Articulación Nacional rechaza Ciudades Modelo y anuncia manifestaciones
- 02/10/2020
Luego de hacerse pública la aprobación de dos ciudades modelo, una en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, y otra en Choloma, Cortés, la Articulación Nacional de Organizaciones Sociales califican de zarpazo a la soberanía nacional los proyectos de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).
“Este zarpazo a la soberanía nacional es apenas el inicio de una serie de contratos con los que el gobierno pretende poner en práctica la nefasta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs)”, dice un comunicado.
Christopher Castillo, coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), manifiesta que las organizaciones sociales y populares consideran que las ZEDEs, también conocidas como Ciudades Modelo, son el tercer golpe colonialista contra Honduras, por cuanto requiere un despertar para echar atrás dichos proyectos.
“Ahora más que nunca, tenemos que dejar de pospones cambios culturales para entender la génesis de Ciudades Modelo, que tiene que ver con el racismo, por ejemplo, Bárbara Kolm, presidenta del Comité de Buenas Prácticas de Ciudades Modelo, es militante del Partido Neonazi en Austria, y fue juzgada por actos de corrupción”, señala Castillo.
La Articulación Nacional reitera que, en 2013, cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional, se aprobaron reformas constitucionales y la Ley Orgánica de las ZEDEs.
Según dicha Ley, los gobiernos autónomos de las ZEDEs están constituidos por la “oscura figura” de un Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas: “que hace las veces de poder legislativo y reyezuelo en dichas jurisdicciones”, explican las organizaciones sociales.
Agregan que dichas disposiciones violentan los principios de soberanía nacional y la forma de gobierno que establecen los artículos pétreos.
Falta de estrategia de desarrollo
Para el analista político y ex presidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, las ZEDEs representan la falta de una estrategia de desarrollo y de condiciones para la inversión nacional y extranjera.
Frente a esa falta de voluntad política, el único recurso que le queda al gobierno nacionalista es la venta del territorio, señala Hugo Noé: “esto es una clara demostración de búsqueda, por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, de obtener mayores privilegios de naturaleza fiscal, de tener una serie de prebendas”.
Tomás Andino, integrante de la Convergencia Contra el Continuismo, expresa que las ZEDEs están comenzando a surgir como hongos en el país, porque la estrategia es comenzar con pequeñas unidades que luego la misma Ley les permite ir ampliándolas en los territorios adyacentes.
“La misma Ley, en su artículo 28, les faculta al Estado para expropiar a los habitantes, eso significa la desintegración de la nación”, apunta Anido, agregando que habrá mayores conflictos sociales y políticos, provocando un “Estado de rebelión”.
Para el 3 de octubre, las organizaciones sociales y populares acordaron comenzarán acciones nacionales y de manifestación para exigir la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
Avioneta accidentada en Colombia, confirma que Honduras es dirigida por un narcogobierno: Jari Dixon Herrera
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que apareció en Colombia una avioneta con matrícula HK4669G, que fue incautada en 2010 en el departamento de Gracias a Dios, Honduras.
El diputado por el Partido Libertad y Refundación y exfiscal del Ministerio Público tuiteó al respecto señalando que la OABI, está en manos del Poder Ejecutivo, y anticipando que probablemente el Ministerio Público no investigara el caso.
La noticia fue publicada en medios colombianos, quienes inicialmente informaron sobre la caída de una avioneta a inmediaciones de una residencia, cerca del aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá. En el incidente salieron heridas al menos cuatro personas y al menos dos personas abandonaron el lugar antes de que arribaran las autoridades. El accidente continúa en proceso de investigación.
Criterio.hn entrevistó al abogado Jari Dixon Herrera para ahondar en el papel que juega la OABI y el Poder Ejecutivo en este incidente. “Yo creo que lo que ha pasado en Colombia con el accidente de esta aeronave que había sido incautada con droga en Honduras, solo viene a confirmar lo que ya sabemos. Nosotros, estamos en Honduras dirigido por un narcogobierno, donde el máximo cabecilla de este cartel de la droga se llama Juan Hernández Alvarado, que también lo dicen los fiscales federales en Nueva York”.
Dixon recordó que la Oficina Administradora de Bienes Incautados, antes dependía del Ministerio Público. “En el gobierno de Juan Hernández, en su primer gobierno, fue sustraída la OABI del Ministerio Público. Su primer director ya dependiendo del Poder Ejecutivo fue el abogado Humberto Palacios Moya, que después sería procesado por actos irregulares dentro de esa oficina y que al final no pudo ser procesado porque el abogado falleció. Estamos ante una Oficina Administradora de Bienes Incautados adscrita al Poder Ejecutivo y dentro de la administración bajo el Poder del Ejecutivo, desaparecen aeronaves que habían sido incautadas por drogas y ahora están apareciendo en Colombia”.
Esta es la avioneta que cayó en Colombia y que había sido incautada en Honduras en 2010
Sobre el mismo tema, agregó “¿Qué le dice eso a usted? Que el gobierno está conformado por personas involucradas en el narcotráfico internacional, confirmando también lo que dicen los fiscales federales en Estados Unidos y las cortes en Estados Unidos. O sea, no solamente esa aeronave debe estar sobrevolando Latinoamérica, han de haber varias aeronaves que han sido incautadas en este país que están sirviendo para traficar droga de Colombia a Honduras y de Honduras hacia Estados Unidos”.
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Al consultarle en relación a si este incidente en Colombia sería el primer caso conocido sobre una avioneta incautada por droga que luego desapareció de Honduras, el abogado señaló: “Yo creo que hay bastantes casos, yo creo que hay varios casos. Acordémonos, también de aquel famoso caso donde un avión o una avioneta desapareció en las propias barbas de las Fuerzas Armadas que custodiaban aquella aeronave, o sea no es el primer caso y seguramente hay muchos casos más que van a ir saliendo con el tiempo. […] ¿Cómo puede salir una aeronave de esa naturaleza bajo la custodia de la policía, bajo la custodia de militares, bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, dependiendo del Poder Ejecutivo? Yo creo que es demasiada casualidad, para que nosotros podamos creer otro tipo de historias”.
En relación a si la aeronave pudo ser vendida, el exfiscal explica que para que una acción de ese tipo ocurriera, la misma requiere de todo un proceso en el que se hiciese pública la venta. “Aquí nadie se ha dado cuenta de que la OABI ha estado vendiendo avionetas incautadas del narcotráfico”, indicó.
Asimismo, rememoró el caso del jet abandonado durante el gobierno del presidente Manuel ‘Mel’ Zelaya. “El fiscal general del Ministerio Público de ese entonces, el abogado Leonidas Rosa Bautista que tenía bajo su mando en ese momento la Oficina Administradora de Bienes Incautados hizo todo un proceso para vender ese avión y todo mundo se dio cuenta. ¿Cómo pueden estar vendiendo aeronaves incautadas al narcotráfico y se las están vendiendo a los mismos narcotraficantes? Porque también hay que investigar quién es el comprador. Es todo un proceso no es solamente porque se lo van a vender y ya estuvo”, concluyó.
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15 jóvenes detenidos deja la brutal represión del régimen dictatorial de JOH
Tegucigalpa.- El martes 15 de septiembre el pueblo salió a las calles para exigir que se respete la soberanía nacional en el país, pero el régimen dictatorial mandó a elementos policiales y militares a que los reprimieran, por lo que actuaron con brutalidad, dejando como saldo 15 personas detenidas en las diferentes postas policiales de Tegucigalpa y dos personas heridas.
Desde que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) conoció de la detención de la que estaba siendo víctima varios jóvenes, se trasladó hasta las diferentes postas para constatar que en efecto había varios jóvenes detenidos.
COFADEH constató que se encontraban 15 jóvenes detenidos, de los que ocho de ellos estaban en la posta policial de El Manchen.
Así mismo se trasladaron a la Metropolitana #1 para verificar si otros siete jóvenes se encontraban detenidos, en primera instancia un oficial expresó a procuradoras del COFADEH que no se encontraba nadie en el lugar detenido por la movilización, pero se determinó permanecer unos minutos cerca del lugar para esperar a ver si estaban siendo trasladados a esa jefatura.
Los jóvenes si se encontraban detenidos en esa posta, también conocida como Core7, y estaban a punto de ser trasladados a la Cuarta Estación Policial acusados por el supuesto delito de faltas a la autoridad.
El COFADEH solicitó nuevamente poder ver a los jóvenes para corroborar que si estaban siendo trasladados en una patrulla para la posta policial conocida como la Cuarta Estación de policías.
Abogadas del área de Acceso a la justicia del COFADEH se trasladaron hasta la posta policial para realizar las acciones pertinentes para la liberación de los jóvenes, que fueron liberados por las gestiones oportunas de las procuradoras del comité.
Entre los jóvenes detenidos en la Cuarta Estación Policial se encontraba un menor de edad de 14 años que también fue liberado, y el periodista Alex Fabricio Paz, quien después de que lograra su libertad expresó que “a mí me detienen por el simple hecho que yo venía de mi casa e iba a comer y estaba en frente de un supermercado en el mismo centro, yo decidí tomar un video de unos jóvenes que estaban siendo detenidos injustamente, y por ese video me llevaron a la patrulla donde estaban otras personas detenidas”.
“Yo al ver que ellos son funcionarios públicos decidí tomar el video y de repente un policía me agarró de la camisa y me dijo que lo borrara del teléfono, yo no lo quise borrar porque pensé que iba ser alguna prueba más adelante, luego ellos dijeron que me iban a montar a la patrulla y en efecto me subieron y me trajeron aquí a la posta de Belén”, añadió.
Finalizó diciendo que “después de haber sido detenido injustamente, me siento más relajado porque estaba un poco estresado allí a dentro, pero al saber que estaban cometiendo una injustica contra mi persona y contra la de los muchachos que estaban allí recluidos conmigo, y la verdad que me siento bien satisfecho y agradecido con COFADEH por esta noble labor que realizan”.
