Es imposible obedecer el toque de queda cuando el pueblo muere de hambre
Por Riccy Ponce -
23 marzo, 2020
El toque de queda se impuso para evitar que el coronavirus se extienda a todo el territorio nacional, en un país donde el 64% de la población vive al día por medio del trabajo informal.
En las últimas horas se han registrado detenciones a personas que por distintos motivos salieron a la calle, además han sido víctimas de golpes e insultos por parte de los elementos represores del estado, a quienes no les importa si salen a buscar comida o medicinas.
Tal es el caso de lo que pasó en los mercados capitalinos, donde la Policía Nacional llegó a desalojar a los comparadores y vendedores utilizando gas lacrimógeno, sin importar que son personas que andan buscando el sustento diario, y que no tienen para abastecerse ni siquiera de lo necesario.
En Comayagua, también la Policía Nacional utilizó el mismo método en el mercado de esa ciudad, donde la población exigía comida al Estado.
En Choluteca también se registra personas detenidas y golpeadas por parte de los uniformados que obedecen al régimen de Juan Orlando Hernández.
La Policía Nacional detuvo a Luis Sierra, Yimy Paguada, Wilmer Hernández, Wilmer Alejandro Hernández (hijo) y a Edilberto Girón López, quienes se acercaron a comer a la Olla Comunitaria que preparó la Red de Mujeres Mesoamericanas en la Colonia Montes de Bendición, del complejo habitacional “Ramón Amaya Amador” de Comayagüela.
El grupo de defensores organizó la comida comunitaria con el objetivo de hacer frente a la necesidad de alimentación en medio del Toque de Queda para evitar la propagación del COVID-19, según el #PCM 021-2020.
Los uniformados sólo se llevaron a los hombres a la antigua posta de la colonia San Francisco, según se informó al Cofadeh y amenazaron a las mujeres con volver por ellas.
Afortunadamente y gracias a algunas acciones realizadas, las cinco personas fueron puestos en libertad minutos más tarde.
La suspensión de garantías constitucionales seguirá hasta el próximo domingo 29 de marzo, mientras en el país ya suman 30 los casos confirmados del Covid-19, y además se informó que los próximos días serán críticos para la población hondureña.
Autoritarismo y hambre: Ciudadanía en busca de la alimentación y medicamentos enfrentan detenciones por toque de queda
Tuesday, 24 March 2020 00:31 Written by Heidy Dávila Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
Decenas de personas fueron detenidas en diferentes puntos del país
este 23 de marzo de 2020, por incumplir el toque de queda decretado en
el PCM 021-2020 a nivel nacional por el gobierno de la República. El
hambre pudo más que el miedo a la pandemia del COVID-19 y el
autoritarismo se evidenció. Los vejámenes y tratos crueles inhumanos y
degradantes fueron aplicados con saña por los cuerpos represivos del
Estado.
El gobierno de Juan Orlando Hernández tiene como punta de lanza el
militarismo para detener cualquier protesta social y la crisis generada
por este virus en Honduras no es la excepción. Lo grave de la siuación
es que se salga de las manos y no solo se produzcan detenciones sino
crímenes contra quienes protestan ante la falta de una respuesta.
Ricardo López, abogado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), comentó que el Estado debe orientar la ayuda de alimentación a las personas más vulnerables, discapacitadas y adultos mayores que viven solas para evitar que se les perjudique el derecho de alimentación y por lo tanto a la vida.
También dijo que por ley a quienes incumplan el toque de queda se sanciona con la detención y el procesamiento si así se considerara conveniente, “en el caso de las personas de Comayagua solo estarían dos horas para hacerles conciencia de que no andén en la calle, se están haciendo las delegaciones de derechos humanos para darle seguimiento a los reportes, entendiendo la necesidad de la población para la adquisición de alimentos y de medicamentos ya que no todo el mundo cuenta con los recursos para pedirlos a domicilio”.
Durante el fin de semana la Policía Preventiva informó sobre más de 200 detenciones de personas a nivel nacional, que estaban circulando sin seguir la normativa y no presentaron supuestamente una excusa válida.
El domingo 22 de marzo el presidente Juan Orlando Hernández, informó de una semana más de aislamiento obligatorio como medida preventiva contra el Covid-19, sin embargo la necesidad de la población para trabajar y abastecerse de alimento no ha podido ser suplida con las bolsas solidarias que se entregan a familias de escasos recursos, y sobre lo cual se ha denunciado se revisan listados del censo para solo dárselas a activistas del Partido Nacional en el poder.
Por ello el 23 de marzo de 2020, a tempranas horas, vendedores del mercado del Zonal Belén instalaron sus tiendas de ventas pero fueron desalojados por la policía con uso excesivo de la fuerza , utilizando los gases lacrimógenos, según denunciaron algunos afectados y defensores de derechos humanos.
Los vendedores insistieron en la necesidad de vender sus productos que podrían arruinarse, así como ciudadanos expresaron a las autoridades que deben dar las medidas para abastecerse de alimentos, sin embargo solo se permiten los negocios que puedan regular el tránsito de personas.
Yavhé Sabillón, médico y diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, exigió a las autoridades que permitan a las personas movilizarse para recibir medicamentos del programa de ayuda de la Clínica La Caridad, en la ciudad de Comayagua, para hipertensos, alzheimer, Parkinson y epilépticos.
Según Sabillón se ayuda a un grupo reducido de pacientes previamente citados, que asisten a la consulta y reciben el medicamento, ya que son personas de escasos recursos quienes no pueden costearse un tratamiento.
El médico hizo el llamado a través de las redes ya que en esta misma ciudad se detuvieron aproximadamente 30 personas por salir de sus casas.
En la ciudad de Tegucigalpa defensores de derechos humanos y mujeres organizadas denunciaron la captura de seis hombres entre ellos tres menores, que se ha cercaron a la “Olla Comunitaria”, una ayuda de la Red de Mujeres Defensoras, para las personas que carecen de alimentos durante la cuarentena.
La Acción Ecuménica por Derechos Humanos,(AEDH), denunció que la Policía Nacional de Choluteca capturó a humildes vendedoras de tortillas y las encerraría entre 10 a 24 horas, sin respeto a sus derechos humanos, según lo publicaron en su página de facebook. Vea este video:
En redes sociales han circulado videos de las acciones que emprende la policía contra quienes se saltan el toque de queda, entre ellas colocarlos bajo el sol ardiente; ponerles a correr gritando la consigna “hay toque de que no voy a salir de casa”, como si se tratara de un entrenamiento militar; a otros les ordenan limpiar las postas policiales y a asear los baños de esos lugares.
Ante una ciudadanía estresada y miedosa por la pandemia del Covid-19 y con muchas carencias económicas porque no tienen dinero para suplir sus necesidades en la crisis, el autoritarismo de los cuerpos represivos ha sacado “lo mejor de sí”, mientras no hay comida, el hambre puede al miedo de ser encarcelado.
marzo 21, 2020
Ricardo López, abogado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), comentó que el Estado debe orientar la ayuda de alimentación a las personas más vulnerables, discapacitadas y adultos mayores que viven solas para evitar que se les perjudique el derecho de alimentación y por lo tanto a la vida.
También dijo que por ley a quienes incumplan el toque de queda se sanciona con la detención y el procesamiento si así se considerara conveniente, “en el caso de las personas de Comayagua solo estarían dos horas para hacerles conciencia de que no andén en la calle, se están haciendo las delegaciones de derechos humanos para darle seguimiento a los reportes, entendiendo la necesidad de la población para la adquisición de alimentos y de medicamentos ya que no todo el mundo cuenta con los recursos para pedirlos a domicilio”.
Durante el fin de semana la Policía Preventiva informó sobre más de 200 detenciones de personas a nivel nacional, que estaban circulando sin seguir la normativa y no presentaron supuestamente una excusa válida.
El domingo 22 de marzo el presidente Juan Orlando Hernández, informó de una semana más de aislamiento obligatorio como medida preventiva contra el Covid-19, sin embargo la necesidad de la población para trabajar y abastecerse de alimento no ha podido ser suplida con las bolsas solidarias que se entregan a familias de escasos recursos, y sobre lo cual se ha denunciado se revisan listados del censo para solo dárselas a activistas del Partido Nacional en el poder.
Por ello el 23 de marzo de 2020, a tempranas horas, vendedores del mercado del Zonal Belén instalaron sus tiendas de ventas pero fueron desalojados por la policía con uso excesivo de la fuerza , utilizando los gases lacrimógenos, según denunciaron algunos afectados y defensores de derechos humanos.
Los vendedores insistieron en la necesidad de vender sus productos que podrían arruinarse, así como ciudadanos expresaron a las autoridades que deben dar las medidas para abastecerse de alimentos, sin embargo solo se permiten los negocios que puedan regular el tránsito de personas.
Yavhé Sabillón, médico y diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, exigió a las autoridades que permitan a las personas movilizarse para recibir medicamentos del programa de ayuda de la Clínica La Caridad, en la ciudad de Comayagua, para hipertensos, alzheimer, Parkinson y epilépticos.
Según Sabillón se ayuda a un grupo reducido de pacientes previamente citados, que asisten a la consulta y reciben el medicamento, ya que son personas de escasos recursos quienes no pueden costearse un tratamiento.
El médico hizo el llamado a través de las redes ya que en esta misma ciudad se detuvieron aproximadamente 30 personas por salir de sus casas.
En la ciudad de Tegucigalpa defensores de derechos humanos y mujeres organizadas denunciaron la captura de seis hombres entre ellos tres menores, que se ha cercaron a la “Olla Comunitaria”, una ayuda de la Red de Mujeres Defensoras, para las personas que carecen de alimentos durante la cuarentena.
La Acción Ecuménica por Derechos Humanos,(AEDH), denunció que la Policía Nacional de Choluteca capturó a humildes vendedoras de tortillas y las encerraría entre 10 a 24 horas, sin respeto a sus derechos humanos, según lo publicaron en su página de facebook. Vea este video:
En redes sociales han circulado videos de las acciones que emprende la policía contra quienes se saltan el toque de queda, entre ellas colocarlos bajo el sol ardiente; ponerles a correr gritando la consigna “hay toque de que no voy a salir de casa”, como si se tratara de un entrenamiento militar; a otros les ordenan limpiar las postas policiales y a asear los baños de esos lugares.
Ante una ciudadanía estresada y miedosa por la pandemia del Covid-19 y con muchas carencias económicas porque no tienen dinero para suplir sus necesidades en la crisis, el autoritarismo de los cuerpos represivos ha sacado “lo mejor de sí”, mientras no hay comida, el hambre puede al miedo de ser encarcelado.
Análisis | El Coronavirus en Honduras: ¿Hasta dónde aguantará la sociedad un proceso prolongado de aislamiento social?
Por Redacción
Jorge Cabrera / REUTERS
Escrito por Bladimir López, analista del CESPAD
21 de marzo, 2020
En uno de sus últimos libros el físico teórico Stephen Hawking[1],
trató de responder a diez (10) preguntas que están determinando el
futuro de la humanidad. En lo personal, la pregunta que más me atrapó
fue la número siete (7): ¿Sobreviviremos en la tierra? Antes de
responder a la pregunta, Hawking argumentó que nuestro mundo es hoy más
inestable políticamente y socialmente que en cualquier otro momento de
la historia y que todo pasa por el hecho de que las personas se sienten
abandonadas económicamente y socialmente.
