COFADEH reporta a la CIDH medidas desproporcionales adoptadas por el régimen
Por Marc Allas -
20 marzo, 2020
En la misiva, Bertha Oliva señala que el decreto ejecutivo PCM-021-2020 y que contiene la suspensión por espacio de 7 días ( y que seguramente se prolongarán por más tiempo) de los derechos constitucionales de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión, de asociación, de locomoción, de inviolabilidad de la integridad física y del domicilio, así como de la propiedad privada, entre otros, son arbitrarios y desproporcionales.
Para la reconocida defensora de derechos humanos el decreto que suspende derechos constitucionales no cumple con los requisitos de necesidad, idoneidad, legitimidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta la importancia de la libertad de expresión en tiempos de normalidad democrática y, sobre todo, en tiempos de crisis como la que plantea el actual contexto.
El decreto, a la fecha de esta comunicación, no ha sido publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. Tampoco ha sido sometido al Congreso Nacional para su conocimiento, para que lo ratifique, modifique o impruebe, como lo establece el artículo 187, inciso cuatro de la Constitución de la República. Ni se ha cumplido con las obligaciones del Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Respecto al artículo 27 de la CADH, la Comisión ha interpretado “…que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de algunos, en tanto que otros, nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia..”
Por otra parte, y a criterio del COFADEH, el decreto restringe la libertad de expresión sin justificación alguna. El régimen no ha explicado sobre las causantes para la suspensión de este derecho que en el contexto de la emergencia, es de suma importancia y tampoco ha considerado otras normativas internas que garantizan la libertad de expresión, entre éstas la Ley de Emisión del Pensamiento que en su artículo cuatro establece: “Durante el periodo de estado de sitio, ningún periodista activo, será objeto de extrañamiento ni sufrirá persecución alguna por sus opiniones”.
El Comité ha recibido denuncias sobre obstáculos que enfrentan los periodistas para tener acceso a información o para cubrir información tanto de la pandemia, como de otros hechos de importancia para la sociedad, desplazados por la información oficial de pánico.
Al respecto, el comité registró la denuncia del periodista Gustavo Blanco de radio Globo, quien denunció el 17 de marzo, que en dos retenes policiales, le impedían su derecho a dirigirse a su medio de comunicación. Los agentes estatales desconocían totalmente el alcance del decreto de PCM021-2020.
Por otra parte, Gabriel Rubí, representante del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), declaró a medios radiales que solicitará a la secretaría de Salud y a la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), poner en cuarentena a un grupo de periodistas que dio cobertura en una zona sospechosa de contagio por COVID-19 en la ciudad de Comayagüela, Distrito Central.
“Durante los estados de excepción reina un clima de zozobra e incertidumbre, donde no prevalece una efectiva libertad de expresión y por tanto de información. Es indudable que en el curso de estas situaciones de emergencia se presentan abusos por parte de los gobernantes al imponer limitaciones a la libertad de expresión e información”, planteó el COFADEH.
“La comunidad hondureña afectada no tiene acceso a una información clara, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el grado de amenaza para la salud. El Gobierno ha saturado a la población con cadenas de radio y televisión, la información que transmite es de terror y de restricciones de derechos. La suspensión de Garantías fue sorpresiva y no permitió que la población tomara sus medidas de seguridad y abastecimiento de víveres, agua y medicamentos”.
Por otra parte la carta dirigida al Relator Especial sobre Libertad de Expresión señala con preocupación que la información emanada desde el Gobierno en medio de la crisis del coronavirus no ha sido clara sobre las restricciones a la circulación y medidas impuestas en el país, incluso los discursos de diversos funcionarios se contradijeron entre sí el día martes 17 de marzo.
Durante los estados de excepción reina un clima de zozobra e incertidumbre, donde no prevalece una efectiva libertad de expresión y por tanto de información. Es indudable que en el curso de estas situaciones de emergencia se presentan abusos por parte de los gobernantes al imponer limitaciones a la libertad de expresión e información.
Como ejemplo del silencio que se impone en las regiones, resalta el caso del defensor de derechos ambientales Marlon Calles, que también se desempeña como Regidor de la Corporación Municipal de Márcala, en el Departamento de La Paz.