Nahúm Pavón, otro de los jóvenes que fue detenido, expresó que él no estaba haciendo nada malo, pero que los policías a parte de tenerlo lo golpearon en la espalda, en el pecho y casi le fracturan la nariz, producto de los golpes que le hicieron.
“Me detienen cuando estaba en la movilización pacífica, todo mundo tiene derecho a protestar, no andaba haciendo nada malo, pero me golpearon en la espalda, el pecho y la nariz con los toletes, yo me siento bien golpeado porque ando golpes internos”.
Así mismo el joven estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Olvin Javier Lagos, de 21 años, dijo que se encontraba con sus colegas en la movilización.
“Yo tuve este incidente con la policía, ya que estaba con mis colegas, con ellos íbamos camino ya para nuestra casa y la policía nos iba persiguiendo y al alcanzarnos nos detuvieron, a mí me pagaron dos patadas y no me golpearon más porque había una cámara y ellos dijeron no lo golpees porque allí esta una cámara, yo me siento todavía un poco nervioso, pero con ganas de seguir en la lucha”.
Los otros cuatro jóvenes fueron detenidos cuando pasaban por el lugar de la movilización sin tener idea de lo que pasaba y que estaban a punto de ser detenidos por los cuerpos represores del estado.
La movilización dio inicio desde Plaza Tigo con destino al Parque Central de Tegucigalpa, donde inició la brutal represión, dejando como saldo 15 personas detenidas, entre ellas personas que se movilizaban pacíficamente, estudiante, y periodistas que daban cobertura a la represión del cual eran víctimas el pueblo Hondureño.
Honduras: “No me arrepiento de nada y la persecución me hizo más fuerte”
Por Giorgio Trucchi | LINyM
La última década en Honduras ha sido caracterizada por la represión y la violación sistemática de los derechos fundamentales de personas y organizaciones que luchan contra un modelo político y económico que pone a la venta el país, privatiza servicios básicos, precariza el trabajo, acapara tierras, saquea bienes comunes, militariza territorios y expulsa pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Después del golpe y durante la rectoría de Julieta Castellanos (2009-2017), las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emprendieron una larga y tenaz lucha en defensa de la autonomía universitaria y de una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Ante la actitud represiva de Castellanos, punta de lanza de los gobiernos continuadores del golpe contra las demandas del movimiento estudiantil, las y los jóvenes intensificaron las movilizaciones y multiplicaron las tomas pacíficas de recintos universitarios en todo el país.
La demanda de democratización interna y la defensa de la educación pública tuvieron como respuesta la criminalización del movimiento. Al menos 200 estudiantes sufrieron diferentes tipos de persecución. Muchos de ellos y ellas fueron perseguidos judicialmente, unos fueron suspendidos y expulsados, otros tuvieron que abandonar el país.
Aún más violenta, y con señales evidentes de ensañamiento, fue la arremetida contra trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente en la UNAH. Además de sufrir acoso sistemático y ser despedidos ilegalmente, fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, como es el caso de los dirigentes sindicales Donatilo Jiménez Euceda y Héctor Martínez Motiño.
Criminalización
Es en este contexto de agresión persistente al movimiento estudiantil que comienza la odisea de Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, quienes en julio de 2015 fueron acusados de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH.
“Desde 2010 veníamos exigiendo que se diera paso a procesos de democratización en los órganos de gobierno universitario, y que se permitiera organizar un órgano autónomo de gobierno estudiantil. A la par, nos enfrentábamos a la puesta en vigencia de un paquete de normas académicas que afectaba negativamente al estudiantado”, recuerda Cesario Padilla, quien actualmente se desempeña como periodista y defensor de derechos humanos.
Asambleas y protestas se concentraron principalmente en los recintos universitarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Comenzó una cacería que llevó a la expulsión de decenas de estudiantes, entre ellos Cáceres, Ulloa y Padilla. Un recurso interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permitió su reintegración, marcando un primer revés para las autoridades.
El 2015 marcó un repunte en la lucha estudiantil, con tomas de las instalaciones universitarias en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en diferentes centros regionales. Luego de solicitar y ejecutar el desalojo forzoso de los recintos, la campaña de odio de las autoridades universitarias, encabezadas por Julieta Castellanos, se dirigió hacia aquellas personas que habían sido expulsadas el año anterior.
“Fue algo totalmente discrecional. La rectora usó los medios de comunicación de la misma universidad para acrecentar su figura y difundir el odio contra quienes estábamos protestando. Para evitar ser identificados y criminalizados, las y los estudiantes comenzaron a hacer uso de las capuchas. En julio, Moisés, Sergio y yo fuimos demandados sin ninguna prueba”, recuerda el joven.
Solidaridad
La reacción de varias organizaciones de derechos humanos fue inmediata, tanto para denunciar lo que estaba pasando como para brindar apoyo legal a las víctimas de la campaña de odio. Mientras tanto, el movimiento estudiantil continuaba su lucha.
En 2016 arreciaron las protestas. En junio de ese mismo año, las autoridades de la UNAH demandaron a decenas de estudiantes. Moisés, Sergio y Cesario fueron nuevamente requeridos judicialmente.
“Durante la rectoría de Castellanos, los procesos penales fueron la herramienta privilegiada para frenar la protesta social. Era tanto el odio contra el movimiento estudiantil fortalecido que hasta se emitieron orden de captura. Y derramó ese mismo odio sobre aquellas organizaciones de derechos humanos que acompañaron a las y los estudiantes.
Finalmente se logró sentar a las autoridades universitarias a una mesa de diálogo, obligándolas a reconocer al movimiento como interlocutor y a firmar un pliego de peticiones. Todos fuimos sobreseídos”, dijo Cesario Padilla.
Para los tres dirigentes estudiantiles se trataba de una victoria parcial. El juicio iniciado en 2015 duró dos años. Las autoridades de la UNAH, el Ministerio público y la Procuraduría general solicitaron una pena máxima de tres años de prisión y penas accesorias.
El 7 de junio de 2017, la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena por el delito de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH. Sin embargo, la individualización de la pena, que debió ser presentada por escrito en los días sucesivos a la sentencia, fue retrasada durante casi dos años y medio.
Campaña para intimidar
Fue hasta el 1 de septiembre de 2020 que los apoderados legales de Moisés, Sergio y Cesario se enteraron de la existencia de una sentencia condenatoria, firmada en octubre del año pasado por la jueza Enilda Geraldina Mejía.
En la sentencia, la jueza los condena a tres años de reclusión, a la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro de la prisión. Finalmente se declaró responsabilidad civil de los condenados.
Pese a que la noticia ya se hizo pública, al momento de escribir esta nota (7/9) la sentencia aún no ha sido notificada a los defensores de los tres ex dirigentes estudiantiles.
“Eso muestra todo el carácter de una sentencia política divulgada públicamente para amedrentar e intimidar la protesta social, la defensoría de derechos y la libertad de expresión, en un contexto de profundización del irrespeto a las libertades civiles en Honduras”, señala en una nota el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Pase lo que pase -asegura C-Libre- Moisés, Sergio y Cesario no irán a la cárcel en cuanto, de acuerdo a la fecha de la sentencia, “los tres años de reclusión ya fueron superados por el tiempo en el que se impusieron las medidas cautelares, durante el cual el Estado se ensañó arbitrariamente contra los dirigentes estudiantiles causando daños emocionales, morales, restricciones laborales y educativas irreparables”.
En cuanto se notifique la sentencia, el equipo legal presentará un recurso de casación para pedir la nulidad de todo el proceso penal.
“No me arrepentimiento”
“Hemos vivido cinco años teniendo país por cárcel. Hemos perdido un sinnúmero de oportunidades de estudio, formación y trabajo. Mi culpa fue haber aportado al movimiento estudiantil y haber apoyado las demandas justas de docentes y personal organizado de la UNAH.
También soy culpable de ser hijo de mi padre, Félix Cesario Padilla, poeta y periodista, catedrático universitario y sindicalista, sobreviviente de desaparición forzada, quien trabajó durante 35 años en la UNAH y nunca ocultó sus críticas hacia Julieta Castellanos y su campaña de persecución y criminalización”, dijo Cesario Padilla.
– ¿Te arrepientes de algo?
– La única cosa de la que podría arrepentirme es de no haber entrado
antes a la universidad, porque hubiese tenido un año más para seguir
dándole duro al poder, junto a una generación bellísima de compañeros y
compañeras.
La lucha estudiantil fue mi escuela de periodismo, de vida y, por supuesto, de lucha. A pesar de todo lo que me ha tocado vivir y sufrir junto a mi familia, el dolor se ha convertido en fuerza y compromiso. Quisieron silenciarme y maniatarme. No pudieron, ni podrán.
Fuente: Pressenza
Fuente original LINyM
Por brutal represión policial joven estuvo a punto de perder la vista
Tegucigalpa.- El joven Cristian Espinoza se encuentra en observación en el Hospital Escuela Universitario, luego que elementos de la Policía Nacional a bordo de una tanqueta le dispararan con la bomba de agua a presión, que le fue a impactar en su rostro afectándole directamente los ojos, durante una manifestación pacífica del pueblo, bajo la consigna ¿Cuál Independencia?
El golpe con presión que Cristian recibió por parte de los elementos policiales le causo desprendimiento de los parpados, por lo que tuvo que ser intervenido inmediatamente por los médicos del Hospital Escuela Universitario y así lograr reconstruirlos nuevamente.
Al muchacho de 26 años lo tienen en constante chequeo para descartar daños en la vista, así informaron los médicos a las procuradoras de derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que se apersonaron al centro asistencial, para darle acompañamiento al joven.
