DESDE HONDURAS AMENAZAN A MUERTE A DETECTIVE DE EEUU, ÁNGEL MARTÍNEZ
Luego de explicar los nexos de los hermanos Hernández con el narcotráfico, el investigador que trabajó 28 años para servicios de inteligencia de EEUU, Ángel Martínez, ha denunciado que mediante llamadas desde Honduras en principio ha sido amenazado con demandas judiciales, pero luego le advirtieron que acabarían con su vida si no retiraba de inmediato el video de su canal donde hace análisis del narco en América Latina.
Según el análisis de Martínez, las condiciones están dadas para que el primer día que Hernández deje la Presidencia, “Estados Unidos presente una acusación contra este presidente. Hay un 99.99 por ciento de probabilidad de que EEUU acuse a Juan Orlando Hernández”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El detective internacional, que trabajó casi tres décadas para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Ángel Martínez, ha denunciado recibir amenazas de demandas y hasta a muerte luego de publicar en su canal virtual una entrevista donde habla del caso de Antonio “Tony” Hernández y de los vínculos de su hermano, el mandatario hondureño, Juan Hernández, con el narcotráfico.
“Hace tres días la periodista Annie Naranjo me entrevistó sobre el arresto del hermano del presidente de Honduras, Juan O Hernández. Me limité a hacer un análisis de la situación de “Tony” Hernández y las implicaciones que esta condena podría traer para el presidente de Honduras y de inmediato comenzaron varias llamadas diciéndome que tenía que quitar el video y que me daban 24 horas para que bajara ese video”, ha explicado Martínez en un video de casi una hora que subió ayer en su conocido canal en redes sociales.
Y agrega que continuaron las llamadas “de que yo estaba muerto. Esto no va conmigo, no, ¡no acepto amenaza de nadie! Tengo en mi poder evidencias de este caso que rayan la ficción, si quieren más puedo poner un video diario para su satisfacción”, ha dicho el investigador que se ha desempeñado en el FBI (Buró Federal de Investigaciones, en español), Inmigración, Servicio Secreto, DEA (Administración para el Control de Drogas, en español), Aduana, Policía de New York y otras instituciones de inteligencia.
Es de recordar que hace unos días, el detective Martínez dijo que el Departamento de Justicia se prepara para presentar cargos contra Juan Hernández “el primer día que deje la Presidencia de Honduras”, y ha agregado que la justicia estadounidense intenta que “Tony” comprendo que de testificar contra su hermano, la condena será de 40 años a por vida.
“Esta es la sexta vez que se pospone la sentencia de “Tony” Hernández… los americanos [estadounidenses] están actuando así como pasó en el caso de Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del Cartel de Cali, cuando trajeron a EEUU a su hijo a testificar en contra de su padre… “Tony” tiene mucho conocimiento para el jurado; esta defensa que tiene actualmente ha sido muy pobre en el contexto de manejar cuáles son los acuerdos en un caso como este. “Tony” tiene mucho que ofrecer si va a testificar no sólo contra su hermano, sino también contra otros ex mandatarios, ya que estuvo involucrado directamente con el Cartel de Sinaloa”, aseveró el investigador.
Según el análisis de Martínez, las condiciones están dadas para que el primer día que Hernández deje la Presidencia, “Estados Unidos presente una acusación contra este presidente. Hay un 99.99 por ciento de probabilidad de que EEUU acuse a Juan Orlando Hernández”.
También señaló que la justicia estadounidense está negociando con Joaquín “El Chapo” Guzmán para que testifique contra el mandatario hondureño y otros ex presidentes de la región, que han tenido vínculos con el Cartel de Sinaloa.
Además, el detective ha asegurado que, según inteligencia de EEUU, el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada se encuentra en Honduras “protegido por Juan Hernández”, por lo que los estadounidenses “planean extraditar a Hernández para luego dar con el paradero de Zambada”.- A “El Mayo” se le acredita ser el verdadero jefe del Cartel de Sinaloa, quien pese a tener más de cuatro décadas involucrado en el narcotráfico, nunca ha sido detenido.
¿Cómo interpretar las amenazas contra el detective internacional que analizó caso de Tony Hernández?
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El detective internacional Ángel Martínez, quien se encuentra en EE. UU, denunció recientemente amenazas de muerte que le llegaron desde Honduras. Asegura que la molestia viene por haber interpretado la culpabilidad del exdiputado hondureño Tony Hernández y las posibles consecuencias para su hermano Juan Hernández, quien es el actual presidente de Honduras.
Martínez publicó un video en el que manifestó que desde Honduras lo llamaron en reiteradas ocasiones para amenazarlo de muerte y manifestarle que sería objeto de demandas judiciales.
El investigador afirma que en principio defendió a Tony Hernández criticando a la justicia de EE. UU por haberlo condenado con pruebas testimoniales de otros narcotraficantes, pero después vio el vídeo en donde el propio exdiputado hondureño reconocía sus nexos con los narcotraficantes. Fue ahí donde a este detective internacional no le quedó ninguna duda de que Tony Hernández era en realidad un narcotraficante a gran escala.
“Ustedes saben que las investigaciones que yo hago son totalmente transparentes. Yo puedo defender a personas que han sido arrestadas, porque hay algunas que son inocentes. Yo defendí a este hombre en su momento. Pero llegó un momento en el que recibí llamadas de Honduras amenazándome. No, no, no. ¿Ustedes quieren pruebas?, pues vean los interrogatorios a Tony Hernández, él mismo es el que habla ahí. Yo solo hice un análisis de lo que él declaró y de lo que puede pasar en Honduras con las declaraciones de Tony Hernández”, dice el detective en el vídeo que él mismo colgó en la plataforma YouTube.
Martínez agrega que el caso Tony Hernández se pudo resolver, pero se manejó mal, “¿y ahora están enfilando los cañones contra mí? No, y por qué. Este muchacho comenzó a hablar con los agentes y yo creo que cometió un gran error. Él pudo pedir ayuda. Pero él quería hablar y comenzó a hablar sin ninguna garantía. Él quería declarar”.
Criterio.hn, en aras de responder a la interrogante del porqué tiene miedo este investigador internacional y por qué hizo públicas las amenazas de muerte recibidas desde Honduras, buscó la reacción del abogado Fabricio Herrera, experto en temas de seguridad y narcotráfico, quien hizo un análisis histórico y pronostica que la novela terminará con la captura del presidente de Honduras, Juan Hernández.
Criterio.hn (C) ¿Cómo se puede interpretar que este investigador internacional haga públicas amenazas de muerte dirigidas en su contra?
Abogado Fabricio Herrera (AFH): Antes que nada, me gustaría señalar tres puntos básicos contextuales.
Primero, las cosas no son espontáneas y obviamente un narcoestado no es resultado de un proceso electoral en el que una persona que colabora con el narcotráfico llega a la presidencia y arma todo. Son procesos largos que como lo señalaba el ingeniero Alfredo Landaverde se remontan a alrededor de 1974, cuando el narcotráfico entra a Honduras por la vía de los militares. Esa fue la vía por la cual ellos pueden acceder a rutas y a vigilancia. Es decir, altas esferas de narcotráfico que incluyen a figuras militares y policiales.
Segundo, el sistema político con la injerencia norteamericana. EE. UU entra a construir una red de espionaje y de represión hacia el pueblo hondureño y hacia quienes supongan intereses de ellos a partir de 1963. Con el golpe de Estado al presidente Villeda Morales se crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) de la cual participó Gustavo Álvarez Martínez y otro número de militares que heredaron la política del general Tiburcio Carías Andino y la afinaron con ayuda de USAID, la CIA, etc. ¿Por qué señalo esto?, porque la misma red que se utiliza para espiar a la población y para hacer este de amenazas y este tipo de cosas. Es la red que ha utilizado el crimen organizado.
Tercero, en los años 80 la CIA se involucrada en actos escandalosos como Irán-Contra en el que la CIA pasó a controlar el tema de la droga. Y se ha convertido en el cartel número uno a nivel mundial. La CIA lleva el control de la injerencia de la política de EE. UU en el mundo. Y a lo interno operan organizaciones como la NCA, el FBI, etc. Existen una serie de crimen y de mafias que utilizan las fuerzas del interior para delitos oscuros. En el caso de los militares existe otra organización que permanece oculta, en tiempos de la represión de los años 80 y que sigue activa que es la Agencia de Inteligencia de Defensa (Defense Intelligence Agency, por sus siglas, DIA). ¿Qué quiere decir con eso?, que hay una maquinaria, como lo decía el jurista Claus Roxin, como en la Alemania Nazi, Plan Cóndor, América del Sur y otros países del mundo, que han sido utilizadas con fines imperialistas, pero que también son utilizadas por el crimen organizado y el tema empresarial.
En conclusión, entonces tenemos el caso de un presidente en Honduras (Juan Hernández) que logró consolidar un narcoestado en el país, que tiene control sobre eso, pero que está en un EE. UU, que aparte de tener un lado oscuro que es señalado también tiene partes operativas de Estado de Derecho, entonces la fiscalía y hay ética en alguna parte del gobierno de EE. UU, entonces esta fiscalía de EE. UU descubrió los vínculos del presidente de Honduras, han capturado a su hermano, y eso ha llevado a que salga a la luz pública lo que hacía Antonio Hernández (Tony), sino de otras personas nacionales e internacionales pertenecientes a esa línea de trabajo que han confesado a cambio de reducción de penas. Y este detective ha investigado también, no solo lo que han descubierto de manera oficial por parte de la fiscalía, sino que también ha hecho sus propias investigaciones. Otro elemento, que a pesar de que en EE. UU se puedan señalar cosas negativas también tienen un sistema de libertad de expresión mucho más fluido y democrático que el nuestro, y entonces ha filtrado información este detective desde su ética y capacidad profesional, con visión democrática de la libertad de expresión, que le ha traído este tipo de amenazas. Qué significa eso, pues significa que Juan Hernández solo es una pieza intermedia en un gran aparato que tiene funcionamiento en EE. UU y operatividad a nivel internacional. Esto recuerda a situaciones como las de Vietnam, Corea y estoy hablando no solo de EE. UU sino también de Francia, Inglaterra y otros imperios que han establecido este tipo de políticas para controlar las oposiciones en los países y no resulta extraño que esos patrones hayan evolucionado y afinados en la historia. A casi 100 años. Por eso el temor de este detective, aún en un país en donde hay un mayor respeto y protección de la ciudadanía, tenga temor por su seguridad física y su vida.
