HONDURAS / A “CIUDADES MODELOS” NUNCA LES HA IMPORTADO CUMPLIR LA LEY
- Publicado: 24 Septiembre 2020
El director de Roatán Próspera, Erick Brimen, sostiene que “Próspera se busca apegar a todos los mandatos que apliquen; incluyendo ILO 169”, refiriéndose al convenio de la OIT que Honduras suscribió desde 1994 y que es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, pero que en ningún momento ha sido respetado por esa empresa ni por el gobierno de Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ha denunciado este 23 de septiembre, que la empresa Zaha Hadid Architects (ZHA) que construirá ilegalmente una “ciudad modelo” llamada Roatán Próspera, nunca han consultado a la comunidad ni siquiera han mostrado deseos de cumplir con la ley.
“Zede Próspera no efectuó consulta alguna con la comunidad creole de Crawfish Rock, con la excusa que no es indígena, violando el derecho que da la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que poseen las comunidades en Roatán”, publicó Ofraneh en su cuenta de Twitter sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que creó Juan Hernández cuando era presidente del Poder Legislativo, mediante el decreto legislativo 236 del 24 de enero de 2013.
Y ha agregado que “una vez más Honduras transgrede el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)”. En 1989, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que es el principal instrumento internacional sobre derechos de estos pueblos y pese a que Honduras es signatario de este acuerdo, el gobierno de Juan Hernández no lo ha cumplido al vender tierras ancestrales de las comunidades garífunas en Roatán.
Como miembro del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Odipinh), Ofraneh se ha pronunciado también en contra “del cinismo por parte de algunos políticos que nunca han legislado a favor de los pueblos indígenas”, y ha pedido a la comunidad internacional detener este delito ambiental que la firma inglesa Zaha Hadid planea cometer en la zona.
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Acto seguido, el venezolano-estadounidense agrega que “en cuanto a ILO 169, se evaluó y la conclusión es que no aplicaba porque las tierras no son territorios indígenas en sí –fueron adquiridas legalmente y de forma privada– y tampoco están cerca de territorios indígenas, según entendemos aplica basados en las definiciones internacionales”.
“Sin embargo, en caso que estemos equivocados, y ustedes tengan información contraria, por favor compartir para poder evaluar”, ha prometido Brimen.
Al respecto, es evidente que el empleado de Roatán Próspera no ha leído las legislaciones nacionales, ni siquiera el Convenio 169 de la OIT, en vista que el artículo 1, inciso a) de esa legislación que Honduras suscribió en 1994 y está vigente desde 1995, establece: “El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén en países independientes regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”.
En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó mediante un comunicado oficial que “respondiendo a una solicitud del Gobierno de Honduras, viene acompañando el diálogo con los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, sobre la base del documento-borrador del Anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa para Pueblos Indígenas y Afrohondureños preparado por una Comisión Interinstitucional del Gobierno de Honduras”.
Además, el artículo 346 de la Constitución de la República establece que: “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.
Y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, reconoce como pueblos indígenas y tribales a los lencas, maya-chortí, pech, tawahkas, garífunas, afrodescendientes de lengua inglesa, miskitu, tolupanes y nahuas, que supuestamente deben ser protegidos por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh) y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural.
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Sin consultar a comunidades, Gobierno y organismos internacionales buscan imponer ciudades modelo en Honduras
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La iniciativa de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), conocidas como ciudades modelo, fue aprobada en el Congreso Nacional, durante el Gobierno de Porfirio Lobo, el cual impuso reformas constitucionales para la creación de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), que darían vida a estos proyectos.
Las ZEDES nacen como un proyecto de entrega de regiones del territorio hondureño al capital internacional, violando según analistas la soberanía nacional y el derecho de las comunidades a ser consultadas y decidir sobre el destino de sus regiones.
Según el plan original de los proyectos de las ZEDES en Honduras, buscan el incremento de inversión para crear empleo y fortalecer el turismo. En el 2012, cuando el proyecto fue aprobado por el Poder Legislativo que en ese año era dirigido por Juan Hernández, un grupo de abogados interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra las Zedes, argumentando que las mismas violentan la soberanía y entrega un superpoder de gobernabilidad a quienes administren estos proyectos, permitiéndoles crear sus propias leyes independientes de las ya establecidas por la Constitución hondureña.
Por otra parte organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, ha mostrado intenciones para financiar la iniciativa, a lo que la Organización Fraternal Negra de Honduras, ha calificado como lamentable y preocupante.
“El proyecto que pretende financiar el BID, en ningún momento ha sido consultado con las comunidades Garífunas dentro del área de influencias de las ZEDE, que en cinco potenciales zonas de implementación de las ciudades modelo, abarcan 20 comunidades Garífunas. El BID en su Política Operativa sobre pueblos indígenas señala la importancia de “mecanismos de consulta previa para salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los pueblos afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales protegidas”, manifestó esta organización garífuna en una posicionamiento público sobre el tema.
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“Exigimos al BID el respeto al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, ante el apoyo económico que pretende otorgar a un proyecto altamente cuestionado por el pueblo Hondureño y que ha dado lugar a un enorme retroceso en materia de aplicación de justicia como se puede deducir de la defenestración de la Corte Constitucional por haber declaró ilegal las ciudades modelos”, expresa el posicionamiento.
Para el analista y exdiputado Tomás Andino, esta apuesta para implementar las ZEDES es un paso grave que intenta despojar una vez más a Honduras de su territorio, llevándose de encuentro a las comunidades y pueblos originarios.
“Es un paso grave que se da para despojar a Honduras de su soberanía territorial, las Zonas Especiales, es un proyecto que viene siendo impulsado por el actual Gobierno y es alarmante porque no es una concesión, Honduras está entregando su soberanía al capital internacional, esto es terrible y preocupante porque se vende al país al mejor postor”, calificó Andino.
La Ley orgánica de las Zonas especiales establece que las tierras de las comunidades pueden ser expropiadas para ponerles a uso de estos complejos turísticos.
“Desde la aprobación de estos proyectos no hay apuesta para consultar a la población de las zonas afectadas, por eso es que no ha existido consultas por parte de estos sectores”, interpretó Andino.
Hay varias zonas definidas para implementar las ZEDES, entre ellas Roatán, Choluteca, Atlántida y Valle de Sula, la definición de las regiones no estipuló, en ningún momento, las valoraciones de las comunidades que residen en los sitios definidos para los proyectos.
El Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, realizó un foro para abordar la temática, en el que concluyó en la necesidad de que el Gobierno en conjunto con las comunidades aborden de forma detallada la situación y vean si es conveniente o no para el país.
Para Ismael Zepeda, la Ley de Zonas Especiales que da vida a las ciudades modelo en Honduras, viola la soberanía nacional porque no se incluye la regla básica de consultar previamente con la ciudadanía.
“Se le debe consultar a las comunidades, ese es un factor fundamental, es importante analizar todos esos componentes, el Estado debe analizar esa situación. El primer punto de debate es la soberanía nacional, el territorio, la falta de consulta a las comunidades, no se puede instalar este tipo de proyectos sin antes considerar estos elementos”, manifestó Zepeda.
El economista cree que no hay suficiente claridad sobre las características de estos proyectos. “No se nos ha dicho hasta dónde llegarán los proyectos, los impactos ambientales, territoriales y laborales. Hay mucho ilusionismo sobre estos proyectos y hay realidades en las comunidades que deben tomarse en cuenta”, culminó.
Paul Romer creador de las ciudades modelo las desecho en Honduras
En una entrevista realizada por Cloud Yip para iMoney, en abril de 2015, Paul Romer autor intelectual y promotor de las ciudades modelo, criticó el autoritarismo de la reducida élite que controla Honduras.
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Romer recalcó además en la entrevista las inclinaciones autocráticas del régimen de Juan Orlando Hernandez indicando que la ciudad modelo “Podría terminar como farsa porque no puedo imaginar un inversionista acucioso no iría en e invertir en estas circunstancias, en un lugar controlado por una aristocracia de compinches. Mi predicción es que este esfuerzo se derrumbará por sí solo. Pero legalmente la estructura existe ahora.”.
Las ciudades modelo salieron a la palestra pública con el golpe de estado en Madagascar en el 2009, cuando Paul Romer indujo a Marc Ravalomanana a ceder de forma gratuita parte de la isla a la compañía Coreana Daewoo, filial de POSCO, para la creación de un ciudad modelo. El levantamiento comenzó en enero del 2009 y culminó con más de 130 muertos y el exilio de Ravalomanana a Sudáfrica.
FIRMA INGLESA PRESUME “CIUDAD MODELO” EN ROATÁN; EN HONDURAS INICIA EL DESPOJO
- Publicado: 23 Septiembre 2020
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un paraíso de impunidad se edifica en Honduras. “El proyecto comenzará este año y, además de sostenible, también será una comunidad personalizada por sus futuros residentes, desde el tamaño hasta la distribución interior). En Zaha Hadid Architects (ZHA) todo es posible”. Así ha presentado la firma Zaha Hadid la “ciudad modelo” que construye en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño y a 261 kms de Tegucigalpa, la capital del país.
Fundada en 1980 por el fallecido Zaha Hadid en Reino Unido, la firma está dirigida por Patrik Schumacher, quien mostró el complejo habitacional llamado “Roatán Próspera” mediante un cortometraje en el Festival de Diseño realizado por primera vez de forma virtual por la revista digital Dezeen.
Esa “ciudad modelo” comenzará a construirse “más adelante este año”, y afirman que las residencias tendrán “entramado de madera con techos de palapa curvados, amplias terrazas y espacios verdes, diseñados como referencia para las técnicas de construcción tradicionales de la zona”, con madera de bosques “certificados en Honduras continental, a fin de desarrollar una cadena de suministro localizada en un intento por hacer que el proyecto sea más respetuoso con el medio ambiente”, dicen los empresarios.
Sin embargo, ya Roatán Próspera ha demostrado que no es amigable: el pasado 18 de septiembre, el CEO de la empresa, el venezolano-estadounidense Eric Brimen, protagonizó la invasión oficial a la aldea de Crawfish Rock, amenazando a los pobladores con la expropiación de sus tierras, amparado en la ley de las “ciudades modelo” que Juan Hernández aprobó en 2013 cuando era presidente del Congreso Nacional.
