JOH FUE CUSTODIO DE “NARCOLABORATORIO” SEGÚN INTELIGENCIA DE EE.UU.
- Publicado: 06 Marzo 2020
El
portal informativo de actividades criminales, InSight Crime, ha
publicado un artículo donde asegura, con datos de investigadores
estadounidenses, que el gobernante Juan Hernández dio protección a un
“narcolaboratorio”.
Lo
anterior trascendió luego de la captura de Geovanny Figueroa, supuesto
capo vinculado al caso de “Tony” Hernández y, por el interés de la
información, EL LIBERTADOR reproduce íntegramente el artículo de InSight
Crime.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que un narcotraficante
recientemente detenido contaba con la protección del presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, y de su hermano, Antonio “Tony”
Hernández, para procesar entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes, un
nuevo indicio de los nexos entre narcotráfico y política en el país
centroamericano.
Las
autoridades estadounidenses arrestaron al traficante Geovanny Daniel
Fuentes Ramírez en el aeropuerto internacional de Miami, Florida, el 1
de marzo, acusado de delitos relacionados con drogas y armas, como
anunció el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del 3 de
marzo.
Los
fiscales alegan que, a partir de 2009, Fuentes Ramírez comenzó a operar
un laboratorio de cocaína en la ciudad costera de Omoa, en el
departamento de Cortés, ubicado en la costa caribe al noroeste de
Honduras. El laboratorio podía producir entre 300 y 500 kilos de cocaína
al mes, según lo señala la denuncia criminal.
La
ubicación de Omoa es muy estratégica, dado que se encuentra muy cerca
de Puerto Cortés, uno de los puertos comerciales más grandes de
Honduras. También se encuentra cerca de Puerto Barrios, otro gran puerto
situado justo en la costa oeste, en el vecino Guatemala. Ambas ciudades
forman parte de una importante ruta de la cocaína en el corredor
centroamericano.
Las
autoridades señalan que, con el fin de garantizar la protección y el
paso seguro de los cargamentos de drogas, Fuentes Ramírez supuestamente
sobornó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, así como a
políticos de alto rango y miembros del Congreso. También se cree que
rendía cuentas directamente al hermano del presidente Juan Orlando
Hernández, el excongresista Tony Hernández, quien fue declarado culpable
de narcotráfico en Estados Unidos en octubre de 2019.
Según
un funcionario de inteligencia militar hondureño que habló con InSight
Crime bajo condición de anonimato, Fuentes Ramírez y Tony Hernández
fueron socios en el narcotráfico desde por lo menos 2012. InSight Crime
consultó a un jefe de policía retirado que se dedicó a investigar el
narcotráfico en Honduras en la primera mitad de la década, quien dijo
que Fuentes Ramírez también tenía relaciones con varios políticos y
funcionarios hondureños.
Además
del laboratorio de drogas, dicen las autoridades, Fuentes Ramírez
también utilizaba una pista de aterrizaje clandestina en el departamento
de Cortés para recibir y transportar cargamentos de cocaína colombiana,
así como para sacar los cargamentos de drogas fabricados dentro del
propio laboratorio.
Por
su parte, el presidente Hernández se refirió a las acusaciones que lo
vinculaban a Fuentes Ramírez como “100 por ciento falsas”, y agregó en
una publicación en Twitter que tales afirmaciones estaban basadas “en
mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus
condenas”.
Análisis InSight Crime
La
más reciente denuncia criminal de Estados Unidos sugiere que los
poderes políticos de Honduras no solo se hicieron los de la vista gorda
para facilitar el tráfico de cocaína colombiana a través del país y en
dirección a Estados Unidos, sino que además ayudaron a ocultar la
producción nacional de drogas durante más de una década.
De hecho, los niveles de corrupción parecen haber llegado a lo más alto de la familia Hernández y al propio presidente.
Alrededor
de 2013, Fuentes Ramírez presuntamente le pagó US$25.000 a un
“funcionario hondureño de alto rango” identificado como “CC-4”
—presuntamente el presidente Hernández, aunque no es nombrado
directamente en la acusación— con el fin de asegurar la protección del
laboratorio de cocaína en Omoa, como se lee en la demanda criminal. CC-4
estaba supuestamente interesado en el laboratorio de drogas debido a su
“proximidad a un importante puerto marítimo comercial”, como apuntan
los funcionarios estadounidenses.
A
cambio, dicen las autoridades, CC-4 acordó utilizar las fuerzas armadas
de Honduras para garantizar la seguridad de las actividades de
narcotráfico de Fuentes Ramírez. Sin embargo, CC-4 le dijo a Fuentes
Ramírez que tendría que rendirle cuentas directamente a su hermano,
Tony, quien estaba “administrando las actividades de narcotráfico en
Honduras”, agregan los fiscales.
No
es la primera vez que el nombre del presidente Hernández aparece en las
investigaciones de narcotráfico de Estados Unidos. Como parte de la
investigación sobre la conspiración del hermano del presidente para
traficar drogas, las autoridades estadounidenses alegaron que el
presidente Hernández, nuevamente identificado como CC-4, se reunió con
el exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexander Ardón Soriano, alrededor
de 2008, para discutir el acuerdo de narcotráfico al que había llegado
con Tony.
Después
de que el entonces presidente Porfirio Lobo ganara las elecciones de
2009, Ardón y Hernández supuestamente se reunieron una vez más, según
los fiscales, para discutir sobornos que debían ser pagados a otros
congresistas con el fin de allanar el camino para la elección de
Hernández como presidente del órgano legislativo, lo que más tarde lo
llevaría a la presidencia.
Durante
el juicio a Tony, la parte acusadora también alegó que el presidente
Hernández recibió millones de dólares en sobornos para financiar su
exitosa campaña presidencial de 2013, dineros que procedían, entre
otros, del excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El
Chapo”, quien ahora se encuentra en prisión. El presidente de Honduras
ha negado rotundamente tales acusaciones.
Como
jefe de Estado, el presidente Hernández goza actualmente de inmunidad
frente a un enjuiciamiento de Estados Unidos. Sin embargo, como indica
la reciente denuncia criminal, cuando abandone el cargo en 2022, las
autoridades de Estados Unidos podrían iniciar un proceso criminal en su
contra.
Fiscal de EE.UU. señala al presidente de Honduras de recibir un soborno de 25.000 dólares de un narcotraficante
Publicado:
4 mar 2020 20:40 GMT - RT
El mandatario ha afirmado que es un "venganza" de los
narcotraficantes, y que la denuncia forma parte de una conspiración
entre la oposición y bandas criminales.
Un
fiscal de Nueva York y un agente especial de la Administración para el
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) han señalado al
presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, de haber aceptado un
soborno de un narcotraficante para ser protegido.
Ambas autoridades, pertenecientes a la Oficina Federal para el Distrito Sur de Nueva York, han afirmado que el narcotraficante hondureño Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, quien fue detenido el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, sobornó a "un funcionario hondureño de alto rango" conocido como "CC-4", a quien relacionan con el actual mandatario.
Según el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, Fuentes Ramírez sobornó a la Policía y a "un político hondureño de alto rango", hermano de Tony Hernández, excongresista hondureño que será condenado por tráfico de drogas el 15 de abril en EE.UU.
Según la información que maneja la Justicia estadounidense, en 2013, aproximadamente, Fuentes Ramírez pagó por lo menos 25.000 dólares a un funcionario hondureño de alto rango, al que se hace referencia en la denuncia como "CC-4", a cambio de que se le protegiera de la acción de los cuerpos de seguridad. Aunque no se menciona el nombre del actual mandatario, en otro documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se afirma que se trata del presidente centroamericano.
Desde el Ejecutivo sostienen que los señalamientos forman parte de una "conspiración para socavar al Gobierno" donde participarían narcotraficantes, miembros de la oposición y grupos internacionales de crimen organizado. Esta acusación es atribuida a un supuesto "deseo de venganza" de 23 narcotraficantes que son prófugos de la Justicia hondureña, que han sido extraditados o que se han entregado a EE.UU.
Un cultivo de cocaína y un laboratorio de drogas en Colón, Honduras, el 3 de marzo de 2020.Honduras Police DepartmentEntre las
cifras que se presentan en el comunicado, como parte de "los hechos
tangibles" y "acciones reales del Gobierno" en la lucha contra el
narcotráfico, se encuentran "más de 6.000 personas" detenidas por este
delito, 500 bandas desarticuladas, 19.000 kilos de cocaína decomisados y
19 laboratorios de droga desmantelados, por citar algunas.
En el texto se cita, además, un informe del Comando Sur que respalda al mandatario hondureño, que arrojó que en 2019, solo 2 % de la droga que llegó a EE.UU. transitó por Honduras, mientras que antes de que se iniciara la gestión de Hernández, en 2014, la cifra correspondía a 70 %.
Este no es el primer escándalo de este tipo en el que se ve envuelto al presidente hondureño, pues un fiscal estadounidense lo acusó de recibir millonarios sobornos de narcotraficantes, incluyendo coimas de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo'. En esa oportunidad también negó su vinculación con el caso.
Ambas autoridades, pertenecientes a la Oficina Federal para el Distrito Sur de Nueva York, han afirmado que el narcotraficante hondureño Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, quien fue detenido el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, sobornó a "un funcionario hondureño de alto rango" conocido como "CC-4", a quien relacionan con el actual mandatario.
