Antitransparencia: el virus que matará a Honduras
marzo 23, 2020
Redaccion
El IAIP pone en suspenso el acceso a la información pública
“La emergencia no debe favorecer el oscurantismo”: Amada Ponce, directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre).Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.h
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –La gente en los barrios y colonias de las principales ciudades o en las aldeas y caseríos, poco o nada sabe de cómo se manejan los fondos en Honduras en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19). Las horas pasan y las sospechas de que algo no anda bien se evidencia en los comentarios en las redes sociales, en los chats de amigos y de las familias.
La opacidad hace que Honduras se ubique como el cuarto país más corrupto de la región latinoamericana, únicamente superado por Venezuela, Nicaragua y Guatemala, según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de 2019, presentado en enero pasado.
La falta de transparencia y rendición de cuentas profundiza los altos niveles de pobreza y exclusión social como resultado del saqueo en las arcas públicas, flagelo que se ha elevado en los últimos años y que permite que 65,000 millones de lempiras sean dilapidados cada año, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
SUPENDEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Ante la propagación del Covid-19 en Honduras se aprobó en febrero pasado una emergencia sanitaria que, además de medidas de control, contempla la aprobación sistemática de fondos de emergencia para compras y contrataciones directas y que a la fecha rondan los 500 millones de dólares (más de 12 mil millones de lempiras).
Los fondos están siendo ejecutados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), una instancia integrada por instituciones del gobierno y de la sociedad civil, que en el marco del golpe de Estado de 2009 fue creada para la ejecución y administración de los fondos que correspondan a las declaratorias de emergencia, ya sea por parte del Poder Ejecutivo o las alcaldías municipales, sin cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto, la Ley de Contratación del Estado o cualquier otra ley relacionada.
También lea: Coronavirus en Honduras: Compras inadecuadas y albergues improvisados
El manejo de los recursos está levantando suspicacias porque no existe transparencia y porque en el marco de la emergencia el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) decretó la no aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública justificando que la información fluye por parte de los oficiales de transparencia y éstos no están yendo a sus oficinas porque todas las actividades están paralizadas para evitar la propagación del coronavirus.La medida comenzó a aplicarse desde el lunes 16 de marzo, según lo dio a conocer el IAIP en un comunicado de prensa y se extendió hasta el 29 de marzo, de acuerdo con un segundo comunicado en el que se argumenta la vigencia del Decreto Ejecutivo PCM-021-2020, mediante el cual se aprobó un estado de excepción y se suspendió varios derechos fundamentales. Inexplicablemente, la suspensión de garantías involucra el derecho a la libre emisión del pensamiento.
En las Declaraciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión a nivel continental, se ha establecido que el libre acceso a la información pública es consustancial al derecho a la libre expresión, es decir no existe uno sin el otro, por lo que ante la decisión del gobierno de suprimirla, el IAIP estaba obligado a exigir la prevalencia de esta garantía, porque riesgo, emergencia y calamidad no significa renunciar a la transparencia, según la opinión de juristas.
La directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, dijo a CRITERIO que en esa organización hay mucha preocupación sobre la manera en la que el gobierno está manejando la emergencia por el Covid-19, por lo que en los últimos días y a partir de la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, el lunes 16 de marzo, ha emitido sendos comunicados y alertas.
Ponce dijo además que C-Libre le comunicó su preocupación al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Lanza emitió el 19 de marzo un comunicado haciendo un llamado para que los gobiernos apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.
Asimismo, para que proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. “Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso”, establece el relator.
El comunicado instituye que el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. “El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno”, apunta Edison Lanza.
En un Twitter, ante la decisión del gobierno de Honduras, Edison Lanza publicó: “Es el tipo de medidas desproporcionadas y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el #Covid19. Instamos a revisar la medidas”.
La defensora de la libertad de expresión dijo además que la Ley de Sinager tiene varias contradicciones porque los oficiales de acceso a la información pública pertenecen a diferentes instituciones estatales, y el Estado debió prever el mecanismo de transparencia para garantizar la información de oficio, es decir, la que debe ser expuesta sin que la gente tenga que pedirla.
A ejemplo de las falencias, Ponce señaló que no existe un plan de manejo de fondos, tampoco se ha publicado el presupuesto, ni se ha divulgado un formato o forma en que se harán las adquisiciones de acuerdo con las necesidades de la emergencia.
Señaló que, aunque los oficiales de acceso a la información pública no estén en funciones y aunque la ley de Sinager no sea clara de cómo debe ser la transparencia en el uso de los fondos, y aunque se esté en un Estado de emergencia, el Estado debe cumplir con los estándares internacionales.
“La emergencia no debe favorecer el oscurantismo”: Amada Ponce, directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre).
De su lado la periodista y precursora
de la Ley de Acceso a la Información Pública, Vilma Gloria Rosales,
considera que el IAIP, como institución responsable del cumplimiento de
la Ley de Acceso a la Información Pública, debe instar al Sinager para
que informe a la ciudadanía cómo se están gastando los fondos de
emergencia; por ejemplo, dónde se compró y a qué precio se compró el
equipo médico y de bioseguridad que dice el gobierno haber adquirido.
“En medio de la emergencia el valor de la transparencia es fundamental”, consideró Rosales y en especial en las acciones realizadas por el Sinager, que debe cumplir con el principio de ética y transparencia, establecido en el artículo 4, numeral 8, de su ley.
De momento el gobierno se ha limitado a hacer cadenas nacionales de radio y televisión, hasta en tres emisiones diarias, copando al pueblo hondureño con información vaga, específicamente de los casos positivos que se van reportando y sobre casos sospechosos y de supuestas medidas económicas y sociales a implementarse en el marco de la emergencia, pero no tiene ningún portal de trasparencia para informar sobre las compras y contrataciones y sobre otras actividades que se están ejecutando.
La información sobre el coronavirus está siendo manejada desde el sitio web https://covid19honduras.org/
También existe una clara señal de querer utilizar fondos que deberían ser para la emergencia, para otros fines, por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, apuntó la defensora de la libertad de expresión.
El gobierno hondureño ha venido confeccionando un marco legal que favorece el ocultamiento de la información pública. Para ese fin entró en vigencia el 7 de marzo de 2014 la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como Ley de Secretos Oficiales, que blinda la información en 16 instituciones del Estado.
Asimismo, la Ley de Inteligencia y los acuerdos ministeriales, 842-2018 de la Secretaría de Finanzas que declara en secreto la información relacionada a las exoneraciones fiscales y el 1402-2018 de MiAmbiente, que establece secretividad en las licencias y otros trámites ambientales.
La opacidad genera espacios que favorecen la corrupción e impiden la veeduría social y el trabajo de investigación de los medios independientes, lo que llevó a la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a pedir en reiteradas ocasiones, al Congreso Nacional, una reforma a la Ley de Secretos Oficiales, pero nunca hubo respuesta a su demanda.
En febrero pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Secretos Oficiales. La resolución se adoptó por mayoría de votos, y al no alcanzar unanimidad pasó al pleno de magistrados del Poder Judicial, sin que hasta el momento haya existido algún pronunciamiento.
Entre tanto, el portal del Congreso Nacional está inactivo desde el 18 de febrero de 2020, supuestamente, en proceso de mantenimiento.
“En medio de la emergencia el valor de la transparencia es fundamental”, consideró Rosales y en especial en las acciones realizadas por el Sinager, que debe cumplir con el principio de ética y transparencia, establecido en el artículo 4, numeral 8, de su ley.
Lo que establece el artículo 4, numeral 8 de la Ley de Sinager: ÉTICA Y TRANSPARENCIA: La ética, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas deben guiar todas las ejecutorias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Todas las acciones del Sistema deben tener la publicidad y ejecución necesaria, lo mismo que ser objeto de fiscalización y control por los sistemas de acuerdo a lo establecido en las leyes del país.CADENAS
De momento el gobierno se ha limitado a hacer cadenas nacionales de radio y televisión, hasta en tres emisiones diarias, copando al pueblo hondureño con información vaga, específicamente de los casos positivos que se van reportando y sobre casos sospechosos y de supuestas medidas económicas y sociales a implementarse en el marco de la emergencia, pero no tiene ningún portal de trasparencia para informar sobre las compras y contrataciones y sobre otras actividades que se están ejecutando.
La información sobre el coronavirus está siendo manejada desde el sitio web https://covid19honduras.org/
También existe una clara señal de querer utilizar fondos que deberían ser para la emergencia, para otros fines, por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, apuntó la defensora de la libertad de expresión.
El gobierno hondureño ha venido confeccionando un marco legal que favorece el ocultamiento de la información pública. Para ese fin entró en vigencia el 7 de marzo de 2014 la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como Ley de Secretos Oficiales, que blinda la información en 16 instituciones del Estado.
Asimismo, la Ley de Inteligencia y los acuerdos ministeriales, 842-2018 de la Secretaría de Finanzas que declara en secreto la información relacionada a las exoneraciones fiscales y el 1402-2018 de MiAmbiente, que establece secretividad en las licencias y otros trámites ambientales.
La opacidad genera espacios que favorecen la corrupción e impiden la veeduría social y el trabajo de investigación de los medios independientes, lo que llevó a la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a pedir en reiteradas ocasiones, al Congreso Nacional, una reforma a la Ley de Secretos Oficiales, pero nunca hubo respuesta a su demanda.
En febrero pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Secretos Oficiales. La resolución se adoptó por mayoría de votos, y al no alcanzar unanimidad pasó al pleno de magistrados del Poder Judicial, sin que hasta el momento haya existido algún pronunciamiento.
Lea además: Corte declara inconstitucionalidad parcial de Ley de Secretos
La falta de transparencia y de rendición de cuentas ha sido una constante en Honduras a tal grado que dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, no cuentan actualmente con un portal de transparencia que ofrezca información actualizada y relevante. En el caso de Casa Presidencial, el portal estuvo inactivo por varios meses y en la actualidad está activo, pero no brinda información, ya que la mayoría de las publicaciones reporta cero actividades relacionadas a concesiones y otras acciones de rendición de cuentas.Entre tanto, el portal del Congreso Nacional está inactivo desde el 18 de febrero de 2020, supuestamente, en proceso de mantenimiento.
Así se encuentra el portal de tranaparencia del Congreso Nacional
El Colegio de Periodistas no ha
emitido ningún comunicado oficial censurando la decisión del gobierno de
suspender esta garantía constitucional, apenas se sumaron, tímidamente,
a una iniciativa de la Asociación de Medios de Comunicación que pidió
la derogación del PCM en lo relativo al Artículo 72.
Honduras el ejemplo más evidente
Covid-19, no culpen al destino, es el capital
Por Giorgio Trucchi | 24/03/2020 | REBELIÓN
Fuentes: Rebelión
Cada
día son más los países y poblaciones que sufren los embates de la
pandemia de Covid-19. Con excepción de algunos casos, los gobiernos de
países afectados han impuesto medidas drásticas para al menos frenar el
avance y difusión del contagio. Medidas que muchas veces rozan con los
derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Blindan fronteras internas y externas, militarizan ciudades y territorios, decretan estado de excepción y toque de queda, tratando así de paliar debilidades y fallas crónicas de un sistema de salud víctima sacrificial de un modelo económico neoliberal privatizador, individualista y acaparador.
Eugenio Sosa es sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según él, la situación que se ha generado en diferentes países europeos y el pavor que se ha apoderado de su población, hizo que países como Honduras radicalizaran las medidas para enfrentar a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los altos índices de desigualdad que existen en la inmensa mayoría de países latinoamericanos generan impactos muy diferentes en la población.
Quien sufre más estas medidas draconianas son las franjas más frágiles de la población, cuyos derechos han sido cercenado año tras año, ley tras ley, medida económica tras medida económica. Ahora, como por arte de magia, para millones de desamparados y excluidos hasta está en peligro su propia supervivencia.
“Honduras es uno de los países de mayor desigualdad, miseria y exclusión del continente latinoamericano. Cuando el gobierno decreta cuarentena total y toque de queda, la inmensa mayoría de la población queda en el desamparo. Son todas aquellas familias que sobreviven de la economía informal, del trabajo precario, que a duras penas logran garantizar el sustento diario”, dijo.