Cristian es parte de la mayoría de la población que vive del día a día y que demandaban también que se respete la soberanía hondureña, pero como siempre el régimen dictatorial mandó a sus cuerpos represores para que fuera reprimido, causándole graves lesiones al joven en su vista.
Con este accionar y con el ataque al joven, nuevamente el régimen queda en evidencia con estos actos la barbarie que comete con el pueblo hondureño.
El ataque contra el joven se dio a eso de las 11:00 de la mañana cuando regresaba a su casa con un grupo de amigos, cerca de donde estaba la movilización pacífica, mismos que fueron los que lo auxiliaron, trasladándolo al centro asistencial, cuando la policía al causarle las heridas lo dejó tirado en el suelo, sin importarles lo que pasara con él.
Otro de los jóvenes que resulto herido fue Nahúm Pavón a quien la policía lo golpeó brutalmente con los toletes y casi le fractura la nariz, y también le dejaron golpes en el pecho.
Cabe mencionar que la movilización dio inicio desde Plaza Tigo con destino al Parque Central de Tegucigalpa, donde inició la brutal represión, dejando como saldo dos personas heridas, 15 personas detenidas, entre ellas menores de edad, personas que se movilizaban pacíficamente, estudiante, y periodistas que daban cobertura a la represión del cual eran víctimas el pueblo Hondureño.
“Iba a filmar mi propia muerte” periodista Orlando Sierra
Tegucigalpa, Honduras.- Mientras realizaba la labor que ejerce desde hace más de 25 años, el foto-periodista Orlando Sierra, captó el momento en que dos balas de goma fueron disparadas por la policía contra su persona.
El atentado contra el reportero gráfico de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), sucedió a eso de las 11 a.m. del martes 15 de septiembre, en medio de un desalojo violento en represalia a manifestantes opositores al régimen de Juan Orlando Hernández, que se preguntaban ¿Cuál independencia? Y ¿Dónde está el dinero? El día que se cumplió 199 años de la independencia patria [de la corona española].
Las imágenes muestran que un contingente policial de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), es el responsable de atacar a Sierra, quien estaba solo, a un costado de la plaza central Gral. Francisco Morazán, donde concluyó la manifestación que horas antes salió del inicio del bulevar Morazán, en la capital hondureña.
Sierra se pregunta ¿Si existe algún mensaje en este ataque? porque no había otras personas junto a él, y los disparos eran dirigidos a su persona, mientras con su lente captaba los movimientos de la policía. “Gracias a Dios solo fue el golpe. ¿Te imaginás un balazo a la altura de la tetilla izquierda?” comentó a Defensores en Línea, esta tarde.
De las dos bombas, solo una le impactó en su cuerpo, provocándoles lesiones en el abdomen y sintiendo un fuerte dolor en el pecho, detalla la Alerta No. 118-2020, publicada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que agrega “Yo estaba en un costado del parque [Central de Tegucigalpa], los tipos me ven y me disparan… de ser bala viva, me estuvieran enterrando ahorita”. La segunda bomba la pudo esquivar en un movimento de sobrevivievncia.
Sierra está sobrellevando este hecho que afecta no solo físicamente, sino en lo emocional, pues tiene un hijo pequeño que aún lo necesita con vida.
Lamentó que “Yo sólo me quedo con el bombazo y rogar a Dios que me cuide de la pandemia y tratar de cuidarme un poco más para la próxima, porque todo seguirá igual en un estado de indefensión”.
Por lo que continuará haciendo este tipo de coberturas, mientras avanza en su carrera profesional. En el 2018, Sierra fue herido en la cabeza cuando cubría acciones de protesta post fraude electoral, justo el 27 de enero, ese día Hernández usurpaba en su segundo periodo, la Presidencia de la República.
“Iba a filmar mi propia muerte”, manifestó Sierra, quien al recordar lo que ha experimentado, agregó sentir frío y que seguirá usando un chaleco antibalas y casco protector, equipo de seguridad que por su peso interfiere en el óptimo ejercicio de su trabajo.
Y dijo que se debe estar más atento “volar más ojo, esos atacan sin razón, andan drogados”, refiriéndose a la policía que llegó a desalojar a los y las manifestantes en el parque central.
El periodista considera que la policía no quiere que los registren. Cabe señalar que ese martes entre el contingente compuesto por Policía Nacional y Policía Municipal del Distrito Central, algunos tomaban fotos a miembros de la prensa que daban cobertura.
Orlando Sierra reconoce que la labor periodística es peligrosa. Pero lo malo es que las fuerzas represoras “Te busquen con la mirada y te disparen, así no se vale”.
UNESCO alerta sobre el gran aumento de ataques a periodistas que cubren protestas
En este contexto, el pasado lunes, el nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca el fuerte aumento a nivel mundial, el número de manifestaciones durante las cuales la policía y las fuerzas de seguridad violaron la libertad de prensa. Entre enero y junio de 2020, 21 protestas se vieron empañadas por ataques a periodistas, siendo incluso detenidos o asesinados.
El informe “Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios”, señala el aumento en el uso ilícito de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad en los últimos cinco años donde han surgido protestas en todo el mundo por temas vinculados con la injusticia económica, la corrupción del gobierno, el declive de las libertades políticas y el creciente autoritarismo.
Entre los abusos a los que se enfrentan los periodistas cuando cubren manifestaciones, el informe detalla la vigilancia indebida, el acoso, la intimidación, las palizas, los disparos con munición letal o no letal, la detención, el secuestro y la destrucción deliberada de equipos.
El 25 de junio de 2019, durante las protestas sociales convocadas por la Plataforma en defensa de la Salud y Educación, el integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (RDEHSUR), Marlon García, fue impactado en el pecho por una bala de goma, mientras transmitía un desalojo violento por la red social de Facebook Defensorxs Redehsur.
Marlon un joven enfermero de Nacaome, departamento de Valle, al igual que Orlando Sierra, captó el momento en que dos policías a bordo de una motocicleta dieron la vuelta para volver y dispararle, amortiguando el impacto la mochila que colgaba de su pecho.
Al día siguiente, el 26 de junio, la REDEHSUR acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), interpuso una denuncia ante las oficinas regionales en Nacaome, del Ministerio Público y Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), contra el sub-comisionado de policía Wilmer Pineda Ordóñez.
Otro hecho similar fue el 26 de noviembre de 2018. Geovanni Sierra, periodista del canal de televisión Une-Tv, fue herido gravemente en el brazo derecho con un arma Pietro Beretta de uso militar, disparada por agentes de la Policía Penitenciaria desde un autobús, mientras transmitía en directo el desalojo violento de la movilización popular contra el primer aniversario del golpe electoral.
Cuando el [entonces] subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil, llegó a ofrecerle pagar los gastos de hospitalización hasta su lecho de gravedad, el periodista Geovanni Sierra no aceptó ninguna cantidad de dinero, afirmando que su vida y todos los daños causados por un arma policial, no tienen precio. El proceso de recuperación y la búsqueda de justicia, aún continúa.
Con respecto a la represión del martes 15 de Serptiembre, donde el foto-periodista Orlando Sierra fue impactado por una bala de goma, el COFADEH registró la detención de 15 personas incluyendo mujeres y un menor de edad, agresiones a transeúntes que cruzaban por el parque central y el ataque con la tanqueta lanza agua-pimienta contra el joven artista Cristian Esteban Espinoza Meza, lastimando sus párpados y dejándolo por el momento sin visión, bajo obsevación médica. Todo sucedió en torno a las 11 de la mañana.
Policía ataca otra vez a corresponsal de AFP en Honduras durante cobertura de manifestación
Monday, 21 September 2020 22:58 Written by Heidy Dávila Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El periodista Orlando Sierra, corresponsal de la Asociación Francesa de Prensa, (AFP), fue atacado por la policía que le lanzó dos bombas lacrimógenas contra su cuerpo y una de ellas le impactó en el abdomen, durante la protesta del 15 de septiembre de 2020, en el Parque Central de Tegucigalpa.
Desde el golpe de Estado se vienen produciendo este tipo de ataques. La policía y el ejército realiza las acciones violentas contra la prensa como si se tratara de objetivos militares, de allí que hay decenas de periodistas y comunicadores sociales con graves lesiones, entre ellos Geovanny Sierra del UneTV, que a finales de 2018 policías penitenciarios dispararon contra él cuando cubría una protesta contra el presidente Juan Orlando Hernández, que le dejó incapacitado de su brazo derecho, y esto afectó la continuación de su ejercicio periodístico.
El ataque
Orlando Sierra, quien es un destacado periodista que recibió el premio "Fotógrafo del Año", el 25 de mayo de 2018, en sesión solemne del Congreso Nacional, explicó a pasosdeanimalgrande.com que él estaba cubriendo las escenas con su cámara fotográfica cuando se percató que un oficial le estaba apuntando y logró esquivar la bomba rápidamente pero seguidamente le lanzó otra y ésta sí logró afectarlo.
El corresponsal de la AFP expresó que los elementos policiales saben muy bien quiénes son de la prensa, por eso tratan de impedir que se documente la violencia que ejercen contra las personas, como en la protesta por la toma de posesión del actual presidente en enero de 2018. En ese entonces él fue agredido con una bomba lacrimógena en la cabeza provocándole una herida por la cual tuvieron que hacerle 14 puntos, y además le quebraron una cámara profesional de gran costo.
Según Sierra este martes 15 de septiembre varios comunicadores de otros medios también tuvieron malos tratos, pues la violencia contra los periodistas es tan habitual en el régimen policial pero no se puede acudir en busca de justicia ya que las instituciones son manejadas por ellos mismos.
En los nueve meses del 2020 que han transcurrido, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), ha documentado 65 casos de violencia contra trabajadores de medios de comunicación, donde las agresiones, amenazas, asesinatos y otro tipo de ataques no se han detenido ni en el periodo de cuarentena por Covid-19.