Volviendo a la pregunta de Hawking, con
lucidez y sencillez respondió que los humanos podemos sobrevivir en la
tierra si somos capaces de reinventar utópicamente el futuro. El
coronavirus tiene una particularidad y es haber puesto en evidencia (no
en cuestión) la actual crisis civilizatoria por la cual atraviesa la
humanidad, una crisis que obliga a reinventar ese futuro que reclama
Hawking y vuelve a poner en el debate el fin de las sociedades, tal y
como las conocimos en el siglo XIX y XX.
Por eso no es extraño que en Europa y en
muchos países de América Latina, líderes políticos y sociales,
académicos e intelectuales estén politizando la actual crisis alrededor
de una serie de temas: los límites de la globalización neoliberal,
capitalismo y cambio climático, precarización de la vida humana,
distanciamiento entre la política y ciencia, el miedo y las emociones,
entre otros. En definitiva, todo un movimiento que tendrá implicaciones
en el campo político y científico una vez que salgamos de la actual
pandemia planetaria.
En el caso de Honduras, ¿por qué empezar
haciendo referencia a la pregunta de Hawking? Precisamente porque una
de las principales preguntas que las y los hondureños nos hacemos en
este momento es la siguiente: ¿Saldremos vivos y vivas de la actual
pandemia? Y alrededor de esa pregunta hemos empezado a repolitizar esa
crisis de abandono económico y social, la vida cotidiana y porque no
decir la misma existencia de la gente en la sociedad, en conclusión, la
vida como motivación política-existencial nunca había estado tan
presente en las inquietudes individuales de la gente.
Esa pregunta nos lleva a plantearnos por
lo menos tres preguntas adicionales: ¿Hasta dónde nos está llevando la
irresponsabilidad organizada de la élite política? ¿Qué nuevos problemas
sociales está dejando al descubierto la pandemia del Coronavirus en
Honduras? ¿Qué vendrá después del aislamiento social?
En este análisis trataremos de dar
respuesta a la primera pregunta y nos enfocaremos en tres (3) puntos de
análisis: El riesgo y la irresponsabilidad organizada en tiempos de
Coronavirus, la gestión de la crisis de manera autoritaria y por último
el desarrollo de tres posibles escenarios a manifestarse en las dos (2)
próximas semanas.
- El Coronavirus y la irresponsabilidad organizada de la élite política hondureña
A. La seguridad política y social como una “cuestión de individuos” y no una “cuestión de gobiernos”
A pesar de la incertidumbre que tiene en
vilo al mundo y la ausencia de salidas reales a la actual crisis, en la
comunidad política y científica existen tres consensos compartidos: la
crisis no la resolverá el cuerpo médico, la crisis hay que gestionarla y
enfrentarla democráticamente y lo peor vendrá cuando pase el actual
proceso de aislamiento social.
En nuestra sociedad fracturada producto
del fracaso de las políticas neoliberales y el consiguiente aumento de
las desigualdades y exclusión social, la actual pandemia no solo retrata
el colapso de nuestro sistema de salud pública y seguridad social, sino
que también retrata la manera autoritaria e irresponsable en que las
élites políticas gestionan las crisis.
Decía Ulrich Beck[2],
que la actual etapa de la humanidad se puede caracterizar como una
sociedad de riesgo, una sociedad que no está asegurada, ni puede estarlo
porque los peligros que acechan son incuantificables, incontrolables e
indeterminables. En conclusión, en la sociedad del riesgo nadie se hace
responsable de nada y los costos de las decisiones políticas y
económicas son dejadas a la suerte, y lanzadas a la sociedad para que
los ciudadanos sean los gestores y en su defecto se responsabilicen de
las crisis que generan y que son incapaces de gestionar los gobiernos
nacionales.
De ahí la importancia del tema de la
irresponsabilidad organizada, en donde los gobiernos nacionales
incapaces de gestionar la crisis debido al triunfo del pensamiento único
neoliberal (preeminencia de la economía sobre la política y la
consideración del mercado como único medio para la asignación eficaz de
recursos), no cuenten con las herramientas técnicas y
administrativas para la previsión y control de las consecuencias futuras
de las acciones humanas.
¿Qué significa eso en tiempos de
coronavirus? Significa que la seguridad política y social sigue siendo
una “cuestión de individuos” y no una “cuestión de gobiernos”, y de ahí
la idea que las acciones para gestionar el riesgo del coronavirus en el
caso de Honduras tengan dos consecuencias graves: desaparecimiento de
los elementos sociales del riesgo y la seguridad sanitaria y social se
transforma en una seguridad puramente técnica.
B. Gestión de la crisis a la manera conservadora y autoritaria
En Honduras el Coronavirus ha puesto en
evidencia la irresponsabilidad organizada de la élite política, al menos
en cuatro momentos: etapa inicial (23 de enero al 18 de febrero), etapa
intermedia (19 de febrero al 1 de marzo), etapa de ascenso (2 de marzo
al 12 de marzo) y etapa de expansión (13 de marzo al 20 de marzo).
En la primera etapa, se puso en marcha un plan de acción
en dos direcciones: fortalecer la vigilancia epidemiológica en los
principales aeropuertos y los puntos fronterizos del país y la difusión
de una de una serie de medidas de prevención e higiene en la población.
En esta etapa afloro la desorganización
y la falta de coordinación entre las principales instituciones del
Estado y un desinterés de la élite política en tratar la emergencia del
Coronavirus, ya que sus esfuerzos estuvieron enfocados en seguirse
blindando ante la corrupción y asegurar el mantenimiento de cuotas de
poder en los próximos comicios electorales.
En la segunda etapa se puso en marcha toda una ofensiva legislativa
en la aprobación de medidas para contrarrestar lo que ya era
inevitable: la llegada del Coronavirus al país. Eso estuvo enfocado en
fondos para campañas de sensibilización y la estabilización de venta de medicamentos,
que si bien es cierto son medidas importantes, siguieron siendo tímidas
y en su defecto iban dejando en relieve la incapacidad de la elite en
responder con altura a la crisis que se avecinaba.
En la primera y segunda etapa quedó al
descubierto la manera en que la élite política descuido en sus acciones
los elementos sociales del riesgo. Eso tuvo implicaciones muy grandes: a)
No se contó con un sistema eficiente de seguimiento y monitoreo de las
personas que ingresaron al país provenientes de países de Europa y Asia,
b) No se contó con un sistema comunitario de vigilancia para la detección temprana y rápida de posible gente infectada, c)
No se cuantificó el costo social ni se estableció un plan de
contingencia de atención para los sectores vulnerables y excluidos del
país y, d) No se consolidaron redes solidas de coordinación y
trabajo interinstitucional en aras de suavizar el costo social y
humanitario del coronavirus.
Lo anterior es un problema político y
tiene que ver la manera en cómo la élite política empezó a concebir la
crisis para su posterior gestión. Desde la oposición política se empezó a
decir que el país no estaba preparado para hacerle frente a la
pandemia, sin embargo, es paradójico que las propuestas de los partidos
políticos de oposición (Partido LIBRE y Partido Liberal) se conocieron hasta el 18 de marzo, días después de que el Congreso Nacional decidió suspender las sesiones.
Es un hecho que el régimen ha gestionado
la crisis, de una manera conservadora y autoritaria, y sin ninguna
oposición. Las principales acciones que está adoptando el régimen son
consensos entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Empresa
Privada, en un momento de “terror nacional” en el que se necesitan los
esfuerzos de los distintos sectores del país (academia, intelectuales,
expertos de la salud, políticos, grupos sociales de base, etcétera).
La tercera etapa fue crítica y la élite evidencio que no estaba preparada para hacerle frente a la avalancha del coronavirus. Todo estallo el doce (12) de marzo cuando se detectaron los dos primeros casos de Coronavirus
(turistas hondureños que en la semana del 4 habían entrado por el
Aeropuerto). El accionar de la élite siguió el mismo patrón de las
etapas anteriores y se evidencio con mayor claridad el estado de
desprotección en la que se encontraba la sociedad hondureña: la denuncias y protestas del personal de hospitales ante los escases de utensilios y la retirada de personal médico en los principales hospitales del país.
Por último, la cuarta etapa (en la que
nos encontramos actualmente), la élite puso en evidencia sus prácticas
corruptas y autoritarias. Por un lado, aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica,
que si bien es cierto a todas luces vislumbra un destino sombrío y
despilfarro de los recursos públicos, también evidencia la manera en que
el Estado en tiempos de crisis corre a salvar a la gran empresa y, por
otro lado, decretó un toque de queda con sabor a aislamiento social y
militarización bajo el lema “quédate en casa”, lo cual en el corto plazo
se puede convertir en un “tanque de presión política y social” desde
los sectores excluidos hacia el régimen.
Esta etapa tiene características particulares que en el fondo demuestran entre otras cosas: a) Ocultamiento de información sobre los casos de contagio y expansión de nuevos casos de contagio, b)
El fallo de la estrategia de atención ciudadana ante la crisis en el
abastecimiento de alimentos, los centros de abastecimiento de la clase
media con todas las medidas sanitarias mientras que los centros de
abastecimiento populares con poco control sanitario, c) La reactivación económica enfocada para la mediana y grande empresa dejando en el olvido a la población del sector informal que viven el día a día, d) La
ausencia de una estrategia de asistencia especial de abastecimiento
alimentario y sanitario para sectores excluidos (población sin casa, sin
trabajo, madres solteras, etcétera) y, e) La ausencia o en el caso optimista, falta de claridad en la actual política de prevención.
En ese marco podemos sostener que las
medidas de mitigación del riesgo han sido meramente “técnicas” y a pesar
de que se invirtieron millones de lempiras en la compra de equipo especializado, que según los expertos no es el adecuado para atender los actuales casos, la población hondureña, en su mayoría excluida y vulnerable, sigue sin recibir los beneficios económicos y sociales que prometió el Estado para palear la actual crisis de seguridad pública.
En conclusión, la reflexión que debemos
de problematizar, no es, si con las medidas adecuadas hubiéramos evitado
la entrada del coronavirus al país, sino, hasta donde las medidas que
se están aplicando ayudan hacerle frente a la actual pandemia. Hasta
ahora, y a pesar de la irresponsabilidad organizada de la élite
política, la crisis (hasta el 20 de marzo) está siendo relativamente
controlada, pero la experiencia europea nos dice que la fase crítica se
presenta entre la segunda y tercera semana, y hay expertos que plantean
la idea que experimentaremos una segunda ola de Coronavirus una vez levantado el actual aislamiento social.
C. Posibles escenarios a desarrollarse en las dos próximas semanas
Considerando que estamos entrando a una etapa crítica de contagio y crecimiento exponencial en las dos próximas semanas (23 de marzo al 6 de abril) se pueden suscitar los siguientes escenarios:
Primero, crecimiento exponencial del contagio.
Sin duda un escenario desfavorable y con altas probabilidades de que
ocurra debido la ausencia de una política consistente de prevención.
Esto implicaría una mayor prolongación del actual aislamiento social,
deterioro mayor de la economía de pequeña escala de los sectores
vulnerables y presión desde la empresa privada por las pérdidas
millonarias. Y una pregunta clave en este escenario: ¿Hasta dónde aguantará la sociedad hondureña un proceso prolongado de aislamiento social?
Segundo, complicaciones de los estados de salud de las personas contagiadas y su posterior muerte. Sin
duda sería un escenario crítico. El desenlace de este escenario
implicaría una mayor incertidumbre y miedo en la población y
probablemente una mayor acumulación de descontento social con el
régimen. Una pregunta clave en este escenario es: ¿Son
suficientes los actuales esfuerzos médicos y acciones de prevención para
preservar la vida de la gente contagiada y no contagiada?
