Honduras 08 de Marzo: Mujeres toman la primera línea de defensa de derechos humanos
Saturday, 07 March 2020 23:23
Written by
Bersely García
Published in
Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
En conmemoración al “Día Internacional de la Mujer” este 8 de
marzo de 2020, se enaltece la labor de las defensoras y la realidad que
viven las mujeres defensoras en Honduras. El ambiente hostil por señalar
los atropellos del sistema estatal, fundamentalmente porque la nación a
la que aspiran es opuesta a la que se impone.
En el año anterior la Asociación por la Democracia y los Derechos
Humanos, ASOPODEHU, contabilizó 87 ataques contra mujeres defensoras.
Las agresiones se dieron hacia quienes defienden el territorio
ancestral, los bienes comunes y naturales, medio ambiente, los derechos
sociales y políticos, derechos sociales y económicos, y mujeres que
están en los puestos de liderazgo en las organizaciones que defienden y
promueven los derechos fundamentales en Honduras.
Aunque en el 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita a Honduras, recomendó garantizar las condiciones para que los y las defensoras realicen libremente sus actividades, señaló al Estado que debía de “abstenerse de realizar cualquier acción y de adoptar legislación que limite u obstaculice su trabajo” , pero esta recomendación pasó al baúl de los compromisos incumplidos por Honduras
Este 08 de marzo en que se conmemorar el Día Internacional de la Mujer, destacamos la labor de varias defensoras de derechos humanos en el país, aclarando que son decenas de mujeres en la primera línea y que enfrentan graves amenazas, no terminaríamos de nombrarlas en muchas páginas.
Defensoras emblemáticas que la violencia estatal terminó con sus vidas
Jeannette Kawas, nació en Tela, Atlántida,
ambientalista que contribuyó a la preservación de 449 especies de
plantas, la diversidad de flora y fauna, lagunas costeras, afloramientos
rocosos, pantanos, manglares, costas rocosas, playas de arena y selva
ubicadas en la zona caribeña de Honduras la reserva protegida “Punta
sal” hoy nombrado en su memoria con su nombre. (asesinada en 1995).
Margarita Murillo. Su vida estuvo dedicada a la lucha por el acceso a la tierra de las mujeres campesinas hondureñas, por esta razón luchó en contra del otorgamiento de los ríos a empresas dedicadas a la construcción de plantas hidroeléctricas por el impacto ambiental y cultural que estas representan en tierras ancestrales. Fue asesinada en el 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instó al Estado hondureño a que realizará una investigación con debida diligencia sobre su homicidio, pero no ha sucedido nada.
Lesbia Yaneth Urquía, se opuso a la privatización de los ríos para ser cedidos a empresas que promueven la deforestación y la afectación de la flora y fauna. Urquía luchó en contra de una hidroeléctrica internacional en el departamento de La Paz. (asesinada en el 2016).
Gladys Lanza, Coordinó el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Su férrea defensa de los derechos de las mujeres la hizo enfrentar una querellara en el 2015 y que la Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, la declarara culpable por el delito de difamación constitutiva de calumnias, violentando el Debido Proceso y su Acceso a la Justicia. Un plantón contra el Director de FUNDEVI Juan Carlos Reyes, para protestar contra el acoso sexual denunciado ante esa organización por parte de Lesbia Pacheco, le valió el juicio iniciado desde 2010, donde estuvo en completa indefensión pues el sistema de justicia favaoreció al poder y quería aprovechar para criminalizar una de las voces más crítica en Honduras y su organización que no cesa su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.
Por su labor fue victima de agresiones y persecución por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó Medidas Provisionales. También el Estado fue requerido por este ente internacional para que garantizara la protección de la vida y la integridad de la defensora.Murió en el 2016 por graves problemas de salud que le ocasionó tanto acoso. Se fue sin encontrar justicia. En los 80 también debió enfrentar amenazas que la llevaron a la cárcel y al exilio. Escuadrones de la muerte lanzaron una bomba que destruyó su casa. Fue encarcelada y sometida a crueles torturas.
Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y Coordinadora General de esta organización en el momento de sus asesinato el 03 de marzo de 2016. Lideró la lucha en contra de proyectos extractivos de empresas transnacionales que traen consigo el desplazamiento forzado y la destrucción de ecosistemas. Su oposición al proyecto Agua Zarca de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, le costó la vida. Enfrentó más de 30 amenazas y juicios. La CIDH emiió medidas de protección a su favor, pero el Estado no la protegicó y altos mandos militares participaron en su crimen junto a personas de alto nivel de DESA.
Meses antes de su asesinato fue acreedora de los premios Goldman, el máximo galardón mundial para quienes protegen los recursos naturales, y además el Premio Shalom. Asimismo, uno de los festivales de referencia en el cine medioambiental de talla internacional, decidió llamar a este con el nombre “Berta Cáceres Flores” la activista recibió de manera póstuma el premio Ecozine.
Defensoras que siguen en la primera línea pero que enfrentan la represión
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización
Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Ha liderado la lucha por el
territorio del pueblo garífuna, también por los derechos de las mujeres.
Su activismo en contra del desplazamiento forzado, el robo de tierras
cedidas a empresas que se dedican al negocio turístico, el narcotráfico y
el cambio climático le ha valido constante acoso. Enfrenta a proyectos
hidroeléctricos y de aceite de palma, que le ha traído amenazas,
persecución y encarcelamiento.
Miranda recibió el Premio 2019 de Derechos Humanos, de la fundación Friedrich Ebert, FES, por su trayectoria de 30 años y compromiso por la defensa de su pueblo y la protección del medioambiente. También fue declarada co-ganadora del Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos, junto con la activista ambiental Berta Cáceres, antes de su asesinato.
Pascualita Vásquez, es una luchadora que impulsó la fundación del municipio de San Francisco de Opalaca en el departamento de Intibucá, comunidad que se enfrentó a empresas que extraían madera de la zona. Actualmente la defensora es la una de las lideresas espirituales del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, y sigue activa en la recuperación de los bienes comunes de la naturaleza.
Karla Lara, es una de las fundadoras de la Red de Defensoras de Derehos Humanos de Honduras, militante del movimiento social en especial al colectivo feminista, su labor la ha combinado con la música y varias de sus canciones han contribuido con la reivindicación social del pueblo hondureño.Actualmente sigue en la defensa de los derechos de las mujeres en el país y lucha contra la dictadura.
Berta Zúniga, es la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, asumió el cargo con el apoyo de las comunidades tras el asesinato de su mamá Berta Cáceres. Es defensora del territorio ancestral y activista por los derechos humanos y el medioambiente. Su voz de denuncia contra el crimen de Berta Cáceres mantiene viva la demanda de justicia nacional e internacional.
Laura Zúniga, defensora por los derechos humanos, del territorio y el medioambiente, miembra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Laura también es hija de la ambientalista Berta Cáceres. Permance activa en la demanda de justicia contra el crimen de su maddre y acompaña protestas en defensa de su pueblo lenca.
Mirian Suazo, tiene 20 años en la defensa de los derechos humanos en el país desde el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEMH, y en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos,en conjunto con otras organizaciones y el movimiento social. Su importante aporte en defensa de los derechos de las mujeres en el país ha posicionado el tema. Su vos y presencia se puede encontrar en todas las luchas tanto de mujeres como de los movimientos sociales en Honduras.
Yessica Trinidad, es la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Defesoras de Derechos Humanos en Honduras. Ha enfrentado represión por parte de los cuerpos represivos del Estado. Ha sido atacada en manifestaciones cuando documenta agresiones contra las mujeres.
En el 2016 policías la lanzaron desde una gradas cuando acuerpaba una protesta por el juicio contra Gladys Lanza. En ese mismo año había sido lanzada al piso por militares y policíasque llegaron a desalojar a estudiantes en la UNAH. Ella estaba allí en la primera línea de defensa y protección a jóvenes de esa entidad educativa conducida por la ex rectora Ju8lieta Castellanos, que tenía una persecusión sistemática contra liderazgos estudiantiles que demandaban la no privatización de la educación pública.
Merly Eguigure es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, lucha por la equidad e igualdad en derechos de las mujeres hondureñas. Ha estado encarcelada como represalia por defender los derechos de mujeres agredidas y de hacer acciones públicas contra esta violencia. Su organización permanece vigilada constantemente.
Es una voz permanente pra denunciar violencia contra las mujeres y su presencia en mdios de comunicación ha posicionado el tema con lo cual sensibiliza el pensamiento de periodistas mujeres y hombres. Es direta en sus delcaraciones y no tiene miedo a señalar a cualquier agresor de mujeres sea quien sea.
Tomy Morales, de la Asociación por la Democracia y
los Derechos Humanos, ASOPODEHU, por su labor y compromiso con el
periodismo independiente y la defensa de los derechos fundamentales en
Honduras ha sido víctima de agresiones, persecución y criminalización
por parte del Estado hondureño, actualmente se encuentra en el exilio
porque su vida en el país corre peligro. El 08 de septiembre de 2017 fue
torturada y encarcelada por altos mandos policiales cuando defendía a
estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH que
estaban siendo víctimas de represión en un desalojo violencia. Los
responsables de sus torturas gozan de la impunidad que les dio un
sobreseimiento definitivo en junio de 2018. Vea los antecedentes de esta represión contra ella.
Esly Banegas, conduce la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguán, COPA. Por su labor incansable ha sido víctima de agresiones, vigilada, perseguida y amenazada. La represión ha llegado al extrema deñ asesinato de su hijo y cónyuge. La CIDH emitió una medida cautelar donde ella figura y este ente internacional demanda protección para su vida. Ha sido pieza clave en la protección a defensores de Guapinol e integra el Comité de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
Elizabeth Medina, es defensora de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Ha sido víctima de agresiones, amenazas y hostigamiento, por parte de los cuerpos represivos del Estado , en momentos en que acompaña a personas en el marco de la protesta. Su presencia ha neutralizado acciones contra la vida de ciudadanos y ciudadanas.
En enero del año anterior el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, en un informe hace mención sobre la situación de las mujeres defensoras en le país, y señala que “las mujeres defensoras muchas veces enfrentan riesgos diferenciados y adicionales”
También obstáculos que tienen un componente de género y están construidos por los estereotipos de género y las ideas profundamente arraigadas sobre quienes son las mujeres y cómo deberían ser.
Asimismo, “En el clima político actual, donde existe un rechazo hacia los derechos humanos, las mujeres defensoras muchas veces son las primeras bajo ataque”.
Aunque en el 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita a Honduras, recomendó garantizar las condiciones para que los y las defensoras realicen libremente sus actividades, señaló al Estado que debía de “abstenerse de realizar cualquier acción y de adoptar legislación que limite u obstaculice su trabajo” , pero esta recomendación pasó al baúl de los compromisos incumplidos por Honduras
Este 08 de marzo en que se conmemorar el Día Internacional de la Mujer, destacamos la labor de varias defensoras de derechos humanos en el país, aclarando que son decenas de mujeres en la primera línea y que enfrentan graves amenazas, no terminaríamos de nombrarlas en muchas páginas.
Defensoras emblemáticas que la violencia estatal terminó con sus vidas
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Margarita Murillo. Su vida estuvo dedicada a la lucha por el acceso a la tierra de las mujeres campesinas hondureñas, por esta razón luchó en contra del otorgamiento de los ríos a empresas dedicadas a la construcción de plantas hidroeléctricas por el impacto ambiental y cultural que estas representan en tierras ancestrales. Fue asesinada en el 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instó al Estado hondureño a que realizará una investigación con debida diligencia sobre su homicidio, pero no ha sucedido nada.
Lesbia Yaneth Urquía, se opuso a la privatización de los ríos para ser cedidos a empresas que promueven la deforestación y la afectación de la flora y fauna. Urquía luchó en contra de una hidroeléctrica internacional en el departamento de La Paz. (asesinada en el 2016).
Gladys Lanza, Coordinó el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Su férrea defensa de los derechos de las mujeres la hizo enfrentar una querellara en el 2015 y que la Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, la declarara culpable por el delito de difamación constitutiva de calumnias, violentando el Debido Proceso y su Acceso a la Justicia. Un plantón contra el Director de FUNDEVI Juan Carlos Reyes, para protestar contra el acoso sexual denunciado ante esa organización por parte de Lesbia Pacheco, le valió el juicio iniciado desde 2010, donde estuvo en completa indefensión pues el sistema de justicia favaoreció al poder y quería aprovechar para criminalizar una de las voces más crítica en Honduras y su organización que no cesa su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.
Por su labor fue victima de agresiones y persecución por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó Medidas Provisionales. También el Estado fue requerido por este ente internacional para que garantizara la protección de la vida y la integridad de la defensora.Murió en el 2016 por graves problemas de salud que le ocasionó tanto acoso. Se fue sin encontrar justicia. En los 80 también debió enfrentar amenazas que la llevaron a la cárcel y al exilio. Escuadrones de la muerte lanzaron una bomba que destruyó su casa. Fue encarcelada y sometida a crueles torturas.
Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y Coordinadora General de esta organización en el momento de sus asesinato el 03 de marzo de 2016. Lideró la lucha en contra de proyectos extractivos de empresas transnacionales que traen consigo el desplazamiento forzado y la destrucción de ecosistemas. Su oposición al proyecto Agua Zarca de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, le costó la vida. Enfrentó más de 30 amenazas y juicios. La CIDH emiió medidas de protección a su favor, pero el Estado no la protegicó y altos mandos militares participaron en su crimen junto a personas de alto nivel de DESA.
Meses antes de su asesinato fue acreedora de los premios Goldman, el máximo galardón mundial para quienes protegen los recursos naturales, y además el Premio Shalom. Asimismo, uno de los festivales de referencia en el cine medioambiental de talla internacional, decidió llamar a este con el nombre “Berta Cáceres Flores” la activista recibió de manera póstuma el premio Ecozine.
Defensoras que siguen en la primera línea pero que enfrentan la represión
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Miranda recibió el Premio 2019 de Derechos Humanos, de la fundación Friedrich Ebert, FES, por su trayectoria de 30 años y compromiso por la defensa de su pueblo y la protección del medioambiente. También fue declarada co-ganadora del Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos, junto con la activista ambiental Berta Cáceres, antes de su asesinato.
Pascualita Vásquez, es una luchadora que impulsó la fundación del municipio de San Francisco de Opalaca en el departamento de Intibucá, comunidad que se enfrentó a empresas que extraían madera de la zona. Actualmente la defensora es la una de las lideresas espirituales del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, y sigue activa en la recuperación de los bienes comunes de la naturaleza.
