Noam Chomsky sobre la sociedad posCovid-19
«Votar por Trump es peor que votar por Hitler»
Al principio, parecía una exageración retórica, del tipo que se escucha en los debates de los bares. Pero Noam Chomsky, el intelectual público de renombre mundial, presentó un caso plausible para una evaluación escalofriante del posiblemente el hombre más poderoso del mundo.
Votar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es peor que votar por Hitler, afirmó Chomsky a la entrevistadora Linda Solomon Wood, durante un seminario web patrocinado por el Observador Nacional de Canadá en abril. «Hitler fue quizás el peor criminal de la historia de la humanidad». Quería asesinar a millones de judíos, eslavos, romaníes, homosexuales, otros». Pero, ¿qué quiere hacer Trump? Quiere destruir las perspectivas de una vida humana organizada «.
El lingüista y crítico social de 91 años sigue siendo notablemente
optimista sobre las opciones futuras, pero solo si enfrentamos
colectivamente las tres crisis existenciales que identificó en una
entrevista de 2019 con National Observer : guerra nuclear,
calentamiento global y (proféticamente) pandemias. Advirtió entonces
que la humanidad tiene que decidir «si la sociedad humana organizada
sobrevivirá un par de generaciones más». Trump está ejerciendo el
«máximo sadismo» y exacerbando las tres amenazas, afirma ahora Chomsky.
Considere la respuesta de Trump al COVID-19. Los críticos han notado,
con razón, mensajes inconsistentes, posturas políticas y divisiones,
peleas con gobernadores e ignorando a las autoridades médicas. Chomsky
agrega una dimensión menos conocida: si bien «la pandemia está
arrasando, la gente está muriendo y los hospitales no pueden mantener
el ritmo», la administración Trump propuso un presupuesto que
continuaría recortando partes del gobierno relacionadas con la salud,
como los Centros para las Enfermedades. Controlar. Y el líder
republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, el «verdadero
genio malvado» de la administración, en palabras de Chomsky, declaró
que el programa de estímulo pandémico del Congreso no debería rescatar a
los estados gobernados por demócratas que han proporcionado pensiones a
bomberos, maestros y otros trabajadores.
Frente a la
perspectiva de una guerra termonuclear, el enfoque de Trump es
«empeoremos las cosas», desmantelando el régimen de control de armas
establecido por los acuerdos anteriores entre Estados Unidos y Rusia,
incluidas las Fuerzas Nucleares Intermedias (INF), «cielos abiertos» y
los nuevos tratados START, a pesar de las súplicas del presidente ruso
Vladimir Putin de renegociarlo. A la industria militar le encanta,
señala Chomsky: «Están obteniendo enormes cantidades de dinero para
construir armas que [pueden] destruirlo todo. Y luego, en el futuro, obtendrán más dinero para
tratar de construir defensas contra estas armas que estamos animando a
otros a producir «.
Más allá de desmantelar el control de
armas, la política exterior de Trump equivale a orquestar una alianza
internacional de «los estados más crueles, duros y reaccionarios»,
regímenes ambientalmente destructivos y etnonacionalistas como Jair
Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en India, Viktor Orban en Hungría,
Matteo Salvini en Italia y dictaduras en Egipto y los estados del Golfo.
Y luego está la crisis climática, una que los analistas de políticas a
veces llaman un problema «perverso», en parte porque nadie necesita
presionar un botón rojo o propagar inadvertidamente un virus para que
socave la sociedad humana, simplemente continúe como de costumbre.
Chomsky nos recuerda que, si bien el mundo eventualmente escapará de la
pandemia, aunque «a un costo severo», no escaparemos «del
derretimiento de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar
[y] otras consecuencias extremadamente dañinas de calentamiento
global.» Pero Estados Unidos, con su poder global, está en manos de un
presidente y un partido que quiere hacer que la crisis sea «lo más
severa e inminente posible».
A Chomsky nunca le faltan ejemplos.
La administración Trump ha convertido a la Agencia de Protección
Ambiental en «una subsidiaria del mundo empresarial», silenció a los
científicos, eliminó esencialmente los controles de emisiones en las
plantas de carbón, facilitó la contaminación por mercurio en las vías
fluviales y aumentó los subsidios a las industrias de combustibles
fósiles, como si «matemos a más estadounidenses «es el objetivo. La
Agencia Nacional de Transporte de EE. UU. Informó que el planeta será
catastróficamente más cálido para fines de siglo, pero, sin embargo,
recomendó la eliminación de los controles de emisiones en los
automóviles. La lectura de Chomsky de la lógica de Trump es: «De todos
modos nos vamos al precipicio, así que ¿por qué no divertirse y obtener
ganancias?»
Sin embargo, Chomsky evita la trampa de culpar
de los males de Estados Unidos a un solo político, sin importar cuán
destructivo y corrupto sea. La pandemia de COVID-19 ha expuesto riesgos
para toda la sociedad por la extrema desigualdad económica, producto
de las políticas neoliberales de los últimos 40 años. Como hemos visto
en Canadá, los trabajadores en trabajos precarios y sin licencia por
enfermedad remunerada no pueden simplemente aislarse en casa. Si tienen
una casa. Chomsky informó que mientras que una décima parte del uno
por ciento de la población de Estados Unidos tiene el 20 por ciento de
la riqueza del país, entre el 60 y el 70 por ciento de la población
estadounidense tiene que vivir «de sueldo a sueldo».
Además,
para hacer frente a las crisis de salud pública, «hay que tener la
estructura institucional». Por ejemplo, las poderosas compañías
farmacéuticas, con sus enormes ganancias engordadas por «medidas
proteccionistas como la increíble protección de patentes», sabían que
era probable una epidemia de coronavirus, pero su incentivo era obtener
ganancias a corto plazo «vendiendo algo mañana, no» previniendo una
catástrofe dentro de un par de años «.
Sin embargo, dada su
perspectiva histórica, Chomsky sigue siendo relativamente optimista. Su
propia vida notable ha abarcado crisis monumentales, incluida la
guerra global para derrotar al fascismo. (Casualmente, Chomsky se
convirtió en un adolescente el día, en 1941, en que Japón atacó Pearl
Harbor, catapultando a Estados Unidos de lleno a esa guerra). La Gran
Depresión de la década de 1930 fue comparable a las consecuencias
económicas del COVID-19, pero Estados Unidos la superó a través de el
New Deal, una «versión del capitalismo reglamentado que fue
extremadamente beneficioso para la gente». Se podrían restablecer los
tratados de control de armas. La crisis medioambiental podría mitigarse
con sólo un «pequeño porcentaje» de la financiación para la
movilización de la Segunda Guerra Mundial.
En solo un seminario web de 60 minutos, Chomsky ofreció numerosos detalles a los 700 participantes:
* El proyecto de ley de estímulo posterior a la pandemia podría
imponer condiciones a las empresas. Por ejemplo, se podría exigir a las
compañías aéreas que actualmente piden rescates gubernamentales que
pongan trabajadores en el consejo de administración, garanticen un
salario digno para todos los empleados y se centren en las necesidades
de los pasajeros en lugar de seguir gastando miles de millones en
recompras de acciones que enriquecen a los inversores. Si las
aerolíneas se niegan, póngalas en propiedad pública.
* Los
principales países podrían socializar las industrias de combustibles
fósiles, lo que no sería prohibitivamente caro en un momento de precios
del petróleo muy bajos, y sacarlas del negocio como «una gran ayuda
para el mundo». (Por improbable que sea, este escenario ha aparecido en
los principales medios de comunicación internacionales al menos desde
2014; es intrigante imaginar erupciones volcánicas en la «sala de
guerra» anti-ambientalista del primer ministro de Alberta Jason
Kenney).
* Cuando se le preguntó acerca de la controvertida
y posiblemente obsoleta y cargada de errores producida por Michael
Moore, Planet of the Humans , que ataca el potencial de la energía
renovable para reemplazar los combustibles fósiles, Chomsky citó al
economista Robert Pollin sobre cómo desarrollar una economía
sostenible, mientras se asegura la reempleo de trabajadores a medida que
se elimina el sector de los combustibles fósiles.
Tales
políticas no son utópicas, insiste Chomsky. De muchas maneras, nos
devolverían al marco político y legal que prevalecía antes de que los
mantras neoliberales de privatización y fundamentalismo de libre
mercado se convirtieran en el sentido común de las élites políticas y
económicas occidentales.
La crisis del COVID-19 ha desafiado ese
sentido común y reconfirmado la importancia de la acción colectiva y
los recursos públicos. ¿Podemos llegar a un mundo mejor después de la
pandemia? Chomsky se anima con las enfermeras y los médicos de primera
línea, ayudando a la gente a sobrevivir, a menudo sin equipo de
protección porque los gobiernos han preferido «gastar su dinero en otra
parte». Su heroísmo ilustra «la magnificencia del espíritu humano» como
«modelo de lo que se puede hacer».
Una joven de 14 años le
preguntó conmovedoramente: «¿Qué hago para recuperar mi futuro?»
Chomsky elogió a todos los jóvenes en la primera línea de las huelgas
por el clima escolar. En particular, elogió a Greta Thunberg , la
activista de 17 años que se enfrentó directamente a la indiferencia de
Trump ante la crisis climática en la reunión anual de plutócratas y
políticos, los autoproclamados «Maestros del Universo», en la ciudad
turística suiza de Davos. .
Y promocionó la reciente formación
de la organización Progressive International , que celebró su primera
reunión en noviembre de 2018, para contrarrestar la reaccionaria
Internacional de regímenes autoritarios de Trump. El PI fue iniciado
por el activista demócrata Bernie Sanders en los EE. UU. Y el ex
ministro de finanzas del gobierno de Syriza de izquierda de Grecia,
Yanis Varoufakis. Está pensado como una red de activistas y grupos, y
«la mayoría de la gente en el mundo quiere lo que representa», afirma
Chomsky.
Como siempre, Chomsky recordó a sus oyentes el poder
histórico de los movimientos populares organizados: abolicionista,
derechos civiles, paz, igualdad de las mujeres y, más recientemente, la
desinversión de combustibles fósiles. Por ejemplo, hace unos años, el
Green New Deal –inversión gubernamental a gran escala para crear
empleos y abordar el cambio climático– era «simplemente algo para
ridiculizar», pero gracias al Movimiento Sunrise de jóvenes activistas
en los EE. UU. ahora en la agenda legislativa. «Ya no te ríes de eso»,
dijo.
En el pasado, tales movimientos han obligado a la élite
económica a crear la imagen de «la corporación conmovedora … no por
amor a la raza humana, sino porque están siendo presionados para
hacerlo». Chomsky nos advierte que no debemos tragarnos la retórica de
las relaciones públicas corporativas, cuando lo que se necesita es un
cambio estructural fundamental; pero puede que sea el momento adecuado
para reformas significativas. En su opinión, el estado de ánimo en la
extravagancia de Davos de este año, incluso antes de que el COVID-19
fuera reconocido como una pandemia mundial, era diferente. Menos
autocomplacencia mutua, más contrición y promesas de ser más humano.
«Están corriendo asustados … Los campesinos vienen con las horquillas».
Considere esta evaluación, de una fuente sorprendente: la pandemia
está exponiendo la fragilidad y las desigualdades de las economías de
muchos países. Las personas que ocupan trabajos precarios con salarios
bajos y están en primera línea están perdiendo sus medios de
subsistencia e incluso sus vidas. Para «exigir un sacrificio colectivo
hay que ofrecer un contrato social que beneficie a todos».
Eso
significa considerar reformas radicales que reviertan «la dirección
política predominante de las últimas cuatro décadas». Tales reformas
incluyen un papel gubernamental más activo en la economía, inversión en
servicios públicos, mercados laborales más seguros, redistribución de
la riqueza y una renta básica garantizada.
Esa declaración no
es de ningún panfleto bolchevique. Es un editorial del 3 de abril de un
importante periódico comercial internacional, el Financial Times , un
órgano cuya viabilidad depende de que se lo diga a los inversores como
es realmente. Corriendo asustado, de hecho.