Según el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, Fuentes Ramírez sobornó a la Policía y a "un político hondureño de alto rango", hermano de Tony Hernández, excongresista hondureño que será condenado por tráfico de drogas el 15 de abril en EE.UU.
¿Qué alega la corte?
En el documento difundido por la Corte de Nueva York, se expresa que, entre 2004 y 2020, organizaciones de narcotraficantes en Honduras trabajaron con el apoyo de políticos hondureños y funcionarios de seguridad para recibir cocaína enviada al país centroamericano a través de rutas aéreas y marítimas, con destino final a EE.UU.Según la información que maneja la Justicia estadounidense, en 2013, aproximadamente, Fuentes Ramírez pagó por lo menos 25.000 dólares a un funcionario hondureño de alto rango, al que se hace referencia en la denuncia como "CC-4", a cambio de que se le protegiera de la acción de los cuerpos de seguridad. Aunque no se menciona el nombre del actual mandatario, en otro documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se afirma que se trata del presidente centroamericano.
La respuesta del Gobierno
La Presidencia hondureña emitió un comunicado donde se afirma que los "narcotraficantes acuden a la misma táctica de desacreditar al único Gobierno que los ha enfrentado con valentía", y aseguran que se ha creado "una historia falsa sin sustento", basada en "declaraciones de delincuentes, sin pruebas y sin respaldo".Desde el Ejecutivo sostienen que los señalamientos forman parte de una "conspiración para socavar al Gobierno" donde participarían narcotraficantes, miembros de la oposición y grupos internacionales de crimen organizado. Esta acusación es atribuida a un supuesto "deseo de venganza" de 23 narcotraficantes que son prófugos de la Justicia hondureña, que han sido extraditados o que se han entregado a EE.UU.
En el texto se cita, además, un informe del Comando Sur que respalda al mandatario hondureño, que arrojó que en 2019, solo 2 % de la droga que llegó a EE.UU. transitó por Honduras, mientras que antes de que se iniciara la gestión de Hernández, en 2014, la cifra correspondía a 70 %.
Este no es el primer escándalo de este tipo en el que se ve envuelto al presidente hondureño, pues un fiscal estadounidense lo acusó de recibir millonarios sobornos de narcotraficantes, incluyendo coimas de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo'. En esa oportunidad también negó su vinculación con el caso.
¡URGENTE! PRESO “NARCO CLAVE” QUE HABRÍA PAGADO A JOH POR INMUNIDAD
- Publicado: 03 Marzo 2020
El
Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó la captura de Geovanny
Ramírez, a quien señalan por tres delitos de narcotráfico y, según la
investigación, pagó 25 mil dólares “a un funcionario hondureño de alto
rango al que se hace referencia en la Demanda como ‘CC-4’, a cambio de
protección”.
El
año pasado, en el marco del juicio de Antonio Hernández, trascendió que
el mote “CC-4” identificaba al actual gobernante Juan Hernández y, en
esta investigación, se ha calificado a Ramírez como “jugador clave” en
la alianza del crimen organizado con funcionarios hondureños.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha confirmado este
martes la captura de Geovanny Daniel Fuentes, a quien señalan por tres
delitos relacionados al tráfico de drogas y es calificado como un
“narcotraficante prolífico, poderoso y asesino”. Además, un comunicado
revela que el acusado habría pagado en 2013 la cantidad de 25 mil
dólares “a un funcionario hondureño de alto rango al que se hace
referencia en la Demanda como ‘CC-4’, a cambio de protección”.
Lo
anterior fue confirmado por el fiscal para el Distrito Sur de New York,
Geoffrey S. Berman y la agente especial de la DEA, Wendy Woolcock,
quienes afirman que Ramírez “allanó el camino para el envío sin trabas
de cargas de cocaína de varias toneladas sobornando a la Policía y a un
político hondureño de alto rango, e informando directamente a Tony
Hernández”.
El
documento califica que Ramírez es un “jugador clave en la impía alianza
de funcionarios hondureños y narcotraficantes”, y que ahora estando
bajo su custodia, lo que presume que vendrán más señalamientos a la
actual cúpula del gobernante en Honduras.
“La
DEA continuará persiguiendo agresivamente y presentando ante la
justicia a quienes participaron en estas actividades, amenazaron el
estado de derecho y operaron con total desprecio por la vida humana por
su ganancia financiera”, apuntó la agente Woolcock.
Según
el comunicado, en o alrededor de 2013, Ramírez habría desembolsado los
25 mil dólares para tener protección contra futuras intervenciones de
las fuerzas del orden público.
“Alrededor
del momento del soborno, durante una serie de reuniones entre FUENTES
RAMIREZ, CC-4 y otros, CC-4 expresó su interés en el acceso al
laboratorio de cocaína de FUENTES RAMIREZ debido a su proximidad a un
importante puerto comercial de embarque, acordó facilitar la uso del
personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para las
actividades de narcotráfico de FUENTES RAMIREZ e instruyó a FUENTES
RAMIREZ para que se informe directamente a Juan Antonio Hernández
Alvarado sobre las actividades de narcotráfico posteriores”, apunta el
documento.
Hace
unos instantes, el Twitter oficial de Casa Presidencial ha comentado
que la versión dada por la justicia estadounidense es “100% falso y
parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan
venganza o para reducir sus condenas”.
Lea aquí el comunicado íntegro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Publicado el 5 Marzo, 2020
En el programa Conclusiones, el periodista Fernando del Rincón ha planteado la gran pregunta: ¿Porqué no se le investiga a Juan Orlando Hernandez en Honduras?
«Si el río suena es porque piedras trae», dijo del Rincón.
«El tema es, como que todo está muy cercano a Juan Orlando Hernandez, que ni siquiera da la cara para decirle algo a los hondureños», expresó el periodista con su peculiar estilo.
«¿Pero porqué no lo investigan entonces, si no hay nada que ocultar?, Se preguntó.
«Que difícil y que triste, ¿no es un tema de interés nacional, me pregunto yo?…., no, es un tema de interés internacional», continuó.
«Que un presidente pueda estar vinculado con el narcotráfico, que su hermano esté en la carcel por narcotráfico, que lo mencione un narcotraficante detenido…y en Honduras no pasa nada», sentenció el presentador.
Del Rincón invitó al abogado hondureño Raul Pineda Alvarado para hablar sobre este tema:
«La pregunta directa y concreta ¿Porqué no se le investiga a Juan Orlando Hernandez cuando las cosas están tan cercanas con vínculos al narcotráfico, tan cercanas como su hermano «Tony» Hernandez encontrado culpable y preso en EE.UU., mencionado ahora también por Geovanny Fuentes, citado en los documentos de la Corte, ¿qué hace falta para que se le investigue?, preguntó del Rincón.
A lo que Alvarado respondió que «desde hace 16 años en Honduras no existe la inmunidad de ningún tipo, es decir, el presidente puede ser investigado y enjuiciado como cualquier ciudadano…lamentablemente, si usted tiene una institucionalidad coptada, débil o temerosa, este fenómeno no se va a dar….no ha habido una respuesta por parte de la institucionalidad que al menos satisfaga esa necesidad social de que se haga una investigación imparcial»
Tarde o temprano, justicia norteamericana tocará la puerta de JOH
- 05/03/2020
El diputado David Reyes se quejó que la ciudadanía no reaccione ante vinculación de JOH con el crimen organizado.
“Ya son demasiados testimonios de narcos que se vinculan con la
familia Hernández, tanto con Tony como con Juan Orlando. Sin duda que
esto nos pone en vergüenza a nivel internacional, nos pone en vergüenza
como país, como ciudadanos pero también me da vergüenza que no reaccione
la ciudadanía”, manifestó en Radio Progreso el diputado del Partido
Innovación y Unidad, Pinu, David Reyes.
El pasado 1 de marzo de 2020, la justicia norteamericana capturó en el aeropuerto de Miami a Geovany Daniel Fuentes Ramírez, supuesto narcotraficante socio de Juan Orlando Hernández y Juan Antonio Hernández.
En la acusación, la fiscalía estadounidense afirma que en 2013, Geovany Daniel Fuentes Ramírez pagó al menos 25 mil dólares a un funcionario hondureño de alto rango al que se hace referencia en la demanda como «CC-4», a cambio de protección contra futuras intervenciones de las fuerzas del orden público dirigidas a Fuentes y sus actividades de tráfico de drogas.
“Aunque los medios lo mencionan como una noticias superficial, éste debe ser un tema de prioridad nacional y que todos nos debemos interesar. Todos los medios del mundo se han referido a que Juan Orlando Hernández es narcotraficante y que están siendo investigado por la DEA”, manifestó el diputado Reyes.
El pasado 1 de marzo de 2020, la justicia norteamericana capturó en el aeropuerto de Miami a Geovany Daniel Fuentes Ramírez, supuesto narcotraficante socio de Juan Orlando Hernández y Juan Antonio Hernández.
En la acusación, la fiscalía estadounidense afirma que en 2013, Geovany Daniel Fuentes Ramírez pagó al menos 25 mil dólares a un funcionario hondureño de alto rango al que se hace referencia en la demanda como «CC-4», a cambio de protección contra futuras intervenciones de las fuerzas del orden público dirigidas a Fuentes y sus actividades de tráfico de drogas.
