¡INSÓLITO! GOBIERNO SUSPENDE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES POR PANDEMIA
- Publicado: 16 Marzo 2020
Estado
de sitio para los próximos siete días ha decretado el Gobierno como
medida para evitar la propagación del “coronavirus”, lo anterior se
decidió por el gobernante Juan Hernández en reunión con sus secretarios
de Estado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
gobernante Juan Hernández, ha emitido un decreto ejecutivo que suspende
las garantías constitucionales a los hondureños, según el Gobierno como
medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.
“Quedan
restringidas, por un plazo de siete (7) días a partir de la aprobación y
publicación de este Decreto Ejecutivo las garantías constitucionales
establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de
la Constitución de la Republica”, dicta el artículo primero.
Las prohibiciones específicas son:
1) Se suspenden labores en el Sector Público y Privado durante el tiempo de excepción;
2) Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas;
3) Suspensión del funcionamiento del transporte público;
4) Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales;
5) Se prohíbe el funcionamiento de los negocios incluyendo centros comerciales;
6) Se ordena el cierre de todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en el territorio nacional.
En
tanto, el artículo tres del “decreto de emergencia” desglosa que la
restricción a las garantías constitucionales enumeradas en el Articulo
Uno del presente Decreto Ejecutivo tiene las siguientes excepciones:
1) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad;
2) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios;
3)
Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial a las industrias autorizadas en este mismo
Decreto;
4) Retorno al lugar de residencia habitual;
5)
Personal de la salud que asista o cuide a mayores, menores,
dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente
vulnerables;
6) Desplazamiento a entidades financieras, cooperativas y de seguros;
“Igualmente,
se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de
uso público para la realización de las actividades referidas en el
apartado anterior o para el abastecimiento de combustible. En todo caso,
en cualquier desplazamiento deben respetar las recomendaciones y
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias”.
Menciona
que: “La Secretaría de Estado en el Despacho Seguridad, podrá acordar
el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones
de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en
ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos”.
“En
los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones
personales obligatorias, en caso de ser imprescindible para la
consecución de los fines del presente Decreto Ejecutivo”, agrega.
Por otro lado, el artículo 4 del decreto establece las excepciones específicas relacionadas al comercio e industria:
1.
Se exceptúa del cierre de fronteras, el ingreso de hondureños,
residentes permanentes y temporales, así como cuerpo diplomático
acreditado en el país el cual entrará en cuarentena obligatoria de
manera inmediata a su ingreso de acuerdo a los lineamientos de la
Secretaria de Salud.
2.
Se exceptúan de los empleados públicos, al personal incorporado para
atender esta emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro,
seguridad y defensa nacional, la Dirección de Protección al Consumidor,
personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos u otro servicio
público indispensable.
3. Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias.
4. Industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene.
5.
Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas
dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores.
6. Gasolineras.
7. Mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías.
8. Restaurantes con autoservicio quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla.
9. Cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio.
10. Hoteles para alojamiento y alimentación a la habitación de sus huéspedes.
11. Empresas de seguridad y transporte de valores.
12. Bancos y cooperativas de ahorro y crédito.
13. Tren de aseo.
14. Industria agroalimentaria incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas.
15. Industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agro químicos.
16. Industria dedicada a la producción de energía.
17.
Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios
de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras.
18. La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos.
19. Transporte humanitario y suministros de agua.
Entre las primeras medidas adoptadas mediante decreto PCM-021-2020 están la suspensión de labores en el sector público y privado, con la excepción de médicos, farmacias y supermercados, esta medida fue adoptada para frenar la propagación de y el avance del virus.
También quedan suspendidas las reuniones, eventos de todo tipo, así como actividades religiosas, ya que a mayor número de personas, mayor posibilidad de contagio existe.
En el Artículo 1 del Decreto se establece que “quedan restringidas por un plazo de 7 días a partir de la aprobación y publicación, las garantías establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República”.
Así mismo las prohibiciones que tiene el documento, aparte de las ya especificadas, son la suspensión del transporte público, el funcionamiento de los negocios, incluyendo los centros comerciales y se ordenó el cierre de todas las fronteras, aéreas, marítimas y terrestres.
En este sentido solo se podrá circular para adquirir alimentos, productos farmacéuticos, a agencias financieras, cooperativas, entre otras, que sean estrictamente necesarias.
Además se advirtió en el Artículo 6 que las autoridades competentes deben detener a toda persona encontrada circulando fuera de las excepciones establecidas, a quienes se le leerán sus derechos conforme al Código Penal y su término de detención será conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley, además será puestos a la orden del Ministerio Público.
Ante la situación que atraviesa el país, y al confirmarse ocho casos de coronavirus, es necesario preguntarse si el sistema de salud hondureño está preparado para atender las personas que presenten síntomas del COVID-19.
Recientemente en una aparición en un foro televisivo la infectóloga Elsa Palaou expresó que entre hospitales públicos y privados no llegaban a cien ventiladores y de llegar más personas de esa cantidad, los respiradores serían insuficientes y los infectados morirían.
“Con las medidas que se están adoptando lo que se pretende es que no lleguen todos al mismo tiempo, que vayan llegando poco a poco, porque no solo es tener el ventilador, se necesita tener el recurso humano, y no todo médico puede manejarlo, y además el tiempo que debe permanecer una persona con el ventilador es indeterminado”, indicó.
Ante la emergencia de salud se aprobó la Ley de aceleración económica de protección social frente a los efectos del coronavirus, para la dotación de 11 mil 500 millones de dólares para frenar el Covid-19, fondos que, según el régimen, será para la construcción de 94 hospitales, equipo y contratación de personal.
Lo que si es cierto es que el actual Gobierno no se ha preocupado por atender las necesidades básicas, como la dotación de medicamentos ni mejorar la infraestructura de los hospitales públicos del país.
Ante la situación que está pasando el país es necesario preguntarse si Honduras está preparada para contrarrestar este tipo de problemas, si los principales centros asistenciales no se encuentran en la capacidad para atender a las personas que diariamente asisten a consulta, y no lo estarán para atender una emergencia sanitaria como la que se está atravesando a nivel mundial.
Países no deben abusar de medidas de emergencia para suprimir derechos humanos: ONU
marzo 16, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
GINEBRA.- Expertos y expertas de
derechos humanos de la ONU urgieron hoy a los Estados a evitar
extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de
coronavirus y les recordaron que los poderes extraordinarios en
situaciones de emergencia no deben ser utilizados para anular el
disenso.
“Si bien reconocemos la severidad de la actual crisis de salud y que el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia está permitido por la ley internacional en respuesta a amenazas significativas, urgentemente recordamos a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria,” dijeron los expertos y las expertas.
Su llamado hace eco del reciente llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de poner los #DerechosHumanos en el centro de la respuesta ante #BroteDeCoronavirus.
Las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por razones de seguridad o de salud, tienen claras guías en el derecho internacional, dijeron los expertos y las expertas. “El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados.”
“Más aún, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos.
“Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso.”
Algunos Estados e instituciones de seguridad podrían encontrar atractivo el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia pues ofrece atajos, dijeron los expertos y las expertas. “Para prevenir que dichos poderes excesivos se incrusten en los sistemas legales y políticos, las restricciones deberían ser adaptados a la medida y deberían ser lo menos intrusivas posibles al tiempo que protejan la salud pública.”
Finalmente, en países donde el virus vaya en declive, las autoridades deben buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, dijeron.
“Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para regular esta pandemia, para favorecer el surgimiento de sociedades sanas, con base en el Estado de Derecho y protecciones de derechos humanos,” dijeron los expertos y las expertas de la ONU.
“Si bien reconocemos la severidad de la actual crisis de salud y que el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia está permitido por la ley internacional en respuesta a amenazas significativas, urgentemente recordamos a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria,” dijeron los expertos y las expertas.
Su llamado hace eco del reciente llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de poner los #DerechosHumanos en el centro de la respuesta ante #BroteDeCoronavirus.
Las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por razones de seguridad o de salud, tienen claras guías en el derecho internacional, dijeron los expertos y las expertas. “El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados.”
“Más aún, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos.
“Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso.”
Algunos Estados e instituciones de seguridad podrían encontrar atractivo el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia pues ofrece atajos, dijeron los expertos y las expertas. “Para prevenir que dichos poderes excesivos se incrusten en los sistemas legales y políticos, las restricciones deberían ser adaptados a la medida y deberían ser lo menos intrusivas posibles al tiempo que protejan la salud pública.”
Finalmente, en países donde el virus vaya en declive, las autoridades deben buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, dijeron.
“Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para regular esta pandemia, para favorecer el surgimiento de sociedades sanas, con base en el Estado de Derecho y protecciones de derechos humanos,” dijeron los expertos y las expertas de la ONU.
Congreso elimina partidas de presupuesto de educación
- 12/02/2020
las reformas se realizaron con vicios de nulidad, denunciaron diputados de oposición.
Al iniciar la sesión de pleno, la Junta Directiva presentó
reconsideraciones al acta de la sesión de la semana pasada, la cual iba
orientada a las reformas al presupuesto, específicamente los
relacionados a la derogación de partidas para programas sociales y
educativos.
Entre las más de 40 reformas al Presupuesto General, la Junta Directiva, modificó los artículos número 104 que elimina el dinero para control de proyectos.
El artículo 203 que deroga el presupuesto para la carrera de administración municipal. El 259 que le da el tiro de gracia a las Escuelas Normales, al centro de formación de docentes y pone fin al financiamiento de programas de alfabetización.
La diputada Doris Gutiérrez, critica esa situación y lamenta que ahora con las reformas, Finanzas tendrá libertad para tomar estos fondos eliminados y asignarlos donde ellos quieran.
Como parte de las reformas, el oficialismo propuso que ahora el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, tendrá libertad para meter mano en cualquier partida presupuestaria y reasignar fondos donde ellos estimen convenientes.
En este caso, el diputado de Libre, Jari Dixon, denunció que estas reformas buscan legalizar el uso de fondos del Estado para campañas políticas y no descarta que esta maniobra esté orientada a eso.
El diputado de Libre y también profesor Gerardo Martínez, dice que eliminar el presupuesto para educación, evidencia el poco interés del gobierno por fortalecer la formación educativa, por lo que con la derogación de estas partidas presupuestarias, el impacto caerá en la formación docente, en el acceso y beneficio que tenía la gente que no sabía leer y escribir, y también en el desarrollo de los centros educativos.
Otra de las partidas eliminadas, es la relacionada a los proyectos de electrificación rural, el diputado Juan Ramón Flores, repudia la decisión de suspender los presupuestos para estos proyectos, concluyendo que las comunidades más pobres del país serán afectadas.
Las disposiciones fueron aprobadas con vicios de nulidad, entre ellos, no dar la palabra para la discusión, votar sin tener la mayoría simple requerida y violentando los procesos parlamentarios.
El diputado del PINU, Luis Redondo, denunció que las reformas al acta de la sesión de la semana pasada, están llenas de vicios de nulidad, por lo que advirtió a Finanzas, que si actúa bajo estas disposiciones correrán el riesgo de ser procesados. También anunció que en los próximos días presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Con estas reformas, el Congreso da otro golpe a la educación y al desarrollo social, y en cambio fortalece el manejo irregular de fondos para hacer campaña política en el próximo proceso electoral.
Entre las más de 40 reformas al Presupuesto General, la Junta Directiva, modificó los artículos número 104 que elimina el dinero para control de proyectos.