Honduras desigual
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pobreza afecta en promedio al 61.9% de hogares, de los cuales el 38.7% viven en pobreza extrema. Estos datos se elevan en la zona rural donde la pobreza golpea al 70.3% de hogares y la pobreza extrema al 58.9%. Si revisamos el cuadro de personas que viven en hogares por nivel de pobreza vemos que el nivel de indigencia se dispara al 67.1% (casi 6 millones de personas) y la pobreza extrema afecta al 42.9% (3,8 millones). En el área rural, pobreza y pobreza extrema castigan al 73.8% y 62.6% de personas respectivamente (Alba Sud 2019).
El estudio “Diagnóstico del trabajo” del Banco Mundial evidencia que un 58% de los empleos en Honduras todavía son informales, uno de los niveles más altos en América Latina y el Caribe. La informalidad laboral afecta tanto al “empleo por cuenta propia”, como al trabajo asalariado (41%). En especial, las mujeres son las que más sufren esta situación: solamente un 47% de las hondureñas en edad de trabajar tienen un empleo, muy frecuentemente informal.
Siempre el INE señala que en Honduras el número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo visible e invisible es de casi 2.8 millones, es decir el 66% de la Población Económicamente Activa (PEA). El subempleo invisible [1] alcanza casi los 2 millones de personas. Según el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), en los últimos años el empleo informal en Honduras se ha incrementado en más del 160 por ciento.
La institución que coordina la generación de agregados estadísticos oficiales calcula que en 2019 la PEA sumó un poco más de 4.2 millones de personas, es decir un 46.1% de la población total del país (9.2 millones).
Para Eugenio Sosa, las medidas radicales implementadas por el gobierno hondureño van a generar una situación explosiva. Lo mismo va a pasar en los países de la región donde hay altos niveles de pobreza y desigualdad. “Si el gobierno no adopta medidas diferenciadas para estos sectores la gente va a salir a las calles a buscar qué comer. Esto va a desencadenar una reacción extremadamente represiva y la sociedad va a convulsionarse”.
Es por esto que expertos y expertas de derechos humanos de la ONU urgieron a los Estados a “evitar extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de coronavirus” y les recordaron que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia “no deben ser utilizados para anular el disenso (…) y que cualquier respuesta de emergencia debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.
Emergencia y corrupción
Otro elemento que preocupa al sociólogo hondureño es el uso discrecional que hará el gobierno de la suma multimillonaria aprobada por el Congreso para enfrentar la emergencia.
“Son 420 millones de dólares que podrán ser usados de manera totalmente discrecional para, dicen, construir hospitales y centros de salud. En un país como Honduras, con una institucionalidad muy débil y con un sinnúmero de casos de corrupción que han quedado en la impunidad – recordemos el saqueo de casi 330 millones de dólares del Seguro Social – esta medida ha generado muchas preocupaciones.
Quiere decir -continuó Sosa- contratos sin licitación, contratación de personal sin vigilancia de procesos de selección, tercerización y privatización de servicios. También retoma aquella Ley Marco de Protección Social que el año pasado generó las grandes protestas de médicos y maestros.
Pero esto va más allá, porque una convulsión social en un año preelectoral hasta podría gestar escenarios de continuismo político”, advirtió Sosa.
Es el capital
Para el catedrático no hay duda alguna de que esta crisis hunde sus raíces en la implementación y profundización de un modelo económico basado en el egoísmo, el individualismo, la exclusión y la concentración de riqueza. Un modelo neoliberal acaparador y depredador que ha arrasado con el Estado de Bienestar, ha saqueado territorios y bienes comunes, ha convertido los servicios esenciales en mercancía, barriendo barrido derechos fundamentales y arrancando a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas el sueño de una vida digna y un futuro mejor.
“¿Por qué hasta ahora se preocupan en invertir en salud? Han arrasado con todo y ahora nos encontramos en una situación donde no hay capacidad de respuesta ante una emergencia tan grande como es la pandemia del coronavirus. Corren como locos a pedir recursos sin involucrar a la sociedad, sin diferenciar medidas, sin rendición de cuenta, potenciando prácticas autoritarias y clientelares tradicionales”.
Sosa dijo estar preocupado también por el uso político que ciertos gobiernos podrían darle a la crisis sanitaria.
“Tampoco me sorprendería que la convulsión que se está dando en América Latina sea aprovechada tanto por los gobiernos satélites de Estados Unidos para militarizar, criminalizar y judicializar aún más a defensores y movimientos sociales y populares que no han parado de denunciar y luchar contra la corrupción, la impunidad y este modelo depredador, como por Washington y la OEA para profundizar el ataque sistemático contra aquellos gobiernos que no se doblegan ante sus políticas e imposiciones. Esta crisis puede convertirse en un caldo de cultivo para acallar voces críticas y potenciar prácticas dictatoriales”.
Para el sociólogo hondureño, las secuelas de la pandemia para países como Honduras son impredecibles, sin embargo algo diferente es posible.
“Ya tenemos ejemplos de países, como Cuba o Venezuela por ejemplo, que han decidido enfrentar la emergencia apartándose de un modelo individualista y manteniendo su visión solidaria. Esto nos hace pensar que algo diferente es posible.
Dos son los elementos para potenciar los procesos de emancipación y lucha: el primero es reafirmar con fuerza que lo que estamos viendo es una crisis de la sociedad capitalista que, frente a la pandemia, lo único que sabe plantear es el ‘sálvense quien pueda’. El segundo es que hay otro modelo que plantea el involucramiento de la sociedad, la participación ciudadana, la solidaridad interna y externa con quienes más necesitan.
También es una exhortación, una estimulación a los movimientos sociales y populares a profundizar el análisis de la relación crisis-modelo económico, proponiendo un nuevo modelo de salud, de desarrollo, de convivencia, y luchando por ello”, concluyó Sosa.
Nota:
[1] Personas que trabajan 40 o más horas pero que reciben un ingreso por debajo del salario mínimo vital
Blindan fronteras internas y externas, militarizan ciudades y territorios, decretan estado de excepción y toque de queda, tratando así de paliar debilidades y fallas crónicas de un sistema de salud víctima sacrificial de un modelo económico neoliberal privatizador, individualista y acaparador.
Eugenio Sosa es sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según él, la situación que se ha generado en diferentes países europeos y el pavor que se ha apoderado de su población, hizo que países como Honduras radicalizaran las medidas para enfrentar a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los altos índices de desigualdad que existen en la inmensa mayoría de países latinoamericanos generan impactos muy diferentes en la población.
Quien sufre más estas medidas draconianas son las franjas más frágiles de la población, cuyos derechos han sido cercenado año tras año, ley tras ley, medida económica tras medida económica. Ahora, como por arte de magia, para millones de desamparados y excluidos hasta está en peligro su propia supervivencia.
“Honduras es uno de los países de mayor desigualdad, miseria y exclusión del continente latinoamericano. Cuando el gobierno decreta cuarentena total y toque de queda, la inmensa mayoría de la población queda en el desamparo. Son todas aquellas familias que sobreviven de la economía informal, del trabajo precario, que a duras penas logran garantizar el sustento diario”, dijo.
Honduras desigual
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pobreza afecta en promedio al 61.9% de hogares, de los cuales el 38.7% viven en pobreza extrema. Estos datos se elevan en la zona rural donde la pobreza golpea al 70.3% de hogares y la pobreza extrema al 58.9%. Si revisamos el cuadro de personas que viven en hogares por nivel de pobreza vemos que el nivel de indigencia se dispara al 67.1% (casi 6 millones de personas) y la pobreza extrema afecta al 42.9% (3,8 millones). En el área rural, pobreza y pobreza extrema castigan al 73.8% y 62.6% de personas respectivamente (Alba Sud 2019).
El estudio “Diagnóstico del trabajo” del Banco Mundial evidencia que un 58% de los empleos en Honduras todavía son informales, uno de los niveles más altos en América Latina y el Caribe. La informalidad laboral afecta tanto al “empleo por cuenta propia”, como al trabajo asalariado (41%). En especial, las mujeres son las que más sufren esta situación: solamente un 47% de las hondureñas en edad de trabajar tienen un empleo, muy frecuentemente informal.
Siempre el INE señala que en Honduras el número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo visible e invisible es de casi 2.8 millones, es decir el 66% de la Población Económicamente Activa (PEA). El subempleo invisible [1] alcanza casi los 2 millones de personas. Según el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), en los últimos años el empleo informal en Honduras se ha incrementado en más del 160 por ciento.
La institución que coordina la generación de agregados estadísticos oficiales calcula que en 2019 la PEA sumó un poco más de 4.2 millones de personas, es decir un 46.1% de la población total del país (9.2 millones).
Para Eugenio Sosa, las medidas radicales implementadas por el gobierno hondureño van a generar una situación explosiva. Lo mismo va a pasar en los países de la región donde hay altos niveles de pobreza y desigualdad. “Si el gobierno no adopta medidas diferenciadas para estos sectores la gente va a salir a las calles a buscar qué comer. Esto va a desencadenar una reacción extremadamente represiva y la sociedad va a convulsionarse”.
Es por esto que expertos y expertas de derechos humanos de la ONU urgieron a los Estados a “evitar extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de coronavirus” y les recordaron que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia “no deben ser utilizados para anular el disenso (…) y que cualquier respuesta de emergencia debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.
Emergencia y corrupción
Otro elemento que preocupa al sociólogo hondureño es el uso discrecional que hará el gobierno de la suma multimillonaria aprobada por el Congreso para enfrentar la emergencia.
“Son 420 millones de dólares que podrán ser usados de manera totalmente discrecional para, dicen, construir hospitales y centros de salud. En un país como Honduras, con una institucionalidad muy débil y con un sinnúmero de casos de corrupción que han quedado en la impunidad – recordemos el saqueo de casi 330 millones de dólares del Seguro Social – esta medida ha generado muchas preocupaciones.
Quiere decir -continuó Sosa- contratos sin licitación, contratación de personal sin vigilancia de procesos de selección, tercerización y privatización de servicios. También retoma aquella Ley Marco de Protección Social que el año pasado generó las grandes protestas de médicos y maestros.
Pero esto va más allá, porque una convulsión social en un año preelectoral hasta podría gestar escenarios de continuismo político”, advirtió Sosa.
Es el capital
Para el catedrático no hay duda alguna de que esta crisis hunde sus raíces en la implementación y profundización de un modelo económico basado en el egoísmo, el individualismo, la exclusión y la concentración de riqueza. Un modelo neoliberal acaparador y depredador que ha arrasado con el Estado de Bienestar, ha saqueado territorios y bienes comunes, ha convertido los servicios esenciales en mercancía, barriendo barrido derechos fundamentales y arrancando a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas el sueño de una vida digna y un futuro mejor.
“¿Por qué hasta ahora se preocupan en invertir en salud? Han arrasado con todo y ahora nos encontramos en una situación donde no hay capacidad de respuesta ante una emergencia tan grande como es la pandemia del coronavirus. Corren como locos a pedir recursos sin involucrar a la sociedad, sin diferenciar medidas, sin rendición de cuenta, potenciando prácticas autoritarias y clientelares tradicionales”.
Sosa dijo estar preocupado también por el uso político que ciertos gobiernos podrían darle a la crisis sanitaria.
“Tampoco me sorprendería que la convulsión que se está dando en América Latina sea aprovechada tanto por los gobiernos satélites de Estados Unidos para militarizar, criminalizar y judicializar aún más a defensores y movimientos sociales y populares que no han parado de denunciar y luchar contra la corrupción, la impunidad y este modelo depredador, como por Washington y la OEA para profundizar el ataque sistemático contra aquellos gobiernos que no se doblegan ante sus políticas e imposiciones. Esta crisis puede convertirse en un caldo de cultivo para acallar voces críticas y potenciar prácticas dictatoriales”.