Y un último elemento, que nuevo, conocido como Plan Colombia, conocido como calumnias, destrucción de la vida personal, persecución, muerte civil, opciones políticas sociales y económicas que también podrían operar en contra de él. Esto que estoy señalando se ha visto a nivel empresarial con grandes descubrimientos, por ejemplo, el caso de los vehículos con electricidad en los años 80, o descubrimientos biológicos, tecnológicos, en los cuales científicos que han trabajado en esto han vivido la situación que está denunciando este detective, bien con muertes o suicidios extraños como afecciones a su integridad física, persecución judicial o un entramado mediático político para dañar su carrera, su vida, imagen y destruirlos como seres humanos sin destruirlos físicamente. Imagino que la atención que él ha de tener lo obliga a hacer este tipo de anuncios para buscar algún tipo de protección o al menos que quede la denuncia pública de lo que él está viviendo.
(C). ¿Estamos entonces, abogado Fabricio Herrera, ante un entramado de narcotráfico transnacional en donde Juan Hernández juega algún puesto clave?
(AFH): Tiene un puesto clave. Para ser una metáfora más o menos entendible, es como que esto fuera como las grandes transnacionales de la comida rápida y el papel que ocupa Juan Hernández es el representante de un país o quizá a nivel centroamericano. No es la pieza más importante, no es quien domine o mande. Es sustituible, pero que juega ese papel en este momento.
(C): ¿Qué podemos esperar de todo este juicio contra Tony Hernández, ya sabemos que es culpable y que solo estamos a la espera de una sentencia en donde se determinará si le dan cadena perpetua o los años que le fijen?
El caso de Tony Hernández es un capítulo cerrado. Usted lo ha señalado. Lo que resta saber es cuánto tiempo de cárcel va a estar y luego dar seguimiento para saber si ocurre una fuga o si lo matan unos presos o algo por el estilo, como suele ocurrir en estos casos. O termina su condena tranquilamente. También saber si va a escribir algún libro o harán una película como suele suceder en estos casos.
En el caso de su hermano, Juan Hernández, yo he hecho algunos pronósticos que no se han cumplido creo que por el juego político norteamericano. Pero fuera de eso, en el tiempo, considero que el destino de Juan Hernández es el mismo de su hermano Antonio Hernández. Yo lo veo a futuro con overol anaranjado. Todos los movimientos que se dan es la de huir de esa realidad o tratar de postergarla lo mayor posible. Obviamente este tipo de personajes mediante la ebriedad del poder suelen ser altaneros y soberbios, pero la historia nos enseña que ese es el final. Ese fue el final de Mussolini en Italia, los generales argentinos, Ríos Montt, Pinochet, pueden lograr huir a la justicia penal, pero nunca a la justicia histórica.
Corte de EE.UU aplaza otra vez la sentencia contra el narcotraficante Tony Hernández
Tegucigalpa, Honduras.-Es de conocimiento público el deseo de gran parte de la población hondureña por conocer la sentencia por cuatro delitos de narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, conocido con el alias de Tony, no obstante, otra vez se ha aplazado la sentencia en EE.UU contra el hermano de Juan Hernández, presidente de Honduras.
El juez Kevin Castel decidió reprogramar la audiencia para fijar la sentencia de Tony para el 10 de noviembre del año 2020 a partir de las 11 am hora local en New York.
La sentencia, que iba a ser conocida el próximo 16 de septiembre, se reprogramó ya que el abogado defensor, Peter E. Brill, argumentó que no pudo reunirse con Tony Hernández debido a los impedimentos por la pandemia.
“El caso de Tony ya está bastante juzgado, bastante consumado, ya tiene la condena de todos los cargos de que se le imputaron. Lo único que está en juego es ver hasta cuánto va a ser la condena final y la defensa ha estado trabajando en una estrategia de aminorar esa condena, pero, en general, el resultado final se ve muy complicado contra Tony. Lo único que viene esto es a retrasar algo que desde el principio de año debió hacerse, pero que al final la condena será igual de contundente que como fue el mismo juicio”, dijo este jueves a Criterio.hn el sociólogo hondureño Eugenio Sosa.
El ex diputado Tony Hernández fue condenado en el tribunal federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y armas de fuego y delitos falsos
Tony participó en la importación de casi 200,000 kilogramos de cocaína, utilizó seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional de Honduras, y coordinó dos asesinatos relacionados con drogas
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy C. Woolcock, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron en su momento que un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ ALVARADO, a / k / a «Tony Hernández» («HERNÁNDEZ») por los cuatro cargos en la acusación de superación, que incluía la importación de cocaína, armas y delitos de declaraciones falsas.
El caso de Tony Hernández viene siendo aplazado desde el 17 de enero de 2020, cuando se programó la primera audiencia de sentencia.
A pocos días de que se convoque a un nuevo proceso electoral en Honduras, se recuerda la indicación que hizo, en octubre de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al reafirmar que el narcotraficante Tony Hernández financió con dinero que obtuvo del narcotráfico las campañas políticas del Partido Nacional durante las elecciones de 2009, 2013 y 2017.
Mediante un comunicado de prensa el Departamento de Justicia refirió que dicha imputación se refleja en la acusación de superación y la evidencia presentada en el juicio.
“Hernández (Tony) ganó millones de dólares a través de su tráfico de cocaína, y canalizó millones de dólares de ganancias de drogas a las campañas del Partido Nacional para impactar las elecciones presidenciales hondureñas en 2009, 2013 y 2017.”, dice el texto que enumera cada una de las cargas probadas en el juicio contra el hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández.
Lo señalado por el Departamento de Justicia implica que el actual jefe de Estado de Honduras llegó y se ha mantenido en el poder utilizando dinero del narcotráfico.
¡Al fin! Estados Unidos acepta existencia de cárteles del narcotráfico en su territorio
Los llaman Cárteles Gringos, en el mundo del narcotráfico
Tomado de: laopinión.com
Foto: Getty Images/ARCHIVO DEA
El gobierno de Estados Unidos reconoció por primera vez en su historia, la existencia de cárteles del narcotráfico domésticos en su territorio e incluso señaló las zonas en donde operan en asociación con grupos criminales mexicanos.
Fue mediante un documento del Departamento de Justicia llamado “Estrategia contra los Cárteles Domésticos”, que habla de la forma en que mueven las bandas delincuenciales en cada uno de los estados que conforman la unión americana conocidos como cárteles gringos, informó el semanario mexicano Proceso.
Dicha información abarca desde 1973, cuando el Gobierno estadounidense declaró la guerra a las drogas, la evolución del tráfico, distribución y venta de narcóticos en su territorio.
Así, agencias de gobierno como la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya no solo pueden culpar a las bandas colombianas y mexicanas, pues buscan entender la nueva realidad del narcotráfico que se encuentra “en casa”.
Revelan que las organizaciones criminales de Estados Unidos tienen una relación de “sociedad” y ya no una dependencia con los cárteles mexicanos, según consta en las más de 150 páginas, de la Estrategia del Departamento de Justicia.
“Son bandas domésticas distribuidas en el territorio nacional que ahora funcionan como organizaciones independientes de las agrupaciones criminales y trasnacionales dedicadas al tráfico, distribución y venta de narcóticos”, expone el documento.
Según la información, para el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa (CDS) operaban las siguientes bandas: Los Hermanos Pistoleros Latinos, New Mexico Syndicate, Los Carnales, Latin Kings, Mexican Mafia, Sureños, MS-13, Wet Back Power, Sinaloa Cowboys, West Texas Tangos, Los Negros, Arizona Mexican Mafia y Border Brothers.
Mientras que para el Cártel del Golfo (CDG): Los Hermanos Pistoleros Latinos, Partido Revolucionario Mexicano, Raza Unida y Texas Chicano Brotherhood distribuían drogas.
Con estos ejemplos explica que los cárteles gringos operan sin ningún tipo de exclusividad porque pueden comprar la droga a más de una organización criminal, e incluso revela el nombre de las bandas y clubes de motociclistas estadunidenses que desde hace 10 años operaban únicamente como distribuidores de drogas.
Honduras: Manifestación del "Día de la Independencia" concluye en fuerte represión y ataques a defensores por la policía
Tuesday, 15 September 2020 14:31 Written by Heidy Dávila Published in Amenazas a la Libertad de Expresión PASOS DE ANIMAL GRANDE
Este 15 de septiembre en el marco de la celebración del denominado "Día de Independencia", los sindicatos de trabajadores, estudiantes y otros sectores, convocaron a una movilización de protesta con las interrogantes ¿Dónde está el dinero? y ¿Cuál independencia?, que finalizó en el Parque Central de Tegucigalpa con una fuerte represión contra personas de la tercera edad , defensores de derechos humanos, detenciones y agresiones hacia estudiantes. Uno de ellos fue herido de gravedad en el rostro.
El gobierno de Juan Orlando Hernández que ha decretado restricciones a la libertad de circulación y otros derechos constitucionales, se apresuró a prohibir el paso a cualquier persona este 15 de septiembre. Usualmente hay circulación para el último dígito de la identidad, sin embargo al percatarse de convocatorias a manifestarse, el Ejecutivo no incluyó ningún número que permitiera el desplazamiento de nadie. A pesar de ello las movilizaciones se llevaron a cabo. Es una costumbre del gobierno reprimir las expresiones de diversos sectores durante el 15 de septiembre de cada año y éste no fue la excepción. Desde el golpe de Estado de 2009 es seguro la represión hacia la población que demanda respeto a los derechos humanos.
La defensora Marcela Licona , Irma López y Elizabeth Medina, de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHFH), fueron agredidas por la Policía Nacional cuando se encontraban evacuando a personas de la tercera edad afectadas por los gases lacrimógenos, los oficiales les empujaron contra la pared, insultaron y golpearon para quitarles los celulares donde estaban documentando la violencia, agrediendo a dos señores de la tercera edad un guardia privado y a jóvenes que tenían detenidos.
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La cámara del canal 36 capta la agresión contra el joven Crsitian Espinoza |
El joven Cristian Espinoza, fue ingresado de emergencia al Hospital Escuela Universitario (HEU), con traumatismo en el rostro provocado por una tanqueta frente a la cámara de canal 36, quienes también debían mantener una distancia porque los oficiales les pedían que dejaran de trasmitir los hechos.