La mirada internacional sobre violencia contra periodistas en Honduras
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Fuente: unesdoc.unesco.org |
Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, desde 2015 al menos diez periodistas fueron asesinados mientras cubrían manifestaciones, señala una publicación de Diario El Universo, el pasado 14 de septiembre de 2020.
El documento denominado Seguridad de los periodistas que cubren protestas, que se puede encontrar en el sitio web de la UNESCO, señala que en los últimos años se incrementaron los casos de acoso, arresto y violencia física }contra periodistas, sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad de los gobiernos y en ocasiones por los propios manifestantes.
A través de la documentación “se identifican 125 situaciones de ataque o arresto de periodistas que se encontraban cubriendo protestas en 65 países, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020. De esos eventos, 15 ocurrieron en 2015, 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 solo en la primera mitad de 2020, lo que muestra una clara tendencia creciente en el número de ataques sufridos por los periodistas que cubren protestas”, destaca la UNESCO.
También describe que “La mayoría de los ataques fueron realizados por la policía y las fuerzas de seguridad. La munición no letal usada por la policía —que va desde balas de goma hasta balas de pimienta— ha lesionado a decenas de periodistas e incluso ha dejado a algunos ciegos de un ojo. En algunos países, la introducción de nuevos proyectiles, flash balls y balas expansivas (butterfly bullets), diseñadas para producir una pequeña descarga o desplegar una metralla tras el impacto, causó daño a muchos periodistas”.
Cumplimiento de compromisos por Estado de Honduras
El ejercicio periodístico es un elemento crucial en la democracia. El Estado de Honduras se ha comprometido internacionalmente a garantizar el ejercicio del periodismo, proteger a los periodistas y a investigar los abusos contra las personas que hacen este trabajo, así como castigar a los responsables, pero hasta ahora eso es papel mojado.
Aunque en el país hay un Sistema de Protección que impulsa la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, hay una falta de credibilidad en las acciones de protección.
Algunos periodistas han señalado que tienen reservas en cuanto a la credibilidad en el actuar del Mecanismo de Protección, debido a que las medidas para proteger a quienes tienen amenazas se implementa a través de las instituciones policiales y militares, y existen evidencias de ataques de éstos contra las víctimas.
El Estado de Honduras será examinado este 10 de noviembre de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal EPU, donde deberá comprobar que cumplió con las recomendaciones aceptadas en el 2015, entre ellas las relacionadas con la libertad de expresión, Libertad de Información y la protección a periodistas.
Denuncian persecución política contra defensores del río Guapinol
- 21/09/2020
A través de una conferencia de prensa el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, denunció que el proceso de criminalización contra los 13 defensores del río Guapinol es parte de una persecución política que impulsa el Estado de Honduras, para beneficiar al empresario Lenir Pérez, dueño de la minera Inversiones los Pinares y la peletizadora Ecotek.
La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo del 04 de marzo del 2019, a favor de los ambientalistas Juan López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalid Cedillo y Marco Tulio Ramos, y ordenado el auto de formal procesamiento junto a los 8 defensores que se encuentran privados de libertad desde hace un año, por suponerlos responsables de los delitos Privación Injusta de la Libertad e Incendio Agravado, en prejuicio de la minera.
Ante la decisión del Poder Judicial, la defensa de los ambientalista presentó un escrito ante el juez con jurisdicción nacional Carlos Irías de León, solicitando fecha para la presentación voluntaria de los cinco pobladores con auto de formal procesamiento. El juez no se ha pronunciado, pero tiene dos opciones: agendar la audiencia de presentación o librar orden de captura. Durante la conferencia se comunicó que cualquier escenario puede presentarse en los próximos días.
“El juez está notificado de nuestra disponibilidad”, recalcó Juan López, coordinador de Comité y uno de criminalizados. “No queremos y no debemos renunciar a nuestra ética porque somos inocentes”, sostuvo afirmando tener miedo, él y sus compañeros porque es muy probable que sean enviados a prisión nuevamente, ya que el Poder Judicial se ha convertido en el brazo armado de las empresas extractivistas que se instalan en las comunidades sin consulta, afectando los ríos y las montañas.
El Comité denuncia una serie de irregularidades judiciales en el Caso de Guapinol, empañado por la utilización de juzgados nacional creados para conocer de criminalidad organizada y alto impacto. Al mismo tiempo, señala que, de acuerdo con el derecho nacional e internacional se ha violentado el debido proceso al imponer la prisión preventiva y negar que se trata de defensores del ambiente.
El Estado de Honduras otorgó una concesión minera en el parque nacional Carlos Escaleras en favor de Lenir Pérez, quien cuenta con licencia para construir una fábrica y procesar el óxido de hierro que desentierre de la montaña. Las comunidades denuncian que el empresario ha provocado daños irreversibles al ambiente, y que esa concesión se otorgó en una zona protegida gracias al aval del diputado nacionalista Oscar Nájera.
En la conferencia se denunció que tanto el diputado Nájera y el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quienes suponen responsables del conflicto socio ambiental están haciendo campañas políticas en las comunidades, mismas que viven en zozobra por el hostigamiento de la empresa y la presencia masiva de militares. Juan sostuvo que lo único que le están ofreciendo a la gente es muerte, porque desde alcaldía y Congreso se confabulan con las empresas para entregar los territorios.
Adilia Castro integrante del Comité aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía de todo el país, porque se necesita de la solidaridad y de acciones en caminada a conseguir la liberación de los defensores. “La presentación voluntaria significa ponerse en bandeja de plata para que el sistema de justicia encarcele y asesine a los compañeros, pero lo hacemos porque no somos criminales, solo estamos defendiendo el agua y la vida”. Dijo.
A partir de este día (21/09/2020) el Comité ha iniciado una serie de actividades por redes sociales para sensibilizar sobre la grave situación que atraviesan las comunidades de Tocoa, y todas aquellas que luchan contra la instalación de proyectos extractivos: mineras, hidroeléctricas, fotovoltaicas y ciudad modelo.
Defender los bienes comunes es cada vez más peligroso
De acuerdo con el informe (descargue aquí la versión en español), el año 2019 ha sido el más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Son 212 las personas asesinadas en el mundo, más de dos tercios de ellas (148) en América Latina que vuelve a posicionarse como el continente más peligroso para la defensa de los bienes comunes.
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París. Además, el informe señala que defensores y defensoras sufrieron todo tipo de ataque no letal, entre otros, ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, campañas de estigmatización y difamación, acoso, hostigamiento, violencia sexual, demandas judiciales y encarcelamiento.
América Latina, la más letal
Colombia (64) y Filipinas (43) encabezan la trágica lista, sumando más de la mitad de los asesinatos. En el caso de Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, “categorías” que incluyen a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, ha marcado dramáticamente el período post-acuerdo de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron 368 las y los líderes asesinados entre 2016 y 2019, y ya son 37 los que perdieron la vida en lo que va del año.
En el caso de Filipinas, los ataques contra personas defensoras experimentaron un aumento significativo, alcanzando los 43 asesinatos en 2019, en comparación con los 30 del año anterior.
Brasil (24), México (18), Honduras (14) y Guatemala (12) son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.
La región amazónica resultó ser una de las zonas más afectadas con 33 asesinatos. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.
Minería y agroindustria con más asesinatos
La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial, registrando un incremento del 85% respecto al 2018 en los ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria.
Global Witness advierte también lo difícil que es captar con precisión la verdadera dimensión del problema, ya que en varios países las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos documentados y situaciones de conflictos pueden generar un subregistro significativo.
Pese a la dificultad para identificar a los perpetradores de tantos asesinatos, Global Witness pudo vincular a fuerzas estatales con 37 de los asesinatos. También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados.
“Durante años, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han estado en la primera línea de defensa contra las causas y los impactos del colapso climático (…). Sin embargo, la mayoría de las empresas, las financieras y los gobiernos no son capaces de protegerlas en su trabajo que es vital y se desarrolla de forma pacífica.
Si queremos frenar el colapso climático debemos seguir los pasos de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Tenemos que escuchar sus demandas y amplificarlas.
Debemos presionar a quienes están en el poder para que aborden las causas estructurales del problema, apoyen y protejan a las personas defensoras y establezcan regulaciones que garanticen que, tanto los proyectos como las operaciones, se implementen con la debida diligencia, transparencia y consentimiento libre, previo e informado”, concluye el informe.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A cuatro años del crimen de la lideresa indígena ambientalista, Berta Cáceres, fundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el pueblo lenca sigue exigiendo juicio y castigo para los autores intelectuales del asesinato.
“La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera, implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita. En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones “, evidenció en un comunicado público el COPINH.
Explicaron, además que “en el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente”.
Retrasos injustificados
El Proceso judicial contra David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato, según los familiares de Berta, el caso está siendo muy tardío con retrasos injustificados en las audiencias, por lo tanto hoy viernes 21 de agosto se reanuda la audiencia preliminar contra el gerente general de Desarrollo Energetico S.A. (DESA).
Desa es una represa hidroeléctrica que estaba siendo construida en el río Gualcarque, ancestral y fuente de vida para las y los lencas que se oponen a este proyecto que ha causado mucha división y violencia en las comunidades indígenas.
La coordinadora de COPINH fue asesinada por ex militares, el jueves tres de marzo del 2016, en su casa de habitación en Intibucá, por oponerse al proyecto de DESA, que contaminaría y privatizaría el vital líquido del río.
Cambian juez del caso
Para el COPINH la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas, es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
“Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de un año cuatro meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público”, sostuvo la familia de Berta.
Víctor Fernández, abogado de la familia de Berta Cáceres, anunció este jueves en una conferencia de prensa, “si la gente tenía sospechas de que David Castillo y la empresa DESA participó en el crimen de Berta, hay una prueba en donde Castillo aparece contratando a Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad en la empresa energética para ejecutar el crimen”.