Tercero, estancamiento y/o ritmo menos acelerado del crecimiento exponencial del contagio. Sin
duda un escenario favorable y con baja probabilidad de que ocurra,
debido a la gestión que se le está dando a la actual crisis y las
tendencias propias de la pandemia. Pero este escenario en el fondo
indica que, si el régimen cambia la actual estrategia de prevención y
mitigación, podría aspirarse a un crecimiento menos acelerado del
crecimiento exponencial del contagio. Lo anterior sería posible si en el
seno de la sociedad los diferentes actores sociales y políticos dejan
atrás sus diferencias y conflictos, abriendo un espacio para la gestión
democrática de la crisis. La pregunta de fondo es: ¿Será capaz el
régimen de desprenderse de su autoritarismo y llamar a una gran
concertación política y social contra la pandemia del Coronavirus?
[1] Hawking, Stephen. Breves respuestas a las grandes preguntas. Editorial Critica, Barcelona, España 2018.
[2] Beck, Urlich. La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina 2002.
En Honduras “si no nos mata el coronavirus, el hambre lo hará”
- 23/03/2020
Honduras ocupa los primeros lugares de pobreza y desigualdad en América.
“Si no nos mata el Coronavirus, el hambre lo hará. Ya no tenemos
comida y en nuestros bolsillos no hay dinero. Mi marido tiene semana y
media de no trabajar. Estamos obligadas a estar en casa para evitar esa
enfermedad (Covid-19) dicen en los medios “, indicó entre lágrimas Olga
Marina Zapata, de 58 años de edad originaria de El Progreso, Yoro.
A renglón seguido manifestó que, su compañero de hogar trabaja chapeando solares. “Y de lo que va ganando cada día compramos los frijoles, arroz, huevos y cuando le va bien compramos unas libras de pollo. Pero el dinero se terminó después que las autoridades impusieron el “toque de queda” tras el reporte del incremento de los casos de coronavirus”.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo son dos millones 780 mil en Honduras. Para esta población, la campaña “Quédate en casa” tiene lógica desde el punto de vista de detener el contagio del Coronavirus, pero no resuelve su problema fundamental de falta de dinero para comprar cada día los alimentos.
“Si yo no salgo a vender no comemos. Mi familia compuesta por tres personas dependemos de lo que vendo en la tercera avenida de San Pedro Sula. Si quieren que uno no salga a trabajar, entonces de qué vamos a vivir. Nosotros alquilamos cuarto y cada mes hay que pagar 1800 lempiras (75 dólares), porque si no lo tiran a la calle. Y luego tenemos otro gran problema: comemos dos y con suerte tres veces al día”, manifestó Glenda Hernández, vendedora de confites, churros, refrescos y cigarros.
Al mismo tiempo indicó que ellas están conscientes del problema del Coronavirus y de todas las medidas que hay que adoptar. “Yo cuánto no quisiera estar en mi cuarto con mis dos hijas tomando todas las medidas de seguridad. Sin embargo, sino trabajo cada día no comen mis niñas”, dijo mientras vendía dos cajitas de chicles a las pocas personas que caminan por las calles del centro de San Pedro Sula.
A renglón seguido manifestó que, su compañero de hogar trabaja chapeando solares. “Y de lo que va ganando cada día compramos los frijoles, arroz, huevos y cuando le va bien compramos unas libras de pollo. Pero el dinero se terminó después que las autoridades impusieron el “toque de queda” tras el reporte del incremento de los casos de coronavirus”.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo son dos millones 780 mil en Honduras. Para esta población, la campaña “Quédate en casa” tiene lógica desde el punto de vista de detener el contagio del Coronavirus, pero no resuelve su problema fundamental de falta de dinero para comprar cada día los alimentos.
“Si yo no salgo a vender no comemos. Mi familia compuesta por tres personas dependemos de lo que vendo en la tercera avenida de San Pedro Sula. Si quieren que uno no salga a trabajar, entonces de qué vamos a vivir. Nosotros alquilamos cuarto y cada mes hay que pagar 1800 lempiras (75 dólares), porque si no lo tiran a la calle. Y luego tenemos otro gran problema: comemos dos y con suerte tres veces al día”, manifestó Glenda Hernández, vendedora de confites, churros, refrescos y cigarros.
Al mismo tiempo indicó que ellas están conscientes del problema del Coronavirus y de todas las medidas que hay que adoptar. “Yo cuánto no quisiera estar en mi cuarto con mis dos hijas tomando todas las medidas de seguridad. Sin embargo, sino trabajo cada día no comen mis niñas”, dijo mientras vendía dos cajitas de chicles a las pocas personas que caminan por las calles del centro de San Pedro Sula.
Esta
vendedora se ve obligada a salir en busca del alimento que llevará a su
casa. No usa ninguna medida de protección, el dinero es escaso.
Indicó que en esta época de cuarentena la Policía Municipal y la
Policía Nacional la semana anterior los desalojó de la tercera avenida.
Pero, “no queda de otra que seguir arriesgándonos para hacer unos
pesitos vendiéndole a las pocas personas que transitan. “Hay que
rebuscarse para los frijolitos, porque esos no caen del cielo”.
Analistas coinciden que, si no se le pone atención a la situación que atraviesa la población en los próximos días el país podría convertirse en un caos. La gente al no tener acceso a los alimentos comenzará a buscarlos por todos los medios posibles.
Hasta el momento el régimen que encabeza Juan Orlando Hernández, anunció desde la semana anterior que enviará alimentos a 800,000 familias en diversos puntos del país. Sin embargo, nada se ha visto hasta el momento. Lo más concreto que se ha palpado son las medidas económicas dirigidas únicamente a las personas del sector formal de la economía».
Analistas coinciden que, si no se le pone atención a la situación que atraviesa la población en los próximos días el país podría convertirse en un caos. La gente al no tener acceso a los alimentos comenzará a buscarlos por todos los medios posibles.
Hasta el momento el régimen que encabeza Juan Orlando Hernández, anunció desde la semana anterior que enviará alimentos a 800,000 familias en diversos puntos del país. Sin embargo, nada se ha visto hasta el momento. Lo más concreto que se ha palpado son las medidas económicas dirigidas únicamente a las personas del sector formal de la economía».
Vendedores ambulantes ubicado en el parque Las Mercedes de la ciudad de El Progreso, Yoro.
Covid-19 desnuda colapso de salud pública e incapacidad gubernamental
- 23/03/2020
En los últimos 30 años, los gobiernos han puesto en marcha procesos acelerados de privatización de la salud pública.
La emergencia por el coronavirus desnuda el colapso del sistema de
salud pública en Honduras y la incapacidad en el manejo de la crisis por
parte del régimen de Juan Orlando Hernández, dijo en Radio Progreso el
analista social y político, Elvin Hernández.
En las últimas horas, el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Sinager, Francis Contreras, informó que la cifra de infectados por el coronavirus subió a 27, luego de anunciar un nuevo caso positivo.
EL funcionario, en cadena de radio y televisión, dijo que el nuevo caso se trata de una mujer de 63 años, originaria del municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón.
Y en medio de esta emergencia nacional, la situación se agudiza para el pueblo hondureño que ya está pagando muy cara la factura del hecho de que en los últimos 30 años, los gobiernos hayan priorizado el mercado y no Estado, sostiene Hernández.
El también investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric de la compañía de Jesús, aseguró que las instituciones públicas de servicio a la población se redujeron al mínimo y la privatización triunfó en detrimento de los intereses de las mayorías.
Tegucigalpa. – Divorcio entre gobierno y cuerpo médico que atiende a los pacientes es verdaderamente preocupante y está generando caos en todo el país, dijo Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
Señaló que no es solamente uno o unos pocos los casos que no han sido debidamente atendidos, y lo que han venido observando es que no hay coordinación entre los hospitales y las ambulancias que deben tener un número para reportar al paciente que llevan y en qué condiciones va la persona que está siendo transportada, para que el equipo de salud esté preparado para recibirlo con todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el enfermo como para el equipo médico.
Figueroa señaló que ellos (Colegio Médico), han venido insistiendo en el equipo de protección para todo el equipo de salud no solo al cuerpo médico.
Advirtió que pronto el país estará en una situación donde habrá un número exagerado de pacientes y si persiste el desorden, no se podrá identificar quien es una embarazada con Covid-19 y quien es un diabético o un cardiópata con el virus.
Por esa razón, es que los médicos residentes en servicio social y médicos internos del Mario Catarino Rivas se han retirado porque no hay el equipo médico que garantice que no van a ser contaminados.
Refirió que en la sala de gineco obstetricia quedan tan solo dos profesionales de la medicina para atender ingresos, partos normales, cesáreas, ultrasonidos, legrados y todas las urgencias que normalmente son atendidas por unos 20 galenos, y esto hace imposible las atenciones.
Figueroa denuncio además que el gobierno anunció que habían enviado equipo e insumos para atender el coronavirus al hospital Mario Mendoza y lo que enviaron fue jabón, cloro y churros.
La presidenta del gremio médico apuntó que, le dan la razón a los miembros de la sociedad civil que están pidiendo que quienes manejen la emergencia sean profesionales de la medicina con experiencia en este tipo de pandemias.
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), preocupado frente a las
medidas adoptadas por el régimen de Juan Orlando Hernández para contener
la incidencia del coronavirus en Honduras y el impacto de la pandemia
en los derechos de la clase trabajadora, envió una carta el 20 de marzo a
la Doctora.
En las últimas horas, el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Sinager, Francis Contreras, informó que la cifra de infectados por el coronavirus subió a 27, luego de anunciar un nuevo caso positivo.
EL funcionario, en cadena de radio y televisión, dijo que el nuevo caso se trata de una mujer de 63 años, originaria del municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón.
Y en medio de esta emergencia nacional, la situación se agudiza para el pueblo hondureño que ya está pagando muy cara la factura del hecho de que en los últimos 30 años, los gobiernos hayan priorizado el mercado y no Estado, sostiene Hernández.
El también investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric de la compañía de Jesús, aseguró que las instituciones públicas de servicio a la población se redujeron al mínimo y la privatización triunfó en detrimento de los intereses de las mayorías.
Divorcio entre gobierno y médicos está generando caos en los hospitales
marzo 22, 2020
Redacción
De continuar esta situación, este caos se va a transformar en una verdadera tragedia para Honduras, dijo Suyapa FigueroaPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Divorcio entre gobierno y cuerpo médico que atiende a los pacientes es verdaderamente preocupante y está generando caos en todo el país, dijo Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
Señaló que no es solamente uno o unos pocos los casos que no han sido debidamente atendidos, y lo que han venido observando es que no hay coordinación entre los hospitales y las ambulancias que deben tener un número para reportar al paciente que llevan y en qué condiciones va la persona que está siendo transportada, para que el equipo de salud esté preparado para recibirlo con todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el enfermo como para el equipo médico.
Figueroa señaló que ellos (Colegio Médico), han venido insistiendo en el equipo de protección para todo el equipo de salud no solo al cuerpo médico.
Advirtió que pronto el país estará en una situación donde habrá un número exagerado de pacientes y si persiste el desorden, no se podrá identificar quien es una embarazada con Covid-19 y quien es un diabético o un cardiópata con el virus.
Por esa razón, es que los médicos residentes en servicio social y médicos internos del Mario Catarino Rivas se han retirado porque no hay el equipo médico que garantice que no van a ser contaminados.
Refirió que en la sala de gineco obstetricia quedan tan solo dos profesionales de la medicina para atender ingresos, partos normales, cesáreas, ultrasonidos, legrados y todas las urgencias que normalmente son atendidas por unos 20 galenos, y esto hace imposible las atenciones.