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Próspera es un proyecto acogido bajo la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), decreto legislativo número 236 del 24 de enero de 2013. Las ZEDE son áreas del territorio nacional que están sujetas a un régimen distinto o especial, donde los inversionistas extranjeros y nacionales están a cargo de la ley, en vista que el artículo 14 de esa ley establece que “contarán con tribunales autónomos e independientes”.
Además, el artículo 22 dicta que “tendrán sus propios entes de seguridad, investigación, su propia Policía y de persecución penal”, y el artículo 25 establece que “el Estado puede expropiar tierras donde se construya una ZEDE”.
Es de recordar que en 2012, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 283-2010, que creaba las “ciudades modelo”, pero tres años después se impuso la voluntad de Hernández; el único magistrado que en 2012 estuvo a favor fue Oscar Chinchilla, el actual Fiscal General de la República y quien fuera propuesto para el cargo por Luis René Eveline Hernández, quien junto a su esposa Jance Carolina Funes de Eveline han servido a los intereses de Hernández y actualmente hacen negocios con los “hospitales médicos”.
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«Si Biden es elegido nuestra seguridad se desvanecerá. Cárteles de la droga e ilegales vendrán de Honduras, Guatemala, El Salvador», aseguró Trump, que prometió construir centenares de millas de muro en la frontera con México, pese a que recordó que el presidente mexicano, Andrés López Obrador, ha hecho un buen trabajo y se lleva bien con él.
El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó robar el protagonismo mediático a su rival demócrata, Joe Biden, quien anoche aceptó la nominación de su partido a la Casa Blanca, con un mitin en el estado clave de Pensilvania, donde prometió «mucha policía», «ley y orden; y aseguró que está haciendo un «gran trabajo» conteniendo la pandemia de la COVID-19.
«Vamos a ganar, pero por mucho» en los comicios de noviembre, aseguró Trump ante unas 300 personas, casi todas de raza blanca, en los exteriores de una empresa de materiales de construcción en las afueras de Scranton, una ciudad en el centro manufacturero de Pensilvania, un estado que si no gana en noviembre podría costarle la Casa Blanca.
Trump dijo que las encuestas mienten y que si los demócratas ganan solo lo podrán hacer «con una elección trucada».
HONDURAS/ LOS CUERVOS DE TRUMP Y EL ÚLTIMO TRIÁNGULO DE JOH
Así como los hondureños entramos a un túnel tenebroso hace más de una década, hoy son ellos los que entran, mientras nosotros vamos saliendo guiados por la luz: ¡llegamos hermanos y hermanas! Han muerto muchos, pero su lucha nos ha traído hasta la orilla, mientras vemos a los poquísimos que custodian al Reycito, y lo saben, en ellos crece el terror y, en nosotros, la indignación.
Desde el norte el hombre naranja, desesperado por la reelección, dice que si gana Biden los carteles del narcotráfico de Honduras invadirán Washington y todo será un caos (inserte su carcajada aquí), desde este borroso teclado nos preguntamos: ¿Se arrepentirán los cheles de haber puesto a la jefa de compras a contar los votos rurales?
Reflexión
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los papeles que anuncian grilletes caen histéricamente en la oficina de la pequeña Rocío. Llora, grita, vomita, le falta la respiración, pero Covid-19 no es, ha llamado a su presidente 63 veces, y ha comprendido que el infinito silencio al otro lado es su respuesta, la misma dosis que le dieron a cientos de miles de hondureños que no pudieron ser atendidos en los hospitales que nunca llegaron.
Se acurruca en posición fetal en una esquina de su aún oficina, que fue cercada con láminas de zinc por Gabriela Núñez, como símbolo de que a esa institución pública nadie entra y, sigue así, como símbolo de un gobierno perverso con el pueblo y teme la reacción.- El brillo de las láminas se cuela por la ventana y repite mentalmente: “microdasyn, azitromicina, ivermectina y zinc… zinc”… sin respuesta… “gracias por su mensaje”.
Snif, snif, solloza con ansiedad la otrora feminista y lee: “… Reciban de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, un atento y cordial saludo”… y en negrita “*…es a fin URGENTE: INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS: Copia Autenticada y Documentación soporte de las cantidades aprobadas por la Secretaría de Estado, en el Despacho de Finanzas para contrarrestar la Pandemia COVID-19…”. En la oscuridad de la soledad, se pregunta ¿Qué haría aquel compañero de vida, viejo zorro navegando en las aguas turbias de negocios privados y asesor de grandes “fichas” de la política? – ¡Renuncia Rocío, renuncia mi amor!, se escucha una voz en lo profundo del pecho.
Hace la llamada 64, entre gemidos deja un mensaje: ¿Por qué me hacen esto a mí? Fui la mejor, hice todo lo que me pidieron, transferí en tiempo récord, como la mejor de todos los “CEO”, ¡50 millones de dólares en 26 minutos!… Ya no lo soporto, me voy. ¡Renuncio! Y así, nos deja la socióloga Rocío, con más dudas sobre ¿dónde está el dinero? y con un gobierno en láminas de zinc, cercado, solo y aislado.
Esta ridícula y preciosa parodia de gobierno, no siempre fue un ingeniero forestal en Educación (además de rockstar de malos karaokes), pedagogos en Salud y sociólogos (ahora abogados) en las quebradas finanzas del país, tuvo gente con algunas capacidades en sintonía con el cargo, un Marlon Tábora que soberbio les dejó claro que un cargo en el gobierno Hernández es sólo un ingreso secundario, que él es hijo de los organismos internacionales, no de montunos nacionales y se fue; un finísimo doctor Ramón Hernández Alcerro renunció al ver toda la falta de gusto, la porquería, nada elegante, y un alacrán hábil como Corrales, en silencio llegó y en silencio se fue (de reojo mira a su muchacho hundirse en la noche fatal de los inocentes).
Ellos no trabajan por un “ochentón”, dinero ya tienen, han sobrevivido a golpes, fraudes y dictaduras, pero no quieren terminar en prisión, los que aceptan hoy son el gazpacho de la sociedad hondureña. Y así la casa quedó vacía, mientras la ciudad está en llamas, el Reycito en su locura, grita, ríe y llora, botella en mano, simulando un Nerón. Lector, lo sé, lo sé, guardando las distancias. Él es rey en su locura, pero el país sí está en llamas y chocando a pedazos.
Y después de tantos saqueos y muertes, de todo el dolor, apenas quedan tres: la triada del lamento, un pastor y vendedor de tamales, además de ser un picarón seguidor de Octavio Paz (perdónelo poeta, no sabe lo que hace), el otro que es un enojado hombrón siempre fit, ahí la neurosis llegó para quedarse y finalmente el Delfín de este descontrol, el terror de la naturaleza y amante del cemento, un tal Asfura que se escondió del virus, siempre obediente y no beligerante y ya, eso es lo que queda, ¡bueno!, por ahí están para alegar por “miles de razones” los Anduray, los Marvin Ponce, esos que les pasa horchata por las venas, no sienten vergüenza y tampoco eso importa en la familia rodeada de la opulencia que siempre soñaron hijos y mujeres; el tal cipote Marco Midence que mandamos a Harvard, la doctora Karlita Pavón que dice que ajusta el salario vendiendo chancletas y recargas (piénselo si es indignado y ella le hará la prueba del Covid en la nariz, ¡chivas!), mientras Toñito y otros medio inteligentes, comienzan a recular. El imperio contraataca, en serio.
Desde el norte el hombre naranja, desesperado por la reelección, dice que si gana Biden los carteles del narcotráfico de Honduras invadirán Washington y todo será un caos (inserte su carcajada aquí), desde este borroso teclado nos preguntamos: ¿Se arrepentirán los cheles de haber puesto a la jefa de compras a contar los votos rurales? Los demócratas lo han hecho magnífico, no dejan de recordarles que ellos impusieron un violador de derechos humanos (allá sí existen, por lo menos en forma), además de ser objetivo de interés de la Corte del Distrito Sur en Nueva York.
¿Sentirá Trump que los cuervos que crió en Honduras le sacarán los ojos? Que los “gobiernos de mierda” que ellos imponen a veces y sólo a veces ponen en riesgo los intereses imperiales ¡naaah! Estos cheles son papos, si creen que dominan el mundo todavía. Aún queda la corte de Nueva York y eso sí es real, mientras usted, amable lector, lee esto el reloj de arena, indetenible, se le vacía cada segundo a Juancito, tic, tac, tic, tac…. Por vuelos de última hora, es noticia otra vez Jerusalén.
¡Volvamos a nuestras tierras! Ha sido un viaje largo. Oliva vuelve a presionar por las elecciones. ¿Hay miedo por el Reycito loco, que en medio de su demencia se imponga? Pues la verdad que parte de la oposición está sentada bien cómoda, esperando la reapertura económica para pedir una hamburguesa con triple carne y doble queso, que pase lo que sea, siguen siendo adversarios amigos, cualquier rival en el mundo los tendría temblando, aquí tuvo que salir el CNA para pintar un puente en el espantoso silencio, que también es cómplice. ¿O no?
Y como todo se descascara desde hace más de una década, así como las paredes que rayó la dignidad, así como han caído las máscaras de actores y público que repletan el anfiteatro del Reycito loco, así, los hondureños entramos a un túnel oscuro, pero hoy son ellos los que entran, mientras nosotros vamos saliendo guiados por la luz: ¡llegamos hermanos y hermanas! Han muerto muchos, pero su lucha nos ha traído hasta la orilla, mientras vemos a los poquísimos que custodian al Reycito, y lo saben, en ellos crece el miedo y en nosotros la indignación.
¡Vamos por Ustedes, pequeños! ¡Este es el momento del Pueblo! ¡Avanti!
PD: ¡Wooow! 2 millones de lecturas en 3 meses, ese logro es de Ustedes, muchas gracias por creer en nuestro trabajo, por favor, sigan compartiendo, comentando e interactuando. ¡Son geniales!