Varios estudiantes fueron detenidos, entre ellos Mariel García, César Juárez, Haslin Rodríguez, Humberto Cálix, Dariel Rivas, Oscar García, Luz García, Marcos Gonzalez, Daniel Macoy y Olvin Lagos, quienes fueron dejados en libertad en la posta de la colonia El Manchén de la capital.
Trabajadores del medio de comunicación Criterio.hn fueron amenazados por los oficiales para que se alejaran o les quitaban el equipo de trabajo, los periodistas y comunicadores mantienen un riesgo constante durante las protestas al ser objeto de agresiones por evidenciar los tratos crueles e inhumanos que ejercen durante las detenciones los cuerpos represivos contra las personas que se manifiestan pacíficamente.
En este video el MEU denuncia detención de estudiantes de esa organización:
La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), publicó un video evidenciando la provocación de entes policiales, después de largo tiempo de represión también fueron detenidas varias personas que participaron en la protesta, 0rganismos de derechos humanos señalaron que hubo uso desproporcionado de la fuerza.
En la protesta también participaron sindicatos de trabajadores que demandaron al gobierno responder por los salarios retrasados en el sector de educación, los presupuestos del área de salud y la criminalización vigente de los ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
Por preguntar ¿Dónde está el dinero? Policía reprime a manifestantes
Tegucigalpa, Honduras.- Un joven gravemente herido, 15 detenidos, otro golpeados y atacados con gases químicos por parte de la Policía Nacional y Policía Municipal, fue el saldo de la represión contra cientos manifestantes que esta mañana salieron a las calles capitalinas exigiendo cuentas sobre ¿Dónde está el dinero? Para tratar la crisis sanitaria por el Covid-19.
La convocatoria realizada por el movimiento social en cuenta la Convergencia Contra el Continuismo, salió [como desde el año 2009, cuando se dio el Golpe de Estado] del bulevar Marazán en Tegucigalpa, finalizando en la Plaza Central Gral. Francisco Morazán, centro de la ciudad.
Lo que parecía una manifestación pacífica, terminó con la persecución policial minutos antes de las 11 de la mañana, extendiéndose la persecución armada por más de dos horas, con jóvenes privados de libertad en la posta del Distrito Policía #2 El Manchén y la Estación Metropolitana de Policía #1 conocida como Core-7, en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa, para ser traslados a la IV estación de Policía en Comayagüela.
Los primeros detenidos fueron reportados como: Maruel García, Dariel Rivas, César Juárez, Haslin Rodríguez, Humberto Cálix, Luz García, Óscar García, Marci González y Daniel Macoy, quienes a bordo de una patrulla fueron llevados a la posta de El Manchén.
En la posta sólo permanecieron ocho personas, quienes denunciaron haber sido víctimas de detención ilegal, golpes e insultos de parte de la policía que les montó persecución hasta la avenida La Paz. Cerca de la una de la tarde fueron liberados tras la presencia de defensores y organizaciones de derechos humanos.
Llamó la atención que el agua química lanzada desde la tanqueta policial-militar este 15 de septiembre de 2020 era de color azul (cómo el color del partido político de turno). Las bombas lacrimógenas también fueron lanzadas a lo largo de la avenida “Cristóbal Colón”, frente a un centro hospitalario privado, y la policía que dirige el régimen de Juan Orlando Hernández y la que está bajo las órdenes del alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, al parecer no les importó.
En la calle había rastro de lo que parecía sangre, mientras se informaba que un joven de nombre Cristián Espinoza, había sido herido, dato que horas más tarde constataron procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Mientras la Policía Municipal cercaba las calles del casco histórico de Tegucigalpa, la Policía Nacional atacaba con gases, toletes y demás tratos crueles y degradantes a quienes se mantenían en las calles preguntando ¿Dónde está el dinero?
Emerson Padilla, un joven bombero de 22 años, denunció que la policía lo golpeó con toletes en la espalda, pese a que él se presentó y les afirmó que iba a denunciar esos hechos, a lo que, la policía le respondió que no les importaba. El joven andaba en su bicicleta comprado una bolsa de carbón para preparar el almuerzo familiar.
Mientras que el deportista Daniel Macoy, no solo fue agredido cuando volvía de cobrar tres mil lempiras por las clases privadas que imparte, sino que la policía le arrebató sus pertenencias, no le devolvió el dinero y lo privaron de libertad, denunció estando aun detenido.
Humberto Cálix, otro de los detenidos, declaró que la golpiza policial fue tan fuerte contra su persona que quedó desprotegido hasta de su mascarilla, como medida de bioseguridad para evitar el contagio por coronavirus.
“Lo único que estábamos haciendo es expresar el amor por nuestra patria, exigir un mundo mejor para nuestros niños y ancianos”, afirmó Cálix, a quien la policía lo atacó por el mercado San Pablo, huyendo de la represión desde el parque central.
La dirigente estudiantil, Haslin Rodríguez, denunció que fue víctima de burlas policiales por exigir un trato respetuoso y que no la obligaran a sentarse en el asfalto caliente por el sol, ya que corría el riesgo de contraer alguna infección.
La estudiante de Biología se movilizó con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), y fue atacada cuando compraba agua en una pulpería junto a su novio. El policía les golpeó la cara y ante el reclamo de la joven el agente le respondió “yo te voy a matar hijeputa”, causándole mucho miedo, afirmó la universitaria.
Desde el 15 de septiembre de 2017, la movilización popular en Tegucigalpa es atacada por la policía y militares a lo largo del recorrido. A la de hoy se agrega que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) y la Secretaría de Seguridad, aprovechando que es un día feriado, calendarizaron que nadie circulaba, se acuerdo a la segmentación por la pandemia, a nivel nacional.
Esta restricción fue ovbiada por miles de manifestantes a nivel nacional que, como cada “día de la Independencia Patria” se pregunta ¿Cuál indepencia? En Tegucigalpa, el monumento al paladín centroamericano Francisco Morazán, quien cumple 178 años de su fusilamiento, fue testigo una vez más de cómo actúan las fuerzas armadas contra el pueblo en Honduras.
La organización mundial Amnistía Internacional emitió una alerta urgente en relación al fallo de la Corte de Apelaciones contra ocho defensores de Guapinol que están encarcelados desde el año pasado, y otros cinco que quedaron libres pero pretende regresarlos a la cárcel. Según la organización hay una resolución viciada y sin argumentos jurídicos válidos, solo respaldada en una clara persecusión política, según un documento circulado este 28 de agosto de 2020 por la institución que aboga por el respeto de los derechos humanos en cualquier sitio del planeta.
El equipo de abogados de los defensores de Guapinol denunció queMientras el abogado Omar Menjivar denunció que la corte en mención revocó el sobreseimiento definitivo y ordenó un auto de formal procesamiento contra Juan López, Leonel George, José Adalid Sevilla, Reynaldo Domínguez y Marco Tulio Mendoza, del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, lo que destaca que en el mismo se ratifica la persecusión política para favorecer el capital.
Asimismo esa instancia judicial ratificó la prisión preventiva para los defensores de Guapinol Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, que se presentaron voluntariamente el 26 de agosto del 2019, pero fueron enviados a prisión a pesar que sus abogados lograron desvirtuar el delito de Asociación Ilícita, los delitos imputados son Incendio Agravado, Daños y Retención Injusta de la Libertad, contra el jefe de seguridad de la Minera Inversiones Los Pinares, en un juicio con graves faltas al Debido Proceso y donde el Ministerio Público y el Poder Judicial han jugado un papel nefasto, violentando todas las garantías judiciales de los encausados.
Esta es la alerta de Amnistía Internacional que publicó a través de sus cuenta de twitter:
#Alerta Urgente:
Amnistía internacional emite alerta Urgente Internacional ante proceso viciado y fallo sin argumentos jurídicos válido de la Corte de apelaciones en una clara persecución política contra defensores de Guapinol y Tocoa Colon Honduras. Copiando resolución de otros casos y pegando corte resuelve y decide mantener ilegalmente en prisión a defensores y revoca sobreseimiento definitivo para favorecer a la Empresa Minera Inversiones los Pinares y Ecotek de Lenir Pérez y Ana Facusse que mantienen relaciones directas con Juan Orlando Hernández tanto en la empresa Minera Inversiones los Pinares como en el Aeropuerto internacional de Palmerola en Honduras.
Los defensores deben defenderse en libertad de las falsas acusaciones del Ministerio Público al servicio y obediencia de la Empresa Minera Inversiones los Pinares y Ecotek, olvidándose de proteger las comunidades de los derechos humanos y ambientales, al agua, la alimentación, ambiente sano, La Paz y la protección de una área Protegida patrimonio del estado para el bienestar general amenazados por la intención de destruir para explotar minerales poniendo en riesgo la Vida en general.
También llamó a la acción a través de este link: ¡Actúa!
Link de la alerta Aquí
De "trampa mortal" califican a Hospital móvil de San Pedro Sula
- 08/09/2020
Médicos y expertos, quienes han tenido la oportunidad de recorrer el recién instalado hospital móvil en San Pedro Sula, señalan que la compra que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) hizo, es un riesgo biológico o trampa mortal para el personal que labore allí y para los pacientes con Covid-19 que busquen atención médica.
Bajo un ambiente hermético la junta interventora de Invest-H ha manejado la instalación de los hospitales móviles de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ha sido únicamente a través de comparecencias de prensa y acceso limitado para algunos medios de comunicaciones, como se tiene la poca información.
Entre finales de marzo y principios de abril, Invest-H le compró de contado a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, 7 hospitales móviles a un costo de casi 48 millones de dólares (más de mil 100 millones de lempiras), sin embargo, solo dos de ellos han llegado al país con equipo viejo, vencido y poco útil para atender a personas con el virus, dijo en entrevista a Radio Progreso el doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras.
“Son chatarras de hospitales de guerra utilizados en Medio Oriente”, dijo asegurando que son contenedores de campaña militar utilizados para dar primeros auxilios a soldados. Fueron pintados y restaurados para ponerlos a funcionar en Honduras, “por lo tanto no hemos recibido ninguno de los 7 hospitales que se compraron a un precio sobrevalorado”, dijo el médico.