Los levantamientos
mundiales por la justicia racial, a raíz de la muerte de George Floyd
mientras estaba bajo custodia policial, ocurrieron después de la
entrevista de Chomsky. Pero ofrecen más pruebas de la capacidad del
poder popular para cambiar los debates políticos e influir en las
élites del poder. Las opciones recientemente despreciadas, como la
eliminación de fondos o incluso la disolución de las fuerzas
policiales, ahora están siendo respaldadas por alcaldes y políticos
nacionales.
Nos encontramos en una encrucijada. A los «Maestros
del Universo» les gustaría reconstituir la economía neoliberal,
sugiere Chomsky, pero «más duras, con medidas más autoritarias para
asegurar que no haya interferencia con este modelo». Pero al mismo
tiempo, «esta es una buena oportunidad para … plantear preguntas sobre
en qué tipo de mundo queremos vivir».
Al igual que en la década
de 1930, cuando «las opciones eran entre el fascismo y la
socialdemocracia liberal … la guerra de clases habitual está operando
ahora mismo … El mundo que saldrá (de la pandemia) depende del
equilibrio de fuerzas».Las políticas necesarias son
sencillas, afirma Chomsky. «Podemos cambiar las estructuras
institucionales que nos están llevando al desastre. Todo está a nuestro
alcance».
*Robert Hackett es profesor emérito de comunicación en la Universidad Simon Fraser, defensor del clima y las costas con sede en Burnaby y coautor de Periodismo y crisis climática: participación pública, alternativas a los medios (Routledge, 2017).
Oradores de la Convención Nacional Republicana advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones
Comenzó la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Charlotte, estado de Carolina del Norte, con ominosas advertencias acerca de que una presidencia de Joe Biden podría destruir el país. Los diferentes oradores elogiaron en reiteradas ocasiones el manejo que Trump ha hecho de la pandemia, aún cuando la cantidad de personas muertas por coronavirus en el país supera las 177.000. Otros oradores como advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr. advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones.
Para ampliar esta información, vea fragmentos de los discursos de anoche.
Transcripción
AMY GOODMAN: Muchos oradores en la noche de apertura de la Convención Nacional Republicana advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones. Esta es la expresentadora de Fox News, Kimberly Guilfoyle.
KIMBERLY GUILFOYLE: Quieren destruir este país y todo por lo que hemos luchado y consideramos valioso. Quieren robarles su libertad, su autonomía. Quieren controlar lo que ustedes ven, lo que piensan y en qué creen, para así poder controlar cómo viven. [Los demócratas] quieren esclavizarlos bajo una ideología débil, dependiente, liberal y de victimización, al punto que no reconocerán este país o a ustedes mismos.
AMY GOODMAN: Kimberly Guilfoyle es la pareja de Donald Trump Jr., quien habló después de ella. Ella también es la exesposa del gobernador de California, Gavin Newsom. Guilfoyle también habló de California. Pero Donald Trump Jr.también pronunció un discurso en la convención.
DONALD TRUMP JR.: Las personas de fe están bajo ataque. No se permite ir a la iglesia. Pero el caos masivo en las calles está exento. Pareciera que en estas elecciones tendremos que escoger entre la iglesia, el trabajo y la educación o disturbios, saqueos y vandalismo, —o, en la palabras de Biden y los demócratas, “protestas pacíficas”—. Los anarquistas han inundando nuestras calles y los alcaldes demócratas ordenan a la policía que se retire. Pequeñas empresas en todo Estados Unidos, muchas de ellas propiedad de minorías, están siendo incendiadas por turbas. Los alcaldes demócratas fingen que no está sucediendo. De hecho lo llamaron un “verano del amor”.
Incertidumbre y poca expectativa para AL en elecciones estadounidense
- 31/07/2020
Un ambiente de mucha incertidumbre rodea el proceso electoral en Estados Unidos de cara al gran día, 03 de noviembre donde se escogerá al Presidente de la República. Una carrera que se decidirá por Donald Trump en representación de los Republicanos, buscando su segundo mandato, y Joe Biden por el Partido Demócrata.
Según el Director de la Organización Alianza Américas, Oscar Chacón, se está ante una campaña política cuyos resultados podrían decidirse por la irracionalidad del votante, un fenómeno que ha caracterizado las elecciones en muchos países del mundo.
“Es importante destacar un fenómeno de la política de hoy, y es el fenómeno de la irracionalidad, y en ese sentido, no es descartable que independientemente de lo que dicen las encuestas de opinión pública, Donald Trump pudiera salir victorioso el próximo 03 de noviembre y asegurar cuatro años más a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos de América”, sostuvo Chacón.
Chacón está convencido que aunque las encuestas den como favorito a Biden, si la elección fuera mañana, Trump saldría victorioso. Es un escenario muy similar al vivido hace 4 años, en 2016, cuando Hillary Clinton perdió la elección a pesar que las encuestas la daban como la gran favorita.
Radio Progreso (RP) dialogó con el Director de Alianza Américas, Oscar Chacón (OC), sobre el panorama electoral estadounidense y su impacto en América Latina.
RP. ¿Cómo se vive el panorama electoral en Estados Unidos?
OC. Es un momento político y una campaña electoral sin precedentes porque estamos, por primera vez, viviendo una campaña electoral profundamente afectada por el contexto de la pandemia que ha significado Covid-19, es decir, todas las movilizaciones y concentraciones masivas que tienden a organizar candidatos que se postulan para la presidencia, simple y sencillamente no está sucediendo. Ni las convenciones, que son el acto específico donde se selecciona de manera oficial al candidato de cada partido, seguramente no van a suceder como sucedieron en el pasado.
RP. ¿Qué sensaciones produce eso?
OC. Genera un entorno de gran incertidumbre sobre lo que va a pasar el 03 de noviembre.
RP. ¿Qué indican las encuestas?
OC. La mayoría de las encuestas de opinión pública que se han venido tomando en los últimos meses parecerían darle una ventaja clara al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, quien se pone por encima del candidato Republicano Donald Trump, actual Presidente del país.
Es importante destacar que a pesar de lo que las encuestas de opinión pública señalan, parecería indicar claramente de que sí el Presidente de Estados Unidos fuese seleccionado sobre la base de un análisis frío y racional sobre qué figura política le conviene más al país, seguramente Joe Biden saldría victorioso.
RP. ¿Por qué su duda?
OC. Es importante destacar un fenómeno de la política de hoy, el fenómeno de la irracionalidad, y en ese sentido, no es descartable que independientemente de lo que dicen las encuestas de opinión pública, Donald Trump pudiera salir victorioso el próximo 03 de noviembre y asegurar cuatro años más a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos de América.
RP. ¿Cuál es el tema central de la campaña?
OC. Al ritmo que vamos, el tema económico va ser un tema central. Hay que recordar que en abril y mayo se perdieron más de 40 millones de puestos de trabajo y no han logrado ser reabiertos. Pero la pregunta clave es a quién le va a creer la gente: a Donald Trump como el hombre capaz de recuperar económicamente hablando al país o le va a creer a Biden. Por el otro lado también el Covid-19 va ser un tema central. Recordemos que el Presidente Trump empezó, en febrero y marzo de este año, señalando que Covid-19 era una farsa y que se trataba de un engaño del Partido Demócrata, que no había un problema de salud.
RP. El conflicto con China, ¿cómo entra en la campaña?
OC. El Presidente ha venido agravando esa confrontación Estados Unidos – China, es una confrontación, hasta cierto punto, más de apariencia que de realidad, pero está todo dirigido a fortalecer aquellos aspectos que le han dado ventaja al Presidente. Y un tema más, que te añado en la ecuación de complicaciones electorales, es el tema del uso de cuerpos federales policíacos para someter las protestas que han estado sucediendo en múltiples estados de la Unión Americana, particularmente en el Estado de Oregón, en la ciudad de Portland.
RP. ¿Cuál es el mensaje que trata de enviar?
OC. Todo es con la lógica de presentar a un Presidente como una persona fuerte, como un hombre decidido a usar la fuerza en contra de aquellas personas que “amenazan” el bienestar del país desde su perspectiva.
RP. ¿Repercutirá la violencia policial contra los negros?
OC. Vamos a ver cómo se comporta el votante de raza blanca precisamente ante el surgimiento, tan agudo, que ha tenido la pelea en Estados Unidos en torno a la opresión racial que tiene como fundamento intelectual la lógica de la supremacía blanca. Éste es un país que nació, desde su inicio, desde sus primeros días, esposando la lógica de que la persona de raza blanca es superior sobre cualquier otra.
RP. ¿Cuál es la fortaleza de Trump?
OC. A lo largo de su administración, se ha logrado beneficiar de procesos que se pusieron en vigencia durante la administración de Barack Obama en el plano de la economía. Particularmente la tasa de creación de empleo, la tasa de personas desempleadas alcanzó niveles positivos sin precedente a lo largo de los últimos 40 años. También vale la pena destacar la conducta de la bolsa de valores que es el termómetro para medir cuán importante el sector financiero se ha vuelto en la economía estadounidense. La bolsa de valores ha tenido ganancias sin precedentes. Pero hay que recordar que ese Presidente ha obrado en el plano económico para beneficiar a las capas más enriquecidas de este país. Esas capas no están descontentas con Donald Trump y no dudan en respaldarlo.
RP. ¿Y con el tema de migración?
OC. Es una ventaja para el Presidente que el hecho que en el plano migratorio ha sido sumamente disciplinado en impulsar una agenda que busca ponerle fin a la llegada de más extranjeros al país. Este Presidente prácticamente ha enterrado el asilo, igual pasa con el caso de las personas que eran reasentadas en condición de refugiados las ha reducido dramáticamente, e incluso el sistema de obtención de visas permanentes se ha visto congelado. Todo esto le permite a Trump proyectarse.
RP. ¿Cuál es la debilidad de Trump?
OC. Que es un Presidente que ha desafiado sin precedentes el decoro de quien, en el pasado, ha ocupado la Presidencia de Estados Unidos. Este es un Presidente que celebra la supremacía blanca, es un Presidente que ha dicho que las personas armadas que protestan en defensa de la supremacía blanca son buenas. Es un Presidente que ha ignorado la evidencia científica de Covid-19. En el plano económico también hay debilidad real como por ejemplo la vasta mayoría de familias que están viviendo en una condición de incertidumbre sobre el futuro.
RP. Y de Joe Biden, ¿cuál es su principal fortaleza?
OC. La principal fortaleza que lleva Joe Biden es que no es Trump. Biden se vende como alguien que le va a poner fin a algo que la gente mira como un mal y que debe llegar a su fin. Es triste afirmarlo, pero Biden no es un candidato que genera enorme inspiración en diversos grupos de votantes en Estados Unidos, yo te diría que el punto más fuerte que tiene Biden a su favor es la cantidad de personas que están convencidos que cuatro años más de Trump sería extremadanamente dañino para Estados Unidos y para el mundo.
RP. ¿Cómo se sitúa América Latina en la campaña estadounidense?
OC. Es un tema complicado porque en el plano de la política exterior hacia América Latina debo reconocer, con mucha franqueza, que la diferencia entre administraciones demócratas y administraciones republicanas no son diferencias absolutamente sustantivas, no son diferencias fundamentales, son diferencias de estilo, son diferencias de intensidad, y pues basta recordar el hecho de la consumación de un golpe de Estado en Honduras, sucedió precisamente bajo una administración demócratas.
RP. ¿En una palabra cómo resumiría el panorama electoral en Estados Unidos?
OC. Irracional y lleno de incertidumbres.
RP. ¿Trump o Biden?
OC. Si la elección fuera mañana, Trump saldría victorioso por la sencilla razón que es la persona que está hoy en la Casa Blanca, y la condición de ser quien ocupa la Presidencia le otorga enormes ventajas. Tengo la esperanza que el mundo de lo racional, que la lógica del pensamiento crítico logre encontrar más asidero particularmente en el votante de raza blanca que al final de cuentas serán, una vez más, quienes determinen el resultado del proceso que selecciona al presidente de los Estados Unidos.
Los desafíos en la pandemia del Covid-19 para el periodismo de los países del Triángulo Norte son los despidos de las empresas por falta de pauta publicitaria, la disminución del salario con un aumento de labores, disminución la credibilidad del periodismo, falta de procesamiento de solicitudes de información, Troles y Fake News en páginas falsas que erosionan la confiabilidad de medios, y la molestia de funcionarios públicos porque se les señalan en crímenes de cuello blanco, según lo dieron a conocer este 29 de julio en un evento virtual.