Para el sociólogo hondureño, las secuelas de la pandemia para países como Honduras son impredecibles, sin embargo algo diferente es posible.
“Ya tenemos ejemplos de países, como Cuba o Venezuela por ejemplo, que han decidido enfrentar la emergencia apartándose de un modelo individualista y manteniendo su visión solidaria. Esto nos hace pensar que algo diferente es posible.
Dos son los elementos para potenciar los procesos de emancipación y lucha: el primero es reafirmar con fuerza que lo que estamos viendo es una crisis de la sociedad capitalista que, frente a la pandemia, lo único que sabe plantear es el ‘sálvense quien pueda’. El segundo es que hay otro modelo que plantea el involucramiento de la sociedad, la participación ciudadana, la solidaridad interna y externa con quienes más necesitan.
También es una exhortación, una estimulación a los movimientos sociales y populares a profundizar el análisis de la relación crisis-modelo económico, proponiendo un nuevo modelo de salud, de desarrollo, de convivencia, y luchando por ello”, concluyó Sosa.
Nota:
[1] Personas que trabajan 40 o más horas pero que reciben un ingreso por debajo del salario mínimo vital
En manos del gobierno la suspensión de trabajadores por emergencia del coronavirus
marzo 23, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-“La responsabilidad de suspender empleados recae sobre las espaldas del ministro del Trabajo, el señor debe apretarse los pantalones, pues de él depende aprobar o denegar la solicitud de suspensión”, aseguró Joel Almendares, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).
A la queja del dirigente sindical se suma la denuncia de los trabajadores de una franquicia de comidas rápidas que han referido que los propietarios de estos negocios les han notificado una suspensión por un periodo de 120 días.
De acuerdo al artículo 101 del Código del Trabajo de Honduras, “si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono”.
Al respecto Almendares expresó que a los empresarios se les olvida el lucro que obtienen a costa del trabajo de sus empleados y que “en la primera de cambio, se echan para atrás y cómo es posible que esta drástica decisión la tomen de entrada, estas son medidas posteriores y no a priori”.
Por su parte el titular de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, Carlos Madero, indicó que dentro de la normativa nacional se detallan claramente las causas para una suspensión, así como los tiempos contemplados para realizar dicha acción.
“En el capítulo séptimo del articulo 99 al 102 se detallan con claridad las causas, los plazos y el procedimiento estipulado, incluso, para proceder a una suspensión laboral (…) en el contexto actual de emergencia sanitaria a nivel mundial, es decir un factor externo”, precisó Madero.
Según los artículos mencionados por el funcionario, el empleador está en la obligación de avisar por escrito a los empleados 30 días antes de iniciada la suspensión, si no cumple con esto deberá indemnizar a los trabajadores con 30 días de salario. De igual manera deberá enviar copia del aviso a la Secretaria del Trabajo para que el ministro apruebe o no la suspensión.
Artículo 102 del Código del Trabajo: “En los casos previstos en el presente artículo el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores”.
La suspensión debe ser la última medida a tomar
En reacción a este panorama de desempleo por suspensiones o despidos directos, el representante de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, manifestó que “debe buscarse la forma de mantener el empleo, hay que analizar soluciones viables, pero no debe ser la suspensión la primera medida para enfrentar una crisis económica, producto de una crisis sanitaria”.
Barquero aseveró que el fin de semana se realizó una reunión integral con los representantes de diferentes cámaras de comercio del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y organizaciones de la sociedad civil a fin de poder estructurar un plan para evitar el colapso económico en consecuencia de las medidas gubernamentales implementadas supuestamente para evitar la propagación del Covid-19 en Honduras.
Derecho al trabajo
“El derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”, según el pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), del cual Honduras es firmante.
En Honduras el gobierno a través del Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 que declara estado de excepción con toque de queda a nivel nacional, esta medida impuesta es la que hoy mantiene en “zozobra a la clase trabajadora”, de acuerdo al representante de la CUTH.
Al respecto la CUTH, publicó un pronunciamiento mediante el cual señala que la actual situación de emergencia sanitaria “pone en situación de alta vulnerabilidad económica, por lo que requerimos la asistencia especial del Estado quien debe garantizar la protección económica y de seguridad social de nuestros medios de subsistencia”.
marzo 21, 2020
Tegucigalpa.-“La responsabilidad de suspender empleados recae sobre las espaldas del ministro del Trabajo, el señor debe apretarse los pantalones, pues de él depende aprobar o denegar la solicitud de suspensión”, aseguró Joel Almendares, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).
Noticia Relacionada: Medidas anunciadas por el gobierno solo favorecen al sector formal de la economía
Almendares, denunció que las empresas maquiladoras Southern Apparel y New Holland, ubicadas en la zona norte iniciaron con el trámite de suspensión de casi nueve mil empleados sin goce de sueldo, durante cuatro meses en consecuencia de la actual emergencia sanitaria por el Covid-19 que mantiene a los hondureños en “estado de excepción”.A la queja del dirigente sindical se suma la denuncia de los trabajadores de una franquicia de comidas rápidas que han referido que los propietarios de estos negocios les han notificado una suspensión por un periodo de 120 días.
De acuerdo al artículo 101 del Código del Trabajo de Honduras, “si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono”.
Al respecto Almendares expresó que a los empresarios se les olvida el lucro que obtienen a costa del trabajo de sus empleados y que “en la primera de cambio, se echan para atrás y cómo es posible que esta drástica decisión la tomen de entrada, estas son medidas posteriores y no a priori”.
Por su parte el titular de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, Carlos Madero, indicó que dentro de la normativa nacional se detallan claramente las causas para una suspensión, así como los tiempos contemplados para realizar dicha acción.
“En el capítulo séptimo del articulo 99 al 102 se detallan con claridad las causas, los plazos y el procedimiento estipulado, incluso, para proceder a una suspensión laboral (…) en el contexto actual de emergencia sanitaria a nivel mundial, es decir un factor externo”, precisó Madero.
Según los artículos mencionados por el funcionario, el empleador está en la obligación de avisar por escrito a los empleados 30 días antes de iniciada la suspensión, si no cumple con esto deberá indemnizar a los trabajadores con 30 días de salario. De igual manera deberá enviar copia del aviso a la Secretaria del Trabajo para que el ministro apruebe o no la suspensión.
Artículo 102 del Código del Trabajo: “En los casos previstos en el presente artículo el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores”.
La suspensión debe ser la última medida a tomar
En reacción a este panorama de desempleo por suspensiones o despidos directos, el representante de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, manifestó que “debe buscarse la forma de mantener el empleo, hay que analizar soluciones viables, pero no debe ser la suspensión la primera medida para enfrentar una crisis económica, producto de una crisis sanitaria”.
Barquero aseveró que el fin de semana se realizó una reunión integral con los representantes de diferentes cámaras de comercio del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y organizaciones de la sociedad civil a fin de poder estructurar un plan para evitar el colapso económico en consecuencia de las medidas gubernamentales implementadas supuestamente para evitar la propagación del Covid-19 en Honduras.
Derecho al trabajo
“El derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”, según el pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), del cual Honduras es firmante.
En Honduras el gobierno a través del Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 que declara estado de excepción con toque de queda a nivel nacional, esta medida impuesta es la que hoy mantiene en “zozobra a la clase trabajadora”, de acuerdo al representante de la CUTH.
Al respecto la CUTH, publicó un pronunciamiento mediante el cual señala que la actual situación de emergencia sanitaria “pone en situación de alta vulnerabilidad económica, por lo que requerimos la asistencia especial del Estado quien debe garantizar la protección económica y de seguridad social de nuestros medios de subsistencia”.
Análisis | El manejo de la crisis del covid-19 en un contexto de desigualdad y las amenazas a la transparencia y la democracia
Por Redacción
Foto: La Prensa
Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD
21 de marzo de 2020
En el 2020 la humanidad está
experimentando una de las crisis más grandes durante la época moderna,
debido a la pandemia del COVID-19 ó coronavirus. Esta pandemia entró
oficialmente a Honduras el 11 de marzo con la confirmación del primer
caso como positivo. El gobierno empezó a tomar medidas radicales, que
han tomado la trayectoria siguiente:
-
- 11 de marzo: gobierno declara oficialmente la presencia del COVID-19 en Honduras, a través de los dos primeros casos confirmado como positivos[1].
- 13 de marzo: el Congreso Nacional aprueba la Ley de aceleración económica y protección social que “inyecta” 420 millones de dólares para el sector salud y el manejo de la emergencia del coronavirus.
- 15 de marzo: se dio a conocer que en el país había seis casos confirmados de COVID-19 y el gobierno toma la decisión de suspender labores por un periodo de 7 días (del 16 – 20 de marzo de 2020) tanto en el sector público como en el privado. Ese mismo día se cerraron fronteras para tránsito de personas en fronteras, terminales aéreas y marítimas[2].
- 16 de marzo: se pasa de seis a ocho casos, se declara Estado de sitio o toque de queda en las ciudades de Distrito Central, Choluteca, y la Ceiba[3].
- 17 de marzo: se pasa de 8 a nueve casos. Se declaró Estado de sitio o toque de queda en todo el territorio nacional y de manera absoluta en Distrito Central, Choluteca, Ceiba y San Pedro Sula[4].
- 17 de marzo: gobierno propone las primeras medidas económicas para enfrentar la crisis del COVID-19[5]. 1) Congelamiento de precios de todos los productos de la canasta básica. 2) Apoyo a través de BANHPROVI para congelar por tres meses las cuotas en financiamientos a PYMES, comercio, sector agrícola, turismo, entre otros, sin que esto afecte su récord crediticio. Esto significa un impacto de 500 millones de lempiras para BANHPROVI. 3) Colocación de 293 millones de lempiras para nuevos financiamientos del programa de vivienda El Sueño de Ser Dueño. Estos 293 millones de lempiras generarán 1,000 empleos directos y otros indirectos una vez que salgamos de esta emergencia. 4) Habilitación de líneas de financiamientos directas a bancos, cooperativas, micro financieras y cajas rurales, a fin de hacer más expeditos la utilización de los 2,500 millones de lempiras a través del programa Agro crédito. 5) Habilitación de 51 millones de lempiras a través de Crédito Solidario para beneficiar a 5,000 emprendedores una vez que la emergencia nos permita reiniciar la actividad comercial.
- 18 de marzo: se pasa de 09 a 12 casos positivos de COVID-19[6], se reafirman las medidas de Estado de sitio en todo el territorio nacional y de manera absoluta en Distrito Central, Choluteca, Ceiba y San Pedro Sula. Para el 18 en la tarde y el 19 se habilita la atención en el sistema financiero, supermercados y farmacias, con la excepción para San Pedro Sula.
- 19 de marzo: se pasa de 12 a 24 casos, continúa el Estado de sitio en todo el territorio nacional y absoluto en las ciudades y municipios y departamentos que tienen casos positivos[7].
- 20 de marzo: no se presentan nuevos casos de COVID-19 y Honduras se mantiene con 24 casos positivos. Se declara toque de queda absoluto en todo el territorio nacional el cual estará vigente hasta el 29 de marzo de 2020[8].
- 20 de marzo: en cadena nacional el gobierno anuncia las medidas económicas siguientes: 1) A partir del día miércoles 25 de marzo, se van a suministrar alimentos básicos por 30 días a 800 mil familias, se espera beneficiar a 3.2 millones de hondureños. 2) Se asignaron 200 millones de lempiras en asistencia técnica para productores en el Corredor Seco para garantizar que no caiga su productividad. 3) Asignación de un bono de solidaridad productiva a 190 mil pequeños productores para que dispongan de insumos agrícolas para la producción de frijol, maíz, arroz, hortaliza, frutas, entre otros. 4) Autorización al sector agrícola, agroindustrial, agroexportador y distribuidor de alimentos a operar normalmente sin restricciones, debiendo cada empresa garantizar las medidas de seguridad a los empleados. 5) A pesar de que están cerrados al público los mercados de abasto, se han autorizado a los locatarios para que puedan surtir y llevar a las pulperías y mercados y brindar servicio a domicilio[9].