El 19 de marzo, Calles fue citado por el Juez de Policía para prohibirle que critique las acciones que está desarrollando el Gobierno y el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de esa municipalidad.
Marlon ha denunciado que las medidas tomadas en ese municipio para prevenir la propagación del coronavirus son insuficientes para garantizar la salud pública.
El COFADEH demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mantener el monitoreo sobre las medidas adoptadas en la crisis, señalar y recomendar al Estado de Honduras sobre sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de expresión.
“Recordarle que cualesquier medida debe tener los derechos humanos como límite y el acceso a información transparente y confiable, porque de no garantizarse, se corre el riesgo de que menoscaben el derecho a acceder a información sobre la salud, y ponen en peligro la eficacia de la respuesta en materia de salud pública en la crisis de la pandemia COVID-19”.
Y por último el COFADEH solicitó a la CIDH, recordarle al Estado que las medidas restrictivas a los derechos humanos cumplan con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Ver carta: Carta RELATOR LIBERTAD EXPRESION
Demandan integrar grupo auditor para fondos públicos usados en la emergencia
- 20/03/2020
Hasta ahora el gobierno guarda un silencio sepulcral ante la demanda de crear una Junta de Notables auditores.
Varios sectores de la sociedad hondureña están demandando al gobierno
de Juan Orlando Hernández que permita la integración de una Junta de
Notables para que ejerzan auditoría sobre los fondos públicos que se han
destinado para ser usados en la emergencia nacional por el Covid-19.
También se demanda que se deje asesorar por personas expertas en salud para tomar las mejores decisiones en medio de esta alerta máxima. Pero hasta ahora se guarda un silencio sepulcral del gobierno ante esta demanda.
La ex integrante de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras, doctora Ligia Ramos, dijo en radio Progreso que es necesario que el Gobierno se deje asesorar por personas que sí saben de protocolos en riesgo, epidemiología y salud pública.
Pero a criterio de Ramos, una de las razones por las que quizá el Gobierno no accede a la propuesta, es porque no están de acuerdo en que un ente serio se una y conozca interioridades sobre el manejo de fondos y rendición de cuentas en esta situación de emergencia.
Con el objetivo de transparentar el uso de los fondos públicos utilizados para enfrentar el Covid-19, el Partido Liberal también pidió al gobierno la creación de una Comisión de Notables que se encargue de dar fe de las acciones realizadas por las autoridades involucradas en la emergencia sanitaria.
Eduardo Martell, integrante del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, dijo en Radio Progreso que otra de las medidas que se podrían tomar es publicar, en tiempo real, todas las compras y contrataciones que la administración pública haga en nombre de la emergencia por el Coronavirus.
Por otro lado, el ex candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, hizo el llamado para que el gobierno de JOH comience a transparentar los fondos aprobados en el Congreso Nacional para enfrentar la crisis del coronavirus.
Nasralla propuso que el gobierno haga el ejercicio de transparencia a través de un portal electrónico, en vista que es imposible que por la crisis se reúna el Congreso Nacional para derogar la Ley de Secretos. Es cuestión de voluntad, señaló.
Pero el ex candidato también aseguró que es necesario que la ciudadanía presione para que no continúen los abusos del gobierno de Hernández.
También se demanda que se deje asesorar por personas expertas en salud para tomar las mejores decisiones en medio de esta alerta máxima. Pero hasta ahora se guarda un silencio sepulcral del gobierno ante esta demanda.
La ex integrante de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras, doctora Ligia Ramos, dijo en radio Progreso que es necesario que el Gobierno se deje asesorar por personas que sí saben de protocolos en riesgo, epidemiología y salud pública.
Pero a criterio de Ramos, una de las razones por las que quizá el Gobierno no accede a la propuesta, es porque no están de acuerdo en que un ente serio se una y conozca interioridades sobre el manejo de fondos y rendición de cuentas en esta situación de emergencia.
Con el objetivo de transparentar el uso de los fondos públicos utilizados para enfrentar el Covid-19, el Partido Liberal también pidió al gobierno la creación de una Comisión de Notables que se encargue de dar fe de las acciones realizadas por las autoridades involucradas en la emergencia sanitaria.
Eduardo Martell, integrante del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, dijo en Radio Progreso que otra de las medidas que se podrían tomar es publicar, en tiempo real, todas las compras y contrataciones que la administración pública haga en nombre de la emergencia por el Coronavirus.