El artículo 203 que deroga el presupuesto para la carrera de administración municipal. El 259 que le da el tiro de gracia a las Escuelas Normales, al centro de formación de docentes y pone fin al financiamiento de programas de alfabetización.
La diputada Doris Gutiérrez, critica esa situación y lamenta que ahora con las reformas, Finanzas tendrá libertad para tomar estos fondos eliminados y asignarlos donde ellos quieran.
Como parte de las reformas, el oficialismo propuso que ahora el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, tendrá libertad para meter mano en cualquier partida presupuestaria y reasignar fondos donde ellos estimen convenientes.
En este caso, el diputado de Libre, Jari Dixon, denunció que estas reformas buscan legalizar el uso de fondos del Estado para campañas políticas y no descarta que esta maniobra esté orientada a eso.
El diputado de Libre y también profesor Gerardo Martínez, dice que eliminar el presupuesto para educación, evidencia el poco interés del gobierno por fortalecer la formación educativa, por lo que con la derogación de estas partidas presupuestarias, el impacto caerá en la formación docente, en el acceso y beneficio que tenía la gente que no sabía leer y escribir, y también en el desarrollo de los centros educativos.
Otra de las partidas eliminadas, es la relacionada a los proyectos de electrificación rural, el diputado Juan Ramón Flores, repudia la decisión de suspender los presupuestos para estos proyectos, concluyendo que las comunidades más pobres del país serán afectadas.
Las disposiciones fueron aprobadas con vicios de nulidad, entre ellos, no dar la palabra para la discusión, votar sin tener la mayoría simple requerida y violentando los procesos parlamentarios.
El diputado del PINU, Luis Redondo, denunció que las reformas al acta de la sesión de la semana pasada, están llenas de vicios de nulidad, por lo que advirtió a Finanzas, que si actúa bajo estas disposiciones correrán el riesgo de ser procesados. También anunció que en los próximos días presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Con estas reformas, el Congreso da otro golpe a la educación y al desarrollo social, y en cambio fortalece el manejo irregular de fondos para hacer campaña política en el próximo proceso electoral.
En el Segundo Aniversario del Comité Pro liberación de los Presos Políticos de Honduras, exigimos nulidad de los casos
Por defensores -
13 febrero, 2020
PRONUNCIAMIENTO
El Comité Pro-Liberación de los Presos
Políticos de Honduras, comunicamos a la comunidad Nacional e
Internacional, que hace dos años la población hondureña se manifestó
fuertemente contra el fraude electoral. En todo el país se desarrollaron
manifestaciones pacíficas prolongadas, el régimen de facto respondió
con la práctica de la aniquilación física del oponente político contra
la dictadura. Asignaba una vez más a las fuerzas militares y de policía
la tarea de destrucción de las voces oponentes.
Con las acciones militares en los
barrios y colonias fueron aterrorizadas las manifestaciones y tomas de
carretera desmanteladas con balas y gases lacrimógenos. Más de 38
personas cayeron por las balas militares y de paramilitares en este
contexto, y miles fueron detenidos. De éstos, 176 fueron criminalizados
por delitos contra la Seguridad interior del estado y enviados a
cárceles de máxima seguridad.
Este tipo de represiones jamás podrá
borrarse la memoria colectiva, las persona y organizaciones indignadas
por la desproporcionada respuesta del régimen dictatorial conformaron
este Comité que se propuso un plan estratégico de salida a la
emergencia, rescatar la libertad perdida por los oponentes políticos.
En la memoria nacional, quedará grabada
la falta de voluntad real del poder legislativo para implementar una
salida política al conflicto mediante un decreto de amnistía amplia e
incondicional, que resolviera el problema y poner fin al encarcelamiento
de decenas de personas privadas de libertad en centros de máxima
tortura, donde su vida e integridad estuvieron siempre en riesgo, en
muchos casos se materializo la violación la integridad de los
prisioneros que fueron objeto de diferentes prácticas de tortura.
Transcurridos más de dos años de este
conflicto, el régimen prepara sus tribunales para llevar a juicio a los
oponentes políticos. El subjetivo Ministerio Público, sin pruebas
solicita la programación de las Audiencias de debates. Así el régimen
logra su venganza castigar al que se pronuncia, 16 oponentes van juicio
en este primer semestre de 2020. Los Juicios sin garantías para los
procesados son un nuevo salto en la ilegalidad de la escalada represiva
del Estado.
Exigimos la nulidad de los juicios y la
libertad de todos los presos y presas políticas, que aun guardan
prisión en diferentes centros penales del país donde se ha abusado de la
prisión preventiva.
Los días 11 y 13 de febrero de 2020 se
celebran audiencia preparatorias inclusos en tribunales de menores.
Miembros de este Comité fuimos testigos de la falta de objetividad del
Ministerio Público que no sólo acusa al oponente, también a las
organizaciones a las que pertenecen calificándolas de estructuras
organizadas peligrosas.
Condena que los oponentes políticos que
pasaron casi dos años en prisión preventiva, tengan que enfrentar
juicios en estructuras que no respetan la independencia de poderes.
Los presos políticos no están siendo
juzgados por hechos si no por sus opiniones, por que piensan, discuten,
se pronuncian y organizan.
El Ministerio Público no busca justicia busca reprimir y amedrentar a la oposición política organizada.
Para los criminalizados exigimos nulidad de los Juicios, por Injustos.
Tegucigalpa, 13 de febrero de 2020
Organizaciones defensoras de DDHH se pronuncian ante Informe de OACNUD
Por defensores -
23 enero, 2020
1- Suscribimos plenamente el contenido del informe de OACNUD sobre el estado actual de las violaciones a los derechos humanos en Honduras hecho público el día 22 de enero. Este informe ratifica las negligencias de las instituciones responsables desde el Estado en la puesta en marcha de un proceso de justicia que conduzca a esclarecer, investigar, enjuiciar y aplicar sentencias condenatorias a los responsables de los hechos de violación a los derechos humanos ocurridos entre el primero de diciembre y el 27 de enero del año 2017, durante la crisis que se originó tras las elecciones del 26 de noviembre de 2017.
2- Las conclusiones del informe de OACNUD confirma la voluntad política del actual régimen basado en el control de la institucionalidad del Estado, la cual ha sido puesta al servicio de la impunidad, la corrupción y la protección de delincuentes.
3- Expresamos nuestro firme reconocimiento a la labor de la OACNUD, y en particular a la Representante Residente, Doña María Soledad Pazo. Tanto por las indagaciones y esfuerzos realizados y que se plasman en el último informe sobre la situación actual de las instituciones del Estado en relación con las violaciones a los derechos humanos. Así como por su compromiso con exigir al Estado hondureño el cumplimiento de las obligaciones conforme a los estándares internacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y por su atención y escucha hacia las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
4- Lamentamos la ausencia de voluntad del actual régimen en el cumplimiento con sus compromisos de investigación, juicio y sentencia condenatoria a los responsables de homicidios, detención ilegal y abuso de autoridad. Esto se une a la decisión de poner fin a la MACCIH con lo cual los principales personeros del régimen reconocen tácitamente su responsabilidad en delitos, saqueos y violaciones a los derechos humanos, y por tanto se blindan para evitar ir a la cárcel.
5- De igual manera lamentamos que instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, así como el Ministerio Público, y específicamente la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, guarden silencio. Ante ello, incumplen con su obligación de velar porque el Estado respete los derechos humanos y castigue a los culpables de violarlo. A nuestro parecer se han convertido en tapaderas y cómplices de los delitos y actos de corrupción de los más altos representantes del actual régimen.
6- Por todo lo expuesto: exigimos al Ministerio Público, proceda cuanto antes a cumplir con su función de investigar cada uno de los casos que están contenidos en el Informes de OACNUD. Asimismo, extender requerimientos fiscales en contra de los responsables directos e intelectuales de los homicidios, torturas, encarcelamientos injustos e ilegales. También demandamos al poder judicial a actuar conforme a derecho y no conforme a las presiones e intereses de políticos y altos funcionarios públicos.
7- Hacemos un llamado a los diversos sectores de sociedad y civil y a la comunidad internacional a que demos firme apoyo a la labor de OACNUD, la instancia que desde el liderazgo de su Represente Residente, Doña María Soledad Pazo, acompaña y observa al Estado de Honduras para que cumpla con su función de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, en conformidad con los estándares y compromisos internacionales suscritos.
Tegucigalpa, 23 de enero de 2020
Por los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras:
Coalición contra la Impunidad
Convergencia Contra el Continuismo
Red Lésbica Cattrachas
El pueblo triunfeño acuerpó al padre Florentino
“Luchar contra la minería es luchar por la vida”
Por defensores -
30 enero, 2020
Fotos: Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Por Giorgio TrucchiCientos de pobladores del municipio sureño de El Triunfo acompañaron al padre Florentino Hernández a los juzgados de Choluteca, donde el sacerdote se enfrenta a una demanda por los delitos de usurpación y apropiación indebida, presentada por su propio obispo Guy Charbonneau1.
Su único delito es haber acompañado a su pueblo en la lucha contra los proyectos mineros que una compañía canadiense pretende desarrollar en la zona, y haberse declarado “objetor de conciencia” cuando el obispo quiso trasladarlo a una parroquia de otro municipio.
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Cofadeh y Rel UITA, acompañaron al padre y al pueblo movilizado por justicia y la vida.
“Todos y todas aquí estamos luchando por la vida, la justicia y la dignidad. Por miedo dejamos que nos pisoteen y que violenten nuestros derechos. ¡Debemos vencer el miedo!
¡No estamos solos!”, dijo el padre Florentino.
“Es un caso de derechos humanos y es una persecución política. Aquí estamos con ustedes. Estamos dispuestas y decididas a ser todo lo que esté a nuestro alcance para que resplandezca la justicia
Esperamos que el obispo de Choluteca reconsidere su postura, porque esta exhibición de poder se ve muy mal”, aseveró Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh.
La audiencia se suspendió y se trasladó para el 5 de febrero, luego de que el equipo legal que defiende al sacerdote introdujo un recurso de nulidad, pidiendo que el caso se dirima en base al derecho canónico y no a través del proceso penal.
El 13 de febrero se conocerá fecha del juicio oral y público contra el preso político Rommel Herrera
Tegucigalpa.- Este día se realizó la audiencia de excepciones y nulidades en el caso que se le sigue al preso político Rommel Baldemar Herrera Portillo, el joven maestro que está siendo acusado de la quema de llantas en la entrada de la Embajada Americana el 31 de mayo de 2019.
La audiencia era cumplir con lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 336 en la cual el Tribunal de Sentencias tiene que reunir a las partes para la examinación de diligencias en las cuales ambas partes en el proceso, anuncian en el caso si procede nulidades o excepciones o recusaciones.
En este sentido la abogada Karol Cárdenas expresó que “en la audiencia le manifestamos al juez que por nuestra parte no considerábamos que existían elementos para interponer excepciones y nulidades ni recusaciones, y que se señalara fecha para audiencia de proposición de medios de prueba, misma que se realizará para el día 13 de febrero a las 9 de la mañana, y terminando dicha audiencia, el juez nos tiene que señalar fecha para el juicio oral y público”.
Por su parte el abogado Omar Menjívar dijo que espera que en la audiencia del próximo jueves 13 de febrero se admitan los medios de prueba, que sean pertinentes, útiles, para demostrar la verdad.