De igual forma, evidenció que Castillo despidió en junio del 2015 de la empresa a Douglas, pero después lo volvieron a contratar para este tipo de operaciones y así no aparecerían vínculos institucionales.
“Los mensajes son exactos, que dicen que si me paga la contratación de esta operación que es el asesinato de Bertita, estas son las comunicaciones exactas en la que este señor Douglas, que ya fue encontrado culpable, le notificaba vía mensaje que la operación del mes de febrero no la habían podido ejecutar”, concluyó el abogado, Fernández.
Honduras. Juicio contra David Castillo: Una maniobra dilatoria consumada
Boletín Causa Berta Cáceres - 17 de agosto 2020
La defensa de David Castillo, ejercida por Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, representantes de los intereses de la familia Atala Zablah, han consumado una maniobra dilatoria con el objetivo de dejar en libertad a David Castillo debido al vencimiento de la prisión preventiva. Ritza Antunes representó al Mayor del ejército Mariano Díaz, quien fue condenado por el asesinato de Berta Cáceres.
David Castillo fue capturado el 2 de marzo de 2018, el próximo 2 de septiembre vence el término ampliado de la prisión preventiva, de dos años y medio. Sin embargo, el juicio en su contra no se ha realizado por las maniobras dilatorias de su defensa y la permisividad del poder judicial de Honduras.
Un ejemplo claro de esto es que la audiencia preliminar que debió realizarse el 4 de abril de 2019 no se ha concluido a la fecha debido a las maniobras de mala fe de la defensa de Castillo que la han pospuesto en tres ocasiones. Han transcurrido cerca de un año y cuatro meses debido a esta dilación.
Quieren ocultar la relación de Castillo y la familia Atala.
El eventual juicio contra David Castillo demostrará la vinculación de Castillo como empleado de la familia Atala Zablah y las responsabilidades de estos como determinadores en el crimen contra Berta Cáceres. La intención de la defensa es que no haya juicio, liberar a Castillo y que la justicia no alcance a la familia Atala.
La prueba científica, en posesión del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla, es clara y contundente para sentenciar a Castillo por haber sido el enlace con los autores materiales del crimen de Berta Cáceres y de Daniel Atala Midence, como uno de los determinadores de dicho crimen.
Daniel Atala bajo supervisión de su padre y tíos, autorizó pagos para monitorear, perseguir, criminalizar y judicializar a Berta Cáceres por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, acciones que concluyeron en su asesinato. El pasado lunes 4 de mayo, se presentó ante el Ministerio Público solicitud de requerimiento fiscal contra Daniel Atala, Gerente Financiero de la empresa DESA, por los delitos de asesinato y asociación ilícita .
Daniel Atala autorizó pagos para la liberación de un sicario contratado para asesinar a Berta Cáceres.
El plan para asesinar a Berta Cáceres fue fraguado desde alrededor de octubre de 2015, desde esa fecha los dueños de la hidroeléctrica, la familia Atala, determinaron la necesidad de acabar con Berta Cáceres y el COPINH para la continuación de la hidroeléctrica.
Gracias a las maniobras de Daniel Atala y David Castillo fue liberado en tan solo 4 días para continuar con su cometido de asesinar a Berta Cáceres.
Un primer intento consistía en asesinar a Berta Cáceres en la región de Río Blanco utilizando un sicario conocido como Olvin Mejia Este fue capturado en diciembre de 2015 por portación ilegal de armas y homicidio de un poblador de Río Blanco.
“Llama a Daniel y decile que le haga el deposito
(…) que no vayan a procesar a ese muchacho.
El es nuestra mejor seguridad en él sitio de presa”
Esta información consta en el expediente judicial y de investigación en manos del Ministerio Público de Chinchilla, sin embargo Daniel Atala Midence no ha sido procesado por este crimen.
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RMR: CAUSA BERTA CÁCERES: JUICIO PARA MILITAR Y EMPRESARIO ACUSADO COMO AUTOR INTELECTUAL DEL CRIMEN
Radio Mundo Real | Justicia de Honduras anunció que David Castillo debe someterse a juicio oral y público. Entrevista a Bertha Zúniga.
Tras suspender a lo largo de un año y medio las sucesivas audiencias preliminares fijadas para evaluar la apertura del juicio contra David Castillo, la Justicia hondureña anunció el 26 de agosto que se realice un juicio oral y público contra este hombre, oficial militar de inteligencia, entrenado en West Point, conocido también como empresario emprendedor vinculado a la familia Atala Zablah -grupo empresario que integra el directorio del proyecto extractivista hidroeléctrico en Río Blanco, proyecto que enfrentaba la ambientalista hondureña Berta Cáceres-.
La decisión de llevar a juicio oral y público a Castillo se tomó sobre el límite de la prisión preventiva, que vencía este 2 de septiembre. Castillo fue detenido en marzo de 2018, dos años después del femicidio cometido en La Esperanza, hogar de Cáceres.
“Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
para leer todo y escuchar la entrevista CLICK AQUI
Agradecimiento a la Solidaridad
Desde COPINH agradecemos las muestras de solidaridad de organizaciones populares y de DD.HH en Honduras que se han pronunciado frente a ataques racistas y misóginos en contra de nuestra organización y nuestra coordinación.
“Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH”
LEAN AQUI LA CARTA DE SOLIDARIDAD CON COPINH
IM Defensoras: https://bit.ly/2EkeOr0
Centro de Derechos de Mujeres CDM: https://bit.ly/2P2Cqmb
Red Nacional de Defensoras : https://bit.ly/333UbKg
CARTA DE SOLIDARIDAD CON EL COPINH EN CONTRA DE LAS AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO A SU DIRIGENCIA
La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.
Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.
De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.
Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.
Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.
Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.
Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.
Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.
Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:
- Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
- Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
- Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
- Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
- Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
- Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
- Centro de Derechos de Mujeres, CDM
- Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
- Foro de Mujeres por la Vida
- Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
- Luchemos
- INHESCO
- Fundación San Alonso Rodríguez
- Código Sur
- Colectivo Josefa Lastiri
Personas que suscriben la nota:
- Padre Fausto Milla
- Denia Mejía
- Gilda Rivera
- Gustavo Zelaya Herrera
- Noemí Dubón
- Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres
Suscríbase: Si desea firmar esta carta, agregue el nombre de su organización o persona que suscribe y publique en los medios sociales que considere oportuno.
El Ayuntamiento de Valencia pone el nombre de la activista medioambiental Berta Cáceres a un jardín de la ciudad
El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, y la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, han inaugurado oficialmente la nueva denominación del Jardín Berta Cáceres, ubicado en la confluencia de las calles Rubén Darío y Palancia, próximo a la plaza Xúquer. Berta Cáceres es una reconocida activista hondureña del medio ambiente y defensora de derechos humanos, asesinada en Honduras.
El Pleno del pasado 30 de julio aprobó ponerle el nombre Berta Cáceres a este jardín que carecía de denominación, a propuesta de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Cooperación, para reconocer su gran labor y la de las personas activistas que luchan por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Tanto el vicealcalde como la concejala han explicado que, tras comunicar la noticia a las asociaciones vecinales de la zona, las ONG defensoras de derechos humanos y a asociaciones medioambientales, estaba previsto el acto de inauguración del nombre del jardín para el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, pero este acto inaugural ha quedado pospuesto debido a la situación sanitaria, para que puedan asistir personas vinculadas a la figura de Cáceres, asociaciones y entidades. Ahora el jardín luce unas letras con el nuevo nombre.
Berta Cáceres fue una reconocida líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente, asesinada en Honduras. Cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar por los derechos del pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras. En abril de 2015, esa lucha le valió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en la identidad lenca. Fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en Honduras, después de años de haber recibido amenazas contra su vida, en pleno proceso de lucha por la defensa del territorio, frente a la explotación de los recursos naturales de esa zona por parte de una empresa hidroeléctrica. La persecución de los defensores del medio ambiente es habitual en países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses.
Por todo ello, el Ayuntamiento de València propuso homenajear a esta “mujer luchadora, tanto por su activismo por la defensa del medio ambiente como por los derechos humanos”, ha explicado Maite Ibáñez, quién ha reconocido que “queremos visibilizar la labor de los ambientalistas que pierden la vida asesinados, mayoritariamente en América Latina”. Por su parte, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha destacado que “con este gesto queremos honrar su memoria y honrar también a todas las activistas a nivel mundial que trabajan en la defensa del medio ambiente, en este caso coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer Indígena como Berta Cáceres que estaba muy arraigada a la tierra y luchaba por mejorar su país, y por ello fue asesinada”. Según Campillo “esta es una muestra de respeto hacia todas las personas que se dejan la piel, incluso la vida, para que tengamos un planeta mejor”.
fuente: NOTICIASDE.ES
sábado, 8 de agosto de 2020
Honduras: ¡vivos los queremos!
Las fuerzas policiales y militares protegen el inicuo orden establecido y tienen como consigna desmantelar toda organización e intimidar y aniquilar todo signo de democrática denuncia.
José Toledo Alcalde / Para Con Nuestra América
Cesar Benedith, de la Organización Fraternal Negra de Honduras Ofraneh, denunció a Radio El Progreso: Se llevaron a tres compañeros de la comunidad. Se llevaron al Presidente del Patronato, Sneider Centeno, se llevaron a Milton Martínez y Suany Álvarez, que eran defensores del Comité de Tierras de la comunidad […]No podemos decir porque no tenemos ninguna sospecha, ninguno de nuestros compañeros anda en malos pasos, nos dedicamos a defender nuestros territorios nada más.
De igual forma, Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), hizo lo propio en su cuenta twitter: En esta dictadura, mafiosa, corrupta y asesina, maquinarias de la muerte están incólumes y fortalecidas. En medio de la pandemia del Covid-19, llegó un grupo armado a Triunfo de la Cruz y se llevó entre otros al dirigente Sneider Centeno. Exigimos su pronta aparición y con vida.