Tres periodistas expusieron en el seminario virtual “Pandemia y autoritarismo: Retos de la libertad de prensa en el norte de Centroamérica”, impulsado por la Alianza Américas y la Fundación Heinrich-Böll-Stiftung, donde las exponentes detallaron grandes retos frente a los ataques desde la relación de los funcionarios y gobernantes e incluso medios de comunicación para obstaculizar la información, como una forma de deslegitimar y poner en duda la veracidad, limitando la libertad de expresión y de prensa.
Julia Gavarrete, de la Revista Gato Encerrado de El Salvador; Alejandra Gutiérrez, de Agencia Ocote, en Guatemala y Danielle Mackey, periodista de del periódico digital Contracorriente de Honduras, detallaron el contexto de estos problemas en sus respectivos países.
Mackey explicó que en el contexto de Honduras, los ataques a la prensa ahora vienen de los mismos presidentes como un acto muy peligroso y cínico, también la resistencia de algunas redes de poder que no están acostumbradas a ser cuestionadas, porque antes no se le prestaba mucha atención a los actos de corrupción o “delitos de cuello blanco”, ya que las maras y pandillas eran un escudo muy conveniente para distraer.
Para las panelistas la mala situación democrática se destaca porque los líderes de la región son electos por la población, y utilizan la vieja receta de usar a Dios y la familia, mientras llenan las cárceles de seres humanos, lavan dinero desde las instituciones públicas, sirven al partido político que los impulsó, funcionarios que no quieren pagar impuestos y están coludidos con el sistema neoliberal cuyo único fin es el de generar ganancias.
Entretanto Gutiérrez, de Guatemala, expresó que existe opacidad e incapacidad para dar la información, que no está fluyendo sino que se centraliza con conferencias de prensa escuetas, donde incluso evitan dar participación a medios críticos o independientes.
Según las panelistas, la democracia controla los elementos más importantes y poderosos de la sociedad, pero actualmente esos centros de poder están ocupados por empresas, fuerzas de seguridad como los ejércitos y policías, sobre los cuales el sistema tendría que tener mecanismos para frenar a los líderes y también imponerles la responsabilidad de responder con claridad frente a los ciudadanos, así el periodismo sirve como un espejo que refleja la transparencia con la que se dirigen a la sociedad.
Gavarrete, de El Salvador, expuso que como una manera de paralizar la labor periodística se está retrasando el acceso a la información, la cual entregan incompleta después de un arduo manejo burocrático, conferencias de prensa herméticas, donde buscan influir en el mensaje directo a favor de gobernantes y haciendo ver a los periodistas como una broma.
Asimismo, otro desafió expuesto es una narrativa desde funcionarios y gobernantes de manipular por medios propios la veracidad del trabajo periodístico, ayudándose desde élites políticas para erosionar el hecho de que existen verdades expuestas y que deben eliminar, violentando los derechos de la ciudadanía y el trabajo de los periodistas de la región.
Pandemia favorece el espionaje a las reuniones y asociaciones de la sociedad civil
Thursday, 17 September 2020 23:55 Written by Heidy Dávila Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
A siete meses de suspensión de Garantías Constitucionales en Honduras, la población se ha adaptado a los métodos en línea para la organización de actividades laborales, políticas, populares, entre otras, siendo las plataformas electrónicas una de las herramientas propicias para el espionaje de ciertos sectores, con el objetivo de reprimir y silenciar.
Desde el 16 de marzo del 2020, el gobierno de Juan Orlando Hernández, decretó suspensión de derechos Constitucionales, entre ellos el artículo 78, 79 y 80 que dictan que el Estado debe garantizar de libertad de asociación y reunión, en relación de sus intereses comunes de cualquier índole y presentar peticiones a las autoridades para obtener respuesta en el plazo legal.
Existen patrones de represión en relación del derecho de reunión y asociación, a miembros de organizaciones de sociedad civil como las personas defensoras de los derechos humanos, a quienes se les han realizado allanamientos en sus hogares durante la suspensión de garantías, también a integrantes de plataformas populares.
Las Organizaciones no Gubernamentales, (ONG), de derechos humanos, presentaron al Estado una petición para que se les permitieran la libre circulación y ejercer su labor de defensoría de los derechos fundamentales, frente al alza de índicies de violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia, y en los pueblos en resistencia territorial, pero fue denegada.
También se suma un contexto de crisis económica, alimentaria y de salud, generada por diversos actos de corrupción en los presupuestos asignados por los poderes del Estado para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Algunos sectores fueron perjudicados por retrasos de salarios, no se entregaron bonos autorizados, se realizaron compras de equipos en mal estado, los Hospitales se quedaron abarrotados , con falencias de medicamentos y trajes de bioseguridad.
Gilberto Ríos, dirigente popular, explicó que frente a la situación de crisis profunda el pueblo respondió con protestas y para eso se usaron las redes sociales como un método de reunión, pero que las plataformas son asediadas por una red de espionaje desde el gobierno y sus alianzas con países como EUA, Israel y Colombia.
Ríos aseguró que en varias ocasiones tuvieron llamadas de call center colombianos a quienes se les identificó por el acento, pero que ya se conocía que las autoridades gubernamentales estaban coludidas para mantener el control en ciertos sectores, por eso las organizaciones adoptan medidas como realizar sesiones cerradas y trasmitir mediantes otras vías la información pública, de lo contario constantemente aparecen perfiles desconocidos para filtrar la documentación.
Entre las protestas se emplearon las caravanas de automóviles con las consignas de protesta por los saqueos, tomas de carreteras de los barrios y colonias exigiendo ayuda alimentaria, manifestaciones de trabajadores de maquilas a quienes se les han violentado los derechos laborales y de salud pública.
Una de las protesta más numerosa ha sido sobre la pregunta ¿Dónde está el Dinero?, que se multiplicó en las redes sociales y llegó a ser una consigna pintadas en las calles, paredes, y otras.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), citó a uno de los activistas populares de forma irregular y luego cambiaron el móvil de la citación de liderar la página en las redes sociales a posible trata de personas en perjuicio de niñas y mujeres, y por último los agentes dijeron que no estaba en calidad de acusado sino para que hablara de cierta información.
José Romero, quien ha sido líder del espacio de movilizaciones vehiculares para reclamas el paradero del dinero, se presentó a las oficinas de la ATIC, acompañado por organizaciones de de derechos humanos, medios de comunicación, pero fue exonerado de las acusaciones.
Desde figuras públicas se maneja una campaña de desprestigio contra la protesta social, acusando a las personas como delincuentes, “vagos”, terroristas, haciendo que la libertad de asociación sea cuestionada como ilícita y propensa a actos de criminales que el Estado afianza a través del poder judicial.
Presos políticos y detenidos
En la movilización este 15 de septiembre en la ciudad de Tegucigalpa se detuvieron al menos 15 personas, quienes fueron agredidas y llevadas a postas policiales después de la represión, entre ellas un periodista y un defensor de derechos humanos que ejercían su labor .
En el último año han sido privados de la libertad varios defensores de derechos humanos, como los del Río Guapinol, el maestro Rommel Barlemar quien fue capturado en una protesta de la plataforma por la educación y salud, y ahora el poder judicial entrega la sentencia para tres ex líderes estudiantiles condenados a tres años de prisión y trabajo forzado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció este 16 de septiembre sobre las altas tasas de sobrepoblación que prevalecen en las cárceles hondureñas, donde advierten al país que debe cumplir con el decreto dirigido a que personas que tengan una enfermedad base o estén más propensos a contraer Covid-19, se les imponga otro tipo de medida alterna a la prisión.
En Honduras la libertad de asociación ha sido disminuida a través de esta serie de artimañas, entre ellas la criminalización contra los miembros de distintos grupos, violentando los derechos constitucionales.
Nueva York, EE.UU (Conexihon).- El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a todos los gobiernos del mundo, que liberen a los y las periodistas encarcelados por ejercer su labor.
Guterres hizo el llamado, luego de recibir una carta del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles), que refiere sobre las restricciones a la prensa durante la pandemia por el COVID-19, así como la muerte de periodistas privados de libertad.
Por medio de su portavoz, Sthepane Dujarric, Guterres evidenció su preocupación hacia las restricciones y ataques contra periodistas, tales como hostigamiento, actos de intimidación, sanciones, asesinatos y detenciones arbitrarias.
“Cuando se ataca a los trabajadores de los medios de comunicación, las sociedades en su conjunto pagan un precio”, expresó Guterres, en el mensaje transmitido por su vocero.
En lo que va de la pandemia por el COVID-19 en Honduras, el periodista David Romero Ellner, falleció el pasado 18 de julio en un hospital de Tegucigalpa, tras permanecer en cuidados intensivos a causa del mortal virus.
La muerte de Romero Ellner, ocurrió mientras permanecía encarcela desde el 29 de marzo de 2019, tras ser condenado por delitos contra el honor. Al momento de su captura, el periodista se desempeñaba como director de Radio Globo (emisora con sede en la capital hondureña) y del diario digital Confidencial HN.
En su reciente informe, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), registró en los últimos cinco años, 125 ataques contra periodistas que cubren protestas en 65 países.
El informe "Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios" UNESCO reportó diez asesinatos a periodista que cubrían protestas, dos en América Latina y son: Elidio Rámos Zárate (México, 2016) y Ángel Gahona (Nicaragua, 2018).
Como recomendaciones, el informe de UNESCO enumeró la capacitación y equipo de seguridad de parte de los medios de comunicación hacia los y las periodistas.
El estudio, además recomendó a los gobiernos, crear la figura de Defensor del Pueblo, que garantice el monitoreo y a su vez, contribuya a frenar los ataques de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) contabiliza 82 agresiones a la libertad de expresión, de las cuales 19 son agresiones por parte de fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Policía Militar y Ejército), en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19.
La más reciente, ocurrió el pasado 15 de septiembre contra el fotoperiodista Orlando Sierra, quien labora para la Agencia Francesa de Prensa (AFP), atacado con una bomba lacrimógena lanzada hacia su cuerpo por parte de un pelotón policial y que le ocasionó lesiones en su abdomen.
Honduras entre los países con mayor registro de agresiones contra la libertad de prensa
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Por lo que, al final la divulgación de los hallazgos del informe aspira a “fiscalizar a los Estados y fiscalizar a las cifras a través de las cuales se puede medir el desempeño de estos Estados como garantes de las libertades”, concluyó.
La persecución de los medios
“Así es cómo se intenta estrangular económicamente a aquellas fuentes de información alternativa que no entran “dentro del redil”
Por: Arturo Rendon Pineda
Poco a poco se ha ido convirtiendo en una persecución cada vez más explícita, más descarada hacia todo tipo de pensamiento incómodo para el poder.
Las leyes para iniciar la gran persecución de los díscolos, se está implementando progresivamente en Honduras, con la excusa de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Todos somos etiquetados y clasificados; toda nuestra información, aficiones, creencias, amistades o tendencias políticas las exponemos al hablar por teléfono, enviar mensajes en WhatsApp o expresarnos en cualquier red social.
Toda esa información es gestionada por simples algoritmos y programas informáticos diseñados para clasificar, monitorear y perseguir a todos aquellos que “resulten inconvenientes” para el gobierno Nacionalista.
Simplemente, nos harán la vida imposible a nivel individual creando todo tipo de trabas, convertir hasta las críticas bien intencionadas de aquellos que piensen diferente como ciudadanos o periodistas proclives a un enjuiciamiento injusto y amañado, con muchas menos posibilidades de competir con los dóciles y los obedientes que se lucran del poder.
Constituye una manera de definir a las personas en objetivos del gobierno, lo cual es un claro indicativo de que un proceso que ha llevado al país a tal punto de represión social, convirtiéndolo en víctima mortal de una criminal y corrupta dictadura.
La persecución encubierta, sutil pero implacable, de los que piensan diferente, hace más de 10 años que ha comenzado con La cárcel y las balas como terapia contra los periodistas que no se venden y que informan la verdad.