“Aquí lo que andamos buscando es la verdad, la Fiscalía lo que ha hecho con esta acusación es valerse del derecho penal para infringirle a Rommel una especie de pena anticipada, cuando le imputa una gravedad de calificaciones penales que no corresponden a los hechos”, señaló el abogado Menjíva
Indicó que a Rommel se le acusa de incendio agravado, no de incendio simple, si no que agravado, de por si el delito de incendio es un delito grave y si lo pone como agravado es algo mucho más grave”.
Agregó que “cuando lo que corresponden es un simple delito de daños, puede ser que incluso sean daños agravados, pero nunca incendio ni mucho menos agravado”.
El abogado indicó que espera que la prueba revele la verdad de los hechos, que el Tribunal a la hora del juicio la valore objetivamente y con ecuanimidad, para que dicte un fallo justo.
Menjívar añadió que a pesar de que existe prueba de que el incendio lo inició otra persona, se centran en Rommel porque la Fiscalía siempre se va por lo más fácil, por la urgencia de dar una respuesta y especialmente porque se trata de la Embajada de Estados Unidos y necesitan dar la apariencia de prontitud, eficacia y eficiencia, pero eso no puede ser acosta de sacrificar la libertad de una persona, más allá de lo que legalmente corresponde.
A la Sala V del Tribunal de Sentencias llegaron los padres de Rommel, Maricruz Portillo y Juan Carlos Herrera, a manera de estar pendiente de lo que pasa en el proceso de su hijo.
“Nuestra esperanza es de que los jueces que ya están conociendo el caso sean más independientes en la toma de decisiones de lo que fueron los jueces que atendieron el caso a nivel penal en los juzgados”, expresó el profesor Juan Carlos Herrera padre de Ronmel.
Indicó que “nosotros tenemos suficientes elementos para decir que aquellos jueces no fueron imparciales del todo, se pegaron más a las cosas que decía la Fiscalía en el plano de querer acusar a Rommel”.
Juan Carlos tiene la esperanza que el sistema de justicia se reivindique en el sentido de que escuche bien los argumentos y todas las pruebas que nuestra defesa va a presentar a través de los abogados de COFADEH y el abogado Omar Menjivar.
“Nuestra esperanza es que estos tres jueces se reivindique por todo el daño que a nosotros nos han hecho en todo este proceso, porque yo siempre voy a seguir diciendo que Rommel es una víctima”, expresó el padre de Rommel.
Herrera Portillo permanece recluido en el centro de internamiento Mario Mendoza, luego de presentar problemas de salud tras permanecer varios meses en la cárcel de máxima tortura ubicada en Moroceli, El Paraíso, conocida como La Tolva.
La madre Rommel rompió en llanto al concluir la audiencia.
Tegucigalpa, Honduras.-
Por 1.7 millones de dólares a causa de supuestos daños a la embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica, acusa el Ministerio Publico (MP) al
joven maestro Rommel Valdemar, quien enfrentará juicio oral y público
el 16 y 17 de abril próximo.
Rommel de 23 años, participaba en las
movilizaciones convocadas por la Plataforma en defensa de la Salud y
Educación, entre abril y junio del 2019, periodo en el que se elevó el
nivel de violaciones a derechos humanos. El 30 de mayo el joven fue
capturado y enviado a la cárcel de máxima tortura (seguridad), La
Tolva, en Morocelí, El Paraíso, hasta octubre cuando por orden médica se
le remitió a un centro médico psiquiátrico, por su grave estado de
salud.
Acusado de daños e incendio agravado,
tras la quema de llantas afuera del portón de la sede diplomática en
Tegucigalpa, Rommel estará en el banquillo de los acusados en la Sala V
de los Tribunales de Juicos Orales y Públicos de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), según determinación de la audiencia de proposición de
medios de prueba, celebrada este jueves 13 de febrero.
Neydi Castillo, fiscal del Ministerio Público junto a Claribel Medina, abogada privada de la Embajada Americana, manifestaron que los daños causados ascienden a una cuantía de un millón 710 mil 640 dólares estadounidenses (us$ 1,710,640.00) que en moneda nacional equivale a 42 millones 475 mil 191 lempiras con 20 centavos (L 42,475,191.20), al día de hoy (us$1 x L 24.83).
La cantidad de dinero supone daños a
máquinas de la embajada y los costos por el cierre de atención a las
personas que van cada día a solicitar visa, recalcó Medina, quien se
adquirió a las pruebas presentadas al MP.
Así mismo, mencionaron la presentación
de testigos protegidos, figura utilizada por miedo a represalias por
agresión demostrada por grupos organizados. Los anterior haciendo
referencia a los manifestantes y participantes en la protesta social,
criminalizando con ello la libertad de expresión.
También ofrecieron la presentación de
fotografías, objetos decomisados, ropa, videos captados por la policía a
través del sistema 911, y declaraciones de agentes policiales, los
cuales fueron aceptados por el Tribunal.
Por su parte, la defensa compuesta por
Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y el
abogado probado Omar Menjivar, prepusieron un acta de registro personal
para demostrar que Herrera Portillo no se le decomisó ningún objeto
relacionado con el hecho que se le atribuye.
La defensa alegó que la cantidad de
dinero que piden por daños, es exorbitante; y que no se puede proponer
testigos protegidos sin acreditar el supuesto riesgo al que dicen estar
sometidos, para medir riesgos hay organizaciones especializadas en la
materia que les pueden ayudar. Con respecto a este pronunciamiento el
Tribunal admitió que los testigos se presenten sin protección, y serán
ellos quienes determinen el riesgo para la declaración.
La abogada Cárdenas, estima que el
Tribunal no debió admitir el documento sobre la cuantía, donde no hay
peritaje sobre los daños. Además es un documento emitido por un
representante de la Embajada, este se hizo en el extranjero el cual
debía ser apostillado, entre otros requisitos legales.
En cuanto al tiempo señalado para el
juicio, los defensores concuerdan que hay cierta prisa en que se
desarrolle el mismo, pues si bien hay un término hasta de dos años según
el Código Penal hondureño, no siempre sucede así, o extienden el
periodo por seis meses más, mientras se junta la prueba.
Por ejemplo, explicó Menjivar, que el
caso contra Raúl Álvarez y Edwin Espinal (presos políticos que se
defienden en libertad y a quienes representa), fueron apresados en enero
del 2018, y el juicio oral y público será en mayo, un mes después de la
fecha señalada para Rommel. Pero hay que señalar que es un caso con un
impacto que representa estar involucrada la embajada americana.
Padre y madre de Rommel, esperan que su hijo obtenga justicia.
Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo,
padre y madre de Rommel, denunciaron la injusticia a la que está
sometido su hijo, por lo que es inevitable sentir impotencia. Al
finalizar la audiencia, fue inevitable para la maestra romper en llanto,
y con ello, llegaron los abrazos solidarios y las palabras de ánimo.
Lo sucedido en la audiencia en cuanto a
las pruebas propuestas para el juicio oral y público, son
incompresibles, especialmente los 42 millones de lempiras que piden por
los supuestos daños, de dónde va a sacar ese dinero, cuestionó Adrián,
hermano menor de Rommel.
Agregó que “fue una audiencia demasiado
exagerada, se hablaron muchas falacias sobre Rommel, lo acusaron hasta
de narcotraficante señalándolo de poseer una cantidad exagerada de
droga, esperaba más comprensión de parte de los jueces. sin embargo, hay
que esperar las pruebas en el juicio, porque yo no creo que Rommel haya
causado todos esos daños”.
Una audiencia dolorosa y con saña, así
la describió la integrante del Comité por la liberación de los presos
políticos en Honduras, Kathy Cooper, y se manifiesta al valorar una
puerta en más de 1.7 millones de dólares “ni que fuera de oro macizo,
además hay una serie de detalles que demuestra odio hacia la gente que
se manifiesta en contra de la arbitrariedad, el contexto nacional y el
desaparecimiento del estado de derecho”, pero se tiene la esperanza que
todo lo que la parte acusadora dice será denegado.
Afirmó la disposición a seguir la lucha
para demostrar la inocencia de este profesor que es joven y tiene un
sentimiento de rebeldía ante lo que se vive, y espera que los maestros
se solidaricen con el compañero y que señalen las arbitrariedades del
Ministerio Público.
Por su parte, Raúl Álvarez (ex preso
político) quien se defiende en libertad y está a las puertas del juicio
oral y público, dijo que “me identifico con Rommel, compartimos como
tres meses en la cárcel, estuvimos presos por la misma causa, defender
al pueblo, un país que vive en la zozobra en una dictadura ¡cómo no
quererlo si yo viví en carne propia lo que es estar preso!
Y en este ambiente de desencanto por las
propuestas de parte del Ministerio Público y la Embajada de los Estados
Unidos, Rommel Valdemar, quien permanece en un centro siquiátrico desde
octubre pasado, deberá comparecer ante un Tribunal, y el equipo de
defensa legal buscará justicia para el profesor y estudiantes de dos
carreras universitarias simultáneamente.
Tegucigalpa, Honduras.- En
la audiencia convocada para la proposición de medios de prueba previo
al juicio Oral Público donde se acusa al profesor Rommel Valdemar
Herrera Portillo, por supuestos daños e incendio agravado en perjuicio
de la Embajada de los Estados Unidos, la fiscal del Ministerio Público,
expuso que presentarán testigos protegidos debido a que existe temor a
represalias por agresión demostrada por grupos organizados.
Esta posición expresada por la fiscal
Neydi Castillo, causó molestia entre los asistentes a la audiencia este
jueves 13 de febrero en la Sala V de juicios orales y públicos de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa. Pues es el movimiento
social quien ha estado cerca de Rommel y con el que él se ha
identificado, incluso es un preso político por quemar llantas fuera de
la embajada estadounidense en el marco de protestas convocadas por la
plataforma de lucha por la salud y educación, el 31 de mayo del 2019.
En la sala judicial, además de los
docentes Maricruz Portillo y Juan Carlos Herrera, madre y padre de
Rommel, acompañaron sus hermanos y otros familiares, así como miembros
del Comité de por la liberación de los presos políticos en Honduras
entre ellos Raúl Álvarez (ex preso político) quien se defiende en
libertad y está a las puertas del juicio oral y público, por
manifestarse contra el fraude electoral de noviembre de 2017.
Al finalizar la audiencia, la integrante
del Comité de por la liberación de los presos políticos en Honduras,
Alba López, expresó su desencanto por lo que manifiesta la fiscal,
referente a quienes protestan, como si fueran del crimen organizado.
Rommel, por su grave estado de salud, permanece en un hospital siquiátrico.
“Cuando aquí ya se sabe quiénes son los
del crimen organizado, pasan como grandes señores, y es quien usurpa la
presidencia de la República; nosotros solo luchamos por una Honduras
mejor y diferente al alcance de todos los hondureños. Es vergonzoso que
el MP nos califique a los que nos pronunciamos de esa manera”, denunció
López, periodista y defensora de derechos humanos.
Mientras que Raúl Álvarez, señaló que la
fiscalía estaba presentando pruebas no autenticadas, hasta por un
formato de droga, y es que a Rommel se le mencionó por tener cierta
cantidad de marihuana, pero tras la intervención del Tribunal para
aclarar esa situación, el Ministerio Público retiró lo dicho, aduciendo
un error de formato.
“Siento que la Embajada está tomando una
postura de ligarlo al crimen organizado, y que sus testigos protegidos
corren peligro por pertenecer (Rommel) a grupos organizado”.
Agregó que, están criminalizando la
protesta como dando a entender que puede haber problemas, cuando sabemos
que el que mata es el gobierno. Referente a la cuantía “es exagerada,
cómo es posible que un vidrio o una cámara valgan más que una vida, es
lamentable la postura de la embajada”.