Como lo señalamos en nuestro artículo anterior Crímenes contra la humanidad en Honduras: ¿Alguien dice algo?[1], aludiendo a la Carta Abierta del 22 de julio firmada por 82 activistas internacionales y 81 organizaciones y colectivos:[2] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2015 denunció al Estado hondureño por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros» y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó «la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y2006.[3]
A esta denuncia la CIDH añadió demandas al Estado hondureño las cuales exigen 1) reconocer las tierras de la comunidad y darles el título de propiedad comunal; 2) regresar todas las tierras robadas a la comunidad; 3) otorgar una compensación por los daños; 4) asumir un compromiso de responsabilidad, ofrecer una disculpa pública y comprometerse a respetar los derechos humanos. ¡Todo esto al día de hoy ha sido en su totalidad no considerado!
Entonces, nos preguntamos:
Así como los acuerdos de paz son incumplidos a nivel internacional ante la prevalencia de la industria de las armas y el negocio de las guerras, ¿de qué valen denuncias y demandas de organizaciones de derechos humanos – no vinculantes – si al final los regímenes antidemocráticos gozan de impunidad y protección como de la OEA y ONU para no cumplirlas? ¿No será que estas organizaciones, así como la CIDH, cumplen con hacer las denuncias y luego se lavan las manos cual Pilatos ante la omisión de regímenes represores protegidos de Washington y megas corporaciones de la agroindustria, minería y turismo?
Una vez más se comprueba la relación existente entre regímenes que patean el tablero de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con la presencia colonialista de regímenes como los EE. UU y “protectorados” como el gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández denunciado por corrupción y colusión con el narcotráfico. Nos queda claro que el método de intimidación y asesinato selectivo – aplicado por estas impunes redes del crimen gubernamental – son exactamente iguales: disparen y luego pregunten.
Las fuerzas policiales y militares protegen el inicuo orden establecido y tienen como consigna desmantelar toda organización e intimidar y aniquilar todo signo de democrática denuncia. Según Miriam Miranda: El problema son estos policías que envían a la calle que pueden accionar ante la denuncia pública de un ciudadano […] Cómo vamos a confiar en una policía que es la que te violenta tus derechos, te maltrata, te quita tu libre circulación y sobre todo, se atreve a amenazarte […] No podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir denunciando la corrupción y criminalización de los defensores de los Derechos Humanos en Honduras.
¡Los pueblos tienen la palabra!
[1] ALAI. Dirección URL: https://www.alainet.org/
[2] Carta abierta exigiendo la presentación con vida de líderes garífunas víctimas de desaparición forzada, 22 de julio de 2020.
[3] OFRANEH. Corte IDH condena al estado de Honduras por violar derechos colectivos del pueblo Garífuna. En: Rebelión. Dirección URL: https://rebelion.org/
#Dónde está el dinero ¿Dónde están los canallas ladrones y responsables del delito?
Por Karen Janeth Duarte
De rudos malsines, falsos paladines, y espíritus finos y blandos y ruines, del
hampa que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor, del
puñal con gracia, ¡líbranos, señor! Rubén Darío[1]
En un Estado de Derecho los poderes funcionan de manera independiente para garantizar que uno no se sobrepone a otro, ni aniquila su independencia para operar y velar por la igualdad de derechos y responsabilidades que se adquieren con la ciudadanía.
La buena administración pública de los sistemas financieros, de seguridad, educación, salud y justicia ayudan a maximizar los recursos y asegurar que el dinero público contribuya a mejorar la calidad de vida y a combatir la indigna realidad que condena al 70% de nuestra población a la pobreza. Por ende, una mala gestión pública, por cualquier “motivación”, acrecienta las brechas de inequidad y exclusión en nuestro país.
La demanda por reducir estas brechas mediante el acceso a los servicios sociales y a los derechos de la población hondureña es el conocido lamento de décadas, pero sin mucha resonancia al momento en que tecnócratas y élites políticas hacen el canvas del hacia dónde debe dirigirse al país. Las imágenes reflejan una precarización constante de la vida y la dignidad de cada hondureño y hondureña. ¿Dónde están los responsables de esas injustas brechas sociales exacerbadas por los actos de corrupción?
Parece que en el país hay catástrofes que no tienen responsables, pero sí víctimas, casi 9 millones para ser exacta. Los responsables son removidos de sus cargos en la gestión pública ante la denuncia de irregularidades. Cuando la presión internacional es grande y la población muestra su indignación, como la marcha de las antorchas en el 2015, se buscan soluciones no para subsanar los delitos, pero sí para buscar responsables, aunque sigan sin ser acusados, condenados, en un baile constante con el sector justicia que demuestra su histórica incapacidad para sentenciarlos.
Esos Estados incapaces para refrenar el delito y hacer justicia están creando un arma letal para la autodestrucción de las frágiles democracias como la de Honduras. Recurriendo al filósofo francés Jacques Derrida, cuando desde el poder político-económico se fomenta la creación de estructuras paralelas impermeables al Estado de Derecho, ocurre la acción performativa de un cultivo de canallas:
“La canallocracia, denuncia ante la ley, una fuerza organizada, aún no el caso-Estado de una mafia, pero sí una especie de poder oculto y marginal, el contra-poder delictivo de una sociedad secreta o de una conjura, la contra-institución de una cofradía clandestina que reagruparía a los que están fuera de la ley y a los embaucadores… también puede a escala internacional practicar el tráfico de drogas y parasitar, incluso desbaratar las vías de comunicación[2]”.
Las prácticas y estrategia políticas en las últimas décadas no han contribuido a fortalecer el sistema de justicia. Los recursos financieros públicos han sido administrados de manera irresponsable, negligente y sobre todo utilizados para cimentar una red de corrupción entrelazada con los carteles de narcotráfico[3] que operan en el país y han logrado establecer relaciones político-comerciales con representantes de los partidos políticos y autoridades del actual gobierno.
El desfalco del IHSS en el 2015 dejó un robo de casi US$ 300 millones[4] y la vida de casi 3,000 personas. A esas muertes se deben sumar las victimas por falta de recursos para la atención ante la pandemia de COVID. ¿Dónde están los canallas responsables?
El exdirector del IHSS logró fugarse, “aparecer” y sigue retenido en condición de privación de libertad en un batallón de infantería. ¿No debería estar en una cárcel de máxima seguridad, considerando la magnitud del delito por las muertes en serie asociadas a sus actos de corrupción[5]?
Es incomprensible que ante un acto tan repudiable y de gran indignación que motivó el movimiento de las antorchas se sigue sin hacer justicia contra las y los responsables a quienes, además, se les otorgó el privilegio de defenderse en libertad. Y lo que es aún peor, recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les absolvió por insuficiencia de pruebas de tan horroroso crimen a la vida, incluida Lena Gutiérrez[6].
¿Dónde está el Estado que vela por el bienestar público, por la transparencia, gobernabilidad y justicia?
En el 2017, la MACCIH presentó las pruebas del caso Pandora por una malversación de fondos de US$ 12 millones administrados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería que vincula a unas 53 ONGs y 176 representantes del Congreso Nacional y otras estructuras políticas[7] que los usaron para pagar campañas de los partidos liberal y nacional. ¿Dónde están los 22 ladrones y responsables del delito a pesar de tener suficientes evidencias según la MACCIH y el Ministerio Público?
Hace unos días la CSJ declaró absueltos a todos los imputados del robo, y seguimos sin el dinero y sin responsables.
El CNA en el 2016 investigó el caso de corrupción del INFOP que contó con el seguimiento de la MACCIH en el 2018 (#cajachicadelhermano), el cual involucra a un magistrado de la CSJ[8] en actos de corrupción. ¿Será este caso una ilustración de por qué tantos actos de corrupción permanecen en la más absoluta impunidad y explicar, a la vez, por qué finalmente se expulsó a la MACCIH, cuando algunos de los investigados e implicados en estos casos son precisamente los magistrados que deben velar por hacer justicia?
Que nuestro sistema judicial le otorgara al expresidente Rafael Leonardo Callejas 16 cartas de absolución[9] revela la existencia de una red que fomenta la corrupción y evidencia el desinterés por hacer justicia. La impunidad desde hace décadas es nuestro porvenir.
La plataforma de actos que siguen sin responsables es vasta. La malversación de US$43 millones en el Trans 450 en Tegucigalpa sigue sin sustentar evidencias o señalar culpables, pero la deuda pública del préstamo BID continúa y se han pagado ya 180 millones de lempiras por una obra símbolo de corrupción, mientras sus responsables siguen en el gobierno e incluso son aspirantes presidenciales[10].
Es decir, culpables o responsables del mal manejo no hay, pero deudas sí que las hay, y en abundancia. El #dóndeestáeldinero no es un llamado exclusivo a la malversación y actos de corrupción de los fondos de emergencia ante el COVID-19. Es un grito de una población indignada, humillada y desesperanzada que no quiere morir y sigue su lucha letárgica por las décadas de corrupción y abandono.
Si existiera un poder judicial independiente y con jueces y magistrados que ejerzan éticamente sus funciones, entonces sabríamos dónde están los responsables. ¡Estarían en la cárcel!
Como dijo el poeta Roberto Sosa, mientras la Casa de la Justica esté llena de encantadores de serpientes, y haciendo de su quehacer amoral un escudo de protección para esa red de canallas impunes que cometen actos de corrupción, malversación de fondos, narcotráfico, tráfico de influencias, abusos de poder y violaciones de DDHH, podemos declarar que vivimos en un Estado de canallocracia.
[1] Poema de Rubén Darío, LETANÍAS DE NUESTRO SEÑOR DON QUIJOTE.
[2] Derrida, Jacques, Canallas, Editorial Trotta, Madrid 2005, p. 87.