YA NO MAS, ya no podemos seguir siendo espectadores y por lo tanto cómplices de un mundo bifurcado entre los que disfrutan ilegalmente de las canonjías que da el poder, y de los que vienen siendo víctimas inocentes de las injusticias de las oligarquías…
¡BASTA! ¡YA NO MÁS! ¡!No puede Honduras continuar siendo mangoneada por un gobierno corrupto, ni por grupos hegemónicos de los que son actores y cómplices: “o actuamos conscientemente defendiendo nuestro destino común, o ya no tendremos futuro, queremos decir entonces, ¡¡QUE ESTAMOS AL BORDE DEL ABISMO!
En la modesta sala de profesor universitario, el licenciado Matías Fúnez tenía en 1982 un pequeño cuadro colgado sobre la pared en sus tiempos de filósofo enseñando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La obra era un conjunto simple, pero representativo de una dictadura. Era una pistola apuntando a una flor.
El nacionalismo italiano y el fascismo hitleriano atacaron con rabia a los artistas y a los intelectuales por alegres y recreadores de la belleza, por creativas e independientes, pero sobre todo por multiplicar la risa contra los sátrapas.
Los ejemplos de esas atrocidades de gente tonta que no se ríe de sí misma abundan en el mundo antes de la segunda guerra mundial y en los 75 años transcurridos después de su fin en 1945.
Para venir más cerca en la geografía y en el tiempo, el 20 de octubre del año pasado en el Parque André Jarlan, al sur de Santiago de Chile, “la mimo” como era conocida Daniela Carrasco fue encontrada muerta, ahorcada, torturada y colgada de una reja. Horas antes la joven había sido detenida por “carabineros”, como se conoce a la déspota policía chilena, admirada en Honduras por los escuadrones de la muerte.
El Sindicato Nacional de Actores y Actrices de Chile exigió justicia por el asesinato de esta artista callejera símbolo de las manifestaciones masivas, mientras el colectivo feminista #NiUnaMenos-Chile responsabilizó a Sebastián Piñera y a sus policías de plomo por la barbarie.
El 15 de septiembre, en Tegucigalpa, Honduras, Cristian Esteban Espinoza Meza, artista circense, activo en las manifestaciones que exigen la salida del impostor juan hernández, fue atacado directamente al rostro con violentas ráfagas de agua ardiente disparadas por los “guanacos” de la policía militar.
Los “guanacos” llaman en Chile a esos camiones horribles en color de detritus llenos con soluciones químicas que dañan la salud de los manifestantes, cócteles malignos que no matan en el instante pero lesionan de modo irreversible los tejidos.
Como resultado del violento ataque policial, ambos párpados de Cristian fueron desprendidos y a esta hora el diagnóstico médico no es concluyente sobre el estado de su visión. Ambos ojos están cubiertos para sanar en primera instancia los tejidos externos.
El martes la población hondureña rechazó en viva voz los discursos patrioteros, vulgarmente vacíos de amor y respeto a la patria de nuestros ancestros, porque militares y civiles de la élite golpista de 2009 cumplen más de 11 años de entreguismo al Pentágono gringo y de robo descarado de los recursos públicos en plena emergencia provocada por el coronavirus.
¿Cuál independencia? Y ¿Dónde está el dinero? fue el lema popular durante el 199 aniversario de la independencia formal de España, que las élites locales celebran a imagen y semejanza de los militares que nunca han combatido en guerras, excepto las que dirigen contra el pueblo organizado durante 12 años consecutivos.
El balance preliminar del 15 de septiembre de 2020 es ilustrador de la brutalidad: incluye el ataque al artista Espinoza Meza, los disparos de francotiradores de goma contra el corresponsal de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Orlando Sierra; la detención de 15 jóvenes manifestantes y las heridas a dos personas víctimas de esa recogida de hombres armados que llaman fuerzas especiales.
No hay manera de convivir armónicamente con una dictadura así. No es posible, ni en términos éticos ni en términos racionales, ni siquiera se puede rezar con ellos. Están endiablados.
Después de la nube de gases tóxicos que sus carruajes siniestros esparcieron en la capital, el recuento preliminar de los desastres de la dictadura incluyen mensajes a considerar.
El primero es que la dictadura no es capaz de diferenciar entre una manifestación pacífica de independencia contra la corrupción y una manifestación popular contra el impostor que usurpa la presidencia. Los militares de Honduras se confunden desde 2009. Y el pueblo no suelta desde entonces cada septiembre su protesta de calle.
El segundo mensaje es que las juventudes rebeldes están perfiladas por la inteligencia secreta que opera al interior de las turbas militares, es decir, previamente las víctimas han sido fotografiadas y puestas en una matriz de perturbación.
Es el mismo guión contra la prensa independiente y las agencias internacionales de noticias que utilizan teleobjetivos, filmadoras de alta resolución y tecnología de cobertura global. Esos instrumentos les convierten en blancos militares durante las protestas, porque están perfilados previamente.
El fascismo gobernante rechaza ser reflejado en su dimensión bruta e interviene con terror para disuadir los esfuerzos ciudadanos por demostrarle al mundo que en Honduras no hay ni gobierno legítimo ni militares patriotas ni pueblo sumiso.
Las imágenes del corresponsal Sierra reúnen esas características. Por eso no es la primera vez que es atacado por los militares durante las manifestaciones. Orlando, que conoce muy bien su oficio, es uno de los productores gráficos de mayor influencia en coberturas con imágenes de alta precisión. Millares de empresas de comunicación en el mundo adscritas a los servicios de la AFP divulgan sus fotografías y videos. Las imágenes OS son auténticos editoriales sin palabras.
En el caso de Cristian Esteban Espinoza Meza es con sus grandes pantuflas de colores, su nariz de tomate y sus acuarelas de trazo fino en el rostro, los detalles con los que él hace su lucha por construir la alegría pensante de este pueblo. Lastimosamente, hoy está expuesto a la ceguera.
¿Dónde están los responsables de estos hechos? Los comandantes ya remitieron sus nombres para ser juzgados por violar el principio de “servir y proteger”? El dictador será capaz de bajar ese cuadro donde la pistola apunta a una flor? ¿Dónde está el dinero?
¡Buenas noches!
Gobierno se olvidó de la juventud también en tiempos de pandemia: Casa Alianza
- 29/07/2020
El director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruela, dijo en Radio Progreso que hay una la política de abandono del gobierno hacia la juventud también estos tiempos de pandemia.
Ruela lamentó que en este momento haya un fuerte proceso de criminalización contra la juventud con pocas alternativas de rescate social hacia ellos.
Para Ruela es necesario que se apliquen medidas integrales que estén por fuera del enfoque militarista al que apuesta el régimen de Juan Orlando Hernández.
El director de Casa Alianza que entre los datos, que como institución, manejan en lo que respecta a jóvenes afectados por la pandemia, se destaca la falta de acceso de estos jóvenes a la salud pública, también a los alimentos y a las medidas de bioseguridad.
“Informe de TSC es un pasquín”: CNA
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Después de haber dado lectura al “Informe de responsabilidades” emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el caso de los hospitales móviles, el Consejo Nacional Anticorrupción lo calificó como un pasquín sin soporte legal para perseguir legalmente a los responsables de la compra de equipos médicos y hospitales
El CNA señala que, las ocho (8) páginas que contiene el supuesto informe trasladado al ente persecutor del delito, no constituyen un verdadero documento que contenga un soporte técnico de auditoría, determinando responsabilidad penal en contra de quienes han defraudado las finanzas públicas, específicamente de los fondos que erogó Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) en la compra de los triajes móviles y equipo en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
Lamentan el hecho de que el TSC se haya tomado más de dos meses para sacar como resultado un pasquín, del cual no soportan absolutamente nada de lo que se manifiesta, porque lo expresado es lo que la ciudadanía sabe sin necesidad de contar con alguna expertise; ya que es un hecho notorio que el exdirector ejecutivo de Invest-H no consultó a su Consejo Directivo.
Apunta además que de manera vergonzosa la única conclusión contenida en el documento establece: “… Concluimos en que la Dirección Ejecutiva de Invest-H, no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esa institución”; evidenciando tal afirmación, la pobreza profesional de quienes elaboraron el informe y sobre todo del aprobante, puesto que, para escribir ese renglón y medio, no se requiere de expertise alguna, sino únicamente la capacidad de copiar y pegar lo que es de conocimiento público.
El CNA manifiesta que auditoría las diferentes organizaciones de sociedad civil tienen mayor competencia y capacidad de investigación y que le han dado seguimiento al tema de los hospitales móviles y demás equipo adquirido; pues todo resulta más evidente que, en este fingido informe, imperó más el conflicto de interés de un Magistrado, que la obligación institucional, por tanto, las ocho páginas se redactaron por la presión que la ciudadanía ha realizado, para obtener resultados inmediatos en este mega fraude.
Alertan que el informe se redactó bajo este esquema, con el objeto de abrir aristas que provoquen debilidad en los eventuales requerimientos fiscales que emprenderá el Ministerio Público; por lo que desde ya expresamos que es inaceptable tal irresponsabilidad, en donde no existió capacidad de establecer quién o quiénes son los responsables, cuáles fueron las inconsistencias jurídicas que conllevan a determinar la concurrencia de una infracción penal.
Finalmente deja constancia como organización de sociedad civil dedicada a la prevención y combate a la corrupción, de que se están gestando los nuevos cimientos de la impunidad en el caso de Invest-H, a fin de beneficiar a todos los involucrados en este nuevo latrocinio.
Filtración de carta mete en apuros a concesionaria de aeropuerto Palmerola que ahora niega reclamo de $ 51.3 millones
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -La filtración de una carta en la que el representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez, reclama $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) con el gobierno de Honduras, ha hecho en las últimas horas que la concesionaria inicie una campaña de manipulación en las redes sociales y medios de comunicación negando su verdadera intención.
La nota filtrada fue enviada el 6 de julio al presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada, Leo Castellón, en la que el concesionario claramente hace el reclamo monetario evocando la cláusula de mecanismo de solución de controversias.
Como argumento, el también inversionista de la industria extractivista, Lenir Pérez, refiere que apegados a las estimaciones oficiales de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), “los efectos de la pandemia le implicarán al Aeropuerto Internacional de Palmerola una reducción de 1.149,000 pasajeros en los primeros doce años de operación, lo que implica una reducción de veintinueve por ciento de los esperado en el modelo financiero vigente”.
Mediante la carta la concesionaria establece además que “es urgente que el contrato sea adecuado para beneficio de las partes y sabiendo la apertura que existe para buscar soluciones propongo hacer uso de la alternativa del arreglo directo y así ambas partes encontramos una figura que no impacte en el gobierno de Honduras con erogaciones adicionales, pero debiendo ser viable tanto financiera como técnicamente”.
Pero, más adelante señala que “conforme al análisis financiero efectuado, el proyecto requiere de un ingreso adicional a los establecidos en el contrato de por lo menos cincuenta y un millones trescientos mil dólares de Estados Unidos de América (US $ 51,300,000.00). El costo de la obra está establecido en $ 110 millones con fondos de la reconversión de la deuda con España y la aportación del Estado de Honduras como socio, según información de la concesonaria.
Para el abogado y diputado del opositor del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, la carta enviada por el representante legal de Palmerola International Airport tiene un mensaje claro para el gobierno y es el reclamo adicional de $ 51.3 millones.
“Lo que ellos mandaron fue una nota, que los abogados conocemos como una activación de la cláusula para resolución de controversias, entonces qué es el fin último de esa nota: es ver de qué manera pueden obtener, sentarse a negociar esos 51 millones de dólares que ellos, dicen, van a obtener en pérdidas”, dijo Cálix.
El Congresista manifestó que el aeropuerto ni siquiera está funcionando y ya “nos está ocasionando problemas. Asimismo, recordó que el año pasado en el Congreso Nacional se aprobó un millonario préstamo asumido por el Estado de Honduras para que la concesionaria pudiera terminar de construir la obra.
Lea además: Gobierno exonera de impuestos a inversionistas de Palmerola y Centro Cívico Gubernamental
El congresista manifestó que, aunque la nueva negociación que plantea la concesionaria esté contemplada dentro del contrato, no contará con su respaldo como diputado porque el contrato de concesión es leonino, ya que contempla varias cláusulas lesivas para los intereses de los hondureños. “Ese contrato contiene cláusulas en las que el Estado le tiene que pagar a Palmerola si no tiene un flujo de visitantes (pasajeros), de usuarios preestablecidos”.