El equipo de defensa de Herrera Portillo, está compuesto por Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y el abogado probado Omar Menjivar, quienes lograron que los testigos no sean protegidos tal como era la petición del MP. Por lo que será el Tribunal quien estime si es seguro o no que testifiquen sin protección.
A razón del abogado Menjivar, el riesgo
de los testigos es un argumento falaz del MP para impresionar al
Tribunal; porque no se está juzgando un delito de asociación ilícita y
Rommel no es una persona que se está juzgando por que se vincule a una
organización criminal.
Entonces la Fiscalía con palabrería pero
sin evidencia pretende que se admitan testigos protegidos y se los
aceptan, eso es una mala praxis de los Tribunales de Sentencia,
ya que redunda en una degeneración del proceso y en violación del
proceso de las personas imputadas.
Juan Carlos Herrera (padre de Rommel) dialoga con la defensa.
Con la admisión de testigos protegidos
se reducen las posibilidades de defensa efectiva para el imputado. Pero
la vida es el valor supremo a proteger y, sí alguien está en peligro hay
que protegerlo. Sin embargo, en este caso argumentan que son protegidos
porque temen por sus vidas, finalizó Menjivar, con respecto a la
petición de del Ministerio Público y el estigma de quienes protestan
diciendo que son grupos organizados que pueden inferir represalias
contras sus testigos.
El juicio contra el preso político
Rommel Herrera, será el 16 y 17 de abril próximo. Sus progenitores
también docentes, lamentan el estigma contra su hijo, la exagerada
cantidad de dinero que piden por los daños a la Embajada, y que supera
los 42 millones de lempiras.
Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo
son personas luchadoras que mantienen la esperanza en que la defensa
legal desvirtúe las pruebas que presentará la parte acusadora, en un
país dominado por una dictadura, donde protestar es un crimen.
“Lo que me pasó no viene de la criminalidad organizada, los únicos que tienen ese tipo de logística es el Estado de Honduras”, señaló el docente minutos antes de abordar el avión que lo trasladaría a México.
El 28 de octubre del año anterior, en las primeras horas de la noche, Jaime Rodríguez fue secuestrado por desconocidos en las cercanías del Parque Herrera, cuando esperaba abordar una unidad del transporte para trasladarse a su hogar.
Unas 25 horas después, el docente apareció en las cercanías del Seguro Social del barrio Abajo de Tegucigalpa, donde fue auxiliado por vecinos tras pedir ayuda. El profesor tenía una herida en la garganta, golpes y señas de haber estado amarrado.
“Quiero dejar claro al pueblo hondureño que lo que me ha ocurrido no es causado por la criminalidad común, responsabilizo al Estado por lo que me pasó, eso no se debe repetir, por criticar al Gobierno u oponerse a la privatización del agua, educación y la salud, esto no puede pasar», condenó el ex presidente del Copemh.
A pesar de las constantes intimidaciones, Rodríguez consideró que los ataques a su persona no debe desanimar al sector magisterio, y les hizo un llamado para «seguir luchando, que esto no nos desanime, la lucha no la debemos abandonar, vamos a seguir denunciando lo que este ‘narcogobierno’ le está haciendo el pueblo”, declaró el ex dirigente magisterial.
Al aeropuerto internacional Toncontin llegaron varios de sus compañeros a despedirlo, así como Berta Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido en Honduras (Cofadeh), organización de derechos humanos que gestionó la salida del docente para salvaguardar su vida, y desde que le sucedió lo del secuestro, se ha encargado de su seguridad.
El docente se va de manera temporal y en el momento que considere necesario volverá para continuar la lucha contra quienes atropellan los derechos de los hondureños, o si es necesario se solicitará asilo, indicó la defensora de los derechos humanos.
Indicó que la partida del profesor Jaime Rodríguez es muy fuerte para nosotras y para el país, porque el hecho que hayamos tomado la decisión de que se vaya, es porque las condiciones de seguridad no son nada favorables y nosotras sí estamos clarísimas que el ataque que recibió no fue delincuencial sino que selectivo.
La coordinadora del Cofadeh señaló que con el ataque que recibió el docente a finales de octubre del año anterior confirma que en el país hay escuadrones de la muerte, porque esa gente tuvo una logística disponible.
En el secuestro del profesor Jaime Rodríguez participaron más de cuatro personas, usaron armas, usaron vehículos y usaron casas, entonces sí hay una logística y él no puede estar tranquilo, entonces nosotros creemos que debe salir, que debe ir a recuperarse, a reencontrarse con sí mismo después de haber visto la muerte, finalizó diciendo la coordinadora del Cofadeh.
El 30
de enero, Jaime Rodríguez, ex presidente del Colegio de Profesores de
Educación Media de Honduras (Copemh) y activista social, abandonó el
país tras sobrevivir a un intento de asesinato.
El 28 de octubre del año pasado, Jaime Rodríguez
fue secuestrado por desconocidos mientras esperaba abordar una unidad
de transporte público en Tegucigalpa. Fue el inicio de un calvario que
duró más de 24 horas.
“Eran casi las 8 de la noche cuando se
acercaron dos personas armadas. Una de ellas me golpeó en la cabeza con
el arma y me subió a un vehículo.
Me llevaron a una casa, me vendaron los ojos, me quitaron todas mis pertenencias y me amarraron a una silla.
-Siempre andás armando cagadales. ¡Ahora te vamos a enseñar cómo se arman cagadales de verdad!
Luego comenzaron a golpearme y a decirme que me iban a matar”, recordó el dirigente magisterial.
Rodríguez, quien ha
participado activamente en la resistencia contra el golpe del 2009 y en
las luchas sociales de esta última década, dijo que sus verdugos le
echaron agua helada durante toda la noche para mantenerlo despierto.
“Ya casi amaneciendo llegaron otras dos
personas. Me levantaron, me amarraron las manos por detrás y me llevaron
a la orilla del río Choluteca.
Sólo sentí que me cortaban la garganta y
que comenzaba a salir la sangre a chorro. Esperaron que me desangrara y
me tiraron al río”, dijo con los ojos humedecidos.
Trató de mantenerse a flote, reventó el
mecate que inmovilizaba sus manos y alcanzó la ribera del río. Se ocultó
entre la maleza esperando que oscureciera nuevamente.
Luego se desmayó.
Luego se desmayó.
Jaime Rodríguez tuvo suerte y no murió. Horas más tarde, unas personas lo encontraron y fue llevado al hospital donde le aplicaron 22 puntadas.
Una malformación de la yugular le salvó
la vida porque la navaja no logró alcanzarla y cortarla. La cirujana que
hizo el trabajo de reconstrucción confirmó que el intento era
degollarlo.
Terrorismo de Estado
“Esto no fue algo casual, ni es un
crimen común. Tampoco vino de la criminalidad organizada. Fue un
operativo que movilizó un equipo de seguimiento, logística, armas.
El único que tiene ese tipo de logística
es el Estado, y es el Estado que ejerce violencia contra el pueblo a
través de sus cuerpos de seguridad”, aseguró Rodríguez.
El dirigente magisterial lamentó que esta situación lo está obligando a abandonar el país, al tiempo que agradeció al Cofadeh por todo el apoyo recibido.
“Mi familia es la que más ha sufrido por
esta situación. Tuvimos que cambiar nuestros hábitos y a mí ahora me
toca ir a respirar otros aires. Esto es lo que más duele.
Es algo temporal porque no pienso
abandonar el país para siempre. No renuncio a la lucha, ni quiero que se
calle mi voz”, aseguró.
“Volveré a la lucha para que haya un cambio verdadero en el país y se termine esta dictadura”, concluyó.
Jeremías Martínez, el defensor de Guapinol entregado por sus custodios
Por defensores -
30 enero, 2020
Tocoa, Colón.- Más de 14 meses lleva tras las rejas el defensor campesino y del ambiente, Jeremías Martínez, quién fue entregado por los escoltas policiales que debían darle protección.
Martínez estaba en su vivienda, ubicada en la comunidad La Concepción, de Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras, cuando llegó como de costumbre una patrulla policial, los agentes le dijeron que abordara con ellos porque debía ir a firmar un documento.
Siendo beneficio de las Medidas Cautelares MC 50/14 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el patrullaje era parte de la rutina, pero en esta ocasión los encargados de darle seguridad lo entregaron a las autoridades judiciales, quedando en prisión.
Este hecho suma a la desconfianza que existe hacia la labor del Mecanismo de Protección Nacional y las medidas que se consensuan con las víctimas, que a veces las acatan porque no hay otra entidad que les dé protección.
La MC 50/14 fue ampliada el 6 de diciembre de 2016, acogiendo a integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), al cual pertenece don Jeremías y al dirigente de esta organización Johny Rivas; a la dirigencia de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán (COPA), y a la familia de su coordinadora, Esly Banegas.
“La misma patrulla escolta capturó a Jeremías, imponiéndole cargos en contra por la defensa del río Guapinol”, declaró Banegas, a una comisión del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que visitó la zona.
El líder campesino tiene más de 60 años, y sobre él pesan dos procesos por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, según los expedientes # 148-2018, que al pasar al juzgado de Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa, se registraron como #21-2019 y #22-2019. Del primero, 11 requeridos fueron sobreseídos definitivamente en audiencia inicial, en febrero del año pasado.
Leonel George, dirigente de COPA, comunicador social y miembro del Comité pro Defensa del Río Guapinol, estuvo en prisión, acusado -igual que Jeremías- por los supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, y el Estado de Honduras.
George afirmó que Jeremías fue entregado por quienes supuestamente lo debían cuidar. Por él llegaron hasta su casa y lo llevaron bajo engaño. Es así, que su caso fue visto antes y por otro juzgado. En el segundo expediente fue oculto, y el compañero volvía a aparecer.
La jueza Lizeth Vallecillo no le dio medidas sustitutivas a la prisión. En este expediente lo acompañan siete defensores del ambiente que estuvieron varios meses en la cárcel de máxima tortura “La Tolva”, en Morocelí, departamento de El Paraíso, a más de 500 kilómetros de distancia de sus hogares, por una medida arbitraria del Instituto Nacional Penitenciario.
Jeremías continúa privado de libertad en el centro penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, y, por presiones sociales, se logró el traslado de los siete compañeros a Olanchito, Yoro, tal como fue la orden inicial de la jueza Vallecillo.
El clamor popular es que Jeremías Martínez y los demás defensores de Guapinol sean liberados, que se detengan los trabajos de explotación del río y cese la persecución contra quienes defienden derechos humanos.
Hace dos semanas se realizó una audiencia preliminar en el caso de Jeremías Martínez, preso desde noviembre de 2018, que fue entregado por escoltas policiales asignados para hacer rondas en su vivienda, como medida de protección.
Nombran Comisión para elegir al nuevo Comisionado Nacional de derechos humanos
- 12/02/2020
En marzo comienza el proceso de selección de candidatos y candidatas al CONADEH.
La Junta Directiva del Congreso Nacional, creó una Comisión que será
la encargada del proceso de evaluación y selección de candidatos y
candidatas para ser presentada al pleno y elegir al nuevo Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos.
La Comisión quedó conformada por los diputados: Mario Pérez, quien la presidirá, el diputado liberal Mario Segura, la nacionalista Waleska Zelaya, el Demócrata Cristiano Felicito Ávila y la integrante de Alianza Patriótica Karen Ortega.