[3] https://es.insightcrime.org/
[4] https://saqueoihss.com/ihss_
[7] https://www.univision.com/
[8] https://www.
En silencio, lentamente, decenas, centenares de personas queridas siguen yéndose al cementerio a causa de la pandemia de la corrupción y de la negligencia derivada de ésta. En total, ya casi sobrepasamos las 1500 víctimas desde marzo a la fecha. Una masacre continua.
Atrás quedaron aquellos días televisivos de Francis Contreras con sus grandes cejas y sus grandes ojos abiertos de extraño mirar, anunciando todos los días la dosis de terror que llevó al pueblo de Honduras al hartazgo, a la parálisis.
El aterrorizante servicio diario del doctor Contreras a veces ha sido complementado por el Sisimite del río Grande, ese sujeto barbudo, desaliñado y sin pudor, que saca la lengua entre sus pómulos abultados, para asustar a la gente.
Hoy se puede concluir que todos estos cinco meses transcurridos han sido una pérdida de tiempo para informar a la población sobre las formas solidarias de cuidar a los seres semejantes y no solamente a sus familiares y amistades.
Hemos perdido cinco meses de orientación humanista, como han hecho la mayoría de países del mundo, para evitar la propagación del virus Covid-19 y cuidar de todos nosotros sin necesidad de chafas armados ni de ladrones asquerosos.
Hemos perdido más de 150 días del año sin producir todos los alimentos que necesitamos para sobrevivir ni generar los bienes y servicios indispensables, porque una tranca gestionada por reservistas lo impidió, o un regimiento de chafarotes idiotas persiguió y encerró a los campesinos y obreros que lo intentaron.
Ahora que los sectores privados sienten la mordida del consumo caído, de la recesión inevitable y la teta de la vieja vaca arrugada, vuelven a presionar al Señor del Río con esa campaña de apertura inteligente para recibir más.
La campaña de salvar vidas para salvar la economía con reapertura de actividades productivas, de ventas y empleos, ha sido contestada por la dictadura con varios anuncios que incluyen la orden de girar la mirada hacia otro lado.
La mirada estaba puesta sobre los contenedores que abría la ATC junto al Consejo Nacional Anticorrupción, las piezas antiguas de armatostes hospitalarios, y las facturas mafiosas del clan de los Bográn.
Ahora el régimen hace girar la mirada hacia los estadios con el anuncio de reapertura de las potras con los equipos del patrón y hacia los aeropuertos, para reactivar los vuelos no sabemos hacia qué países.
“Fuera de casa usa siempre tu mascarilla, lava tus manos constantemente y mantén el distanciamiento social” sigue repitiendo el doctor Contreras en la tele, sin miedo a morirse de aburrimiento.
O sea, para retomar el inicio de esta reflexión, deberíamos decir que las técnicas del miedo colectivo y de parálisis social desarrollaron formas de adaptación y de resistencia, de aceptación y rechazo, y por eso la dictadura ensaya nuevas técnicas de control a través de la evasión.
El traslado de los tales contenedores de basura hospitalaria hacia Tegucigalpa, rodeados de esa típica publicidad apoteósica, mesiánica, lambiscona, es una imagen impuesta que apaga las voces potentes de personas diciendo, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hijo, se murió esperando esos hospitales que anunciaron desde la primera semana de marzo.
Es la imagen de un convoy de militares omnipresentes alrededor de una dictadura corrupta que ha probado su incapacidad para construir, su maledicencia para actuar y su perversidad para gestionar la economía y la política durante una emergencia sanitaria.
En la memoria colectiva del pueblo hondureño quedará grabado el corrupto régimen del Covid19, así como el período huracanado de Carlos Flores Facussé quedó fichado como el gobierno del Mitch, aprovechado por una caterva de ministros que robaron a manos llenas la solidaridad internacional.
Eso no se olvida, Tomasito, Gustavo, Gabriela y compañía, jamás. Aunque ustedes y sus jefes no hayan sido sometidos al mamo, aquél pueblo sufriente con el agua hasta el cuello no se olvida de ustedes, nunca. Pueblo errante y migrante, pero con memoria.
A éstos de ahora que entretienen a la gente con la nueva tarjeta de identidad satelital para que olvidemos el impacto descomunal de la desaparición de cuatro líderes garífunas de Triunfo de la Cruz, les vamos a recordar también con nombres y apellidos.
Las caravanas provocadas por sus violencias y sus saqueos a la moral del pueblo y a sus bolsas concretamente, eso no se perdona. Eso no tiene madre.
En los próximos días comenzarán a llegar a Honduras delegaciones independientes de Europa y América del Norte, a decirle a la comunidad negra de Honduras que las empresas turísticas, marinas y de fachada legal que han tomado por la fuerza a Sneider, a Milton, Suamy y Gerardo, van a ser golpeadas delante de sus financiadores en Europa, Caribe y Norteamérica. La libertad y la vida de la gente se respeta.
Ninguna distracción del régimen debe apartarnos la vista de los temas centrales de la nación, de las violaciones a los derechos humanos, de las condiciones de trabajo de médicos, enfermeras y de todo el personal de salud, que mueren impunemente en la primera línea de batalla contra el virus y no como los empistolados que están lejos del teatro de las acciones.
Mantenernos en una actitud vigilante, crítica y prestos a la acción es lo único que nos queda en este escenario, y eso depende de cada una de nosotros. Cada manifestación con símbolos, con ruidos, en vehículos o por los medios posibles, es una obligación cívica.
La mediocre organización criminal que controla el Estado desde 2009 no es ni más inteligente ni más poderosa que este pueblo que ha sabido sobrevivir y salir adelante de todas las lacras que se creyeron más vivos que todas nosotras.
Honduras es nuestra, aquí los inútiles que no cuentan son los corruptos, los narcos, los policías militares y todos esos parásitos que andan a su lado velando una bolsa o una puteada de Pompeo o del mismísimo Trump, que está discapacitado con mil víctimas diarias en su país, por necio y por inepto.
Aquí los inútiles son los malandros que le roban a la gente su derecho a la salud, a la libertad y a la vida. A esos seres no los queremos, o como diría el poeta necesario, los queremos lejos.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 1 de agosto de 2020
Interrogado Canciller de la República por supuesto acto de corrupción
- 10/09/2020
El Ministerio Público, por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, llegaron hoy jueves a las instalaciones de la Cancillería en Tegucigalpa con el fin de tomar la declaración al Comisionado Especial para la Pandemia del COVID-19, Lisandro Rosales.
A Rosales lo interrogaron en calidad de investigado sobre el proceso de compra irregular de 140 ventiladores mecánicos realizada por la Inversión Estratégica de Honduras, Invest-H.
De acuerdo a la ATIC, el Hospital Militar adquirió cuatro ventiladores para pacientes pediátricos y adultos, por un valor total de siete millones dos mil trescientos ochenta y cuatro lempiras con sesenta y nueve centavos (Lps. 7, 002,384.69).
El 16 de abril de 2020, Radio Progreso divulgó una investigación relacionada a la compra de cuatro ventiladores mecánicos de alto flujo pulmonar para la Unidad de Cuidados Intensivos por parte del Estado Mayor Conjunto a favor del Hospital Militar, adquisición que según Fuerzas Armadas se hizo en el marco del catálogo de compras de emergencia definido por decreto Ejecutivo (PCM 005-2020).
También se investiga la compra de 90 succionadores que fueron recibidos por un equipo de la Fuerza Aérea Hondureña, FAH, procedente de Estados Unidos a bordo del avión presidencial.
HONDURAS / SILBANDO Y LIBRES SALIERON IMPLICADOS EN CASO "PANDORA"
- Publicado: 04 Agosto 2020
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Una vez más, la justicia inclina su balanza en Honduras. Este 4 de agosto, la Corte de Apelaciones emitió una resolución para conceder sobreseimiento definitivo a 22 de los involucrados en el “Caso Pandora”, principalmente ex diputados del Congreso Nacional (CN) y ex funcionarios del actual de gobierno, que dirige Juan Hernández.
Los beneficiados con la medida que los libera de la cárcel son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos (esposo de la difunta Hilda Hernández y, por tanto, cuñado del presidente Hernández), Lenin Rigoberto Rivas Velásquez, Arnaldo Urbina Soto (ex alcalde de Yoro, quien también es acusado lavado de activos procedentes del narcotráfico), Elden Vásquez (diputado del Partido Nacional), Carlos Alberto Pineda Fasquelle ( ex subsecretario de Ambiente y Minas), Félix Francisco Pacheco Reyes, Arnold Gustavo Castro Hernández (esposo de la diputada nacionalista Gladis Aurora López).
También, Elvin Ernesto Santos Ordoñez (diputado liberal), Miguel Edgardo Martínez Pineda (diputado nacionalista), Eduardo Enrique Lanza Raudales, Redin Lenin Chávez Galindo, Ernesto Galeas Martínez, Hernán Seaman Elvir, Armando José Rivera Marroquín, José Celín Discua Elvir (diputado nacionalista), Josué Francisco Velásquez Sánchez.
Fueron liberados de igual manera Rodolfo Irías Navas (diputado nacionalista), Ramón Antonio Lara Bueso, José Adolfo Sierra Morales, Wilson Rolando Pineda, Franklin Erick Toruño Colindres y al ex secretario de Finanzas, William Chong Wong se le concedió extinción de responsabilidad penal por fallecimiento.
Sin embargo, se dictó auto de formal procesamiento en contra de José Jacobo Regalado Weizenblut (ex secretario de Agricultura y Ganadería), Laura Aide Arita Palma (ex asistente de Regalado Weizenblut), Norma Keffy Montes Chandía (ex asistente de Regalado Weizenblut) y Velkis Rosibel Hernández (ex empleada de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, URSAC).