En Honduras existen alrededor de 26 médicos intensivistas, especialistas para trabajar en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Santos está convencido que ningún intensivista en el uso pleno de sus facultades mentales, se va a meter a trabajar en un lugar donde no hay ventilación, ni flujo de oxígeno. “La carga viral será grande y fácilmente el personal médico y pacientes van a morir, porque la neumonía será más grave”, aseguró.
En su visita el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Omar Jananía, declaró que el hospital móvil está completo para otras patologías, pero no es apto para pacientes con Coronavirus, porque faltan ventiladores mecánicos, el espacio de cama a cama es reducido y el flujo de oxígeno no es el adecuado.
El Colegio Médico de Honduras motiva a la ciudadanía y organizaciones a demandar una verdadera rendición de cuentas, porque los hospitales que compró Invest-H, no representan el costo económico que se pagó a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com con sede en Estados Unidos.
En el reciente informe titulado “Las máquinas de anestesia usadas: Un riesgo biológico inminente”, que conforma el especial “La corrupción en tiempos del Covid-19”, del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, revela que los hospitales no cuentan con respiradores mecánicos. Además, detalla que solo contienen máquinas de anestesia que sirven en quirófanos y tienen indicios de ser usadas.
El equipo entregado en el hospital móvil instalado dentro de los predios del hospital Mario Catarino Rivas posee varios signos de desgaste, producto de su utilización, por lo cual, no se puede considerar como un componente nuevo y útil, sino como material de segunda mano.
“Se encontraron signos de uso en los conectores, los cuales se producen únicamente cuando se procede a realizar su mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. En cambio, cuando un equipo médico de altas prestaciones se encuentra completamente nuevo, no presenta este tipo de condiciones, ni similares a ellas”, dice el informe del CNA.
En relación al informe del CNA, Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h), a través de un comunicado justificó que “el proveedor no había cumplido con el envío de los respiradores automáticos que contempla la orden de compra de los dos hospitales móviles que ya están en el país, por lo que se hizo un reclamo oficial […] La Comisión Interventora de INVEST-Honduras cumple con su deber de informar sobre cualquier tema que sea de interés para la población hondureña”.
Lea informe completo:
Honduras sigue con raquítico número de pruebas de Covid-19
- 11/09/2020
Apenas 1004 pruebas fueron sometidas a laboratorio en las últimas horas según detalló, en cadena nacional, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinager, que aseguró que apenas 205 dieron positivas de coronavirus.
Varios expertos sostienen que ese raquítico número de pruebas que diariamente se someten a laboratorio es el indicativo que hay una baja en los casos positivos de Covid-19, algo que choca con la realidad del pueblo hondureño.
La Directora del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, doctora Mitzi Castro, manifestó esta semana que tanto el laboratorio de San Pedro Sula como el de Tegucigalpa fueron sometidos a mantenimiento para mejorar su rendimiento.
A seis meses de la pandemia, Honduras reporta 65 mil 802 contagios. Con cinco nuevas muertes oficializadas, el país llega a 2049 fallecimientos. También se reportan 15 mil 557 personas recuperadas.
Nuevos casos
De los nuevos contagios reportados, 98 corresponden al departamento de Francisco Morazán: 78 del Distrito Central, 12 de San Antonio de Oriente, 3 de Santa Lucía, 2 de Lepaterique, 1 de Nueva Armenia, 1 de Marale y 1 de El Porvenir.
El departamento de El Paraíso con 41 casos: 14 de Danlí, 14 de Alauca, 4 de San Matías, 2 de Güinope, 2 de El Paraíso, 2 de Teupasenti y con un caso: Potrerillos, Yuscarán y Trojes. Comayagua con 27 casos: 21 de Comayagua, 4 de Taulabé, 1 de Siguatepeque y 1 de El Rosario.
Valle con 13 contagios más: 10 de San Lorenzo, 2 de Nacaome y 1 de Amapala. Yoro cinco casos: dos El Progreso, uno de Morazán, otro de Las Vegas y uno más de Yorito.
También se reportaron tres casos de Tocoa y uno Sonaguera en Colón. También un caso en Opatoro, otro en San José, uno en Chinacla y otro en La Paz. El reporte de Sinager también detalla dos casos de La Esperanza, uno de Intibucá y uno de Jesús de Otoro.
Tres casos más en el departamento de Cortés: 2 de San Pedro y 1 de San Manuel. En Santa Bárbara se reportaron tres casos: dos de Santa Bárbara y uno de San Luis. También se reportó un caso de Pespire en Choluteca. Otro en Santa Rosa de Copán. Uno más en Puerto Lempira, Gracias a Dios.
Coronavirus en Honduras: una historia de influencias, conflictos de interés, sobrevaloración y muerte
Fuente: Expediente Público
** Mientras la población hondureña padece la falta de medicamentos en los hospitales, una investigación de Expediente Público saca a luz nuevos conflictos de intereses en transacciones millonarias del erario para la compra e instalación de hospitales móviles.
Isaías Romero, un joven panadero, lleva dos semanas yendo al
Hospital “Mario Catarino Rivas
Su mirada denota angustia y tristeza; asegura que, para pagar el tratamiento de sus parientes, su familia ha unido esfuerzos. “Hemos estado apoyándonos unos a los otros, tratando de economizar y tratando de ver qué se hace; ahí a escondidas saliendo a vender pan para tratar de sobrevivir”, relata.
De acuerdo con el testimonio de este hondureño, en el
Hospital “Mario Catarino Rivas
Hay un enjuague bucal-se queja- que cuesta aproximadamente 30 dólares, unos 800 lempiras. Cada pastilla vale cerca de 3 dólares (78 lempiras) y al día deben tomar dos durante 21 días que dura el tratamiento. “En tres días, hemos gastado aproximadamente 12 mil lempiras” (el equivalente a unos 480 dólares).
Un reciente informe de la organización civil Transformemos Honduras revela que 5 de 10 hondureños que acudieron a un centro asistencial público, tuvieron que comprar sus medicamentos y más de la mitad de médicos y enfermeras, insumos sanitarios.
Los resultados son parte de una encuesta de percepción efectuada del 12 al 26 de junio de 2020 a nivel nacional a pacientes, médicos y miembros del personal de enfermería que acudieron o laboran en policlínicas, clínicas periféricas y hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), centros integrales de salud (CIS) y hospitales públicos a nivel nacional.
Según el sondeo, el 52% de los pacientes debió costear susmedicamentos, porque estos no se encontraban disponibles en el centro asistencial al cual acudió. Solo 21% de los pacientes consideró que el establecimiento de salud contaba con los medicamentos que se le prescribieron y 52% opinó que algunos de los fármacos se encontraban disponibles
Expediente Público hizo un recorrido por los hospitales públicos de la zona norte del país. Relatos similares a los de Isaías Romero han sido expuestos en diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde queda en evidencia que los recursos que están actualmente siendo ejecutados no se están viendo reflejados en la atención sanitaria, tampoco en políticas sociales dirigidas a los sectores más afectados, y están siendo usados con poca transparencia.
En el marco de la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus, las autoridades hondureñas han adoptado una serie de medidas para acceder a fondos del presupuesto nacional, de los organismos financieros multilaterales y la cooperación internacional bilateral para hacer frente a la pandemia en ese país que hasta la fecha registra la muerte de más de 1,100 personas y con un poco más de 38,000 contagios, según las cifras oficiales publicadas al 25 de julio de 2020.
El presupuesto actual autorizado para la pandemia oscila entre 3,800 y 4,700 millones de lempiras, (188 millones dólares), según la Secretaría de Finanzas de Honduras. De momento, la ejecución del presupuesto en Inversión Estratégica, INVEST-Honduras con relación al Covid-19 suma 84 millones de dólares, equivalente a más de dos mil millones de lempiras.
Medicina Legal reporta varios levantamientos de personas que han muerto en la calle y en las aceras de los centros hospitalarios del país, cuyas pruebas de contagio de la Covid-19 han dado positivo.
El 10 de febrero de este año, el presidente Juan Orlando Hernández
Alvarado, en Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ejecutivo
PCM-005-2020 para declarar emergencia nacional por el Covid–19 y
autorizar la ejecución de compras directas evadiendo los procesos de
licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Para cumplir esos objetivos, amparado en el Decreto Legislativo número 31-2020, publicado en La Gaceta en fecha 13 de marzo, 2020, la ejecución de compras durante esta pandemia ha sido realizada por Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Sesal), Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
A comienzos de la emergencia, ya habían aflorado acciones irregulares de cotizaciones y compras sobrevaloradas en un ambiente generalizado de secretividad con que se ejecutan los fondos y que impide la transparencia, hechos denunciados en varios informes por el Consejo Nacional Anticorrupción.
Transacción oscura
El 18 de marzo, el Estado de Honduras pagó 47 millones de dólares a
la empresa estadounidense Elmed System Me
Diferentes sectores denunciaron y descubrieron eventuales irregularidades en esa compraventa millonaria. Marco Antonio Bográn, ex director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), está siendo investigado por el Ministerio Público por tres presuntos delitos de corrupción que son fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Bográn aduce que participó de buena fe en la compra de los hospitales móviles y asegura que nadie intervino en ese proceso ya que contactó a la empresa proveedora tras una búsqueda por internet.
Desde el pasado 10 de julio, luego de 4 meses de espera, llegaron a Puerto Cortés, zona norte de Honduras, los dos primeros hospitales de aislamiento que serán instalados en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, capital de ese país. Pero debido a una serie de inconsistencias en las facturas que envió Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), los 78 contenedores que forman los dos hospitales, llevaron al Ministerio Público a intervenir para evitar su inmediato desaduanaje en tanto no hubiera una supervisión adecuada de lo que traían esos contenedores. Inició así el trabajo de pesquisa que contó con la veeduría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), auditores del Tribunal Superior de Cuentas y las autoridades aduaneras.
El compromiso del guatemalteco Axel López,
dueño Elmed System Medical, er
Pero el señor López, ha subcontratado a una empresa hondureña para el proceso de instalación de los dos primeros hospitales traídos de Turquía; Expediente Público ha detectado indicios de un posible conflicto de interés.
Sermaco, la empresa contratada para instalar los hospitales móviles
Se trata de Luis Rene Eveline Hernández, un exfuncionario que además ha estado vinculado a personajes de alta categoría del partido de gobierno y es socio fundador de una universidad privada que funciona en la capital hondureña. A Eveline, lo unen, entre otras cosas, sus socios de Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A: (Sermaco), que participan en el negocio con tres contratos firmados por 23 millones de lempiras.