A continuación, se presentan algunos
puntos críticos del manejo político que el gobierno de Juan Orlando
Hernández está haciendo de la crisis de la pandemia COVID-19.
- Los que siempre se llevan la peor parte: los desiguales, los pobres y los excluidos.
Siguiendo los expertos en este tipo de
pandemias y el ejemplo de otros países, Honduras ha tomado el Estado de
sitio o toque de queda como la medida que garantiza que la población se
quede en casa, como la forma más eficiente para evitar el contagio o
trasmisión acelerada. Esto está funcionando en países como Alemania e
Inglaterra y se supone que fue el principal error que cometió Italia y
España, al obviar en los primeros momentos de la crisis esta medida. Se
trata de la medida de la cuarentena, ¿pero que implica la cuarentena
para países como Honduras con más del 60% de hogares en situación de
pobreza, desigualdad y excusión, que sobreviven con lo que pueden
conseguir cada día? Estas son las personas que no tienen cuentas
bancarias, tarjetas de crédito y que no realizan transacciones online.
¿Cuál es el rostro de estas personas? Se trata de las personas que
venden en los mercados, de los motoristas de taxis y buses, de los
vendedores en la calle, de las señoras que hacen tortillas y las venden
casa por casa en las diferentes colonias, y de muchos otros rostros
similares.
En estas personas la cuarentena tiene
consecuencias sociales demoledoras que profundizan su situación de
pobreza, desigualdad y exclusión. Los miles de niños y niñas del sistema
educativo público no tienen ninguna posibilidad, con este sistema
educativo público precario, de continuar su proceso educativo desde sus
casas. ¿Qué políticas de manejo de la pandemia diferenciadas para este
sector tiene el Estado? Se han propuesto medidas económicas como la
distribución de alimentos, que podrá paliar un poco la crisis, pero que
no logran ser sostenibles en un contexto de desigualdad profunda como el
nuestro.
Para la multitud de los desiguales,
pobres y excluidos, si la cuarentena se prolonga por mucho tiempo
entrará en desesperación y desobedecerá el Estado sitio, como ya se han
presentado algunos indicios en los mercados Ante esta situación, que
hará el Gobierno de Juan Orlando Hernández, lo más seguro que actuará
con la fuerza, con militarización y altos niveles de represión, como ya
lo ha hecho en otro tipo de crisis, como la crisis política
post-elecciones tras el fraude electoral con el que llegó a la
presidencia de la república, el 26 de noviembre de 2017.
En la línea de reflexión anterior, toman
sentido las palabras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos quien recordó que los Estados deben
observar los principios de proporcionalidad y necesidad en la
implementación de restricciones a derechos fundamentales en los estados
de excepción e instó al Estado de Honduras a revisar las restricciones
establecidas a la libertad de expresión y a la prohibición de la
comunicación por más de 24 horas, garantizando que las medidas
implementadas sean las estrictamente necesarias para atender la
emergencia sanitaria del COVID 19[10].
- La corrupción y el desmontaje del Estado social.
Con los casos presentados hasta ahora,
24 al momento de redactar estas líneas, está lejos, todavía, de ser
sometido a prueba el sistema de salud y toda la institucionalidad
estatal. La precariedad del sistema de salud es tal, que según Osmín
Tovar, director de Atención Integral en Salud del Hospital Escuela, “si
Honduras pasa los 32 casos de enfermedad por coronavirus será difícil
atender a los demás después de esta cifra en el sistema de salud del
país”[11]
. Este es el costo de las políticas neoliberales de los gobiernos de
Honduras, que han desmontado el Estado social a través de la reducción
del presupuesto público y por medio de la corrupción.
El viernes 13 de marzo, el Congreso
Nacional aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección
Social frente a los efectos del coronavirus. La ley consiste en la
inyección de 420 millones de dólares (más de 10,000 millones de
lempiras) que serán distribuidos en la construcción de una red
hospitalaria de 94 centros de atención de salud en todo el país, desde
unidades básicas hasta construir 11 hospitales, así como la contratación
de personal médico y la implementación de plataformas de mitigación
económica ante el impacto que pueda generar la emergencia del
coronavirus. La red hospitalaria será creada con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo de Pensiones del Instituto
de Seguridad Social, IHSS, el cual pondrá este presupuesto en garantía
en el fideicomiso para poner en marcha el plan. Las clínicas deberán
estar listas en un plazo de 6 meses y los hospitales en 12 meses en un
60%[12].
En consecuencia, la Ley de Aceleración
Económica y Protección Social: a) permite las contrataciones directas
sin límite alguno, por lo que es un cheque en blanco para que el Poder
Ejecutivo haga contrataciones y compras directas de manera
discrecional, sin seguir lo que establece la ley de contratación del
Estado y sin establecer mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas; b) admite la contratación de personal sin vigilancia y procesos
de transparente selección, lo que es una clara estrategia de
clientelismo político del partido en el gobierno; c) abre el camino a la
tercerización y privatización de los servicios de salud; d) faculta a
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a ejecutar fondos millonarios y
al manejo de fundaciones del sistema hospitalario; e) retoma la
aplicación de la Ley Marco de Protección Social; f) pone en riesgo el
fondo de pensiones del IHSS, específicamente el fondo de vejez y muerte,
sin haber hecho la debida socialización[13].
El manejo de estos miles de millones de
lempiras con este tipo de leyes y en el contexto de crisis como la
provocada por la pandemia del coronavirus, siempre constituyen riesgos
para que una gran parte de los mismos vaya a parar a las cuentas
particulares de quienes integran las redes de corrupción e impunidad en
Honduras. Además, no se ha permitido proceso de directos de auditoría
social por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
El desmontaje del Estado social también
está relacionado con los bajos presupuestos asignados. Así las cosas,
tanto en salud como en educación, el presupuesto se ha reducido o se ha
estancado. En el 2010 el presupuesto de educación representó el 32% del
presupuesto nacional y para el 2019 se redujo al 11%. Mientras que en el
caso de salud fue de 14.7% en el 2010 y para el 2019 se redujo a 5.6%[14].
Contrario a lo que pasa en educación y salud, se incrementa de manera
sistemática los presupuestos de los sectores de Defensa y Seguridad. El
presupuesto de Seguridad y Defensa Juntos en el 2010 era de casi 6 mil
millones de lempiras y para el 2017 llegó a 16 mil millones de lempiras[15].
- Ausencia de suficiente equipo de bioseguridad.
A los anteriores puntos críticos se
agrega la ausencia de suficiente equipo de bioseguridad para la
protección de los trabajadores de la salud. Varios médicos internistas
de diferentes universidades han tenido que abandonar los hospitales por
la falta de equipo de protección. A pesar de que Honduras contó con el
tiempo suficiente para prepararse, el gobierno fue incapaz de garantizar
de manera temprana hasta lo más mínimo como el abastecimiento de
mascarillas y gel antiséptico.
- La profundización del clientelismo político y el giro hacia un populismo dictatorial.
Como puede observarse en la cronología
de entrada a este artículo, el gobierno anunció el 20 de marzo, un
paquete de medidas económicas relacionadas con el suministro de
alimentos a más de tres millones de personas (una réplica de la bolsa
solidaria), asistencia técnica a los productores, bono de solidaridad
para los pequeños productores, libertad de movilización del sector
agrícola, agroindustrial, agroexportador y distribuidor de alimentos y
movilización libre de los locatarios de los mercados para que puedan
abastecer las pulperías[16].
Las medidas anteriores se suman a otras
ya tomadas como congelamiento de los productos de la canasta básica,
utilizar los recursos de BANHPROVI para congelar las cuotas de
financiamiento en el sector agrícola, turismo, pequeñas empresas, entre
otros. Colocación de 293 millones de lempiras para nuevos
financiamientos en vivienda, habilitación de financiamientos directos a
bancos, cooperativas y cajas rurales orientados a utilizar 2,500
millones de lempiras y habilitación de 51 millones de lempiras para
créditos solidarios a emprendedores[17].
Estos paquetes de medidas económicas
suenan coherentes con la crisis de la pandemia, para garantizar el
acceso a la alimentación evitando el desabastecimiento. Sin embargo, el
conjunto de las medidas económicas implica miles de millones de
lempiras, que, manejados en contextos de debilidad institucional,
opacidad y con una larga historia de ausencia de rendición de cuentas,
el riesgo de que se convierta en un “festín” de corrupción es real. A lo
anterior hay que agregar, que la ausencia de transparencia y rendición
de cuentas también favorece el clientelismo político en un contexto
pre-electoral. De manera general, la ausencia de transparencia y de
rendición de cuentas también puede allanar el camino para un giro
político dictatorial populista.
De alguna manera se ha puesto en
discusión las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19. Honduras
ya tenía para el 2020 una tendencia hacia la reducción de la Inversión
Extranjera Directa y el estancamiento en el crecimiento económico, que
con la crisis del COVID-19 se profundizará. Sin embargo, algo que no se
está discutiendo son las consecuencias políticas. En sociedades como la
hondureña, con espacios democráticos restringidos y limitados, con
Estado de Derecho precario o casi inexistente, con gobiernos vaciados de
legitimidad y tendencias autoritarias y dictatoriales, las crisis
conllevan en sus extrañas la amenaza de grandes retrocesos democráticos.
[1] https://www.laprensa.hn/
[2] https://www.laprensa.hn/
[3] https://covid19honduras.org/?
[4] https://covid19honduras.org/?
[5] http://www.conatel.gob.hn/
[6] https://covid19honduras.org/?
[7] https://covid19honduras.org/?
[8] https://www.oncenoticias.hn/a-
[9] https://covid19honduras.org/?
[10]
Mensaje de la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, 18 de marzo del
2020.
[11] https://www.laprensa.hn/
[12]
Cronología. En medio de la pandemia global COVID-19, se fortalecen
prácticas opacas en la utilización de los recursos públicos. Periodo del
01 al 15 de marzo del 2020. https://cespad.org.hn/2020/03/
[13]
Cronología. En medio de la pandemia global COVID-19, se fortalecen
prácticas opacas en la utilización de los recursos públicos. Periodo del
01 al 15 de marzo del 2020. https://cespad.org.hn/2020/03/
[14] Fuente: presupuestos generales de la republica publicados en diario oficial la gaceta 2010-2019.
[15] CESPAD. Defensa y seguridad en Honduras: Hacia una agenda de reformas democráticas. Informe final. Julio 2019.
[16]
Gobierno de la República de Honduras. Segundo paquete de medidas
económicas para enfrentar crisis COVID-19 y garantizar la seguridad
alimentaria en Honduras. Viernes 20 de marzo 2020, 7.00pm. Mensaje a la
nación por cadena de radio y televisión, presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado.
[17]
Gobierno de la República de Honduras. Segundo paquete de medidas
económicas para enfrentar crisis COVID-19 y garantizar la seguridad
alimentaria en Honduras. Viernes 20 de marzo 2020, 7.00pm. Mensaje a la
nación por cadena de radio y televisión, presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado.
Desorden gubernamental en manejo de la información
- 23/03/2020
La vocera de la Secretaría de Salud, Roxana Araujo, dijo que el gobierno tendrá que extender las medidas extremas.
Un paciente del sexo masculino murió en las últimas horas en el
Hospital Regional Atlántida. Dicha persona estaba aislado en sala de
atención para personas con coronavirus. Se trata de Gary Enrique
Castillo, de 44 años, que había regresado al país procedente de las
Islas Caimán.
“Ese es un caso muy particular. Esa persona vino del Gran Caimán, tuvo un trauma en uno de sus tobillos, fue ingresado en un hospital allá. En ese hospital fallece una persona italiana por Covid pero el hospital decide egresar a sus pacientes para hacer el proceso de desinfección, y es allí cuando él regresa al país”, dijo en Radio Progreso la doctora Roxana Araujo, portavoz de la Secretaría de Salud para temas del Covid-19.
Según Araujo, el paciente no sabía que era diabético porque tuvo una complicación y fue ingresado en un estado crítico, delicado y con problemas de insuficiencia renal y un foco pulmonar que le provoca el distrés respiratorio.