Desde julio del año anterior, la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, había advertido que los imputados en el Caso Pandora que guardaban prisión, podrían ser liberados. “A punto de cumplirse un año de haberse dictado Auto de Formal Procesamiento contra imputados en Caso Pandora y Sala Penal aún no se pronuncia sobre recursos interpuestos, por lo que se corre el riesgo que los únicos tres imputados con prisión preventiva queden en libertad”, publicó entonces la UFECIC en su cuenta oficial de Twitter.
Este caso salió a la luz en 2018 e involucró a 38 personas en el millonario robo de 282 millones de lempiras (12 millones de dólares), que se realizó a través de siete convenios y un addendum entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y las fundaciones “Dibattistas” y “Todos Somos Honduras”, entre los años 2005 y 201.
Tras la colaboración de UFECIC con la también extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se determinó que estuvieron involucrados diputados y empleados públicos de alto, mediano y bajo nivel; al final, los fondos habrían sido destinados para financiar la campaña del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, para llegar a la Presidencia de la República.
Luchará contra sentencia que violenta la libertad de expresión: Se conforma Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas
Monday, 07 September 2020 23:48 Written by Webmaster Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Para luchar por la libertad de expresión e información, se conformó el Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas, quien fue condenada a dos años y ocho meses de prisión, en una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa y ratificada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien fue nombrado Juez Natural, debido a que la afectada es diputada ante el Congreso Nacional de Honduras.
El Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas salió a la luz pública este 07 de septiembre de 2020 a través de una conferencia de prensa virtual. Está conformado por organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, personalidades del movimiento social y político, entre otros.
Dicho comité emitió un comunicado de prensa donde cuestiona al Poder Judicial por haber violentado el Debido Proceso, Acceso a la Justicia de Borjas y los derechos a la libertad de expresión e información, al condenarla por haber hecho público tres informes policiales donde se señalaba que el Ministerio Público estaba renuente a emitir requerimientos fiscales contra los autores intelectuales de la defensora de derechos humanos del pueblo lenca y coordinadora del Comité Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,COPINH, asesinada en marzo de 2016.
Borjas fue querellada por la divulgación de esa información por el empresario Camilo Atala, a pesar que la parlamentaria no mencionó su nombre, de acuerdo al relato que ella hizo en la conferencia de prensa.
La familia de Berta Cáceres y sus abogados han demandado en reiteradas ocasiones al Ministerio Público que libre los requerimientos fiscales contra los autores intelectuales y ha señalado de estar involucrados en el crimen a los directivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA.
En la conferencia de prensa representantes de organizaciones y de otros sectores asistentes a la misma mostraron su solidaridad con Borjas y señalaron que se quiere callar su voz para desactivarla como diputada al Congreso Nacional y además para sembrar el temor contra cualquier persona que quiera criticar la impunidad en el crimen de Berta Cáceres.
Este es el comunicado del Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas:
11 de septiembre: Cómo se planificó el Golpe contra Allende, según Gabriel García Márquez
A través de una publicación realizada el año 2003, el reconocido escritor describe el intervencionismo que habría existido por parte de los Estados Unidos para que se produjera el Golpe Militar de 1973
Por: Consuelo Rehbein
Tomado de Publimetro
“El anfitrión era el entonces coronel Gerardo López Angulo, agregado aéreo de la misión militar de Chile en los Estados Unidos, y los invitados chilenos eran sus colegas de las otras armas. La cena era en honor del Director de la escuela de Aviación de Chile, general Toro Mazote, quien había llegado el día anterior para una visita de estudio”, comienza García Márquez.
“A los postres, uno de los generales del Pentágono preguntó qué haría el ejército de Chile si el candidato de la izquierda Salvador Allende ganaba las elecciones. El general Toro Mazote contestó: ‘Nos tomaremos el palacio de la Moneda en media hora, aunque tengamos que incendiarlo’”, continúa la historia.
Pinochet y su futuro
“Uno de los invitados era el general Ernesto Baeza, actual director de la Seguridad Nacional de Chile, que fue quien dirigió el asalto al palacio presidencial en el golpe reciente, y quien dio la orden de incendiarlo. Dos de sus subalternos de aquellos días se hicieron célebres en la misma jornada: el general Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar, y el general Javier Palacios, que participó en la refriega final contra Salvador Allende”, destaca García Marquez.
Sobre los días claves en la historia del mundo, siempre hay muchas versiones. Ocurre lo mismo con el 11 de septiembre de 1973, día donde se llevó a cabo el Golpe Militar que derrocó a Salvador Allende de su cargo de Presidente, día donde se suicidó, día donde fue bombardeado el Palacio de La Moneda, día donde el país comenzó a ser gobernado por una Junta Militar. Hoy se cumplen 45 años.
Varios hechos relevantes, miles de miradas. Por lo mismo, quisimos seleccionar un relato con pluma, que permita a quienes no vivimos aquella época trasladarnos a una realidad que se ha ido construyendo a través de los distintos relatos y los libros de historia. ¿De que autor? El reconocido escritor Gabriel García Márquez. ¿Qué nos relatará? La planificación de tan fatídico día.
El relato que resumiremos a continuación, fue publicado 30 años después de los hechos, en el 2003. Su versión no sólo relata los hechos puntuales del 11 de septiembre, sino que comienza en 1969, explicando una conspiración norteamericana que habría sido el inicio de todo. Es esa parte la que compartiremos con ustedes. Esta publicación fue titulada “Chile, el golpe y los gringos”.
La cena que los reunió a todos
A fines de 1969, tres generales del Pentágono cenaron con cuatro militares chilenos en una casa de los suburbios de Washington.
“Aquella cena histórica fue el primer contacto del Pentágono con oficiales de las cuatro armas chilenas”, asegura el escritor. “Chile no fue escogido por casualidad para este escrutinio. La antigüedad y la fuerza de su movimiento popular, la tenacidad y la inteligencia de sus dirigentes, y las propias condiciones económicas y sociales del país permitían vislumbrar su destino”, continúa.
Intervencionismo americano
Una vez con Allende en el poder, “el bloqueo económico de los Estados Unidos por la expropiaciones sin indemnización y el sabotaje interno de la burguesía hicieron el resto”.
“Las urgencias de Chile eran descomunales. Las alegres señoras de la burguesía, con el pretexto del racionamiento y de las pretensiones excesivas de los pobres, salieron a la plaza pública haciendo sonar sus cacerolas vacías. No era casual, sino al contrario, muy significativo, que aquel espectáculo callejero de zorros plateados y sombreros de flores ocurriera la misma tarde que Fidel Castro terminaba una visita de treinta días que había sido un terremoto de agitación social”, continúa.
Un país sin comida
Describiendo la realidad de ese entonces, García Marquez señala que “el Presidente Salvador Allende comprendió entonces, y lo dijo, que el pueblo tenía el gobierno pero no tenía el poder”.
“Una semana antes del golpe se había acabado el aceite, la leche y el pan. En los últimos días de la Unidad Popular, con la economía desquiciada y el país al borde de la guerra civil, las maniobras del gobierno y de la oposición se centraron en la esperanza de modificar, cada quien a su favor, el equilibrio de fuerzas dentro del ejército”, describe el autor.
Todo de acuerdo al plan
¿Y como catalogó lo que vendría después? “La jugada final fue perfecta: cuarenta y ocho horas antes del golpe, la oposición había logrado descalificar a los mandos superiores que respaldaban a Salvador Allende, y habían ascendido en su lugar, uno por uno, en una serie de enroques y gambitos magistrales a todos los oficiales que habían asistido a la cena de Washington”.
Entrevista a Noam Chomsky
«EE.UU. está dirigido por el sector empresarial para sus propios beneficios»
«El país, básicamente, durante mucho tiempo, ha sido prácticamente un estado de partido único: el partido empresarial», señaló el intelectual.
Millones de personas en EE.UU. están perdiendo el empleo y enfrentan posibles desalojos debido a la crisis económica provocada por la pandemia. Por su parte, la riqueza del 1% de la población del país ha aumentado enormemente. Entre los beneficiados está Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona más rica del mundo, que acaba de incrementar su patrimonio en un monto estimado de trece mil millones de dólares netos en un solo día.
El intelectual ha querido hablar de esta y otras cuestiones con Amy Goodman, para Democracy now! y ha afirmado que la ganancia inesperada de las empresas es una prueba más de que Estados Unidos está dirigido “esencialmente por el sector empresarial” para sus propios beneficios. “Simplemente, se están descontrolando”.
Chomsky detalla que «EE.UU. un país dirigido esencialmente por el sector corporativo, que tiene una influencia abrumadora en el gobierno y que está representado por el hombre más rico del mundo: Jeff Bezos, que ganó $ 13 mil millones en un solo día».
«Se están volviendo locos, usando a Trump y a la administración o usando la cobertura de la pandemia para enriquecer a los muy ricos y al sector corporativo que, por supuesto, se lo están comiendo. Ellos lo adoran», señala el intelectual.
El también lingüista afirma que «la industria militar es otro ejemplo de ello. Es un último esfuerzo para tratar de imponer la regla máxima de riqueza extrema y poder corporativo que corre paralelamente a la campaña de Mitch McConnell-Trump para empacar al poder judicial de arriba a abajo con jóvenes abogados de ultraderecha de la Sociedad Federalista que serán capaces de asegurarse de que no importa lo que el público quiera, mientras sus políticas ultra reaccionarias se implementen durante al menos una generación».
«Intentan mantener lo que han logrado en gran medida a través del período neoliberal, los últimos 40 años: una enorme concentración de riqueza, concentración de poder político, población general estancada, en declive, incluso hasta el punto donde hay un aumento de la mortalidad en los últimos años entre las personas en edad laboral, los hombres y mujeres blancos en edad laboral. Nada de esto sucede en las sociedades desarrolladas en funcionamiento», indica Chomsky.
«El país, básicamente, durante mucho tiempo, ha sido prácticamente un estado de partido único, el partido empresarial», sentencia el intelectual.