MANIFIESTO PÚBLICO (#26 – Septiembre 2020)
Mientras la narco dictadura ha rebasado los límites de la impunidad y corrupción, y mientras el empresariado neoliberal y transnacionales, se ceban sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores y encarcelan a defensores del agua y los bienes naturales, hay un pueblo que está convirtiendo su rabia e indignación en lucha organizada, y se prepara para recuperar la patria de los criminales que hoy nos avergüenzan, como lo destacamos en este Vigésimo sexto manifiesto público:
1.- Condenamos enérgicamente el “Nuevo Código Penal” porque no es más que la lógica corrupta y asesina escrita en clave penal y que nada tiene que ver con las necesidades del pueblo. Esta misma lógica ha desaparecido a los compañeros garífunas y ha llevado a un estado dilatorio el proceso contra David Castillo, co-autor intelectual del crimen contra la compañera Berta Cáceres.
2.- Alertamos sobre la falta de justicia y la persecución jurídica en contra de los compañeros de Guapinol, quienes han sido criminalizados por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza. Su libertad es negada a los que ya están guardando prisión, y cinco más están severamente amenazados de ir a prisión, por el delito de defender el agua y bienes comunes. Cualquier silencio o indiferencia se convierte en complicidad, por ello, llamamos a hacer nuestra la bandera de lucha en defensa de Guapinol y de todos los presos políticos.
3.- Condenamos la firma de contratos leoninos con los generadores de energía térmica aprobados en ese simulacro de Congreso Nacional, en donde se legislan los negocios de criminales y se burlan de las comunidades y organizaciones que desde hace varias semanas venimos demandando la aprobación del acuerdo de Escazú como herramienta que fortalecerá la defensa de los territorios y los bienes naturales.
4.- Una vez más, en plena amenaza a la salud y la vida de miles de compatriotas, rechazamos la apertura del transporte así como se ha establecido. La clara improvisación y la influencia de intereses económicos pone en riesgo la vida de miles de hondureños y hondureñas, y a su vez generan un efecto dominó, facilitando la apertura de otros sectores a partir de la mayor movilidad social.
5.- Advertimos que esta semana los cuerpos armados del Estado aparecerán con sus uniformes y pertrechos de guerra como los grandes defensores de la soberanía. Son los mismos que lavan fondos públicos, que acompañan y protegen a narcotraficantes, y los que defienden los negocios de empresarios extractivistas. Ellos son la principal amenaza para la patria.
6.- Saludamos con entusiasmo a todas las acciones de protesta colectiva que se han realizado en los últimos meses y las nuevas acciones que se están convocando desde diversas instancias articuladoras de pueblo. Así mismo, damos la bienvenida a las organizaciones que se suman a lucha contra la dictadura, y a las que cada semana se integran a este espacio. Tenemos la seguridad de que el camino para la libertad está en la organización, y en la diversidad misma de la resistencia, radica su brillante fuerza.
Honduras, septiembre de 2020
Un 'tsunami' de toneladas de basura inunda las playas de Honduras
Las playas de Omoa, en el norte de Honduras, han sido inundadas por toneladas de basura arrastradas por el mar desde el río Motagua, una importante vertiente del mar Caribe que discurre principalmente por Guatemala. Esta situación, que ya ha sido documentada en el pasado, se ha visto acentuada en esta oportunidad por la temporada de lluvias y la actividad ciclónica que azota actualmente Centroamérica, informan medios locales.
Con el propósito de "mitigar a corto plazo" los efectos ambientales y en la salud de los habitantes de la zona, la Cancillería de Honduras aseguró el pasado sábado en un comunicado que ejecuta tareas de limpieza en las playas y bahía afectadas con "grandes cantidades de basura proveniente del vecino país".
Según se explica en la misiva, aunque los gobiernos de Honduras y Guatemala trabajan juntos desde hace años para combatir la problemática, el seguimiento del tema se ha visto afectado por las restricciones de movilidad como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Asimismo, el texto señala que la "biobardas" y la barda industrial instaladas para impedir el flujo de desechos sólidos "no están en óptimo funcionamiento" y su capacidad ha sido superada por la cantidad de residuos que arrastra el río Motagua debido a las fuertes lluvias.
Tegucigalpa ha exigido a Guatemala la "implementación de nuevas acciones urgentes", ya que la situación ambiental ha generado un considerable impacto en el ecosistema marino costero y consecuencia negativas en las actividades económicas pesqueras y el turismo. De acuerdo con Julio Rodríguez, dirigente de la Asociación de Pescadores de Omoa, con la basura están llegando también sargazo, unas algas que se generan en el mar por los residuos orgánicos y que al concentrarse en la costa ponen en peligro el ecosistema, matando la vegetación y la fauna marina.
Los desechos recorren 487 kilómetros y pasan por 14 departamentos y 90 municipios antes de terminar en las playas hondureñas, asegura el periódico Diario Tiempo. Según el medio, un reciente reportaje desde Guatemala revela que solo en este año se han recolectado casi 100 toneladas de basura del Motagua; " lo suficiente para llenar más de cinco campos de fútbol", subraya.
El Ministerio de Ambiente y recursos naturales de Guatemala aseguró este martes que ambos países han logrado un acuerdo para la puesta en marcha de soluciones ambientales en beneficio de la cuenca del río. Además de la reparación de la barda ubicada en la comunidad de El Quetzalito, para que funcione "a su máxima capacidad", se buscará concientizar a los ciudadanos sobre la correcta disposición de los desechos sólidos. Al mismo tiempo, se está realizando una jornada de limpieza en la desembocadura del Motagua, con el apoyo del Ejército guatemalteco.
HONDURAS E ISRAEL ABRIRÁN EMBAJADAS EN JERUSALÉN Y TEGUCIGALPA
- Publicado: 21 Septiembre 2020
Agencias / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Honduras e Israel han acordado la apertura de embajadas en Jerusalén y Tegucigalpa, respectivamente, antes de que finalice el año. La medida, dada a conocer por el Gobierno hondureño, implica que este país trasladará su sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén.
En un comunicado, se informa que el presidente de Honduras, Juan Hernández, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvieron el domingo una conversación telefónica en la que manifestaron que forman parte de una “alianza” de cooperación “tanto económica como política”.
En el texto se explica que según “el plan de acción” y “los compromisos políticos para iniciar los primeros pasos”, Honduras reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2019 y en septiembre de ese año abrió su oficina de cooperación en esa ciudad, lo que hizo recíprocamente el país asiático el pasado agosto en Tegucigalpa.
Según explica el comunicado, estas medidas se tomaron tras la declaración conjunta de los gobiernos de Honduras, EE.UU. e Israel, en enero de 2019, en la que acordaron “fortalecer las relaciones políticas” entre los tres países y “avanzar en el proceso” de apertura de estas embajadas.
Próximo proceso electoral con mismas reglas del juego detonará nueva crisis política
Tegucigalpa. Enfrentar un nuevo proceso electoral con las mismas “reglas del juego”, supone el riesgo de contraer una nueva crisis política similar a la acontecida en 2017. Así lo advierten diversos sectores de la sociedad.
“Porque son prácticamente elecciones sin opciones. Y es una situación que en términos populares diríamos prácticamente expuestos a la ley de la selva. Y no podemos hablar de verdaderamente elecciones competitivas”, refirió Orellana.
RNP denuncia que actual censo electoral no es apto para elecciones primarias
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La incertidumbre rodea el proceso de enrolamiento que en la actualidad construye la base de una nueva tarjeta de identidad, en las últimas horas las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), enviaron un comunicado al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que expresaron que la base de datos actual no genera confianza para las elecciones primarias del 2021.
El comisionado del RNP, Oscar Rivera, dio a conocer a través de sus redes sociales que, más de 1 millón y medio de enrolados hasta la fecha, les confirman que la base de datos no genera confianza para el nuevo proceso.
Hasta la fecha el RNP dio a conocer que como parte del proyecto Identifícate, hay 1,459,086 personas enroladas, en las que han encontrado 117,115 inconsistencias pendientes de rectificar.
“Para realizar las rectificaciones que son parte del censo, falta el proceso de validación biométrica, el cual verifica que las huellas de cada ciudadano concuerden con las huellas que ya están almacenadas en la base de datos para el mismo ciudadano y también constata que la huella esté una sola vez en la base datos”, explica la comunicación enviada al máximo ente electoral.
En ese sentido el pleno de comisionados del RNP concluyó que las inconsistencias identificadas deja preocupaciones para la construcción del nuevo censo electoral: “la información arrojada durante el proceso de enrolamiento presenta inconsistencias significativas, mismas que entre tanto no sean subsanadas, no podemos determinar que la información que compone el actual censo actual, sea un registro ordenado de los ciudadanos y por ende confiable ni seguro para poder brindar al pueblo hondureño una solución democrática que tanto urge en medio de esta crisis que atravesamos”.
Finalmente el RNP exhortó al CNE, para que se haga un llamado al Congreso Nacional para que se respete el uso de una nueva base de datos ordenada y libre de irregularidades en el proceso electoral primario de marzo del 2021.
Presentan recurso contra enrolamiento
El Partido Salvador de Honduras acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a presentar un recurso contra el enrolamiento, exigiendo que el mismo sea suspendido por las irregularidades que de él emanan.
“Esta acción busca detener el fraude del RNP en torno al nuevo documento de identificación nacional”, ha expuesto Salvador Nasralla dirigente de esta entidad política al referirse sobre la construcción del nuevo censo electoral.
La acción interpuesta fue de amparo. Nasralla ha propuesto en reiteradas ocasiones que el enrolamiento del nuevo censo debe suspenderse y de inmediato iniciarse uno nuevo sin manipulación y depurando todas las irregularidades del caso.
Preocupación ante irregularidades
Los actores políticos del país reaccionaron de inmediato al conocer el informe del Registro y el llamado que hacen al CNE y Congreso Nacional, para el caso Manuel Zelaya dijo en su cuenta de twitter, que el reporte genera preocupación y advierte que si no se hace algo al respecto el fraude es inminente.