“Y al tener el nexo epidemiólogo de haber estado en un hospital donde hubo un caso positivo es que se hace la asociación con Covid-19 pero él entra dentro de la categoría de sospechoso hasta que no entreguen el resultado de laboratorio”, dijo Araujo.
Las autoridades de salud modificaron el acta de defunción ya que en uno de ellos se señalada que era positivo de Covid-19 y en otro únicamente por sospechas. “Ese documento de defunción nunca debió poner Covid-19 porque no estaba confirmado, si se llega a confirmar va ser post mortem, pero allí tenía que haber dicho sospechoso”, dijo la vocera de la Secretaría de Salud.
Informó que ya son 27 los casos confirmados de los que hay una niña de 8 meses, el niño de 4 años. También señaló que hay 4 pacientes positivos entre los 10 a 19 años, de 20 a 29 años hay 6 casos, de 30 a 39 años hay 4, de 40 a 49 años se reportan 3, no se reportan casos entre las edades de 50 a 59 años, y de 60 y más años se reportan 7 casos confirmados. “Y hay un caso que no tenemos la edad, los casos sospechosos sólo los maneja la Dirección de Vigilancia de la Secretaría de Salud”, aseguró la doctora Araujo.
Manifestó que tendrían que extenderse las medidas extremas del gobierno. “El gobierno ha dado un periodo de 10 días, por ese corte que se hizo de la salida de la población, pero con lo que está sucediendo, que no se han acatado las recomendaciones, podría extenderse, todo va a depender de las cifras que vayan saliendo y de la cantidad de personas que salgan confirmadas”, dijo la doctora Roxana Araujo.
“Ese es un caso muy particular. Esa persona vino del Gran Caimán, tuvo un trauma en uno de sus tobillos, fue ingresado en un hospital allá. En ese hospital fallece una persona italiana por Covid pero el hospital decide egresar a sus pacientes para hacer el proceso de desinfección, y es allí cuando él regresa al país”, dijo en Radio Progreso la doctora Roxana Araujo, portavoz de la Secretaría de Salud para temas del Covid-19.
Según Araujo, el paciente no sabía que era diabético porque tuvo una complicación y fue ingresado en un estado crítico, delicado y con problemas de insuficiencia renal y un foco pulmonar que le provoca el distrés respiratorio.
“Y al tener el nexo epidemiólogo de haber estado en un hospital donde hubo un caso positivo es que se hace la asociación con Covid-19 pero él entra dentro de la categoría de sospechoso hasta que no entreguen el resultado de laboratorio”, dijo Araujo.
Las autoridades de salud modificaron el acta de defunción ya que en uno de ellos se señalada que era positivo de Covid-19 y en otro únicamente por sospechas. “Ese documento de defunción nunca debió poner Covid-19 porque no estaba confirmado, si se llega a confirmar va ser post mortem, pero allí tenía que haber dicho sospechoso”, dijo la vocera de la Secretaría de Salud.
Informó que ya son 27 los casos confirmados de los que hay una niña de 8 meses, el niño de 4 años. También señaló que hay 4 pacientes positivos entre los 10 a 19 años, de 20 a 29 años hay 6 casos, de 30 a 39 años hay 4, de 40 a 49 años se reportan 3, no se reportan casos entre las edades de 50 a 59 años, y de 60 y más años se reportan 7 casos confirmados. “Y hay un caso que no tenemos la edad, los casos sospechosos sólo los maneja la Dirección de Vigilancia de la Secretaría de Salud”, aseguró la doctora Araujo.
Manifestó que tendrían que extenderse las medidas extremas del gobierno. “El gobierno ha dado un periodo de 10 días, por ese corte que se hizo de la salida de la población, pero con lo que está sucediendo, que no se han acatado las recomendaciones, podría extenderse, todo va a depender de las cifras que vayan saliendo y de la cantidad de personas que salgan confirmadas”, dijo la doctora Roxana Araujo.
Instituciones no atienden denuncias: Se dispara violencia contra las mujeres en la emergencia del COVID-19 en Honduras
Monday, 23 March 2020 22:51 Written by Bersely García Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:Laprensa.hn
Ante la crisis sanitaria en Honduras provocada por COVID-19, uno
de los sectores vulnerables son las mujeres víctimas de violencia
sexual, física y psicológica ya que en un toque de queda, medida
implementada por el gobierno de Juan Orlando Hernández, les limita en
cuanto a la movilización para interponer denuncias, según organizaciones
de mujeres, entrevistadas por pasosdeanimalgrande.com, este 23 de marzo
de 2020.
Organizaciones feministas y movimiento de mujeres, han dado a conocer
su preocupación por el encierro de las mujeres con sus agresores y le
exigen al Estado que asegure el funcionamiento de los sistemas de
asistencia y protección de niñas y mujeres en riesgo por violencia de
género en el país.
Ante la situación actual se refleja el abandono total de la agenda social por el gobierno de turno, un sistema público de salud colapsado, que no responde a las necesidades de atención a los problemas de salud cotidianos, mucho menos a los generados por esta emergencia nacional y mundial.
Frente a este problema, la campaña de prevención el #Quédateencasa, contribuye al incremento de casos violentos en perjuicio de los sectores vulnerables, por no existir medidas de protección y preventivas en determinadas situaciones donde se encuentra la violencia hacia las mujeres como factor común.
Aunque la Fiscalía Especial de la Mujer, del Ministerio Público, MP, en una publicación ha manifestado que todo acto de violencia en contra de las mujeres no se verá limitado porque las autoridades tienen facultades para aplicar medidas en contra de los agresores, la realidad es otra.
Blanca Guevara, de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida,
AMDV, del departamento de Choluteca, manifestó a pasosdeanimalgrande.com
que precisamente hoy -23 de marzo de 2020-, se dio el caso de una
señora que pedía auxilio, pero las instituciones que están para atender
las denuncias, se encuentran cerradas, entre ellas el Centro de Atención
Integral a la Mujer.
Asimismo denunció que militares han andado censando a la población, en el sector de Marcovia y las familias que no signifiquen un voto no se les dará una bolsa solidaria, generando otro tipo de violencia y discriminación hacia este sector, argumentó Guevara.
También exigió al Estado de Honduras que se creen políticas públicas para dar protección a las mujeres en riesgo.
Sobre la problemática actual de la emergencia por Covid19 y que el gobierno ha adoptado medidas restrictivas a los derechos de la ciudadanía, recomendó que las mismas sean excepcionales para las mujeres que sufran violencia y que deban denunciar de inmediato a su agresor.
Por otra parte, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, declaró a este medio digital que la preocupación es por dos vías, la primera es porque ante la crisis del COVID-19, casi toda la institucionalidad está volcada a la atención de la misma y las mujeres que enfrentan situaciones de violencia con el toque de queda las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad, dado que la población hondureña se encuentra en la línea de la pobreza y la pareja estando todo el día, sin apoyarla y con el factor del alcoholismo, se incrementa la violencia y se produce un estado de indefensión por la falta de atención de las instituciones estatales.
Agregó que existe una invisibilizarían de la violencia, por esta razón se le han pedido los reportes al MP, a la Policía Nacional y a los entes encargados de hacer el registro, "pero nadie da cuentas, a excepción de las publicaciones de los medios de comunicación".
Alvarado denunció que se registran casos de violencia intrafamiliar, la cual se gesta día a día en los hogares y no han parado los femicidios, las masacres y los abusos sexuales. Puso como ejemplo el asesinato en Santa Rita, departamento de Copán, de Magdalena Lara.
Sumó el caso en Valladolid,en Comayagua, donde un padre de familia
atentó en contra de sus dos hijas y su ex esposa encerrándolas e
intentando quemarlas, como resultado de este hecho las víctimas
presentan quemaduras de segundo y tercer grado y con el 30 por ciento de
su cuerpo dañado.
También mencionó que existe otro reporte del departamento de La Paz, en el cual una menor de edad sufre violencia sexual por parte de su padre que es un militar.
Asimismo dijo que existe una gran preocupación por el número de casos de violencia de género y con la medida #Quédateencasa van a aparecer más hechos de violencia domestica y femicidios que probablemente sean personas infectadas por COVID-19.
Cabe mencionar que el número de emergencia 911, según Cristina Alvarado, se encuentra colapsado ya que hay muchas personas llamando por crisis de ansiedad, de pánico, y las mujeres cuando lo usan por casos de violencia, no están siendo atendida
Ante la situación actual se refleja el abandono total de la agenda social por el gobierno de turno, un sistema público de salud colapsado, que no responde a las necesidades de atención a los problemas de salud cotidianos, mucho menos a los generados por esta emergencia nacional y mundial.
Frente a este problema, la campaña de prevención el #Quédateencasa, contribuye al incremento de casos violentos en perjuicio de los sectores vulnerables, por no existir medidas de protección y preventivas en determinadas situaciones donde se encuentra la violencia hacia las mujeres como factor común.
Aunque la Fiscalía Especial de la Mujer, del Ministerio Público, MP, en una publicación ha manifestado que todo acto de violencia en contra de las mujeres no se verá limitado porque las autoridades tienen facultades para aplicar medidas en contra de los agresores, la realidad es otra.
 Blanca Guevara , AMDV Foto: AMDV |
Asimismo denunció que militares han andado censando a la población, en el sector de Marcovia y las familias que no signifiquen un voto no se les dará una bolsa solidaria, generando otro tipo de violencia y discriminación hacia este sector, argumentó Guevara.
También exigió al Estado de Honduras que se creen políticas públicas para dar protección a las mujeres en riesgo.
Sobre la problemática actual de la emergencia por Covid19 y que el gobierno ha adoptado medidas restrictivas a los derechos de la ciudadanía, recomendó que las mismas sean excepcionales para las mujeres que sufran violencia y que deban denunciar de inmediato a su agresor.
Por otra parte, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, declaró a este medio digital que la preocupación es por dos vías, la primera es porque ante la crisis del COVID-19, casi toda la institucionalidad está volcada a la atención de la misma y las mujeres que enfrentan situaciones de violencia con el toque de queda las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad, dado que la población hondureña se encuentra en la línea de la pobreza y la pareja estando todo el día, sin apoyarla y con el factor del alcoholismo, se incrementa la violencia y se produce un estado de indefensión por la falta de atención de las instituciones estatales.
Agregó que existe una invisibilizarían de la violencia, por esta razón se le han pedido los reportes al MP, a la Policía Nacional y a los entes encargados de hacer el registro, "pero nadie da cuentas, a excepción de las publicaciones de los medios de comunicación".
Alvarado denunció que se registran casos de violencia intrafamiliar, la cual se gesta día a día en los hogares y no han parado los femicidios, las masacres y los abusos sexuales. Puso como ejemplo el asesinato en Santa Rita, departamento de Copán, de Magdalena Lara.
 Cristiana Alvarado, Visitación Padilla. Foto: Laprensa.hn |
También mencionó que existe otro reporte del departamento de La Paz, en el cual una menor de edad sufre violencia sexual por parte de su padre que es un militar.
Asimismo dijo que existe una gran preocupación por el número de casos de violencia de género y con la medida #Quédateencasa van a aparecer más hechos de violencia domestica y femicidios que probablemente sean personas infectadas por COVID-19.
Cabe mencionar que el número de emergencia 911, según Cristina Alvarado, se encuentra colapsado ya que hay muchas personas llamando por crisis de ansiedad, de pánico, y las mujeres cuando lo usan por casos de violencia, no están siendo atendida
Mercado Zonal Belén, sobreviviendo en tiempos de coronavirus
marzo 23, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Triste comenzó la segunda semana en cuarentena para los comerciantes capitalinos de la economía informal. Si no mueren por el Covid-19 lo harán por las medidas discriminatorias del gobierno, asumen los desesperados buhoneros que hoy hicieron caso omiso al toque de queda.
Desde muy temprano, una importante cantidad de capitalinos formaron largas filas en las afueras del mercado, con la intención de abastecerse de alimentos de primera necesidad, en las distintas abarroterías. Al filo de las once de la mañana las autoridades irrumpieron desalojando a los vendedores en cumplimiento de la ordenanza del toque de queda absoluto, impuesto por el gobierno hondureño y que consta en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020.