“Aunque los medios lo mencionan como una noticias superficial, éste debe ser un tema de prioridad nacional y que todos nos debemos interesar. Todos los medios del mundo se han referido a que Juan Orlando Hernández es narcotraficante y que están siendo investigado por la DEA”, manifestó el diputado Reyes.
La diputada y periodista Patricia Murillo cuestionó el papel que están jugando los medios de comunicación.
De la mano de las acusaciones, el oficialismo ha recibido la
complicidad de los medios de comunicación corporativos, quienes han
tocado con cautela el tema y han servido de plataforma de divulgación
sólo a las aclaraciones de Casa Presidencial.
La diputada y catedrática universitaria en periodismo, Patricia Murillo, asegura que el periodismo dejó su función original de informar con la verdad y se ha convertido en una palestra de relaciones públicas.
“Parece que olvidáramos la función investigativa de hechos de interés público que tiene el periodismo y nos orientamos a un mal entendido ejercicio de relaciones públicas porque ni aún en las relaciones públicas sanas y normales, que es cuando la institución, el Estado le rinde cuentas soberano y le dice la verdad cometiendo errores, aun así no podemos ocultar las cosas mucho menos en periodismo”, manifestó Murillo.
Pero aseguró que la verdad prevalece manifestando que entre cielo y tierra no hay nada oculto. “Y los medios internacionales le permiten ahora a los hondureños, con el uso de las tecnologías digitales, acceder a la verdad que aquí se le oculta”, dijo Patricia Murillo.
La diputada y catedrática universitaria en periodismo, Patricia Murillo, asegura que el periodismo dejó su función original de informar con la verdad y se ha convertido en una palestra de relaciones públicas.
“Parece que olvidáramos la función investigativa de hechos de interés público que tiene el periodismo y nos orientamos a un mal entendido ejercicio de relaciones públicas porque ni aún en las relaciones públicas sanas y normales, que es cuando la institución, el Estado le rinde cuentas soberano y le dice la verdad cometiendo errores, aun así no podemos ocultar las cosas mucho menos en periodismo”, manifestó Murillo.
Pero aseguró que la verdad prevalece manifestando que entre cielo y tierra no hay nada oculto. “Y los medios internacionales le permiten ahora a los hondureños, con el uso de las tecnologías digitales, acceder a la verdad que aquí se le oculta”, dijo Patricia Murillo.
Analistas afirman: 60 fuerzas militares y policiales incapaces de frenar ola de violencia en Honduras
febrero 2, 2020
Redacción
En una década, el gobierno destinó más de 150 mil millones de lempiras para gastos de defensa y seguridad, sin embargo, el país sigue figurando entre los más violentos del mundo.Por: René Novoa
Tegucigalpa. Tras asumir el poder, el Partido Nacional militarizó el país. El argumento: combatir la criminalidad. Pero después de 10 años la realidad indica que la medida es “insuficiente e ineficaz”, de acuerdo con el director ejecutivo de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruelas.
“El gobierno ha insistido, insiste y nos quiere convencer que la violencia se ha reducido, y para ello lleva 10 años manipulando cifras a través de la Secretaría de Seguridad”, sostuvo Ruelas.
En ese período han asumido la Presidencia de la República, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y en dos ocasiones Juan Orlando Hernández pese a que la Constitución de la República prohíbe la reelección (2014-2018 y 2018-2022). Cabe recordar que en la administración Lobo Sosa, Hernández fungió como titular del Congreso Nacional y ambos aprobaron en 2012 la Tasa de Seguridad Poblacional.
Violencia a la alza
Así, en una década han destinado más de 133,280 millones de lempiras al Despacho de Defensa y Seguridad, de acuerdo con cifras de la Biblioteca Virtual del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Si a lo anterior se suman los 17,253 millones que la Tasa de Seguridad ha recaudado desde su creación hasta diciembre de 2019, lo que en total superas los 150,500 millones de lempiras para la defensa y seguridad del país. Sin embargo, esa supuesta inversión no pudo evitar que la violencia y criminalidad que azotan el país, cobrasen la vida de 55,212 hondureños en 10 años como registra el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La fuerte disminución de los homicidios en los vecinos El Salvador y Guatemala ubica una vez más a Honduras como el país más inseguro de la región centroamericana [estas tres naciones conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica]; lo que pone en duda la política de seguridad de Hernández, quien en noviembre pasado firmó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que se establece a Honduras como un “tercer país seguro”.
Por otro lado, desde 2014 Hernández ha lanzado más de 10 mil militares a las calles para apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Para Ruelas, “la militarización de la seguridad resulta sumamente cara, ineficiente e ineficaz y es la población, que con sus escasos recursos incluso con su vida, paga los costos de esa fracasada estrategia”.
El director de Casa Alianza hizo un llamado al mandatario a “dar y hacer un uso más responsable de datos y estadísticas, para orientar mejor las decisiones en seguridad y abrir oportunidades para la educación, la protección y la salud integral de la niñez y la juventud hondureña”.
Cifras maquilladas
Cifras del Observatorio de la Violencia sostiene que la tasa de homicidios se redujo en 34.5 puntos durante el período analizado, esto porque en 2010 la tasa fue de 77.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que 2019 cerró en 43. El promedio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 10 por cada 100 mil habitantes.
Al respecto, el coordinador de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, calificó esto como una manipulación de la información. “El presidente de manera atrevida dice la tasa de homicidios se redujo en 34 puntos, ¡esto puede ser objeto de estudio en el mundo!, ¿cómo un país tan empobrecido y violento como Honduras puede reducir de manera tan rápida una enorme cantidad de puntos?”, ironizó.
Asimismo, considera que el presupuesto destinado a las dependencias de Defensa y Seguridad, gran parte de ese dinero ha sido para suplir de armamento bélico al Ejército.
Según Sierra, la ciudadanía sigue indefensa. “Aunque las personas observan militares asediando los barrios y colonias, aún se sienten desprotegidos, porque los operativos duran dos o tres días y luego se marchan, y allí es cuando los problemas regresan: los vecinos tienen problemas, al dueño de la «pulpería» (pequeña tienda) o al conductor de bus lo vuelven a extorsionar”, sostuvo.
Eternas promesas
Para revertir esta situación, Sierra recomendó al gobierno que en lugar de seguir invirtiendo en militarización, “fomente una verdadera Policía: que esté capacitada y entienda su rol como órgano de seguridad pública, asimismo, debería existir una visión de convivencia, un policía debería ser un funcionario con la experiencia y herramientas necesarias para combatir el crimen y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
En la actualidad, el país cuenta con 60 fuerzas policiales y militares que han sido incapaces de frenar la violencia en el país. Y en fecha reciente, el mandatario Hernández anunció la creación de una nueva unidad. “En la medida que seamos efectivos y en 72 horas tener resuelto los casos, les garantizo que más bajará la tasa de homicidios en el país”, dijo en un evento.
Esta fuerza estará adscrita a la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional (Fusina), lo que representará una nueva partida presupuestaria en la infructuosa y tan publicitada batalla contra la criminalidad.
Para Sierra, en lugar de fomentar mayor seguridad, “el gobierno está vendiendo una falsa imagen del trabajo que realizan los militares, y aunque los medios tradicionales indiquen que se está combatiendo el crimen con incesantes operaciones conjuntas, esta saturación no está funcionando, ya que la inseguridad es real”.
Fuerzas militares y policiales del país
FUERZAS POLICIALES
- Policía Nacional.
- Policía Preventiva.
- Dirección Policial de Investigación (DPI).
- Fuerza de Tarea Conjunta Combinada.
- Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
- Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información (SERCAA).
- Comando de Operaciones Especiales Cobras (Coeco).
- Interpol Honduras.
- Policía de Fronteras.
- Dirección Nacional de Tránsito.
- Policía Penitenciaria.
- Unidad Especial de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES).
- Policía Militar y del Orden Público (PMOP).
- Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
- Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
- Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).
- Policía Comunitaria.
- Policía de Prevención contra las Drogas.
- Policía de Prevención contra las Maras.
- Policía del Servicio de Protección a la Familia.
- Policía Escolar.
- Policía de Comunidad más Segura.
- Policía de Turismo.
- Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU).
EJÉRCITO
- Décimo Batallón de Infantería.
- Primer Batallón de Ingenieros Militares.
- Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE).
- Décimo Primer Batallón de Infantería.
- Cuarto Batallón de Artillería de Campaña.
- Primer Regimiento de Caballería Blindada (Recablin).
- Tercer Batallón de Infantería.
- Cuarto Batallón de Infantería.
- Décimo Cuarto Batallón de Infantería.
- Segundo Batallón de Artillería de Campaña.
- Sexto Batallón de Infantería.
- Noveno Batallón de Infantería.
- Primer Batallón de Comunicaciones.
- Quinto Batallón de Infantería.
- Décimo Quinto Batallón de Infantería.
- Décimo Sexto Batallón de Infantería.
- Décimo Séptimo Batallón de Infantería.
- Centro de Adiestramiento Militar del Ejército (CAME).
- Séptimo Batallón de Infantería.
- Décimo Segundo Batallón de Infantería.