La sociedad Sermaco, junto a Jorge Alberto Crespo Madrid, Roberto José Avilés García, Tomás Roberto Ayala Nájera, Edgardo Enrique Crespo Madrid y Luis René Eveline Hernández, constituyeron en 2004 la empresa “Agregados del Sur”, cuya finalidad es la explotación de agregados petróleos de cantera y de río; explotación de minerales y construcción de obras civiles. En esa sociedad mercantil, Sermaco es dueño de 125 acciones. (Descargue)
Ese mismo año, los socios anteriores también constituyeron otra empresa con igual finalidad: Canteras Nacionales, en donde Sermaco también es dueña de 125 acciones sociales. (Descargue).
Una relación de cercanía al poder presidencial
Luis René Eveline Hernández, fue gerente del Servicio Autónoma
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), de 2013-2016 durante
el primer periodo gubernamental de Juan Orlando Hernández Alvarado.
Anteriormente, ocupó el cargo de jefe de la Unidad de Gestión Ambiental
en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (Soptravi) y
en la Corporación Hondureña de Desarrollo
Forestal (Cohdefor). (Descargu
Su hermano, Carlos Humberto Eveline Hernández, ocupa el puesto de jefe del área digital del Instituto de Formación Profesional (Infop). Otra hermana, Gilda Albertina Eveline Hernández, trabaja en la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización. Mientras que su esposa, Jance Carolina Funes, fue candidata a diputada por el Partido Nacional al igual que su sobrina Melissa Claros Eveline, quien actualmente trabaja como asistente Ejecutiva y Coordinadora de Despacho del Secretario de Estado en el despacho de la Presidencia en Casa Presidencial.
Mismos socios, diferentes contratos
Adicionalmente a la compra millonaria de los siete hospitales, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) pagó también 57.9 millones de lempiras (2.3 millones dólares) para la construcción de la obra y supervisión de los planteles donde funcionarán estos centros modulares de atención para pacientes con Covid-19. (Descargue).
Los hospitales móviles estarán distribuidos en Tegucigalpa, capital de Honduras, en San Pedro Sula, conocida como la capital industrial del país y donde se reporta la mayor cantidad de casos por coronavirus; en Danlí, El Paraíso, ciudad localizada a 121 kilómetros de la capital; en Choluteca, zona sur del país; Juticalpa, Olancho, a 170 kilómetros de Tegucigalpa; en La Ceiba, Atlántida, localizada en la costa norte del caribe hondureño y Santa Rosa de Copán, al occidente del país.
Para la obra de Juticalpa y La Ceiba, Invest-H, le adjudicó un contrato por 16 millones de lempiras a la Constructora Serrano Colindres y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Cosco); para Tegucigalpa, contrataron a la empresa Maquinaria y Proyectos, Sociedad Anónima, por un monto de 10 millones de lempiras.
Mientras que la que más favorecida es la Sociedad Mercantil denominada Servicios de Mantenimiento y Construcción Sociedad Anónima, (Sermaco), firmó tres contratos por un monto de 23 millones de lempiras para la preparación del terreno en San Pedro Sula, Danlí y Santa Rosa de Copán. Invest-H destinó así un monto total de 49 millones de lempiras solo para adecuar los planteles.
Y para la supervisión de los siete proyectos, el Estado de Honduras pagó 8.9 millones de Lempiras, unos 360 mil dólares estadounidenses.
Las empresas encargadas de esa labor son Servicios Técnicos de Construcción y Consultoría, Sociedad de responsabilidad Limitada (Setcco), quien tiene un contrato por 1.2 millones; Gabinete Técnico Sociedad Anónima,(Gatesa), por un monto de 1.3 millones; Consultores Asociados de Honduras, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Conash), por 1.4 millones; Asociación de Consultores en Ingeniería, (ACI), por 1.3 millones; Ingenieros Consultores, (Inconsul), por un monto de 2.4 millones y Consultores en Ingeniería Sociedad Anónima, (Cinsa) por 1.2 millones de Lempiras.
Expediente Público también evidencia que las empresas contratadas
para este proceso, han conformado consorcios pero que de forma
individual fueron favorecidas; en el caso de las empresas Ingenieros
Consultores, (Inconsul), Consultores Asociados de Honduras, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, (Conash) y Servicios Técnicos de Construcción y
Consultoría, Sociedad de responsabilidad Limitada, (Setcco), en 2017
esas tres sociedades formaron un consorcio denominado Conash-Icsa. (Desca
Mientras que, en 2013, Napoleón Bográn Idiáquez representante de
Consultores en Ingeniería (Cinsa), Pedro Pineda Cobos en representación
de Técnica de Ingeniería (Tecnisa) y Mayra Tosta Apell de Consultores
Asociados de Honduras, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Conash), y
la Asociación de Profesionales Consultores conformaron el
consorcio Cinsa-Tecnisa-Conash
En el caso de Consultores en Ingeniería (Cinsa) y Gabinete Técnico Sociedad Anónima, (Gatesa), el Consejo Nacional Anticorrupción evidenció que ambas empresas están relacionadas a la familia del ex director ejecutivo de Invest-h, Marco Antonio Bográn.
Con estos antecedentes Expediente Público evidencia que todas las empresas contratadas para la supervisión y construcción de los planteles donde serán instalados los hospitales móviles, están relacionadas entre sí y evidencia un enorme conflicto de interés que riñe con la transparencia y la rendición de cuentas. El entramado de contratos y de relaciones de cercanía al poder gubernamental, muestra que la adquisición de los hospitales móviles va más allá de “la buena fe”.
Al cierre de este reporte, el Ministerio Público ha revelado los primeros hallazgos en los contenedores que transportaban los dos hospitales móviles: equipo en desuso, con fecha de vencimiento del 2016, deteriorado y poco recomendable para ser utilizado en los pacientes del coronavirus. Mientras, Invest-H ha sido intervenida, ha aceptado los hallazgos del Ministerio Público y en un comunicado reitera a la opinión pública que la compra de los hospitales móviles es bajo la modalidad “llave en mano” y que solo se dará “por recibida esta compra hasta que se verifique que todo el producto cumple con la calidad y las condiciones pertinentes”. Pero Invest-H ya pagó por adelantado y por ahora, no aparece el contrato, y faltan cinco hospitales móviles más junto a sus plantas de tratamiento.
Solucionar problemas
Por otra parte, el Gobierno juramentó el pasado 24 de julio a la junta interventora transitoria que durante 180 días tomará el control de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), institución envuelta en supuestos actos de corrupción por la adquisición irregular de siete hospitales móviles a un intermediario que mandó a fabricarlos en Turquía.
Lea: Invest-h: Una mafia al desnudo
Está junta está integrada por José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.
Como presidente de la junta, nombraron a Leva Bulnes, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM).
Boquín Suárez, actualmente presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante Convivienda.
Por otra parte, Benítez Portillo, subsecretario de Agricultura y coordinador nacional del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (Firsa).
La junta interventora recibió instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar el desaduanaje y la pronta instalación de hospitales móviles en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
La comisión tiene responsabilidad buscar la continuidad y cumplimiento de los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución, por parte de Invest-H, con prioridad en el sector agroalimentario y de infraestructura vial.
En el caso de los hospitales modulares, anunciaron que han enviado una carta al proveedor para que dé explicaciones por qué se envió equipo usado y cuál es el avance de los otros cinco hospitales restantes, pero éste no ha respondido a los correos electrónicos.
Los interventores también anunciaron que si es necesario contratar una empresa o enviar un equipo a Turquía lo harán.
Esposa de interventor es proveedora del Estado
Expediente Público también evidenció que la empresa Productos Médicos Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable (Promesa) es proveedora del Estado de Honduras y el último contrato de 15.7 millones de lempiras que recibió, fue publicado el 30 de abril, de acuerdo con el portal de Transparencia.
Esa compañía está conformada entre Akinvest S.A, la cual figura entre sus socios, la especialista en dermatología, Nora Waleska Escoto Alvarez, esposa de José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la recién nombrada junta interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H). (Descargue).
Médicos en desacuerdo con reapertura económica
- 27/07/2020
Tras conocerse la presión que los sectores empresariales están ejerciendo para que se les autorice pasar a la fase 1 de la llamada apertura inteligente de la economía, el Colegio Médico, sostiene que no es tiempo para dar ese paso.
“No podemos decir nosotros, como Colegio Médico, que técnica y científicamente que es el momento adecuado para volver a la actividad normal en el país. En este momento tenemos un aumento de casos de Covid-19, de hospitalizaciones, los hospitales están trabajando al máximo, hay aumento en el número de médicos, enfermeras y microbiólogos que están falleciendo”, manifestó el Vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos.
“Entiendo a mucha gente que dice que es necesario producir, eso es cierto, es necesario trabajar, es necesario salir, pero hay otra gran verdad: afuera hay un virus. No porque nos autoricen a salir no significa que el virus no nos esté esperando, y una vez que contraemos esa enfermedad, la situación se torna grave”, dijo el doctor Santos.
Manifestó que está de acuerdo en hacer un equilibrio en esta pandemia y sacar la cuenta sobre cuánto le cuesta al país poder curar a una persona cuando se puede curar. “…cuesta millones, y si nosotros llegáramos a tener miles de enfermos, eso si quebrarían la economía de una sola vez”, manifestó Santos.
El doctor Samuel Santos aseguró que se equivocan al señalar que la economía está cerrada porque a su criterio, la economía está activa y sobre todo la economía productiva que mantiene abastecido con los productos básicos los mercados nacionales.
“La economía está activa, lo que no está activo es la otra economía que es la de los moles, los restaurantes de comidas rápidas y las tiendas de consumo, eso no está activo, y eso es lo que a esos sectores les interesa. A nosotros nos debe preocupar la economía productiva y no tanto la de consumo”, aseguró Santos.
Congreso aprueba nuevo endeudamiento para manejo de la “emergencia”
- 31/07/2020
La propuesta de los nuevos créditos fue enviada como correspondencia del Poder Ejecutivo, misma que el Congreso Nacional dio trámite de forma inmediata y con la dispensa de dos debates, procedió en única discusión para su aprobación.
El primer proyecto enviado bajo el oficio SDP no. 183-2020 es por un monto de 59 millones 200 mil dólares, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual será destinado para la ejecución del Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social.