Figueroa denuncio además que el gobierno anunció que habían enviado equipo e insumos para atender el coronavirus al hospital Mario Mendoza y lo que enviaron fue jabón, cloro y churros.
La presidenta del gremio médico apuntó que, le dan la razón a los miembros de la sociedad civil que están pidiendo que quienes manejen la emergencia sean profesionales de la medicina con experiencia en este tipo de pandemias.
La CIDH está al tanto de aplicación de medidas en Honduras que menoscaban derechos de la clase trabajadora
Por Marc Allas -
21 marzo, 2020
Soledad Garcia Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Soledad Garcia Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) órgano de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que inste al
régimen a velar por las condiciones de los trabajadores y trabajadoras
en Honduras.
En la misiva, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva le ha solicitado a la Relatora García Muñoz, que le señale al régimen que se mantiene en el poder ilegalmente, que debe garantizar los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora que resulte afectada con las medidas de prevención del Covid-19 ó coronavirus.
Que establezca una medida de suministro de víveres, medicamentos y servicios básicos a la población afectada por las medidas restrictivas. Que asegure el suministro de alimentos y medicamentos a las personas que permanecen en condición de aislamiento forzado, y a las que se les ha señalado como virtuales focos de infección de la pandemia.
Como es el caso de una veintena de personas y atletas que se encuentran en el Complejo Deportivo de La Villa Olímpica en Tegucigalpa desde hace una semana, y que han denunciado a través de medios de comunicación, que no cuentan con alimentos y que las condiciones de las instalaciones deportivas, no son apropiadas para el confinamiento y que carecen de servicios básicos como el agua potable.
Pese a los señalamientos expresados por la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, en relación a que el régimen no debió seleccionar el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica como sitio de aislamiento, el sábado 21 de marzo, Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión sostuvo que la medida se mantiene.
Esa medida adoptada, ha llevado a la protesta de centenares de familias que residen en las colonias: Residencial Maya, Villa Olímpica, Monte Verde, Universidad Norte, Centroamericana, Villa Universitaria y Las Brisas, entre otras.
“El Complejo Deportivo Villa Olímpica no fue construido con las condiciones sanitarias adecuadas para albergar personas con enfermedades virales de alta transmisión, que puedan causar el contagio de toda una comunidad. La tubería de las aguas negras del Complejo, desemboca directamente a la quebrada, lo que significaría un foco de contaminación para buena parte de la capital y a sólo 50 metros del complejo se encuentra un asilo de ancianos, lo que implicaría poner en riesgo a los más vulnerables”, señala la misiva.
Otros casos similares son los que tienen que ver con el cerco epidemiológico aplicado en las colonias Lincoln y La Joya de Tegucigalpa, donde centenares de familias no pueden salir de sus hogares para proveerse de alimentos.
La carta demanda que el régimen se abstenga de aplicar medidas o tolerar medidas regresivas tanto del régimen como de la empresa privada, que pongan en menoscabo, los derechos económicos y sociales.
Hasta el momento se han presentado incidencias tales como la suspensión de trabajos por las medidas de excepción, que trae repercusiones graves para el sustento de los trabajadores, trabajadoras y sus familias.
El desempleo va en incremento, empresas turísticas han cerrado y han despedido a su personal hasta por 120 días sin percibir sus salarios para sobrevivir a la crisis. A otros trabajadores y trabajadoras se les obligó a tomar vacaciones, de tal manera que las medidas impuestas, han agudizado los desequilibrios económicos y sociales, con el resultado que se multiplicará la pobreza en Honduras.
“Los trabajadores del transporte público de personas han denunciado que se les habían decomisado sus unidades, que es su medio de ingreso, este tipo de trabajador no tiene un salario, vive de las ganancias diarias”, sostiene el COFADEH.
“Las medidas chocan con la realidad de una economía precaria e informal, al mismo tiempo que hay otra clase de trabajadores afectados como los de la industria de la bebida y similares, que están reivindicando el derecho a dejar de trabajar para protegerse, porque no se les están garantizado medidas de prevención de la pandemia ni la forma de trasladarse a sus centros de trabajo, porque el transporte público ha sido clausurado”, afirma la carta..
También se encuentran en riesgo los cajeros y personal que repone productos en los supermercados y farmacias que deben continuar trabajando aun sin medidas eficaces para su desempeño y los trabajadores de entregas a domicilios.
El COFADEH ha solicitado a la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Naciones Unidas, Soledad García Munóz que inste al régimen a que establezca medidas eficaces y transparentes que mitiguen el impacto de las medidas de prevención de la pandemia.
Ver carta: Comunicación a Relatora DESCA marzo 2020
En la misiva, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva le ha solicitado a la Relatora García Muñoz, que le señale al régimen que se mantiene en el poder ilegalmente, que debe garantizar los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora que resulte afectada con las medidas de prevención del Covid-19 ó coronavirus.
Que establezca una medida de suministro de víveres, medicamentos y servicios básicos a la población afectada por las medidas restrictivas. Que asegure el suministro de alimentos y medicamentos a las personas que permanecen en condición de aislamiento forzado, y a las que se les ha señalado como virtuales focos de infección de la pandemia.
Como es el caso de una veintena de personas y atletas que se encuentran en el Complejo Deportivo de La Villa Olímpica en Tegucigalpa desde hace una semana, y que han denunciado a través de medios de comunicación, que no cuentan con alimentos y que las condiciones de las instalaciones deportivas, no son apropiadas para el confinamiento y que carecen de servicios básicos como el agua potable.
Pese a los señalamientos expresados por la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, en relación a que el régimen no debió seleccionar el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica como sitio de aislamiento, el sábado 21 de marzo, Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión sostuvo que la medida se mantiene.
Esa medida adoptada, ha llevado a la protesta de centenares de familias que residen en las colonias: Residencial Maya, Villa Olímpica, Monte Verde, Universidad Norte, Centroamericana, Villa Universitaria y Las Brisas, entre otras.
“El Complejo Deportivo Villa Olímpica no fue construido con las condiciones sanitarias adecuadas para albergar personas con enfermedades virales de alta transmisión, que puedan causar el contagio de toda una comunidad. La tubería de las aguas negras del Complejo, desemboca directamente a la quebrada, lo que significaría un foco de contaminación para buena parte de la capital y a sólo 50 metros del complejo se encuentra un asilo de ancianos, lo que implicaría poner en riesgo a los más vulnerables”, señala la misiva.
Otros casos similares son los que tienen que ver con el cerco epidemiológico aplicado en las colonias Lincoln y La Joya de Tegucigalpa, donde centenares de familias no pueden salir de sus hogares para proveerse de alimentos.
La carta demanda que el régimen se abstenga de aplicar medidas o tolerar medidas regresivas tanto del régimen como de la empresa privada, que pongan en menoscabo, los derechos económicos y sociales.
Hasta el momento se han presentado incidencias tales como la suspensión de trabajos por las medidas de excepción, que trae repercusiones graves para el sustento de los trabajadores, trabajadoras y sus familias.
El desempleo va en incremento, empresas turísticas han cerrado y han despedido a su personal hasta por 120 días sin percibir sus salarios para sobrevivir a la crisis. A otros trabajadores y trabajadoras se les obligó a tomar vacaciones, de tal manera que las medidas impuestas, han agudizado los desequilibrios económicos y sociales, con el resultado que se multiplicará la pobreza en Honduras.
“Los trabajadores del transporte público de personas han denunciado que se les habían decomisado sus unidades, que es su medio de ingreso, este tipo de trabajador no tiene un salario, vive de las ganancias diarias”, sostiene el COFADEH.
“Las medidas chocan con la realidad de una economía precaria e informal, al mismo tiempo que hay otra clase de trabajadores afectados como los de la industria de la bebida y similares, que están reivindicando el derecho a dejar de trabajar para protegerse, porque no se les están garantizado medidas de prevención de la pandemia ni la forma de trasladarse a sus centros de trabajo, porque el transporte público ha sido clausurado”, afirma la carta..
También se encuentran en riesgo los cajeros y personal que repone productos en los supermercados y farmacias que deben continuar trabajando aun sin medidas eficaces para su desempeño y los trabajadores de entregas a domicilios.
El COFADEH ha solicitado a la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Naciones Unidas, Soledad García Munóz que inste al régimen a que establezca medidas eficaces y transparentes que mitiguen el impacto de las medidas de prevención de la pandemia.
Ver carta: Comunicación a Relatora DESCA marzo 2020
Supuestos testaferros ligados a crimen organizado amenazan a lideresas del pueblo maya chortí
Sunday, 16 February 2020 21:13 Written by Bersely García Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
En el marco de la resistencia y defensa de los territorios ancestrales, este 13 de febrero de 2020, María
Santos, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de
Honduras, CONAMINH, denunció agresiones verbales, hostigamiento y
amenazas a muerte a varias defensoras que pertenecen al pueblo
originario Maya Chortí, en la comunidad de El Florido, Santa Rita, en el
departamento de Copán.
Supuestamente las amenas provienen de “supuestos dueños que son
testaferros de una persona con proceso penal en los Estados Unidos”,
dijo una fuente.
Los incidentes denunciados vienen dándose desde hace varios años, en los cuales participan, según señalan fuentes que solicitaron reservar su nombre, autoridades del municipio en conjunto con los señalados arriba.
En este contexto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos ,
en una entrevista a pasosdeanimalgrande.com, denunció que la defensora
María Santos ha recibido varias agresiones al igual que las demás
miembras de la Coordinadora Nacional de los Derechos Indígenas Maya
Chortí de Honduras, CONAMINH
Cabe mencionar que la afectada por su accionar en la defensa del territorio maya, ha estado judializada hace varios años y hasta el 2019 se le dio la sentencia resolutoria de su caso.
Según lo expresado por la Red de Nacional Defensoras de Derechos Humanos, los ataques han sido sistemáticos desde el 2016, entre ellos; las amenazas, procesos de judialización, campañas de desprestigio, en contra de las líderes de la comunidad, como también se han dado supuestos intentos de compra de conciencia para lograr el despojo de la tierra.
Por su parte la CONAMINH también denunció ante este medio de comunicación que quienes quieren despojarles de sus tierras se han prestado para llevar citatorios .También se mencionó que intentan desviar el cauce de las fuentes de agua, privando a la comunidad de un derecho vital.
Asimismo hacen lo necesario para impedir a los indígenas realizar sus labores de agricultura y ganadería, despojándoles de su ganado y herramientas de trabajo, llevando a los animales a sus predios, para cuando los pobladores intenten recuperarlos acusarlos por invadir su propiedad, en complicidad de la Policía Nacional, según lo manifestado por la organización indígena maya.
La situación de los pueblos originarios en resistencia por su tierra se enfrentan a ataques sistemáticos, teniendo en consideración que “más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado y quienes tienen acceso son políticos y empresarios que están involucrados con el crimen organizado ” , señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Una situación similar están pasando la comunidad garífuna de Vallecito, en el departamento de Colón, donde narcotraficantes intentan expulsarlos de su territorio para instalar pistas clandestinas para el tráfico de la droga. En ese contexto la defensora Miriam Miranda ha denunciado reiteradas amenazas, y hace unos años fue secuestrada por hombres armados.
Los incidentes denunciados vienen dándose desde hace varios años, en los cuales participan, según señalan fuentes que solicitaron reservar su nombre, autoridades del municipio en conjunto con los señalados arriba.
 Esta es la alerta difundida por la Red Nacional de Defensoras de DDHH |
Cabe mencionar que la afectada por su accionar en la defensa del territorio maya, ha estado judializada hace varios años y hasta el 2019 se le dio la sentencia resolutoria de su caso.
