 2016 hasta julio de 2020, Honduras registra casi 300 mil migrantes retornados. Las cifras oficiales del número de emigrantes retornados reflejan la llegada al país de deportados de todos los municipios y departamentos, incluso de zonas remotas de la geografía hondureña como Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
Pero esencialmente en los últimos años, las tasas de los flujos de emigrantes retornados las concentra la zona del norte de Honduras. Además de sumar los departamentos que más hondureños escapan en busca de un mejor porvenir, la zona norte concentra la mayor cantidad de municipios con repuntes en el número de migrantes.
De acuerdo con el Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), de 2016 a julio de 2020, Honduras recibió más de 292,117 compatriotas deportados. La mayor tasa de ese flujo migratorio reside en los departamentos del norte hondureño, donde principalmente destaca Cortés y Yoro que concentran el porcentaje más alto de retornados a nivel departamental.
Durante el periodo señalado, Cortés encabeza la lista sumando un 20 %, cifra que acumula un total de 58,807 migrantes. Le sigue el departamento de Yoro registrando un porcentaje de 10.07 % que representa un total de 29,335 deportados. Luego, el departamento de Atlántida que con un porcentaje de 6.97 %, contabilizó 20,296 emigrantes retornados.
También lea: Una hidroeléctrica en suspenso y una población que no para de migrar
FLACSO-Honduras: Migración se profundizaráEstudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras), observan que a través de los años se reconocen periodos específicos que establecen que la migración ha repuntado, sobre todo, experimentando alzas en la zona norte. De acuerdo, al director de FLACSO Honduras, Rolando Sierra, entre esos periodos se identifican los meses sucedidos al 2017, año en que la sociedad hondureña vivió una intensa convulsión social. El 2017 dejó la consumación de la inconstitucional reelección presidencial del gobernante hondureño Juan Hernández, a través de un proceso electoral, denunciando por un fraude y mediante el cual la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió repetir las elecciones.
Rolando Sierra, director de FLACSO-Honduras, ha estudiando el fenómeno de la migración desde varios enfoques sociológicos.
Aunque la población en un intento de
frenar el proyecto continuista del jefe de Estado salió a protestar
masivamente paralizando el país durante varias semanas, el Ejército y la
Policía sofocaron las protestas extendidas hasta enero de 2018, fecha
en que Hernández al interior del Estadio Nacional de Tegucigalpa
oficializó la consumación de su segundo mandato presidencial, mientras
afuera la población protestaba. En ese caso, explica el director de
FLACSO-Honduras que la inestabilidad política aparece como una causal en
el fenómeno migratorio. “A partir de 2017, con la crisis electoral la
migración ha aumentado, sobre todo, por factores sociopolíticos”,
refiere.
A juicio de Sierra, la pobreza, identificada como principal factor que alienta la migración, se acentuará con las consecuencias de la pandemia. “Debido a los impactos económicos, bastante altos, especialmente con la pérdida de empleo, podemos asistir a fenómenos migratorios mucho más allá de las caravanas”. “Hay que tomar en cuenta que Honduras es un país con más del 60 por ciento de población viviendo en pobreza y sus únicas alternativas son la migración”, añade. A estos factores también se suma una causa que sigue empujando a la población a salir del país. Y es la violencia que aparece como uno de los grandes detonantes de la migración, apunta.
Precisamente observa que, entre el relato de las poblaciones migrantes, “cuando piden refugio, las causas tienen que ver con el tema de la violencia”. Además de la inestabilidad política, la pobreza y la inseguridad, la crisis de institucionalidad es otro factor determinante en la decisión de abandonar Honduras, amplia. “La población tiene demasiada desconfianza en las instituciones; en muchas narrativas migrantes, la gente menciona que Honduras es un país corrupto y con eso no ven oportunidades ya que desconfían en la institucionalidad”, explica.
En este contexto, este especialista analiza que el fenómeno de la migración, entre otras cosas, refleja la ausencia de un proyecto de nación. Es decir, “refleja la ausencia de proyectos de desarrollo porque estamos en un país donde los modelos no han sido inclusivos. Y no tenemos políticas públicas adecuadas que generen oportunidades para todos”, concluye.