- Comando de Operaciones Especiales (COES).
- Primer Batallón de Infantería.
- Segundo Batallón de Infantería o Agrupamiento Táctico Especial (ATE).
- Primer Batallón de Artillería de Campaña.
- Primer Batallón de Fuerzas Especiales.
- Tropa Especializada en Selvas y Operaciones Nocturnas (Teson).
- Guardia de Honor Presidencial (GHP).
- Base aérea José Enrique Soto Cano.
- Base aérea Hernán Acosta Mejía.
- Base aérea Coronel Armando Escalón Espinal.
- Base aérea Héctor Caraccioli Moncada.
- Base Naval de Puerto Cortés.
- Primer Batallón de Infantería Naval con sede en La Ceiba.
- Base Naval de Puerto Castilla.
- Base Naval de Amapala.
- Base Naval de Caratasca.
Las unidades policiales y militares creadas por el gobierno Hernández
Por Redacción
Por: Danelia Bueso
Edición: Claudia Mendoza
Edición: Claudia Mendoza
Desde el 2014 a la fecha, en Honduras se
han creado un total de 19 unidades, direcciones de investigación
criminal, o fuerzas policiales y militares. Nombres como la ATIC, DPI,
DLCN, TIGRES, entre otras, trascienden como instituciones establecidas
durante los últimos dos gobiernos. ¿Cuánto presupuesto consumen?,
¿responden a la realidad de seguridad del país?, ¿es necesario su
funcionamiento?
Al igual que las múltiples agencias
policiales y militares que se han integrado para atender tareas
específicas que tienen el fin de combatir la inseguridad, se ha
potenciado la idea de que se ha incrementado el número de efectivos
policiales y militares en cada una de las agencias que se especializan
en el combate del crimen organizado y sus manifestaciones, delincuencia
común y narcotráfico. Pero todo obedece a un replanteamiento estratégico
de seguridad que el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
promovió y que comenzó con la creación de la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (FUSINA), ente en el cual integró a la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y, para complementar una fuerza
militar, fundó la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en el 2013.
Apoyado por el Congreso Nacional, la
visión del actual mandatario se encaminó a militarizar la seguridad y
creó los cuadros para tal fin. Sin embargo, la mirada o lectura de la
situación, por parte de los analistas es variada, diversa y
cuestionadora.
Duplicidad de funciones
Un primer aspecto que se cuestiona con
el contexto anterior planteado, es la duplicidad de funciones que se
genera. Por ejemplo, dice el abogado y también miembro del partido de
gobierno, Raúl Pineda, “la ATIC investiga, la DPI investiga, la DLCN
investiga. Hay unidades de inteligencia que investigan. Entonces,
tenemos múltiples agencias haciendo el mismo trabajo y no responden a
una estrategia idónea que se fundamente con propósito en los
procedimientos tácticos uniformes”. Con el tema, Pineda hace la analogía
siguiente: “cuando hay multiplicidad de agencias es como cuando los
músicos de una orquesta tocan cada uno su partitura y los resultados no
siempre son exitosos».
Raúl Pineda, Analista político. Foto tomada de El Heraldo.hn
Públicamente el mandatario hondureño ha
dicho que “el haber creado a la FUSINA y a la PMOP ha significado una
baja en la tasa de homicidios” y que la receta de tener militares en las
calles ha sido la respuesta para que Honduras pasara de 86.5 homicidios
por cada cien mil habitantes a 43 en el año 2019. Pero la política de
tener varias policías, unidades y direcciones es una muestra de no tener
clara una verdadera estrategia de seguridad, afirma el entrevistado.
«Esas policías paralelas solo reflejan un desorden, falta de armonía. La
Policía no la han terminado de reinventar, cada vez que se hace un
cambio de gobierno o crisis se reinventa la Policía.
El Estado de Honduras ha gastado 72 mil
millones de lempiras en estos esfuerzos, pero se trata de una
reinversión que no genera sostenibilidad en la ejecución de proyectos.
“Tenemos policía para todo», critica en entrevistado.
¿Reconcentran estrategias?
Entendidos en el tema coinciden en que
el nivel de criminalidad, que alcanzó un pico elevado en los años 2012 y
2013 debido a la narcoactividad, el crimen organizado, delincuencia
común y sus distintas manifestaciones, permitió crear un escenario para
la concentración de fuerzas en unidades policiales y militares en
Honduras.
«El hecho que se reconcentraran
estrategias ante esta situación de riesgo, obedece a que en algún tiempo
se postergaron las decisiones del Estado y por eso da la apariencia de
concentración de agencias para soportar los procesos de judicialización a
nivel del Ministerio Público. FUSINA es la respuesta técnico operativo
que demandaba la ciudadanía, e integra a todas las agencias que tienen
que ver con los tres niveles de abordaje de la seguridad, justicia,
investigación», es la valoración del general en retiro Luís Alonso
Maldonado al ser consultado sobre el tema.
Luis Alonso Maldonado, General en retiro. Foto tomada de Proceso.hn
Articular estas unidades debería ser con
una coordinación adecuada, pero los consultados aseguran que no se ha
alcanzado el máximo de eficiencia porque cada agencia ha tomado su
propia iniciativa o lucha, lo que le resta a la coordinación
inter-agencial que se planteó en su momento. Maldonado también se
refirió a “la idea vendida” del incremento al número de efectivos
policías y militares en cada una de las agencias que se especializan en
drogas, extorsión, transporte, fronteras, delitos financieros, entre
otras.
Dice que para constituir cada uno de
esos grupos especializados se han utilizado policías y militares que son
parte de las unidades de la Policía Preventiva y de Batallones y
Brigadas de las Fuerzas Armadas. «Hay una idea que son más policías o
soldados, pero son formas de integración de agencias que forman otro
modelo de organización, con el personal que tienen asignado», acotó el
militar retirado.
La ley de la PMOP, que fue aprobada en
el mes de agosto del 2013, estipula que son cinco mil efectivos los que
integrarán esa unidad militar. Mientras que la FUSINA se integra por las
otras dependencias y unidades.
Investigación, la deuda pendiente
Pese a la creación de las estructuras
antes citadas, la movilización de policías y militares no ha logrado
contrarrestar la operación de las estructuras criminales en el país. La
investigación es la deuda pendiente y es hacia donde deberían dirigirse
los esfuerzos porque otra mora con la sociedad, es también la alta
impunidad que se registra en el país.
«El Estado ha hecho uso de recursos para
contrarrestar las redes de crimen organizado y narcotráfico, que
todavía se siguen movilizándose en el país. Llevarse a determinados
líderes de estructuras no significa que se terminaran los carteles. Se
llevaron los líderes pero las estructuras quedaron. Por muchos policías
en Tegucigalpa o San Pedro Sula, lo que menos tenemos es una policía que
investigue la comisión de delitos, homicidios, muertes violentas,
sicariato», dijo también al ser consultado sobre el tema, Hugo
Maldonado, defensor de derechos humanos en Honduras.
Hugo Maldonado, Defensor de DDHH. Foto tomada de Tiempo.hn
Y es que son varios los entes que se
enfocan en tareas de investigación: en el Ministerio Público está la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en la Policía la
Dirección Policial de Investigación (DPI), así como Dirección de
Inteligencia Policial. A estos esfuerzos se suma la Dirección Nacional
de Información e Inteligencia (DNII), que son los entes creados
exclusivamente para investigación.
Pese a todo esto, dice el entrevistado,
el talón de Aquiles es la investigación. No hay respuestas e impera la
impunidad. «Debe mejorarse la profesionalización de las unidades
militares en las calles, así como en investigación. Se debe ordenar el
sistema. Hay militares pidiendo a la ciudadanía tarjetas de identidad,
licencias de conducir; son acciones que no les corresponde. Las
estrategias deben responder a las necesidades de seguridad pública»,
cuestionó el defensor de DDHH.
La meta del gobierno de Honduras
La meta que tiene la Policía Nacional de
Honduras, es que para el 2022 el número de efectivos policiales alcance
los 26 mil agentes y en las Fuerzas Militares 24 mil. Sin embargo, se
cuestiona que Honduras tenga “policía para todo”, pero no se fortalezca
la investigación.
«Es una situación compleja porque
tenemos una Policía que viste uniforme y no responde a la doctrina
policial, que ha crecido en aspectos administrativos, pero en las calles
no se ve nada», dijo Pineda Alvarado al referirse a este aspecto del
tema en cuestión.
Al ser consultado sobre el tema, de
forma escueta, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco dice
que se busca consolidar todo un aparato estratégico que responda al
combate de la seguridad. «Se necesitan unidades especializadas que
apoyen y den el soporte a toda la fuerza de seguridad. Los retos son
grandes y consolidamos todos los grupos de respuesta”.
Pacheco está convencido que “el combate a
la criminalidad organizada requiere un aparato especializado y esa es
la vía que para bajar los índices de homicidios y concretar operaciones
exitosas».
Algunas de las estructuras creadas
Además de lo apuntado anteriormente,
desde el 2014 han surgido otras estructuras como la Fuerza Nacional de
Seguridad de Transporte Urbano (FNSTU), creada en el mes de marzo del 2019.
Con 500 agentes en Tegucigalpa, busca frenar la ola de asaltos y
extorsión que se da en el transporte Urbano. La meta es extender la
fuerza hacia ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán
y otras.
La Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, (FNCCP), fue creada en el mes de noviembre del 2018,
con el objetivo de mejorar la seguridad del Sistema Penitenciario y
evitar fugas, reyertas y crímenes. Mientras que la fuerza Nacional Anti
Maras y Pandillas fue creada en el mes de junio del 2018.
Su objetivo es luchar contra los grupos de asociación delictiva que se
enfocan en temas de extorsión, tráfico de drogas y armas. Estas tres
estructuras, aunque en su funcionamiento confluyen policías, funcionan
mezcladas y lideradas por militares.
Para efectos de documentación, se
enlistan, a continuación, algunas Direcciones y Unidades Policiales,
como parte de la exacerbada creación de este tipo de estructuras durante
el presente gobierno.
- Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Es el órgano superior en materia de
prevención, disuasión y control del delito y faltas, a cargo de ejecutar
mecanismos y acciones que garanticen la seguridad ciudadana, el libre
ejercicio de los derechos y libertades de las personas, mantener el
orden público, la paz y convivencia pacífica, con respeto a los derechos
humanos, prestando un servicio policial con enfoque comunitario.
Para el desempeño de sus funciones,
además de la organización común para todas las direcciones nacionales,
la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC),
está organizada de la manera siguiente:
- Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria
- Unidades Metropolitanas de Prevención y Seguridad Comunitaria
- División de Policía Escolar
- División de Policía Turística
- División de Equidad de Género
- Dirección Policial de Investigaciones (DPI)
La Dirección Policial de Investigaciones
(DPI), bajo la dirección técnica y jurídica de los Fiscales del
Ministerio Público (MP), lleva a cabo las diligencias investigativas
necesarias para constatar la existencia o no de un delito o falta,
identificar a las víctimas y supuestos responsables del hecho, así como
la determinación del grado de participación y responsabilidad de los
mismos, con el propósito de recabar y aportar a las autoridades los
elementos probatorios necesarios para el ejercicio de la acción penal.
- Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)
Es la dependencia de la Policía Nacional
autorizada para dirigir, organizar y ejecutar las políticas de
transporte y seguridad vial, en concordancia con la Ley que regula el
uso y circulación de vehículos automotores terrestres y sus reformas y
demás disposiciones legales aplicables. En el desarrollo de sus
funciones se debe mantener en coordinación y cooperación constante con
el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
- Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE)
Es la responsable de dirigir, diseñar,
coordinar y ejecutar los programas y acciones de seguridad que requieran
intervención de grupos especiales en la conservación y restablecimiento
del orden público, en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, así
como en operaciones especiales conjuntas autorizadas por el alto mando
policial.
Bajo esta dirección está:
- Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES)
- Comando de Operaciones Especiales (COBRA)
- Unidad Antimotines
- Unidad Aero Policial
- Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE)
Es la responsable de diseñar, asesorar,
ejecutar y evaluar las necesidades en materia de protección a
dignatarios, altos funcionarios, funcionarios y ex-funcionarios en
riesgo extraordinario, instalaciones diplomáticas de conformidad al
principio de reciprocidad, defensores del medio ambiente y el patrimonio
cultural; y realizar las acciones tendientes al cumplimiento de las
medidas cautelares y de seguridad ordenadas por autoridad competente.
Tiene bajo su mando las unidades de:
- Unidad Especial de Protección de Defensores de Derechos Humanos
- Unidad de Protección de Dignatarios (PRODIG)
- Unidad de Seguridad de Diplomáticos y Cuerpo Consular
- Unidad Especial de Protección de Funcionarios y Ex-Funcionarios en Riesgo Extraordinario (UEP)
- Unidad de Protección a los defensores del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural
- Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA)
Está a cargo de la prevención,
erradicación, investigación de conductas relacionadas con los delitos de
narcotráfico y conexos bajo la dirección técnica y jurídica de fiscales
del Ministerio Público (MP), con el propósito de aportar a la autoridad
competente los elementos probatorios necesarios para el ejercicio de la
acción penal. En el cumplimiento de sus funciones, esta Dirección debe
actuar en coordinación con otros entes.
- Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF)
Es la responsable de ejercer las
acciones policiales necesarias para garantizar la protección y seguridad
de las personas y sus bienes en las aduanas, puertos, aeropuertos y
puntos de control fronterizo, ejerciendo mecanismos de control contra el
narcotráfico, tráfico de personas, armas, municiones, lavado de activos
y todos aquellos delitos que afectan la seguridad del Estado. En el
cumplimiento de sus funciones esta Dirección debe actuar en coordinación
con otros entes.
Cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Policía Portuaria
- Unidad de Policía Aeroportuaria
- Unidad de Policía Migratoria
- Unidad de Control de Aviación Civil y Embarcaciones
- Unidad de Policía Aduanera
- Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP)
Responsable de la formación y profesionalización de los miembros de la carrera policial.
- Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)
Se encarga de la formulación de
estrategias a través de la recolección de información, producción y
difusión de inteligencia y contrainteligencia estratégica, operacional y
táctica que permita orientar la toma de decisiones institucionales
frente a los factores y dinámicas que afecten la seguridad pública, así
como la integridad y estabilidad Institucional.
Mel Zelaya pide al MP investigar crímenes del periodo post fraude
febrero 3, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, presentó este día ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público una denuncia por la obstrucción de la investigación para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado tras el fraude electoral de noviembre de 2017.
Zelaya demandó al fiscal general Óscar Chinchilla completar las investigaciones y el procesamiento de autores intelectuales y materiales de los asesinatos y demás violaciones de derechos humanos cometidas en contra de jóvenes que protestaban contra el fraude electoral de noviembre de 2017, designando para ello un equipo de fiscales e investigadores especiales.
También pidió iniciar acciones en contra de los entes de seguridad del Estado, que son responsables de la obstrucción de las investigaciones, convirtiéndose en encubridores de delitos de lesa humanidad.
Zelaya señaló que en el periodo post fraude se produjeron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y vejámenes, amenazas, desalojos, abuso de autoridad y allanamientos de morada, ejecutados en estado de sitio, contra la población indefensa que ejercía pacíficamente su derecho a la protesta por el fraude electoral de noviembre 2017.
El expresidente, derrocado por un golpe el 28 de junio de 2009 señaló que el pueblo hondureño tiene el derecho de reunirse y manifestar pública y pacíficamente en defensa de sus intereses comunes, sin necesidad de aviso o permiso especial; mientras que el Estado por delegación del Pueblo, tiene el deber de aseguramos el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
El Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con todos los informes técnicos de organismos internacionales; maniobró el sistema de transmisión y divulgación, y la caída de las bases de datos, anulando el resultado de más del 27% de las actas con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, lo que provocó masivas movilizaciones en defensa del voto y la soberanía popular, recordó Zelaya.
Señaló además que Juan Hernández, como comandante general de las Fuerzas Armadas y jefe del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa respondió implantando por diez días y en todo el país, el decreto PCM-0844017 de toque de queda (Estado de sitio); sacó la policía Militar del Orden Público (PMOP), el ejército, y otras fuerzas de seguridad, a masacrar, agredir y detener con gases, toleres, tanquetas. balas V.S. v letales la protesta masiva y pacífica del pueblo.
Tegucigalpa.- El coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, presentó este día ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público una denuncia por la obstrucción de la investigación para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado tras el fraude electoral de noviembre de 2017.
Zelaya demandó al fiscal general Óscar Chinchilla completar las investigaciones y el procesamiento de autores intelectuales y materiales de los asesinatos y demás violaciones de derechos humanos cometidas en contra de jóvenes que protestaban contra el fraude electoral de noviembre de 2017, designando para ello un equipo de fiscales e investigadores especiales.
También pidió iniciar acciones en contra de los entes de seguridad del Estado, que son responsables de la obstrucción de las investigaciones, convirtiéndose en encubridores de delitos de lesa humanidad.
Zelaya señaló que en el periodo post fraude se produjeron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y vejámenes, amenazas, desalojos, abuso de autoridad y allanamientos de morada, ejecutados en estado de sitio, contra la población indefensa que ejercía pacíficamente su derecho a la protesta por el fraude electoral de noviembre 2017.
El expresidente, derrocado por un golpe el 28 de junio de 2009 señaló que el pueblo hondureño tiene el derecho de reunirse y manifestar pública y pacíficamente en defensa de sus intereses comunes, sin necesidad de aviso o permiso especial; mientras que el Estado por delegación del Pueblo, tiene el deber de aseguramos el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
El Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con todos los informes técnicos de organismos internacionales; maniobró el sistema de transmisión y divulgación, y la caída de las bases de datos, anulando el resultado de más del 27% de las actas con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, lo que provocó masivas movilizaciones en defensa del voto y la soberanía popular, recordó Zelaya.
Señaló además que Juan Hernández, como comandante general de las Fuerzas Armadas y jefe del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa respondió implantando por diez días y en todo el país, el decreto PCM-0844017 de toque de queda (Estado de sitio); sacó la policía Militar del Orden Público (PMOP), el ejército, y otras fuerzas de seguridad, a masacrar, agredir y detener con gases, toleres, tanquetas. balas V.S. v letales la protesta masiva y pacífica del pueblo.