Este programa será aplicado para manejar la emergencia, asignar fondos para reapertura económica, y ayudar a la conservación de empleos. El préstamo será pagado en 40 años, y gozará de 5 años de periodo de gracia. De acuerdo a los datos brindados por Finanzas, la tasa de interés será de 1.75%.
“Nos preocupa los niveles de endeudamiento, cuando se hacen inversiones los técnicos miden una tasa interna de retorno, que es en cuanto tiempo se obtendrá una utilidad de determinada inversión y en lo social también, todo esto no se ve revelado en todos estos préstamos”, valoró el diputado de Libre German Altamirano.
“Nos hemos convertido en el cajero automático del Poder Ejecutivo, eso es grave y lamentable, no hay transparencia, no se sabe el uso del dinero que antes se aprobó y las condiciones que vive el pueblo en esta emergencia no se refleja en la cantidad de dinero disponible para el manejo de la misma. Entonces, seguirnos endeudando no es la solución, sino ser transparentes en todo el dinero que hay y que por cierto es el más grande de la región”, continuó expresando Altamirano.
Cuando fue planteado el proyecto por parte del oficialismo, diputados de las diversas bancadas expresaron su rechazo a la misma. El partido Libre a través de Altamirano dejó claro que ellos votarían en contra, pues no hay transparencia y en cambio hay muchas dudas sobre qué ha pasado con este dinero.
Asimismo, el diputado del PINU, Tomás Ramírez expresó que ante la falta de detalle en la ejecución de todos los préstamos aprobados en el Legislativo, la bancada de este instituto político se posicionaba en contra.
El segundo préstamo aprobado es bajo el oficio No. 182-2020, enviado por el Ejecutivo y orientado al contrato de préstamo número 2249 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de 50 millones de dólares.
Según Finanzas, los recursos destinados a financiar en este préstamo, serán para la ejecución del “Programa De Emergencia de Apoyo y Preparación Ante El Covid-19 y de Reactivación Económica”.
La ministra fue encarada en la sesión virtual, y fue consultada sobre el destino del dinero y el manejo que hasta la fecha se ha realizado por parte del Gobierno.
Ante tal cuestionamiento Tábora salió al paso y manifestó que ellos han sido responsables en el manejo de los fondos aprobados y también en las gestiones de los mismos. “Es difícil que ante cualquier gestión a uno siempre le preguntan sobre en qué se ha invertido lo anterior, pero somos responsables al tener que explicar esto”, dijo Tábora.
La ministra continuó explicando: “la responsabilidad de cómo se ejecuta está en cada una de las instituciones a las que se les ha asignado presupuesto, entonces cada entidad tiene que informar al respecto, yo entiendo que el Congreso estaba haciendo una comisión para hacer una auditoria a cada uno de estos proyectos y me parece acertado”.
Para la funcionaria, ellos pueden responder sobre la forma en cómo han distribuido el dinero, pero el detalle de la ejecución corresponde a las instituciones, por lo que organismos como el propio Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el que debe presionar para aclarar las dudas de la población.
El vicepresidente del Congreso Nacional, acuerpó a Tábora en su planteamiento, pues ante los cuestionamientos de la oposición salió al paso y dijo que las cosas no son como lo plantea la oposición, pues el Congreso ha sido un espacio amplio y democrático en el que se debaten las cosas.
Para Callejas, esto no es emitir un cheque en blanco al Ejecutivo, sino contribuir al combate de la pandemia de la COVID-19. En esa línea los nacionalistas se hicieron un nudo. La vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López dijo que el Gobierno ha sido responsable, que es admirable el manejo que le están dando al dinero y la apuesta por seguir combatiendo la crisis.
Para López se ha sido transparente y se ha respondido al cumplimiento del gasto público, las demandas sanitarias y todo lo que implica la activación económica. La diputada manifestó que los esfuerzos se siguen realizando a pesar de la disminución de ingresos tributarios, por lo que el Congreso debe seguir asistiendo y apoyando estas solicitudes del Poder Ejecutivo.
El diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto también agregó elementos al debate: “hay que ser consistentes en los cuestionamientos, pero también apoyar iniciativas para fortalecer la lucha contra la pandemia, y estos proyectos buscan eso”.
Al final de la discusión, la aplanadora nacionalista se impuso y dio luz verde para que Finanzas suscriba ambos préstamos, que aumentan los niveles de endeudamiento del país de cara a los próximos 50 años.
EL “GRAND FINALE” DE LA “MALIGNA COMEDIA” ─ Farsa, engaño, exhibicionismo y corrupción en la “lucha contra el virus”
Ante esto ¿dónde están los movimientos populares y su acción? ¿Bien financiados para seguir “jugándose la vida” en las redes sociales?
Por: Mario Roberto Morales
Si para “abrir la economía” sólo se necesitaba usar mascarilla, lavarse las manos y guardar distancia del prójimo ¿por qué no se hizo esto desde el principio en vez de confinar forzosamente a la gente durante más de cuatro meses, con las devastadoras consecuencias que esto tuvo para la economía informal y la pequeña empresa? ¿Y por qué la actividad monopolista oligárquica jamás se “cerró”, sino lucró a gusto como siempre, mientras para el pueblo la economía siempre ha estado cerrada por falta de oportunidades?
¿Es que el colorido “semáforo epidemiológico” modifica que, al reabrir centros comerciales, restaurantes y transporte público, el pico de los contagios está en su punto más alto, el sistema de salud más desabastecido e ineficaz que nunca y la gestión de la lucha contra el virus más errática que al inicio de la emergencia? ¿Es que la “apertura de la economía” consumista en tal circunstancia no provocará una escalada de la enfermedad, aunque la gente observe las mencionadas medidas, sobre todo porque en nuestra sociedad la aglomeración es la norma de las relaciones sociales debido al estructural atraso material y cultural en que vive?
A estas preguntas se agregan otras como la que le repite la voz popular al presidente sobre ¿dónde están los millones en préstamos que obtuvo para “luchar contra el virus”, ya que no se nota su utilización, sino más bien se sospecha de su robo por parte de funcionarios públicos? ¿Por qué los médicos que mueren contagiados combatiendo el virus lo hacen sin que el gobierno les pague sus salarios, y por qué el presidente no hace la menor mención de ellos en sus gesticulantes discursos que abundan en movimientos de cejas, abrir y cerrar de ojos y carrasperas para enfatizar palabras triviales? ¿Por qué el ministro de economía ―un notorio representante del neoliberalismo local― fue quien, en el mensaje oficial del domingo pasado, insistiera en que “abrir la economía” en estas graves condiciones de salud es algo encomiable? ¿Fue para que no quede duda de que el gobierno sigue respondiendo disciplinadamente al interés oligárquico? ¿Por qué el comisionado presidencial para el combate al virus estuvo en ese acto más preocupado de que su mascarilla combinara con su corbatín que con la necesidad de no omitir (porque omitió varios) ninguno de los municipios en rojo, anaranjado, amarillo o verde (ya que de colores se trata)? ¿Fue porque la coquetería le importa más que su trabajo? ¿Y por qué la torpeza de relegar a la ministra de salud a un rincón sin podio? ¿Fue porque a estos funcionarios les importa más “la economía” que la salud y porque les gusta exhibir la misoginia de soldadito de plomo de su derechismo de vodevil fascista?
A partir de ahora, a las pobrerías para las que la economía siempre ha estado cerrada les espera lo peor de esta coyuntura en la que la reclusión forzada está sirviendo para justificar ―dizque por la inactividad de la informalidad y la pequeña empresa― la fraudulenta recesión en marcha desde que el dinero público rescató a la banca privada que perpetró la estafa mundial del 2008. En nuestro país, esas pobrerías se infectarán aún más al salir a trabajar en tan salvajes condiciones. Y seguro el gobierno no reactivará las medidas restrictivas, sino mentirá diciendo ―como el comisionado el domingo pasado― que la curva de contagios se aplana.
HONDURAS / PLATAFORMA CIUDADANA LUCHARÁ CONTRA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
- Publicado: 22 Septiembre 2020
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Las instituciones llamadas a combatir la impunidad y corrupción le han fallado al país. Por esa razón, un grupo de hondureños de diferentes sectores de la sociedad, lanzaron este 21 de septiembre la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (Panal), basada en los principios de democracia, unidad, igualdad y justicia.
La plataforma está integrada por un comité coordinador integrado por la profesional en Diplomacia Claudia Rodríguez, la abogada Lourdes Mejía y los empresarios Ramón Arístides Jiménez, David Miles Miguel Zablah, los galenos Edgardo Sarmiento y José Manuel Matheu, así como la ex presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal.
“Somos una plataforma ciudadana pluralista, integrada por hombres y mujeres que anhelamos lo mejor para Honduras, donde cada uno de nosotros, desde sus campos de acción, hemos luchado por alcanzar ese sueño”, ha comentado Handal.
Asimismo, lamentó que Honduras atraviesa una de las peores crisis sociopolíticas en la historia nacional, “por lo que hemos decidido unir esfuerzos a fin de poner un alto a las malas acciones de los corruptos y a la desunión ciudadana. Es hora de rescatar y reconstruir Honduras y estamos convencidos que sólo juntos lo podemos lograr”, ha dicho la empresaria.
Por su parte, el doctor Matheu ha hecho un llamado a “conformar un fuerte grupo de ciudadanos honestos e independientes, de todas las edades, clases sociales, ocupaciones y creencias, que aman al país y que hoy alzan la voz por aquellos que no tienen”.
“La caótica situación socioeconómica en que nuestro país ha caído, sumado a la dolorosa división de la familia hondureña, son producto de la impunidad y corrupción manifiesta de gran parte de los políticos y la permisibilidad, pasividad y silencio de la mayoría de la gente buena de este país; los buenos somos más y debemos unirnos”, sostuvo el galeno.
Denuncian despidos masivos en la UNAH
- 22/09/2020
El presidente de la junta directiva central del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), Adelso Flores denuncia que, en las últimas semanas las autoridades universitarias han suspendido cerca de 400 trabajadores y trabajadoras en la modalidad académica por hora, violando sus derechos laborales.
“La universidad se ha convertido en una institución que explota al trabajador y lo tira a la calle sin sus derechos», dijo asegurando que, muchos docentes recibieron la notificación de despido bajo el argumento de una suspensión laboral hasta el próximo año.