Sostuvo que es precisamente la cláusula de indemnización por disminución en el flujo de viajeros, lo que está activando la concesionaria para hacer el reclamo de los $ 51.3 millones. “Eso es lo que están haciendo”, sentenció.
Concesionaria suaviza reclamo
Por su parte el director de la División de Aeropuertos de Palmerola International Airport, Peter Fleming, dijo que hay una confusión con la filtración de la carta porque lo que se hizo fue informar y anticipar a la Superintendencia de Alianza Público Privada sobre las tendencias de la industria aeroportuaria mundial y el impacto en Honduras por los próximos años producto de la caída en el tráfico de pasajeros a consecuencia de la pandemia de la Covid -19.
Fleming insistió que la misiva lo que establece es el impacto económico para el aeropuerto de Palmeroa y que de acuerdo con los cálculos de la concesionaria es de $ 51.3 millones. “Nosotros estamos comunicando el impacto y nosotros no estamos esperando ninguna erogación del Estado de Honduras en función de esa cantidad de dinero”, dijo el representante de la concesionaria.
La aseveración de Fleming resulta incongruente con la carta porque la misma, en su parte final, solicita al gobierno someterse a un proceso de negociación para un arreglo directo no mayor a seis meses de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVI del contrato de concesión, contentivo al mecanismo de solución de controversias.
La empresa concesionaria Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V. emitió este miércoles un comunicado de aclaración, mediante el cual contradice el planteamiento inicial.
Comunicado de Palmerola International Airport:
Catacamas, Olancho.- El Ministerio Público y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en audiencia preliminar realizada en los Juzgados de Catacamas, Olancho, formalizaron acusación contra cuatro policías señalados como responsable de dar muerte a Rinel Eclicerio Argueta Oliva, hecho ocurrido el 21 de junio pasado en el municipio de San Esteban.
Los encausados son Elmer Alexander Castellanos Castillo, Melvin Josué Murillo Gonzales, Ruperto Antonio Rodríguez Zelaya, Alex Manrique Andara Vallecillo, agentes asignados a la Policía Nacional y al escuadrón de élite de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres).
De acuerdo a los hechos, el 21 de junio del año en curso Rinel Eclicerio Argueta Oliva a eso de la 1:45 de la madrugada se conducía en un vehículo marca Toyota Hilux, color gris, tipo paila, placa PDK 3950, a trabajar a una de sus propiedades, cuando a la altura del desvío a la comunidad de Corral Viejo, se montaban un operativo, y al no detenerse, los agentes dispararon, quitándole la vida de forma inmediata.
En la formalización de la acusación, la fiscal del Ministerio Público, Leyda Mejía, señaló que en el patrullaje estaban los agentes policiales, José Amílcar Corea Mendoza, Julio Cesa Castellano Zúniga, Kilver Miguel Fúnez Gonzales, Elmer Alexis Castellano Castillo, Melvin Josué Murillo Gonzales, Ruperto Antonio Rodríguez, Alexis Manrique Andará Vallecillo, en compañía también de otros agentes policiales.
Pese a que se encontraban más agentes policiales en el lugar de los hechos, el Ministerio Público solo formalizó acusación contra cuatro de ellos, porque al parecer se presentaron voluntariamente a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) manifestando que ellos habían disparado contra la humanidad del hoy occiso.
Por su parte la apoderada legal del Cofadeh, Karol Cárdenas, indicó que esta institución de derecho humano se constituyó como acusador privado en la causa donde Rinel Eclicerio Argueta Oliva fue víctima de homicidio por parte de agentes de la Policía nacional y del escuadrón élite Tigres asignados a la posta policial de San Esteban.
Asimismo señaló que los agentes acusados quieren justificar esta acción al señalar que la víctima iba a exceso de velocidad y que los iba a embestir, hecho que no fue acreditado en el juicio, sino al contrario, según se dieron las circunstancias del hecho se puede acreditar que el carro ya había pasado cuando los agentes policiales comenzaron a disparar.
“Este es un hecho claro a las violaciones a los derechos humanos que se produce por agentes policiales, en una clara posición de poder y ventaja, y de una forma arbitraria al disparar contra Rinel Argueta produciéndole la muerte”, expresó Cárdenas, quien a la vez agregó que en la audiencia solicitaron al juez que se eleve la presente causa a juicio oral y público.
Para el día 22 de septiembre está programada una exhumación del cuerpo de Rinel Argueta Oliva, con el fin que se le practique una autopsia para obtener nuevos elementos de prueba.
La apoderada legal señaló que “como Cofadeh no estamos de acuerdo como se presentó el requerimiento fiscal porque el mismo solo está presentado contra cuatro agentes, y en el operativo estaba el oficial Amílcar Mendoza que es el encargado de la posta y era el que ejercía autoridad en ese momento y el cual pudo haber detenido la acción.
Indicó que en el operativo participaron siete agentes policiales y que el requerimiento fiscal debió presentarse contra todos ellos.
El Cofadeh solicitó que se ampliara el requerimiento fiscal contra los otros tres agentes que participaron en el operativo.
En la audiencia la defensa de los cuatros agentes policiales también cuestionó el actuar del Ministerio Público, al presentar requerimiento fiscal contra sus clientes y no contra todos los que participaron en el operativo.
“El caso no ha sido bien llevado, si había siete agentes policiales porque el Ministerio Público solo presentó requerimiento fiscal contra cuatro, en virtud que el que tiene mayor responsabilidad y el encargado del operativo era el comisario Corea”, señaló el abogado Pedro Nolasco Rodríguez.
Señaló que el Ministerio Público no hizo una calificación del tipo penal factico, ya que los policías pusieron su vida por estar en el cumplimiento de su oficio y que utilizaron armas de fuego como defensa.
Finalmente expresó que conforme con la formalización de la acusación del Ministerio Público y el acusador privado, va hacer en juico oral y público que va acreditar la inocencia de los hoy imputados.
Trabajadores de hospitales siquiátricos exigen a Gobierno pago de 4 millones de lempiras atrasados
septiembre 22, 2020 RedacciónPor: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas autoridades del Sindicato de Trabajadores de Hospitales Siquiátricos de Honduras, se reunieron con la Secretaría de Salud para abordar la problemática relacionada a pago de horas extras atrasadas y nivelación salarial.
La reunión se dio en el marco de la amenaza de los sindicalistas de tomar acciones de presión, para que el Gobierno cumpla con las obligaciones salariales establecidas en los contratos colectivos, en ese sentido, Mario Rojas, presidente de esta estructura sindical, dio a conocer que por concepto de ambas demandas, el Estado les debe aproximadamente 4 millones de lempiras.
Rojas salió satisfecho de la reunión afirmando que por ahora las partes involucradas han firmado un acuerdo con un plazo de tres semanas para su cumplimiento. “Se alcanzaron los acuerdos relacionados a los puntos que planteábamos al Gobierno y se ha dado plazo hasta mediados de noviembre para que se concreten”, dijo Rojas.
Las peticiones expuestas en la mesa de negociación son que se nivele el salario de 50 empleados del Hospital Mario Mendoza y que se proceda a realizar la depuración de listados para completar los pagos.
Por otra parte, los representantes de los trabajadores instaron al Gobierno para que cumpla con el pago de horas extras de los meses de abril, mayo, junio y julio, acuerdo fijado para materializarse a finales de septiembre.
“Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra y con este acuerdo ya no tomaremos acciones esperando que el Gobierno honre su palabra, pero ellos saben que si no lo hacen los compañeros y compañeras estamos dispuestos a tomar acciones”, recordó Rojas.
Con respecto a las promesas del Gobierno para otorgar permanencia al personal que trabaja por contrato en los centros siquiátricos de la capital, Mario Rojas no se mostró optimista, argumentando que por ahora no hay ninguna gestión para dar la permanencia a los empleados de la salud.
“Tenemos en el Mario Mendoza 40 personas por contrato, igual en el Santa Rosita, tenemos muchas dudas con respecto a la permanencia a personal por contrato, eso me pareció populismo y campaña política decir que van a nombrar a compañeros con su permanencia”, recalcó el dirigente sindical.
Rojas manifestó que han consultado a las autoridades sobre la permanencia a los empleados por contrato, pero que por ahora no han recibido respuestas concretas sobre los trámites del caso, esto llena de preocupación al personal que ha laborado en la primera línea de combate a la COVID-19, bajo la esperanza de obtener una plaza en el sistema sanitario público del país.
“Todavía no han hecho gestiones para ello, y ya llevamos más de 7 meses de pandemia, pero no perdemos la esperanza de que esto se pueda dar y que el Gobierno cumpla con la promesa a los compañeros que están bajo la modalidad de contrato”.
Por ahora los sindicalistas de los centros siquiátricos y el Gobierno han firmado una tregua, dando plazo para que en el periodo comprendido del último de septiembre y la segunda semana de octubre, se cumpla con los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación.
Excoronel salvadoreño condenado a 133 años de cárcel por asesinato de jesuitas españoles
El excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, fue declarado responsable de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989.
La Justicia española condenó este viernes (11.09.2020) a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles en San Salvador en 1989, donde también murieron un religoso y dos colaboradoras salvadoreñas.
El tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid, que juzgó al exmilitar entre junio y julio, lo consideró “autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista” por esos hechos ocurridos en la Universidad Centroamericana (UCA), en el marco de la guerra civil del país centroamericano (1980-1992).
Máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena
Por cada uno de estos delitos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses, lo que suma 133 años y cuatro meses. Sin embargo, el tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017, año de su extradición.
En su sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, los magistrados también lo consideran responsable de los otros tres asesinatos ocurridos contra otro religioso salvadoreño, una empleada de la orden y su hija. Sin embargo, no pudieron condenarlo por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
Orden religiosa, intermediaria en conversaciones de paz
En medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron a los religiosos.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.
En esa época, la orden religiosa, en especial Ignacio Ellacuría, estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para encauzar unas negociaciones de paz.
Eso, según el comunicado de la Audiencia Nacional, “les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios”.
Montano negó dar orden de matanza
El tribunal considera probado que los “ocho asesinatos fueron urdidos, planeados y ordenados por los Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando Montano en su condición de viceministro de Seguridad Pública”, indicó en un comunicado. Junto a otros cuatro integrantes de ese grupo, Montano “transmitió la orden de realizar las ejecuciones”.
Durante el juicio, en el que compareció en silla de ruedas y con mascarilla, el coronel aseguró que no había participado en ninguna reunión “en la cual se diera la orden de matar a los curas”.
La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras dejar más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos. (Tomado de www.dw.com)
Ante la condena del coronel Inocente Montano
- 11/09/2020
Ante la condena del coronel Inocente Montano por parte de la Audiencia Nacional de España, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hace las siguientes consideraciones.
1. La UCA siempre ha querido y sigue queriendo que el juicio relativo a la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras sea realizado en El Salvador. El proceso abierto en España por los familiares de los jesuitas tiene un valor subsidiario en favor de la justicia salvadoreña. Este juicio, cuya vista pública pudo ser seguida desde cualquier parte del mundo, dejó muy clara la seriedad con que la justicia española asumió el caso y las plenas garantías procesales con las que contó el acusado.
2. Aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, lo es aún más por su extraordinario servicio a la verdad. A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil.
3. El proceso llevado a cabo en la Audiencia Nacional de España evidencia con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de 1966 de la Escuela Militar, más conocida como “La Tandona”, funcionó como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el Estado de derecho, valiéndose de un poder que sobrepasa las funciones que le otorga la Constitución. Mientras la Fuerza Armada no pida perdón a nivel institucional por los graves crímenes cometidos en el pasado y no coopere con la justicia abriendo sus archivos, difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos.
4. La resolución del juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado Caso Jesuitas, sino también en todos los relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. El Estado en general y el sistema de justicia en particular deben ser conscientes y responsables de sus atribuciones constitucionales: el artículo 1 de la Constitución los manda a velar por la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
5. Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. Expresan la triste realidad de un momento de la historia y lo peor de la condición humana, su capacidad de ofender gravemente a la vida y romper con la fraternidad a la que todos estamos llamados. Pero son un reconocimiento formal, legal y democrático de la verdad, y un estímulo y una garantía de no repetición de estos actos inhumanos.
6. La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacia el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la Universidad: el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón. La continuación del proceso judicial en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del horrendo crimen, es una deuda de la justicia, y no debe seguir esperando más.