Por otro lado, el ex candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, hizo el llamado para que el gobierno de JOH comience a transparentar los fondos aprobados en el Congreso Nacional para enfrentar la crisis del coronavirus.
Nasralla propuso que el gobierno haga el ejercicio de transparencia a través de un portal electrónico, en vista que es imposible que por la crisis se reúna el Congreso Nacional para derogar la Ley de Secretos. Es cuestión de voluntad, señaló.
Pero el ex candidato también aseguró que es necesario que la ciudadanía presione para que no continúen los abusos del gobierno de Hernández.
Covid-19 podría generar una “guerra de sobrevivencia”
- 20/03/2020
Considerando que el 70% de empleo en Honduras es generado desde el
comercio informal, la crisis sanitaria que representa el Covid-19 podría
generar una guerra de sobrevivencia, los que no tienen van a buscar
donde los que tienen, advierte el exgerente del Banco Central de
Honduras (BCH), Claudio Salgado.“Eso es lógico, todo mundo quiere sobrevivir, podemos tener saqueo de supermercados, de donde estén los víveres, eso podría ocurrir en una crisis de estas”, enfatiza Salgado, y refiere que en Honduras alrededor de 2 millones 500 mil personas tienen problemas de empleo.
Agrega que “la guerra acepta cualquier cosa, cuando la gente tiene hambre o tiene necesidad busca cualquier arma. Los ricos no van a querer ceder sus privilegios”.
Para Salgado, la élite económica debe ceder a las exoneraciones fiscales, “ahí tenemos alrededor de 42 mil millones de lempiras que se conceden, los hacen privilegiados. Otro privilegio es el acceso al financiamiento.
El ex gerente del BCH no cree que la actual administración pública subsidie al sector población más afectada por la alerta roja nacional: “este gobierno, en los últimos diez años, ha destruido toda la parte social, un gobierno con otra mentalidad de satisfacer las necesidades sociales de la población si podría ayudar, podría dar un subsidio sin fines proselitistas, sin distinción, identificar a aquellos que lo necesitan. El gobierno debe de eliminarse de la cabeza el modelo neoliberal”.
En relación al impacto económico que puede generar la paralización por el Covid-19 y si no se actúa de inmediato, Salgado indica que, partiendo que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá menos que el año pasado (2.8%), habrá mayor desempleo, mayor pobreza, más gente migrando a otros países, menor inversión y una mayor desigualdad social.
Justificándose en el Covid-19
La aprobación de estado de excepción y la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del Coronavirus, vino a justificarle al gobierno su mala política, ya que en los últimos 10 años su política fiscal y monetaria ha sido contraria a una política de desarrollo, señala Claudio Salgado.Salgado sustenta lo anterior indicando que para este año, “con un grupo de economistas señalamos” el crecimiento económico andaría en entre 2 y 2.5%, y no como lo establece el Banco Central entre 3.0 y 3.4%.
El economista señala que uno de los favorecidos con la crisis y emergencia por el Covid-19 es el mismo gobierno: “les favorece en las compras de emergencia, proyectos que estaban engavetados. Esta ley busca tocar los fondos de los institutos de previsión, y tercerizar o privatizar los servicios de salud. Esto será proselitismo político, estamos a las vísperas de una campaña presidencial”.
En referencia al sector empresarial y su postura económica frente al Covid-19, Claudio Salgado manifiesta que “solo están pensando en ellos, están diciendo que estos días de ausencia laboral lo tomen como vacaciones, están pensando en utilidad, para los empresarios los trabajadores estuviesen laborando para no ver mermar su taza de ganancia”.
Finaliza proponiendo a la empresa privada debería pensar en cubrir las necesidades básicas con un bono de alimenticio de 2 mil lempiras, “ellos deberían de devolverle a la sociedad lo mucho que han ganado”.