Datos oficiales impiden registro del fenómeno migratorio
Pese a los datos oficiales de migración, FLACSO-Honduras señala que sobre esa información existe una disparidad en su recolección. Por ejemplo, CENISS en 2017 documentó 44,067 emigrantes retornados en todo el país, sin embargo, en un estudio de FLACSO-Honduras de ese mismo año, con datos oficiales del Centro de Atención al Migrante Retornado y el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, registró 47,832 deportados. Lo anterior, “limita la elaboración de informes con cifras actualizadas y comparables ya que se muestra una enorme disparidad en cuanto al volumen de migrantes registrados”, lamenta FLACSO-Honduras.
Cortés, epicentro del fenómeno migratorio
La zona norte del territorio hondureño también registra la mayor cantidad de municipios con las tasas de emigrantes retornados. En el caso de Cortés, los municipios próximos a la ciudad de San Pedro Sula se identifican, a lo largo de los últimos años, como un epicentro en ebullición del fenómeno migratorio.
De 2016 a julio de 2020, solo en la ciudad de San Pedro Sula, 24,212 hondureños fueron deportados. Hasta antes del golpe de Estado de 2009, San Pedro Sula era sinónimo de oportunidades laborales principalmente para la población rural del interior del país.
Con la inestabilidad política surgida a raíz del golpe de Estado de 2009 y que derivó en una crisis económica, la población ansiosa de oportunidades de la segunda ciudad más importante de Honduras ha pasado de representar una opción, a ser el punto de encuentro para huir hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades laborales.
Desde la partida de la primera caravana migrante en octubre de 2018, la terminal de buses de San Pedro Sula es el sitio de encuentro del fenómeno de las caravanas que inicialmente se conformaba, en su mayoría, por las personas procedentes de los municipios aledaños. Después de esta ciudad, es el municipio de Choloma que contabiliza el mayor flujo de retorno al contabilizar 9,169 deportados durante el periodo antes indicado.
Le sigue Puerto Cortés con 6,022, Villa Nueva con 5,689, Santa Cruz de Yojoa con 3,473 y Omoa con 3,100 retornados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en municipios como Choloma, Villa Nueva, La Lima, Omoa y Puerto Cortés, una de las principales actividades es la industria manufacturera. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, apunta que debido a la inestabilidad política y los altos costos de la energía eléctrica el rubro maquilador se ha visto afectado, lo que en muchos casos ha provocado el cierre de operaciones en las empresas.
Al igual que Cortés, en el departamento de Yoro en los últimos años los municipios han venido presentando un alza en el fenómeno migratorio. En ocho municipios de este departamento colindante con Cortés, la cantidad de emigrantes retornados excede las mil personas. Para el caso de El Progreso, cabecera departamental, el total de deportados se estableció en 10,543 hondureños. Luego, aparece el municipio de Yoro con 5,171; seguido de Olanchito con 3,733; Morazán con 3,006; El Negrito con 1,920. Después aparece Santa Rita con 1,609; Victoria con 1,175 y Sulaco con 1,122.
En tercer lugar, figura el departamento de Colón que, a pesar de presentar una menor cantidad de municipios, en ellos la particularidad en el número de deportados excede los 2,000. Para el caso, en Tocoa, cabecera departamental de Colón, el número ascendió a 5,583. Mientras que en el municipio de Trujillo sumó 3,824; Sonaguera contabilizó 2,808; Saba documentó 2,379 y Bonito Oriental registró 1,482.
Santa Bárbara, que en años anteriores presentaba bajos números en los reportes migratorios, también se ha sumado a la lista de departamentos pujantes del fenómeno migratorio. En su cabecera departamental de nombre homónimo al departamento, el número de retornados registró 2,288.
Seguidamente aparece Macuelizo con 1,713; Quimistán con 1,622; Azacualpa con 1,144 y Atima con 1,114. Y en último lugar en la zona norte, aparece el departamento de Atlántida, en donde la ciudad de La Ceiba llama la atención al concentrar un alto número de retornados, ya que registró un total de 10,032.
Mientras que Tela documentó 4,816 y por su parte La Masica contabilizó 1,379. Estudios del INE identifican en los municipios de Yoro, Colón, Santa Bárbara y Atlántida, la agricultura como principal fuente económica con un alto porcentaje de las actividades laborales de la población.
FLACSO-Honduras identifica la zona rural del interior de los departamentos del norte como uno de los principales lugares de procedencia de los grupos migrantes.