Karla Lara, es una de las fundadoras de la Red de Defensoras de Derehos Humanos de Honduras, militante del movimiento social en especial al colectivo feminista, su labor la ha combinado con la música y varias de sus canciones han contribuido con la reivindicación social del pueblo hondureño.Actualmente sigue en la defensa de los derechos de las mujeres en el país y lucha contra la dictadura.
Berta Zúniga, es la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, asumió el cargo con el apoyo de las comunidades tras el asesinato de su mamá Berta Cáceres. Es defensora del territorio ancestral y activista por los derechos humanos y el medioambiente. Su voz de denuncia contra el crimen de Berta Cáceres mantiene viva la demanda de justicia nacional e internacional.
Laura Zúniga, defensora por los derechos humanos, del territorio y el medioambiente, miembra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Laura también es hija de la ambientalista Berta Cáceres. Permance activa en la demanda de justicia contra el crimen de su maddre y acompaña protestas en defensa de su pueblo lenca.
Mirian Suazo, tiene 20 años en la defensa de los derechos humanos en el país desde el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEMH, y en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos,en conjunto con otras organizaciones y el movimiento social. Su importante aporte en defensa de los derechos de las mujeres en el país ha posicionado el tema. Su vos y presencia se puede encontrar en todas las luchas tanto de mujeres como de los movimientos sociales en Honduras.
Yessica Trinidad, es la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Defesoras de Derechos Humanos en Honduras. Ha enfrentado represión por parte de los cuerpos represivos del Estado. Ha sido atacada en manifestaciones cuando documenta agresiones contra las mujeres.
En el 2016 policías la lanzaron desde una gradas cuando acuerpaba una protesta por el juicio contra Gladys Lanza. En ese mismo año había sido lanzada al piso por militares y policíasque llegaron a desalojar a estudiantes en la UNAH. Ella estaba allí en la primera línea de defensa y protección a jóvenes de esa entidad educativa conducida por la ex rectora Ju8lieta Castellanos, que tenía una persecusión sistemática contra liderazgos estudiantiles que demandaban la no privatización de la educación pública.
Merly Eguigure es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, lucha por la equidad e igualdad en derechos de las mujeres hondureñas. Ha estado encarcelada como represalia por defender los derechos de mujeres agredidas y de hacer acciones públicas contra esta violencia. Su organización permanece vigilada constantemente.
Es una voz permanente pra denunciar violencia contra las mujeres y su presencia en mdios de comunicación ha posicionado el tema con lo cual sensibiliza el pensamiento de periodistas mujeres y hombres. Es direta en sus delcaraciones y no tiene miedo a señalar a cualquier agresor de mujeres sea quien sea.
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Esly Banegas, conduce la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguán, COPA. Por su labor incansable ha sido víctima de agresiones, vigilada, perseguida y amenazada. La represión ha llegado al extrema deñ asesinato de su hijo y cónyuge. La CIDH emitió una medida cautelar donde ella figura y este ente internacional demanda protección para su vida. Ha sido pieza clave en la protección a defensores de Guapinol e integra el Comité de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
Elizabeth Medina, es defensora de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Ha sido víctima de agresiones, amenazas y hostigamiento, por parte de los cuerpos represivos del Estado , en momentos en que acompaña a personas en el marco de la protesta. Su presencia ha neutralizado acciones contra la vida de ciudadanos y ciudadanas.
En enero del año anterior el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, en un informe hace mención sobre la situación de las mujeres defensoras en le país, y señala que “las mujeres defensoras muchas veces enfrentan riesgos diferenciados y adicionales”
También obstáculos que tienen un componente de género y están construidos por los estereotipos de género y las ideas profundamente arraigadas sobre quienes son las mujeres y cómo deberían ser.
Asimismo, “En el clima político actual, donde existe un rechazo hacia los derechos humanos, las mujeres defensoras muchas veces son las primeras bajo ataque”.
512 Organizaciones de América Latina, EEUU y Europa exigen al Estado de Honduras la captura de los autores intelectuales por el crimen de Berta Cáceres
05/02/2020 COPINH
Este lunes 3 de febrero, ya cumplidos los 47 meses del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron ante el Ministerio Público una declaración suscrita por más de 500 organizaciones y además cientos de personas de todo el mundo, exigiendo respuestas ante la falta de acción y sanción sobre la clara responsabilidad de los autores intelectuales del crimen.
Este lunes 3 de febrero, ya cumplidos los 47 meses del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron ante el Ministerio Público una declaración suscrita por más de 500 organizaciones y además cientos de personas de todo el mundo, exigiendo respuestas ante la falta de acción y sanción sobre la clara responsabilidad de los autores intelectuales del crimen.
En el primer juicio por el asesinato y en la sentencia que condenó a los 7 responsables por la autoría material, se evidenció y afirmó la participación y el consentimiento de miembros de la junta directiva de DESA que aún no están siendo investigados ni juzgados. El Ministerio Público tiene en su poder esa información por lo que después de 4 años de irregularidades y negligencias es urgente accionar al respecto.
La declaración presentada también constituyó una exigencia al Estado de Honduras para que avance de manera efectiva y sin más dilaciones en el proceso contra David Castillo, quien participó en el rol de enlace entre los autores materiales y ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Una acción de movilización por parte del COPINH y otras organizaciones exigieron al fiscal general investigar y juzgar a la familia Átala Zablah, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, quienes siguen gozando de impunidad mientras figuran entre las conversaciones extraídas de la evidencia telefónica, vinculados con los ya condenados por este crimen ¿y sus condenas para cuándo?
“El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca, comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.”
El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
“Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.”
Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.”
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.”
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
La declaración presentada también constituyó una exigencia al Estado de Honduras para que avance de manera efectiva y sin más dilaciones en el proceso contra David Castillo, quien participó en el rol de enlace entre los autores materiales y ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Una acción de movilización por parte del COPINH y otras organizaciones exigieron al fiscal general investigar y juzgar a la familia Átala Zablah, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, quienes siguen gozando de impunidad mientras figuran entre las conversaciones extraídas de la evidencia telefónica, vinculados con los ya condenados por este crimen ¿y sus condenas para cuándo?
De acuerdo con lo expresado por Berta Zuniga Cáceres, coordinadora general del COPINH “La declaración de este día es un acto de solidaridad de cientos de organizaciones que han venido acompañando la lucha del pueblo indígena lenca organizado en el COPINH, nuestra lucha continuará hasta que se investigue y castigue a todos los implicados en el asesinato contra nuestra compañera Berta Cáceres”.
¡No hay más excusas! Copinh exige justicia para Berta y justicia para Honduras
febrero 3, 2020
Redacción
Por: redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El próximo tres de marzo se cumplen cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, y las organizaciones defensoras de derechos humanos en compañía del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llegaron hasta el Ministerio Público a exigir respuestas sobre la autoría intelectual de este asesinato y a exigir justicia para Berta y para Honduras.
Este ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, tuviese deducidas las responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar a esta estructura criminal, dice un comunicado leído en conferencia de prensa por Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y coordinadora del Copinh.
Esa poca voluntad política reiterada en procesos negligentes e ineficientes es la que ha dado pie a la impunidad de los señores: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala que hoy siguen caminando con la tranquilidad sin ninguna consecuencia por haber motorizado y decidido la ejecución del crimen que intentaba frenar la lucha de Berta Cáceres y de COPINH en defensa del Río Gualcarque, tal como lo demuestra la sentencia emitida en diciembre pasado y recogida en artículos de periódicos internacionales como The Intercept, reza el comunicado.
Este importante número de organizaciones y personas que firman hoy esta petición de captura a los autores intelectuales es parte de un anhelo internacional de poner fin a la impunidad en esta emblemática causa, dijo Zúniga Cáceres.
“Desde COPINH, agradecemos profundamente la solidaridad que pesar de 47 meses de obstáculos permanece fuerte y clara acompañando nuestra demanda de justicia real e integral que tiene como emblema a Berta Cáceres y a su urgente lucha en nuestro país”, finalizo diciendo la joven lideresa del Copinh.
Tegucigalpa.- El próximo tres de marzo se cumplen cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, y las organizaciones defensoras de derechos humanos en compañía del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llegaron hasta el Ministerio Público a exigir respuestas sobre la autoría intelectual de este asesinato y a exigir justicia para Berta y para Honduras.
Este ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, tuviese deducidas las responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar a esta estructura criminal, dice un comunicado leído en conferencia de prensa por Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y coordinadora del Copinh.
Esa poca voluntad política reiterada en procesos negligentes e ineficientes es la que ha dado pie a la impunidad de los señores: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala que hoy siguen caminando con la tranquilidad sin ninguna consecuencia por haber motorizado y decidido la ejecución del crimen que intentaba frenar la lucha de Berta Cáceres y de COPINH en defensa del Río Gualcarque, tal como lo demuestra la sentencia emitida en diciembre pasado y recogida en artículos de periódicos internacionales como The Intercept, reza el comunicado.
Este importante número de organizaciones y personas que firman hoy esta petición de captura a los autores intelectuales es parte de un anhelo internacional de poner fin a la impunidad en esta emblemática causa, dijo Zúniga Cáceres.
“Desde COPINH, agradecemos profundamente la solidaridad que pesar de 47 meses de obstáculos permanece fuerte y clara acompañando nuestra demanda de justicia real e integral que tiene como emblema a Berta Cáceres y a su urgente lucha en nuestro país”, finalizo diciendo la joven lideresa del Copinh.
La justicia hondureña en deuda: Organizaciones presentan hallazgos sobre acceso a justicia en caso Berta Cáceres
Por defensores -
12 febrero, 2020
communique
Europa/Las Américas.- A semanas de cumplirse
el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la
Misión de Observación Calificada hacen público el informe “Una deuda
histórica de la justicia,” que documenta las observaciones, conclusiones
y recomendaciones resultantes del juicio contra las primeras ocho
personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa
indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del
ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.“El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca, comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.”
El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
“Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.”
Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.”
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.”
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
Una impunidad estructurada fomenta la deuda histórica de justicia para Berta Cáreces
Por defensores -
11 febrero, 2020
Misión
Internacional presentó informe sobre las observaciones en el primer
juicio de la Causa Berta Cáceres. /Texto y Fotos: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
Una Misión Internacional de Observación en el primer juicio contra los
autores materiales en la causa Berta Cáceres, en su informe de casi 70
páginas, acuerda que existe una impunidad estructurada impidiendo la
justicia.
Berta Isabel Cáceres Flores, lideresa
indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas (COPINH), fue asesinada en su vivienda el 2 de
marzo de 2016, y resultó herido el ambientalista mexicano Gustavo
Castro.
Honduras está entre los países que
registra más asesinatos de defensores del ambiente junto a Brasil,
Filipinas y Colombia, por lo que en estos crímenes se relacionan las
concesiones sin control, desinterés político para proteger los bienes
naturales y por ello los pueblos indígenas (especialmente) se ven
obligados a defenderse desde sus medios.
A casi cuatro años del crimen contra
Berta, Premio Medioambiental Goldman 2015, no existe ningún autor
intelectual requerido judicialmente, pese a que se ha mencionado con
nombres apellidos a los responsables, por lo que la familia no cesa en
exigir justicia, declaró su hija Bertha Zúniga Cáceres, y actual
coordinadora del COPINH.
La Misión de Observación Calificada en
el Caso Berta Cáceres, representado en esta ocasión por el
estadounidense Joseph Berra y el abogado colombiano Reynaldo Villalba,
quienes hicieron observaciones a los operadores de justicia y al Estado
hondureño que al no proteger los derechos a la verdad y al debido
proceso podría comprometer otros derechos fundamentales.
“Estas debilidades no permiten al Estado
garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos
como el caso de Berta Cáceres”, detalló el comunicado de prensa
compartido este martes 11 de febrero, en Tegucigalpa.
La Misión de Observación Calificada, a través del informe “Una deuda histórica de la justicia,” documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.
Se pretende que el informe sea una
herramienta con la que la sociedad hondureña y la comunidad
internacional den seguimiento al proceso judicial por el asesinato de
Berta, expresó Reynaldo Villalba, integrante de la Corporación Colectivo
de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y Vicepresidente
de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) -entidad
de la cual el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), es socio, detalló el abogado-.
Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y coordinadora del COPINH
El informe establece que Berta Cáceres
fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en
defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del
proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del
asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David
Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos
S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público
como parte de la autoría intelectual.
Joseph Berra, director de proyectos del
Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles,
expresó que, aunque Berta Caceares denunció los ataques y amenazas en su
contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA, el Estado
hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas
cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), para su protección.
Los condenados por el crimen contra la
defensora Lenca, eran trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA, y
dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes
deberán cumplir entre 30 y 50 años de cárcel.
El asesinato fue tras campañas de
difamación e intentos de criminalización e intentos de acoso. El
tribunal dio por probado que el crimen se dio con el conocimiento y
consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA, expresó la Misión
de expertos.
“La Misión ha constatado a lo largo del
proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales
del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el
acceso a la justicia de la población hondureña,” explicó Villalba.
Se le recomienda al Estado hondureño
adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de
los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no
discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los
derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Además, desarrollar un marco normativo y
jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del
Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre
otras.
Berta Cáceres/ Foto de archivo
La misión denunció que, desde desde el
asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y
afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras, y que estos crímenes
han quedado en la impunidad.
“La garantía de no-repetición es un
principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La
justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta
que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por
las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la
investigación y juzgamiento del caso sean establecidas”, agregó el
documento entregado a la prensa.
El informe nota con preocupación otros
vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a
pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de
omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría
intelectual de los hechos.
La Misión Internacional está
integrada por: Abogados Sin Fronteras Canadá y el Centro Canadiense Para
la Justicia; Guatemala Human Rights Comission, The Promise Institute
for Human Rights-UCLA School of Law, National Lawyers Guild; la
Fundación para el Debido Proceso; la Federación Internacional de los
Derechos Humanos y el Observatorio Internacional de Abogados; la
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; el Centro de
Acción Legal para los Derechos Humanos, Impunity Watch, Plataforma
Internacional contra la Impunidad; el Centro de Asistencia Legal a
Pueblos Indígenas; el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
(ERIC-sj), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos (CIPRODEH); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL); y la Comisión Internacional de Juristas.