7. La UCA seguirá trabajando con esperanza e ilusión para contribuir a una nueva realidad donde el amor, la reconciliación y la justicia sean valores esenciales.
Antiguo Cuscatlán, 11 de septiembre de 2020
Fuentes: https://noticias.uca.edu.sv/
El manifiesto Facussé
Entre líneas.
Por: Roger Marín Neda
Está circulando un documento titulado “Una iniciativa para el cambio en Honduras”, escrito por el empresario Adolfo (Fito) Facussé. Es una crítica integral al gobierno, con propuestas y una invitación pública a formar un grupo de notables que, con ayuda de la ONU, tome control de la lucha contra la pandemia, logre un cambio de actitud gubernamental, dé un “golpe terminante a la corrupción en la pandemia», rescate la democracia, haga efectiva la separación de poderes, “incida” en las próximas elecciones para impedir nuevos fraudes, y haga un plan para “desmantelar la dictadura”; y, si todavía les queda tiempo y aliento, los notables harán otro plan, “inmediato”, para el desarrollo económico y social del país, y, no faltaba más, “crear una nueva Honduras”.
Durante su extenso y controvertido liderazgo empresarial, Fito ha sido l’enfant terrible dentro del sector privado, y el “malquerido” por los gobiernos, debido a su activismo crítico, a su tono iconoclasta y a su manera pelada de decir sus opiniones. Hoy Fito ya no es precisamente un enfant, pero a juzgar por su manifiesto, sigue siendo terrible.
Es mejor tomar en serio ese documento y leerlo sin prejuicios. Reparte muchos mandobles, y entre unos y otros, al proponer “el desmantelamiento de la dictadura”, califica como tal al gobierno y llama a “echar por tierra y arruinar los muros y fortificaciones de la plaza”, como define la Real Academia aquel sedicioso término, aunque no se indiquen los medios que utilizarían los notables para tan simple tarea.
Lo importante aquí no es quién lo dice, en cuanto persona individual, sino el sector económico y social de donde proviene: la burguesía modernizante, que ve en la corrupción, en la ineficiencia, en el desorden y en la falta de rumbo del sector público, un clima que desalienta la inversión, reduce la competitividad del país, provoca desempleo, atemoriza al sistema financiero, crea pobreza y tensión social, y que, en general, al estancar la economía y el progreso del país, reduce las ganancias, malogra las oportunidades de nuevos negocios y el crecimiento futuro de las empresas y de sus inversiones. Con más o con menos, estos reclamos son comunes a la mayoría de los hondureños.
El gobierno debería reaccionar políticamente a una crítica tan representativa, que podría atraer a otros sectores económicos y sociales acosados por preocupaciones similares. Más que confrontaciones ruinosas, debería verse aquí una oportunidad para dialogar sobre la pandemia y problemas de similar gravedad, y para negociar urgentes mejoras económicas, políticas, sociales y culturales.
He oído que numerosas personas ya se reúnen y se organizan alrededor del documento. He escuchado nombres de ciudadanos (as) notables por su trayectoria cívica, sus capacidades profesionales y su integridad personal.
Esas tempranas reacciones podrían provocar entusiasmo en otras ciudades del país. El silencio oficial, como si las cosas existen solamente cuando el gobierno las reconoce, podría irritar a las mayorías, que quieren ver algún esfuerzo creíble para rescatar al país del atolladero en el que ha sido metido.
En el artículo “Nadie más que el presidente”, esta columna advirtió, antes de Covid-19, que, si él no llamaba a la concertación nacional, la sociedad civil la haría por su cuenta. Eso es lo que ya está ocurriendo. La nación no puede esperar más la gracia presidencial, ni la reacción morosa de una oposición que calla cuando más se la necesita.
Tegucigalpa, 29 de julio, 2009.
Gobierno pagó más de L.78 millones a maquiladores en mascarillas que son una burla
Por: Marcia Perdomo redaccion@criterio.hn
Fotos: Fernando Destephen
Tegucigalpa. –Paty salió de casa con gel higienizante y mascarilla en mano a realizar las compras a un supermercado en San Pedro Sula, pero para su sorpresa, después de hacer una interminable fila bajo el sol y el calor propio del Valle de Sula, su acceso al establecimiento fue negado por los guardias de seguridad.
“Me dijeron que no andaba la protección debida para poder entrar al supermercado y comprar con las demás personas que, si llevaban otro tipo de mascarilla”, relató Paty a Criterio.hn.
Retrocedamos un poco. Paty salió de casa con un cubrebocas de tela que había recibido del gobierno días antes en su colonia y que forma parte de una compra de 9 millones de mascarillas de tela, elaboradas por la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) a un costo de USD. 3,150,000.
“¿Cómo que no traigo la mascarilla correcta? […] Esta es la mascarilla que da el gobierno. Es la que nos dio el presidente, le dije yo, es una mascarilla segura. Pero no, me respondió, a nosotros nos han indicado que no deben entrar con esa mascarilla porque no son seguras, no es una mascarilla de protección”, contó Paty sobre el peno incidente que la abochornó.
La experiencia la dejó molesta. “Yo estaba exigiendo que se me indicara por qué, si la mascarilla me la dio el gobierno, ¿por qué ellos están diciendo de que no es una mascarilla de protección? Yo me indigné un poco, porque me tocó hacer fila afuera, en el sol, para que llegaran y me dijeran que no”.
Paty relata que tuvieron que llamar al supervisor de los guardias y que al preguntarle cuáles eran las mascarillas correctas para usar, le respondió que mascarillas quirúrgicas o las N95 o KN95. “Yo me indigne porque dieron dos por ciudadano”. Al llegar a su casa comentó con su familia lo sucedido por lo que al final las desecharon y lo que vio en un inicio como un pequeño alivio económico ante el rápido incremento de precio que tuvieron las mascarillas quirúrgicas al inicio de la pandemia, ahora le pareció una burla.
“La economía no está para estar gastando, entonces claro vamos a usar lo que el gobierno nos da, para que vamos a gastar si lo que ellos dicen es que debemos usar estas mascarillas, que son seguras y cuando estaba allí, pues la gente estaba viendo que no me querían dejar entrar por el tipo de mascarilla, entonces también es un rechazo”, relató.
El precio de las mascarillas quirúrgicas no fue lo único que se disparó, durante los primeros meses del confinamiento en Honduras, los costos de la energía eléctrica y la canasta básica se fueron para arriba. “El único beneficio que recibimos fue la mascarilla y dijimos: bueno, aunque sea esto del gobierno, nos salió gratis”, narró.
Demagogia con dinero ajeno
Aunque de gratis, estas mascarillas de tres capas de tela de algodón no tienen nada. El 24 de abril, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) autorizó, mediante la orden de compra 027-2020, la adquisición de 9 millones de “mascarillas 100% de algodón de 3 capas, exclusivas para prevenir contagios”.
La adquisición fue autorizada mediante el modelo de compra directa, por el comisionado especial de atención a la emergencia Covid-19, Lisandro Rosales, mediante oficio No.082-CEAE-Covid-19-2020, según consta en el soporte documental de las compras realizadas por Invest-H en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 al 07 de junio de 2020.
El costo total de las mascarillas fue de tres millones 150 mil dólares estadounidenses, unos 35 centavos de dólar por unidad. Sin embargo, la tasa de cambio “se incluirá cuando se genere el Formulario F01, al momento de realizar el pago”, dice el cuadro de actualización de estatus de las compras realizadas en el periodo 1 de marzo al 23 de abril que elaboró Invest-H.
La factura 000-002-01-00031191, emitida por la AHM, a la que tuvo acceso Criterio.hn muestra el pago de 1,401,988 mascarillas a un costo de USSD 490,695.80, con una tasa de cambio de 25.0083 lempiras por dólar. Lo que significa que en esa entrega el gobierno erogó un aproximado de 12.3 millones de lempiras (12 millones 271 mil 467 lempiras con 78 centavos). Esa factura se extendió el 25 de mayo y para esa fecha el Tipo de Cambio de Referencia del Banco Central de Honduras, era de 24.8345 lempiras por dólar.
De acuerdo con el Tipo de Cambio de Referencia aplicado para la transacción, el gobierno habría pagado un total de 78,776,145 lempiras a la Asociación Hondureña de Maquiladores, presidida por Mario Canahuati, un exitoso empresario de la zona norte de Honduras y político del Partido Nacional. Canahuati fue canciller de la República durante el gobierno de Porfirio Lobo (de enero 2010 a septiembre de 2011) y precandidato presidencial en las elecciones de 2008.
Ya en el IV informe de “La Corrupción en Tiempos del Covid-19”, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señala los costos por cambio de moneda asumidos por el Estado de Honduras. Los productos vendidos al gobierno son fijados en dólares estadounidenses como moneda de referencia, provocando que sea el Estado de Honduras quien absorba e incurra en gastos adicionales al momento del pago.
Paty sospecha que esa compra a la AHM fue una forma de tranquilizar a los empresarios de la maquila, quienes estaban presionando al gobierno por las pérdidas que estaban sufriendo producto del confinamiento. “Algunos doctores que escuché no estaban de acuerdo porque no eran seguras”, refiere la ciudadana sampedrana.
“Yo vivo en una zona casi maquiladora y los mismos operarios no llevan esa mascarilla. Llevan mascarillas quirúrgicas u otro estilo de mascarilla que ellos ya han comprado por su medio”, compartió Paty a Criterio.hn.
Paty, quien prefirió no dar su nombre real por miedo a represalias, contó que finalmente su familia optó por comprar mascarillas quirúrgicas y que cuando finalmente se estabilizó el precio de estas sintió alivio.
“Se pasaba del presupuesto y como son desechables, no se podía estar comprando. En cambio, las de tela, usted venía y las lavaba… pero hasta la fecha creo que más bien fue una mala inversión del gobierno porque muchas personas no las usan. Bueno aquí, ni los mismos maquiladores las usan. Ellos tienen más temores, se protegen con quirúrgicas”, comentó.
“Si usted ve, la misma municipalidad de San Pedro Sula, sus empleados no usan de esas mismas que da Copeco. Usted ve las fotografías cuando publican que están en reuniones y todo eso, a ninguno se le mira una mascarilla del gobierno. A todos se les mira su KN95”, comentó la sampedrana.
¿Qué tan efectivas son las mascarillas de triple algodón que compró el gobierno de Juan Hernández?
Las mascarillas pactadas con la Asociación Hondureña de Maquiladores, comenzó con una mentira que superó cualquier película de ciencia ficción. El 10 de abril el presidente hondureño, Juan Hernández, anunció la entrega de nueve millones de mascarillas impregnadas con un químico que mataba el virus de la Covid-19, certificadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), según una publicación del sitio web de la Presidencia.
La aseveración de Hernández fue desmentida en aquel momento por médicos y científicos hondureños entrevistados por Criterio.hn, quienes señalaron que la “FDA no aprobaría algo que fuera tóxico para el uso en seres humanos porque un químico inhalado puede tener un efecto secundario”.
Mientras los medios de comunicación corporativos repetían una y otra vez la mentira del gobernante, la Asociación Hondureña de Maquiladores comunicó en su sitio web que los cubrebocas, fueron “elaboradas con altos estándares de calidad confeccionadas con 3 capas de tela cien por ciento algodón, con tratamiento anti microbial, lavable hasta 15 veces, lo que reduce la propagación del virus Covid-19”.
Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio especificaciones para la elaboración casera de mascarillas de tela ante el limitado surtido de barbijos, el asunto no es solamente salir del apuro. De hecho, la misma institución, elaboró dos guías sobre los materiales textiles que debían o no usarse. La primera publicada el 6 de abril y la segunda el 5 de junio.
Desde la primera publicación, realizada el 6 de abril, la OMS resalta que no hay evidencia actualizada sobre la efectividad de estas mascarillas pero que las mismas deben, al menos, tener cualidades hidrofóbicas del material externo con el que se elabore la máscara, e incluso afirma que el material con que se confeccione no debe ser elástico y al menos contar con tres capas. Una capa interna absorbente como algodón, otra capa media de material no tejido como propileno y finalmente una externa de material no absorbente como poliéster o una mezcla de poliéster.