Además, denuncia que continúan a la espera del pago del mes de septiembre, e incluso hay trabajadores y trabajadoras que desde mayo no se les hace efectivo el pago de sus salarios.
El dirigente hace un llamado a las autoridades de la universidad y la Secretaria del Trabajo para solventar una problemática que mantiene en precariedad a los trabajadores de la máxima casa de estudios en medio de la pandemia.
¿Bajo qué realidad se sustenta la desaparición forzada de dirigentes garífunas?
- 10/08/2020
El secuestro de sus líderes y la incertidumbre que rodea a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, es producto de una violencia estructural promovida por el Estado que se expresa en amenazas, muerte, despojo cultural y territorial, sostiene Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, en el marco del ciclo de foros virtuales Violencia histórica contra pueblos originarios en Honduras, promovido por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric-SJ.
En su participación, Mejía explica por qué el incumpliendo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a favor de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, es pieza clave en el secuestro de los 4 líderes y los asesinatos perpetrados desde 2013, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional y se aprobó la reacción de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede).
Las conocidas como “Ciudades Modelo”, por la división territorial y administrativa que no están sujetas al gobierno central, sino a su propio régimen económico y político. Para la creación de estas ciudades se identificaron los bosques, playas y regiones con potencial hídrico y otros bienes naturales. En otras palabras, territorios indígenas y tribales. Aunque la violencia contra el pueblo garífuna se remonta unos años atrás, la creación de esas ciudades vino agudizar su situación.
El país es signatario de convenios internacionales desde 1978, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde ese año a la fecha, el país está sujeto a una serie de disposiciones con el objetivo de garantizar la vida de su población. Por otro lado, ese tratado creó un tribunal internacional: la Corte IDH, significa que los países firmantes reconocen que esa corte puede emitir sentencias y llevar casos en su contra. Además, en 1995 Honduras ratificó o hizo suyo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, referente a los pueblos indígenas.
La Corte-IDH ha emitido 13 sentencias contra el Estado de Honduras. El 08 de octubre de 2015, el órgano de justicia internacional encontró a Honduras culpable por violar el derecho colectivo a la tierra y vida de las comunidades.
La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, interpuso una denuncia por la ampliación del radio urbano del municipio de Tela en 1989, afectando su territorio ancestral sin consulta previa. Según la denuncia en los años 1993 y 1995 el Instituto Nacional Agrario y la municipalidad vendieron unas 44 hectáreas de tierra a favor de terceros. En 1997, la municipalidad de Tela traspasó al sindicato local unas 22 hectáreas y el gobierno creó el parque nacional Punta Izopo, en ambas acciones tampoco consultó a los habitantes del Triunfo de la Cruz.
“Incluso cuando se va a crear un parque nacional se tiene que hacer consulta, aunque la comunidad no sea indígena para conocer si le afecta o no. Además, el gobierno dio licencia para el desarrollo de dos proyectos turísticos: Marbella y Playa Escondida sin consulta. Esto demuestra que el Estado no protegió judicialmente a la comunidad, no adoptó normas o prácticas para garantizar el derecho a la consulta, permitiendo que la Corte-IDH emitiera un fallo en su contra”, explicó Mejía.
En el foro explicó dos situaciones básicas: la primera es que la Constitución de la República en su artículo15, habla de las sentencias internacionales y sostiene que son de obligatorio cumplimiento. En segundo lugar, el artículo 16 de la Constitución dice que los tratados como la Convención Americana y el Convenio 169 de la OIT, forman parte del derecho interno o implícito. Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, órgano que interpreta la Constitución, dice que las sentencias internacionales tienen un carácter obligatorio y deben cumplirse. “Así de clara es la ley, pero aquí no se aplica”, dijo Mejía.
El derecho implícito significa que los tratados y sentencias internacionales se incluyen en la Constitución. Por ejemplo, la sentencia a favor de los garífunas garantiza los derechos que la Constitución no lo hace, como el derecho a la consulta previa, libre e informada. No aparece en la Constitución, pero con la sentencia se incorpora. ¿Cómo? “a través de la doctrina de los derechos implícitos, que vienen de otras fuentes pero se hacen nuestros”, explicó.
Un pueblo originario
Durante el foro Joaquín Mejía contó cómo fue la audiencia donde encontraron internacionalmente culpable al Estado de Honduras. Los garífunas con tambor e incienso en mano viajaron (en bus hasta Costa Rica, sede de la Corte), donde se dictó el fallo. El Estado hondureño se defendió argumentando que los garífunas no son pueblo originario, demostrando la incapacidad de los abogados que representan al país en estos litigios.
Joaquín Mejía explica que para considerarse pueblo originario se necesitan dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. El primero elemento se sostiene en tres aspectos básicos: 1) su continuidad histórica de la colonia hasta nuestros tiempos. 2) la conexión territorial; es decir, nadie puede negar la unión que entre los garífunas y la costa atlántica. 3) que sus instituciones políticas, culturales y económicas son distintas y específicas, que no se encuentran en el resto de la sociedad.
Y el elemento subjetivo, es que el pueblo garífuna se identifique como pueblo originario, que sus habitantes digan “yo me siento pueblo originario, yo me siento garífuna”, dijo argumentado que esa parte subjetiva es sumamente importante porque no la determina un examen de ADN, sino auto identificación colectiva de comunidad. “Es ridículo y vergonzoso que el Estado diga que los garífunas no son pueblo originario en una Corte como esta”, apuntó.
Reparaciones
Cuando se habla de sentencias internaciones se cree en reparaciones económicas millonarias, pero para un pueblo como el garífuna vale más la tierra que las oportunidades económicas que puedan acarrear a través de ellas.
La Corte-IDH ordenó al Estado de Honduras marcar y otorgar un título de propiedad colectivo de las tierras de Triunfo de la Cruz, en el plazo de dos años. Significa expropiar o reubicar a terceros que ostenten título de dominio pleno sobre el territorio de la comunidad. En caso de que sea imposible expropiar, el tercero tiene que demostrarlo con argumentos fundamentados que demuestren la imposibilidad de la acción.
Si no puede expropiar, el Estado tiene que otorgar otras tierras de la misma cantidad en otro lugar a la comunidad. El Estado, debe de abstenerse y evitar que terceros realicen actos que afecten la tierra y la cultura de los garífunas. Parte de los hechos violentos contra la comunidad Triunfo de la Cruz tiene que ver con el incumplimiento de esa sentencia, porque el Estado no solamente los criminaliza, sino que permite que terceros entren al territorio con otras costumbres y hasta con negocios ilícitos.
La sentencia también se refiere a la investigación y sanción de los hechos violatorios. En el triunfo de la Cruz, en el marco de este contexto se asesinaron a cuatro líderes: Jesús Álvarez, Oscar Rueda, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, la Corte-IDH ordena deducir responsabilidades por estos asesinatos.
Además, medida de satisfacción. Todos los domingos durante tres meses, el Estado tiene que publicar en un medio de comunicación con cobertura nacional, un resumen oficial de la sentencia en un medio de comunicación nacional, tanto en español como en garífuna, además, pedir perdón públicamente por las violaciones que se cometieron y reconocer su responsabilidad.
“Desafortunadamente esos medios de satisfacción son las que rápido cumple el Estado, porque pedir perdón y hacer un reconocimiento de su culpa y es utilizado como campaña política”, dijo Joaquín Mejía.
Y, por último, debe aplicar garantías para no repetir los hechos. El experto concluyó asegurando que, si el Estado hubiera acatado en tiempo y en forma la sentencia, buena parte de los hechos violentos en las comunidades garífunas se hubiesen evitado.
Además, se sentaría un precedente histórico que abonaría a garantizar los derechos y vida del resto de los pueblos originarios en Honduras.
CADA 14 DÍAS HAY NUEVO BILLONARIO EN AMÉRICA LATINA DESDE INICIO DEL COVID
- Publicado: 28 Julio 2020
Cada dos semanas nace un nuevo milmillonario en América Latina, observa la organización Oxfam, quien ha estudiado los datos de Forbes desde el 18 de marzo al 12 de julio para medir el impacto en los bolsillos de las 73 personas más ricas de la región, cuyo patrimonio aumentó en 48,200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia.
El director interino de Oxfam, Chema Vera, cuestiona que mientras millones de personas en América Latina se enfrentan a condiciones de hambre, desalojo, despido y con el temor a enfermarse, “los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La economía en América Latina experimenta está en peligro a raíz de la pandemia Covid-19, según estimaciones de Oxfam al menos 52 millones de personas caerán en pobreza y unas 40 millones perderían sus empleos; sin embargo, también se presenta un escenario insólito ya que los multimillonarios de la región han aumentado su riqueza a pesar de las estrictas medidas de confinamiento adoptadas por los países.
Oxfam ha analizado datos de la revista Forbes, encontrando que para la región, desde marzo pasado, cuando el virus ya era un problema, en promedio nace un nuevo multimillonario cada dos semanas, algo contradictorio si se toma en cuenta que los últimos cinco meses millones de personas han cargado con dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde o ya colapsados.
Para el caso, observando los datos de Brasil, los 42 milmillonarios aumentaron su patrimonio neto de 123,100 millones de dólares en marzo a 157,100 millones en julio; los siete más ricos de Chile vieron como su patrimonio conjunto aumentaba en un 27 % hasta alcanzar los 26,700 millones de dólares.
“Los Gobiernos de América Latina están infra gravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad”, observa Oxfam que recalca sus estimaciones sobre una pérdida de 113,400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, equivalente al 59 por ciento del gasto en salud pública de la región.
“Mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días”, afirmó el director ejecutivo interino de Oxfam, Chema Vera.
“Los súper ricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados por no pagar el alquiler o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos o invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011”, recalcó.
El equipo de Oxfam analiza que América Latina ya era la región más desigual del mundo antes de la pandemia, y los “esfuerzos” de los Gobiernos para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por esa desigualdad y la corrupción, ambas profundamente arraigadas, “y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto”.
“En toda América Latina, 140 millones de personas, alrededor del 55 % de la población activa, se encuentran en la economía informal, y casi una de cada cinco vive en un tugurio. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe como consecuencia de la pandemia, con lo que la lucha contra la pobreza retrocedería 15 años”.