Un comando de militares y policías desalojó a los comerciantes quienes se quejaron por la acción “desmedida” de los uniformados, que, con lujo de violencia, cercaron con vallas el acceso al perímetro del populoso mercado sin permitir el ingreso a la zona.
Los locatarios, para quienes quedarse en casa no es una opción y salir en busca del sustento constituye un acto de supervivencia, expresaron su descontento con la medida “represiva” de las autoridades, asegurando que necesitan vender para sobrevivir.
Al parecer la necesidad de sustento hace desconocer las prohibiciones dispuestas por el gobierno, de evitar aglomeraciones, como medida preventiva contra el brote de infectados por coronavirus, que este lunes contabilizaba 30 personas.
En ese contexto, este lunes en el mercado Zonal Belén se ha desnudado la ineficiencia de la planificación presupuestaria del gobierno hondureño, para contrarrestar los efectos de la pandemia y con ello, también queda en duda cuál es la prioridad definida por las autoridades.
A juicio del empresario y expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, las medidas adoptadas por la administración Hernández sólo favorecen al sector formal de la economía, que es quien tiene acceso al sector financiero
marzo 23, 2020
Escrito por:Lucía Vijil, analista junior del CESPAD.
Tegucigalpa.- “Resulta sospechoso esto de la
pandemia del coronavirus. Sabemos que hay una guerra declarada entre
EEUU y China por el predominio del mercado mundial. Y en la guerra,
EEUU, y la historia lo ha demostrado, no tiene límites, ni moral, ni
miramientos cuando sus intereses están en peligro”.
Así reaccionó el defensor de derechos humanos y coordinador para América Latina de SOAWatch, Pablo Ruíz, que reside en Chile. SOAWatch se constituye como el Observatorio de la Escuela de Las Américas, fundado en 1990 en Estados Unidos y que ha demandado, históricamente, el cierre de dicha academia militar, en donde se entrena a soldados latinoamericanos bajo la doctrina de contrainsurgencia (que incluye manual de torturas y desapariciones forzadas).
El periódico digital www.defensoresenlinea.com dialogó con Pablo Ruiz con el propósito de conocer el impacto del coronavirus en Chile, las implicaciones en el tema de los derechos humanos y lo que podría haber tras telones, en lo que se considera una guerra bacteriológica para afectar grandes mercados financieros y tecnológicos en el mundo.
A continuación la entrevista:
Tegucigalpa.-Triste comenzó la segunda semana en cuarentena para los comerciantes capitalinos de la economía informal. Si no mueren por el Covid-19 lo harán por las medidas discriminatorias del gobierno, asumen los desesperados buhoneros que hoy hicieron caso omiso al toque de queda.
Lea también: Medidas anunciadas por el gobierno solo favorecen al sector formal de la economía
Los locatarios del concurrido Mercado Zonal Belén, de Comayagüela, fueron violentamente desalojados por efectivos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes hicieron uso de gas pimienta para disuadir a la multitud, entre la que se encontraban compradores que buscaban abastecerse de frutas, verduras y víveres en general.Desde muy temprano, una importante cantidad de capitalinos formaron largas filas en las afueras del mercado, con la intención de abastecerse de alimentos de primera necesidad, en las distintas abarroterías. Al filo de las once de la mañana las autoridades irrumpieron desalojando a los vendedores en cumplimiento de la ordenanza del toque de queda absoluto, impuesto por el gobierno hondureño y que consta en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020.
Un comando de militares y policías desalojó a los comerciantes quienes se quejaron por la acción “desmedida” de los uniformados, que, con lujo de violencia, cercaron con vallas el acceso al perímetro del populoso mercado sin permitir el ingreso a la zona.
Los locatarios, para quienes quedarse en casa no es una opción y salir en busca del sustento constituye un acto de supervivencia, expresaron su descontento con la medida “represiva” de las autoridades, asegurando que necesitan vender para sobrevivir.
Al parecer la necesidad de sustento hace desconocer las prohibiciones dispuestas por el gobierno, de evitar aglomeraciones, como medida preventiva contra el brote de infectados por coronavirus, que este lunes contabilizaba 30 personas.
Lea también: En manos del gobierno la suspensión de trabajadores por emergencia del coronavirus
El pasado 11 de marzo, cuando el número de infectados se mantenía en dos, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, Frente a los Efectos del Coronavirus que, entre otras cosas, contempla una planificación económica, para apalear los efectos de la pandemia; sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta a las demandas de quienes dependen del comercio informal, como las ventas en mercados populares.En ese contexto, este lunes en el mercado Zonal Belén se ha desnudado la ineficiencia de la planificación presupuestaria del gobierno hondureño, para contrarrestar los efectos de la pandemia y con ello, también queda en duda cuál es la prioridad definida por las autoridades.
A juicio del empresario y expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, las medidas adoptadas por la administración Hernández sólo favorecen al sector formal de la economía, que es quien tiene acceso al sector financiero
Solidaridad en tiempos de covid-19
marzo 23, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Foto: Eleana Borjas
Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) más de seis millones de habitantes viven en pobreza, frente a la pandemia del covid-19 el gobierno no ha garantizado a la población un aislamiento con alimentos básicos para subsistir.
A pesar de que el 20 de marzo, el presidente Juan Orlando confirmará la entrega de 80,000.00 bolsas solidarias para las familias más pobres, esta medida no ha sido efectiva, ya que cientos de personas salieron a las calles en búsqueda de comida.
En las redes sociales han circulado imágenes de la entrega de alimentos, en este se puede visualizar una «bolsa solidaria» que contiene: una lechuga, dos plátanos, un tomate, comida.
Iniciativas que surgen en medio del virus
La pandemia ha puesto en evidencia la desigualdad social de América Latina, la precariedad del sistema de salud y la poca respuesta de los entes estatales, pero a la vez ha dado luces de la sororidad que impera en las mujeres de Honduras.
La Plataforma del 25 Noviembre, que aglutina 28 organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional, ha creado una campaña de recolección de víveres para ser entregadas a madres solteras de Tegucigalpa.
«Hemos tenido que asumir el llamado
que nos han hecho las compañeras de los barrios ante la cuarentena no
pueden salir a buscar el pan de cada de día a trabajar» asegura Wendy
Cruz, integrante de la Plataforma.
Cruz indica que estos víveres serán entregados a las lideresas de los barrios que se encargarán de repartirlos y que la actividad ha circulado en las redes sociales desde el fin de semana y hay aportaciones significativas. Además, están elaborando ollas comunitarias para que las mujeres puedan acudir a recolectar la comida.
Foto: Eleana Borjas
Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) más de seis millones de habitantes viven en pobreza, frente a la pandemia del covid-19 el gobierno no ha garantizado a la población un aislamiento con alimentos básicos para subsistir.
A pesar de que el 20 de marzo, el presidente Juan Orlando confirmará la entrega de 80,000.00 bolsas solidarias para las familias más pobres, esta medida no ha sido efectiva, ya que cientos de personas salieron a las calles en búsqueda de comida.
En las redes sociales han circulado imágenes de la entrega de alimentos, en este se puede visualizar una «bolsa solidaria» que contiene: una lechuga, dos plátanos, un tomate, comida.
Iniciativas que surgen en medio del virus
La pandemia ha puesto en evidencia la desigualdad social de América Latina, la precariedad del sistema de salud y la poca respuesta de los entes estatales, pero a la vez ha dado luces de la sororidad que impera en las mujeres de Honduras.
La Plataforma del 25 Noviembre, que aglutina 28 organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional, ha creado una campaña de recolección de víveres para ser entregadas a madres solteras de Tegucigalpa.
Wendy Cruz invita a la población a pensar de forma colectiva para sobrellevar esta crisis y
colaborar con las mujeres que representan al 36% de madres solteras.
Cruz indica que estos víveres serán entregados a las lideresas de los barrios que se encargarán de repartirlos y que la actividad ha circulado en las redes sociales desde el fin de semana y hay aportaciones significativas. Además, están elaborando ollas comunitarias para que las mujeres puedan acudir a recolectar la comida.
Toque de queda y lucha por alimentos: diario vivir de los hondureños
marzo 23, 2020
Redaccion
Fotoreportaje: Fernando Destéphen redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-A siete días de la cuarentena, en Honduras la vida sigue en medio de medidas de confinamiento. La gente no quiere cumplir las restricciones impuestas por un toque de queda. Las personas que viven del comercio informal alegan que la situación es sofocante porque no tienen que comer en sus casas y que la única salida es salir a trabajar. Otro sector justifica sus salidas a la calle para poder comprar víveres y medicamentos. Al final todos podrían tener justificación y arriesgar su vida contagiándose de Covid-19.
Así pasan las horas en Tegucigalpa….
Tegucigalpa.-A siete días de la cuarentena, en Honduras la vida sigue en medio de medidas de confinamiento. La gente no quiere cumplir las restricciones impuestas por un toque de queda. Las personas que viven del comercio informal alegan que la situación es sofocante porque no tienen que comer en sus casas y que la única salida es salir a trabajar. Otro sector justifica sus salidas a la calle para poder comprar víveres y medicamentos. Al final todos podrían tener justificación y arriesgar su vida contagiándose de Covid-19.
Así pasan las horas en Tegucigalpa….
También lea: Honduras a medio vapor, encerrada y con desesperanza
Un
militar descontamina a otro durante un operativo en los mercados de
Comayagüela. Honduras registraba este lunes 23 de marzo 27 casos
positivos del Covid-19.
Policías protegidos con mascarillas supervisan un desalojo en los mercados capitalinos.
Un
miembro de las FF.AA. descontamina a un grupo de jóvenes. En medio del
desalojo en los mercados, varios jóvenes se acercaron a este militar
para pedirle los rociara con la sustancia.
Personas
sin protección, adultos mayores abandonados, caminan por los mercados.
La precariedad de la sociedad se manifiesta en esta epidemia.
Miembros
de la Policía Nacional resguardan la entrada a los mercados de
Comayagüela, los que a pesar del toque de queda estuvieron activos. Como
medida de protección la gente usa mascarillas, las que se venden de 20 a
30 lempiras.
Amparados en el toque de queda, miembros de la Policía Nacional bloquean el acceso a los mercados capitalinos.
Un
adulto mayor se protege del Covid 19 usando una mascarilla, mientras
realiza compras en los mercados capitalinos, los que en ese momento ya
eran desalojados.
Miembros de la Policía Municipal, PMOP y Policía Nacional comenzaban el desalojo de los mercados.
Un
miembro de la Policía Municipal recibe órdenes y las comunica a sus
compañeros. Era la hora, debían comenzar el desalojo de los mercados, a
pesar de que el toque de queda impide la
distribución de alimentos.
Pasillos
del mercado. A pesar del toque de queda y la cuarentena, varios
capitalinos llegaron hasta los mercados en busca de alimentos. Algunos
con niños y algunos sin protección.
Los
mercados capitalinos a pesar del toque de queda abrieron este lunes 23
de marzo, no en toda su capacidad, pero durante la mañana muchas
personas llegaron a comprar a pesar de la
epidemia de Covid-19 y los 27
casos confirmados. Una valla de la Policía Nacional bloquea la entrada
de la Sexta Avenida de Comayaguela.
Cientos
de personas, algunas con las medidas de prevención, otras no, llegaron a
los mercados capitalinos para abastecerse de alimentos. A mediodía de
este lunes 23 de marzo, los agentes de
la Policía Nacional comenzaron el
desalojo, tanto de compradores como de vendedores.
Policías
bloquean el acceso a la zona de los mercados. Muchos vendedores y
compradores han llegado a los mercados capitalinos a buscar alimentos
para poder sobrellevar la cuarentena, que este lunes ya suma ocho días.
Autoridades de la Policía Nacional, Ejército y Policía Municipal, son
los encargados de advertirles a los comerciantes sobre el cierre, ahora
obligatorio, de sus
negocios.