“No hay razón por la que me tengan aquí” Antonio Esquivel preso en Choluteca
Por defensores -
10 febrero, 2020
Foto
compartida: Agentes de la DPI capturaron a Antonio Esquivel, en el
marco de una persecución contra la lideresa de "Bastión del Sur", su
compañera Aleyda Huete.
Choluteca, Honduras.-
Estaba en su casa de habitación la noche del 19 de diciembre, cuando fue
víctima de un allanamiento ejecutado por agentes de investigación que
portaban-supuestamente- una orden de captura contra su compañera de
hogar, Aleyda Xiomara Huete, quien no estaba presente, y lo encarcelaron
a él.
La semana anterior un equipo de
defensoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), visitó el centro penal de
Choluteca, al sur del país, donde se les permitió conversar con el
privado de libertad Antonio Felipe Esquivel, de 45 años.
El acceso fue sin mayor complicación,
tras informar a elementos militares y de la Policía Penitenciaria, la
intención de visitar a Esquivel. Luego llamaron al hombre de estatura
alta, piel trigueña, contextura media, quien habla en voz baja y segura.
Vestía camiseta, calzoneta de mezclilla, gorra y sandalias.
Es un privado de libertad entre casi
1050 hombres y mujeres hacinadas en un edificio con capacidad para 600
personas, según dato ofrecido por una guardia de la penitenciaria,
ubicada a cinco kilómetros al sur del centro de la ciudad.
Fui acusado por tener bombas comerciales
(cebollas) y así lo determinó el fiscal, comentó Esquivel, quien ha
trabajado como jefe de seguridad en una finca camaronera en el municipio
de Marcovia. En la empresa cada año dan por terminado el contrato
laboral, y se queda a espera de ser llamado entre enero y febrero. Es
por eso que, en los días del allanamiento estaba en la casa, aclaró.
También comentó sobre su experiencia con
el uso de armas, las cuales nunca ha usado para atentar contra la vida
humana, así mismo su esposa, reconocida lideresa del grupo de oposición
es incapaz de cometer actos por los que se le imputan y ahora debe
salvaguardar su vida.
“No hay razón por la que me tengan aquí”
afirmó, convencido que es una persecución política montada contra
quienes alzan su voz contra Juan Hernández, ilegal presidente de
Honduras.
“Todo mundo tiene derecho a protestar, pero aquí se pelea contra el gobierno”, Antonio Felipe Esquivel, preso en Choluteca.
Agregó que es difícil estar en prisión,
ya que no está acostumbrado a la cárcel y porque es inocente de los
cargos que se le imputan. Compartió que hay casos similares donde los
acusados por tener mayor cantidad de bombas comerciales
(cuetes/pólvora), y se defienden en libertad.
Según versiones de familiares de los
perseguidos políticos, el jueves 19 de diciembre, los agentes llevaban
una orden de captura contra Aleyda Xiomara Huete, quien es conocida como
una de las abanderadas en la lucha del movimiento “Bastión del Sur”,
que desde el fraude electoral del 2017, no ha dejado de protestar hasta
sacar al dictador, los miércoles y sábados en Choluteca.
El allanamiento fue de conocimiento
público a través de medios de comunicación, como una orden emitida desde
el Juzgado de Letras de los Penal de la Sección Judicial de Choluteca,
vinculándolo al supuesto atentado que afectó el rostro de un joven que
trabajaba la villa navideña, de carácter gubernamental.
Parte del decomiso, son mensajes que denuncian la dictadura. Foto compartida
Tegucigalpa y San José.- El 06 de febrero de
1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada como represalia a
su labor de defensa de los derechos humanos y el medioambiente tras
denunciar casos de explotación maderera ilegal y oponerse públicamente a
diversos proyectos económicos en la Península de Punta Sal. 25 años
después, su caso, como el de cientos de ambientalistas asesinados en
Honduras, se mantiene en total impunidad.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violar el derecho a la vida de la defensora e incumplir su obligación de investigar y juzgar el caso de manera diligente. En su sentencia, el Alto Tribunal ordenó una serie de medidas de obligatorio cumplimiento para Honduras, entre ellas: llevar a cabo los procesos penales correspondientes, y en su caso, sancionar a los responsables; ejecutar una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labora de las personas defensoras del medio ambiente; así como levantar un monumento en memoria de la defensora ambientalista y realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre. Al día de hoy, estas medidas permanecen pendientes de cumplimiento.
En este nuevo aniversario de los hechos, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) conmemoremos la vida y el trabajo de Jeannette Kawas e instamos al Estado hondureño a cumplir con las medidas pendientes de manera inmediata.
Como lo ha hecho la Corte Interamericana, reconocemos que el asesinato de Jeannette Kawas y la impunidad que rodea su caso, resultan en un efecto amedrentador para otras personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, la tierra o el territorio en Honduras. En uno de los países más peligrosos del mundo para las personas ambientalistas, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este asesinato resulta fundamental para romper con la impunidad instalada en el país y garantizar que hechos como este no se repitan.
En octubre de 2019, el Tribunal Interamericano emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso, ordenando al Estado que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones pendientes. Así, instó al Estado a construir el monumento y rotular el parque nacional conforme las consideraciones de la familia y sus representantes, quienes han destacado la necesidad de que ello se realice en la municipalidad de Tela, en sitios que den la mayor visibilidad e impacto a la preservación de la memoria de Jeannette Kawas.
Finalmente, recordamos que la sentencia dictada por la Corte IDH en el presente caso tiene un valor histórico, al reconocer por primera vez que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. Desde la Mesa de Seguimiento reafirmamos nuestro compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de esta sentencia y avanzar hacia un Estado que garantice las condiciones necesarias para que todas las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, la tierra y el territorio puedan ejercer su labor de manera segura.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus
Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
“El Ministerio Público hizo un
allanamiento a la señora Aleyda Xiomara Huete en la ciudad de Choluteca,
ya que se está sospechando que es la autora intelectual de lo que
sucedió el 11 de diciembre”, informó el portavoz del ente fiscal, Yuri
Mora. Publicación en diario La Tribuna.
El Comité por la liberación de los
presos políticos en Honduras, registra más de 174 criminalizados y
presos por manifestarse contra la dictadura desde el 26 de noviembre del
2017, cuando se Hernández se apoderó de la presidencia mediante un
fraude electoral.
El COFADEH, organización que representa
legalmente y acompaña psicológicamente a víctimas de encarcelamiento y
persecución política, en su informe “Criminalización” recomienda al
Estado que debe abstenerse de usar las medidas cautelares de prisión
preventiva contra manifestantes que ejercen su derecho a expresión
reunión y asociación en las protestas político-sociales.
En los próximos días se ha convocado a audiencias en los casos contra Rommel Herrera Portillo (interno en un hospital psiquiátrico como medida sustitutiva a la prisión) y Raúl Álvarez
quien se defiende en libertad, ambos estuvieron prisioneros en la
cárcel de máxima tortura (seguridad) “La Tolva”, Morocelí, El Paraíso.
Así mismo, Antonio Felipe Esquivel, espera audiencia para buscar
justicia y defenderse en libertad.
A 25 años del asesinato de Jeannette Kawas, Honduras tiene pendiente garantizar justicia
Por defensores -
6 febrero, 2020En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violar el derecho a la vida de la defensora e incumplir su obligación de investigar y juzgar el caso de manera diligente. En su sentencia, el Alto Tribunal ordenó una serie de medidas de obligatorio cumplimiento para Honduras, entre ellas: llevar a cabo los procesos penales correspondientes, y en su caso, sancionar a los responsables; ejecutar una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labora de las personas defensoras del medio ambiente; así como levantar un monumento en memoria de la defensora ambientalista y realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre. Al día de hoy, estas medidas permanecen pendientes de cumplimiento.
En este nuevo aniversario de los hechos, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) conmemoremos la vida y el trabajo de Jeannette Kawas e instamos al Estado hondureño a cumplir con las medidas pendientes de manera inmediata.
Como lo ha hecho la Corte Interamericana, reconocemos que el asesinato de Jeannette Kawas y la impunidad que rodea su caso, resultan en un efecto amedrentador para otras personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, la tierra o el territorio en Honduras. En uno de los países más peligrosos del mundo para las personas ambientalistas, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este asesinato resulta fundamental para romper con la impunidad instalada en el país y garantizar que hechos como este no se repitan.
En octubre de 2019, el Tribunal Interamericano emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso, ordenando al Estado que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones pendientes. Así, instó al Estado a construir el monumento y rotular el parque nacional conforme las consideraciones de la familia y sus representantes, quienes han destacado la necesidad de que ello se realice en la municipalidad de Tela, en sitios que den la mayor visibilidad e impacto a la preservación de la memoria de Jeannette Kawas.
Finalmente, recordamos que la sentencia dictada por la Corte IDH en el presente caso tiene un valor histórico, al reconocer por primera vez que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. Desde la Mesa de Seguimiento reafirmamos nuestro compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de esta sentencia y avanzar hacia un Estado que garantice las condiciones necesarias para que todas las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, la tierra y el territorio puedan ejercer su labor de manera segura.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus
Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Despliegue armado de Bukele es un retroceso en el fortalecimiento democrático de El Salvador
Por: Redacción CRITERIO redaccioncriterio.hn
Tegucigalpa.- En un hecho sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, El Salvador vivió el domingo 9 de febrero una crisis institucional marcada por el ingreso de elementos militares y policiales fuertemente armados al Palacio Legislativo, en San Salvador.