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Cuatro años buscando justicia: entrevista a Laura Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres
Original en Español17 de enero de 2020
En
Honduras, un nuevo informe presentado por el Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirma que, al
menos, quince mujeres fueron asesinadas en los primeros catorce días de
este año. La violencia contra las mujeres, las personas LGBTQ,
los líderes indígenas y los activistas ambientales aumentó
estrepitosamente en Honduras durante el gobierno de Juan Orlando
Hernández que tiene el respaldo de EE.UU. El informe se da casi cuatro
años después de que un grupo de sicarios asesinara a Berta Cáceres,
indígena activista ambiental, en su casa ubicada en La Esperanza,
Honduras. El mes pasado en Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras,
siete hombres fueron condenados a cincuenta años de cárcel por ese
asesinato ocurrido en marzo de 2016. Cáceres había estado oponiéndose a
la construcción de una importante represa hidroeléctrica en el río
Gualcarque en terrenos sagrados del pueblo lenca, en el sudoeste de ese
país. En noviembre de 2018, un tribunal determinó que el asesinato de
Cáceres había sido ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña
responsable del proyecto de la represa Agua Zarca, conocida como DESA,
que contrataron a los sicarios ahora condenados. Cáceres había ganado
el Premio Goldman 2015 a los defensores del medio ambiente, por su
trabajo de protección de las comunidades indígenas y por su campaña de
justicia ambiental contra la construcción de la enorme represa. En
diciembre, conversamos con una de sus hijas, Laura Zúñiga Cáceres, en
Madrid, España, adonde había viajado para recibir un premio de derechos
humanos. “Es una condena tardía. Han sido casi cuatro años de búsqueda
de justicia. Es producto de un proceso bastante doloroso y difícil en el
que las víctimas hemos estado en disputa directa con un Estado asesino y
agresivo”, afirma Zúniga Cáceres.
Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN:
Esto es Democracy Now!, Democracynow.org el informativo de guerra y
paz, soy Amy Goodman. El pasado diciembre siete hombres fueron
condenados en Honduras a más de cincuenta años en prisión por el
asesinato de la medioambientalista indígena Berta Cáceres. Cáceres
estaba luchando contra la construcción de una gran represa
hidroeléctrica en tierras indígenas lencas cuando fue asesinada a tiros
en su casa en marzo de 2016. Un tribunal dictaminó que el asesinato de
Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña dueña de la
represa, conocida como DESA, que contrató a
los sicarios que fueron condenados por llevar a cabo el asesinato. Al
menos dos de los hombres involucrados en el crimen habían sido
entrenados por militares estadounidenses.
El asesinato de Cáceres se produjo un año después de que la activista recibiera el Premio Ambiental Goldman por su trabajo para proteger a las comunidades indígenas y por su lucha contra la represa. Esta es Cáceres hablando en 2015.
Esas son las personas que son gatilleros, que participaron disparándole. Hay en esas siete personas condenadas, dos personas muy vinculadas a la empresa DESA, una de ellas es el ex jefe de seguridad de la empresa y el otro es el gerente ambiental. Entonces, nos preocupa porque hay elementos militares ahí también, siendo que fueron condenados. Hay una persona más que está siendo juzgada, que es el gerente general de la empresa DESA, una persona que es un militar que participó en la inteligencia del Estado y que aplicó esos conocimientos para perseguir y armar todo el asesinato de mi mami y de otros defensores más del río Gualcarque.
Colaboraron en la producción de esta entrevista Clara Ibarra, Gabriela Barzallo, Igor Moreno Unanua y Mariana Góngora.
El asesinato de Cáceres se produjo un año después de que la activista recibiera el Premio Ambiental Goldman por su trabajo para proteger a las comunidades indígenas y por su lucha contra la represa. Esta es Cáceres hablando en 2015.
BERTA CÁCERES: En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua, y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.AMY GOODMAN: Escuchábamos a Berta Cáceres dando su discurso de aceptación del Premio Ambiental Goldman en 2015. Justo unas semanas después de que los asesinos de Cáceres fueran condenados, Democracy Now! habló con su hija Laura Zúñiga Cáceres en Madrid, España. Comencé por preguntarle si pensaba que la reciente sentencia había hecho justicia.
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, primero eso, una condena tardía, digamos, son casi cuatro años de estar buscando justicia, viene producto de un proceso bastante difícil y doloroso que ha sido ponernos a nosotros como víctimas en disputa directa con un Estado asesino y agresor, y se dan los resultados mínimos que pudo haber dado el Estado. Seguimos hablando de que no están los asesinos intelectuales de mi mami y que a quienes se capturó y se condenó fueron a las personas más débiles dentro de la estructura criminal que atentó contra mi mami.
AMY GOODMAN: ¿Podría contarnos qué pasó y quiénes cree que son los responsables de la muerte de su madre, desde los hombres que le dispararon hasta la persona que ustedes creen que ordenó su asesinato?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, mi mami era una luchadora, defensora del territorio indígena lenca que está en el suroccidente de Honduras, estaba defendiendo el territorio también del concesionamiento que hubo a los ríos. Específicamente había una lucha muy importante que es la lucha en defensa del Río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca.En esa defensa se intentaba construir una represa que es la represa hidroeléctrica Agua Zarca, quien la estaba construyendo es la empresa DESA, cuyos socios más importantes, mayoritarios, es la familia Atala Zablah, y esta empresa es la que nosotros hemos responsabilizado y que incluso hay un tribunal que ha dicho que es la responsable del asesinato de mi mami. Entonces nosotros entendemos que los socios de esta empresa son los que participaron en el asesinato de mi mami. Además de eso, a partir de una investigación hemos tenido pruebas que conectan a esta familia con el asesinato de mi mamá. Entonces, ellos son las que todavía faltan. Hoy hay siete personas condenadas que son asociadas a su autoría, a la autoría material del asesinato o a la autoría del asesinato material de mi mamá.
Esas son las personas que son gatilleros, que participaron disparándole. Hay en esas siete personas condenadas, dos personas muy vinculadas a la empresa DESA, una de ellas es el ex jefe de seguridad de la empresa y el otro es el gerente ambiental. Entonces, nos preocupa porque hay elementos militares ahí también, siendo que fueron condenados. Hay una persona más que está siendo juzgada, que es el gerente general de la empresa DESA, una persona que es un militar que participó en la inteligencia del Estado y que aplicó esos conocimientos para perseguir y armar todo el asesinato de mi mami y de otros defensores más del río Gualcarque.
AMY GOODMAN: ¿Qué pruebas tienen de que la familia dueña de la represa está directamente involucrada? ¿Se presentó esa evidencia en el juicio?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, tenemos 33 amenazas previas que se le hicieron a mi mami, la mayoría vinculadas a DESA, previo a su asesinato. Además de esto, a partir de información que nos da el Ministerio Público, logramos ver chats o comunicaciones de miembros de la empresa con sus empleados en las que hablan de ataques hacia el COPINH. Además de lo que implicaba para ellos la actividad de mi mami. Además de eso, hay también chat que vinculan directamente al gerente general con los gatilleros… en las que se coordina el asesinato de mi mami. Y además, como el gerente general le da información a miembros de la familia, entonces yo creo que eso es bastante evidente y demuestra un poco cómo esta red con también comportamientos militares.
AMY GOODMAN: De los siete hombres que fueron condenados por el asesinato de su madre, dos recibieron entrenamiento en Estados Unidos. Uno es un ex teniente del Ejército y otro, un mayor de las Fuerzas Especiales. Según se indica, militares entrenados por Estados Unidos “proporcionaron apoyo logístico y el arma usada en el asesinato de Cáceres”. ¿Puede hablarnos sobre esta conexión con Estados Unidos?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que lo que vimos a partir del golpe de Estado fue cómo se entra masivamente el extractivismo en nuestro país. Y ahí vemos cómo los militares son los que logran tener el poder sobre esas empresas. Son… se van volviendo empresarios a partir de este golpe de Estado y ahí vemos cómo primero el gobierno de los Estados Unidos es cómplice y permite la instalación de este golpe de este Estado. Luego vemos cómo se sigue apoyando, sobre todo en el área militar, a gobiernos … que son altamente represivos y violadores de derechos humanos. Y digamos, cuando fue el asesinato de mi mami, una de las cosas que nos llamó la atención es que se hablaba que miembros del FBI estaban investigando el asesinato de mi mami, cosa que la embajada de Estados Unidos nunca aclaró, a pesar de que no era cierto y que permitió que el Estado creara esa narrativa. Pero la cosa más evidente de cómo se forman militares para asesinar a defensores es el entrenamiento que recibe tanto Mariano Díaz Chávez como David Castillo por parte de los Estados Unidos y que pone a funcionar para realizar este asesinato y los que no han cortado jamás el financiamiento para el gobierno de Juan Orlando Hernández, que es un gobierno dictatorial, que sigue asesinando, que sigue generando impunidad sobre el caso de mi mami y sobre otros casos más.
AMY GOODMAN: ¿Puede contarnos sobre la investigación independiente que se llevó a cabo, quiénes estuvieron involucrados y qué pasos se deberían seguir al respecto ahora?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Nosotros, desde un inicio, desde que fue el asesinato de mi mami, el primer día, exigimos una comisión internacional que pudiera investigar porque entendíamos que el Estado había sido parte —y lo vemos ahora— de este asesinato. El Estado nunca nos permitió que entrara una comisión. Lo ofreció, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no nos dejó participar. No dejó participar a esa comisión. Entonces, nosotros hicimos un llamado a juristas internacionales, con experiencia en casos de genocidio, desaparición, de crímenes de Estado, que pudieran participar y hacer una investigación independiente, en los que participó gente de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos y de Holanda. Y con la información que brindó el Ministerio Público, la revisaron, las sistematizaron y ahí salió que hace más de un año y medio, que fue cuando se entregó la información, el Ministerio Público ya contaba con pruebas para enjuiciar a más personas, pero que no lo había hecho.¿Qué es lo que nos queda para que haya justicia realmente? Yo creo que son por lo menos dos cosas: La primera es la captura y el enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales del asesinato de mi mamá. Y la segunda, que es muy importante, es la cancelación de la concesión del río Gualcarque, porque hoy en día, después del asesinato de mi mami y después de más de seis muertes por causa de esta represa, aún la empresa DESA tiene la concesión del río. O sea, tiene el poder de hacer lo que quiera con ese río y eso es realmente indignante que siga sucediendo. O sea, hay una impunidad descarada en este caso y así la persecución abierta contra un montón de defensores en Honduras. Pero para iniciar con el proceso de justicia, yo creo que son esos dos puntos.
AMY GOODMAN: ¿Puede poner en un contexto más amplio el asesinato de su madre, en términos de cuál era su lucha en Honduras y lo que están tratando de lograr ustedes como miembros del grupo ambiental COPINH en La Esperanza, donde ella vivía y ustedes aún viven? ¿Qué debe entender la gente sobre esta lucha?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, yo creo que una de las cosas para entender a Honduras es que vivimos un golpe de Estado y una dictadura altamente represiva y militarizada. Bajo este contexto, el COPINH ha venido luchando desde el ‘92. Fue mi mami coordinadora de esta organización y lo que buscaba era proteger los bienes naturales que el pueblo indígena lenca ha protegido durante más de 500 años. Era también proteger la vida de las personas que están ahí. Nosotros, el COPINH, trabajamos con mujeres, con niños, con la cultura, desde una visión plural que propone otras formas de vida que no tienen que ver con la destrucción de este planeta.Yo creo que fortalecer las cosas buenas del pueblo lenca y poder articular con otros pueblos, enfrentarse a la justicia, es un poco lo que hacía mi mami y lo que viene haciendo mucha gente allá. El COPINH está en la parte sur occidente Honduras y son muchas comunidades las que están formando parte, aliándose y construyendo otra visión del mundo. Y por eso, digamos, por su propuesta, que tenía que ver con la refundación de Honduras, que tenía que ver con pensarse libres, con el derecho a ser felices es que se asesina a mi mami. Se intenta también acabar con la organización, que es eso, es plural, somos muchos y muchas que siguen, digamos, poniendo el cuerpo y que el asesinato de mi mami lo que marcó fue la necesidad de construir realmente otra sociedad.
AMY GOODMAN: Usted está en Madrid. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también está acá. Al llegar, Hernández escribió en Twitter: “No llegamos a Madrid a pedir; llegamos a exigir lo justo. Honduras es uno de los 3 países más afectados por cambio climático en el mundo. Los fondos verdes son urgentes para enfrentar la emergencia que destruye nuestras fuentes de agua, bosques, agricultura y nuestra existencia”. ¿Qué le diría al presidente Hernández?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que es muy cínico el decir eso, sobre todo cuando él ha sido parte, digamos, de la destrucción y el sometimiento de la población a una gran violencia. O sea, si es cierto que el pueblo hondureño está viviendo grandes consecuencias por la destrucción del planeta, pero no él, es más, los fondos del Estado, los ha utilizado y los ha invertido en la militarización de ese país, en la represión, en la persecución hacia los defensores de la tierra y por eso estamos viendo asesinatos, estamos viendo a personas encarceladas. Estamos viviendo una situación en la que realmente se compromete la vida en Honduras y hablar y apropiarse incluso de los discursos de quienes estamos poniendo el cuerpo, a mí, sinceramente, me genera mucha indignación, sobre todo porque él ha sido una de las personas que ha asegurado la impunidad en el caso de mi mami.
AMY GOODMAN: ¿Cuál es el precio que las mujeres en particular pagan por luchar por la justicia climática?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que son varios. Una de las cosas es que así como se viola y se destruye el territorio tierra, así también se atacan nuestros cuerpos y eso es algo que es una constante, digamos, en países como Honduras. Sabemos que asumimos el riesgo de que nos asesinen, que nos violen, que ataquen a nuestras familias. También yo creo que tiene que ver mucho con el desarraigo, con la historia, porque somos las mujeres quienes guardamos la historia y la forma de gestión de los bienes naturales y cuando se nos desplaza o se nos violenta se pierde también y se rompe ese tejido social. Es también la destrucción de los planes de vida y de futuro cuando pasan cosas como amenazas, como asesinatos. Yo creo que cambia también el rumbo de cómo nos estamos imaginando en nuestro futuro, porque nos toca entonces afrontar y resistir un modelo muy pero muy agresivo para nosotras.Entonces es como eso, pero yo también creo que somos las mujeres las que estamos llevando adelante la resistencia, los liderazgos, el liderazgo en mi mami era uno pero cuando nosotros vamos a las comunidades encontramos grandes liderazgos de mujeres y eso tiene que ver también con que estamos logrando generar alianzas que nos permiten también fortalecernos.