Debido a la potencialidad en recursos hídricos y minerales de esa zona del país que concentra altas tasas migratorias, los proyectos de represas hidroeléctricas y mineros han tenido una fuerte presencia sobre territorios como Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro. Lo anterior ha acarreado consecuencias a la población, entre ellas, el desplazamiento, la pobreza y la violencia producto de la convulsión social que generan las iniciativas extractivistas que las organizaciones ambientalistas
Segundo polo del fenómeno migratorio hondureño
Después de los departamentos del norte, la zona central aparece como el segundo polo que concentra el mayor flujo migratorio siendo principalmente Francisco Morazán el departamento que mayor migración documenta. En Francisco Morazán sobresale el Distrito Central como la zona que presenta la mayor cantidad de retornados al sumar un total de 23,344.
Al interior de Francisco Morazán son los municipios del norte de este departamento en donde se observa una mayor concentración del fenómeno migratorio. Por lo que, entre ellos, se encuentran el municipio de El Porvenir que registra 3,080 deportados. Seguidamente, aparece el municipio de Talanga con 1,877 deportados. Luego, se identifica al municipio de Cedros, donde el número de retornados asciende a 1,913, le sigue el municipio de Guaimaca con 1,314 y Orica con 1,010.
Datos del INE también identifican en la zona norte de los municipios de Francisco Morazán, la actividad agrícola como principal fuente de ingresos de la población. Sin embargo, la rentabilidad de la productividad ha ido escaseando en los últimos años debido al acceso limitado del recurso hídrico, una problemática sentida entre los pobladores por los efectos del cambio climático.
En el área de la zona central aparece en segundo lugar el departamento de Comayagua que, a pesar de que registra una menor cantidad en el flujo de deportados, suma seis municipios donde el número de retornados asciende los mil. De esta manera se reconocen la cabecera departamental, Comayagua, con 5,900 deportados.
También los municipios de Siguatepeque con 4,542; La Libertad, con 1,916; San Jerónimo, con 1,462; Esquias, con 1,389 y El Rosario, con 1,114. En tercer lugar, aparece el departamento de Olancho, donde se identifica Juticalpa, con 5,215; Catacamas, con 4,892 y Dulce Nombre de Culmí, con 1,240.
Durante los últimos años, la zona sur de Honduras ha repuntado en alza de sus pobladores que huyen del país. Principalmente en este departamento, figura el municipio de Choluteca sumando 4,644 retornados. Y luego aparece el municipio de Marcovía 1,882.
Aledaño a la zona sur, aparece también la zona oriental, donde el departamento de El Paraíso en su ciudad de mayor importancia, Danlí, registra 3,923, seguido del municipio de Trojes que contabiliza 596. En la zona sur la agricultura también aparece como el principal medio de sustento de su población.
Pero en los últimos años, la producción de la tierra en Choluteca, que se ubica en el corredor seco, ha disminuido principalmente por la dificultad de acceso al recurso hídrico. Sobre todo, la carencia de agua se ha agravado a causa de la instalación de empresas hidroeléctricas,
En la zona occidental es Copán que figura como el departamento que contabiliza la mayor cantidad de emigrantes retornados, siendo la cabecera departamental San Rosa de Copán la que registra la mayor tasa de retornados con 3,317. Luego le siguen cinco municipios donde la cantidad de retornados oscila entre 1,000 y 1,500: Nueva Arcadia (1,975); Florida (1,458); Copán Ruinas (1,604); Cucuyagua (1,207) y Santa Rita (1,335). Luego aparece el departamento de Ocotepque en donde se registran los municipios de Ocotepeque con 1,692 y San Marcos con 1,748.
Mientras que el resto de los departamentos del occidente, aparecen como las zonas que registran las menores cifras de retornados. En el departamento de Lempira el municipio de Gracias contabilizó 2,007 y Lepaera 1,700. Mientras que el departamento de La Paz, en su cabecera departamental de nombre homónimo, contabilizó 884, seguido del municipio de Marcala con 596.
Y por último el departamento de Intibucá, donde aparecen La Esperanza con 1,665 y Jesús de Otoro con 879. Durante el periodo comprendido entre 2016 y lo que va del 2020, la migración también se ha hecho sentir en los departamentos más remotos de la geografía hondureña. Precisamente en Gracias a Dios e Islas de la Bahía que concentraron 266 y 1,300 retornados, respectivamente.
FOSDEH-Honduras: escenarios migratorios se profundizarán
Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, hay que tener en cuenta que la crisis ha constituido en un factor determinante de la migración hondureña, por tal razón, vaticina que las causas de este fenómeno detonarán en flujos migratorios.