El despliegue fue ordenado por el presidente Nayib Bukele tras días de tensiones con el Órgano Legislativo para forzar la votación de un préstamo de $109 millones para la ejecución de su plan de seguridad. Al respecto, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, emite la siguiente declaración:
“La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de desplegar fuerzas militares y policías antimotines para facilitar su acceso a la Asamblea Legislativa ha marcado un lamentable y peligroso retroceso en el proceso de consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento democrático del país. Es triste que un presidente democráticamente electo favorezca conductas políticas comúnmente asociadas con gobiernos autoritarios y dictatoriales.
Dada la historia de conflicto que caracterizó a El Salvador desde finales de la década de los 70 hasta el fin de la guerra civil en 1992, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad pública nunca deberían ser usados para intentar imponer la voluntad de un presidente, sin excepción alguna.
Acciones de este tipo son criticables en cualquier lugar del mundo, sin importar la orientación ideológica de un mandatario. Estas acciones amenazan contra la paz social, el Estado de derecho y el bienestar de la democracia en el país.
Una de las potenciales consecuencias no previstas de las acciones lideradas por el presidente Bukele en los últimos días pudiera ser el rompimiento del espíritu de esperanza que género en amplios segmentos de la sociedad salvadoreña su triunfo en las elecciones presidenciales de hace un poco más de un año.
Ese sentido de esperanza ha contribuido a que menos salvadoreños decidan emigrar como manera de escapar de las condiciones de inseguridad económica, social y política que siguen siendo una realidad.
Es crucial que El Salvador regrese a una ruta más civilizada para dirimir las diferencias entre los diferentes órganos de Estado. Como una red de organizaciones lideradas por migrantes en los EE. UU., cuyos líderes conocen la migración forzada por conflictos e inestabilidad política, instamos a la administración Bukele, a los demás órganos de Estado, a la sociedad civil y a otros sectores interesados en el bienestar del país a buscar soluciones a través del diálogo, que permitan construir un país donde menos personas tengan que huir para encontrar bienestar y prosperidad”.
Tegucigalpa.- En un hecho sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, El Salvador vivió el domingo 9 de febrero una crisis institucional marcada por el ingreso de elementos militares y policiales fuertemente armados al Palacio Legislativo, en San Salvador.
El despliegue fue ordenado por el presidente Nayib Bukele tras días de tensiones con el Órgano Legislativo para forzar la votación de un préstamo de $109 millones para la ejecución de su plan de seguridad. Al respecto, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, emite la siguiente declaración:
“La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de desplegar fuerzas militares y policías antimotines para facilitar su acceso a la Asamblea Legislativa ha marcado un lamentable y peligroso retroceso en el proceso de consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento democrático del país. Es triste que un presidente democráticamente electo favorezca conductas políticas comúnmente asociadas con gobiernos autoritarios y dictatoriales.
Dada la historia de conflicto que caracterizó a El Salvador desde finales de la década de los 70 hasta el fin de la guerra civil en 1992, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad pública nunca deberían ser usados para intentar imponer la voluntad de un presidente, sin excepción alguna.
Acciones de este tipo son criticables en cualquier lugar del mundo, sin importar la orientación ideológica de un mandatario. Estas acciones amenazan contra la paz social, el Estado de derecho y el bienestar de la democracia en el país.
Una de las potenciales consecuencias no previstas de las acciones lideradas por el presidente Bukele en los últimos días pudiera ser el rompimiento del espíritu de esperanza que género en amplios segmentos de la sociedad salvadoreña su triunfo en las elecciones presidenciales de hace un poco más de un año.
Ese sentido de esperanza ha contribuido a que menos salvadoreños decidan emigrar como manera de escapar de las condiciones de inseguridad económica, social y política que siguen siendo una realidad.
Es crucial que El Salvador regrese a una ruta más civilizada para dirimir las diferencias entre los diferentes órganos de Estado. Como una red de organizaciones lideradas por migrantes en los EE. UU., cuyos líderes conocen la migración forzada por conflictos e inestabilidad política, instamos a la administración Bukele, a los demás órganos de Estado, a la sociedad civil y a otros sectores interesados en el bienestar del país a buscar soluciones a través del diálogo, que permitan construir un país donde menos personas tengan que huir para encontrar bienestar y prosperidad”.
EE.UU llama a El Salvador a trabajar por una “coherente” solución a la crisis política
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, llamó el lunes a los sectores de El Salvador a buscar una solución “coherente” al conflicto político entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.
“Hacemos un llamado a todas las partes (en El Salvador) para que trabajen juntos y encuentren una solución coherente con la Constitución de El Salvador, a medida que el país busca tomar decisiones sobre la vía más oportuna para mejorar la seguridad y fomentar el crecimiento económico del país”, dijo un vocero del Departamento de Estado.
La reacción del Gobierno de Estados Unidos se da, luego que el embajador de ese país, Ronald Douglas, rechazara la presencia de la Fuerza Armada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, durante la sesión plenaria especial, convocada por el Consejo de Ministros del Gobierno de Bukele, el domingo.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, recalcó que Estados Unidos apoya la democracia que El Salvador ha construido desde la firma de los Acuerdos de Paz y también señaló que el país debe respetar la independencia de las instituciones del Estado. “Estados Unidos apoya la democracia, el Estado de derecho incluida la separación de poderes y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador. El Salvador ha logrado una notable historia de gobernabilidad democrática desde los Acuerdos de Paz en 1992”.
“Conductas de gobiernos dictatoriales”
Otras organizaciones en Estados Unidos también rechazaron la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa ordenada por el presidente Bukele. Alianza América,una de las mayores redes de organizaciones no gubernamentales de inmigrantes del país, que trabaja también trabaja con la Alianza TPS, se sumó a las críticas.
En un comunicado, el director de la organización, el salvadoreño Oscar Chacón, dijo que acciones como las que se observaron el domingo pasado en El Salvador, son “conductas comunes de gobiernos autoritarios y dictatoriales”. “La decisión del presidente Bukele de desplegar fuerzas militares y policías antimotines para facilitar su acceso a la Asamblea Legislativa ha marcado un lamentable y peligroso retroceso en el proceso de la consolidación de Estado de Derecho y el fortalecimiento democrático del país. Es triste que un presidente democráticamente electo favorezca conductas políticas comúnmente asociadas con gobiernos autoritarios y dictatoriales”, dijo Chacón.
La medida del presidente Bukele, para presionar a los diputados para que aprueben un préstamo de $109 millones que serán invertidos en la siguiente fase del plan de seguridad del Gobierno, también fue criticada y rechazada por el senador Jim McGovern y el director de Human Rights Watch para Latinoamérica, José Miguel Vivanco.
Vivanco expresó en su cuenta de Twitter que la medida de “intimidar al Congreso rodeándolo e invadiéndolo con militares, atenta contra la democracia y debe ser condenada sin ambigüedades”.(Tomado de: laprensagrafica)
La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, llamó el lunes a los sectores de El Salvador a buscar una solución “coherente” al conflicto político entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.
“Hacemos un llamado a todas las partes (en El Salvador) para que trabajen juntos y encuentren una solución coherente con la Constitución de El Salvador, a medida que el país busca tomar decisiones sobre la vía más oportuna para mejorar la seguridad y fomentar el crecimiento económico del país”, dijo un vocero del Departamento de Estado.
La reacción del Gobierno de Estados Unidos se da, luego que el embajador de ese país, Ronald Douglas, rechazara la presencia de la Fuerza Armada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, durante la sesión plenaria especial, convocada por el Consejo de Ministros del Gobierno de Bukele, el domingo.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, recalcó que Estados Unidos apoya la democracia que El Salvador ha construido desde la firma de los Acuerdos de Paz y también señaló que el país debe respetar la independencia de las instituciones del Estado. “Estados Unidos apoya la democracia, el Estado de derecho incluida la separación de poderes y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador. El Salvador ha logrado una notable historia de gobernabilidad democrática desde los Acuerdos de Paz en 1992”.
“Conductas de gobiernos dictatoriales”
Otras organizaciones en Estados Unidos también rechazaron la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa ordenada por el presidente Bukele. Alianza América,una de las mayores redes de organizaciones no gubernamentales de inmigrantes del país, que trabaja también trabaja con la Alianza TPS, se sumó a las críticas.
En un comunicado, el director de la organización, el salvadoreño Oscar Chacón, dijo que acciones como las que se observaron el domingo pasado en El Salvador, son “conductas comunes de gobiernos autoritarios y dictatoriales”. “La decisión del presidente Bukele de desplegar fuerzas militares y policías antimotines para facilitar su acceso a la Asamblea Legislativa ha marcado un lamentable y peligroso retroceso en el proceso de la consolidación de Estado de Derecho y el fortalecimiento democrático del país. Es triste que un presidente democráticamente electo favorezca conductas políticas comúnmente asociadas con gobiernos autoritarios y dictatoriales”, dijo Chacón.