AMY GOODMAN: ¿Cómo afecta la crisis climática a Honduras? La gente de Estados Unidos ve a Honduras como un país del llamado Triángulo Norte, de dónde muchos refugiados que intentan llegar a Estados Unidos proceden. ¿La crisis climática influye en ese éxodo?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Yo creo que una de las cosas es que la crisis es provocada también por un modelo de despojo y de agresión hacia el planeta y hacia los países también que estamos destinados a ser zonas solo dadoras de nuestros bienes. Entonces vemos que este sistema de despojo, que es el sistema extractivo, crea el despojo de la tierra, que es el lugar donde muchos y muchas logran sobrevivir, logran tejer su vida, su cultura y esto es uno de los primeros pasos hacia la salida, hacia la migración.Pero también vemos, por ejemplo, como la destrucción de nuestros territorios, de nuestros ríos, va generando también que las tierras se sequen, que las lluvias cambien. Entonces esto hace que las cosechas, pues, se sequen. También vimos el año antepasado como en el pueblo lenca, el maíz…no se pudo sacar cosecha de maíz porque no llovió. Entonces ya no hubo más posibilidad. En la parte sur, también de Honduras, estamos viendo sequías. En la capital hubo una crisis del agua, no había agua y eso va generando inestabilidad. Va generando la necesidad de irse, pero yo creo que lo central es este modelo de despojo que nos quita nuestros territorios, nuestros bienes, los destruye y nos saca así de los lugares en los que crecimos y que nos permiten sobrevivir.
AMY GOODMAN: Su madre fue una mujer increíblemente valiente. Usted está siguiendo sus pasos. ¿De dónde saca las fuerzas, y qué le produce esperanza?
LAURA ZÚÑIGA CÁCERES: Bueno, yo creo que las ganas de luchar vienen de, primero, la indignación que fue este asesinato, de pensar qué haría mi mami, porque yo creo que una de las cosas que uno busca y muchas personas buscamos es poder rendirle honor a ella a través de nuestra vida. Y lo que me da esperanza…Yo creo que es el pueblo lenca, que es un pueblo rebelde, que es un pueblo que guarda la alegría. Incluso en momentos en los que parece que no hay nada de esperanza, hay una risa, hay mucha creatividad para poder enfrentar incluso situaciones tan violentas como las que vivimos. Yo creo que eso anima mucho. Yo, a pesar de todo, me quedo en Honduras porque es el lugar que me da energía para seguir.
Colaboraron en la producción de esta entrevista Clara Ibarra, Gabriela Barzallo, Igor Moreno Unanua y Mariana Góngora.
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Violaciones a los derechos humanos y asesinatos políticos durante crisis post electoral siguen en la impunidad
Por defensores -
6 febrero, 2020
Tegucigalpa.- Las pasadas elecciones del 26 de noviembre de 2017 dejaron luto, dolor, familias enteras desintegradas, personas con discapacidades físicas y problemas psicológicos, criminalizados, y además exiliados políticos, todo por estar en contra del fraude electoral que se gestó desde el Tribunal Supremo Electoral y desde el Poder Ejecutivo para dejar al dictador Juan Orlando Hernández como presidente.
La población siempre se opuso a la reelección y el actual mandatorio, aprovechando que unos 17 diputados de su partido introdujeran un escrito a la Corte Suprema de Justicia para una interpretación, violentando la Constitución de la República donde claramente se prohíbe la reelección en Honduras, participó en las elecciones generales de 2017, logrando el gane con el fraude más grande que ha habido en el país.
Juan Orlando Hernández ya tenía todo bajo su control las elecciones y utilizó al pueblo para que asistiera a las urnas, aún sabiendo que votara por quien votara, el ganado de las elecciones ya estaba decidido por la Embajada de los Estados Unidos, él (JOH) y el Tribunal Supremo Electoral.
El fraude electoral fue tan notorio que ante las declaraciones de uno de los magistrados del TSE, donde declaraba ganador absoluto al candidato de la Alianza liderada por Salvador Nasrralla y que los resultados eran irreversibles, esa misma noche se fue el sistema por varias horas y al retornar el que llevaba la delantera era Juan Orlando Hernández. Veintiún días después es anunciado como el ganador de las elecciones generales.
Desde el 26 de noviembre de 2017, luego del cierre de las urnas, hasta la toma ilegal de Juan Orlando Hernández el 27 de enero de 2018, se cometieron una serie de graves violaciones a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes, crímenes de lesa humanidad, criminalizados y personas privadas de libertad por razones políticas, perseguidos políticos y exiliados políticos, es decir personas que tuvieron que abandonar el país, su casa y su familia para poder poner a salvo su vida.
El pasado 27 de enero pasado se cumplieron dos años de la toma ilegal de JOH, por lo que los cientos de víctimas aún no han obtenido justicia, hijos que perdieron a sus padres, madres que perdieron a sus hijos o esposos, tampoco se ha hecho justicia en el caso de la desintegración familiar que causaron con la criminalización y persecución política a las familias de los presos y exiliados políticos.
Esto se puede comprobar con Sandy Mancia, esposa de David Octavio Quiroz, que fue asesinado por Policía Militar del Orden Publico (PMOP) el 15 de diciembre 2017 durante una protesta y a más de dos años, no se ha logrado hacer justicia, ya que este es uno de los pocos casos que se detuvo a una persona identificada como el policía militar que disparo esa mañana, pero no hay alguien juzgado por dar la orden al sargento segundo de disparar a la población durante las protestas en contra del fraude electoral.
“Ya pasaron dos años donde aquella mañana de un 15 de diciembre del año 2017, por encontrarnos reclamando nuestros derechos a lo que no estábamos de acuerdo, sobre ese fraude electoral descarado que hubo, los sicarios de JOH le quitaron la vida a mi esposo David Octavio Quiroz Urrutia, en Dos Caminos, Villanueva, Cortés”.
“Hasta la fecha lo que he recibido son amenazas, atropellos, persecución y capturas, debido a todas esas situaciones que me enfrenté después de la muerte de mi esposo, me tocó salir huyendo de mi país buscando salvaguardar la vida de mi familia, y aun así en el lugar donde estamos no ha sido fácil enfrentar nuestra vida juntamente con mis hijos, no es fácil ni para ellos ni para mi”, sostuvo la viuda de Quiroz Urrutia.
Añadió que la situación que pasamos cuando los sicarios de JOH le quitaron la vida a mi esposo, nos desunieron como familia, tanto como con mis hijos mayores como con los menores, y me ha tocado enfrentar la vida muy dura para mí y para mis niños, y hasta la fecha estoy exigiendo justicia”
“A pesar de todo lo que he enfrentado en mi vida y sigo enfrentando, no he callado y desde aquí donde me encuentro sigo exigiendo justicia, lo que quiero es que me esclarezcan esta muerte y que no quede impune, porque no es un perro al que mataron, es un ser humano”, agregó.
Este es solamente uno de los 37 asesinatos que registra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) durante la crisis post electoral de 2017.
En ese contexto también la Policía Militar y Nacional, para disolver las jornadas de protesta disparaban sin importarles que esto provocara la muerte de las personas o causará heridas con consecuencias de por vida, tal es el caso de Daniel Isaac Varela.
Varela es un niño que estuvo entre la vida y la muerte a causa de una herida de bala, arma que le dispararon elementos de la Policía Militar del Orden Público durante una protesta en la colonia El Pedregal de Comayagüela, y a dos años de los hechos, su familia sigue exigiendo justicia por los daños ocasionados.
Guadalupe Varela, su madre, dijo a defensoresenlienea.com que gracias a Dios está vivo, pero él no está bien, ahorita ha estado con unos dolores y además no quedó bien, ni psicológico, ni física y ni moralmente.
“Para mí no ha sido fácil, la verdad estamos viendo que esto ha sido un proceso que no sé cuándo va a terminar, esto va para largo y vamos a ver que se puede hacer”.
En este caso no hay nada, no hay nadie, y no se ha hecho nada por eso, el Ministerio Público no han hecho nada, no han vuelto a llamar, ni a pedir alguna reunión ni a pedir una denuncia.
La madre del niño informó que el pasado año fuimos con las abogadas del COFADEH para que pusiera la denuncia y resulta que llegaron a mi casa a traer unas fotos y un CD, hasta les grabé los dos videos donde está el niño herido, y pues el expediente no se sabe dónde está.
Asimismo dijo que “fue un Policía Militar y que no se ha hecho nada. Daniel Isaac estuvo 15 días en el Hospital Materno Infantil, me lo sacaron y le dieron cita para ver cómo estaba en el pulmón una radiografía y no han vuelto a llamar del hospital”.
“Yo espero que se haga justicia porque no es posible que un niño menor de edad vaya a quedar así, porque prácticamente él está afectado porque tiene esas esquirlas de la bala, las tiene en la mera columna vertebral y no me lo pueden operar porque me lo dejan inválido”, finalizó diciendo doña Guadalupe Varela.
Otro de los tantos casos graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que dejó el fraude electoral de 2017, fue la de la detención y posterior desaparición de Manuel de Jesús Bautista Salvador, durante la implementación del toque de queda, como un acto para disolver las protestas.
Los testigos del hecho relataron donde y como fue detenido Manuel de Jesús junto con ellos, pero que lo golpearon y al despertar, Manuel se lanzó de la patrulla, pero que elementos militares le dispararon y desde esa noche no se sabe nada del joven.
Su familia lo sigue buscando, exigiendo justicia y que se pueda dar con el paradero de Manuel, quieren saber qué pasó con él y preguntándose durante estos dos años que lleva desaparecido ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con él?
En estos dos años que han pasado ha sido de tristeza en nuestra familia, ha sido muy doloroso y más que todo, nos sentimos impotentes al ver como la justicia aquí se hace de la vista gorda, declaró a defensoresenlinea.com Rafael Bautista Salvador.
“Mi hermano acaba de ajustar dos años de desaparecido y la justicia no hace nada, sabemos que la justicia aquí solo se practica para los de pies descalzos, mientras los de cuello blanco, de corbata, estos gozan de una impunidad al máximo, de manera que a ellos no les descubran nada de todos los asesinatos y desapariciones que ha habido en todo el país desde que iniciaron las protestas en el 2017”, sostuvo.
También añadió que la desaparición de su hermano no ha sido fácil, que se han abocado a las autoridades durante estos años, pero no les hacen caso
“Esto ha sido tremendo, nosotros hemos dado vueltas y vueltas pidiendo apoyo a las autoridades, pero de esto hacen caso omiso, o sea no te paran bola, claro como uno es pobre no hay manera que le puedan hacer caso a uno, en ese tipo de juicios, sin duda alguna, mientras exista este régimen que tenemos, no veremos la luz clara en la justicia”.
Señaló que “aquí vinieron los derechos humanos internacionales y no pudieron hacer nada tampoco, pero hay que redoblar esfuerzos a ver que se logra y la verdad que estamos en una zozobra, ya dos años sin saber nada de él, así que les rogamos a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia”.
Cabe señalar que el caso de Manuel de Jesús lo está conociendo el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, mismo que ha dado plazo al Estado de Honduras hasta el 22 de febrero de 2020 para que envié información sobre las recomendaciones hechas en el 2018, ya que hasta la fecha se ha limitado a enviar la misma información y no la requerida por el Comité en sus recomendaciones.
Otra de las causas de destrucción del núcleo familiar, criminalización y persecución que dejó la crisis post electoral fue la detención de personas que se manifestaban en contra del fraude electoral, quienes fueron enviados a cárceles de máxima tortura, en su condición de presos políticos, sin contar las más de mil personas que fueron detenidas durante el toque de queda.
En Pimienta, Cortés, hubo nueve detenidos que fueron enviados a la cárcel conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, los de El Progreso, Yoro, permanecieron presos en el Centro Penal de esa ciudad, y Edwin Espinal y Raúl Álvarez en Tegucigalpa, estos dos últimos permanecieron 19 meses en la cárcel de máxima tortura en Moroceli, El Paraíso, conocida como La Tolva.
“Me siento decepcionado, triste, porque a pesar del esfuerzo de este pueblo por querer sacar adelante el país, la dictadura creo que se ha afianzado, no ha cambiado mucho, sigue la represión en todos los ámbitos, no ha cambiado nada”, expresó Raúl Álvarez, preso político que después de 19 meses recluido en una cárcel de máxima seguridad se está defendiendo en libertad y va a juicio oral y público el 14 y 15 de mayo próximo.
Así mismo dijo estar alegre por una parte, pero la alegría no es total, porque sabemos que estamos con medidas sustitutivas a la prisión porque tenemos nuestro juicio hasta en mayo, y no sabemos que pueda ocurrir, si van a seguir la violación al debido proceso, si nos van a sentenciar o nos van a dejar en libertad.
“Aparte de estar casi dos años preso al ser criminalizado y el tiempo que perdí estando preso, se desintegró mi núcleo familiar, ahora que estoy en libertad una parte de la prensa y los medios de comunicación nos siguen criminalizado”.
Es bien difícil, pero esperamos que la lucha que hemos hecho muchas personas que estuvimos presos, algún día se dé la recompensa y podamos salir de esa dictadura que tenemos y que pueda cambiar un poco el país, sé que es muy difícil y que los políticos a veces hacen negociaciones y creo que tendrían que ver y tratar de ayudar al país, más que todo a la gente pobre, porque la desigualdad social que hay en este país es exagerada y eso es lo que lleva a nuestra gente a migrar y buscar otros nuevos horizontes”, finalizo Álvarez.
En el caso de Edwin Espinal y Raúl Álvarez su juicio se realizará en mayo del 2020 y ellos esperan quedar libre de culpa, ese proceso que les ha dejado tanto dolor a ellos que padecieron torturas y malos tratos estando encerrados, así como a sus familias por la angustia de no poderlos ver.
Por su parte Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización defensora de derechos humanos que tiene la representación legal de algunos de los caso y que ha realizado la denuncia a través de informes nacional e internacionalmente, sobre lo que estaba pasado con la población hondureña que estaba en contra del fraude electoral y la reelección ilegal expresó que “hay que tomar en cuenta que lo que se vivió después del fraude electoral, y después de la reelección ilegal, fueron actos de acción pública en las calles, por lo que las fuerzas militares y las fuerzas del orden público pudieron ser escuadrones de la muerte, que actuaron en contra de las personas que se manifestaron a nivel nacional condenando el asalto a la democracia”.
La coordinadora del COFADEH hizo referencia a un caso de una persona que fue asesinada el 24 de diciembre mientras escuchaba música alusiva al partido Libertad y Refundación (LIBRE) y que, además, después llegaron a pisotear la bandera del partido que él tenía en su casa, en señal de odio.
“Yo recuerdo un caso que sucedió en Agua Blanca el 24 de diciembre, es terrible como fueron a asesinar a este joven Walter Lemus y ha habido casi una negación y un olvido, y se ve que fueron gente especializada porque él tenía su posición política y de condena a lo que se estaba viviendo. Él no tenía enemigos, era la actuación de las autoridades que había perpetrado un golpe a la democracia, un certero a la democracia y que con eso también se había consolidado la corrupción en el país”.