“Presidente del RNP confirma: “el censo nacional electoral ( actual ) no cumple con los requisitos de LEY”. O sea una elección primaria convocada con el actual censo es el primer paso del FRAUDE. ¿ y los cómplices que dicen que el censo NO IMPORTA ¿dónde están ?
Zelaya convocó en su calidad de coordinador general de Libre, a una reunión de emergencia con su bancada en el Congreso Nacional, para definir posicionamiento sobre el tema electoral en el país y la crisis que se vive por la falta de consenso con el Partido Nacional y Liberal.
Entre tanto el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, acusó al partido de gobierno de buscar atrasar y dilatar el proceso de reformas para buscar la continuidad en el poder del país.
“La intención del Partido Nacional es crear incertidumbre sobre los procesos electorales, están unidos y calculando cómo imponerse a través de todos estos mecanismos”, reiteró Lobo.
Para el exmagistrado el primer indicador de su afirmación es la negativa por aprobar la nueva Ley Electoral, de la que dejó claro que está llena de vicios de nulidad.
Finalmente Lobo habló del enrolamiento y cree que es urgente depurar la base de datos, limpiar las inconsistencias y solo cuando eso esté listo, apostar por ir a un proceso electoral con una nueva base de datos donde no voten muertos.
Lobo hizo un llamado a la oposición política del país: “si la oposición no está unida, se le da ventaja al partido de gobierno, no hay que descartar ningún espacio de lucha, y las calles siempre serán una alternativa”.
Las autoridades del RNP han dicho que seguirán apegados al calendario establecido para cumplir con el nuevo censo, esperando depurar a la brevedad posible las irregularidades que allí se presenten.
Incertidumbre jurídica prepara “elecciones al estilo Honduras” sostienen exmagistrados
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La incertidumbre por la convocatoria a elecciones primas sin la aprobación de la nueva Ley Electoral es una maniobra política concebida por el gobernante Partido Nacional alineando los poderes del Estado amagan con eternizar al gobernante hondureño, Juan Hernández, por un tercer periodo de gobierno.
Esa es la conclusión de los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo y Enrique Ortez Sequeira, quienes a través de un foro en la cadena UNE TV, observaron que el embotellamiento en la aprobación de la nueva Ley Electoral es solo la punta del iceberg de una estrategia del Partido Nacional para continuar con las elecciones “al estilo Honduras”
“Este proceso eleccionario tanto el primario como el general va a ir siendo boicoteado desde la estructura del Partido Nacional –ya que- es la institución política más interesada en generar incertidumbre porque saben que en la medida que transparentemos los procesos democráticos en esa medida tiene menos posibilidades”, analizó Ramiro Lobo.
Y “estamos a las puertas de una crisis electoral inducida por quienes están al frente del gobierno que saben que su única alternativa será mantenerse a toda costa en el poder”, advirtió Lobo quien también refirió que la estrategia del nacionalista debe hacer despertar a la oposición política.
La mañana de este miércoles, los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP), notificaron que, durante el proceso de enrolamiento indispensable para la actualización del nuevo censo electoral, identificaron “inconsistencias significativas”, lo que imposibilita que la información responda a un registro real.
Para Ortez Sequeira, ese desarrollo pedregoso en el proceso de enrolamiento sumó “una nueva incertidumbre”. Sequeira coincide que hechas las sumar y restas, “el pronóstico es la terrible inseguridad jurídica que tiene un interés manifiesto”.
Uno es “la esperanza del Partido Nacional que pueda el actual gobernante buscar la reelección”. Y lo otro es “que se genere un caos que le permita prolongar su periodo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, añadió.
Pero Sequeira también explicó que, aunque la frustración de la nueva Ley Electoral favorece al Partido Nacional, éste podría acceder a aprobar ese mecanismo electoral “consensuada al estilo del Partido Nacional de Honduras”.
No obstante, tanto Ramiro Lobo como
Ortez Sequeira no descartaron que ante una eventual polémica en un
proceso electoral que nació con fallas de origen por la falta de una
nueva Ley Electoral, las autoridades apelen a la Corte Suprema de
Justicia en busca de un fallo que favorezca precisamente al gobernante
Partido Nacional.
Liberales lanzan movimiento «Recuperemos Honduras» con Luis Zelaya a la cabeza
Tegucigalpa. El presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, oficializó la tarde de este lunes el lanzamiento del Movimiento «Recuperemos Honduras», que, según la principal figura del liberalismo hondureño, tendrá un fuerte énfasis en materia de lucha contra la corrupción, inversión en salud y educación.
Sobre todo, porque “necesitamos recuperar el empleo; mejorar la política es tener un empleo, la mejor manera de combatir la pobreza des el empleo, no podemos continuar con los niveles de pobreza extrema que tenemos”, prosiguió.
Partido Libre irá a elecciones primarias bajo protesta
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre), acordó este viernes que irá al proceso electoral primario bajo protesta debido a las reglas que garanticen la transparencia de los comicios.
Luego de reunirse de manera virtual con los coordinadores a nivel nacional, el partido que coordina el expresidente Manuel Zelaya Rosales, acordó cuatro puntos:
1.- Libre rechaza convocatoria a elecciones primarias porque se hace con el censo del fraude de 2013 y 2017, sin una nueva tarjeta de identidad y sin Reformas electorales.
2.- LIBRE confirma la participación en el proceso electoral primario, bajo protesta, por no tener reglas que garanticen la transparencia.
3.- Coordinación Nacional del Partido Libre acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea Nacional las elecciones Internas simultáneamente con las elecciones primarias en marzo 2021.
4.- Libre aprueba voto de confianza para su Bancada y para los representantes del Libre los organismos electorales, Rixi Moncada (CNE) y Oscar Rivera (RNP)
Intereses de los políticos no coinciden con los del pueblo hondureño: REDH
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa, Honduras.- Las Organizaciones miembros de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), afirman que con la no aprobación de la nueva ley electoral quedo demostrado que los intereses de los políticos no coinciden con los del pueblo hondureño
En un comunicado emitido este martes señalan que antes del pasado domingo 13 de septiembre, el debate generado en torno a la coyuntura política, partía, en lo fundamental, de la certeza relativa de que tal convocatoria se llevaría a cabo en base a una nueva Ley Electoral, cuya discusión y aprobación parecía un consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, pero esta aprobación no sucedió, por lo que la anterior quedó relevada por una incertidumbre tan inesperada como confusa.
Sin embargo, quedó demostrado que el tiempo político de los dirigentes y sus partidos no siempre coinciden con el tiempo histórico del país. Lamentablemente la urgencia de la sociedad no es la misma ni tiene igual prisa para la clase política del país.
La REDH señala que el debate en torno a la frustrada aprobación de nuevas reglas electorales, no ha hecho más que evidenciar los verdaderos intereses en juego y los puntos claves de la agenda de cada partido y sus dirigentes en torno a la modernización, democratización y transparencia de los procesos electorales en Honduras.
Ejemplos de lo anterior, son las posturas encontradas sobre la posibilidad de aprobar la reforma constitucional que permita la segunda vuelta electoral o balotaje, no es difícil trazar una línea divisoria entre los dirigentes políticos que abogan y presionan a favor del balotaje, frente a aquellos que se oponen y boicotean cualquier iniciativa que favorezca una segunda votación en el proceso electoral. Lamentablemente para la democracia hondureña la aprobación de esta propuesta está, al menos por el momento, muy distante, aunque no por eso se vuelve imposible. Otro ejemplo es la fuerte reacción de los partidos llamados pequeños y aquellos de reciente creación, quienes abogan a favor del reparto tradicional de la deuda política y se oponen a cualquier cambio que introduzca mayor equidad, transparencia e inclusión en la normativa electoral futura.
Apuntan que uno de los temas más polémicos en el nuevo debate, posterior al llamado a elecciones primarias, es la conformación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), este debate encierra en esencia de la búsqueda del control político y evidencia los marcados intereses partidarios y de los liderazgos políticos, que sin duda están lejos de la búsqueda de una verdadera renovación de las reglas del juego electoral y de la profundización de la democracia hondureña.
La REDH, también ve con suma preocupación el debate y las posturas sobre la propuesta de modificar en la nueva ley electoral el proceso de elección de los candidatos a cargos de elección popular al interior de los partidos políticos. La nueva fórmula propuesta de convocar a asambleas internas para escoger a los candidatos puede ser al final un proceso de recesión democrática que limite al ciudadano a ejercer su derecho de elegir de forma transparente y legitima a sus candidatos y posteriores gobernantes, como vía para el logro pacífico de soluciones a los profundos conflictos políticos, sociales y económicos que padece el país.
Este grupo de organizaciones aglutinadas en la REDH hace un llamado a los partidos políticos a garantizar la construcción de una democracia paritaria, como expresión de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Como sabemos, el derecho fundamental a la participación política igualitaria guarda una estrecha relación con el principio democrático, inherente a todo Estado Constitucional.
La REDH considera indispensable darle todas las características de certeza y transparencia al proceso del nuevo censo electoral, permitir y darle las herramientas legales y técnicas al Registro Nacional de las Personas (RNP) para que construya una base de datos creíble que inyecte legitimidad, certeza y transparencia al proceso electoral general de noviembre de 2021.
Finalmente, señala que se debe incluir el tema de la polémica reelección presidencial, fijando claramente que ellos consideran que es ilegal, que divide a la sociedad hondureña; distorsiona la credibilidad del proceso electoral y, para ser legalizada, requiere de la aprobación por la vía de un plebiscito o una consulta ciudadana apegada a la ley y la Constitución de la República.
La REDH cierra diciendo que ratifica su postura de demandar elecciones transparentes y limpias, con un sistema de justicia electoral y de control del financiamiento fuerte e independiente con reglas claras que profundicen la democracia, del Estado de Derecho y el respeto a la voluntad del ciudadano.
Sin ley y sin dinero para el Tribunal de Justicia Electoral, Honduras a merced de un nuevo fraude
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que debería tener la última palabra en conflictos durante las próximas elecciones, carece de presupuesto para trabajar. Si el TJE no puede actuar, quien decidirá será la Corte Suprema de Justicia dominada por nacionalistas. La oposición dice que todo es un complot del presidente, Juan Hernández, para manipular las elecciones y seguir a toda costa en el poder
Tegucigalpa.- Funcionando a medio vapor, sin dinero para trabajar, sin regulación legal, sin independencia y en el abandono se encuentra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) creado el 24 de enero de 2019 para supuestamente encargarse de “los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia electoral”, o sea “resolver todos los conflictos que surjan de las urnas”.