En consecuencia “los escenarios migratorios ante lo que está sucediendo, conllevará a la profundización de esa precariedad de empleo y falta de ingresos”. Zepeda avizora que como anteriormente ha sucedido, las autoridades seguirán asumiendo la problemática migratoria respondiendo con políticas paliativas. Y es que actualmente “en el mismo Instituto Nacional de Migración, no se observa un programa real de reinserción, de atención laboral y psicológica al migrante hondureño”, apunta.
A juicio de Sierra, la pobreza, identificada como principal factor que alienta la migración, se acentuará con las consecuencias de la pandemia. “Debido a los impactos económicos, bastante altos, especialmente con la pérdida de empleo, podemos asistir a fenómenos migratorios mucho más allá de las caravanas”. “Hay que tomar en cuenta que Honduras es un país con más del 60 por ciento de población viviendo en pobreza y sus únicas alternativas son la migración”, añade. A estos factores también se suma una causa que sigue empujando a la población a salir del país. Y es la violencia que aparece como uno de los grandes detonantes de la migración, apunta.
Precisamente observa que, entre el relato de las poblaciones migrantes, “cuando piden refugio, las causas tienen que ver con el tema de la violencia”. Además de la inestabilidad política, la pobreza y la inseguridad, la crisis de institucionalidad es otro factor determinante en la decisión de abandonar Honduras, amplia. “La población tiene demasiada desconfianza en las instituciones; en muchas narrativas migrantes, la gente menciona que Honduras es un país corrupto y con eso no ven oportunidades ya que desconfían en la institucionalidad”, explica.
En este contexto, este especialista analiza que el fenómeno de la migración, entre otras cosas, refleja la ausencia de un proyecto de nación. Es decir, “refleja la ausencia de proyectos de desarrollo porque estamos en un país donde los modelos no han sido inclusivos. Y no tenemos políticas públicas adecuadas que generen oportunidades para todos”, concluye.
Datos oficiales impiden registro del fenómeno migratorio
Pese a los datos oficiales de migración, FLACSO-Honduras señala que sobre esa información existe una disparidad en su recolección. Por ejemplo, CENISS en 2017 documentó 44,067 emigrantes retornados en todo el país, sin embargo, en un estudio de FLACSO-Honduras de ese mismo año, con datos oficiales del Centro de Atención al Migrante Retornado y el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, registró 47,832 deportados. Lo anterior, “limita la elaboración de informes con cifras actualizadas y comparables ya que se muestra una enorme disparidad en cuanto al volumen de migrantes registrados”, lamenta FLACSO-Honduras.
Cortés, epicentro del fenómeno migratorio
La zona norte del territorio hondureño también registra la mayor cantidad de municipios con las tasas de emigrantes retornados. En el caso de Cortés, los municipios próximos a la ciudad de San Pedro Sula se identifican, a lo largo de los últimos años, como un epicentro en ebullición del fenómeno migratorio.
De 2016 a julio de 2020, solo en la ciudad de San Pedro Sula, 24,212 hondureños fueron deportados. Hasta antes del golpe de Estado de 2009, San Pedro Sula era sinónimo de oportunidades laborales principalmente para la población rural del interior del país.
Con la inestabilidad política surgida a raíz del golpe de Estado de 2009 y que derivó en una crisis económica, la población ansiosa de oportunidades de la segunda ciudad más importante de Honduras ha pasado de representar una opción, a ser el punto de encuentro para huir hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades laborales.
Desde la partida de la primera caravana migrante en octubre de 2018, la terminal de buses de San Pedro Sula es el sitio de encuentro del fenómeno de las caravanas que inicialmente se conformaba, en su mayoría, por las personas procedentes de los municipios aledaños. Después de esta ciudad, es el municipio de Choloma que contabiliza el mayor flujo de retorno al contabilizar 9,169 deportados durante el periodo antes indicado.
Le sigue Puerto Cortés con 6,022, Villa Nueva con 5,689, Santa Cruz de Yojoa con 3,473 y Omoa con 3,100 retornados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en municipios como Choloma, Villa Nueva, La Lima, Omoa y Puerto Cortés, una de las principales actividades es la industria manufacturera. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, apunta que debido a la inestabilidad política y los altos costos de la energía eléctrica el rubro maquilador se ha visto afectado, lo que en muchos casos ha provocado el cierre de operaciones en las empresas.
Al igual que Cortés, en el departamento de Yoro en los últimos años los municipios han venido presentando un alza en el fenómeno migratorio. En ocho municipios de este departamento colindante con Cortés, la cantidad de emigrantes retornados excede las mil personas. Para el caso de El Progreso, cabecera departamental, el total de deportados se estableció en 10,543 hondureños. Luego, aparece el municipio de Yoro con 5,171; seguido de Olanchito con 3,733; Morazán con 3,006; El Negrito con 1,920. Después aparece Santa Rita con 1,609; Victoria con 1,175 y Sulaco con 1,122.