“Porque el fraude tiene que ver mucho con la corrupción, por eso a mí me choca cuando se habla de que hay una unidad que se ha creado para combatir la corrupción, ahora que le han dado corte de chaleco a la MACCIH; entonces cuando miro que son los mismos a donde vamos a caminar y lógicamente el tema de justicia con los asesinados, con los torturados, con los exiliados, con los enjuiciados, no vamos a tener justicia, ahorita no la vamos a tener. Si bien es cierto hay pocos o no hay presos políticos, pero si hay perseguidos políticos, claro y también esta Rommel, está también unos recientes en el sur, están los de Guapinol, son presos políticos”, añadió.
Así mismo dijo que “nosotros estamos en una situación muy difícil y muy delicada, cualquier acción que ágamos y cualquier acción que emprendamos para buscar justicia por las víctimas del golpe electoral y de la reelección ilegal, por las víctimas de la reclamación y demanda de salud y la educación, el tiempo se va a encargar no de justicia si no de que olvidemos, pero se encuentra con personas como el COFADEH, nosotras no olvidamos y además ejercemos nuestro derecho”
Continuó diciendo que nosotras caminamos con nuestro compromiso, porque estamos obligados por la memoria de los que ya no están, por la memoria de los que entregaron sus vidas, por hacer coherentes en la historia.
En el contexto post electoral el COFADEH registró solo en el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, 126 manifestaciones reprimidas, 232 personas lesionadas y heridas, 72 personas víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes, 1085 personas detenidas, 30 personas ejecutadas, 34 personas desplazadas por violencia y persecución política, 1 persona desaparecida, 179 expedientes penales abiertos vinculados a la crisis política, 15 comunidades, barrios, colonias y residenciales invadidos por la Policía Militar, donde se realizaron 47 allanamientos domiciliarios en forma discriminada y 12 ataques a medios de comunicación y periodistas.
Sin contar los ataques que se registraron después del 31 de diciembre, siempre en el contexto post electoral, el llamado paro nacional que se realizó del 20 al 27 de enero de 2019, convocado por la Alianza de Oposición, donde la primera víctima de la represión murió a manos de militares el 20 de diciembre en Sabá, Colon, durante una protesta, sin mencionar un sinnúmero de casos más ocurridos en ese contexto.
Mientras tanto la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Honduras en ese contexto documento al menos 23 personas asesinadas, alrededor de 60 personas heridas, registra un total de 1351 personas detenidas por violar el toque de queda.
La OACNUH también documentó en su informe casos de personas que recibieron malos tratos durante su arresto o durante su detención, así como una desaparición forzada, así mismo muestra preocupación ante el juicio de los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez.
HONDURAS: CASI MIL MASACRES EN ÚLTIMO DECENIO DEJÓ IMPERIO CRIMINAL
- Publicado: 01 Febrero 2020
Los
datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, revelan que entre
2010 y 2019, el crimen asesinó a casi 4,000 personas en las 988 masacres
documentadas, contabilizando únicamente aquellos hechos con tres o más
víctimas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El dominio del crimen ha sido absoluto en el último decenio en Honduras
y con las caravanas migrantes, se deja expuesto que los ciudadanos han
perdido la fe en la política de seguridad. Y es que a pesar de la fuerte
inversión en materia de defensa y seguridad de los últimos seis años,
los números siguen en alza.
Para
el caso, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (OV-UNAH), señala que entre 2010 y 2019 se
registraron un total de 988 masacres en el país, crímenes múltiples
donde tres o más personas fueron asesinadas.
En
estos crímenes, según el registro del OV-UNAH, son 3,629 los hondureños
asesinados. De acuerdo a los datos de este órgano, en 2010 se
documentaron 147 masacres, en 2011 hubo 133, 2012 cerró con 128, 2013
con 111 y 2014 con 100.
En
tanto, 2015 registró 98 masacres, 2016 un total de 101; por otro lado,
2017 experimentó una caída a 56 crímenes múltiples y para 2018 se
contabilizó 43 hechos de este tipo y en 2019 los números del OV-UNAH
repuntaron a 71 casos.
Sin
embargo, en 2019 este periódico fundó el Observatorio del Crimen de EL
LIBERTADOR (OCEL), un organismo que mide la magnitud de la violencia con
la que funciona el crimen en el país y que en el fenómeno de masacres,
incluye todos los crímenes dobles, contabilizando un total de 214
asesinatos múltiples el año anterior.
Es
decir que en total, 572 hondureños fueron asesinados sólo en masacres,
de acuerdo al OCEL, ya que la cifra total de homicidios que maneja la
Policía nacional arriba a 3,996 víctimas.
Sobreseimiento definitivo para ambientalistas querellados por defender el bosque
Por defensores -
10 febrero, 2020
Juticalpa, Olancho.- El Tribunal de Sentencias de Juticalpa, Olancho, en audiencia de excepciones y nulidades dictó sobreseimiento definitivo a ambientalista de la comunidad de Cuaca, ubicada en el municipio de Gualaco, quienes habían sido querellados por Nery Roberto Murillo Montalván por los delitos de injuria y calumnias en su contra.
Los ambientalistas Iván Juárez y Meregildo Guillén acudieron al Ministerio Público para pedir que investigara un corte de madera que se estaba realizando en la comunidad, pero en vez de investigar, le notificó al empresario que había sido denunciado ante ese ente de justicia.
El maderero, “sintiéndose afectado por la denuncia”, acusó a los dos ambientalistas de los delitos de injurias y calumnias, quienes habían ejercido su legítimo derecho de pedir al Ministerio Público una investigación por el corte de madera que perjudicaría directamente a la comunidad, ya que se estaba realizando en una fuente de agua.
La abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien tiene la representación legal del caso, dijo que “el Tribunal decretó con lugar las excepciones y nulidades planteadas por esta defensa, las que consistían en excepciones, por falta de acción, ya que no se tuvo que promover ni perseguir”.
Añadió que “la parte acusadora presentó una querella por los delitos de injuria y calumnia contra los ambientalistas de la comunidad de Cuaca, nosotros como defensa argumentamos que en ningún momento nuestros representados cometieron ese delito, en virtud de que ellos solo ejercieron su derecho Constitucional, que es el derecho a la petición, mismo que realizaron a través de una denuncia que interpusieron en el Ministerio Público, quien es el ente investigador, tal como lo establece en el Código Procesal Penal, y fue lo que hicieron nuestros representados”.
Asimismo la abogada dijo que “acudieron a esa instancia nacional solicitando que realizara una investigación sobre la comisión de delitos que en este caso es la tala ilegal de los bosques, ya que ellos como comunidad de cuaca son los afectados directamente”.
Cárdenas añadió que “ante esto el Tribunal nos da la razón y establece que declara con lugar nuestras excepciones y nulidades, en virtud de que nuestros representados a presentar la denuncia que prevalece un interés colectivo, en ningún momento ellos utilizaron algún medio de comunicación ni de radio ni televisión, entonces consideraron que ellos solo utilizaron un derecho Constitucional”.
Por su parte Iván Juárez, uno de los defensores querellados, dijo que “me parece muy bien la resolución del juez ya que como defensor de los pueblos indígenas de Gualaco, hemos estado trabajando a favor de las comunidades, y por esa causa siempre hemos tenido conflictos, ya salimos libres de esa querella y ojalá salgamos bien de lo que estamos pasando”.
El otro ambientalista acusado, Meregildo Guillen, expresó que “por esa querella nos sentíamos preocupados, ya que usted sabe que solo estábamos defendiendo nuestra comunidad, por eso agradecemos a las abogadas del COFADEH, ya que nosotros somos de una aldea remota y por eso acudimos a las leyes, que ellas nos amparen porque nosotros directamente no sabemos”.
” Nosotros nos sentimos preocupados porque el bosque día a día se lo están llevando y nos están dejando sin agua, ahora no nos podemos ni bañar”, añadió el ambientalista.
En Honduras es común que los defensores y defensoras de los bosques y de los bienes comunes sean criminalizados al realizar la defensa de los mismos, para beneficiar a los grandes empresarios que solo buscan el beneficio propio y no el de las comunidades.
Vigilancia, intimidación, ataques y asesinatos rebela informe sobre Libertad de Expresión en Honduras
Por defensores -
12 febrero, 2020
Policía y militares principales atacantes a la Libertdad de Expresión// Texto y fotos: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
El informe “Del silencio informativo al Éxodo” presentado este martes
11 de febrero por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), evidencia
patrones de ataques contra la prensa nacional, así como el aumento a las
violaciones a los derechos humanos en los años 2018-2019, en el marco
del post fraude electoral, que permitió que Juan Orlando Hernández
continúe en el poder.
Son dos documentos los que se
compartieron, comprendiendo los últimos cuatro años, expresó Amada
Ponce, directora ejecutiva de C-Libre, quien explicó los hallazgos del
informe, centrados en la violencia contra los y las trabajadores de la
comunicación e información, y el endurecimiento de la normativa jurídica
nacional en el acceso y controlar-censurar de la información.
Los mayores agresores son agentes de la
Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que
manifiestan la extrema violencia en contra del gremio periodístico. En
los últimos 10 años la organización ha registrado 79 crímenes contra
trabajadores y trabajadoras de la comunicación, pero los ataques también
llegan a defensores de derechos humanos y manifestantes, expuso Ponce.
El último ILE data la alerta 011-2019,
referente al amedrentamiento del cual fue objeto los y las asistentes al
“Plantón por la Memoria” que realiza el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), por parte agentes de la
Policía Nacional y Policía Municipal del Distrito Central. (Cabe señalar
que este hecho ha sido reiterativo, pese a que es de conocimiento
general que el plantón se realiza desde 1982, cuando la Madres de los
Pañuelos Blancos exigían que se les devolviera a sus hijos detenidos
desaparecidos, hasta el día de hoy, continúa la exigencia de verdad y
justicia).
Expone, además, desde un enfoque
específico en materia de seguridad para periodistas los temas de
asesinatos, desplazamiento forzado, violencia, protesta social, censura,
bloqueos informativos y negociación de la información.
En los últimos dos años, C-Libre
registró 237 alertas por agresiones a la libertad, entre ellas ocho por
el asesinato de trabajadores de la comunicación e información en 2019,
mientras que en 2018 no hubo pérdidas humanas.
La mayor cantidad de crímenes se dieron
en los departamentos de Copán y Cortés, también Valle, Gracias a Dios y
Santa Bárbara, pero es Francisco Morazán, especialmente Tegucigalpa
donde hay más violaciones a la libertad de expresión. Esto se debe a que
es la zona donde se concentra el poder político, afirmó Saúl Bueso,
presidente de C-Libre.
Otro factor que impide el respeto a la
libertad de expresión es que los medios de comunicación privados no
dejan avanzar a los medios comunitarios, como ser las radios, debido a
la concertación de poder, refirió Bueso en las conclusiones del informe.
Dato: Desde 2018, Honduras volvió a estar en el ojo del mundo ante las masivas caravanas migrantes forzadas con destino a los Estados Unidos, pese a las amenazas del gobierno de Donald Trump, con quitar la ayuda económica al “triángulo norte” de Centroamérica. En 2019 más de 105 mil personas fueron retornadas; y el 15 de enero del 2020 emprendió otra caravana, muchas personas en un nuevo intento de llegar a Norteamérica.
En el caso de libertad de expresión, el
desplazamiento forzado, se identifica como una nueva tipología de
agresión, con 20 casos confirmados de trabajadores de la comunicación
que huyeron para garantizar su integridad física y emocional.
Mientras que la censura se agudizó con
el cierre de espacios informativos producto del abordaje crítico contra
régimen por parte de los y las periodistas que los conducen.
Además, son los periodistas son las
mayores víctimas de bloqueo de redes sociales por parte de funcionarios
públicos, quienes utilizan estos espacios como fuente de información
para dar a conocer sus trabajos dentro del erario público
Saúl Bueso, expresó que en el centro político del país, es donde hay más agresiones a la libertad de expresión.
C-Libre exhorta a reflexionar sobre el
rol desempeñado por el “Mecanismo de Nacional de Protección para
personas Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia. El Estado hondureño no está
cumpliendo con la obligación de prevenir la violencia contra las y los
periodistas.
Así como el cumplimiento del mandato de
la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia
(FEPRODDHH) y del Mecanismo Nacional de Protección a dichos sectores, de
investigar los casos y la protección debida y diferenciada hacia
trabajadores y trabajadoras de la comunicación.
El evento se realizó en el marco del
aniversario número 50 de la Carrera de Periodismo de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por lo que fueron en su mayoría,
los futuros periodistas quienes conocieron el informe, en el lugar que
muchas veces ha sido violentada la libertad de expresión.
“PRESIÓN SILENCIOSA” PARA SACAR DE HONDURAS OFICINA DE ONU
- Publicado: 24 Enero 2020
A
través de un pronunciamiento público, la Plataforma Social Ciudadana
por Honduras denunció que el Gobierno de Honduras está provocando la
salida “obligada” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), liderada por María Soledad
Pazo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Plataforma Social Ciudadana por Honduras condenó al gobernante
hondureño, Juan Hernández, por conspirar contra la lideresa de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), María Soledad Pazo, ya que varios representantes de
la articulación ciudadana, aseguran que la activista internacional
estaría dejando el país en las próximas horas.
En
tal sentido, la plataforma condenó mediante un pronunciamiento que “el
gobierno de Juan Hernández haya presionado silenciosamente la salida
María Soledad para los Derechos Humanos, por señalar los abusos y
violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías”.
El
comunicado, leído por el integrante ese organismo ciudadano, Eduardo
Martel, lamentó que: “La representante del Alto Comisionado está también
siendo objeto de represión por parte de Juan Hernández y todo el
Partido Nacional, tendremos que hacer mucho más los hondureños, para
poder revertir lo que hoy es un Estado violador sistemático de los
derechos humanos”.
Por
su parte, el también vocero de esa mesa ciudadana, Guillermo Valle,
señaló que la acción “silenciosa” del régimen demuestra que los
organismos internacionales de derechos humanos están corriendo con la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH).
Valle
advirtió que el gobierno además de estar “corriendo al Alto Comisionado
de Derechos Humanos, está terminando con la UFECIC (Unidad Fiscal
Especial Contra la Impunidad de la Corrupción), quieren matar a
cualquiera que se les oponga”.
Al
respecto, el también integrante de la plataforma, Tony García, señaló
que “el gobierno le pidió que se vaya silenciosamente, entonces estamos
viendo que el gobierno aun en derechos humanos está en contra de los
valores de nuestra sociedad como hondureños”.
De
acuerdo a la plataforma ciudadana, lo anterior en un contexto de
“perversión política, destrucción de la institucionalidad, imposición de
abuso, corrupción e impunidad como fuente y base de poder político y
económico de la ‘mafiocracia’”.