Publicado el 19 Marzo, 2020
La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) frente a la difícil situación que vive nuestro país producto de la pandemia del COVID-19 (coronavirus) nos pronunciamos de la siguiente manera:
- Los trabajadores y trabajadoras de Honduras somos la base productiva del país y gracias al esfuerzo que día a día realizamos en el campo, la industria y los servicios, es que se logra la producción nacional y muchos lo hacemos de manera autónoma sin patrono, sin asistencia y garantía de las instituciones del Estado, creadas para monitorear el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores, lo que nos pone en situación de alta vulnerabilidad económica, sobre todo en momentos y situaciones excepcionales como éste, donde requerimos la asistencia especial del Estado quien debe garantizarnos la protección económica y de seguridad social de nuestros medios de subsistencia.
- Los trabajadores asalariados aportamos con nuestra fuerza de trabajo las utilidades que reciben los patronos y por principio del Código de Trabajo no podemos participar de sus pérdidas, sobre todo cuando no son causadas por nuestro actuar, por este motivo rechazamos categóricamente cualquier intención de descontar de las vacaciones de los trabajadores los días que dura esta cuarentena por la emergencia del coronavirus, al contrario hacemos un llamado a los empresarios apoyar económicamente la situación de estos trabajadores, pagándoles a tiempo a fin de garantizarles acceso a cubrir sus necesidades elementales.
- Al sistema financiero que conociendo la situación de endeudamiento en que vivimos muchos trabajadores/as, producto de las pésimas condiciones salariales en el país, le pedimos readecuar las deudas y bajar los intereses de las mismas, sobre todo los autónomos, cuentapropistas y microempresarios; a fin de que puedan soportar el impacto que implicará para sus economías está situación excepcional.
- Al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional exigimos se hagan las gestiones pertinentes a fin de incorporar personal de salud de otros países amigos como Cuba, que en conjunto con trabajadores/as de salud hondureños, puedan afrontar esta epidemia. Estamos seguros que la República Socialista de Cuba, por su vocación humanista y de servicio, colaborará con este pueblo hermano.
- Exigimos al Gobierno de la República la dotación real de insumos de protección a los trabajadores/as de salud que con valentía están afrontando esta terrible pandemia. De igual forma, exigimos transparencia en el manejo de los recursos económicos y la incorporación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como observadores de todos los procesos de compras de insumos, medicamentos y equipos necesarios para combatir el COVID-19.
- Al empresariado nacional que presta servicios básicos cómo telefonía, internet, televisión por cable y otros que tienen una prioridad de pago mensual, así como las empresas estatales de energía eléctrica, telefonía y agua potable, se les solicita que puedan apoyar a sus clientes dando facilidades de pago a fin de que estos servicios continúen siendo prestados, de igual forma, se solicita al Gobierno de la Republica que asuma el pago de estos servicios para aquellos trabajadores que resulten enfermos por el Coronavirus durante un tiempo razonable.
- Rechazamos y condenamos toda intención que haya desde el gobierno en el saqueo de recursos económicos de los fondos de los Institutos de Jubilaciones y pensiones (IHSS, INJUPEM, INPREMA) aprovechándose de la crisis generada por el COVID-19.
El mejor antídoto contra el COVID-19 es acatar las disposiciones emanadas de los expertos, por ahora es mejor estar en casa.
CONFEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS
EL 31 DE MARZO “TONY” TENDRÁ OTRA AUDIENCIA ANTE CORTE DE EE.UU.
- Publicado: 19 Marzo 2020
La
audiencia en la que Antonio “Tony” Hernández conocería su condena en
prisión por los delitos de narcotráfico, está fijada para el 15 de
abril; sin embargo, anoche la corte neoyorquina decidió celebrar otra
audiencia con la presencia del nuevo defensor legal del exfuncionario
hondureño.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
justicia de Estados Unidos informó ayer que habrá una nueva audiencia
como antesala al 15 de abril, día en que Juan Antonio “Tony” Hernández,
conocerá cuántos años de prisión pagará por los cuatro delitos de
narcotráfico en los que fue encontrado culpable.
Esa
determinación llega luego que la Corte neoyorquina asignara a Katherine
Goldstein como su representante legal, ya que “Tony” confesó hace meses
que no podía seguir pagando abogados.
El
juez Kevin Castel fijó el 15 de abril para que el nuevo defensor legal
del hermano del gobernante de Honduras, tuviera tiempo para estudiar el
caso; no obstante, antes de llegar a esa fecha, se reunirán de nuevo el
31 de marzo.