En tercer lugar, figura el departamento de Colón que, a pesar de presentar una menor cantidad de municipios, en ellos la particularidad en el número de deportados excede los 2,000. Para el caso, en Tocoa, cabecera departamental de Colón, el número ascendió a 5,583. Mientras que en el municipio de Trujillo sumó 3,824; Sonaguera contabilizó 2,808; Saba documentó 2,379 y Bonito Oriental registró 1,482.
Santa Bárbara, que en años anteriores presentaba bajos números en los reportes migratorios, también se ha sumado a la lista de departamentos pujantes del fenómeno migratorio. En su cabecera departamental de nombre homónimo al departamento, el número de retornados registró 2,288.
Seguidamente aparece Macuelizo con 1,713; Quimistán con 1,622; Azacualpa con 1,144 y Atima con 1,114. Y en último lugar en la zona norte, aparece el departamento de Atlántida, en donde la ciudad de La Ceiba llama la atención al concentrar un alto número de retornados, ya que registró un total de 10,032.
Mientras que Tela documentó 4,816 y por su parte La Masica contabilizó 1,379. Estudios del INE identifican en los municipios de Yoro, Colón, Santa Bárbara y Atlántida, la agricultura como principal fuente económica con un alto porcentaje de las actividades laborales de la población.
FLACSO-Honduras identifica la zona rural del interior de los departamentos del norte como uno de los principales lugares de procedencia de los grupos migrantes.
Debido a la potencialidad en recursos hídricos y minerales de esa zona del país que concentra altas tasas migratorias, los proyectos de represas hidroeléctricas y mineros han tenido una fuerte presencia sobre territorios como Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro. Lo anterior ha acarreado consecuencias a la población, entre ellas, el desplazamiento, la pobreza y la violencia producto de la convulsión social que generan las iniciativas extractivistas que las organizaciones ambientalistas
Segundo polo del fenómeno migratorio hondureño
Después de los departamentos del norte, la zona central aparece como el segundo polo que concentra el mayor flujo migratorio siendo principalmente Francisco Morazán el departamento que mayor migración documenta. En Francisco Morazán sobresale el Distrito Central como la zona que presenta la mayor cantidad de retornados al sumar un total de 23,344.
Al interior de Francisco Morazán son los municipios del norte de este departamento en donde se observa una mayor concentración del fenómeno migratorio. Por lo que, entre ellos, se encuentran el municipio de El Porvenir que registra 3,080 deportados. Seguidamente, aparece el municipio de Talanga con 1,877 deportados. Luego, se identifica al municipio de Cedros, donde el número de retornados asciende a 1,913, le sigue el municipio de Guaimaca con 1,314 y Orica con 1,010.
Datos del INE también identifican en la zona norte de los municipios de Francisco Morazán, la actividad agrícola como principal fuente de ingresos de la población. Sin embargo, la rentabilidad de la productividad ha ido escaseando en los últimos años debido al acceso limitado del recurso hídrico, una problemática sentida entre los pobladores por los efectos del cambio climático.
En el área de la zona central aparece en segundo lugar el departamento de Comayagua que, a pesar de que registra una menor cantidad en el flujo de deportados, suma seis municipios donde el número de retornados asciende los mil. De esta manera se reconocen la cabecera departamental, Comayagua, con 5,900 deportados.
También los municipios de Siguatepeque con 4,542; La Libertad, con 1,916; San Jerónimo, con 1,462; Esquias, con 1,389 y El Rosario, con 1,114. En tercer lugar, aparece el departamento de Olancho, donde se identifica Juticalpa, con 5,215; Catacamas, con 4,892 y Dulce Nombre de Culmí, con 1,240.
Durante los últimos años, la zona sur de Honduras ha repuntado en alza de sus pobladores que huyen del país. Principalmente en este departamento, figura el municipio de Choluteca sumando 4,644 retornados. Y luego aparece el municipio de Marcovía 1,882.
Aledaño a la zona sur, aparece también la zona oriental, donde el departamento de El Paraíso en su ciudad de mayor importancia, Danlí, registra 3,923, seguido del municipio de Trojes que contabiliza 596. En la zona sur la agricultura también aparece como el principal medio de sustento de su población.