Sexta Avenida. Un hombre empuja un troco
cargado de alimentos. Honduras cumple el octavo día de cuarentena y
toque de queda a medias. Según reportes de las autoridades, en el país
hay 27
casos positivos de Coronavirus, aunque no descartan que los casos
sean más y esperan lo peor para los próximos días.
Calles
casi vacías, en la Décima Calle, Séptima Avenida, todo esto ocurrió a
los ocho días del toque de queda y cuarentena debido a la confirmación
del primer caso de Covid 19. Un sector de la población ha respetado las
medidas de control del gobierno, pero hay una minoría que aún sale de su
casa, este grupo se compone por el comercio informal, guardias de
seguridad y personas que
buscan alimentos.
Un
militar supervisa que se respete el orden de llegada a una gasolinera
en la primera avenida de Comayagüela. El miércoles 18 de marzo, el
gobierno suspendió de manera temporal el toque de queda absoluto en las
ciudades de Choluteca, el Distrito Central, La Ceiba y ahora San Pedro
Sula, luego de confirmar el primer caso positivo por Covid-19 en esa
ciudad. Hasta el domingo 22
Honduras registraba 26 casos confirmados. El
viernes 20 no se reportaron casos luego de hacerse 27 pruebas.
Miércoles
18. Dos militares cumplen con su labor en la primera avenida de
Comayagüela. A media cuadra una gasolinera había abierto la atención al
público y la gente se aglomeró en el lugar,
aunque la incertidumbre no
se convirtió en histeria.
Un
grupo de personas hace fila para comprar combustible. El gobierno
permitió la circulación en Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca, este
permiso a tiendas y gasolineras, acompañó el anuncio para el jueves 19
que, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se suspendía de
manera temporal y con excepciones el toque de queda, para que los
ciudadanos pudieran comprar combustible y comida. El Sistema Nacional de
Riesgos (Sonager), que lidera la emergencia, activó el protocolo de
seguridad y las recomendaciones de tomar un metro de distancia, evitar
las
aglomeraciones mayor a 50 personas en los comercios y otros sitios y
un máximo de 20 minutos para las compras.
Lunes
16. La población amaneció sin saber nada concreto. La histeria vivida
una semana anterior volvió a afectar. Varias personas se abastecieron de
alimentos antes del toque de queda absoluto, muchos, por miedo y sin
tomar medidas de prevención. Imagen captada en el sector del bulevar de
Norte, cercanías a la colonia Brisas de Olancho.
Lunes
16 de marzo. Durante la noche del domingo 15 de marzo no se atendieron
las disposiciones del gobierno. La mañana del lunes, una considerable
cantidad de personas se movilizó sin saber
qué ocurría con la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
Un
miembro de las Fuerzas Armadas, custodia el producto de un camión
militar que transporta comestibles al mercado Zonal Belen, zona del
barrio Santa Fe, Comayagüela. El martes 17 de marzo, el gobierno decretó
cuarentena y toque de queda absoluto en las ciudades: Choluteca, La
Ceiba y el Distrito Central, por ser las primeras en confirmar casos de
Covid-19.
Análisis | ¡Si la élite gobernante en Honduras nos hubiese escuchado!
Por Redacción
23 de marzo 2020
Me encerré en casa desde el viernes 13
de marzo. Ya han pasado 10 días desde que se decretó toque de queda en
Tegucigalpa. Creo que nunca se está lista para una pandemia, ni sabemos
lo que emocional y físicamente va afectar a nuestros cuerpos. La he
pasado (como muchos/as) entre redes sociales, con dificultades para
conciliar el sueño, viendo y escuchando cadenas nacionales, leyendo
noticias falsas, comentarios absurdos en los noticieros y un sin número
de mensajes que contribuyen al pánico. Sumado a eso, por si fuera poco,
no sabemos cuándo nos van a abastecer de agua potable.
Mientras les comparto estas letras, ya
suman 367,457 casos confirmados de COVID-19. A ese dato se le suman
16,113 muertes y 100,879 personas recuperadas alrededor del mundo. En
noticias y vídeos he visto las diferentes medidas adoptadas por las
dependencias de Salud Pública que se han tomado en los diferentes países
para combatir la propagación del coronavirus y según expertos en la
materia, en Honduras se han tomado las medidas adecuadas, dentro de lo
posible, si es que puede decirse.
En cualquier tipo de crisis, sea golpe
de Estado, huracán o una pandemia, las desigualdades nos siguen
atravesando el cuerpo, a unas personas más que a otras. Pero siguen
siendo las mismas/os de siempre: aquellas que lavan ajeno, las que
venden trapos en la calle para limpiar el carro, las que asean a diario
casas y edificios, las que venden en el mercado y las están todos los
días en los semáforos esperando un poco de solidaridad.
Pero saben ¿qué es lo que más me
molesta?, que todo lo que está pasando y la manera en cómo pudiese estar
siendo abordada esta cuarentena, tiene respuestas que el gobierno
desoyó desde hace casi 6 años atrás. ¿Por qué lo digo?, hagamos un poco
de retrospectiva.
- Lucha por la defensa de la salud pública y la educación
Durante más de un mes de movilizaciones
populares, con sus picos más altos el 30 y 31 de mayo del 2019, se
posicionó en Honduras la crisis de los principales centros asistenciales
del país (tomaré el tema de salud únicamente), que incluía, corrupción
administrativa, la falta de personal, las condiciones laborales en los
centros de salud, el nulo abastecimiento de medicamentos y la amenaza de
la privatización bajo decreto de los hospitales públicos a nivel
nacional.
La Plataforma de Lucha para la Defensa
de la Salud y la Educación Pública logró la derogación de los decretos
ejecutivos (PCM) y, a su vez, convocó a un diálogo entre sectores para
presentar una propuesta integral de mejora al sistema de salud y
educación. Los resultados de ese diálogo y en la calle, se le hicieron
saber al abogado Juan Hernández, porque era necesario:
- El aumento significativo al presupuesto de salud: “es necesario que se asignen 42 mil millones de Lempiras al presupuesto en salud y no 14 mil millones de Lempiras porque allí tenemos un déficit enorme; esa diferencia es asumida por los pacientes quienes deben comprar las jeringas, sueros y medicinas”, decía Samuel Santos, es una de las tantas declaraciones, que desde el Colegio Médico, se dieron respecto al tema de presupuesto.
- La dotación de equipo médico adecuado para cada patología en los centros de salud. En aquel entonces (y no es menos importante) se hablaba del dengue, “los programas en Honduras que atendían la prevención del virus del dengue, fueron desmantelados por el gobierno, resultando en menos acciones de prevención de la propagación del virus”, afirmó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
- Mecanismos de transparencia y control financiero para asegurar que los presupuestos lleguen a la población hondureña. Durante las movilizaciones de la Plataforma, se pedía a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), investigara los actos de corrupción en el sistema de salud, decían desde el Colegio Médico: “Usted tiene en sus manos un documento donde se demostró que los actos de corrupción del Seguro Social se han legalizado a través de los decretos ejecutivos que se han emitido durante el pasado y actual gobierno”.
- Y desde los movimientos sociales en la Mesa 11 (en la que
participaron más de 20 organizaciones territoriales y de derechos
humanos), de los diálogos alternativos impulsados por la Plataforma, se
recomendó como necesario:
- La conformación de farmacias comunitarias medicinales, capaces de proporcionar métodos preventivos y curativos en las comunidades a bajo costo y con un mayor beneficio en la salud de los territorios.
- Auditorías ciudadanas y constante vigilancia comunitaria, el manejo de los centros de salud y hospitales para la demanda de equipos de atención médica.
- La creación de políticas públicas y presupuestos para incorporar la medicina ancestral preventiva al sistema de salud pública.
- Lucha por el acceso a crédito para las mujeres rurales
Desde el 2015, el Congreso Nacional de
Honduras aprobó el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer
Rural “CREDIMUJER”, un trabajo en colectivo de construcción,
movilización e incidencia realizado por las mujeres y campesinas en
nuestro país. Las mujeres han luchado para que se instale el programa a
nivel técnico, se les asignen fondos y se apruebe el reglamento de la
misma ley.
CREDIMUJER tiene como prioridad a las
mujeres rurales que habitan en las comunidades más pobres y con mayor
vulnerabilidad agroecológica en el país, para fomentar entre ellas
soluciones económicas dirigidas a la pequeña y mediana empresa de
producción agrícola, acuícola, agropecuaria, ganadería, transformación
de servicios y comercio.
El programa no era solamente un crédito,
sino que se constituyó como una herramienta para fomentar la autonomía
entre las mujeres y de esa forma reducir los círculos de violencia
doméstica. ¿Y qué pasó? Se le asignaron apenas 35 millones (no era esa
la demanda inicial) y actualmente, las mujeres están a la espera (ya más
de 6 meses) de la apertura de la Ventanilla CREDIMUJER en el Banco
Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).
El jueves 20 de marzo, Juan Hernández, en cadena nacional, anunció
la “habilitación de líneas de financiamientos directas a bancos,
cooperativas, micro financieras y cajas rurales, a fin de hacer más
expedito la utilización de los 2,500 millones de lempiras a través del
programa Agrocrédito 8.7%”. El programa Agro crédito tiene como
objetivo, incentivar el acceso al crédito agroalimentario para mitigar los efectos del cambio climático en el sector productivo.
El programa agro crédito, así como todo
los programas de gobierno, son altamente asistencialistas, responden a
los intereses del partido político en el poder y no a una transformación
integral desde las comunidades, mucho menos a una propuesta que asuma
indicadores de género y resultados más integrales en las comunidades.
¿Cuáles eran las respuestas?
Si las élites de poder hubiesen atendido
las demandas ciudadanas hace meses y años, tal vez las familias del
personal médico y de enfermería y de otras áreas, no estarían
preocupadas por la falta de equipo para atender esta pandemia; las
familias no temerían porque sus pacientes deban acudir a los hospitales
públicos en precariedad, ni tampoco estarían asustados por sus adultos
mayores, que son los más propensos al contagio, porque le temen más al
sistema de salud hondureño que al COVID19.
Si las élites hubiesen escuchado a las
mujeres campesinas y productoras en el campo, hace 5 años, serían ellas
las que estarían contribuyendo a abastecer de alimentos y acompañando de
manera solidaria a sus comunidades, no las empresas que dicen ser
“socialmente responsables”, mientras violentan las garantías de sus
empleados al cancelar los contratos, de acuerdo con denuncias que han
trascendido en los medios de comunicación.
Si el gobierno hubiese escuchado, si tan
solo hubiese sido operativo y pensante, entonces el miedo no caminaría
ni crecería en esta “cuarentena” y segura estoy que dejaríamos de
asustarnos con cada cadena nacional, pensando en cuántos más serán los
contagiados.
Se confirman más casos de COVID-19 en Centroamérica
marzo 23, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Costa Rica fue el país de la región Centroamericana en confirmar el primer caso de coronavirus, siguiéndole Panamá, Guatemala y Honduras.
Este caso correspondía a una mujer de 49 años y se encontró aislada con su esposo, según informó el Ministerio de Salud el pasado seis de marzo.
Hoy el Ministerio de Salud anunció que los casos han aumentado tendiendo un total de 158, los cuales corresponden a 90 hombres y 68 mujeres, siendo 141 son costarricenses y 17 extranjeros.
Belice, el único de los países que no contabiliza contagiados, hoy confirmó el primer caso en la región. La persona que dio positivo es una mujer, que el jueves pasado llegó de los Ángeles al país.
El ministro Dean Barrow, decretó emergencia por 72 horas para el Cayo Ambergris. Además, la llegada de 60 médicos cubanos para lograr que la pandemia no se extienda en el territorio.
Mientras tanto Panamá reporta la quinta muerte por la pandemia, una niña de trece años, que se encontraba en un centro pediátrico de la Caja del Seguro Social (CSS), en la capital, informaron autoridades del Ministerio de Salud.
En El Salvador solo se ha reportado un caso, Nicaragua dos, Guatemala 17.