Asimismo,
ese aglutinamiento ciudadano alertó sobre el peligro de que la
población hondureña quede sin reformas electorales de cara a los
próximos comicios. “Estamos a dos días de que termine la actual
legislatura y las reformas electorales de fondo deben aprobarse en la
misma, o de lo contrario no serán incorporadas en el próximo proceso
electoral”.
A
esta hora, el Twitter oficial de la OACNUDH no ha emitido un
pronunciamiento sobre el tema para confirmar o aclarar la denuncia que
ha hecho la Plataforma Social Ciudadana. Ayer, este organismo
internacional presentó un nuevo informe sobre los crímenes electorales en el marco de las elecciones de 2017.
Cabe
recordar que el 4 de mayo de 2015, el Estado de Honduras firmó el
acuerdo para establecer una oficina del Alto Comisionado, con el fin de
apoyar al país en la protección de los derechos humanos y la dignidad
humana de la población hondureña.
Este 11 de febrero, la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras se reunieron con representantes de organizaciones sociales de la zona sur del país.
La actividad, cuyo objetivo fue conocer el contexto de una de las zonas de mayor y constante nivel de movilización contra el régimen de Juan Orlando Hernández, contó con el respaldo de la Rel UITA en el marco del convenio de colaboración firmado con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
En el Segundo Aniversario del Comité Pro liberación de los Presos Políticos de Honduras, exigimos nulidad de los casos
Por defensores -
13 febrero, 2020
PRONUNCIAMIENTO
El Comité Pro-Liberación de los Presos
Políticos de Honduras, comunicamos a la comunidad Nacional e
Internacional, que hace dos años la población hondureña se manifestó
fuertemente contra el fraude electoral. En todo el país se desarrollaron
manifestaciones pacíficas prolongadas, el régimen de facto respondió
con la práctica de la aniquilación física del oponente político contra
la dictadura. Asignaba una vez más a las fuerzas militares y de policía
la tarea de destrucción de las voces oponentes.
Con las acciones militares en los
barrios y colonias fueron aterrorizadas las manifestaciones y tomas de
carretera desmanteladas con balas y gases lacrimógenos. Más de 38
personas cayeron por las balas militares y de paramilitares en este
contexto, y miles fueron detenidos. De éstos, 176 fueron criminalizados
por delitos contra la Seguridad interior del estado y enviados a
cárceles de máxima seguridad.
Este tipo de represiones jamás podrá
borrarse la memoria colectiva, las persona y organizaciones indignadas
por la desproporcionada respuesta del régimen dictatorial conformaron
este Comité que se propuso un plan estratégico de salida a la
emergencia, rescatar la libertad perdida por los oponentes políticos.
En la memoria nacional, quedará grabada
la falta de voluntad real del poder legislativo para implementar una
salida política al conflicto mediante un decreto de amnistía amplia e
incondicional, que resolviera el problema y poner fin al encarcelamiento
de decenas de personas privadas de libertad en centros de máxima
tortura, donde su vida e integridad estuvieron siempre en riesgo, en
muchos casos se materializo la violación la integridad de los
prisioneros que fueron objeto de diferentes prácticas de tortura.
Transcurridos más de dos años de este
conflicto, el régimen prepara sus tribunales para llevar a juicio a los
oponentes políticos. El subjetivo Ministerio Público, sin pruebas
solicita la programación de las Audiencias de debates. Así el régimen
logra su venganza castigar al que se pronuncia, 16 oponentes van juicio
en este primer semestre de 2020. Los Juicios sin garantías para los
procesados son un nuevo salto en la ilegalidad de la escalada represiva
del Estado.
Exigimos la nulidad de los juicios y la
libertad de todos los presos y presas políticas, que aun guardan
prisión en diferentes centros penales del país donde se ha abusado de la
prisión preventiva.
Los días 11 y 13 de febrero de 2020 se
celebran audiencia preparatorias inclusos en tribunales de menores.
Miembros de este Comité fuimos testigos de la falta de objetividad del
Ministerio Público que no sólo acusa al oponente, también a las
organizaciones a las que pertenecen calificándolas de estructuras
organizadas peligrosas.
Condena que los oponentes políticos que
pasaron casi dos años en prisión preventiva, tengan que enfrentar
juicios en estructuras que no respetan la independencia de poderes.
Los presos políticos no están siendo
juzgados por hechos si no por sus opiniones, por que piensan, discuten,
se pronuncian y organizan.
El Ministerio Público no busca justicia busca reprimir y amedrentar a la oposición política organizada.
Para los criminalizados exigimos nulidad de los Juicios, por Injustos.
Tegucigalpa, 13 de febrero de 2020
DENUNCIAN CÚPULA CATÓLICA POR DESALOJO DE FAMILIAS EN TEGUCIGALPA
- Publicado: 30 Enero 2020
Mediante
comunicación telefónica con EL LIBERTADOR, el presidente de la colonia
“San Miguel Arcángel” de la capital hondureña, Melvin Berttoti, alertó
sobre un nuevo intento de desalojo contra los vecinos ayer martes con el
ingreso de un comando policial con orden de tirar a la calle 150
familias.
De
acuerdo a la denuncia de los vecinos la amenaza de desahucio responde a
una medida de presión de la organización “Caritas de Honduras”, brazo
social de la iglesia católica, responsable de dirigir el proyecto
habitacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Esta semana inició con sobresalto para los vecinos de la colonia San
Miguel Arcángel, al norte de la capital de Honduras. De inmediato
denunciaron a través de EL LIBERTADOR un nuevo intento de desalojo, esta
vez para empezar, contra habitantes de 150 casas de ese condominio.
En
tal sentido, el presidente de la San Miguel Arcángel, Melvin Berttoti,
relató que a eso de las 10 de la mañana de ayer un comando de policías
preventivos ingresó a la zona, dirigiéndose directamente a su casa con
una orden “emitida por la Corte Civil”.- “Cuando llegaron estuvieron un
buen tiempo tocando la puerta, incluso hasta estuvieron forzando las
celosías y tuvieron la intención de meterse”, comentó alarmado el
dirigente comunitario.
Mientras
contenía la respiración, contó que gracias a la pronta reacción de sus
vecinos que protestaron pacíficamente contra la orden de desahucio, los
agentes desistieron de ejecutar la ordenanza retirándose de su casa.- No
obstante, antes de irse de la colonia, el comando de efectivos hizo un
recorrido por la zona, donde también hay “20 casas a las que quieren
desalojar”, recordó Berttoti. De hecho, notificó que el pasado viernes a
la 1:00 de la tarde, también intentaron despojarlo de su vivienda.
Para
Berttoti, la amenaza de desahucio responde a una medida de presión de
la organización “Caritas de Honduras”, responsable de dirigir el
proyecto habitacional.
Puntualmente,
“Caritas de Honduras”, subió “injustamente” el pago de las cuotas a 250
mil lempiras cuando “en el contrato inicial dice 33 mil lempiras
pagadero a 10 años”, señaló.
Aunque
el “Cardenal dijo que las casas tiene un precio de 33 mil lempiras,
“Caritas” se presentó a nosotros con abogados que nos dicen que ahora
las casas valen 250 mil lempiras”, denunció.- Cabe recordar que tras el
paso del Huracán Mitch, “Caritas de Honduras”, es responsable de la
dirección de proyectos habitacionales. En Honduras esa organización
destaca por ser la cara social de la Iglesia católica, que actualmente
preside el controvertido cardenal Oscar Andrés Rodríguez.
Presidente Bukele buscó disolver Asamblea Legislativa
- 14/02/2020
Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social, UCA-SJ.
Tras un choque de poderes entre el Presidente de El Salvador, Nayib
Bukele y la Asamblea Legislativa, que se agravó cuando fuerzas
especiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas entraron al poder
legislativo, varias hipótesis se manejan sobre las verdaderas
intenciones que tuvo el mandatario, quien presionaba para que le
aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para desarrollar su
plan de seguridad.
Según el Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, Omar Serrano, una de las hipótesis que se manejan es que lo hizo para demostrar fuerza con miras a las elecciones de 2021, legislativas y municipales.
“Otra hipótesis es que iba a dar un golpe de Estado o un autogolpe, ciertamente la Constitución reconoce el derecho a la insurrección, pero para que lo ejerza el mismo pueblo y no para lo que lo ejerza el Presidente de la República. Pero en el fondo lo que quería era disolver la Asamblea, convocar a una Asamblea Constituyente para hacer o reformar la Constitución, y allí incluir la reelección. Es una de las tesis que más se ha difundido”, manifestó Omar Serrano.
Radio Progreso (RP) dialogó con el Vicerrector de la UCA, Omar Serrano (OS), sobre la realidad salvadoreña que se inserta en una crisis que vive la región.
RP. ¿Está en crisis política El Salvador?
RP. Sí está en crisis política, ese es el sentir general y el análisis que se hace de la situación aunque está tomando un giro, desde mi punto de vista, inesperado y positivo. Si estamos en crisis porque la reacción de grandes sectores de la sociedad civil en El Salvador y sobre todo la reacción de la comunidad internacional fue masiva ante lo que pasó en El Salvador.
RP. ¿Qué pasó exactamente en El Salvador?
RP. Al Presidente le han aprobado dos préstamos, el año pasado, para su política de seguridad. Él presentó un presupuesto de la nación para el año 2020 donde hay fondos para seguridad pero aparte de eso tramita préstamos ante instancias internacionales, se le aprobaron dos para las primeras etapas de su plan de control territorial y hay un tercer préstamos de 109 millones que desde el año pasado lo está pidiendo para su tercera fase, que consiste en implementar la seguridad tecnológica con la compra de equipo, miles de cámaras, alarmas vecinales, patrullas, helicópteros, drones, un buque, entre otras cosas.
RP. ¿En qué momento se da el encontronazo con el poder legislativo?
RP. No está claro cómo se va a implementar los 109 millones de dólares. Los diputados empiezan a estudiarlo, pero él urge, como en los prestamos anteriores, que se lo aprueben asegurando que el pueblo lo respaldaba. En esta ocasión la Comisión de Hacienda, que es la que estudia la factibilidad del prestamos, pidió más tiempo y que le explicaran mejor, y él se molestó, convocó al Consejo de Ministros.
RP. ¿Qué hizo el Consejo de Ministros?
RP. Hay un artículo en la Constitución que dice que una de las atribuciones del Consejo de Ministros es convocar de emergencia a la Asamblea Legislativa para que sesione por uno o dos puntos concretos. El Consejo de Ministro convocó de emergencia el domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde. Los diputados valoran que no es una emergencia, que un préstamo es parte del presupuesto ordinario, de una discusión normal y deciden no acatar la convocatoria. Entonces hace uso del artículo 87 de la Constitución, que dice que el pueblo tiene derecho a insurreccionarse. Bukele dijo que, hay que insurreccionarse contra los mismos de siempre, contra los sinvergüenzas de los diputados, que en parte tiene razón, pero allí surge el problema. Se toma el Congreso.
RP. ¿Qué hizo Bukele?
RP. Entró y se sentó en la silla del Presidente del Congreso, utilizó el aparato que usan para abrir la sesión, y comenzó la sesión plenaria. Llamó a los diputados que no habían llegado, que estaban en desacato constitucional, dijo que iba hacer una oración, la hizo y todos esperaban que disolviera el Congreso, luego se levantó, habló a las masas y dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia.
RP. ¿Con qué no contaba el Presidente Bukele?
RP. Sobredimensionó su popularidad, llegó gente pero no la que esperaba, la mayoría empleados públicos. Le falló la cantidad de gente que esperaba. No contaba con la reacción tanto de la sociedad civil como de la comunidad internacional, la Unión Europea fue muy firme, se pronunció tímidamente la ONU y la OEA más tímido todavía.
Según el Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, Omar Serrano, una de las hipótesis que se manejan es que lo hizo para demostrar fuerza con miras a las elecciones de 2021, legislativas y municipales.
“Otra hipótesis es que iba a dar un golpe de Estado o un autogolpe, ciertamente la Constitución reconoce el derecho a la insurrección, pero para que lo ejerza el mismo pueblo y no para lo que lo ejerza el Presidente de la República. Pero en el fondo lo que quería era disolver la Asamblea, convocar a una Asamblea Constituyente para hacer o reformar la Constitución, y allí incluir la reelección. Es una de las tesis que más se ha difundido”, manifestó Omar Serrano.
Radio Progreso (RP) dialogó con el Vicerrector de la UCA, Omar Serrano (OS), sobre la realidad salvadoreña que se inserta en una crisis que vive la región.
RP. ¿Está en crisis política El Salvador?
RP. Sí está en crisis política, ese es el sentir general y el análisis que se hace de la situación aunque está tomando un giro, desde mi punto de vista, inesperado y positivo. Si estamos en crisis porque la reacción de grandes sectores de la sociedad civil en El Salvador y sobre todo la reacción de la comunidad internacional fue masiva ante lo que pasó en El Salvador.
RP. ¿Qué pasó exactamente en El Salvador?
RP. Al Presidente le han aprobado dos préstamos, el año pasado, para su política de seguridad. Él presentó un presupuesto de la nación para el año 2020 donde hay fondos para seguridad pero aparte de eso tramita préstamos ante instancias internacionales, se le aprobaron dos para las primeras etapas de su plan de control territorial y hay un tercer préstamos de 109 millones que desde el año pasado lo está pidiendo para su tercera fase, que consiste en implementar la seguridad tecnológica con la compra de equipo, miles de cámaras, alarmas vecinales, patrullas, helicópteros, drones, un buque, entre otras cosas.
RP. ¿En qué momento se da el encontronazo con el poder legislativo?
RP. No está claro cómo se va a implementar los 109 millones de dólares. Los diputados empiezan a estudiarlo, pero él urge, como en los prestamos anteriores, que se lo aprueben asegurando que el pueblo lo respaldaba. En esta ocasión la Comisión de Hacienda, que es la que estudia la factibilidad del prestamos, pidió más tiempo y que le explicaran mejor, y él se molestó, convocó al Consejo de Ministros.
RP. ¿Qué hizo el Consejo de Ministros?
RP. Hay un artículo en la Constitución que dice que una de las atribuciones del Consejo de Ministros es convocar de emergencia a la Asamblea Legislativa para que sesione por uno o dos puntos concretos. El Consejo de Ministro convocó de emergencia el domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde. Los diputados valoran que no es una emergencia, que un préstamo es parte del presupuesto ordinario, de una discusión normal y deciden no acatar la convocatoria. Entonces hace uso del artículo 87 de la Constitución, que dice que el pueblo tiene derecho a insurreccionarse. Bukele dijo que, hay que insurreccionarse contra los mismos de siempre, contra los sinvergüenzas de los diputados, que en parte tiene razón, pero allí surge el problema. Se toma el Congreso.