Pero en los últimos años, la producción de la tierra en Choluteca, que se ubica en el corredor seco, ha disminuido principalmente por la dificultad de acceso al recurso hídrico. Sobre todo, la carencia de agua se ha agravado a causa de la instalación de empresas hidroeléctricas,
En la zona occidental es Copán que figura como el departamento que contabiliza la mayor cantidad de emigrantes retornados, siendo la cabecera departamental San Rosa de Copán la que registra la mayor tasa de retornados con 3,317. Luego le siguen cinco municipios donde la cantidad de retornados oscila entre 1,000 y 1,500: Nueva Arcadia (1,975); Florida (1,458); Copán Ruinas (1,604); Cucuyagua (1,207) y Santa Rita (1,335). Luego aparece el departamento de Ocotepque en donde se registran los municipios de Ocotepeque con 1,692 y San Marcos con 1,748.
Mientras que el resto de los departamentos del occidente, aparecen como las zonas que registran las menores cifras de retornados. En el departamento de Lempira el municipio de Gracias contabilizó 2,007 y Lepaera 1,700. Mientras que el departamento de La Paz, en su cabecera departamental de nombre homónimo, contabilizó 884, seguido del municipio de Marcala con 596.
Y por último el departamento de Intibucá, donde aparecen La Esperanza con 1,665 y Jesús de Otoro con 879. Durante el periodo comprendido entre 2016 y lo que va del 2020, la migración también se ha hecho sentir en los departamentos más remotos de la geografía hondureña. Precisamente en Gracias a Dios e Islas de la Bahía que concentraron 266 y 1,300 retornados, respectivamente.
FOSDEH-Honduras: escenarios migratorios se profundizarán
Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, hay que tener en cuenta que la crisis ha constituido en un factor determinante de la migración hondureña, por tal razón, vaticina que las causas de este fenómeno detonarán en flujos migratorios.
En consecuencia “los escenarios migratorios ante lo que está sucediendo, conllevará a la profundización de esa precariedad de empleo y falta de ingresos”. Zepeda avizora que como anteriormente ha sucedido, las autoridades seguirán asumiendo la problemática migratoria respondiendo con políticas paliativas. Y es que actualmente “en el mismo Instituto Nacional de Migración, no se observa un programa real de reinserción, de atención laboral y psicológica al migrante hondureño”, apunta.
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
La violencia y la migración
La defensora de los derechos de los migrantes, Yanina Romero, ha acompañado y seguido muy de cerca el fenómeno de las caravanas migrantes. Para esta defensora una de las causas que principalmente explican la concentración de los flujos migratorios en el norte del país responde a la insuficiencia de la industria maquiladora en cumplir con las expectativas de la generación de empleo.
Y esto explica, según su análisis, como en municipios como Choloma, La Lima, Villa Nueva, entre otros, se observa un repunte migratorio. “La maquila nunca generó más de 130 mil empleos”, señala. Romero también reflexiona sobre el factor de la violencia, categorizando a este como el principal factor que hace que miles de jóvenes tomen la decisión de escapar de Honduras.
La defensora de los derechos de los migrantes, Yanina Romero, ha acompañado y seguido muy de cerca el fenómeno de las caravanas migrantes. Para esta defensora una de las causas que principalmente explican la concentración de los flujos migratorios en el norte del país responde a la insuficiencia de la industria maquiladora en cumplir con las expectativas de la generación de empleo.
Y esto explica, según su análisis, como en municipios como Choloma, La Lima, Villa Nueva, entre otros, se observa un repunte migratorio. “La maquila nunca generó más de 130 mil empleos”, señala. Romero también reflexiona sobre el factor de la violencia, categorizando a este como el principal factor que hace que miles de jóvenes tomen la decisión de escapar de Honduras.
La
periodista y activista por los derechos de los migrantes, Yanina
Romero, acompañó la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula
el 13 de octubre de 2018. Junto a ellos recorrió Guatemala y llegó hasta
la frontera de México con Estados Unidos, en Tijuana, en enero de 2019.
En este contexto, la especialista
también critica el impacto de los acuerdos migratorios que el gobierno
de Honduras firmó con Estados Unidos tras el auge de las caravanas
migrantes. A interpretación de Romero los acuerdos migratorios firmados
por el mandatario hondureño han constituido un muro para los migrantes.
“Ahora mismo hay nicaragüenses que nosotros nos hemos convertido en su
muro, los guatemaltecos se han convertido en el muro de los hondureños y
México se ha convertido en el muro de los centroamericanos”, concluye.