Mediante cadena nacional el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó tres nuevos casos de coronavirus en Honduras tendiendo un total de 30 casos en todo el territorio nacional. Un hombre de 48 años, procedente de la Unión, Lempira y dos mujeres, del Distrito Central, una de 38 años y la otra de 50. Los pacientes se mantienen en aislamiento domiciliario.
En Honduras hoy se reportaron tres casos más, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER),
• Paciente número 28 es un hombre de 46 años, procedente del municipio de La Unión Departamento de Lempira. • Paciente número 29 es una mujer de 50 años, procedente del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. • Paciente número 30 es una mujer de 38 años, procedente del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.
Tegucigalpa.- Costa Rica fue el país de la región Centroamericana en confirmar el primer caso de coronavirus, siguiéndole Panamá, Guatemala y Honduras.
Este caso correspondía a una mujer de 49 años y se encontró aislada con su esposo, según informó el Ministerio de Salud el pasado seis de marzo.
Hoy el Ministerio de Salud anunció que los casos han aumentado tendiendo un total de 158, los cuales corresponden a 90 hombres y 68 mujeres, siendo 141 son costarricenses y 17 extranjeros.
Belice, el único de los países que no contabiliza contagiados, hoy confirmó el primer caso en la región. La persona que dio positivo es una mujer, que el jueves pasado llegó de los Ángeles al país.
El ministro Dean Barrow, decretó emergencia por 72 horas para el Cayo Ambergris. Además, la llegada de 60 médicos cubanos para lograr que la pandemia no se extienda en el territorio.
Mientras tanto Panamá reporta la quinta muerte por la pandemia, una niña de trece años, que se encontraba en un centro pediátrico de la Caja del Seguro Social (CSS), en la capital, informaron autoridades del Ministerio de Salud.
En El Salvador solo se ha reportado un caso, Nicaragua dos, Guatemala 17.
Mediante cadena nacional el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó tres nuevos casos de coronavirus en Honduras tendiendo un total de 30 casos en todo el territorio nacional. Un hombre de 48 años, procedente de la Unión, Lempira y dos mujeres, del Distrito Central, una de 38 años y la otra de 50. Los pacientes se mantienen en aislamiento domiciliario.
En Honduras hoy se reportaron tres casos más, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER),
• Paciente número 28 es un hombre de 46 años, procedente del municipio de La Unión Departamento de Lempira. • Paciente número 29 es una mujer de 50 años, procedente del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. • Paciente número 30 es una mujer de 38 años, procedente del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.
Coronavirus: ¿Estaría EEUU detrás de una guerra virológica por el predominio mundial?
Por Marc Allas -
23 marzo, 2020Así reaccionó el defensor de derechos humanos y coordinador para América Latina de SOAWatch, Pablo Ruíz, que reside en Chile. SOAWatch se constituye como el Observatorio de la Escuela de Las Américas, fundado en 1990 en Estados Unidos y que ha demandado, históricamente, el cierre de dicha academia militar, en donde se entrena a soldados latinoamericanos bajo la doctrina de contrainsurgencia (que incluye manual de torturas y desapariciones forzadas).
El periódico digital www.defensoresenlinea.com dialogó con Pablo Ruiz con el propósito de conocer el impacto del coronavirus en Chile, las implicaciones en el tema de los derechos humanos y lo que podría haber tras telones, en lo que se considera una guerra bacteriológica para afectar grandes mercados financieros y tecnológicos en el mundo.
A continuación la entrevista:
Pablo Ruíz
Periodista: Cuántos casos de coronavirus reporta hasta el momento Chile.
Pablo: Al día de hoy lunes 23 de marzo, hay 746 casos de personas con coronavirus y tenemos la primera persona muerta, una mujer, de 82 años, en Santiago.
Periodista: ¿El gobierno de Piñera ha tomado medidas restrictivas a derechos constitucionales bajo el pretexto de contrarrestar los contagios? Si es así, qué tipo de restricciones ha tomado.
Pablo: Sí, el 18 de marzo pasado el gobierno de Piñera decretó “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” en todo el territorio nacional por 90 días para prevenir la propagación de coronavirus y proteger a la población. Con esto sacó a los militares a la calle y han asumido el mando de la “seguridad interior” en todas las regiones de Chile.
Así mismo el presidente puede restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
Las Escuelas y Universidades están cerradas, los mall, y muchos lugares, sólo está permitido los supermercados, almacenes, las farmacias y los bancos hasta el momento. Los alcaldes de las Municipalidades de Chile, como el Colegio Médico, y también las organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos están pidiendo que el gobierno declare “cuarentena” obligatoria, porque cada día los casos aumentan cada vez más.
Si esto sucede, las personas no podrán salir de sus casas sino tienen razones fundadas para hacerlo y con la posibilidad de ser detenidas. Esto puede ayudar, de alguna forma, a detener la propagación del Coronavirus.
Periodista: En Honduras se ha militarizado la sociedad después del golpe de Estado, y ahora se utiliza al ejército para acordonar zonas que tienen cerco epidemiológico y en labores de salud pública. Sucede lo mismo en Chile?
Pablo: Sí, sucede lo mismo, es un recurso que tiene el presidente en Chile bajo la constitución que nos dejó Pinochet. Nosotros somos críticos que esto suceda, porque las Fuerzas Armadas, los militares, tienen entrenamiento sólo en cuanto a cuidar de la “seguridad exterior”.
Pablo: Al día de hoy lunes 23 de marzo, hay 746 casos de personas con coronavirus y tenemos la primera persona muerta, una mujer, de 82 años, en Santiago.
Periodista: ¿El gobierno de Piñera ha tomado medidas restrictivas a derechos constitucionales bajo el pretexto de contrarrestar los contagios? Si es así, qué tipo de restricciones ha tomado.
Pablo: Sí, el 18 de marzo pasado el gobierno de Piñera decretó “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” en todo el territorio nacional por 90 días para prevenir la propagación de coronavirus y proteger a la población. Con esto sacó a los militares a la calle y han asumido el mando de la “seguridad interior” en todas las regiones de Chile.
Así mismo el presidente puede restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
Las Escuelas y Universidades están cerradas, los mall, y muchos lugares, sólo está permitido los supermercados, almacenes, las farmacias y los bancos hasta el momento. Los alcaldes de las Municipalidades de Chile, como el Colegio Médico, y también las organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos están pidiendo que el gobierno declare “cuarentena” obligatoria, porque cada día los casos aumentan cada vez más.
Si esto sucede, las personas no podrán salir de sus casas sino tienen razones fundadas para hacerlo y con la posibilidad de ser detenidas. Esto puede ayudar, de alguna forma, a detener la propagación del Coronavirus.
Periodista: En Honduras se ha militarizado la sociedad después del golpe de Estado, y ahora se utiliza al ejército para acordonar zonas que tienen cerco epidemiológico y en labores de salud pública. Sucede lo mismo en Chile?
Pablo: Sí, sucede lo mismo, es un recurso que tiene el presidente en Chile bajo la constitución que nos dejó Pinochet. Nosotros somos críticos que esto suceda, porque las Fuerzas Armadas, los militares, tienen entrenamiento sólo en cuanto a cuidar de la “seguridad exterior”.
El presidente de Chile Sebastián Piñera en reunión de coordinación
Muchas veces, cuando asumen tareas de “seguridad interior”, se
cometen violaciones a los derechos humanos. Sin ir más lejos, en octubre
pasado, por las protestas sociales, el presidente decreto Estado de
Excepción y toque de queda, y a lo menos el Instituto Nacional de
Derechos Humanos presentó 71 querellas contra miembros de las Fuerzas
Armadas por violaciones a los derechos humanos.
Por eso, en la situación que vivimos hoy, en muchos países, en que los militares salen a la calle, debemos prestar mucha atención que no se cometan violaciones a los derechos humanos contra nuestros pueblos.
Periodista: ¿Qué opinas acerca de esta pandemia. Qué hay detrás de esto. ha sido provocada esta crisis biológica y con qué propósito?
Pablo: En Chile, hemos estado haciendo seguimiento a una base militar de la marina de EEUU en Perú, llamada NAMRU-6 que hace investigación de patologías infecciosas y que muy bien, sus investigaciones, podrían producir lo que se llaman armas biológicas las que están prohibidas por la Organización de Naciones Unidas.
El ex congresista peruano Richard Arce presentó un cuestionario al Ministerio de Defensa con una serie de preguntas sobre esta base militar y las respuestas fueron muy generales, diplomáticas, y en cierta forma evasivas del real propósito que tiene esta base militar de los EEUU en Perú.
Nosotros tenemos dudas razonables. Debemos recordar que EEUU, en los años setenta, introdujo en Cuba el virus de la peste porcina y los cubanos tuvieron que sacrificar miles y miles de cerdos lo que tuvo un impacto negativo para la economía cubana.
Después, en los años ochenta, se introdujo el virus tipo II del dengue y murieron 158 cubanos entre ellos 101 niños y 350 mil personas fueron afectadas.
Entonces, volviendo a la pregunta, resulta sospechoso esto de la pandemia del coronavirus. Sabemos que hay una guerra declarada entre EEUU y China por el predominio del mercado mundial. Y en la guerra, EEUU, y la historia lo ha demostrado, no tiene límites, ni moral, ni miramientos cuando sus intereses están en peligro.
Finalmente, para agregar otro enfoque del problema que vivimos, mi compañera, la investigadora social Olga Benário, encontró que Indonesia decidió, años atrás, cerrar la base militar de EEUU, la NAMRU-2, en su territorio porque llegaron a la conclusión que esas investigaciones de NAMRU-2; en nada ayudaban a este país, sino iban en beneficio de las grandes transnacionales farmacéuticas que hacen un muy buen negocio con las enfermedades naturales o, ¿por qué no?, con las enfermedades creadas en laboratorios intencionalmente para causar daño y después poder lucrar.
Por eso, en la situación que vivimos hoy, en muchos países, en que los militares salen a la calle, debemos prestar mucha atención que no se cometan violaciones a los derechos humanos contra nuestros pueblos.
Periodista: ¿Qué opinas acerca de esta pandemia. Qué hay detrás de esto. ha sido provocada esta crisis biológica y con qué propósito?
Pablo: En Chile, hemos estado haciendo seguimiento a una base militar de la marina de EEUU en Perú, llamada NAMRU-6 que hace investigación de patologías infecciosas y que muy bien, sus investigaciones, podrían producir lo que se llaman armas biológicas las que están prohibidas por la Organización de Naciones Unidas.
El ex congresista peruano Richard Arce presentó un cuestionario al Ministerio de Defensa con una serie de preguntas sobre esta base militar y las respuestas fueron muy generales, diplomáticas, y en cierta forma evasivas del real propósito que tiene esta base militar de los EEUU en Perú.
Nosotros tenemos dudas razonables. Debemos recordar que EEUU, en los años setenta, introdujo en Cuba el virus de la peste porcina y los cubanos tuvieron que sacrificar miles y miles de cerdos lo que tuvo un impacto negativo para la economía cubana.
Después, en los años ochenta, se introdujo el virus tipo II del dengue y murieron 158 cubanos entre ellos 101 niños y 350 mil personas fueron afectadas.
Entonces, volviendo a la pregunta, resulta sospechoso esto de la pandemia del coronavirus. Sabemos que hay una guerra declarada entre EEUU y China por el predominio del mercado mundial. Y en la guerra, EEUU, y la historia lo ha demostrado, no tiene límites, ni moral, ni miramientos cuando sus intereses están en peligro.
Finalmente, para agregar otro enfoque del problema que vivimos, mi compañera, la investigadora social Olga Benário, encontró que Indonesia decidió, años atrás, cerrar la base militar de EEUU, la NAMRU-2, en su territorio porque llegaron a la conclusión que esas investigaciones de NAMRU-2; en nada ayudaban a este país, sino iban en beneficio de las grandes transnacionales farmacéuticas que hacen un muy buen negocio con las enfermedades naturales o, ¿por qué no?, con las enfermedades creadas en laboratorios intencionalmente para causar daño y después poder lucrar.