La estructura deberá presentar a más tardar la nómina el 25 de marzo al pleno, quien debe decidir sobre quien será el nuevo representante de los derechos humanos en el país.
El diputado nacionalista Marco Velásquez integra la Comisión, afirma que de inmediato van a dar apertura a la recepción de postulaciones, para que quienes quieran aspirar al cargo lleven los documentos a las oficinas administrativas del Poder Legislativo.
Como siempre, Velásquez dice que el proceso no está viciado ni responderá a las posturas y apuestas de los partidos políticos, en su lugar promete una evaluación objetiva, fundamentada en hojas de vida y capacidades.
Velásquez espera que la última semana de marzo, la nómina sea presentada al pleno y allí se defina quien será el Comisionado de Derechos Humanos.
El diputado de Libre Samuel Madrid, dijo que este proceso desde ya inicia con vicios, y no descarta que tal y como sucedió en la elección del fiscal y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se impongan las apuestas de los partidos políticos.
“El comisionado debe ser un representante del pueblo, es lamentable, que, el actual comisionado no responda a eso y no se descarta que puedan proponerlo para que continúe en el cargo”, dijo Madrid.
Asimismo, manifestó que es importante la vigilancia ciudadana al proceso, pues de lo contrario, los vicios se repetirán y serán los partidos políticos los que impongan al candidato.
Los candidatos deben tener algunos requisitos para optar a la plaza: ser hondureño por nacimiento, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser mayor de 30 años, ser profesional de las Ciencias Jurídicas y sociales o profesional universitario en derechos humanos, también debe ser de reconocida honorabilidad.
Una vez recibidas las postulaciones, la Comisión deberá elaborar un reglamento y cronograma de trabajo que incluya la evaluación de perfiles, hacer audiencias públicas y seleccionar la nómina a presentar al pleno del Legislativo.
La Comisión quedó conformada por los diputados: Mario Pérez, quien la presidirá, el diputado liberal Mario Segura, la nacionalista Waleska Zelaya, el Demócrata Cristiano Felicito Ávila y la integrante de Alianza Patriótica Karen Ortega.
La estructura deberá presentar a más tardar la nómina el 25 de marzo al pleno, quien debe decidir sobre quien será el nuevo representante de los derechos humanos en el país.
El diputado nacionalista Marco Velásquez integra la Comisión, afirma que de inmediato van a dar apertura a la recepción de postulaciones, para que quienes quieran aspirar al cargo lleven los documentos a las oficinas administrativas del Poder Legislativo.
Como siempre, Velásquez dice que el proceso no está viciado ni responderá a las posturas y apuestas de los partidos políticos, en su lugar promete una evaluación objetiva, fundamentada en hojas de vida y capacidades.
Velásquez espera que la última semana de marzo, la nómina sea presentada al pleno y allí se defina quien será el Comisionado de Derechos Humanos.
El diputado de Libre Samuel Madrid, dijo que este proceso desde ya inicia con vicios, y no descarta que tal y como sucedió en la elección del fiscal y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se impongan las apuestas de los partidos políticos.
“El comisionado debe ser un representante del pueblo, es lamentable, que, el actual comisionado no responda a eso y no se descarta que puedan proponerlo para que continúe en el cargo”, dijo Madrid.
Asimismo, manifestó que es importante la vigilancia ciudadana al proceso, pues de lo contrario, los vicios se repetirán y serán los partidos políticos los que impongan al candidato.
Los candidatos deben tener algunos requisitos para optar a la plaza: ser hondureño por nacimiento, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser mayor de 30 años, ser profesional de las Ciencias Jurídicas y sociales o profesional universitario en derechos humanos, también debe ser de reconocida honorabilidad.
Una vez recibidas las postulaciones, la Comisión deberá elaborar un reglamento y cronograma de trabajo que incluya la evaluación de perfiles, hacer audiencias públicas y seleccionar la nómina a presentar al pleno del Legislativo.
Cartas de Washington D.C.
martes, 11 de febrero de 2020
Vendedores unidos, protestan contra violencia policial
Una fuerte agrupación
de vendedores protestó pacíficamente exigiendo protección a su
integridad física y condenando la violencia policial que sufren cada vez que trabajan.
Por tal motivo están tramitando una licencia que les permita vender con mayor protección
para sus vidas.
El derecho
al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene
el derecho al trabajo, a la libre
elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a
la protección contra el desempleo,
sin discriminación, con igualdad
salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación.
El derecho al trabajo se reconoce en las normas
fundamentales de derechos humanos como son la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así
como en textos internacionales como la Carta social europea,
el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en
textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.
Fuente: Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Escrito por: Ronnie Huete S.
Corresponsal internacional
11 de febrero de 2020, Washington DC. La guerra racial en los Estados Unidos
de América (EUA), es una acción fascista indetenible en la era de Donald Trump.
Esta
vez las víctimas son un fuerte grupo de vendedores ambulantes, quienes
denuncian que los atropellos de la policía del Distrito de Columbia realizan en
contra de ellos, se van incrementado a cada año.
Según
los vendedores originarios de Latinoamérica, recientemente una menor de edad
hija de uno de los vendedores, fue atacada por parte de elementos policiales por
el hecho de estar junto a sus padres vendiendo en la calle.
La
zona es conocida como Columbia
Heights, situada en el noroeste de la capital estadounidense, y es donde
las historias de violencia racial contra los vendedores toman fuerza, como
parte del brazo cancerígeno que produce el capitalismo contra su mismo prójimo.
Según el relato de la joven, a quien por
razones de seguridad obviaremos su nombre, ella se encontraba junto con su
hermano de 8 años, cuando llegó la policía a desalojarlos de la calle en donde
se encontraban vendiendo.
En una acción normal de defensa, la menor de 15
años se lanzó a proteger a su hermano pequeño, hecho que provocó la furia del
elemento policial, quien respondió violentamente contra la joven.
Este hecho provocó el repudio de diversas organizaciones
de derechos civiles y humanos en DC, una de ellas es “Many Languages One Voice” MLOV (Muchos idiomas una voz), cuya organización
ha brindado apoyo a los vendedores.
Producto de este ataque, los
vendedores se organizaron en “Vendedores Unidos” y ahora luchan contra la violencia
racista policial y exigen a las autoridades concejales del Distrito de Columbia
que se les proporcione una licencia que les permita vender en las calles.
Soledad Miranda es una de
las voceras de la organización “vendedores unidos” y describe que desde hace más
de dos décadas vende en las calles de Washington DC, y siempre se había sentido
segura, pero ahora siente temor al ser agredida por elementos policiales después
del hecho ocurrido con la menor.
 |
| Soledad Miranda |
“Nosotros tenemos derecho a
vender en la calle, a sobrevivir, a trabajar, nadie es diferente, todos somos iguales
y vamos a luchar hasta que las autoridades de DC nos den una licencia para
poder vender con mayor seguridad” expreso Soledad, en una protesta que realizaron
ayer en las calles de la capital estadounidense.
Bajo una fuerte lluvia y las
bajas temperaturas que caracterizan el invierno de DC los vendedores junto a organizaciones
de derechos civiles realizaron una protesta pacífica hasta llegar a una posta
policial perteneciente al área en donde los “vendedores unidos” realizan su
trabajo comercial.
Jóvenes, niños, mujeres
latinoamericanas acompañaron a “vendedores unidos” en esta acción humanitaria
para hacer conciencia social y humana a una sociedad anglosajona totalmente
consumida por la enajenación y el consumismo capitalista.
Medios de comunicación locales
también hicieron acompañamiento de la actividad de “vendedores unidos”, puesto
que este tipo de acciones generalmente existe represión contra quienes protestan,
sin embargo, debido a la cobertura periodística de la prensa se evitó cualquier
intransigencia contra la integridad humana.
Una vez llegaron a la oficina
de la Policía se realizó un plantón pacifico, y una acción artística, puesto
que cada miembro de “vendedores unidos” portaba consigo un corazón de cartón con
mensajes alegóricos a la paz y el amor, que debe prevalecer entre el prójimo.
Megan Macaraeg es una de las
organizadoras de MLOV y es de la opinión que el sistema capitalista
actual, obliga a las personas a trabajar en las calles porque no existe un salario
justo y esto hace insostenible la vida en la capital de los Estados Unidos.
“Las personas no pueden
pagar los altos precios de la renta de la vivienda en los EUA y de alguna forma
tienen que sobrevivir a este sistema injusto, la policía está criminalizando a “vendedores
unidos” a tal punto que una niña fue atacada solo por el hecho de vender fruta
en la calle, y eso no es un crimen”. Megan Macaraeg.
El plantón pacífico y artístico
que se realizó en la oficina de la Policía duró un aproximado de dos horas, se
nombró una delegación de “vendedores unidos” para conversar con los policías y
hacerles saber que están haciendo el trámite correspondiente para obtener una
licencia, que les permita vender en la calle, sin embargo, la policía no
respondió a la petición de “vendedores unidos”.
Los protestantes se marcharon
del lugar, aduciendo que seguirán luchando pacíficamente por su derecho a trabajar
en las calles y hacer conciencia en la sociedad estadounidense, que no es un crimen
lo que ellos hacen, ya que es una hazaña el sobrevivir trabajando en las calles
de Washington DC, bajo la sombra racista de una población gobernada y sometida
por Donald Trump.
Por millonario desvío de fondos en Universidad de Agricultura presentan requerimiento fiscal contra Marlon Escoto
febrero 7, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El Ministerio Público informó este viernes sobre la presentación de un requerimiento fiscal contra el exrector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y otras 18 personas más, implicadas en un millonario desvío de recursos que fueron utilizados para un irregular aumento salarial.
Tegucigalpa. –El Ministerio Público informó este viernes sobre la presentación de un requerimiento fiscal contra el exrector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y otras 18 personas más, implicadas en un millonario desvío de recursos que fueron utilizados para un irregular aumento salarial.
Lea además: Conozca espeluznante acto de corrupción de Marlon Escoto
El requerimiento fiscal fue presentado contra Marlon Oniel Escoto Valerio (exrector), Óscar Ovideo Redondo (ex secretario general, luego exrector), Francisco Javier Medina Cabrera, José Antonio Ramírez Alvarado, José Andrés Paz Díaz, Kenny Sirey Nájera Aparicio, Emilio Javier Fuentes Zúniga, Raúl Isaías Muñoz Hernández, Mirian Anabel Alvarado Muñoz, Juan Alberto Chavarría, Romeo Uclides Guevara, Víctor Javier Gonzáles Santos, Hilsy Lourdes Sanabria Ortega, Carlos Manuel Ulloa Ulloa, José Bayardo Alemán Mejía, Roy Donaldo Menjívar Barahona, José Luis Castillo Lanza, Jhonny Leonel Barahona y Ana Mireya Suazo, todos miembros del Consejo Directivo entre los periodos 2010-2013 y 2013-2016
Marlon
Escoto laboró por más de 18 años en la Universidad Nacional de
Agricultura, con sede en Catacamas, Olancho. Fue rector durante dos
periodos y mientras se desempeñaba como rector ocupó también el cargo
de secretario de Educación durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa
(2010-2014) y el 31 de enero de 2017 fue juramentado como delegado
presidencial para Manejo del Plan de Aguas y Cambio Climático, cargo que
sigue desempeñando en la administración de Juan Hernández.
La información oficial establece que investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) evidencian una manipulación de informes técnicos mediante la contratación de una consultoría externa que dio paso a las ilicitudes cometidas, obviándose dictámenes legales y disposiciones generales del presupuesto y simulándose una demanda al Estado bajo la modalidad de reclamo administrativo con la que se dio una autoconciliación, en la que los mismos demandantes al ser parte del Consejo Directivo resolvieron hacerse efectivo el pago de remuneraciones y sueldos caídos desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.