También lea: Honduras inicia proceso para las elecciones de 2021 sin reformas electorales
Los críticos del gobierno de Juan Hernández consideran que la institución carece adrede de presupuesto, de ley y hasta de edificio propio con el fin de que la participación independiente no interfiera con los planes del gobernante de “mantenerse en el poder” en Honduras.
El TJE y el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron establecidos para sustituir al Tribunal Supremo Electoral, disuelto mediante reformas electorales. El TJE, encabezado por los abogados Eduardo Enrique Reina por el Partido Libre, Gaudy Bustillo por el Partido Nacional y Miriam Barahona por el Partido Liberal, ha estado trabajando desde comienzos de 2020 con un presupuesto de 35 millones en lugar de los 90 millones solicitados por sus autoridades, el cual “solamente logra cubrir sus salarios”, expresa el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras), Luis Daniel León.
Los magistrados del TJE ocuparán por turnos la presidencia de ese órgano, empezando el 23 septiembre y terminando el 23 de septiembre del año siguiente. De 2019 a 2020, Eduardo Enrique Reina ha estado al frente de la institución y entregará ese puesto en las próximas horas a Gaudy Bustillo, que terminará su mandato en 2021. De 2021 a 2022, asumirá el puesto Miriam Suyapa Barahona. Además de los magistrados propietarios, está integrado por dos magistrados suplentes, Francisco José Dávila Nolasco del Partido Alianza Patriótica Hondureña y Johanna Guandique Estrada del Partido Democracia Cristiana.
El TJE fue creado “como parte jurisdiccional y como última palabra en temas de justicia electoral”, aclara el presidente de esa institución, Eduardo Enrique Reina, en entrevista para Criterio.hn. El magistrado dice que el TJE es un “órgano constitucional independiente, sin relaciones de subordinación con otros poderes del Estado”.
Una ley especial creada en agosto de 2019, según Reina, nombra a los magistrados del TJE y les da atribuciones. Sin embargo, agrega Reina, esa misma normativa aclara que el nuevo Tribunal seguirá amparado bajo la antigua Ley Electoral mientras no se apruebe una nueva legislación que lo regule. Mientras tanto, la ley “transitoria” le sirve al TJE para funcionar administrativamente.
Debido a su reducido presupuesto, el TJE no cuenta con un edificio propio y desde enero pasado se encuentra hospedado en un pequeño recinto dentro del CNE en el que apenas caben los 22 empleados, hasta ahora contratados, entre ellos, diez abogados y personal de apoyo en el área administrativa y recursos humanos.
Para el 2019 se presupuestó 10 millones de lempiras, pero al final la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hizo un recorte de dos millones y le entregó ocho millones, dijo el magistrado presidente Eduardo Enrique Reina.
Para la primera etapa del TJE, un “artículo transitorio” de agosto de 2019 determinó que se deberían haber asignado 10 millones de lempiras como presupuesto inicial, pero los ocho millones asignados incluso “llegaron un poco tarde, a mediados de diciembre”, cuenta Reina.
“Presentamos un presupuesto de cerca de 90 millones”, añade el magistrado, “pero se nos otorgaron 35 millones”. El TJE pidió entonces ampliarlos a 60 millones, pero la pandemia del coronavirus impidió la ampliación e incluso hubo un recorte del 15.65 %, por lo que ahora los fondos se reducirán a menos de 30 millones de lempiras. Sus recursos reducidos les han impedido trabajar a todo vapor, lamenta Reina.
Si la falta de dinero y de instalaciones ha sido de entrada un agudo problema para que el TJE trabaje con eficacia en la solución de conflictos relacionados con el proceso de las elecciones en Honduras, las medidas impuestas por el gobierno de Juan Hernández debido a la llegada de la pandemia del coronavirus al territorio nacional, se convirtieron en un nuevo obstáculo para el TJE, al punto de que a finales de junio de 2020 el organismo electoral amplió el periodo de suspensión de labores debido al peligro de contagio.
La suspensión de labores, según el comunicado del TJE, se amplió “del lunes 29 de junio al domingo 12 de julio con el objetivo de que el personal permanezca en sus viviendas, limitándose a circular en casos de extrema necesidad o urgencia”.
Otro obstáculo en el camino del TJE es la falta de una ley que lo regule, lo cual según expertos es una manera de atar las manos de esta institución debido a que no se tiene una idea clara de cuáles son sus deberes como regulador electoral en Honduras.
La precaria situación ha sido expuesta en reiteradas ocasiones por las autoridades del TSJ, quienes han enviado cartas al Congreso Nacional en busca de la aprobación de un presupuesto coherente con la finalidad de la institución y para que se apruebe el marco legal que genere seguridad jurídica en las actuaciones de este ente jurídico electoral.
Dilatorias y promesas
Para voceros del partido de gobierno, como es natural, las reformas legales para establecer qué es lo que le toca hacer al TJE van por buen camino y todo está “azul”, como dice la gente cuando se refiere a que todo va bien.
El jefe de bancada nacionalista David Chávez, por ejemplo, considera que el partido en el poder no está “inventado el agua caliente” con las reformas que dan vida al TJE, apoyadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) al traer “expertos en materia electoral”, pero que el Gobierno está tratando de lograr “procesos democráticos fuertes, transparentes, que respeten la voluntad popular en todos los niveles electivos”, según sus declaraciones.
El apoyo al que se refiere Chávez consistió, según la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, en pagarle seis millones de lempiras al secretario general de la OEA, Luis Almagro, “por una consultoría orientada a hacer reformas electorales que nunca surtieron efecto ni en el mismo poder del Estado” que pagó ese dineral.
La falta de una nueva ley “especial” para el TJE no impide que decida sobre conflictos electorales, ya que la institución no es una “ficción”, según el presidente de ese órgano, Eduardo Enrique Reina. “La creación del Tribunal para darle vida jurídica está plenamente reconocida”, señala. El reconocimiento estatal para el TJE se basa, dice, en la asignación del presupuesto para 2019 y 2020, y en la reforma constitucional que da vida a ese órgano.
El TJE no funciona todavía bajo la tan llevada y traída “ley especial”, sino “con la Ley Electoral actual”, agrega Reina, la cual les da atribuciones, como “conocer recursos ante eventuales problemas que tengan los derechos de los ciudadanos en la parte político-electoral”.
Además, indica el magistrado, el TJE puede “conocer sobre decisiones o resoluciones de justicia electoral. No estamos construidos sobre una ficción jurídica”. Esperan la aprobación de la nueva “ley especial”, pero ahora mismo el TJE puede “trabajar con esas atribuciones”.
En los últimos días el TJE recibió el primer caso jurídico para resolver: el expediente número 375-2019, remitido por el Consejo Nacional Electoral en el que se solicita la nulidad absoluta de una resolución dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anti Corrupción (PAC) sobre la expulsión de los exdiputados, Rafael Virgilio Padilla y Walter Banegas.
El TJE se estrenará con ese caso, mientras el líder del del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, prefiere acudir a la Corte Suprema de Justicia, obviando que ya existe un ente encargado de resolver los conflictos electorales. La semana pasada el excandidato presidencial, presentó un recurso de amparo contra los magistrados del Registro Nacional de las Personas.
A pesar de que el presidente del TJE asegura que pueden operar con todas sus atribuciones, le han pedido al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la aprobación de la nueva Ley Electoral y la Ley de Justicia Electoral para recuperar la confianza de los votantes tras la crisis por el golpe de Estado de 2009 y los conflictos políticos de 2013 y especialmente lo ocurrido en el 2017, cuando se fraguó un fraude para favorecer la reelección del presidente, Juan Hernández, situación que dio vida al surgimiento del TJE y al CNE.
Por otra parte, la oposición argumenta que todos los problemas de dinero, libre circulación y legislación, entre otros, con que se ha encontrado el TJE en su gestión son una manera de evitar que haga su trabajo vigilando que las actividades electorales se lleven a cabo de manera legal y ordenada durante las elecciones.
El reducido presupuesto asignado a instituciones como el TJE pone al final en peligro el proceso electoral y la democracia, según Luis Daniel León, en declaraciones para Criterio.hn. León sospecha que detrás de los recortes de dinero o los escasos presupuestos hay una intención política. “En momentos de crisis todos nos zocamos la faja, pero que las instituciones no tengan las características mínimas para funcionar debilita el proceso electoral y el acuerdo político”, dice.
La idea de la gente en la calle es que el Gobierno actual no asigna dinero a organismos como el TJE o el CNE para poner en riesgo e impedir que haya elecciones con el fin de que Juan Hernández se pueda “perpetuar” en el poder.
“¿Qué puede pasar? Una crisis política por no tener presupuesto para ejecutar un proceso electoral”, agrega Luis Daniel León. “Hay una agenda política desde los poderes del Estado. Se escucha comúnmente que el presidente se quiere perpetuar. Por ahí van los análisis: si no da presupuesto, cómo hacemos elecciones”.
“Es evidente que el Gobierno pretende asfixiar esos organismos”, argumenta el abogado Edmundo Orellana Mercado, en entrevista para Criterio.hn, refiriéndose al CNE y al TJE.
Orellana ahonda en las dificultades que experimenta el Tribunal y sugiere que se deben a una estrategia de Hernández para extender su estadía en el gobierno. “El que menos interés tiene en las elecciones es el Gobierno porque el gobernante tiene problemas porque, si sale de allí, su situación personal es totalmente incierta”, agrega el jurista hondureño.
Según Orellana, JOH tiene problemas “serios”, ya que una corte federal de EUA lo señala como conspirador en materia de narcotráfico.
Además, el Gobierno está preocupado porque, según el analista político Raúl Pineda, “ha perdido la iniciativa”, pues “su liderazgo ha caído en un desprestigio muy grande, contaminando a los potenciales candidatos para asumir la Presidencia de la República”. Debido a esta falta de liderazgo, dice Pineda, la oposición tiene en estas nuevas elecciones una mayor posibilidad de ganar la Presidencia de la República.