Según lo expresado por la Red de Nacional Defensoras de Derechos Humanos, los ataques han sido sistemáticos desde el 2016, entre ellos; las amenazas, procesos de judialización, campañas de desprestigio, en contra de las líderes de la comunidad, como también se han dado supuestos intentos de compra de conciencia para lograr el despojo de la tierra.
Por su parte la CONAMINH también denunció ante este medio de comunicación que quienes quieren despojarles de sus tierras se han prestado para llevar citatorios .También se mencionó que intentan desviar el cauce de las fuentes de agua, privando a la comunidad de un derecho vital.
Asimismo hacen lo necesario para impedir a los indígenas realizar sus labores de agricultura y ganadería, despojándoles de su ganado y herramientas de trabajo, llevando a los animales a sus predios, para cuando los pobladores intenten recuperarlos acusarlos por invadir su propiedad, en complicidad de la Policía Nacional, según lo manifestado por la organización indígena maya.
La situación de los pueblos originarios en resistencia por su tierra se enfrentan a ataques sistemáticos, teniendo en consideración que “más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado y quienes tienen acceso son políticos y empresarios que están involucrados con el crimen organizado ” , señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Una situación similar están pasando la comunidad garífuna de Vallecito, en el departamento de Colón, donde narcotraficantes intentan expulsarlos de su territorio para instalar pistas clandestinas para el tráfico de la droga. En ese contexto la defensora Miriam Miranda ha denunciado reiteradas amenazas, y hace unos años fue secuestrada por hombres armados.
Miranda ha denunciado que el Estado de Honduras ha
sido incapaz de darle protección idónea, criticando fuertemente al
Mecanismo de Protección por no tomar con responsabilidad su caso y
dilatar acciones que pueden proteger su vida.
Casi seis años de sobresaltos, amenazas y persecución por falta de protección idónea del Estado de Honduras
Tuesday, 11 February 2020 23:37 Written by Bersely García Published in Denuncia PASOS DE ANIMAL GRANDE
A casi seis años después de la resolución de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la cual solicitó al Estado
de Honduras la adopción de medidas cautelares para beneficiar a más de
un centenar de miembros de organizaciones campesinas del Bajo Aguan, en
el departamento de Colón, hasta el momento no se ha cumplido con lo
demandado por ese ente internacional.
El 08 de mayo de 2014 la CIDH instó para que el Estado implementara
las medidas cautelares a favor de las y los miembros de las
organizaciones campesinas, entre estas están; el Movimiento Campesino
Recuperación del Aguán, MOCRA, el Movimiento Campesino Fundación
Gregorio Chávez, MCRGC, como también el Movimiento Unificado Campesino
del Aguán, MUCA y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del
Aguán, MARCA.
En dicha petición de medidas cautelares se menciona que desde el año 2010 se registraron “asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras” asimismo la CIDH el 06 de marzo de 2014 solicitó información al Estado sobre la adopción de la resolución del otorgamiento de las medidas y este no respondió a la misma.
En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com al dirigente campesino Yoni Rivas, éste expresó que en el 2014 el Estado nunca tomó responsabilidad para implementar las medidas a través del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad este ente era el encargado de otorgar dichas demandas de la CIDH, porque no existía el Mecanismo de Protección.
Rivas agregó que el incumplimiento que se ha venido dando desde la resolución, las medidas pasaron al Mecanismo de Protección el 09 de diciembre de 2016, después del asesinato de los beneficiarios José Ángel Flores, expresidente del MUCA y el líder campesino Silmer Dionisio George, en octubre del 2016, debido a este hecho se produjo una ampliación de medidas el 06 de diciembre de ese año.
No obstante, en este mismo contexto se produjo la muerte violenta de otro campesino beneficiario de las medidas, Julio Alemán, en enero de 2017, cuando se dirigía a una reunión con Nora Urbina, quien ese momento era la directora del Mecanismo.
Asimismo Yoni Rivas destacó que la ampliación de las medidas otorgadas por la CIDH contempla establecer medidas cautelares a otro grupo de personas donde se incluyen los núcleos familiares de las y los líderes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA y defensores del medio ambiente.
“El Estado hondureño no ha cumplido con dar protección a las personas beneficiarias ni investigado las causas que dieron origen a la medida cautelar para que no se vuelvan a repetir los hechos”, según lo expresado por el líder campesino.
Pero los argumentos del Estado para no brindar la protección efectiva van desde falta de presupuesto hasta pretextos de la Policía Nacional para acudir de forma pronta cuando sucede un incidente grave y debe actuar de manera urgente.
Los enlaces policiales no responden a las llamadas y la línea de emergencia en muchos casos está silenciada, es decir nadie la contesta, eso ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchos beneficiarios a falta de la protección tal como lo mandó la CIDH.
En dicha petición de medidas cautelares se menciona que desde el año 2010 se registraron “asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras” asimismo la CIDH el 06 de marzo de 2014 solicitó información al Estado sobre la adopción de la resolución del otorgamiento de las medidas y este no respondió a la misma.
En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com al dirigente campesino Yoni Rivas, éste expresó que en el 2014 el Estado nunca tomó responsabilidad para implementar las medidas a través del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad este ente era el encargado de otorgar dichas demandas de la CIDH, porque no existía el Mecanismo de Protección.
Rivas agregó que el incumplimiento que se ha venido dando desde la resolución, las medidas pasaron al Mecanismo de Protección el 09 de diciembre de 2016, después del asesinato de los beneficiarios José Ángel Flores, expresidente del MUCA y el líder campesino Silmer Dionisio George, en octubre del 2016, debido a este hecho se produjo una ampliación de medidas el 06 de diciembre de ese año.
No obstante, en este mismo contexto se produjo la muerte violenta de otro campesino beneficiario de las medidas, Julio Alemán, en enero de 2017, cuando se dirigía a una reunión con Nora Urbina, quien ese momento era la directora del Mecanismo.
Asimismo Yoni Rivas destacó que la ampliación de las medidas otorgadas por la CIDH contempla establecer medidas cautelares a otro grupo de personas donde se incluyen los núcleos familiares de las y los líderes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA y defensores del medio ambiente.
“El Estado hondureño no ha cumplido con dar protección a las personas beneficiarias ni investigado las causas que dieron origen a la medida cautelar para que no se vuelvan a repetir los hechos”, según lo expresado por el líder campesino.
Pero los argumentos del Estado para no brindar la protección efectiva van desde falta de presupuesto hasta pretextos de la Policía Nacional para acudir de forma pronta cuando sucede un incidente grave y debe actuar de manera urgente.
Los enlaces policiales no responden a las llamadas y la línea de emergencia en muchos casos está silenciada, es decir nadie la contesta, eso ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchos beneficiarios a falta de la protección tal como lo mandó la CIDH.
Unidad, lucha y conocimiento elementos necesarios para la liberación de presos políticos
Por defensores -
14 febrero, 2020
Choluteca, Honduras.- Esta semana el Comité Pro-Liberación de los Presos Políticos de Honduras,
sostuvo una reunión en la zona de sur sel pais, donde existen al menos
tres compañeros encarcelados por supuetsos delitos, que más bien han
desmocilizado la lucha social contra la dictadura de Juan Hernadez.
Hasta Choluteca, se movilizaron el
martes 11 de febrero, los representantes de la Convergencia Contra el
Continuismo (CCC), entidad que impulsó la creación del Comité hace dos
años, e instaron a los asistentes a mantenerse en la lucha, tener
claridad sobre la figura de presos politicos y estar en unidad para
seguir enfretando al regimen que impera en Honduras desde el golpe de
Estado del 2009 y afirmado mediante el fraude electoral en noviembre del
2017.
En diferentes momentos las luchas
populares han tenido mayor represión. En Choluteca desde hace dos años
el grupo de oposición al régimen “Bastión del Sur” se mantiene en
continuas protestas los miércoles y sábado, y la respuesta ha sido
asesinatos, ataques, levantamiento de perfiles, criminalización,
persecucion, judicialización y encarcelamiento. Incluso, las víctimas
son menores de edad.
Berta Oliva, representante de la
coordinación nacional de la CCC, expresó que esta fue una reunión
dolorosa ante la desarticulación existente en comparación a como era
hace dos meses el agite popular en el sur. En otro momento, la reunión
hubiera estado como una manifestación, pero eso –la poca gente- solo nos
refleja los niveles de infiltración para desarticular cualquier
movimiento social que se geste.
Con la asistencia de hoy nos llevamos un mensaje de que queremos estar, queremos organizarnos, queremos continuar. Berta Oliva, defensora de derechos humanos
Hemos logrado lo que en verdad
necesitamos, no lo que queremos, afirmó la también coordinadora del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH);
sino lo que se necesita para hacer el trabajo en unidad y en
coordinación y eso nos está obligando a la necesidad de converger.
Además hay que lograr dos propósitos a
la vez, porque no podemos desvincular a la Convergencia con el Comité
pro liberación de presos políticos. El Comité es hijo de la
Convergencia, el COFADEH sólo cumplió un mandato de la Convergencia,
explicó Oliva.
Cabe señalar que, quien impulsa y
mantiene con vida la fuerza del comité es el COFADEH, porque hay
experiencia de cómo se trabaja organizando niveles de incidencia para
temas y casos que se debe hacer. Ellos se han dado cuenta de la
importancia que significa estar dentro del Comité y la importancia de
estar en la convergencia.
Agregó que, nos sentimos afortunadas por
tener hombres y mujeres aquí en el sur, con capacidad de expresar sus
necesidades, pero también debemos sentirnos preocupadas por la situación
que han enfrentado en materia de derechos humanos.
Es
desgarrador ver llorar a una hermana de víctima de persecución, porque
he vivido en carne propia lo que es sentirse sola. Pero al no estar
organizados no se da este tipo de respuesta, por eso es la urgencia de
organizarse de manera participativa donde haya comunicación, donde no
sea una línea, sino que haya una aprobación derivada de una necesidad, y
lo que tenemos ahorita es una necesidad que nos ha obligado a que nos
organicemos para poder caminar, puntualizó Berta Oliva.
La respuesta de familiares y defensores
de derechos humanos de Valle y Choluteca, fue positiva al querer
organizarse para acompañar a los presos políticos.
A criterio del profesor Mario Membreño,
representante de la coordinación nacional de la CCC, las campañas de
desmovilización tienen como objetivo paralizar la lucha social, por lo
que “debemos tener presente que no andamos con delincuentes sino con
gente honesta, y la lucha es nuestra, la defensa de los presos políticos
no es fácil, porque desde el momento que se le acusa de terrorista ya
no es legal, nos tocan el punto más débil”.
Expresó que, el sur tiene la
característica que no se ha dejado imponer la voluntad del gobierno
neoliberalista que solo se interesa por su bienestar e ignora que el
pueblo se mate entre ellos. Pero estas acciones han provocado miedo en
la población que se manifiesta, ganando terreno los medios de
comunicación que no informan la verdad, tampoco se habla de la situación
de los presos políticos ni lo que está sufriendo la familia. Nos hacen
ver como que nosotros somos los malos.
Y recordó que “Yo estuve preso en cinco
veces y en una de ellas estive tres años y me pase un año en una celda
aislado durmiendo en el suelo y no permitían que nadie me visitara,
cuando me sacaron de esa celda tenía era un espectro, hasta que llegué
un día que me enfermé sin remedio, había orden de no salir de la cárcel.
Pero un abogado aceptó al defensa y se pasó yendo a Tribunales, pero
antes no había organizaciones de derechos humanos.