Noticia Relacionada: Ministerio Público secuestra documentación en la Universidad de Agricultura
Mediante un comunicado, el Ministerio Público estableció la acción como una línea de investigación de un acto de corrupción cometido en la UNA en el cual señala, logró acreditar más de 164 millones de lempiras (Lps.164,266,334.19), suma de dinero para incrementos salariales y pagos arancelarios repartidos a 82 miembros directivos y del claustro de maestros, siguiéndose para tal fin una serie de procedimientos con vicios de ilegalidad y sin respaldo financiero.La información oficial establece que investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) evidencian una manipulación de informes técnicos mediante la contratación de una consultoría externa que dio paso a las ilicitudes cometidas, obviándose dictámenes legales y disposiciones generales del presupuesto y simulándose una demanda al Estado bajo la modalidad de reclamo administrativo con la que se dio una autoconciliación, en la que los mismos demandantes al ser parte del Consejo Directivo resolvieron hacerse efectivo el pago de remuneraciones y sueldos caídos desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.
El
requerimiento fiscal fue presentado la mañana de este viernes por la
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Pública (FETCCOP) en coordinación con la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC).
Los delitos
Con base a los hechos, la acusación se promovió por tres delitos de abuso de autoridad en concurso real contra Marlon Escoto, Francisco Medina, José Ramírez, Víctor Gonzales, Hilsy Sanabria y Roy Menjívar, siete delitos de abuso de autoridad contra Óscar Redondo, seis delitos de abuso de autoridad contra Juan Chavarría, cinco delitos de abuso de autoridad contra Romeo Guevara, cuatro delitos de abuso de autoridad contra José Castillo, dos delitos de abuso de autoridad contra José Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Mirian Alvarado, Carlos Ulloa y José Alemán y un delito de abuso de autoridad contra Jhony Barahona y Ana Suazo, quienes deberán comparecer ante los Juzgados del Circuito Anticorrupción.
El abogado César Bonilla, defensor
del comisionado policial Leonel Sauceda, capturado este martes por la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa, aseguró
que estas acciones fueron motivadas por denuncias falsas contra su
cliente.
‘Esta es una cuestión sorpresiva, Se han presentado todos los medios de prueba, desde el origen de fondos de sus cuentas bancarias. Sorprendidos estamos con este requerimiento fiscal’, comenzó diciendo el defensor privado.
‘Esto ya está montado y vamos a continuar el procedimiento hasta poner el libertad al comisionado. No entendemos como el Ministerio Público decidió presentar este requerimiento, son denuncias de repente falsas y por la situación del país de repente lo que buscan algunas instituciones es justificar el trabajo’, añadió.
Bonilla aseguró que las investigaciones patrimoniales son muy complejas, pero reiteró que tienen las pruebas.
El Ministerio Público sustenta su requerimiento en que Sauceda no justificó unos 17 millones de lempiras.
Con base a los hechos, la acusación se promovió por tres delitos de abuso de autoridad en concurso real contra Marlon Escoto, Francisco Medina, José Ramírez, Víctor Gonzales, Hilsy Sanabria y Roy Menjívar, siete delitos de abuso de autoridad contra Óscar Redondo, seis delitos de abuso de autoridad contra Juan Chavarría, cinco delitos de abuso de autoridad contra Romeo Guevara, cuatro delitos de abuso de autoridad contra José Castillo, dos delitos de abuso de autoridad contra José Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Mirian Alvarado, Carlos Ulloa y José Alemán y un delito de abuso de autoridad contra Jhony Barahona y Ana Suazo, quienes deberán comparecer ante los Juzgados del Circuito Anticorrupción.
Publicado el 11 Febrero, 2020
‘Esta es una cuestión sorpresiva, Se han presentado todos los medios de prueba, desde el origen de fondos de sus cuentas bancarias. Sorprendidos estamos con este requerimiento fiscal’, comenzó diciendo el defensor privado.
‘Esto ya está montado y vamos a continuar el procedimiento hasta poner el libertad al comisionado. No entendemos como el Ministerio Público decidió presentar este requerimiento, son denuncias de repente falsas y por la situación del país de repente lo que buscan algunas instituciones es justificar el trabajo’, añadió.
Bonilla aseguró que las investigaciones patrimoniales son muy complejas, pero reiteró que tienen las pruebas.
El Ministerio Público sustenta su requerimiento en que Sauceda no justificó unos 17 millones de lempiras.
Honduras: ¿ENEE después de la llovizna?
enero 23, 2020
Redaccion
Por: Javier Suazo
Tegucigalpa. –La privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha sido uno de los objetivos/meta de los programas de estabilización económica, reforma del Estado y ajuste estructural promovidos por el FMI y Banco Mundial.
Con el modelo neoliberal ejecutado a partir de los años 90s, pero, sobre todo, profundizado después del golpe de Estado (junio de 2009), la corrupción, falta de transparencia, politización, comisionismo burocrático y sobreendeudamiento, han sido los principales alicientes para acelerar dicho proceso, aun cuando los voceros de estos organismos lo consideren un obstáculo de retardo para eficientar la ENEE y mercado de energía.
Siguiendo con la tradición, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), en Consejo de Ministros, mediante decreto ejecutivo PCM-067-2019, nombró una nueva Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), liderada por la abogada, Miriam Guzmán, que a la vez es la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR). El argumento es que ni los gerentes nombrados, ni la Empresa Energía Honduras (EEH) constituida para recuperar las pérdidas de la ENEE, han tenido los resultados esperados, y más bien, cada año, el Estado tiene que pagar a las empresas generadoras de energía más de 6,000 millones de lempiras por deudas acumuladas.
De acuerdo con funcionarios del Gobierno, la abogada Guzmán se ha venido desempeñando con buen suceso en el SAR, que ha permitido al gobierno aumentar las recaudaciones tributarias y hacer frente a parte de las obligaciones financieras que enfrenta, desoyendo las quejas de los empresarios por los altos impuestos que no permite competir con otros países de la región (Guatemala, por ejemplo). Esta Comisión goza del respaldo de JOH, por lo que aquellas instituciones, empresas y personas particulares que deben y roban energía a la ENEE deberán ponerse al día con sus obligaciones; la fiesta acabó, según Miriam Guzmán.
Se busca combatir el hurto de energía, reducir la mora y eficientar la ENEE al eliminar paracaidistas, duplicidad de funciones y rescindir contratos de trabajo a personal nombrado por decreto (activistas políticos) por pertenecer al partido de gobierno; incluso, tal como se deriva de declaraciones de miembros de la Comisión Interventora, evaluar el contrato con la EEH en cuanto avance en la gestión operativa para cumplimiento de metas financieras (reducción de perdidas).
Una primera tarea realizada, en la ejecución de la “Operación Trueno”, que consiste en sancionar y multar a empresas que hurtan energía o que están en mora con la ENEE, incluyendo las instituciones de gobierno, ya que las deudas de estas últimas sobrepasan los 3,600 millones de lempiras, sumado a los “cortes de luz” a personas que tienen pegues clandestinos para hurtar energía, para lo cual son acompañados por miembros de la fuerza de seguridad pública.
El gobierno, a través de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), destaca que ya están negociando un plan de pagos de las instituciones con la ENEE y el Ministerio Publico espera darle trámite a los expedientes de empresas que están morosas o hurtan energía. “La coordinadora de la Fuerza Nacional Anti-evasión (FNA) del SAR, Ángela Madrid, “informó que estos casos de hurto, por parte de los seis (6) grandes contribuyentes del sector industrial, se detectaron en varias zonas del país. Específicamente, mencionó que se encontraron irregularidades en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Juticalpa” (Tiempo: hn, 16/01/2020).
Una segunda tarea, exigida por organizaciones de la sociedad civil, es la revisión de los contratos de energía con los privados y el de la EEH. Aunque no hay claridad en el acuerdo de creación de la Comisión Interventora, acerca de la revisión de estos contratos, la abogada Guzmán habla de revisar todos los contratos suscritos, siendo este “Talón de Aquiles” de su creación, en tanto sus acciones encomendadas se “limitan” a lograr ( ¿en realidad a contribuir?) la estabilización financiera de la ENEE, mediante la recuperación de las pérdidas que han mermado el correcto funcionamiento de la Institución y; apoyar el proceso de implementación de la Ley General del Sector Energético de Honduras (Art. 3). De allí que la revisión de contratos, si se hace, le correspondería al propio JOH y gabinete económico/energético.
JOH y su equipo ha tenido el suficiente tiempo para revisar estos contratos y no lo ha hecho, por lo que esta tarea no la realizará la Comisión Interventora. Los argumentos son varios: a) Muchos de estos contratos se amparan en leyes marco, leyes sectoriales y decretos ejecutivos PCM, cuya revisión, ajuste o cancelación, implica necesariamente reformas o derogación de un marasmo de leyes que el gobierno, especialmente JOH, no ha manifestado voluntad de ejecutar; b) Los beneficiarios de los contratos son empresarios, funcionarios públicos y diputados que llevaron al Partido Nacional y a JOH al poder, siendo poco probable que Miriam Guzmán se “dispare” sin la venia del Jefe al que tiene que rendirle cuentas; c) La cancelación de los contratos conlleva fuertes erogaciones de dinero para el Estado ( indemnización) y demandas judiciales por las empresas, por lo que el gobierno no está en capacidad de absorber; d) Hay posiciones encontradas entre los actores involucrados acerca de proceder con la revisión de los contratos ( uno por uno), donde las más visibles son la de empresarios, OFIs y Sindicato de la ENEE.
La posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), es que los contratos de energía suscritos, especialmente energía térmica, no son la causa de la crisis financiera de la ENEE, y más bien es de analizar la inoperancia administrativa y politización de la empresa, sumado a la corrupción y falta de cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas por EEH.
En el caso del FMI, la exigencia es cumplir con la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica (Decreto 404-2013, de mayo de 2014), que manda partir la ENEE en tres (3) empresas (generación, trasmisión y distribución), sumado al fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cambio en el régimen tarifario (no trasladar los costos de inoperancia de la ENEE al pueblo cada tres meses), contratación del Organismo Operador del Sistema, la revisión de los fideicomisos y sobrecontratación de energía cara por la ENEE. Para ello, se firmó un nuevo Acuerdo Stand Bay (2019-2021) con el FMI y elaboró un Plan de Rescate de la ENEE, que no goza del apoyo real de los principales actores involucrados, uno de ellos el Congreso de la República.
En el caso del Sindicato, cuya directiva es avalada por las bases, pero no por el Ministerio del Trabajo ya que acuerpa la directiva paralela que lidera Miguel Aguilar, acusado de malversar 6 millones de lempiras y uno de los beneficiados con la entrada en operación de la EEH, la crisis de la ENEE se explica por la vigencia de contratos leoninos para las finanzas de la empresas que erosiona cada año los ingresos tributarios del gobierno, sumado a la inoperancia de la EEH que no cuenta con personal técnico capacitado, disponible en la ENEE y subutilizado. La ENEE traslada los costos de energía cara a la población vía tarifas, ya que la primera energía que ingresa (se compra) es la más cara, o sea la energía térmica, por lo que las tarifas a pagar serán mayores; ello, aun cuando, el precio del bunker observada una tendencia a la baja.