El papel del TJE es “nulo”
Que la oposición asuma el poder es un riesgo para el Gobierno actual que, como menciona el abogado Orellana, choca de frente con los supuestos planes de continuismo de Hernández debido a sus problemas legales en la corte estadounidense.
“Si la oposición se une, va a ganar las elecciones”, argumenta Raúl Pineda, entrevistado por Criterio.hn. “Por primera vez es la que maneja la agenda y aquí va a suceder lo que decida la oposición para bien o para mal”.
Para Pineda, una serie de instancias legales podrían anular el papel del TJE en la solución de conflictos electorales en este año de elecciones. “Mientras se mantenga la posibilidad de que los conflictos electorales sean resueltos en última instancia por la Sala Constitucional, mientras exista la posibilidad de que, al presentar un recurso, la Sala o la Corte lo defina por la suspensión del acto reclamado, el papel del Tribunal de Justicia Electoral es prácticamente nulo”, dice Pineda.
Por lo anterior, el TJE, “no va a desempeñar la función que dio origen a su creación, que es una justicia electoral rápida y descontaminada”, dice Pineda.
En una comparecencia del foro televisivo Frente a Frente el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, declaró recientemente que en materia electoral “la última instancia es la Corte Suprema de Justicia”.
Algo parecido dijo en el mismo espacio televisivo el diputado liberal Juan Carlos Elvir, quien señaló que ese “será un futuro tema para debatir” y agregó “solamente será la Sala (…), será la Corte Suprema cuando se violenta el debido proceso” quien actúe en caso de conflictos, lo cual da a entender de nuevo que el TJE parece no tener “vela en el entierro” cuando se trata de tomar decisiones al respecto.
En cambio, en el mismo programa televisivo, el diputado por el partido opositor Libre, Jorge Cálix, opinó que la Constitución hondureña es “clara” en cuanto a este asunto: “La última instancia en materia electoral es el Tribunal de Justicia Electoral. Eso lo dice la Constitución de la República en su artículo 53. Contra las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral no cabe recurso alguno”.
Cálix es uno de los personajes públicos que se pronuncian a favor de que sea el TJE el que decida sobre los conflictos electorales, y no la Corte Suprema, la cual, se supone, está politizada al pertenecer al Partido Nacional y hallarse por esa razón sujeta a los dictámenes del gobierno de Juan Hernández. Un poder como ese en manos de la Corte puede causar falta de transparencia en las próximas elecciones, según opositores del Gobierno de turno.
Las opiniones de los expertos dejan abierta la puerta de la sospecha de que el Gobierno está interesado en mantener a los organismos electorales como el TJE en un desorden administrativo, sin dinero y, de paso, sin poder de decisión sobre posibles disputas electorales con vistas a los próximos comicios en Honduras como una manera de manipular los resultados en las urnas, permitiendo así el continuismo tan temido por los opositores de Juan Hernández.
Fraude o no fraude: he ahí el dilema
“Creo que ese Tribunal nació muerto desde el momento que la resolución final en definitiva la tiene el Poder Judicial. ¿Para qué sirve ese Tribunal?”, dice Raúl Pineda. “Creo que, si se va a mantener que la Corte conozca este recurso, más bien deberían hacer desaparecer el Tribunal de Justicia Electoral porque no va a servir para nada”.
Pineda no es el único preocupado por la falta de nuevas leyes que aseguren la transparencia en las próximas elecciones. Otros críticos alzan la voz reclamando por la lentitud aparentemente calculada de las instituciones que emiten esas leyes en el país. A estas alturas siguen sin aprobarse decenas de artículos de la nueva ley electoral y nadie asegura que las elecciones primarias y las generales de 2021 estén exentas de fraude.
Fraude es la palabra del día en boca de algunos expertos consultados por Criterio.hn. El supuesto fraude que al final puede permitir que Hernández siga en el poder.
“En consecuencia, la manipulación, la contaminación del manoseo político va a continuar en el Poder Judicial”, dice Raúl Pineda.
Para el abogado Edmundo Orellana, es posible hacer fraude desde muchas instancias. “Puede fraguarse en las mesas, en la transmisión de datos y el manejo del sistema y en la administración del sistema”.
Orellana se refiere además a la posibilidad de que el fraude se lleve a cabo utilizando el censo electoral, el cual no ha sido depurado todavía debido a que aún no se aprueba la nueva ley electoral que puede sustituir el viejo censo de 2017 por uno nuevo. Eso evitaría que “los muertos voten”, como supuestamente ya ha sucedido en anteriores elecciones en Honduras. Como señala la consejera del CNE Rixi Moncada, el censo “está lleno de fallecidos”.
En el censo “para elecciones primarias, cada partido establece una garantía para que el fraude no se produzca. Eso no afecta a la nación. El problema se podría plantear si ocurre en elecciones generales”, dice Orellana. Con “cualquier incidencia irregular vamos a tener un resultado como el actual, con un gobernante repudiado, que sea ilegítimo y que finalmente nos ha llevado a la crisis en que vivimos”.
Plan Estratégico
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras) trabaja desde hace dos años de forma estratégica con el Tribunal de Justicia Electoral a través de diferentes líneas de acción. Una de ellas es la construcción del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 que fue facilitado técnicamente por el NIMD Honduras, porque “sabemos que los sistemas electorales realmente democráticos, tienen en la justicia electoral un indiscutible protagonista”, dice el director ejecutivo de esa instancia, Luis Daniel León.
León realizó la entrega oficial del PEI 2020-2024 al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Eduardo Enrique Reina, en compañía de las magistradas Gaudy Bustillo y Miriam Barahona en una ceremonia virtual debido al COVID-19.
El plan en mención, elaborado mediante un proceso participativo y liderado por las máximas autoridades del Tribunal de Justicia Electoral, refleja la voluntad de esta institución por alcanzar los consensos requeridos y un medio para fortalecer su legitimidad y construir institucionalidad, así como el interés de que se le perciba como una institución que actúa con sujeción al Estado de derecho y a los principios adoptados, para así gozar de la necesaria credibilidad y confianza plena de los ciudadanos.
Ante corrupción y fracaso de reformas electorales, sólo queda luchar en las calles: Fredín Fúnez
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Los fantasmas de los fraudes electorales de 2013 y 2017 están presentes y algunos creen que la gran mayoría de políticos en el Congreso Nacional, incluso del movimiento popular hondureño, se han dejado engañar ante los pactos que ofrece el Partido Nacional.
Honduras celebrará las elecciones primarias en marzo próximo y las generales en noviembre de 2021, pero aún no cuenta con las ansiadas reformas electorales.
“Este proceso electoral no genera ninguna esperanza de transparencia para el pueblo hondureño, los políticos están siguiendo el mismo guión de las elecciones fraudulentas de 2013, de 2017, no recapacitan y siguen en su fiesta electoral”, dice a Criterio.hn Fredín Fúnez, Fundador del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
Agrega que la oposición política continúa acoplándose a todo y lo que debe hacer es “articularse, porque ya miramos que las tales reformas electorales son un completo fraude, los cachurecos hacen lo que quieren desde ese Congreso Nacional y si no les ajustan los votos de ellos recurren a los votos del Partido Liberal”.
Para Fúnez el pueblo hondureño debe salir a las calles y retomar el ejemplo del grupo que salió el pasado 15 de septiembre y que fue brutalmente reprimido.
“Ese es el único camino que nos queda, el ejemplo y camino de Mayo (Huelga de 1954). Ahí está la victoria. En esas mesas de negociaciones lo único que queda son engaños, le dan atol con el dedo a los políticos. Hay políticos jugados ahí, incluso gente del movimiento popular, que no los miramos que estén levantando la bandera de la lucha”, comenta Fúnez, excandidato a diputado independiente.
Honduras convocó a elecciones el pasado domingo, sin haber aprobado un nuevo marco jurídico que había sido solicitado por organismos internacionales, sociedad civil y el pueblo en general. Son 14 partidos políticos los que irán en contienda, pero de esos solamente Libre, Partido Nacional, Liberal y, quizá, Salvador Nasralla, tengan por ahora esperanzas de poder sacar una cuota considerable de votos.
Cuando la convocatoria ya estaba hecha, Mauricio Oliva, el presidente del Congreso Nacional, pidió a la oposición del Legislativo sentarse nuevamente a dialogar para aprobar las reformas electorales.
HONDURAS / EN EL DÍA DE LA BANDERA, GUARDIA DE MINERA “GRINGA” LA ROMPE A CUCHILLAZOS
- Publicado: 02 Septiembre 2020
Argueta Turcios ahora trabaja con la empresa de seguridad “ALFA UNO” que brinda protección a la minera estadounidense Breakwater Resources subsidiaría de Pacific Honduras S.A. de C.V. que hace más de 70 años se lleva la riqueza del país desde la mina El Mochito, cuya región es fértil en minerales, zinc, plomo, cadmio, plata y oro.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En el mes que las Fuerzas Armadas de Honduras celebran las “fiestas patrias”, un simple guardia de seguridad ha conmemorado el “Día Nacional de la Bandera”, haciéndola tiras a cuchillazos este 1 de septiembre; ocurrió cerca de la capital hondureña si se entra por el Lago de Yojoa a la aldea de El Mochito, Las Vegas, Santa Bárbara, donde el famoso matón José Argueta Turcios hace lo que se le antoja con el pabellón nacional y con los pobladores.
La hizo tiras este día de pandemia en la cara de los militares, en el mismo momento que dirigentes del magisterio exponían el más grande evento de locuras como un concurso de palillonas que enseñarán las piernas en sus casas y mandarán los videos al jurado que calificará a la mejor bailarina del virus. El Ejército aseguró que se lanzarán en paracaídas en un solitario estadio Nacional y un periodista les pidió que no se olvidaran de los 21 cañonazos en el cerro “Juana Lainez” de Tegucigalpa.