Como dato curioso, Oxfam apunta que en promedio, la inversión pública en salud de los países de América Latina es del 4 por ciento de la producción nacional de cada país, la mitad que los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
“Décadas de privatización e inversiones insuficientes han dejado a los sistemas de salud pública de la región terriblemente mal preparados e incluso los han convertido en un factor que contribuye al aumento de las infecciones por coronavirus”, sentencia Oxfam.
"El virus se ha expandido por América Latina no por indisciplina, sino por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde", concluye Vera.
Julián Assange, heroe de la verdad
- Gissel Grandez
- Opiniones
- 26 Febrero 2020
Por: Víctor Manuel Ramos
Julián Assange, el creador de Wikileakes, pasa por una horrorosa pesadilla por el delito de decir la verdad. Verdad que en parte nos condujo a los hondureños a saber cuáles fueron las verdaderas motivaciones del golpe de Estado en contra del Presidente Manuel Zelaya Rosales y de qué manera, los actores norteamericanos, sobre todo la ex secretaria de Estado Hilary Clinton, intervinieron para echar por tierra la importante experiencia democratizadora que se impulsaba en nuestro país. Tras ese atraco a la democracia hondureña, lo que nos ha venido es desgracia, surgimiento de bandas poderosas dedicadas al narcotráfico que han logrado el control del Estado. Persecución, represión, encarcelamiento y asesinato son las principales actividades desprendidas del golpe de Estado que, con el pretexto de salvar a los hondureños, los ha sumido en la más espantosa calamidad generada por el desconocimiento de la ley y el atropello a la Constitución de la República.Julián Assange fue arrestado en Londres a pedido de Suecia, uno de los países escandinavos, los países que todos dicen ser el modelo, acusado de acoso sexual, por un asunto que fue sugerido e impuesto por los norteamericanos y aceptado por Londres y Estokolmo.Posteriormente se ha demostrado que tal acusación era una total falsedad. Assange, sabedor de que tal arresto había una intriga de Los Estados Unidos para conducirlo a Norteamérica y juzgarlo por traición y espionaje, se asiló en la embajada de Ecuador, sitió en el que, por muchos años, el presidente Correa le brindo protección, a pesar de las amenazas del gobierno inglés y de la negativa a otorgarle un salvoconducto para que saliera del país en base al asilo que se le había otorgado y a la nacionalidad ecuatoriana que también recibió.
Cuando el Presidente Correa fue sustituido por el traidor Lenin Moreno, éste, plegado completamente a los dictados y las presiones de Trump, negó el asilo a Assange y le revocó la nacionalidad, de tal manera que las autoridades inglesas pudieron someterlo a prisión nuevamente.
De todos es conocido que las condiciones de encarcelamiento a que se ha sometido a Assange son totalmente inhumanas y en tal sentido se han pronunciado, con enérgicas protestas varios organismos de la ONU, sobre todo el Consejo de la ONU de los Derechos Humanos y el mismo Secretario General del organismo internacional, sin dejar de mencionar a las múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión que han mostrado, en pronunciamientos y en movilizaciones, total repudio a la justicia torcida de Londres que se encamina a entregar a Assange a las garras de la muerte que le esperan en Los Estados Unidos, muy a pesar de que el gobierno inglés se comprometió, como lo anunció el mequetrefe Moreno, en su oportunidad, a no permitir la extradición si tal acto representaba un peligro para la vida de Assange.Con estos actos arbitrarios, que contradicen toda norma de una justicia imparcial, están enviando a Assange a la tortura, al encarcelamiento sin esperanza de libertad y posiblemente a una condena a muerte.
Es el momento de resaltar que Assange está recibiendo este trato inhumano e ilegal, justamente porque ha denunciado la tortura, los asesinatos, los crímenes cometidos por Los Estados Unidos en el mundo entero, de los que no nos hubiésemos enterado si no fuese por la valentía de este personaje trascendental de estos tiempos. La justicia debería de dedicarse, por entero, a investigar los crímenes denunciados por Assange y no a la tortura de quien los ha puesto a la luz del día. En otras palabras, Londres, y Washington se han asociado para intentar destruir la verdad, para impedir la libertad de expresión, para silenciar lo que se sabe y tener la posibilidad de seguir en sus andadas por el mundo atropellando a la humanidad.
Los hondureños debemos mucho a Julián Assange. Por tanto, la prensa hondureña, aquella que no es adocenada ni que se somete a las treinta monedas, debe elevar la voz de protesta por este truculento manejo de la justicia inglesa, presionada por Washington, para que se falle, no en base a ley, sino a los intereses inmorales del eje del imperialismo mundial para el sometimiento de los pueblos.
Noam Chomsky y Alice Walker sobre el juicio a Julian Assange: Un ataque a la libertad de prensa
El lunes, Julian Assange fue llevado al Old Bailey para continuar su lucha contra la extradición a EEUU, donde el régimen de Trump lanzó el ataque más peligroso contra la libertad de prensa en al menos una generación al acusarlo de publicar documentos del gobierno estadounidense. En medio de la cobertura de los procedimientos, los críticos de Assange inevitablemente han comentado sobre su apariencia, los rumores de su comportamiento mientras estaba aislado en la embajada ecuatoriana y otros detalles procaces.
Estas distracciones predecibles son emblemáticas del lamentable estado de nuestro discurso político y cultural. Si Assange es extraditado para enfrentar cargos por ejercer el periodismo y exponer la mala conducta del gobierno, las consecuencias para la libertad de prensa y el derecho del público a saber serán catastróficas. Sin embargo, en lugar de abordar seriamente los importantes principios que están en juego en la acusación sin precedentes de Assange y los 175 años de prisión que enfrenta, muchos preferirían centrarse en perfiles de personalidad intrascendentes.
Assange no está siendo juzgado por andar en patineta en la embajada ecuatoriana, por tuitear, por llamar a Hillary Clinton un halcón de guerra o por tener una barba descuidada cuando fue arrestado por la policía británica. Assange enfrenta la extradición a EEUU porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de "las formas en que el primer mundo explota al tercero", según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios, no por su personalidad.
Probablemente hayan escuchado el estribillo de críticos bien intencionados: "No tiene por qué agradarles, pero deben oponerse a las amenazas de silenciarlo". Pero ese estribillo pierde el sentido al reforzar los motivos manipuladores desplegados contra Assange.
Cuando se sienta un precedente gravemente peligroso, los gobiernos no suelen perseguir a las personas más queridas del mundo. Se dirigen a aquellos que pueden ser retratados como subversivos, antipatrióticos o simplemente raros. Luego, distorsionan activamente el debate público al enfatizar esos rasgos.
Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Documentos del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de EEUU sobre Vietnam, los "Plomeros de la Casa Blanca" de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje.
La fiscalía estará muy feliz cuando la cobertura de la audiencia de extradición de Assange se convierta en tangentes y difamaciones irrelevantes. Poco importa que la barba de Assange fuera el resultado de la confiscación de su kit para afeitado, o que se haya probado que los informes de que Paul Manafort lo visitaba en la embajada eran inventados. Para cuando estas pequeñas afirmaciones sean refutadas, el daño estará hecho. En el mejor de los casos, el debate público sobre los problemas reales se descarrilará; en el peor de los casos, la opinión pública será manipulada a favor del establecimiento.
Al desviar la atención de los principios del caso, la obsesión por la personalidad resalta la importancia de las revelaciones de WikiLeaks y hasta donde los gobiernos han ocultado la mala conducta a sus propios ciudadanos. Destaca cómo las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Irak, bajas que el Ejército de EEUU habría enterrado. Destaca el hecho de que EEUU está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí.
*Copresidentes de AssangeDefense.org
Traducción: Celita Doyhambéhère para Páginal12
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz : reclamamos la libertad de Julian Assange
Assange no es ciudadano de Estados Unidos y la plataforma Wikileaks es global. Si procede la extradición su caso serviría de antecedente para que cualquier periodista de investigación pudiera ser juzgado en los Estados Unidos por revelar crímenes perpetrados por orden de Washington en terceros países. Lo que se está juzgando es la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado con la verdad.
Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña llevan a cabo una persecución desde hace años en contra de Julian Assange. Hoy se tramita un juicio para que se autorice su extradición a los Estados Unidos, país que es uno de los mayores violadores de los Derechos Humanos y de los Pueblos en el mundo.
Julián Assange publicó en la plataforma Wikileaks información sobre los crímenes de guerra, corrupción y espionaje global del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos, y por tal motivo es perseguido. Washington busca ocultar o silenciar toda exposición de sus políticas de terror impuestas a otros países.
El expresidente Rafael Correa le concedió asilo diplomático y estuvo alojado en la Embajada del Ecuador en Londres desde 2012 hasta abril del 2019, cuando Lenin Moreno autorizó a las autoridades británicas a ingresar en su embajada y que lo arrestaran. Desde entonces permanece en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. El 7 de septiembre comenzó su juicio de extradición. Si éste llegara a prosperar sería juzgado en el Distrito Este de Virginia, conocido como el Tribunal de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hasta ahora ningún acusado de atentar contra la seguridad nacional ha ganado un caso en ese tribunal.
El Relator Contra la Tortura de Naciones Unidas, Nils Meltzer, considera que la detención de Julian Assange es injusta y arbitraria, lo mismo que su enjuiciamiento. Además, en la cárcel inglesa ha sido sometido a torturas y a un trato inhumano, y debe ser liberado y resarcido de inmediato.
Por todo ello numerosos organismos de Derechos Humanos, cientos de juristas, mandatarios y periodistas de todo el mundo reclaman la libertad de Julian Assange.
Hacemos un llamado a los medios de información para que exijan su libertad: se encuentra en situación de riesgo y su salud está en peligro. Es urgente proteger su integridad psicofísica y ser conscientes de que si es extraditado a Estados Unidos le aplicarían una pena de 175 años de prisión, lo cual equivaldría a una condena a muerte.
Assange no es ciudadano de Estados Unidos y la plataforma Wikileaks es global. Si procede la extradición su caso serviría de antecedente para que cualquier periodista de investigación pudiera ser juzgado en los Estados Unidos por revelar crímenes perpetrados por orden de Washington en terceros países. Lo que se está juzgando es la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado con la verdad.
El objetivo de la persecución del gobierno de Trump contra Julian Assange, es mantener en secreto las actividades del complejo industrial-militar y lograr la impunidad de los crímenes cometidos por Estados Unidos en el mundo.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Buenos Aires, 8 de Septiembre de 2020