La medida del presidente Bukele, para presionar a los diputados para que aprueben un préstamo de $109 millones que serán invertidos en la siguiente fase del plan de seguridad del Gobierno, también fue criticada y rechazada por el senador Jim McGovern y el director de Human Rights Watch para Latinoamérica, José Miguel Vivanco.
Vivanco expresó en su cuenta de Twitter que la medida de “intimidar al Congreso rodeándolo e invadiéndolo con militares, atenta contra la democracia y debe ser condenada sin ambigüedades”.(Tomado de: laprensagrafica)
Fiscalía salvadoreña reconoce que hubo abuso de autoridad e investigará los hechos
febrero 10, 2020
Redacción
Tomado de: laprensagráfica.com
El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que un equipo de fiscales analizará los hechos ocurridos el domingo, durante la irrupción, ordenada desde el Ejecutivo, de militares en las afueras y el interior del Palacio Legislativo, para ver si hay necesidad de tomar acciones penales al respecto.
Un equipo de fiscales analizará los hechos sucedidos el domingo por la tarde en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, para determinar si se cometió algún delito por parte de las fuerzas de seguridad o de miembros del equipo de Gobierno, indicó este lunes el fiscal general, Raúl Melara.
Los hechos se registraron el domingo durante sesión plenaria extraordinaria, convocada por el Consejo de Ministros, y a la que asistió el presidente Nayib Bukele. La medida, que incluyó la total militarización del Palacio Legislativo, tenía como propósito presionar a los diputados para que aprueben los $ 109 millones que permitirán financiar la Fase III del Plan Control Territorial.
El país ya pasó por más de 28 años de guerra. El país ya perdió demasiadas vidas y el país no está en las condiciones para que esto se vuelva a repetir.
«Si hay delito, eso es algo que se deberá analizar. Créame que un equipo de fiscales estuvo siguiendo con detenimiento todo lo que estaba sucediendo ayer. Hay denuncias que ya han sido interpuestas el día de ayer por el FMLN ante la Fiscalía General y se van a analizar», expuso el fiscal general durante la entrevista del programa «Frente a Frente».
Melara sostuvo que estas acciones son lamentables, ya que consideró que hubo un empleo excesivo de autoridad de parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC), en la decisión de desplegar elementos tanto adentro como afuera de las instalaciones de la Asamblea. Apuntó que esto es «algo que no se debe repetir» y que debe dejar lecciones importantes para todas las partes involucradas.
El funcionario que señaló la controvertida visita de Bukele a la sede parlamentaria rozó una «línea muy delgada» en la cual, si Bukele hubiera permitido el uso de la violencia de parte de sus simpatizantes o del Ejército, la posibilidad de que se haya cometido algún delito fuera más clara.
«Porque él (Bukele) se cuidó mucho. Él dijo: ‘yo no me voy a meter en la decisión del pueblo’. Pero si esto pasa, creo que la institución armada se hubiera visto sumamente comprometida y eso es lo que se debe evitar», expuso el fiscal general.
El fiscal general indicó que, personalmente, siguió de cerca todos estos hechos suscitados y aseguró que se mantendrá «vigilante» para que no vuelvan a ocurrir.
«Hicieron ver mal a sus elementos, hicieron ver mal al presidente e hicieron ver mal a su institución. Este es un tema que no se debe repetir y yo lo digo muy seriamente. Voy a estar vigilante y voy a estar firme para que este tipo de hechos no se repitan. Porque el país ya pasó por más de 28 años de guerra. El país ya perdió demasiadas vidas y el país no está en las condiciones para que esto se repita. Es un llamado respetuoso pero serio», expuso Melara.
Bukele ordenó militarizar el pasado sábado los contornos de la Asamblea y el domingo extendió el despliegue al interior de las instalaciones del parlamento, en coordinación con los titulares de estas instituciones, Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, y Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC).
El presidente salvadoreño ordenó estas medidas antes de visitar el Congreso para orar, pedir «paciencia» y enviar un ultimátum a los diputados para que, a más tardar esta semana, avalen la solicitud de aprobar estos fondos destinados a la tercera fase del plan de seguridad.
Expuso que, de no aprobarse estos fondos en el tiempo estipulado, el próximo domingo regresaría a la Asamblea para seguir presionando en torno al tema.
A la concentración llegaron cientos de simpatizantes de Bukele, quienes atendieron el llamado a la «insurrección» en una concentración realizada afuera de la Asamblea y pidieron varias veces al unísono una rebelión, antes de que el mandatario les pidiera guardar la calma y esperar que este tema se pueda resolver esta semana.
La convocatoria a sesión extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros no fue atendida por los disputados de los partidos ARENA y FMLN, quienes denunciaron abuso de autoridades de parte de Bukele para obligarlos a aprobar el préstamo.
Los diputados de todas las fracciones han acordado reunirse ese lunes para discutir esta aprobación y ver si se puede realizar durante la sesión plenaria del próximo jueves.
Esta controversial visita de Bukele, en medio de un ambiente militarizado, ha despertado de la preocupación de la comunidad internacional. Organismos como Amnistía Internacional han señalado que «el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos».
El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que un equipo de fiscales analizará los hechos ocurridos el domingo, durante la irrupción, ordenada desde el Ejecutivo, de militares en las afueras y el interior del Palacio Legislativo, para ver si hay necesidad de tomar acciones penales al respecto.
Un equipo de fiscales analizará los hechos sucedidos el domingo por la tarde en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, para determinar si se cometió algún delito por parte de las fuerzas de seguridad o de miembros del equipo de Gobierno, indicó este lunes el fiscal general, Raúl Melara.
Los hechos se registraron el domingo durante sesión plenaria extraordinaria, convocada por el Consejo de Ministros, y a la que asistió el presidente Nayib Bukele. La medida, que incluyó la total militarización del Palacio Legislativo, tenía como propósito presionar a los diputados para que aprueben los $ 109 millones que permitirán financiar la Fase III del Plan Control Territorial.
El país ya pasó por más de 28 años de guerra. El país ya perdió demasiadas vidas y el país no está en las condiciones para que esto se vuelva a repetir.
«Si hay delito, eso es algo que se deberá analizar. Créame que un equipo de fiscales estuvo siguiendo con detenimiento todo lo que estaba sucediendo ayer. Hay denuncias que ya han sido interpuestas el día de ayer por el FMLN ante la Fiscalía General y se van a analizar», expuso el fiscal general durante la entrevista del programa «Frente a Frente».
Melara sostuvo que estas acciones son lamentables, ya que consideró que hubo un empleo excesivo de autoridad de parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC), en la decisión de desplegar elementos tanto adentro como afuera de las instalaciones de la Asamblea. Apuntó que esto es «algo que no se debe repetir» y que debe dejar lecciones importantes para todas las partes involucradas.
El funcionario que señaló la controvertida visita de Bukele a la sede parlamentaria rozó una «línea muy delgada» en la cual, si Bukele hubiera permitido el uso de la violencia de parte de sus simpatizantes o del Ejército, la posibilidad de que se haya cometido algún delito fuera más clara.
«Porque él (Bukele) se cuidó mucho. Él dijo: ‘yo no me voy a meter en la decisión del pueblo’. Pero si esto pasa, creo que la institución armada se hubiera visto sumamente comprometida y eso es lo que se debe evitar», expuso el fiscal general.
El fiscal general indicó que, personalmente, siguió de cerca todos estos hechos suscitados y aseguró que se mantendrá «vigilante» para que no vuelvan a ocurrir.
«Hicieron ver mal a sus elementos, hicieron ver mal al presidente e hicieron ver mal a su institución. Este es un tema que no se debe repetir y yo lo digo muy seriamente. Voy a estar vigilante y voy a estar firme para que este tipo de hechos no se repitan. Porque el país ya pasó por más de 28 años de guerra. El país ya perdió demasiadas vidas y el país no está en las condiciones para que esto se repita. Es un llamado respetuoso pero serio», expuso Melara.
Bukele ordenó militarizar el pasado sábado los contornos de la Asamblea y el domingo extendió el despliegue al interior de las instalaciones del parlamento, en coordinación con los titulares de estas instituciones, Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, y Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC).
El presidente salvadoreño ordenó estas medidas antes de visitar el Congreso para orar, pedir «paciencia» y enviar un ultimátum a los diputados para que, a más tardar esta semana, avalen la solicitud de aprobar estos fondos destinados a la tercera fase del plan de seguridad.
Expuso que, de no aprobarse estos fondos en el tiempo estipulado, el próximo domingo regresaría a la Asamblea para seguir presionando en torno al tema.
A la concentración llegaron cientos de simpatizantes de Bukele, quienes atendieron el llamado a la «insurrección» en una concentración realizada afuera de la Asamblea y pidieron varias veces al unísono una rebelión, antes de que el mandatario les pidiera guardar la calma y esperar que este tema se pueda resolver esta semana.
La convocatoria a sesión extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros no fue atendida por los disputados de los partidos ARENA y FMLN, quienes denunciaron abuso de autoridades de parte de Bukele para obligarlos a aprobar el préstamo.
Los diputados de todas las fracciones han acordado reunirse ese lunes para discutir esta aprobación y ver si se puede realizar durante la sesión plenaria del próximo jueves.
Esta controversial visita de Bukele, en medio de un ambiente militarizado, ha despertado de la preocupación de la comunidad internacional. Organismos como Amnistía Internacional han señalado que «el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos».