La acción del guardia Argueta Turcios, que labora para la empresa de seguridad “ALFA UNO”, responsable de la protección de la minera estadounidense Breakwater Resources subsidiaría de Pacific Honduras S.A. de C.V., más conocida en el país como “mina El Mochito”, ocurrió durante la protesta de pobladores contra la decisión de la transnacional de prohibirles el paso que siempre han usado para llegar a su aldea de nombre El Palmar. Turcios, el antiguo policía educado en civismo, se acercó amenazante a los ciudadanos, navaja en mano, y partió la bandera de Honduras que izaban como símbolo de lucha.
Pero la aldeíta El Palmar no es sólo una extensión de tierra sembrada de tristes milpas y frijolares que apenas producen para la subsistencia de un grupo de familias campesinas, ni la represión contra sus sencillos habitantes ha sido este día la mera acción de un guardia demente, sin educación primaria para comprender el valor de los símbolos patrios. Nooo, nada de eso, señores.
Resulta que las imágenes satelitales de los suelos escudriñados desde el espacio por la minera estadounidense, le han confirmado que necesita la tierra de esos aldeanos, quiere excavar por la Aldea de El Palmar, puesto que por esta zona se encuentra gran cantidad de minerales que no han podido extraer por las venas del Lago de Yojoa, sin embargo esto implica adentrarse por alguna zona subterránea, existiendo peligro de inundar gran parte de la mina.
En 1948 la empresa "Rosario Resources Corporation" obtuvo la concesión de explotación de la mina en El Mochito, instalo una planta que trabajaba las 24 horas del día lo que naturalmente provocó lo que toda explotación minera provoca, el lugar fue convirtiéndose en un pueblo de trabajadores; existe un informe que data la producción de broza en un promedio de 1,500 toneladas diarias con plomo, plata y zinc, minerales exportados a través de Puerto Cortés hacia Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Alemania.
Actualmente la propiedad concesionaria la tiene la empresa estadounidense Breakwater Resources subsidiaría de Pacific Honduras S.A. de C.V., "El Mochito" es una mina subterránea y la más grande de Centroamérica en extracción de los minerales: zinc, plomo, cadmio, plata y oro. Esta veta hondureña que drena su riqueza por los puertos desde hace 500 años, según datos de la geología se formó desde la época del cretáceo.
Eso quiere decir que esa fortuna natural en El Mochito, propiedad del pueblo hondureño, que los torpes gobiernos hondureños siguen regalando a los extranjeros, comenzó a formarse hace 145 millones de años y terminó en la forma de minerales hace 66 millones de años. Y la misma historia ocurre en los cientos de minas regaladas en todo el territorio nacional, hasta hoy.
Y es que en cada caso sobre corrupción y asesinatos a gran escala hay una figura que siempre aparece a la defensa y es el caso de esta abogada hondureña.
Con fuertes vínculos con políticos del Partido Nacional, como el ex presidente, Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva se destaca desde hace muchos años por ser defensora de militares vinculados a la violación de derechos humanos.
Ex esposa un militar de alto rango, fuentes aseguran que es de esa relación de donde provienen sus excelentes relaciones con esta clase social de Honduras.
Y es así como en tiempo de pandemia aún a su avanzada edad a acompañado como defensora a todos los involucrados en el caso de «los hospitales móviles» sobrevalorados de INVEST H.
También es la abogada defensora del presunto asesino de Berta Cáceres, David Castillo.
Y la lista podría seguir y seguir.
Sus conexiones en la Corte Suprema de Justicia aseguran son más importantes que su habilidad de defensa en las cortes hondureñas dados su relación con la política y los grupos de poder en Honduras.
Adjudicación de INVEST-H a GyT no es más que un aparente negocio fraudulento: CNA
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- En su décimo primer Informe, “La Corrupción en Tiempos del Covid 19”, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se ha vuelto a referir al favoritismo de las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) en una compra de 174 mil mascarillas N-95 que benefició al grupo G y T, vinculado con la diputada del Partido Nacional, Walezka Zelaya y su esposo, Juan José Lagos.
Para la directora del CNA, Gabriela Castellanos, el contrato otorgado por INVEST-H mediante compra directa a GyT fue sobrevalorado en más de 16 millones de lempiras y después del segundo informe de ese organismo de transparencia la empresa canceló la negociación y devolvió 20.3 millones correspondientes al 40% que le habían pagado por anticipado.
“En el encierro hemos sido víctimas de la corrupción”, dijo Castellanos, detallando que esa devolución de dinero ocurrió tres días después de que INVEST-H adquiriera casi la misma cantidad de mascarillas N-95 de la Ferretería Germar, con órdenes de compra y sobrevaloraciones casi idénticas a las canceladas por el grupo GyT.
Al presentar el onceavo informe el, Castellanos reveló, movimientos societarios de GyT, del que fue tesorera la diputada nacionalista Walezka Zelaya y del que, hasta finales de abril pasado, seguía siendo presidente, su esposo, Juan José Lagos. “También llama la atención que el representante en Honduras de la compañía Baudin Overseas Corp además ejerce como abogado defensor de Marco Bogràn, director de INVEST-H al momento de la compra sobrevalorada” cuestionó la directora del CNA.
El informe detalla que el 29 de abril GyT le notificó a INVEST-H la cancelación del contrato. Sin embargo, fue hasta el 25 de mayo cuando regresó los 20.3 millones de lempiras recibidos en concepto de anticipo, un hecho que según el CNA evidencia la falta de capacidad financiera y logística de esa empresa.
Asimismo, el informe establece GyT devolvió el dinero a través de un intermediario, después de tres días de haberse ejecutado el pago de 469,000 lempiras a la Ferretería Germar, contrato que también representa una supuesta sobrevaloración del 41 %. “Es decir, 16 millones de lempiras en comparación a los precios de compra registrados a través del fideicomiso de la Sesal durante el mes de mayo” asegura.
Un desmarque del esposo
De acuerdo con el informe, GyT se encuentra registrado en el Registro Mercantil de Francisco Morazán con la matrícula, 2524465, desde el 9 de febrero de 2012, siendo socios fundadores, Juan José Lagos Ramos, esposo de la diputada Waleska Zelaya y Sonia Gricelda Romero Zepeda, madre de Juan José Lagos. Amplia, que en el Consejo de Administración se nombró a la actual diputada, Waleska Zelaya, como tesorera.
La sociedad fue fundada con la finalidad, el desarrollo, integración de soluciones tecnológicas y de seguridad para todas las industrias, desarrollo e implementación del software, comercialización de equipo de seguridad para viviendas, insumos criminalísticos forenses, puertos, aeropuertos, comercios, aduanas, telecomunicaciones, así como consultorías, administración y manejo de proyectos y representaciones.
Esos rubros fueron ampliados el 9 de julio de 2013, incorporando el transporte público, privado y de carga en general, servicios de grúa y otros afines. El 25 de enero de 2018, incluyeron el alquiler de vehículos y equipo de seguridad.
De acuerdo con lo anterior, la empresa no ha definido dedicarse a la venta de equipo de bioseguridad y otros materiales relacionados con la salud, “situación que aporta al descubrimiento de que el proceso de compra, adjudicado por INVEST-H al Grupo GyT, no se trataba más que de un aparente negocio fraudulento —venta con sobreprecio— a costa de las finanzas del Estado de Honduras”, relata el informe.
Asimismo, detalla que de acuerdo con la escritura pública número 14, del 4 de diciembre de 2019, por el notario, Marco Tulio Castro Canales, los socios de GyT, vendieron sus acciones a la empresa Baudin Overseas Corp y al señor, Héctor Holderin Banegas Velásquez, acción que registraron en la Cámara de Comercio, siete meses después, el 24 de julio de 2020.
“Conviene subrayar que, hasta el 12 de agosto, dicha escritura no había sido incorporada al protocolo del profesional en mención, dentro del Registro de la Contraloría del Notariado”, indica el estudio del CNA. Añade, que la escritura es supuestamente del 4 de diciembre de 2019, pero que el papel notarial es del periodo 2020-2023 y el timbre y sello está fechado el 5 de febrero de 2020, una situación que deja en cuestionamiento la fiabilidad del acto.
Según el informe, la transacción ocurrió a pocos días de que Juan José Lagos Romero y la diputada, Waleska Zelaya comparecieran a declarar ante el Ministerio Público por la venta sobrevalorada de mascarillas.
También, según el informe, el CNA comprobó, que la empresa Baudin Overseas Corp, está registrada con matrícula, 2570953 del registro mercantil y el Registro Tributario Nacional, 08019018075819. Su representante legal es Marco Tulio Castro Canales, el mismo abogado que defiende al ex director de INVEST-H, Marco Bográn. Además, sostiene, que Castro Canales, autorizó la supuesta compra de acciones de GyT en favor de la sociedad panameña.
El CNA asegura haber logrado determinar que los cambios societarios del Grupo GyT, fue una aparente desmarcación por parte del esposo de la diputada, Waleska Zelaya, para que dicha empresa vendiera al Estado, por lo que recomienda a los entes persecutores del delito ejecutar un análisis profundo en los estados contables y declaraciones fiscales de las empresas involucradas. Además exhorta inspeccionar el protocolo del notario que registró la venta de acciones.
Nunca debieron comprar hospitales móviles, señala ex viceministro de salud
- 22/09/2020
El ex viceministro de Salud, José Manuel Matheu, señala que nunca debió haberse comprado ningún hospital móvil, puesto que es un dinero desperdiciado, y considera que la compra de las cinco unidades médicas de atención, que aún no llegan al país, tuvo que cancelarse.
Entre finales de marzo y principios de abril, Invest-H compró de contado a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, 7 hospitales móviles a un costo de casi 48 millones de dólares (más de mil 100 millones de lempiras), sin embargo, solo dos de ellos han llegado al país con equipo viejo, vencido y poco útil para atender a personas con el virus ha denunciado el Colegio Médico y el Consejo Nacional Anticorrupción.
En entrevista a Radio Progreso el ex viceministro lamentó que a diario esté muriendo gente por falta de atención médica, mientras unos pocos han engordado sus bolsillos con el dinero que se destinó para atender la emergencia por la pandemia del Covid-19.