No esperen milagros porque la justicia
no funcional como tal, ahorita en América Latina se ha judicializado la
política y están ahí para hacer lo que se les dice somos débiles
cuando nos dividimos, por lo que todos somos necesarios y la defensa de
los derechos humanos es permanente”.
El también representante de la CCC,
Edwin Hernández, y presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras
(COLPEDAGOGOHS), exhortó a tener conciencia y saber que “nuestros
compañeros son presos políticos, pero el régimen lo va a rechazar de
cualquier modo, porque le huye a que existan presos políticos”.
Hay
que definir una estrategia local para acuerpar a nuestros compañeros,
es una obligación moral y como ciudadanos de Choluteca tenemos que saber
cuál va ser nuestro deber, ¡juntémonos con lo que sea! porque salimos
de una misma rama, los compañeros nos necesitan juntos con fuerza y
unidad, antes de pensar en nosotros pensemos en ellos, porque están
presos por nuestros derechos acusados por la dictadura, concluyó
Hernández.
En el uso de la palabra, Celso Flores,
dirigente del Colegio de Pedagogos de Honduras y coordinador de la
Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, expresó su preocupación
por el encarcelamiento del Antonio Felipe Esquivel,
de quien conoce a su familia y dio clases a muchos de sus parientes.
Afirmó que es un hombre que desde siempre ha sido jefe de seguridad en
una empresa camaronera, por lo que conoce del uso de armas.
Lastimosamente a él le cayó la
responsabilidad de lo sucedido a un joven que el 11 de diciembre del
2020 sufrió un accidente cuando trabajaba en un programa gubernamental
llamado “villa navideña”. Así mismo, están en prisión Carlos Daniel
Quiroz (menor de edad) y José Castillo, contra quienes se buscará una
revisión de medidas y que puedan defenderse en libertad.
Mientras que a Aleyda Huete, compañera
de hogar de Esquivel, es víctima de persecución judicial al ser la cara
visible del movimiento de oposición Bastión del Sur, promoviendo
acciones de protesta contra la dictadura impuesta por el fraude
electoral el 26 de noviembre del 2017.
Por la defensa de derechos humanos en la
zona sur del país hay docentes golpeados y baleados, entre otras
violaciones a derechos humanos, agregó Flores, y cabe señalar que
algunos de estos casos han sido documentados por el COFADEH.
Manuel Murillo del Sindicato de
Trabajadores de las Bebidas y Similares (Stibys), lamentó que “se
siente solo uno en la lucha contra un sistema, me ha tocado formar
comités en defensa de presos políticos en la década de los y hasta irlos
a visitar a cárcel lo estigmatizan a uno; hay que aprovechar este
acompañamiento la lucha es constante y debemos ver a futuro”.
Y Manuel López, líder de Bastión del
Sur, afirmó que esta reunión fue positiva para apoyo de los compañeros
presos políticos en la zona sur, donde hemos perdido acompañamiento de
organizaciones de derechos humanos, por lo que la visita del COFADEH nos
hace sentir acompañados. Estamos luchando contra un sistema y estar
solos es estar vulnerables.
Finalmente, Yessenia Beltrand, defensora
de derechos humanos, espera que tomen en cuenta a los tres compañeros
presos políticos y que se sientan acompañados, hasta lograr su libertad.
Periodista Dunia Montoya :Lo que espero es justicia y castigo para los policías que me atacaron salvajemente
Wednesday, 12 February 2020 22:42 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El Juicio Oral y Público en contra del policía Carlos Alberto
Arzú, quien junto a otros agentes desprendieron el brazo derecho de la
periodista Dunia Montoya en el año 2015, continuará este jueves 13 de
febrero de 2020. La afectada espera que por fin se haga justicia.
El 01 de septiembre de 2015 Montoya se encontraba cubriendo una
manifestación en el Progreso, Yoro , cuando el agente Arzú se percató
que la comunicadora social estaba grabando una serie de atropellos que
él y unos 300 policías y militares cometían contra la ciudadanía que se
manifestaba pacíficamente en Quebrada Seca.
El pasado 30 de enero de este año arrancó el Juicio Oral y Público, donde Montoya revivió momentos dolorosos y de terror que vivió ese día solo por ejercer su derecho a recabar información y el periodismo.
Ese día vio cara a cara a su agresor cuyos abogados trataban por todos los medios de alejarlo de las escenas de culpabilidad, mientras los testigos Gerardo Chévez, colega de Montoya y su esposo Bartolo Fuentes, dieron declaraciones contundentes que no dejaron dudas de la participación de Arzú.
Desafortunadamente el Ministerio Público no incoó proceso penal contra la cadena de mando de la Policía Preventiva y Policía Militar que atentaron contra la integridad física de la periodista, que detalló que lo único que quería era proteger la evidencia donde se documentaba el abuso de autoridad y los tratos crueles inhumanos y degradantes que los cuerpos represivos llevaron a cabo contra la población que ejercía su derecho a la protesta.
“Lo que pido es justicia y que se castigue a los responsables”, dijo Montoya ante el Tribunal de Sentencia de El progreso, Yoro, a cargo de dos hombres y una mujer.
El juicio no prosiguió ese 30 de enero porque falta que el ex jefe policial Julio Romero Canales quien es buscado para que ratifique un informe donde informó quiénes eran los policías que participaron el operativo y el abuso de autoridad cometido. El tribunal dijo no haberlo encontrado, lastimosamente este ente ha cometido demasiados desafueros en el juicio que a la víctima le cuesta creer que eso sea cierto.
Los dos apoderados legales del agente Arzú, quien en la Audiencia de Imputado dijo que seguía órdenes de su jefe y que no actuaba solo, son abogados cuyos honorarios son los más caros de la región, según lo informaron colegas que les conocen, por lo que se presume que la Policía Nacional estaría pagando de las arcas públicas, pues el acusado es un policía de escala básica que no tendría fondos para cubrir esos costos tan altos.
Estado no protegió a periodista Dunia Montoya
En un comunicado conjunto entre el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitieron la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales el 13 de septiembre de 2013.
En ese documento los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.
Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones, señalaron los relatores.
"El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, destacaron.
El pasado 30 de enero de este año arrancó el Juicio Oral y Público, donde Montoya revivió momentos dolorosos y de terror que vivió ese día solo por ejercer su derecho a recabar información y el periodismo.
Ese día vio cara a cara a su agresor cuyos abogados trataban por todos los medios de alejarlo de las escenas de culpabilidad, mientras los testigos Gerardo Chévez, colega de Montoya y su esposo Bartolo Fuentes, dieron declaraciones contundentes que no dejaron dudas de la participación de Arzú.
Desafortunadamente el Ministerio Público no incoó proceso penal contra la cadena de mando de la Policía Preventiva y Policía Militar que atentaron contra la integridad física de la periodista, que detalló que lo único que quería era proteger la evidencia donde se documentaba el abuso de autoridad y los tratos crueles inhumanos y degradantes que los cuerpos represivos llevaron a cabo contra la población que ejercía su derecho a la protesta.
“Lo que pido es justicia y que se castigue a los responsables”, dijo Montoya ante el Tribunal de Sentencia de El progreso, Yoro, a cargo de dos hombres y una mujer.
El juicio no prosiguió ese 30 de enero porque falta que el ex jefe policial Julio Romero Canales quien es buscado para que ratifique un informe donde informó quiénes eran los policías que participaron el operativo y el abuso de autoridad cometido. El tribunal dijo no haberlo encontrado, lastimosamente este ente ha cometido demasiados desafueros en el juicio que a la víctima le cuesta creer que eso sea cierto.
Los dos apoderados legales del agente Arzú, quien en la Audiencia de Imputado dijo que seguía órdenes de su jefe y que no actuaba solo, son abogados cuyos honorarios son los más caros de la región, según lo informaron colegas que les conocen, por lo que se presume que la Policía Nacional estaría pagando de las arcas públicas, pues el acusado es un policía de escala básica que no tendría fondos para cubrir esos costos tan altos.
Estado no protegió a periodista Dunia Montoya
En un comunicado conjunto entre el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitieron la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales el 13 de septiembre de 2013.
En ese documento los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.
Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones, señalaron los relatores.
"El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, destacaron.
Lea la declaración completa sobre la protección que el Estado debe brindar a periodistas en las manifestaciones, Aquí
Nuevo hecho de violencia contra la prensa en Cortés: Policías criminalizan a reportero al que agredieron con gas lacrimógeno
Sunday, 16 February 2020 22:08 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El periodista Mauricio Ortega, del Municipio de Omoa, en el
departamento de Cortés, ha sido citado por el Juzgado de Paz de Omoa,
Cortés, para este lunes 17 de febrero de 2020, a las nueve de la mañana,
como resultado de la acusación que le hiciera un agente de la policía
Nacional Preventiva porque el comunicador reclamó que en esa delegación
no quisieron atender la denuncia de familiares de un anciano que se
había extraviado, a principios de febrero, según denunció la Asociación
de Prensa de Puerto Cortés.
Como respuesta también fue agredido con gases lacrimógenos que le
provocaron problemas respiratorios. El hecho se suscitó el 01 de febrero
de 2020 y según explicó Ortega, se presentó en la posta de esa
comunidad ante el comandante de guardia solicitándole que atendiera a
unas familias que vinieron en busca de que se les atendiera una denuncia
que querían interponer y que según los quejosos el uniformado se negó a
tomar.
En esa fecha Ortega recibió una llamada de la señora Honoria Gonzáles quien reside en los Estados Unidos, diciéndole que su padre Juan Antonio Melgar Hernández estaba extraviado desde el 28 de enero 2020, ante lo cual el comunicador se desplazó junto con los familiares del desaparecido a la posta policial.
"Eran como a eso de las 11 de la mañana el día 01 de febrero, me acompañaba mi esposa Marisol Cerrato y las dos señoras familiares del desparecido a quienes yo les dije que fueran a la oficina del oficial de guardia como primera instancia a poner en conocimiento la desaparición de su pariente y que después iríamos a la DPI de Puerto Cortés, al instante regresan las dos señoras diciendo que el oficial de guardia no les quiso tomar su denuncia y que las mandaba para la DPI de Puerto Cortés"
Ante eso el comunicador decidió entrar a la oficina de la posta policial encontrando a un joven agente que estaba texteando en su celular y a la vez su televisor estaba encendido, “entrando lo saludé y le dije -ayúdeme hermano tome la novedad no mira que estas doñas andan desesperadas buscando al viejito que se les ha perdido”.
El policía contestó - yo no puedo atenderlas vaya a la DPI de Puerto Cortés, preguntando luego
-¿Ese libro que tiene allí en el escritorio para qué es? a lo que dijeron que era para anotar novedades por lo que Ortega sugirió entonces “anote que esto es una novedad ya que, el viejito se perdió aquí en Cuyamel y ustedes son la primera instancia que tenemos para que nos puedan ayudar”
El joven policía volvió a repetir que no por lo que el reportero contestó “sabe una cosa voy a grabar este mal servicio que ustedes están haciendo en esta posta donde la palabra servir y proteger pareciese que no la conocen”.
Frente a ese desplante el comunicador se acercó a la puerta de salida y le habló a su camarógrafo, y le dije que empezara a grabar el video para dejar constancia de la desatención a los ciudadanos.
“Cuando se empieza a grabar y lo que allí está pasando el policía observa que yo estoy relatando los hechos se viene sobre mí y me dice que yo allí no puedo grabar y empezó a empujarme, en el segundo empujón mi pie resbala y caigo sentado, el policía se va de la escena a pedir auxilio al interior de la posta policial y aparece de nuevo haciéndose acompañar de un policía que está en camiseta y calzoneta, éste me dice que me mantenga calmado”.