También aclara que un estudio que evaluó el uso de mascarillas de tela en un centro de atención sanitario descubrió que los trabajadores de la salud que usaban mascarillas de tela de algodón tenían un mayor riesgo de infección en comparación con las que usaban máscaras médicas.
Sobre el tema de las mascarillas de triple capa de algodón que adquirió el Estado por medio de la AHM, Criterio.hn entrevistó al vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, quien afirmó que “no son mascarillas para prevenir el Covid-19 y que quien las use pueda contagiar a otro”.
“Eso no es bioseguridad, es como ponerse un pañuelo o ponerse cualquier cosa en la cara, pero no es adecuado ni es seguro utilizarlas”, explicó el galeno y agregó que “si se está usando este tipo de mascarillas, se está exponiendo a quienes la usan a la enfermedad”.
Santos recordó que a los médicos en el sector público se les entregó mascarillas KN95, no certificadas para el uso hospitalario, lo que provocó que un alto número de personal de salud se contagiase con Covid-19 y que resultó en la muerte de al menos cuarenta médicos.
En cuanto a las propiedades virucidas y bactericidas que el gobierno les da a las mascarillas de algodón, el galeno responde: “Eso no existe. En ninguna parte del mundo existen mascarillas virucidas, ni bactericidas. Es una burla para la inteligencia de cualquiera que está al tanto de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia […] No puede venir aquí cualquier persona a decir una tontería de esas y reírse creyendo que ha engañado a toda una población. Hay un sector de la población que sí está educado y está informado. Además, sabemos lo que está pasando en el resto del mundo en el minuto a minuto”.
La mentira que se extendió hasta el interior de las maquilas
Cuando inició la pandemia le dijeron a Pedro -nombre ficticio, 50 años, tez morena y cuerpo atlético- que siguiera trabajando en su maquila asentada en un parque industrial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Pero a los pocos días, la situación ya lucía incontenible, los casos en el país iban en ascenso y los dueños de la empresa determinaron suspender a sus empleados sin goce de sueldo por dos meses.
Cuando regresó a su trabajo, Pedro identificó que su maquila ya tenía otro rubro entre sus atribuciones: hacer mascarillas de tela para exportación. Sin embargo, contrario a lo que esperaría de una empresa que obtiene ganancias multimillonarias, no recibió la protección esperada con caretas y mascarillas certificadas, tampoco vio que se respetara el distanciamiento social en su área de trabajo. Simplemente había gel en la puerta, alguien tomando la temperatura, un grupo de médicos generales en las afueras por si presentaba síntomas y a seguir trabajando con su mascarilla de tela.
Pedro vio cómo cada compañero suyo caía enfermo y era incapacitado por haberse contagiado con el nuevo coronavirus. Hasta que llegó su turno. Estuvo varios días enfermo y, debido a otras patologías cardíacas, tuvo que ser llevado a médicos especialistas para que le salvaran la vida. Eso a pesar de que el salario que le paga la empresa no supera los 9 mil lempiras. Si él quiere ganar más de eso tiene que hacer horas extras.
A Pedro, como se ha hecho en muchas maquilas de la zona norte, le dijeron que por los meses que la empresa estuvo paralizada también tendría que asistir los sábados y hacer jornadas más extendidas. Le manifestaron que eso era parte de un sacrificio necesario para evitar el quiebre de la misma y su inminente desempleo.
Si bien, cuantificar el número de personas que resultaron contagiadas al interior de las maquilas es difícil, ni siquiera se cuenta con pruebas en tiempo real; a inicios de julio la fiscal del CMH, doctora Ligia Ramos hacía un desesperado llamado al cierre de las mismas. No solamente regresaron a trabajar, sino que además lo hicieron con poco o nada en medidas de bioseguridad y trasladando a su personal en vehículos donde no se respetaba el distanciamiento físico.
AHM dice que regala mascarillas
Desde la cuenta en Twitter de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se promueven varias narrativas y hashtags, entre las que sobresalen: #AHMTeCuida, que acompaña todas las publicaciones de donaciones y “acciones solidarias” que realiza la AHM a través de su presidente, Mario Canahuati en hospitales y otros centros asistenciales; y #YoMeSientoSeguro, mediante el cual muestran imágenes de sus empleados al interior de la maquila usando las mismas mascarillas con triple capa de algodón que vendieron al Estado.
Sobre el uso de las mascarillas “A3” (como las denomina el gobierno) al interior de fábricas o bancos, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras refiere que se deben extremar las medidas de bioseguridad. El operario debe llevar una mascarilla N95 y usar careta, así como contar con agua y jabón para lavarse las manos o en su defecto alcohol a 70 grados, e incluso llevar guantes dependiendo del tipo de trabajo que realicen.
“Lugares cerrados donde hay muchas personas, si tienen aire acondicionado central, donde está recirculando el mismo aire viciado que están respirando, tienen que utilizar mascarillas N95. No mascarillas de retazo de camiseta sino mascarillas N95, certificadas por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, por sus siglas en inglés), para poder asegurar a los trabajadores de que no se van a contagiar”, explicó el galeno.
Sin embargo, advirtió que “ni esto les da 100 % de seguridad, pero por lo menos un 95% de probabilidades de que no se van a contagiar. Además de eso, deben usar una careta protectora para que se cubran los ojos, la nariz y la boca. Es importante proteger los ojos, sino hay una careta pues por lo menos lentes protectores para que los utilicen los trabajadores”.
Sobre si es posible conocer la tasa de contagio al interior de los centros maquiladores, el doctor Santos expresa que no se están llevando las estadísticas necesarias, primero porque no hay pruebas suficientes y segundo porque la crisis sanitaria no está siendo manejada ni por la academia, ni por la ciencia, ni por la técnica.
Ambos extremos, dice el galeno “dificultan conocer cómo se está comportando la enfermedad a nivel nacional, y esto incluye también a la maquila que es parte del estrato de la población hondureña. Es muy difícil y aventurado decir si en las maquilas o en cualquier otro sector hay aumento o descenso de enfermedades en todo el país”.
La opacidad de un gobierno hasta el cuello por denuncias de corrupción
A lo largo de este artículo, Criterio.hn intentó verificar el destino de los nueve millones de mascarillas de tela, adquiridas mediante la orden de compra 027-2020. Inicialmente la institución beneficiada por la compra de las mascarillas era la Secretaría de Salud, según consta en un cuadro de adquisiciones realizadas por Invest-H en el periodo de marzo al 23 de abril 2020.
No obstante, en algún punto la institución receptora que no era Invest-H, sino la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) se convirtió en la beneficiada. Las mascarillas nunca llegaron a la Secretaría de Salud como consta en el Oficio 241-2020-OABDN-SS, emitido por el departamento de Bienes Nacionales de la Secretaría de Salud en respuesta a una solicitud de información realizada por Criterio.hn a la Unidad de Transparencia con relación al destino final de las mascarillas “A3”.
Sabemos por relato anecdótico e imágenes compartidas en redes sociales, que quien realizó visitas e hizo entregas de mascarillas en varias colonias de San Pedro Sula y el Distrito Central fue Copeco, pero al cierre de esta publicación, esta institución no ha respondido a la solicitud de información realizada a su Unidad de Transparencia.
Previo a esto, solicitamos información a las unidades de transparencia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Defensa e Invest-H, pero cada una respondió con versiones diferentes sobre el destino de las mascarillas, diciendo que fueron repartidas por el programa gubernamental «Honduras Solidaria» o incluso un le “sugerimos abocarse a los Portales de Transparencia y otros medios informativos de dicha institución”.
Eventualmente, por medio de una búsqueda al azar encontramos que las municipalidades de San Jerónimo, Comayagua, y Marcala, La Paz, recibieron 17,498 y 10,887 cubrebocas, respectivamente, mediante el programa “Todos con mascarilla”.
En respuesta a la solicitud a la Unidad de Transparencia de Invest-H, conocemos que Copeco fue la institución receptora a quien la AHM supuestamente entregó los 9 millones de mascarillas. Según la respuesta de Invest-H, en las oficinas de Copeco en San Pedro Sula se entregaron 6,339,500 cubrebocas y en Tegucigalpa se recibieron 2,660,500.
Copeco emitió 31 de las 32 constancias de recibido que luego fueron recogidas por Invest-H para redactar cuatro actas de recepción que fueron firmadas por representantes de Invest-H, Copeco, AHM, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), esta última en calidad de veedor.
¿Inspeccionaron los representantes y el veedor, el producto recibido? Es una buena pregunta porque las 32 entregas se realizaron a lo largo de once fechas diferentes que van desde el 18 de abril hasta el 5 de junio, en dos ciudades opuestas. En estas actas de recepción redactadas por Invest-H, se admite que en las entregas solamente participaron Copeco y la Asociación Hondureña de Maquiladores, sin la participación de Invest-H, el TSC y ASJ, pero que igual firmaron el documento.
Cómo si la población ocupase mucho para dudar del gobierno, las actas de Invest-H muestran un desfase, que dependiendo de qué tan concienzudamente se lea el documento muestra un excedente de 74,944 mascarillas o un déficit de 1,099,136 cubrebocas, este último en caso de solamente sumar lo que muestran los cuadros. Quién redactó el documento debió tener la misma duda, porque después de la segunda acta de recepción optó por remover la columna de “pendiente por recibir”.
El 8 de septiembre el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez, compartió en Twitter que en nombre del presidente Juan Hernández hicieron entrega de 125 mil mascarillas “A3” y gel antibacterial en las iglesias del Distrito Central. Curiosamente, quienes entregaban los cubrebocas de tela, era personal de Copeco, pero ellos llevaban mascarillas N95 o KN95.
HONDURAS / SEMANA MORAZÁNICA VA CON INFECCIÓN VIRAL EN ALZA
- Publicado: 19 Septiembre 2020
A
pesar de los más de 70 mil casos positivos registrados a la fecha y que
se sigue la lucha a ciegas contra el Covid-19, el régimen del Partido
Nacional aprobó con la “Mesa Multisectorial” que la “Semana Morazánica”
se celebre entre el 4 y 7 de noviembre, para que hondureños puedan
vacacionar.
Es de destacar que entre esas fechas se realizará las elecciones presidenciales en Estados Unidos, proceso determinante para el apoyo que recibe Juan Hernández, pues en caso que Donald Trump pierda la contienda se prevé que no habrá más largas para la lectura de sentencia de “Tony”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El gobernante Partido Nacional ha estado planteando que la “Semana Morazánica”, periodo vacacional que reúne todos los feriados de octubre en una sola semana, sea otorgada entre el 4 y 7 de noviembre, así lo ha confirmado el diputado Antonio “Toño” Rivera Callejas.
Y es que para el Gobierno de Honduras, la pandemia ya se superó, pues desde hace varias semanas dio orden para que el sector del turismo se reactivara y, pensando en lo que se dejó de percibir durante el verano, se prevé motivar al pueblo para que vacacione en temporada de huracanes.
No obstante, la opinión de profesionales de la medicina alerta que permitir el periodo turístico significa un alto riesgo para la propagación del Covid-19, siendo enfáticos en la incapacidad de aplicar pruebas masivamente en la búsqueda de personas asintomáticas.
Cabe mencionar que la Mesa Multisectorial, con el propósito de dinamizar aún más la economía aprobó que desde el próximo lunes la circulación sea de dos dígitos por día, fue también este organismo que dio luz verde para que la “Semana Morazánica” iniciara el 2 de noviembre.
A la fecha, el Covid-19 ha quitado la vida a 2,146 hondureños, según la Secretaría de Salud; sin embargo, para la Asociación de Funerarias del país, las víctimas son más de 5,000.
Entre tanto, representantes de la micro, pequeña y mediana empresa señalan que no es prudente otorgar el feriado por el daño a la economía que causó la pandemia en sus primeros tres meses, además del alto riesgo de contagio por los más de 70 mil infectados.
Llama la atención que la petición del partido de gobierno de mover la fecha a noviembre, roza con el proceso electoral de Estados Unidos que se celebra el 3 de noviembre y que en caso de significar un cambio en la presidencia a favor del demócrata Joe Biden, sería un golpe para los “narco políticos” hondureños.
Y es que de acuerdo con analistas de la vida política nacional, los demócratas han reclamado constantemente el apoyo al régimen Juan Hernández a pesar de la sentencia por narcotráfico de Antonio “Tony” Hernández, quien por cierto recibirá su condena el 10 de noviembre, justo después del cierre del feriado.