RP. ¿Qué hizo Bukele?
RP. Entró y se sentó en la silla del Presidente del Congreso, utilizó el aparato que usan para abrir la sesión, y comenzó la sesión plenaria. Llamó a los diputados que no habían llegado, que estaban en desacato constitucional, dijo que iba hacer una oración, la hizo y todos esperaban que disolviera el Congreso, luego se levantó, habló a las masas y dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia.
RP. ¿Con qué no contaba el Presidente Bukele?
RP. Sobredimensionó su popularidad, llegó gente pero no la que esperaba, la mayoría empleados públicos. Le falló la cantidad de gente que esperaba. No contaba con la reacción tanto de la sociedad civil como de la comunidad internacional, la Unión Europea fue muy firme, se pronunció tímidamente la ONU y la OEA más tímido todavía.
Presidente en pleno discurso frente al Palacio Legislativo.
RP. ¿Cómo es el gobierno de Bukele?
RP. Es un Presidente que no tuvo presencia en la campaña electoral, es un Presidente que no tuvo ninguna alianza clara con sectores sociales, es un Presidente sin un plan de gobierno definido, sin unas apuestas claras, es un gobierno que llegó sin partido a la presidencia, ocupó un partido de taxi para llegar, y es un Presidente de tendencia derechista, como lo ha dejado ver, que llegó al poder por votos de izquierdistas.
RP. ¿Por qué toma esa decisión Bukele?
RP. Hay varias hipótesis que se han manejado como desde aquella que dicen que fue un erro de juventud porque es una persona muy joven, que fue un desliz dicen otros. Los funcionarios, los ministros sobre todo, no le han dado importancia. Pero en realidad es más grave de lo que ellos están admitiendo. Ahora la Asamblea Legislativa, los diputados, están envalentonados, ya decidieron seguir discutiendo el tema del préstam.
RP. ¿Tuvo propósitos electorales?
RP. Una hipótesis dice que lo hizo para demostrar fuerza con miras a las elecciones de 2021, legislativas y municipales. Otra hipótesis dice que en realidad iba a dar un golpe de Estado o un autogolpe, ciertamente la Constitución reconoce el derecho a la insurrección, pero para que lo ejerza el mismo pueblo y no para lo que lo ejerza el Presidente de la República. Pero en el fondo lo que quería era disolver a la Asamblea, convocar a una Asamblea Constituyente para hacer o reformar la Constitución, y allí incluir la reelección. Es una de las tesis que más se ha difundido.
RP. ¿Cómo ha sido la reacción en las redes sociales?
RP. Por primera vez, desde que asumió el poder, creo yo, ha sido mayor la indignación y ha perdido la batalla también. Lo que más indignó a nivel internacional y también nacional, es ver a los militares detrás de los diputados apuntándoles con los fusiles o detrás de ellos con armas largas, eso indignó porque acuérdense que este es un país que vivió una guerra civil y esto había pasado hace 40 años.
RP. ¿Quedó golpeada la institucionalidad salvadoreña?
RP. Sí se tocó la institucionalidad pero no prosperó. Él dijo a un medio internacional que si él fuera un dictador se hubiera tomado el Congreso porque ya lo tenía en la mano, ya tenía el control de todo y dijo que no, creo que si lo hubiera hecho probablemente ya no estaría en la Presidencia o tendríamos un estallido social y creo que no lo hizo porque las condiciones no estaban dadas.
RP. ¿Cómo se inserta esa crisis en las crisis que vive la región?
RP. Creo que compartimos con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua que la Democracia la tenemos en crisis sobre todo por éstos que han ocupado el Estado como plataformas para servirse y no para servir. Yo he sostenido que es el peor momento para buscar la integración de Centroamérica porque, viendo los liderazgos que hay en los países, es prácticamente imposible caminar hacia una integración que es tan necesaria y urgente. Centroamérica no tiene viabilidad si no es unida pero como están las cosas lo veo muy difícil.
Por: Carmen Valeria Escobar
El Salvador, 09 de febrero de 2020.-El presidente de la República, Nayib Bukele, estaba impaciente por comprar tres helicópteros, un buque, un sistema de videovigilancia y más equipo para policías y soldados involucrados en la fase 3 del Plan Control Territorial, con $109 millones de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Así que decidió no esperar más a los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes tienen la llave para aprobarle el préstamo. Reunió a su Consejo de Ministros, el 6 de febrero, y les propuso presionar a los legisladores a través de una convocatoria extraordinaria, con base en el numeral 7 del artículo 167 de la Constitución. Bukele aseguró que esa convocatoria es legítima, constitucional y que los diputados no tienen otra opción más que obedecer. Es más, dijo que si los diputados no llegaban a la Asamblea el domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde, sería necesario que el pueblo hiciera uso de su derecho a la insurrección, contemplado en el artículo 87.
La convocatoria de Bukele, a través de sus ministros, basada en la interpretación literal de la Constitución para presionar a los diputados encaja en la definición de Engañoso, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato hace verificaciones del discurso público del ejecutivo salvadoreño.
Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consultado por GatoEncerrado; una sentencia de esa Sala; una abogada constitucionalista y el director de una organización de la sociedad civil dedicada a promover la democracia coinciden en que el presidente Bukele ha hecho uso de las facultades que le permite la Constitución, pero bajo una mala interpretación. En otras palabras: El mandatario puede recurrir, a través de sus ministros, al numeral 7 del artículo 167 de la Constitución para hacer una convocatoria extraordinaria en la Asamblea; lo que no puede hacer es basar la convocatoria en lo extraordinario sin que se cumplan los criterios de excepcionalidad.
El exmagistrado Rodolfo González de la Sala lo explica así: “El acuerdo del Consejo de Ministros es válido y nos remite al artículo 167, pero la causal o la razón que expone es porque se está desarrollando el plan Control Territorial y ya se le aprobó la primera fase y luego viene la segunda, ahora no se entiende el cambio de actitud de la Asamblea. La Asamblea, y con toda la razón del mundo, puede decir que las primeras dos partes son razonables, pero decir que gastar en buques y helicópteros y cosas de películas, la Asamblea puede decir que no están en condiciones para endeudar al país. Si alguien creyó encontrar en el artículo 167 una solución en este impasse, es peligroso”.
El exmagistrado y la abogada constitucionalista Erika Saldaña concuerdan en que los procesos de discusión para aprobar préstamos, entre otras cosas, son parte del trabajo cotidiano de la Asamblea Legislativa y que por lo tanto no existe excepcionalidad en una convocatoria para que los diputados hagan lo que hacen cotidianamente.
El año pasado, por ejemplo, la Asamblea Legislativa discutió y aprobó más de 7 préstamos distintos. Entre esos, uno de $91 millones para financiar la segunda fase del plan Control Territorial del presidente Bukele.
De acuerdo con el exmagistrado Rodolfo González, el presidente Bukele ha interpretado la Constitución de forma literal un artículo que ni siquiera debería utilizarse actualmente por haber sido concebido en una época histórica en que tenía sentido.
“Hay artículos que están en la Constitución porque son resabios de épocas pasadas o que están ahí previendo situaciones que algún día podrían darse y que no pueden dejarse en el vacío normativo, pero que todo mundo espera que no se den”, dijo el exmagistrado González, quien agregó que la literalidad en estos artículos es inadecuada.
La expresidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y abogada constitucionalista, Erika Saldaña, agregó que la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado en el pasado sobre lo inadecuado de la literalidad. “Lo que creo es que el presidente (Bukele) está dándole una interpretación literal y aislada a la norma a conveniencia”, dijo Saldaña a GatoEncerrado.
Entre la jurisprudencia de la Sala, que mencionó Saldaña, está una resolución del 24 de junio de 2019, en la que dice: “Las disposiciones constitucionales también son susceptibles de ser aplicadas al caso concreto, y para ello necesitan ser interpretadas (…) La diferencia entre la Constitución y la ley se manifiesta en el mayor grado de generalidad y abstracción que caracteriza a la norma constitucional, y que resulta no sólo del tenor literal del enunciado normativo, sino también, y sobre todo, del hecho de que forma parte de un sistema que es, por definición, amplio y abierto, pero a su vez interconectado”.
De acuerdo con ambos constitucionalistas, la Constitución actual tiene su base en la de 1962, que a su vez tiene a su base la constitución de 1950. Durante estos últimos dos periodos, la ley demandaba que la Asamblea Legislativa tuviera al menos dos convocatorias al año: el 1 de junio y el 1 de diciembre, dejando en medio períodos de suspensión de actividades legislativas. Para 1983, la situación ya había cambiado y la Asamblea Legislativa dejó de reunirse dos veces al año para estar en labores permanentes.
“Esto (el artículo 167) obedece a una época en donde la Asamblea entraba en recesos y en ese tiempo de receso se podía dar una situación excepcional, y entonces fue que las constituciones históricas comenzaron a regular que si la Asamblea no se podía reunir, ver si el consejo podía convocar como una excepción. Pero ahora nadie está esperando que eso suceda. Como es de excepción, no es para estarlo usando todos los días. Hay que entender que es una situación extraordinaria como un estado de sitio o catástrofe. Este artículo hay que interpretarlo de manera excepcional”, dijo el exmagistrado.
González también comentó que aceptar la convocatoria extraordinaria de Bukele, a través de sus ministros, puede tener consecuencias. Una de esas es que el poder ejecutivo quiera tener control sobre el legislativo.
“Si la Asamblea entra a discutirlo atendiendo la convocatoria del Consejo de Ministros se sienta un precedente peligroso, porque el ejecutivo hace su propia interpretación de las situaciones excepcionales y si la Asamblea se toma a ojos cerrados todo lo que el ejecutivo califica como excepcional puede darse esta alteración de la división de poderes”, explicó el exmagistrado.
RP. Es un Presidente que no tuvo presencia en la campaña electoral, es un Presidente que no tuvo ninguna alianza clara con sectores sociales, es un Presidente sin un plan de gobierno definido, sin unas apuestas claras, es un gobierno que llegó sin partido a la presidencia, ocupó un partido de taxi para llegar, y es un Presidente de tendencia derechista, como lo ha dejado ver, que llegó al poder por votos de izquierdistas.
RP. ¿Por qué toma esa decisión Bukele?
RP. Hay varias hipótesis que se han manejado como desde aquella que dicen que fue un erro de juventud porque es una persona muy joven, que fue un desliz dicen otros. Los funcionarios, los ministros sobre todo, no le han dado importancia. Pero en realidad es más grave de lo que ellos están admitiendo. Ahora la Asamblea Legislativa, los diputados, están envalentonados, ya decidieron seguir discutiendo el tema del préstam.
RP. ¿Tuvo propósitos electorales?
RP. Una hipótesis dice que lo hizo para demostrar fuerza con miras a las elecciones de 2021, legislativas y municipales. Otra hipótesis dice que en realidad iba a dar un golpe de Estado o un autogolpe, ciertamente la Constitución reconoce el derecho a la insurrección, pero para que lo ejerza el mismo pueblo y no para lo que lo ejerza el Presidente de la República. Pero en el fondo lo que quería era disolver a la Asamblea, convocar a una Asamblea Constituyente para hacer o reformar la Constitución, y allí incluir la reelección. Es una de las tesis que más se ha difundido.
RP. ¿Cómo ha sido la reacción en las redes sociales?
RP. Por primera vez, desde que asumió el poder, creo yo, ha sido mayor la indignación y ha perdido la batalla también. Lo que más indignó a nivel internacional y también nacional, es ver a los militares detrás de los diputados apuntándoles con los fusiles o detrás de ellos con armas largas, eso indignó porque acuérdense que este es un país que vivió una guerra civil y esto había pasado hace 40 años.
RP. ¿Quedó golpeada la institucionalidad salvadoreña?
RP. Sí se tocó la institucionalidad pero no prosperó. Él dijo a un medio internacional que si él fuera un dictador se hubiera tomado el Congreso porque ya lo tenía en la mano, ya tenía el control de todo y dijo que no, creo que si lo hubiera hecho probablemente ya no estaría en la Presidencia o tendríamos un estallido social y creo que no lo hizo porque las condiciones no estaban dadas.
RP. ¿Cómo se inserta esa crisis en las crisis que vive la región?
RP. Creo que compartimos con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua que la Democracia la tenemos en crisis sobre todo por éstos que han ocupado el Estado como plataformas para servirse y no para servir. Yo he sostenido que es el peor momento para buscar la integración de Centroamérica porque, viendo los liderazgos que hay en los países, es prácticamente imposible caminar hacia una integración que es tan necesaria y urgente. Centroamérica no tiene viabilidad si no es unida pero como están las cosas lo veo muy difícil.
Bukele malinterpreta la Constitución e intenta controlar la Asamblea
febrero 9, 2020
Redaccion
Artículo de la Revista Gatoencerrado de El Salvador (aliado de CRITERIO)
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que tiene la facultad constitucional, a través de sus ministros, de convocar extraordinariamente a los diputados para que aprueben un préstamo. Constitucionalistas, consultados por GatoEncerrado, dijeron que el ejecutivo sí tiene la facultad de convocar extraordinariamente a la Asamblea, pero que esa convocatoria para el domingo 9 de febrero no cumple con los criterios de excepcionalidad. La convocatoria, por lo tanto, está basada sobre una mala interpretación de la Constitución.
El Salvador, 09 de febrero de 2020.-El presidente de la República, Nayib Bukele, estaba impaciente por comprar tres helicópteros, un buque, un sistema de videovigilancia y más equipo para policías y soldados involucrados en la fase 3 del Plan Control Territorial, con $109 millones de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Así que decidió no esperar más a los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes tienen la llave para aprobarle el préstamo. Reunió a su Consejo de Ministros, el 6 de febrero, y les propuso presionar a los legisladores a través de una convocatoria extraordinaria, con base en el numeral 7 del artículo 167 de la Constitución. Bukele aseguró que esa convocatoria es legítima, constitucional y que los diputados no tienen otra opción más que obedecer. Es más, dijo que si los diputados no llegaban a la Asamblea el domingo 9 de febrero a las 3:00 de la tarde, sería necesario que el pueblo hiciera uso de su derecho a la insurrección, contemplado en el artículo 87.
La convocatoria de Bukele, a través de sus ministros, basada en la interpretación literal de la Constitución para presionar a los diputados encaja en la definición de Engañoso, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato hace verificaciones del discurso público del ejecutivo salvadoreño.
Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consultado por GatoEncerrado; una sentencia de esa Sala; una abogada constitucionalista y el director de una organización de la sociedad civil dedicada a promover la democracia coinciden en que el presidente Bukele ha hecho uso de las facultades que le permite la Constitución, pero bajo una mala interpretación. En otras palabras: El mandatario puede recurrir, a través de sus ministros, al numeral 7 del artículo 167 de la Constitución para hacer una convocatoria extraordinaria en la Asamblea; lo que no puede hacer es basar la convocatoria en lo extraordinario sin que se cumplan los criterios de excepcionalidad.
El exmagistrado Rodolfo González de la Sala lo explica así: “El acuerdo del Consejo de Ministros es válido y nos remite al artículo 167, pero la causal o la razón que expone es porque se está desarrollando el plan Control Territorial y ya se le aprobó la primera fase y luego viene la segunda, ahora no se entiende el cambio de actitud de la Asamblea. La Asamblea, y con toda la razón del mundo, puede decir que las primeras dos partes son razonables, pero decir que gastar en buques y helicópteros y cosas de películas, la Asamblea puede decir que no están en condiciones para endeudar al país. Si alguien creyó encontrar en el artículo 167 una solución en este impasse, es peligroso”.
El exmagistrado y la abogada constitucionalista Erika Saldaña concuerdan en que los procesos de discusión para aprobar préstamos, entre otras cosas, son parte del trabajo cotidiano de la Asamblea Legislativa y que por lo tanto no existe excepcionalidad en una convocatoria para que los diputados hagan lo que hacen cotidianamente.
El año pasado, por ejemplo, la Asamblea Legislativa discutió y aprobó más de 7 préstamos distintos. Entre esos, uno de $91 millones para financiar la segunda fase del plan Control Territorial del presidente Bukele.
De acuerdo con el exmagistrado Rodolfo González, el presidente Bukele ha interpretado la Constitución de forma literal un artículo que ni siquiera debería utilizarse actualmente por haber sido concebido en una época histórica en que tenía sentido.
“Hay artículos que están en la Constitución porque son resabios de épocas pasadas o que están ahí previendo situaciones que algún día podrían darse y que no pueden dejarse en el vacío normativo, pero que todo mundo espera que no se den”, dijo el exmagistrado González, quien agregó que la literalidad en estos artículos es inadecuada.
La expresidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y abogada constitucionalista, Erika Saldaña, agregó que la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado en el pasado sobre lo inadecuado de la literalidad. “Lo que creo es que el presidente (Bukele) está dándole una interpretación literal y aislada a la norma a conveniencia”, dijo Saldaña a GatoEncerrado.
Entre la jurisprudencia de la Sala, que mencionó Saldaña, está una resolución del 24 de junio de 2019, en la que dice: “Las disposiciones constitucionales también son susceptibles de ser aplicadas al caso concreto, y para ello necesitan ser interpretadas (…) La diferencia entre la Constitución y la ley se manifiesta en el mayor grado de generalidad y abstracción que caracteriza a la norma constitucional, y que resulta no sólo del tenor literal del enunciado normativo, sino también, y sobre todo, del hecho de que forma parte de un sistema que es, por definición, amplio y abierto, pero a su vez interconectado”.
De acuerdo con ambos constitucionalistas, la Constitución actual tiene su base en la de 1962, que a su vez tiene a su base la constitución de 1950. Durante estos últimos dos periodos, la ley demandaba que la Asamblea Legislativa tuviera al menos dos convocatorias al año: el 1 de junio y el 1 de diciembre, dejando en medio períodos de suspensión de actividades legislativas. Para 1983, la situación ya había cambiado y la Asamblea Legislativa dejó de reunirse dos veces al año para estar en labores permanentes.
“Esto (el artículo 167) obedece a una época en donde la Asamblea entraba en recesos y en ese tiempo de receso se podía dar una situación excepcional, y entonces fue que las constituciones históricas comenzaron a regular que si la Asamblea no se podía reunir, ver si el consejo podía convocar como una excepción. Pero ahora nadie está esperando que eso suceda. Como es de excepción, no es para estarlo usando todos los días. Hay que entender que es una situación extraordinaria como un estado de sitio o catástrofe. Este artículo hay que interpretarlo de manera excepcional”, dijo el exmagistrado.
González también comentó que aceptar la convocatoria extraordinaria de Bukele, a través de sus ministros, puede tener consecuencias. Una de esas es que el poder ejecutivo quiera tener control sobre el legislativo.
“Si la Asamblea entra a discutirlo atendiendo la convocatoria del Consejo de Ministros se sienta un precedente peligroso, porque el ejecutivo hace su propia interpretación de las situaciones excepcionales y si la Asamblea se toma a ojos cerrados todo lo que el ejecutivo califica como excepcional puede darse esta alteración de la división de poderes”, explicó el exmagistrado.
Insistencia del presidente
Choque de poderes
El sábado 8 de diciembre, el
presidente Nayib Bukele mandó a que se colocara una tarima para la
concentración que convocó para este domingo 9 de febrero, pantallas LED y
que se desplegara a militares en todas las entradas de la Asamblea
Legislativa, con el objetivo de preparar el ambiente para presionar a
los diputados. La noche del sábado, las autoridades de la Policía
Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada se pronunciaron sobre la
importancia de la seguridad en el país y dejaron claro que su lealtad
está con el presidente Nayib Bukele.
Toda la situación tiene su origen en una solicitud de préstamo que hizo el presidente a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2019. El préstamo, del BCIE, de $109 millones tiene como propósito la financiación de la tercera fase del plan Control Territorial. Desde enero de este año, la presidencia de la República comenzó a presionar a los diputados de la Comisión de Hacienda para acelerar la discusión. Como no hubo aprobación en enero, el presidente Bukele acudió a sus ministros para hacer la convocatoria extraordinaria, con el objetivo de presionar a los diputados y que aprueben el préstamo.
Antes de los militares y de las tarimas, Bukele ya había hecho un llamado a la insurrección, enviando un mensaje claro a los diputados de que su protección depende de él. A las 11 de la noche del 7 de febrero, todas las fracciones comenzaron a denunciar y a confirmar a GatoEncerrado que los agentes asignados como su seguridad personal fueron suspendidos de sus labores bajo una orden del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Los agentes supernumerarios responden al programa de Protección de Personas Importantes (PPI) de la policía.
Arriaza hizo un llamado exclusivo a los agentes designados a los diputados a presentarse en la sede del disuelto Grupo de Reacción Policial (GRP) para entregar sus armas, mismas que les regresó al medio día del 8 de febrero para que retomaran sus labores.
Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, explicó a GatoEncerrado que a las 11:03 de la noche del 7 de febrero, cuatro agentes de la policía pasaron «recogiendo» a los agentes PPI asignados a su seguridad.
«Yo les alegue que estaban violando la ley, el decreto 572 que viene desde el 16 de junio de 1993, pero ya no pude hacer nada al insistir que era orden del director de la Policía Nacional Civil. Yo lo responsabilice a él y al presidente Nayib Bukele de cualquier cosa que nos pasara a las y los diputados”, dijo Díaz a GatoEncerrado.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, declaró en un primer momento como improcedente la convocatoria de Bukele, por considerar que invadía las atribuciones del Órgano Legislativo y llamó al diálogo. El PCN, su fracción partidaria, y el partido de gobierno Gana sí aceptaron la convocatoria hecha por Bukele. Una convocatoria inválida si el presidente de la Asamblea no accedía.
A lo largo del 8 de febrero, las fracciones dieron sus posiciones sobre el tema. Arena y el Fmln calificaron la convocatoria de Bukele como una ”ruptura del orden constitucional”. La fracción tricolor (sin los diputados Felissa Cristales, Milena Mayorga, Gustavo Escalante y Arturo Simeón Magaña) se adelantó a calificar las actuaciones de Bukele como un “autogolpe de estado en desarrollo” y pidió a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar los mecanismo establecidos en la carta democrática interamericana. Luis Almagro, secretario General de la OEA publicó en su cuenta de twitter su apoyo a la decisión de Bukele: “Mantuve conversación telefónica con Canciller de #ElSalvador @CancillerAleHT. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente @nayibbukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados”.
Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo a GatoEncerrado que el llamado de Bukele a la insurrección es irresponsable.
“Es irresponsable invocar ese artículo (87), la constitución a pesar de ser tan genérica da claves para que proceda el ejercicio del derecho a la insurrección. Dice que es solo para detener a los funcionarios que están violentado la Constitución y cuando se violente el sistema político de este gobierno, como por ejemplo si se elimina la Sala de lo Constitucional o que agentes estatales violen los derechos fundamentales. Eso sí habilita que el pueblo salga a las calles, pero no sé cuál es la base del presidente si no tiene ningún sustento jurídico”,dijo Escobar.
Carolina Recinos, comisionada presidencial de Bukele, calificó las actuaciones del gobierno como parte de la “dinámica normal del diálogo” y expresó que estas acciones impulsadas por el presidente de la República son parte del balance que debe de existir entre los poderes del Estado. “No hay crisis de gobernabilidad, ni choque entre órganos del Estado”, dijo.
El acto de valentía de Ponce duró menos de 24 horas, frente a la medición de fuerzas que Bukele desplegaba en redes sociales. Convocó a una conferencia en la noche del sábado 8 de febrero, a una sesión plenaria que no logró ser por falta de quorum, pero que quedó abierta. Solo llegaron 29 diputados. Para el domingo 9 de febrero, la convocatoria de Bukele se mantuvo en pie.
Toda la situación tiene su origen en una solicitud de préstamo que hizo el presidente a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2019. El préstamo, del BCIE, de $109 millones tiene como propósito la financiación de la tercera fase del plan Control Territorial. Desde enero de este año, la presidencia de la República comenzó a presionar a los diputados de la Comisión de Hacienda para acelerar la discusión. Como no hubo aprobación en enero, el presidente Bukele acudió a sus ministros para hacer la convocatoria extraordinaria, con el objetivo de presionar a los diputados y que aprueben el préstamo.
Antes de los militares y de las tarimas, Bukele ya había hecho un llamado a la insurrección, enviando un mensaje claro a los diputados de que su protección depende de él. A las 11 de la noche del 7 de febrero, todas las fracciones comenzaron a denunciar y a confirmar a GatoEncerrado que los agentes asignados como su seguridad personal fueron suspendidos de sus labores bajo una orden del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Los agentes supernumerarios responden al programa de Protección de Personas Importantes (PPI) de la policía.
Arriaza hizo un llamado exclusivo a los agentes designados a los diputados a presentarse en la sede del disuelto Grupo de Reacción Policial (GRP) para entregar sus armas, mismas que les regresó al medio día del 8 de febrero para que retomaran sus labores.
Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, explicó a GatoEncerrado que a las 11:03 de la noche del 7 de febrero, cuatro agentes de la policía pasaron «recogiendo» a los agentes PPI asignados a su seguridad.
«Yo les alegue que estaban violando la ley, el decreto 572 que viene desde el 16 de junio de 1993, pero ya no pude hacer nada al insistir que era orden del director de la Policía Nacional Civil. Yo lo responsabilice a él y al presidente Nayib Bukele de cualquier cosa que nos pasara a las y los diputados”, dijo Díaz a GatoEncerrado.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, declaró en un primer momento como improcedente la convocatoria de Bukele, por considerar que invadía las atribuciones del Órgano Legislativo y llamó al diálogo. El PCN, su fracción partidaria, y el partido de gobierno Gana sí aceptaron la convocatoria hecha por Bukele. Una convocatoria inválida si el presidente de la Asamblea no accedía.
A lo largo del 8 de febrero, las fracciones dieron sus posiciones sobre el tema. Arena y el Fmln calificaron la convocatoria de Bukele como una ”ruptura del orden constitucional”. La fracción tricolor (sin los diputados Felissa Cristales, Milena Mayorga, Gustavo Escalante y Arturo Simeón Magaña) se adelantó a calificar las actuaciones de Bukele como un “autogolpe de estado en desarrollo” y pidió a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar los mecanismo establecidos en la carta democrática interamericana. Luis Almagro, secretario General de la OEA publicó en su cuenta de twitter su apoyo a la decisión de Bukele: “Mantuve conversación telefónica con Canciller de #ElSalvador @CancillerAleHT. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente @nayibbukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados”.
Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dijo a GatoEncerrado que el llamado de Bukele a la insurrección es irresponsable.
“Es irresponsable invocar ese artículo (87), la constitución a pesar de ser tan genérica da claves para que proceda el ejercicio del derecho a la insurrección. Dice que es solo para detener a los funcionarios que están violentado la Constitución y cuando se violente el sistema político de este gobierno, como por ejemplo si se elimina la Sala de lo Constitucional o que agentes estatales violen los derechos fundamentales. Eso sí habilita que el pueblo salga a las calles, pero no sé cuál es la base del presidente si no tiene ningún sustento jurídico”,dijo Escobar.
Carolina Recinos, comisionada presidencial de Bukele, calificó las actuaciones del gobierno como parte de la “dinámica normal del diálogo” y expresó que estas acciones impulsadas por el presidente de la República son parte del balance que debe de existir entre los poderes del Estado. “No hay crisis de gobernabilidad, ni choque entre órganos del Estado”, dijo.
El acto de valentía de Ponce duró menos de 24 horas, frente a la medición de fuerzas que Bukele desplegaba en redes sociales. Convocó a una conferencia en la noche del sábado 8 de febrero, a una sesión plenaria que no logró ser por falta de quorum, pero que quedó abierta. Solo llegaron 29 diputados. Para el domingo 9 de febrero, la convocatoria de Bukele se mantuvo en pie.
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La última vez que hubo una convocatoria extraordinaria fue en 1986, luego del terremoto de ese año. La Asamblea Legislativa no se había podido reunir por daños en las instalaciones. El Presidente Napoleón Duarte convocó a los diputados de manera extraordinaria. La convocatoria se dio fuera del recinto habitual de la Asamblea para aprobar el Estado de emergencia y erogar fondos no presupuestarios a raíz de la emergencia provocada por el terremoto.
La Sala de lo Constitucional es la única facultada para actuar entre los choques provocados entre el órgano ejecutivo y legislativo. En El Salvador la Sala no actúa de oficio, esto quiere decir que no se pronuncia hasta que un ciudadano interponga un proceso constitucional. Existe un precedente en Guatemala cuando en 1993, el entonces presidente Jorge Serrano intentó hacer un autogolpe de Estado disolviendo el congreso e intentando manipular a la Corte Suprema y censuró a la prensa. En ese caso, la Corte constitucional de ese país actuó de oficio y declaró inconstitucional las actuaciones del presidente Serrano. Serrano abandonó el cargo 10 días después.