Allí en ese instante el mismo oficial de guardia que agredió al reportero roció gas debajo del escritorio, acción totalmente fuera de orden del policía de guardia, ya que éste ya se encontraba en el suelo y no presentaba ninguna amenaza para los funcionarios policiales,” por lo cual tuve que salir con problemas de respiración”, relató el periodista.
Para sorpresa del comunicador Mauricio Ortega es que el pasado fin de semana retornaba de una consulta médica, en su casa era esperado por dos patrulleros en un carro policial entregándole una cita para que comparezca este lunes 17 de febrero de 2020 a una audiencia al Juzgado de Paz de Omoa, Cortés, a las nueve de la mañana para responder por el delito de Falta contra las Personas.
Reiteradas agresiones contra periodistas en Cortés
En la zona han sido agredidos varios periodistas en circunstancias similares por policías preventivos y al menos dos han sido asesinados en los últimos meses sin que se tenga información de las circunstancias y responsables de los crímenes.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que apoya a la Asociación de Periodistas de Puerto Cortés, se contactó con el CONADEH para investigar si esta institución tiene conocimiento de este nuevo hecho pues la organización de periodistas expuso esta situación en la sede central en Tegucigalpa el año pasado.
De acuerdo a la información que recibió la organización el CONADEH a través de su delegación norte tiene conocimiento del hecho y estará presente en la audiencia.
Esta es la citatoria recibida por el periodista Mauricio Ortega, quien estará respaldado en la audiencia por la Asociación de Periodistas de Puerto Cortés:
En esa fecha Ortega recibió una llamada de la señora Honoria Gonzáles quien reside en los Estados Unidos, diciéndole que su padre Juan Antonio Melgar Hernández estaba extraviado desde el 28 de enero 2020, ante lo cual el comunicador se desplazó junto con los familiares del desaparecido a la posta policial.
"Eran como a eso de las 11 de la mañana el día 01 de febrero, me acompañaba mi esposa Marisol Cerrato y las dos señoras familiares del desparecido a quienes yo les dije que fueran a la oficina del oficial de guardia como primera instancia a poner en conocimiento la desaparición de su pariente y que después iríamos a la DPI de Puerto Cortés, al instante regresan las dos señoras diciendo que el oficial de guardia no les quiso tomar su denuncia y que las mandaba para la DPI de Puerto Cortés"
Ante eso el comunicador decidió entrar a la oficina de la posta policial encontrando a un joven agente que estaba texteando en su celular y a la vez su televisor estaba encendido, “entrando lo saludé y le dije -ayúdeme hermano tome la novedad no mira que estas doñas andan desesperadas buscando al viejito que se les ha perdido”.
El policía contestó - yo no puedo atenderlas vaya a la DPI de Puerto Cortés, preguntando luego
-¿Ese libro que tiene allí en el escritorio para qué es? a lo que dijeron que era para anotar novedades por lo que Ortega sugirió entonces “anote que esto es una novedad ya que, el viejito se perdió aquí en Cuyamel y ustedes son la primera instancia que tenemos para que nos puedan ayudar”
El joven policía volvió a repetir que no por lo que el reportero contestó “sabe una cosa voy a grabar este mal servicio que ustedes están haciendo en esta posta donde la palabra servir y proteger pareciese que no la conocen”.
Frente a ese desplante el comunicador se acercó a la puerta de salida y le habló a su camarógrafo, y le dije que empezara a grabar el video para dejar constancia de la desatención a los ciudadanos.
“Cuando se empieza a grabar y lo que allí está pasando el policía observa que yo estoy relatando los hechos se viene sobre mí y me dice que yo allí no puedo grabar y empezó a empujarme, en el segundo empujón mi pie resbala y caigo sentado, el policía se va de la escena a pedir auxilio al interior de la posta policial y aparece de nuevo haciéndose acompañar de un policía que está en camiseta y calzoneta, éste me dice que me mantenga calmado”.
Allí en ese instante el mismo oficial de guardia que agredió al reportero roció gas debajo del escritorio, acción totalmente fuera de orden del policía de guardia, ya que éste ya se encontraba en el suelo y no presentaba ninguna amenaza para los funcionarios policiales,” por lo cual tuve que salir con problemas de respiración”, relató el periodista.
Para sorpresa del comunicador Mauricio Ortega es que el pasado fin de semana retornaba de una consulta médica, en su casa era esperado por dos patrulleros en un carro policial entregándole una cita para que comparezca este lunes 17 de febrero de 2020 a una audiencia al Juzgado de Paz de Omoa, Cortés, a las nueve de la mañana para responder por el delito de Falta contra las Personas.
Reiteradas agresiones contra periodistas en Cortés
En la zona han sido agredidos varios periodistas en circunstancias similares por policías preventivos y al menos dos han sido asesinados en los últimos meses sin que se tenga información de las circunstancias y responsables de los crímenes.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que apoya a la Asociación de Periodistas de Puerto Cortés, se contactó con el CONADEH para investigar si esta institución tiene conocimiento de este nuevo hecho pues la organización de periodistas expuso esta situación en la sede central en Tegucigalpa el año pasado.
De acuerdo a la información que recibió la organización el CONADEH a través de su delegación norte tiene conocimiento del hecho y estará presente en la audiencia.
Esta es la citatoria recibida por el periodista Mauricio Ortega, quien estará respaldado en la audiencia por la Asociación de Periodistas de Puerto Cortés:
HONDURAS / DEMOCRACIA “FAST FOOD” ¡CARA!, 65 MIL MILLONES EN CORRUPCIÓN
Un
Faraj y un Barquero, sentados en la mesa del fondo, pensativos, los
hizo reflexionar la mano de aquellos ocho millones de almas andrajosas
–Disculpen señores, pero 65 mil millones en corrupción es demasiado.
Explotan
en risas todas las mesas, los verdes, los religiosos, los socialmente
responsables y demás asistentes. Después de todo son negocios. En lo
alto, en los plasmas de pared, se oye el anuncio de la última serie de
TVC, “Cómo salirte con la tuya en un asesinato”.
REFLEXIÒN
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
¡Sean bienvenidos! al mejor restaurante de comida rápida del
continente, tenemos ya tendida la mesa, los más serviles y serviciales
meseros los atenderán, los cocineros más ingeniosos, los menú más
apetecibles y exóticos del trópico. Y lo mejor de todo, ¡nadie paga la
cuenta! Ya la pagó el lector de esta reflexión. Hoy serviremos 65 mil
millones en corrupción y nuestro encargado de tienda de turno, con mucho
gusto obedecerá y atenderá. ¡Comencemos!
Buenas
tardes hambrientos comensales, exclama el encargado de la franquicia,
hoy se llama Juan, otras veces Porfirio, Manuel, Ricardo y así, no se lo
tomen en serio es solo el delegado de la tienda, después de todo en
cuatro años se va ¿o no?; Después de la amable recepción se les comunica
que tomen sus asientos, hoy serviremos corrupción, tenemos menú para
una persona, el dúo pack (los duopolios se sonríen picarescos) y combos
familiares.
En
un momento el mesero que hoy se llama Ebal, ya nos renunció el Alden,
que ni frijoles podía servir; nos disculpamos por los inconvenientes.
Los verde olivo, ya saben que van a pedir. Quieren la cajita feliz y de
juguete les viene un inútil buquecito de guerra, con el que
imaginariamente pelearán contra el “enemigo”, -Quiero
agregar otra hacienda. Ebal, responde serio al general. –Ud. sabe señor
que en su menú ya no aplica; 4,000 millones, ya sabe, para los rurales y
los tractores de la vez pasada terminaron en su hacienda. Restricciones
aplican, mi capitán.
La
mesa religiosa es de las más fastidiosas, en nombre de Dios, nos
queremos hartar todo, señores por favor, ustedes ya tienen las
exoneraciones. Coff, Coff, aclara la garganta un tal Solórzano. –Les
recuerdo, que nosotros tenemos en calma a los miserables para que no
asalten el restaurante, ellos entienden que Dios quiere que así sea, y
mi competencia los apoya con la virgencita y capitana.
–¡Ay
nooo! Ya estás como Omar ¿también quieres ser funcionario?, dice
molesto el purpurado, su eminencia reverendísima cardenal, –¡Claro como a
vos te va bien!, se escucha un Evelio debajo de la mesa. –Señores,
calma, dice el mesero, cuando se pongan de acuerdo, regresaré. Además,
les recuerdo lo que nos enseñó Tartufo: “Pecar en silencio, no es
pecar”. Relájense, hay corrupción para todos.
¡Cuatro
años más! ¡Cuatro años más! Se escucha desde el área de niños. ¿Dónde
está el encargado de la tienda?, grita molesto el banquero, sin que le
hayan dado aún su parte. –Dígame, señor, responde asustado Juan,
mientras cruza corriendo entre las mesas. –Mira muchacho, llevas seis
años en este restaurante, te dimos refil de reelección, ¡no me jodas!,
anda y calla esos cipotes. Juan entra, y aquel cipotero haciendo relajo,
los periodistas pomponeras de la prensa tradicional, los activistas,
partidos de maletín, unos que dicen “oposición”, otros pastores y así,
aquel gatero. Entonces se ordena servirles los “econocombos”, pan con
mostaza, el churrito Zibas (que lo provee una de las familias) y un
juguito. Ya los niños saciados y tranquilos, la suculenta comida de los
adultos puede continuar.
“Compren
mis burritos”, dice Juan en voz alta para entretener el ambiente, por
mientras sirven la comida a los comensales. En la cocina están lentos. –Muchacho,
advierte el gordo de los viejos medios de comunicación, jamás olvides
ni por un segundo, que por menos sacamos al encargado anterior, un tal
Zelaya, es mejor que te calmes o llamamos al “washi” Vásquez Velásquez.
–“No me importa que me digan golpista y dejemos el servicio militar
obligatorio, pero sólo para los pobres”, dice el “Washi” –Siii, siii, ya
te vimos, le responden con desprecio. –Sentate que ahorita no te
ocupamos, le responde el hombrón de los medios, mientras enciende el
puro. –¡Si señor, si señor! Yo soy obediente y no beligerante, usted
sólo ordene.
Mientras
tanto en la cocina, los toños se roban la esquinita de un jamoncito,
las Welsys corren torpemente con las bandejas de papas fritas. ¡Ajá
puerco!, así te quería agarrar, regaña Juan acercándose a la cara de un
tal Marlon, que lo han encontrado escondido detrás de la estufa marca
“UNA”, quedándose con las pajillas ejecutivas, cien botellas de agua y
65 manzanas verdes. –En este restaurante los que robamos somos nosotros,
y si hay algo que odio, más que a los comunistas, es a los ladrones.
Ahí va el pobre Marlon, diciendo que él hizo lo que le mandaron, tiene
miedo y tiene razón de tenerla, un empleado menos y un desempleado más.
¡Buenos
pues! ¿y esto es “Pizza Hut” o qué? todo está caro, me piden el 20 por
ciento como propina al restaurante, tengo restricciones en lo que quiero
comer, por todo me quieren dar cargos adicionales, dice molesto el
empresario socialmente responsable, –Señor, ahorita le vamos a dar unas
obras públicas o un fideicomiso, ¿qué dice?, se apura Juan. –Buenooo,
agrégame a la cuenta el fideicomiso de medicinas también. –Claro señor,
como usted mande, sólo le recuerdo, no dar pastilla de harina, como los
otros. De pronto una mano mugrosa y sucias uñas largas, de un
desgraciado, sin dientes, con hambre, enfermo se posa sobre el cristal
del restaurante; la mirada de súplica por un poco de comida, ni siquiera
es un plato, es solo un poquitito.- Rapidito, pero rapidito, Juan manda
al nuevo “washi” a que ponga orden en la calle, y que esa gente, que ya
son ocho millones, no incomode con sus miserias a los clientes.- “No
vamos a permitir disturbios, haré lo que tenga que hacer”, promete
histérico y determinado.