Todo
lo anterior significa que el régimen nacionalista quiere que el pueblo
hondureño este distraído para que no haya acciones ciudadanas en caso
que Donald Trump pierda las elecciones y se lea de una vez por todas la
sentencia de “Tony”, que serían las dos estocadas finales del gobierno
de Juan Hernández.
UNA RACISTA Y ACTIVISTAS DE JOH RIGEN “CIUDAD MODELO” EN ROATÁN, HONDURAS
- Publicado: 24 Septiembre 2020
Según
ha denunciado quien impulsa las “ciudades modelos” en Honduras, el
viejo asesor político del Partido Nacional, Mark Klugmann, el Comité
para la Adopción de Mejores Prácticas de “Roatán Próspera”, ha sido
secuestrado por Barbara Kolm, una racista de derecha radical militante
del Partido Libertad de Austria, y por cuatro miembros del Partido
Nacional, donde destacan el ministro de JOH, Ebal Díaz y el ex
presidente Ricardo Maduro.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hasta el momento, el gobierno de Juan Hernández no se ha pronunciado sobre el despojo del territorio hondureño que ha iniciado la empresa Zaha Hadid Architects (ZHA), con sede en Reino Unido, que pretende construir “Roatán Próspera”, “ciudad modelo” que autorizó el actual mandatario cuando era presidente en el Congreso Nacional en 2013.
Y mediante el acuerdo presidencial 003-2014, fue creado el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), “para dar cumplimiento a funciones específicas, el cual estará integrado por veintiún (21) personas de reconocida honorabilidad, liderazgo, capacidad ejecutiva y prestigio internacional en el sector privado con o sin fines de lucro, en la academia o en el sector privado”.
Originalmente, estos 21 integrantes fueron: Kakha Bendukidze, Morton Blackwell, Alejandro Chafuen, Lars Seier Christensen, Alex Cranberg, Ebal Jair Díaz Lupian, Enrique Ghersi, Barbara Kolm, Mark Klugmann, Ricardo Rodolfo Maduro Joest, Grover Norquist, Octavio Rubén Sánchez Barrientos, Surse Pierpoint, Richard Rahn, Michael Reagan, Mark Skousen, Loren Smith, Ricardo Leonel Cardona López, Gabriela Von Habsburg, Salem Ben Nasser Alismaily y Faith Ryan Whittlesey.
Y
de acuerdo con Mark Klugmann, el organismo se reunió “una sola vez, en
marzo de 2015, en Roatán… Pero el poder ahora es ejercido por un comité
permanente de cinco personas encabezado por la Sra. Barbara Kolm, que es
el único miembro extranjero; los demás son hondureños del Partido
Nacional gobernante y, por tanto, vinculados al presidente Hernández”,
ha denunciado el ex asesor de la Casa Blanca en las administraciones de
Ronald Reagan y George Bush padre.
Además, Klugmann es recordado por haber asesorado a Porfirio Lobo Sosa en sus dos intentos por llegar al poder (en 2005 y posteriormente en 2009), así como ser parte del equipo de asesores de Hernández en 2013 y en la ilegal reelección de 2017.
DERECHA RADICAL
Al margen de eso, ha agregado que la exclusión del CAMP original es “ilegítima e ilegal”. Con relación a los nacionalistas que permanecen en ese comité, destaca el secretario de la Presidencia y hombre de confianza del mandatario, Ebal Díaz, y el ex presidente Ricardo Maduro (2000-2004), precisamente a quien Klugmann asesoró en el combate a las pandillas y la supuesta recuperación económica del país.- Fue en 2002 que el asesor presentó a Honduras por primera vez la propuesta de las “ciudades modelos”.
También,
Octavio Sánchez Barrientos, ministro de staff en el gobierno de Lobo y
el actual secretario privado y jefe de Gabinete Presidencial de
Hernández, Ricardo Cardona López.
Y de acuerdo con la denuncia realizada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la economista Barbara Kolm tiene vínculos con el Partido de la Libertad de Austria de extrema derecha, de donde es originaria, además, ha sido anfitriona de las conferencias de Tilo Sarrazin, político alemán que ondea la bandera del racismo y rechazo total a la migración no blanca hacia Europa
“Desde 2014, Kolm ha fungido como presidenta de las ZEDE, experimento neoliberal impulsado por los libertarios de ultraderecha estadounidenses, el que hasta la fecha a pesar de los múltiples lanzamientos, no ha logrado concretarse. Sin embargo en Honduras viene impulsando desplazamientos poblacionales y una fuerte especulación inmobiliaria en las zonas escogidas para ubicar las posibles catorce “ciudades modelo” en el país”, ha dicho Ofraneh.
“El CAMP al haber elegido a un personaje político que públicamente pregona el racismo y se encuentra afiliada a un partido que indudablemente tiene sus raíces nazis, fomenta la desconfianza del pueblo garífuna en las ZEDES, las que abarcan más de 20 de nuestras 47 comunidades en Honduras. En ningún momento fuimos consultados de forma previa para la inclusión de buena parte de nuestro territorio, en los que podemos denominar la subasta de Honduras al capital extranjero”, concluye la organización de defensa civil.
Las ZEDE son un proyecto de tercerización de despojo territorial a pueblos indígenas de Honduras
Thursday, 24 September 2020 23:21 Written by Heidy Dávila Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
En septiembre del 2020 se ha reanimado la lucha de los pueblos contra las implementaciones de ciudades modelos o ZEDE. Las Islas de la Bahía representan uno de los tesoros codiciados para los proyectos económicos con fines turísticos, provocando en la población despojo y desplazamiento forzado.
El 19 de septiembre se viralizó a través de redes sociales en el país una protesta de isleños de Crawfish, Roatán, en el departamento de las Islas de la Bahía, cuando autoridades de la región leyeron un artículo de expropiación con autorización del Estado para la creación de una ZEDE.
En junio de 2013 fue aprobada por el Poder Judicial la Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE), que ejerce la tercerización de Justicia como un mini Estado autónomo que se entrega para atraer presuntos inversionistas, con la finalidad que otorguen al país beneficios económicos, contemplando que seguirá bajo la Constitución y los derechos internacionales que el país contempla, lo demás será dispuesto de acuerdo a su estructuración.
Estas ZEDE, surgen de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), que se quiso aprobar durante el Golpe de Estado en el 2009, confirmada cuando en el mes septiembre del 2012, Honduras firmó una carta de entendimiento con el empresario estadounidense Michel Strong, con anterioridad de informaciones proveniente del Poder Legislativo, se filtró la información que la primera RED conocida también como “ciudad modelo” abarcaría desde la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, incluyendo de esta forma 24 comunidades garífunas, a las cuales nunca se les informó sobre las pretensiones del Estado al respecto, pero no fue admitida y se volvió a presentar cambiando el nombre y maquillando sus funciones para ser aprobada y publicada bajo el decreto 120-2013.
Según la normativa las ZEDE, tienen carácter inalienable donde no es territorio que se pueda ceder o vender a otros, pero les autoriza tener personería jurídica, su propia normativa y política con el propósito de acelerar la inserción en los mercados mundiales en la cual el país puede ser un socio o aliado.
En 2014 el Observatorio de Los Derechos Humanos De Los Pueblos Indígenas Y Negros De Honduras (ODHPINH), realizó un ensayo sobre el Estado de Honduras y las afectaciones a los derechos humanos, principalmente a los pueblos miskitos y garífunas, como afectados en su entorno, desde su principal fuente de ingreso alimenticio como es la pesca.
La mayoría de los proyectos de desarrollo que han surgido después del golpe de Estado, se han convertido en intervenciones que no han tomado en cuenta el derecho a la consulta para el consentimiento previo libre e informado (CPLI), tal como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El informe detalla que un problema es que el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-REDD),al no existir una garantía sobre los territorios, como consecuencia de la Ley de Propiedad vigente, la cual permite diluir la propiedad comunitaria además de efectuar contratos sobre los territorios, apertura su posible entrega.
Como cómplices en la mayoría de los casos están el Instituto Nacional Agrario, (INA), el Instituto de la Propiedad, (IP) y las municipalidades que se encuentran involucrados en titulaciones anómalas a favor de foráneos, utilizando la violencia común y la ejercida por el narcotráfico como un mecanismo de terror.
El ODHPINH destacó que a través de la historia tolupanes, miskitos y garífunas han sido asesinados por el afán de promover el proyecto, mientras el Estado maneja un discurso bochornoso de que los indígenas no son tan inocentes como parecen, ya que en algunos casos se les ha vinculado al crimen organizado.
Varias personas han compartido a través de redes sociales un no a las ZEDE, donde no se permita en el país la implementación de un Estado autónomo dentro de otro, como una manera de vender el territorio.
Políticos de todo el mundo exigen la liberación de Assange
El documento del colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente de Argentina Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Bolivia, Evo Morales Ayma, entre otros.
Más de un centenar de líderes políticos de todo el mundo exigen al gobierno de Reino Unido la inmediata liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien atraviesa un juicio de extradición en el tribunal londinense de Old Bailey. La carta abierta promovida por los juristas agrupados bajo el colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Bolivia Evo Morales Ayma, de Ecuador Rafael Correa, de Uruguay Jose "Pepe" Mujica y de España José Luis Rodríguez Zapatero, además del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Todos expresaron sus "serias preocupaciones frente a las violaciones de los derechos fundamentales" de Assange y denunciaron la "ilegalidad" del proceso judicial.
"Les solicitamos, como representantes del gobierno británico, que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, con los derechos humanos y con el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso y otorgándole al Sr. Assange su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y persecución política", señala la carta dirigida al primer ministro británico, Boris Johnson, y a los responsables de Exteriores, Justicia e Interior.
Los juristas y los 167 políticos que firman el documento sostienen que la extradición de Assange al país norteamericano sería ilegal, entre otras razones por el riesgo a ser sometido a un "juicio injusto por la naturaleza política" de los presuntos delitos de los que se lo acusa, y por las dudas sobre el trato que podría recibir en prisión. En ese sentido, piden "permitirle acceder a un diagnóstico y tratamiento médico independientes en un entorno hospitalario apropiado". La iniciativa se suma a otras campañas promovidas para conseguir la liberación del periodista, quien se encuentra en prisión preventiva, entre ellas una de Amnistía Internacional en la que pide a Washington que retire sus cargos, que ya recolectó más de 400 mil firmas.
Assange, de 49 años, afronta desde este lunes en Londres la tercera semana de su juicio de extradición por las filtraciones del portal WikiLeaks, que expusieron, entre otros elementos, brutales crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán y archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la cárcel de Guantánamo. Además de cuestionar la legalidad del proceso, Lawyers for Assange denuncia que se puso en peligro el principio británico de "justicia abierta" y transparente al no permitir el acceso a la sala, aunque sea por vía remota, de observadores independientes como Amnistía Internacional y parlamentarios de distintos países. Si se habilita la extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel.
juristas por assange
de los procedimientos del caso Julian Assange
Juristas por Assange
Juristas Assange ("Lawyers for Assange") es un observatorio juridico de los procedimientos legales en el caso de Julian Assange, formado por un grupo internacional de juristas independientes.
Nuestro propósito es expresar nuestras preocupaciones a las autoridades del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Australia y de Ecuador sobre las violaciones graves y sistemáticas del debido proceso y de los derechos fundamentales del Sr. Julian Assage, como las violaciones flagrantes de su el derecho a un juicio justo, su derecho a la salud y a la vida, y de su derecho a no ser sometido a tortura.
Conjuntamente de 170 profesionales del derecho y legisladores eminentes y 19 associaciones de juristas de todo el mundo, solicitamos a las autoridades del Reino Unido que proceda con la liberación inmediata del Sr. Assange y archive a los procedimientos de extradición iniciados contra el Sr. Assange.
Ademas, advertimos que una potencial extradición del Sr. Julian Assange a los Estados Unidos podría dar paso a un precedente legal con implicaciones extraterritoriales para la libertad de expresión, para la libertad de prensa y para las democracias de todo el mundo.
Desde que se envió al gobierno británico la carta ha sido avalada por más de cien eminentes figuras políticas, incluyendo jefes de estado, ministros y diplomáticos.
Contacto: lawyers4assange@protonmail.com