En cuanto al costo de los siete hospitales móviles, el doctor Matheu indica que, durante su gestión como viceministro de salud, con una inversión de 29.5 millones de dólares, se construyó un hospital en Tela, Atlántida, y otro en Danlí, El Paraíso, totalmente equipados, de 125 y 100 camas.
Por Karen Janeth Duarte
La salud según la OMS “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”[1]. Lograr ese estado de salud requiere considerar tanto factores individuales como colectivos y desde los Estados dictar políticas públicas e invertir recursos orientados a promover el acceso a la salud como derecho humano fundamental.
Las medidas que se tomen a nivel político son determinantes para el acceso a la salud de una población. Esta situación desnuda a Honduras ante una pandemia como la del COVID-19 que no se le puede hacer frente adecuadamente debido a “la larga historia de corrupción que se ha observado en los organismos de salud del gobierno[2]”.
¿Qué decisiones políticas han tomado algunos países que influyen en un mejor manejo de la pandemia. Quizás su respuesta se refleja en las acciones ejecutadas por visiones de país que apuntan a mejorar los servicios y el acceso al sistema de salud pública, y con ello mejorar también las condiciones de vida y reducir la situación de pobreza de la población.
“La causalidad entre la salud y la pobreza es bidireccional, creando círculos viciosos en los que se tendrán mayores tasas de mortalidad a mayor pobreza”[1]
Reducir las condiciones de pobreza y subdesarrollo que se vive en Honduras demanda una mayor inversión en salud, ya que, según la OMS, el desarrollo económico exige contar con una población más saludable.[1]
A juzgar por las últimas decisiones políticas en el país, mejorar la salud de la población no ha sido la prioridad ni la visión de este gobierno (tampoco de los anteriores). En cambio, se apuesta a otros rubros que no tienen relación directa con reducir la pobreza.
Honduras durante el periodo del ex presidente Manuel Zelaya incrementó de 1,428 a 2,963 millones de lempiras su gasto en las Fuerzas Armadas. La misma tendencia continúa para cada período gubernamental desde entonces[2]. Para el 2019, el presidente Juan Orlando Hernández incrementó en un 39.7% el presupuesto para defensa, destinado en gran parte al gasto de las Fuerzas Armadas[3], además de hacer una reducción en el presupuesto de salud.
¿Por qué se prioriza el gasto militar antes que la inversión en salud? La pregunta es relevante si consideramos que en la actual coyuntura no existe, ni se aprecia en el horizonte lejano, el riesgo de un inminente conflicto entre países de la región centroamericana y si consideramos, además, la existencia de instancias internacionales que podrían ayudar a mitigar un conflicto entre países sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. ¿O quizás la fuerza militar es en verdad un instrumento para asegurar la permanencia de un gobierno en el poder?
En el país, desde la acción política se ha venido desvalorizando la inversión en salud, a pesar de ser uno de los dos pilares claves para mejorar el desarrollo y el bienestar general.
¿Por qué las decisiones políticas no han buscado la mejora de la salud de una población y al mismo tiempo reducir la impunidad de esa historia de corrupción en el sector de salud, donde un solo acto de corrupción en el IHSS [4] provocó la muerte de más de 3,000 personas por medicamentos adulterados?[5]
La pandemia nos desnuda el legado de un frágil y corrupto sistema de salud pública, mientras las funcionarias y funcionarios públicos vinculados al mayor desfalco en el IHSS siguen en libertad y somos incapaces de poder hacer justicia ante las vidas que se perdieron y se pierden, a pesar de que el Presidente Juan Orlando Hernández reconoció el acto de corrupción y haber recibido (de lo que se pudo evidenciar) fondos para su campaña política.[6]
¿En qué condiciones habrían recibido la pandemia los hospitales, si no se hubiesen cometido los actos de corrupción en el IHSS y otros centros hospitalarios a nivel nacional que durante los últimos 20 años de corrupción en el sector salud asciende a 700 mil millones de lempiras?[7] Según denuncia el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),[8] contamos con una red de corrupción en contra de las instituciones públicas, pero sobre todo en perjuicio del bienestar de la población nacional.
La política de salud evidencia la incapacidad de responder a una pandemia, ya que la salud pública no ha sido la prioridad. En cambio, la pandemia es una oportunidad para seguir el juego. Según el CNA,[9] las compras en estado de emergencia continúan su práctica de irregularidad y corrupción. Hasta la fecha se registran 1,061 muertes por COVID-19, sin contar el subregistro que se estima puede ser en promedio del 60%[10]. Mientras, el personal de salud sigue demandando desde el inicio de la pandemia los insumos y equipos para su protección y atención a la población, y siguen ausentes las medidas para promover la salud mental de la población, a pesar de ser el país centroamericano con el segundo mayor presupuesto para la actual pandemia y segundo en muertes por el virus. ¿Simple coincidencia?
¿Cómo esperar un adecuado y sensato manejo durante la pandemia cuando las últimos dos décadas han demostrado que la salud pública es una fuente de enriquecimiento ilícito que sigue impune a pesar de que se ha demostrado las vidas que se pierden y precarizan por la corrupción, mientras las hondureñas y hondureños seguimos en estado letárgico que se agudiza con la pandemia?
Necesitamos repensar que las decisiones políticas sí afectan la salud pública tanto a nivel individual y como social. En un país con casi un 70% de la población en pobreza, no se podrá mejorar los indicadores socioeconómicos si no se reduce la corrupción y se mejora el acceso a una salud de calidad y con dignidad humana. Como enuncia la OMS, la carencia de salud es la pobreza en sí misma[11].
[1] https://apps.who.int/iris/
[2] http://www.derechos.org/
[3] https://www.laprensa.hn/
[4] https://www.laprensa.hn/
[5] https://www.reforma.com/
[6] https://www.bbc.com/mundo/
[7] https://proceso.hn/nacionales/
[8] https://www.cna.hn/2018/04/12/
[9] https://www.cna.hn/2020/07/20/
[10] https://www.latinamerica.undp.
[11] https://apps.who.int/iris/
Trump no garantiza una transición de poder pacífica si pierde en noviembre
El presidente lleva meses cuestionando el sistema electoral y la democracia de su país, y se ha dedicado a instalar noticias falsas y dudas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó comprometerse a propiciar un traspaso pacífico del poder si pierde en noviembre contra el candidato demócrata, Joe Biden, lo que provocó reacciones e indignación por parte de la oposición, de los votantes, e incluso dentro de su propio partido.
Un periodista le preguntó este jueves 24 de setiembre si se comprometía a garantizar una transición pacífica si pierde. «Tendría que ver qué pasa en ese momento», respondió de forma esquiva.
Biden reaccionó de inmediato a los comentarios del magnate inmobiliario devenido en presidente, quien lleva más de un año reforzando las dudas en la democracia y la institucionalidad estadounidenses. «¿En qué país vivimos? Es una broma. Quiero decir, ¿en qué país estamos? Dice las cosas más irracionales, no sé qué decir», declaró el candidato demócrata.
El senador republicano Mitt Romney, otrora cercano al gobierno pero ahora un férreo crítico de la administración Trump, también salió al paso. «La transferencia pacífica del poder es fundamental para nuestra democracia; sin ella seremos como Bielorrusia. Cualquier sugerencia de un presidente de que puede evadir esta garantía constitucional es impensable e inaceptable», afirmó en Twitter.
Instalando la duda
Donald Trump aparece segundo en las encuestas frente a Biden, y se ha dedicado a propagar dudas, noticias falsas y cuestionamientos al sistema electoral estadounidense.
El último chivo expiatorio de su campaña es la votación por correo, un sistema que se espera sea muy utilizado en las elecciones de noviembre debido a la pandemia del COVID-19. Trump ha incluso invitado a los votantes a anular sus votos epistolares. «Desháganse de esas papeletas y todo será muy pacífico. No habrá transferencia del poder, realmente, será una continuación», dijo.
Abucheado en la cara
El presidente decidió apersonarse en las honras fúnebres de la fallecida magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, y se encontró de frente con una dura realidad a la cual no le gusta enfrentarse.
El jueves, a dos días de designar a la persona que ha de ocupar el escaño vacío en el tribunal, el presidente decidió pasar por el velatorio junto con la primera dama, Melania Trump. Cientos de manifestantes empezaron a abuchearlo con vehemencia y corearon: «¡Votemos para echarlo!».
«¡Honra el deseo de ella!», gritaban otros, en alusión a la última voluntad de Bader Ginsburg de que la persona que llene su vacante sea designada por el presidente que salga de las elecciones del 3 de noviembre. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ocupan puestos vitalicios, y una vez que son designados solamente son removidos de su cargo por fallecimiento o retiro.
La sentencia sobre la extradición de Assange a EE.UU. se dictará el 4 de enero
Assange fue arrestado por la Policía Metropolitana del Reino Unido en abril de 2019. Foto: AFP/Archivo
La jueza británica Judge Vanessa Baraitser ha anunciado este jueves que daría su decisión el 4 de enero de 2021 sobre si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debería ser extraditado a Estados Unidos.
Durante las audiencias previas, los abogados del activista han argumentado que los cargos tienen motivaciones políticas, que su salud mental está en riesgo, que las condiciones en las cárceles estadounidenses violan las leyes de derechos humanos de Reino Unido, y que él y sus abogados fueron espiados mientras estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Mientras tanto, el equipo legal que representa a Estados Unidos ha respondido que muchos de esos argumentos son cuestiones que deben abordarse en un juicio y no tienen relación con la extradición.
Assange fue arrestado por la Policía Metropolitana del Reino Unido en abril de 2019, luego de que Ecuador le retirara el asilo antes concedido. El periodista se encuentra desde entonces encarcelado y actualmente lucha contra la extradición a EE.UU., donde enfrenta más de 17 cargos bajo la Ley de Espionaje por publicar materiales secretos e información clasificada.
Durante una audiencia de este martes, dos testigos anónimos revelaron planes para envenenar o secuestrar al activista cuando estaba asilado en la embajada ecuatoriana, que habrían sido orquestados por agentes de la inteligencia de EE.UU. y una empresa de seguridad privada que espió extensamente al cofundador de WikiLeaks.
(Tomado de RT en Español)