De acuerdo con el Secretario General del STENEE, Alirio Medina (Criterio.hn), la Comisión Interventora lo que hará es facilitar el proceso de privatización de la ENEE acordado con el FMI, dando entrada a empresas de maletín como Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (EGECO), Empresa Eléctrica de Transmisión y Operación (EMETO) y Empresa de Desarrollo y Comercialización de Electricidad (EDCO). Estas empresas, no se sabe de dónde salieron y quiénes son sus propietarios. Preocupa, en tal sentido, el silencio del FMI que apuesta por un proceso de partición de la ENEE transparente. Igual se desconoce, la posición del Dr. Marlon Tabora, Coordinador del Plan de Rescate de la ENEE, sobre estas denuncias.
La EEH no ha cumplido con los objetivos/metas propuestos, ni demostrada capacidad técnica requerida para hacerlo, ya que parte de las funciones de la Comisión Interventora debería realizarlas aquella. “El contrato de la EEH es de siete años. La compañía fue contratada para que redujera las pérdidas en el sistema de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los números del consorcio colombiano no son los mejores en los últimos dos años. Aunque en el primero cumplieron con una reducción del 4.06%, en 2018 y 2019 no alcanzaron, por mucho, el objetivo que estaba estipulado en el acuerdo.” (Tiempo.hn, 01/09/2020).
En otro país, ejemplo Ecuador o Perú, esta falta de cumplimiento es sinónimo de penalización, revisión y cancelación de contrato para una empresa que no se sabe de donde salió, quienes son los socios reales (externos y nacionales), la experiencia habida y el rol de actores internos como el Sindicato de la ENEE y políticos corruptos que, en la actualidad, celebran el retiro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH-OEA), a cambio del voto a favor de Almagro para la reelección en la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esas condiciones, después que pase la llovizna y vuelva la sequía a Honduras, el informe de la abogada Guzmán a JOH detallará los planes de pago de energía a la ENEE por las instituciones de gobierno, recuperación de la deuda de las embajadas que superan los 116 millones de lempiras, recuperación de parte de la mora de las empresas, bancos y hoteles, aumento de ingresos por pagos de usuarios (enfrentan serios problemas de empleo e ingresos), colocación de contadores inteligentes y focos ahorrativos ( hay que consultarle a Ricci Moncada) , despido de trabajadores paracaidistas ( siempre y cuando no sean activistas políticos) y se demuestren de nuevo las inoperancias de la EEH y CREE, es esperar que el gobierno cumpla, tal como lo ha venido haciendo, con parte de las condiciones establecidas con el FMI.
Derivado del Plan de Rescate de la ENEE, ya existe un avance con el fortalecimiento de la CREE y la participación con las tres (3) empresas de maletín, no así con aquellas que buscan despolitizar a la ENEE y convertirla en una institución independiente de las decisiones del Ejecutivo, particularmente de JOH. El vacío es mayor cuando se trata de concretar una decisión política (preocupación del FMI entre bastidores), para revisar y derogar contratos de energía y el suscrito con EEH. El presidente Hernández y diputados son conscientes que el control de la ENEE es fundamental para ganar las elecciones en 2021, tal como lo fue en 2013 y 2017, por lo que conviene no hacer mucho ruido, pero si tratar de recuperar parte de la mora y pérdidas.
Es de esperar que el problema de la ENEE, pero sobre todo la crisis del subsector eléctrico y del sector energético en general, no sea resuelta por este gobierno, y más bien con las acciones avaladas por el FMI, se agrave y genere un conflicto gremial y político a medida que avanza el proceso electoral. Se necesita una visión más amplia que aquella que mira en la energía una mercancía, igual que una bolsa de confites y/o un paquetillo de cigarros, sin ver que es un bien público necesario para la reproducción de la vida humana. La Oposición Política, debería estar trabajando juntamente con los colegios profesionales, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), asociaciones de microempresarios, cámaras regionales de comercio, Sindicato de la ENEE, Asociaciones de Productores de Energía, las empresas de generación de energía no corruptas (producto de procesos mañosos y violadores de leyes ambientales) y organizaciones de protección al consumidor, una propuesta alternativa e integral.
Para el sector energético, un punto de partida son los estudios elaborados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para los países de la región centroamericana en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), referidos a la evaluación de escenarios sobre planificación energética a 2030 y los informes de actualización de cifras e indicadores del sector por país. Pero, también, urge una caracterización rápida del sector en cuanto a disponibilidad de recursos, institucionalidad y marco jurídico, actores, empresas existentes, políticas, programas y proyectos vigentes, niveles de eficiencia y población afectada por las decisiones gubernamentales.
En el caso del subsector eléctrico y ENEE, un punto de partida debe ser la posición asumida por el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras y otros afines ( CIMEQH), presentada en el Foro de Energía en abril de 2019, y las distintas ponencias de expertos nacionales, con recomendaciones sobre la planificación del subsector, operativización y despolitización de la ENEE, programas y sistemas de reducción de mora y perdidas técnicas y no técnicas, régimen tarifario, funcionamiento de la CREE y los problemas de EEH, sumado a la política de endeudamiento, renegociación de los contratos y medidas efectivas para el ahorro de energía en los hogares y empresas. La gran parte de estas recomendaciones no han sido adoptadas por el gobierno actual; el problema, según criterio de miembros del CIMEQH, es que JOH no cree en los técnicos.
Finalmente, la reforma del sector energético y subsector eléctrico que ejecuta el gobierno con apoyo del FMI ha invisibilizado a los gobiernos locales y organizaciones regionales y departamentales, sean empresariales, gremiales o sociales. La causa, el centralismo político-burocrático y corrupto, que en una propuesta alternativa deber ser eliminado; los territorios, como actores sociales, no solo exigen participar sino también decidir sobre su futuro.
Tegucigalpa, DC, 20 de enero de 2020
Javier Suazo
Economista hondureño con Maestría en Políticas Económicas y estudios doctorales en ciencias económicas, catedrático de la UNAH. Se basa en la exposición del autor a dirigentes gremiales, estudiantiles y microempresarios sobre la Intervención y privatización de la ENEE, San Pedro Sula, jueves, 16 de enero de 2020.
Tegucigalpa. –La privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha sido uno de los objetivos/meta de los programas de estabilización económica, reforma del Estado y ajuste estructural promovidos por el FMI y Banco Mundial.
Con el modelo neoliberal ejecutado a partir de los años 90s, pero, sobre todo, profundizado después del golpe de Estado (junio de 2009), la corrupción, falta de transparencia, politización, comisionismo burocrático y sobreendeudamiento, han sido los principales alicientes para acelerar dicho proceso, aun cuando los voceros de estos organismos lo consideren un obstáculo de retardo para eficientar la ENEE y mercado de energía.
Siguiendo con la tradición, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), en Consejo de Ministros, mediante decreto ejecutivo PCM-067-2019, nombró una nueva Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), liderada por la abogada, Miriam Guzmán, que a la vez es la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR). El argumento es que ni los gerentes nombrados, ni la Empresa Energía Honduras (EEH) constituida para recuperar las pérdidas de la ENEE, han tenido los resultados esperados, y más bien, cada año, el Estado tiene que pagar a las empresas generadoras de energía más de 6,000 millones de lempiras por deudas acumuladas.
De acuerdo con funcionarios del Gobierno, la abogada Guzmán se ha venido desempeñando con buen suceso en el SAR, que ha permitido al gobierno aumentar las recaudaciones tributarias y hacer frente a parte de las obligaciones financieras que enfrenta, desoyendo las quejas de los empresarios por los altos impuestos que no permite competir con otros países de la región (Guatemala, por ejemplo). Esta Comisión goza del respaldo de JOH, por lo que aquellas instituciones, empresas y personas particulares que deben y roban energía a la ENEE deberán ponerse al día con sus obligaciones; la fiesta acabó, según Miriam Guzmán.
Se busca combatir el hurto de energía, reducir la mora y eficientar la ENEE al eliminar paracaidistas, duplicidad de funciones y rescindir contratos de trabajo a personal nombrado por decreto (activistas políticos) por pertenecer al partido de gobierno; incluso, tal como se deriva de declaraciones de miembros de la Comisión Interventora, evaluar el contrato con la EEH en cuanto avance en la gestión operativa para cumplimiento de metas financieras (reducción de perdidas).
Una primera tarea realizada, en la ejecución de la “Operación Trueno”, que consiste en sancionar y multar a empresas que hurtan energía o que están en mora con la ENEE, incluyendo las instituciones de gobierno, ya que las deudas de estas últimas sobrepasan los 3,600 millones de lempiras, sumado a los “cortes de luz” a personas que tienen pegues clandestinos para hurtar energía, para lo cual son acompañados por miembros de la fuerza de seguridad pública.
El gobierno, a través de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), destaca que ya están negociando un plan de pagos de las instituciones con la ENEE y el Ministerio Publico espera darle trámite a los expedientes de empresas que están morosas o hurtan energía. “La coordinadora de la Fuerza Nacional Anti-evasión (FNA) del SAR, Ángela Madrid, “informó que estos casos de hurto, por parte de los seis (6) grandes contribuyentes del sector industrial, se detectaron en varias zonas del país. Específicamente, mencionó que se encontraron irregularidades en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Juticalpa” (Tiempo: hn, 16/01/2020).
Una segunda tarea, exigida por organizaciones de la sociedad civil, es la revisión de los contratos de energía con los privados y el de la EEH. Aunque no hay claridad en el acuerdo de creación de la Comisión Interventora, acerca de la revisión de estos contratos, la abogada Guzmán habla de revisar todos los contratos suscritos, siendo este “Talón de Aquiles” de su creación, en tanto sus acciones encomendadas se “limitan” a lograr ( ¿en realidad a contribuir?) la estabilización financiera de la ENEE, mediante la recuperación de las pérdidas que han mermado el correcto funcionamiento de la Institución y; apoyar el proceso de implementación de la Ley General del Sector Energético de Honduras (Art. 3). De allí que la revisión de contratos, si se hace, le correspondería al propio JOH y gabinete económico/energético.
JOH y su equipo ha tenido el suficiente tiempo para revisar estos contratos y no lo ha hecho, por lo que esta tarea no la realizará la Comisión Interventora. Los argumentos son varios: a) Muchos de estos contratos se amparan en leyes marco, leyes sectoriales y decretos ejecutivos PCM, cuya revisión, ajuste o cancelación, implica necesariamente reformas o derogación de un marasmo de leyes que el gobierno, especialmente JOH, no ha manifestado voluntad de ejecutar; b) Los beneficiarios de los contratos son empresarios, funcionarios públicos y diputados que llevaron al Partido Nacional y a JOH al poder, siendo poco probable que Miriam Guzmán se “dispare” sin la venia del Jefe al que tiene que rendirle cuentas; c) La cancelación de los contratos conlleva fuertes erogaciones de dinero para el Estado ( indemnización) y demandas judiciales por las empresas, por lo que el gobierno no está en capacidad de absorber; d) Hay posiciones encontradas entre los actores involucrados acerca de proceder con la revisión de los contratos ( uno por uno), donde las más visibles son la de empresarios, OFIs y Sindicato de la ENEE.
La posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), es que los contratos de energía suscritos, especialmente energía térmica, no son la causa de la crisis financiera de la ENEE, y más bien es de analizar la inoperancia administrativa y politización de la empresa, sumado a la corrupción y falta de cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas por EEH.