Un
Faraj y un Barquero, sentados en la mesa del fondo, pensativos, los
hizo reflexionar la mano de aquellos ocho millones de almas andrajosas
–Disculpen señores, pero 65 mil millones en corrupción es demasiado, con
eso se podrían construir 130 mil escuelas a un costo de 500 mil cada
una, o sea, “full”, completas, los desgraciados tendrían más de siete
mil escuelas por departamento, no los tendríamos a las puertas del
restaurante y podríamos comer tranquilos… Shhhh… el silencio se adueña
del “Fast Food”.
Explota
en risas la mesa callada hasta ahora, la del crimen organizado,
silenciosa pero comelona, como el espíritu santo, aunque no se ve, está
en todas las reuniones y se queda con el 40 por ciento del menú, les
guste o no, y siempre les gusta. Todas las demás mesas le siguen en
risas, los verdes, los religiosos, los socialmente responsables y demás
asistentes. Después de todo, con esa mesa no se juega, son negocios de
verdad. En lo alto, en los plasmas de pared, se oye el anuncio de la
última serie de TVC, “Cómo salirte con la tuya en un asesinato”.
Siguen
y siguen pidiendo en el restaurante, se hartan y entre risas y bromas
se escucha al fondo: “Yo quiero las carreteras”, “a mí esa
hidroeléctrica, por favor”, y nuestro pequeño Juan mira el reloj, y
entre sirve y sirve, apenas le quedan dos años de gracia y sabe que
también, será parte del menú en algún momento. Los desdentados rodean el
restaurante, a veces se pegan al vidrio y otros que ya ni eso hacen,
eso sí, serán llamados en dos años para nombrar al nuevo encargado de
tienda, y así seguir la vida, hasta que se den cuenta que de esta
franquicia internacional, los dueños no son los cheles, sino ellos. No
olvide, usted paga la “democracia”, y es bien cara y secreta. En 2020
costará, según dice doña Gabriela, 74 mil millones de lempiras en
corrupción.
Opinión
Una crítica racional al libro de “Mel”
- Ricardo Salgado |
- notibomba - 26-08-2019.3:29 pm.
El
28 de junio de 2019 se lanzó al público el libro “El Golpe 28J”,
escrito por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Siendo la obra
escrita por el protagonista de más larga vigencia en la vida pública y
política nacional, no han faltado las críticas de muchos que, incluso
sin leerlo, prefieren, permanecer “convencidos” por cualquiera de las
historias que hasta ahora se han contado.
Sobre el Golpe han escrito los golpistas, lo que eleva el valor contenido en esta primera propuesta desde la visión de las víctimas, de quienes tomaron decisiones, singulares en la historia de Honduras. Juan Ramón Martínez, ha escrito dos libros, el propio, y el del General Romeo Vásquez Velásquez (al menos, esa es la impresión que deja su lectura, en la que Martínez es mencionado más veces que ninguna otra persona).
El libro de “Mel” es el primero, además, que no contiene una justificación explicita por acciones cometidas, como en el caso de Romeo Vásquez que dedica mucho esfuerzo a justificar, no solo el golpe, sino otros bochornos de su vida, como aquel que lo involucra en el robo de vehículos en los años noventa. El de Zelaya es la introducción a un relato más completo de lo que sin duda es el momento más importante en la vida nacional del último siglo.
Escrito con la estrecha colaboración de la abogada Rixi Moncada, el documento es un testimonio en lenguaje jurídico, de profundo contenido político. Seguramente faltan detalles y se omiten personajes. La obra va dirigida a tener un formato amigable, fácil de leer y entender lo que se comunica. Es notable, el esfuerzo monumental hecho por la abogada Moncada por reunir pruebas, documentos, y testimonios, que sirven como respaldo a este libro, y que aún no ven la luz, pero pronto estará disponible.
El libro de “Mel” es una propuesta contra el olvido, y además la primera sistematización de hechos que no tienen precedentes en la historia hondureña. Hasta la fecha, el Golpe ha sido abordado con mucho chauvinismo. Incluso los sectores que lucharon en resistencia han tratado de relativizar el papel de Zelaya como actor fundamental en el punto de inflexión que se dio el 28 de junio de 2009. Por otra parte, la academia, pasa más ocupada en lo inmediato, en lo cotidiano, sin mencionar su equivocado desprecio intelectual por los políticos vernáculos.
Cualquier esfuerzo serio de analizar la realidad hondureña de los últimos quince años, incluso la coyuntura actual, seria vano, si trata de ocultar el carácter fundamentalmente soberano de la presidencia de Manuel Zelaya, una excepción gigantesca frente a los jefes de Estado previos y posteriores al Poder Ciudadano. Las palabras de Zelaya tienen más fuerza que el cumulo de datos y estadísticas que se utilizan con fines propagandísticos. La tendencia a minimizar los resultados del Poder Ciudadano ya sea con la distorsión de los datos, o la mentira abierta, hace que esta pequeña obra adquiera un valor trascendental.
La crítica no debe esperar un tratado, ni siquiera un alegato político profundo, esto está por venir todavía. Otros “críticos” que adversan la lectura en general, a menudo comentan que ellos ya saben que motivo el Golpe, o que el tema ya es “trillado”. Baste decir que la dictadura que hoy rige Honduras es exactamente el opuesto de lo que fue la administración Zelaya, lo que pone de manifiesto dos visiones contrarias de la realidad que prevalecen hoy en día, que polarizan a la sociedad hondureña, y que marcaran inevitablemente el futuro del país.
En lo personal, creo que la derecha hondureña ha tenido éxito satanizando el gobierno del Poder Ciudadano. Igual que sucediera por décadas con la lucha morazanista, vilipendiada por la iglesia católica y los conservadores de su tiempo, el estigma creado a partir de “la carretilla”, lanzó una enorme cortina de humo sobre un concepto vital de transformación, una idea revolucionaria: la Asamblea Nacional Constituyente.
A partir del golpe, miles de carretillas salieron del banco central, con una diferencia fundamental con la que nos atormenta desde hace mucho tiempo: aquella carretilla, salió para pagar los costos de una consulta popular (después de que los militares recibieran el dinero para hacerlo, y se negaran a cumplir sus órdenes); las de los golpistas, han servido para saquear el país, para robarse miles de millones que ya no volveremos a ver jamás. No se trata de una apología de lo que se haya hecho mal, sino al conjunto de una sociedad en la que los pobres pasaron por un breve periodo al primer plano, y la verdad sobre una elite criminal que se ha empeñado en borrar con sangre la idea de que vivir mejor es posible.
Hay muchas razones para debatir el Libro de “Mel”, lo único que es erróneo, es ignorarlo. La historia es finalmente aquello que somos capaces de preservar, y el relato de Zelaya es, sin duda alguna, algo que se mantendrá en el tiempo como el primer libro que explica las razones primeras de nuestra liberación.
Sobre el Golpe han escrito los golpistas, lo que eleva el valor contenido en esta primera propuesta desde la visión de las víctimas, de quienes tomaron decisiones, singulares en la historia de Honduras. Juan Ramón Martínez, ha escrito dos libros, el propio, y el del General Romeo Vásquez Velásquez (al menos, esa es la impresión que deja su lectura, en la que Martínez es mencionado más veces que ninguna otra persona).
El libro de “Mel” es el primero, además, que no contiene una justificación explicita por acciones cometidas, como en el caso de Romeo Vásquez que dedica mucho esfuerzo a justificar, no solo el golpe, sino otros bochornos de su vida, como aquel que lo involucra en el robo de vehículos en los años noventa. El de Zelaya es la introducción a un relato más completo de lo que sin duda es el momento más importante en la vida nacional del último siglo.
Escrito con la estrecha colaboración de la abogada Rixi Moncada, el documento es un testimonio en lenguaje jurídico, de profundo contenido político. Seguramente faltan detalles y se omiten personajes. La obra va dirigida a tener un formato amigable, fácil de leer y entender lo que se comunica. Es notable, el esfuerzo monumental hecho por la abogada Moncada por reunir pruebas, documentos, y testimonios, que sirven como respaldo a este libro, y que aún no ven la luz, pero pronto estará disponible.
El libro de “Mel” es una propuesta contra el olvido, y además la primera sistematización de hechos que no tienen precedentes en la historia hondureña. Hasta la fecha, el Golpe ha sido abordado con mucho chauvinismo. Incluso los sectores que lucharon en resistencia han tratado de relativizar el papel de Zelaya como actor fundamental en el punto de inflexión que se dio el 28 de junio de 2009. Por otra parte, la academia, pasa más ocupada en lo inmediato, en lo cotidiano, sin mencionar su equivocado desprecio intelectual por los políticos vernáculos.
Cualquier esfuerzo serio de analizar la realidad hondureña de los últimos quince años, incluso la coyuntura actual, seria vano, si trata de ocultar el carácter fundamentalmente soberano de la presidencia de Manuel Zelaya, una excepción gigantesca frente a los jefes de Estado previos y posteriores al Poder Ciudadano. Las palabras de Zelaya tienen más fuerza que el cumulo de datos y estadísticas que se utilizan con fines propagandísticos. La tendencia a minimizar los resultados del Poder Ciudadano ya sea con la distorsión de los datos, o la mentira abierta, hace que esta pequeña obra adquiera un valor trascendental.
La crítica no debe esperar un tratado, ni siquiera un alegato político profundo, esto está por venir todavía. Otros “críticos” que adversan la lectura en general, a menudo comentan que ellos ya saben que motivo el Golpe, o que el tema ya es “trillado”. Baste decir que la dictadura que hoy rige Honduras es exactamente el opuesto de lo que fue la administración Zelaya, lo que pone de manifiesto dos visiones contrarias de la realidad que prevalecen hoy en día, que polarizan a la sociedad hondureña, y que marcaran inevitablemente el futuro del país.
En lo personal, creo que la derecha hondureña ha tenido éxito satanizando el gobierno del Poder Ciudadano. Igual que sucediera por décadas con la lucha morazanista, vilipendiada por la iglesia católica y los conservadores de su tiempo, el estigma creado a partir de “la carretilla”, lanzó una enorme cortina de humo sobre un concepto vital de transformación, una idea revolucionaria: la Asamblea Nacional Constituyente.
A partir del golpe, miles de carretillas salieron del banco central, con una diferencia fundamental con la que nos atormenta desde hace mucho tiempo: aquella carretilla, salió para pagar los costos de una consulta popular (después de que los militares recibieran el dinero para hacerlo, y se negaran a cumplir sus órdenes); las de los golpistas, han servido para saquear el país, para robarse miles de millones que ya no volveremos a ver jamás. No se trata de una apología de lo que se haya hecho mal, sino al conjunto de una sociedad en la que los pobres pasaron por un breve periodo al primer plano, y la verdad sobre una elite criminal que se ha empeñado en borrar con sangre la idea de que vivir mejor es posible.
Hay muchas razones para debatir el Libro de “Mel”, lo único que es erróneo, es ignorarlo. La historia es finalmente aquello que somos capaces de preservar, y el relato de Zelaya es, sin duda alguna, algo que se mantendrá en el tiempo como el primer libro que explica las razones primeras de nuestra liberación.