En el caso del FMI, la exigencia es cumplir con la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica (Decreto 404-2013, de mayo de 2014), que manda partir la ENEE en tres (3) empresas (generación, trasmisión y distribución), sumado al fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cambio en el régimen tarifario (no trasladar los costos de inoperancia de la ENEE al pueblo cada tres meses), contratación del Organismo Operador del Sistema, la revisión de los fideicomisos y sobrecontratación de energía cara por la ENEE. Para ello, se firmó un nuevo Acuerdo Stand Bay (2019-2021) con el FMI y elaboró un Plan de Rescate de la ENEE, que no goza del apoyo real de los principales actores involucrados, uno de ellos el Congreso de la República.
En el caso del Sindicato, cuya directiva es avalada por las bases, pero no por el Ministerio del Trabajo ya que acuerpa la directiva paralela que lidera Miguel Aguilar, acusado de malversar 6 millones de lempiras y uno de los beneficiados con la entrada en operación de la EEH, la crisis de la ENEE se explica por la vigencia de contratos leoninos para las finanzas de la empresas que erosiona cada año los ingresos tributarios del gobierno, sumado a la inoperancia de la EEH que no cuenta con personal técnico capacitado, disponible en la ENEE y subutilizado. La ENEE traslada los costos de energía cara a la población vía tarifas, ya que la primera energía que ingresa (se compra) es la más cara, o sea la energía térmica, por lo que las tarifas a pagar serán mayores; ello, aun cuando, el precio del bunker observada una tendencia a la baja.
De acuerdo con el Secretario General del STENEE, Alirio Medina (Criterio.hn), la Comisión Interventora lo que hará es facilitar el proceso de privatización de la ENEE acordado con el FMI, dando entrada a empresas de maletín como Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (EGECO), Empresa Eléctrica de Transmisión y Operación (EMETO) y Empresa de Desarrollo y Comercialización de Electricidad (EDCO). Estas empresas, no se sabe de dónde salieron y quiénes son sus propietarios. Preocupa, en tal sentido, el silencio del FMI que apuesta por un proceso de partición de la ENEE transparente. Igual se desconoce, la posición del Dr. Marlon Tabora, Coordinador del Plan de Rescate de la ENEE, sobre estas denuncias.
La EEH no ha cumplido con los objetivos/metas propuestos, ni demostrada capacidad técnica requerida para hacerlo, ya que parte de las funciones de la Comisión Interventora debería realizarlas aquella. “El contrato de la EEH es de siete años. La compañía fue contratada para que redujera las pérdidas en el sistema de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los números del consorcio colombiano no son los mejores en los últimos dos años. Aunque en el primero cumplieron con una reducción del 4.06%, en 2018 y 2019 no alcanzaron, por mucho, el objetivo que estaba estipulado en el acuerdo.” (Tiempo.hn, 01/09/2020).
En otro país, ejemplo Ecuador o Perú, esta falta de cumplimiento es sinónimo de penalización, revisión y cancelación de contrato para una empresa que no se sabe de donde salió, quienes son los socios reales (externos y nacionales), la experiencia habida y el rol de actores internos como el Sindicato de la ENEE y políticos corruptos que, en la actualidad, celebran el retiro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH-OEA), a cambio del voto a favor de Almagro para la reelección en la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esas condiciones, después que pase la llovizna y vuelva la sequía a Honduras, el informe de la abogada Guzmán a JOH detallará los planes de pago de energía a la ENEE por las instituciones de gobierno, recuperación de la deuda de las embajadas que superan los 116 millones de lempiras, recuperación de parte de la mora de las empresas, bancos y hoteles, aumento de ingresos por pagos de usuarios (enfrentan serios problemas de empleo e ingresos), colocación de contadores inteligentes y focos ahorrativos ( hay que consultarle a Ricci Moncada) , despido de trabajadores paracaidistas ( siempre y cuando no sean activistas políticos) y se demuestren de nuevo las inoperancias de la EEH y CREE, es esperar que el gobierno cumpla, tal como lo ha venido haciendo, con parte de las condiciones establecidas con el FMI.
Derivado del Plan de Rescate de la ENEE, ya existe un avance con el fortalecimiento de la CREE y la participación con las tres (3) empresas de maletín, no así con aquellas que buscan despolitizar a la ENEE y convertirla en una institución independiente de las decisiones del Ejecutivo, particularmente de JOH. El vacío es mayor cuando se trata de concretar una decisión política (preocupación del FMI entre bastidores), para revisar y derogar contratos de energía y el suscrito con EEH. El presidente Hernández y diputados son conscientes que el control de la ENEE es fundamental para ganar las elecciones en 2021, tal como lo fue en 2013 y 2017, por lo que conviene no hacer mucho ruido, pero si tratar de recuperar parte de la mora y pérdidas.
Es de esperar que el problema de la ENEE, pero sobre todo la crisis del subsector eléctrico y del sector energético en general, no sea resuelta por este gobierno, y más bien con las acciones avaladas por el FMI, se agrave y genere un conflicto gremial y político a medida que avanza el proceso electoral. Se necesita una visión más amplia que aquella que mira en la energía una mercancía, igual que una bolsa de confites y/o un paquetillo de cigarros, sin ver que es un bien público necesario para la reproducción de la vida humana. La Oposición Política, debería estar trabajando juntamente con los colegios profesionales, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), asociaciones de microempresarios, cámaras regionales de comercio, Sindicato de la ENEE, Asociaciones de Productores de Energía, las empresas de generación de energía no corruptas (producto de procesos mañosos y violadores de leyes ambientales) y organizaciones de protección al consumidor, una propuesta alternativa e integral.
Para el sector energético, un punto de partida son los estudios elaborados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para los países de la región centroamericana en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), referidos a la evaluación de escenarios sobre planificación energética a 2030 y los informes de actualización de cifras e indicadores del sector por país. Pero, también, urge una caracterización rápida del sector en cuanto a disponibilidad de recursos, institucionalidad y marco jurídico, actores, empresas existentes, políticas, programas y proyectos vigentes, niveles de eficiencia y población afectada por las decisiones gubernamentales.
En el caso del subsector eléctrico y ENEE, un punto de partida debe ser la posición asumida por el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras y otros afines ( CIMEQH), presentada en el Foro de Energía en abril de 2019, y las distintas ponencias de expertos nacionales, con recomendaciones sobre la planificación del subsector, operativización y despolitización de la ENEE, programas y sistemas de reducción de mora y perdidas técnicas y no técnicas, régimen tarifario, funcionamiento de la CREE y los problemas de EEH, sumado a la política de endeudamiento, renegociación de los contratos y medidas efectivas para el ahorro de energía en los hogares y empresas. La gran parte de estas recomendaciones no han sido adoptadas por el gobierno actual; el problema, según criterio de miembros del CIMEQH, es que JOH no cree en los técnicos.
Finalmente, la reforma del sector energético y subsector eléctrico que ejecuta el gobierno con apoyo del FMI ha invisibilizado a los gobiernos locales y organizaciones regionales y departamentales, sean empresariales, gremiales o sociales. La causa, el centralismo político-burocrático y corrupto, que en una propuesta alternativa deber ser eliminado; los territorios, como actores sociales, no solo exigen participar sino también decidir sobre su futuro.
Tegucigalpa, DC, 20 de enero de 2020
Javier Suazo
Economista hondureño con Maestría en Políticas Económicas y estudios doctorales en ciencias económicas, catedrático de la UNAH. Se basa en la exposición del autor a dirigentes gremiales, estudiantiles y microempresarios sobre la Intervención y privatización de la ENEE, San Pedro Sula, jueves, 16 de enero de 2020.
EXCONCEJALES SALDRÁN BIEN LIBRADOS EN CASO DE CORRUPCIÓN
- Publicado: 30 Enero 2020
Hace
unos momentos se conoció que los miembros del extinto Consejo de la
Judicatura: Jorge Rivera, Teodoro Bonilla, Francisco Quiroz, Julio
Barahona y Liliam Maldonado, recibirían sobreseimiento definitivo a la
acusación por manejo irregular de fondos públicos, tramitación y
asignación de viáticos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
A falta de confirmación, trascendió que este jueves el Poder Judicial, a
través de los Tribunales en Materia de Corrupción, estaría dando
sobreseimiento definitivo a cinco exmiembros del extinto Consejo de la
Judicatura. En ese contexto, saldrán bien librados: Jorge Rivera
(presidente), Teodoro Bonilla, Francisco Quiroz, Julio Barahona y Liliam
Maldonado.
Los
exfuncionarios judiciales, fueron llevados ante los tribunales acusados
de más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de
fondos públicos, específicamente en la solicitud, tramitación y
asignación de viáticos.
Según
las investigaciones, el equipo judicial habría desviado alrededor de
13.5 millones de lempiras, dinero utilizado supuestamente para giras
nacionales e internacionales.
La
indagación del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), reveló que en 576 ocasiones los mencionados no
realizaron viajes y tampoco devolvieron el dinero otorgado en concepto
de viáticos.
Los
detalles sobre el irresponsable manejo de viáticos a lo interno del
extinto organismo, establecen que de las 52 semanas con que cuenta el
año, para el caso de los exconsejales calendarizaron en 2015, presuntas
giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo en días feriados
periodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana.
En
tanto, Celino Aguilera, que enfrenta tres delitos de falsificación de
documentos privados, será llevado a juicio. Cabe mencionar que en cuanto
a Teodoro Bonilla, éste fue condenado en 2017 a seis años de prisión
por el delito de Tráfico de Influencias en el caso “Shalom”, que implica
a varios de sus familiares.
SEXO EN LÍNEA Y NETFLIX HA SIDO EL INTENSO TRABAJO EN LA ENEE
- Publicado: 31 Enero 2020
La
comisión interventora de la ENEE, tras una auditoria al sistema de
internet, ha encontrado que un alto porcentaje de los empleados públicos
han aprovechado la jornada laboral para buscar pareja en Tinder,
revisar Facebook y hasta ver series y películas en Netflix.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Una auditoria al sistema de internet de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), ordenada por la comisión interventora, encontró que
los empleados de la estatal han aprovechado la jornada laboral para usar
redes sociales, buscar pareja y hasta ver series y películas en
Netflix.
La
empresa, que en 2016 cedió atribuciones a la Empresa Energía Honduras
(EEH), de capital privado, por la ineficiencia de la estatal, ha sido
históricamente un centro de empleo para activistas políticos.
Por
ese favor político en la ENEE se ha encontrado a empleados fantasma,
faltistas y personal improductivo, para contrarrestar esta situación, la
comisión interventora ha empezado una serie de análisis a todos los
sistemas.
Según
la titular de esa comisión, Miriam Guzmán, los primeros estudios que se
han enfocado en el uso del internet de la empresa, revelan que un alto
porcentaje del personal de la ENEE durante la jornada ha utilizado el
equipo de la empresa para revisar Facebook, ver Netflix y hasta para
buscar pareja en Tinder, una aplicación de citas.
“El
consumo de internet es bastante y es el hecho del mal uso que están
haciendo no sólo de los recursos del Estado, sino también del tiempo que
deberían estar utilizando para trabajar”, dijo Guzmán.
Por
lo anterior, alertó que todas estas páginas serán bloqueadas a partir
de la fecha y que además que ya no se pagará horas extra a aquellos que
durante la jornada utilicen las redes sociales, pues no tolerarán a
empleados que desperdicien el día y comiencen a laborar después de las
4:00 de la tarde.
La
ENEE se volvió un peso muerto para el pueblo, tras la cuestionada
dirección que dieron activistas del Partido Nacional en los últimos
años, la estatal se fue a la quiebra y adeuda más de 70 mil millones de
lempiras.