Según
el portal informativo “Pro Honduras Network”, esta nueva audiencia
podría cerrar con una orden para adelantar la fecha en la que “Tony”
conocerá los años que pasará encarcelado.
Publicado el 17 Febrero, 2020
La conducta dulce del exparlamentario Juan Antonio Hernández daba un giro de 180 grados cuando transaba grandes cargamentos de cocaína que eran enviados a EE.UU. y se volvía un sujeto arrogante, según las transcripciones que logró obtener este periódico del histórico juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández, quien espera ser sentenciado a una pena que oscila entre 40 años y prisión de por vida.
En los relatos que usted leerá en varias entregas, se especifica cómo Tony fue declarado un prominente narcotraficante ante el tribunal federal de Nueva York, donde se evacuaron las evidencias presentadas por los fiscales dirigidos por Geoffrey Berman y moderados por el juez Kevin Castel y se evidencia cómo el exlíder nacionalista se vio amparado a la protección estatal por lo que gozó de impunidad por más de una década.
En la declaración inicial que dio el fiscal federal Jason Richman, se especifica que el ocupante del palacio José Cecilio del Valle habría recibido del capo Joaquín Chapo Guzmán un millón de dólares para financiar su campaña proselitista que lo llevó a ocupar la silla presidencial.
Si bien el juicio finalizó en octubre de 2019, en esta desclasificación de archivos se mostrarán pormenores del juicio que puso contra las cuerdas al actual titular del Ejecutivo, quien en un acto de desesperación negó los señalamientos en su contra y desdeñó los dichos de los fiscales al sostener que era un cuento de Alicia en el país de las maravillas.
Sentencia de Tony Hernández ya no será el 24 de febrero
febrero 14, 2020
Redacción
Tomado de: ProHondurasNetwork
El día de hoy el juez Kevin Castel determinó reprogramar la audiencia para brindar la sentencia a Juan Antonio Hernández, debido a la petición de Tony para que se le asigne un abogado pagado por la corte.
En su lugar se realizará una audiencia para definir el futuro que tendrá Tony y la nueva fecha en que se dictaminará la sentencia.
Traducción de la nota emitida por el juez:
La sentencia en este caso está programada para el 24 de febrero de 2020, habiendo la Corte previamente sentencia suspendida a solicitud del abogado del acusado. El acusado ha escrito directamente al Tribunal solicitando el nombramiento de un abogado.
El tribunal ORDENA lo siguiente:
Los Sres. Malone y Tein siguen siendo abogados del acusado.
El Tribunal designará provisionalmente un abogado de conformidad con la Ley de Justicia Penal («CJA») para explorar la elegibilidad financiera del acusado para el nombramiento permanente. se designa provisionalmente de conformidad
El 24 de febrero de 2020 ahora será una conferencia para abordar cualquier solicitud de retiro y solicitud de nombramiento permanente de un abogado de CJA, así como la reprogramación de la sentencia.
El día de hoy el juez Kevin Castel determinó reprogramar la audiencia para brindar la sentencia a Juan Antonio Hernández, debido a la petición de Tony para que se le asigne un abogado pagado por la corte.
En su lugar se realizará una audiencia para definir el futuro que tendrá Tony y la nueva fecha en que se dictaminará la sentencia.
Traducción de la nota emitida por el juez:
La sentencia en este caso está programada para el 24 de febrero de 2020, habiendo la Corte previamente sentencia suspendida a solicitud del abogado del acusado. El acusado ha escrito directamente al Tribunal solicitando el nombramiento de un abogado.
El tribunal ORDENA lo siguiente:
Los Sres. Malone y Tein siguen siendo abogados del acusado.
El Tribunal designará provisionalmente un abogado de conformidad con la Ley de Justicia Penal («CJA») para explorar la elegibilidad financiera del acusado para el nombramiento permanente. se designa provisionalmente de conformidad
El 24 de febrero de 2020 ahora será una conferencia para abordar cualquier solicitud de retiro y solicitud de nombramiento permanente de un abogado de CJA, así como la reprogramación de la sentencia.
Tony Hernández se declara en quiebra y pide defensa pública
febrero 14, 2020
Redacción
Tomado de: ProHonduras Network
Tegucigalpa.- Este viernes Juan Antonio Hernández Alvarado se dirigió al juez Kevin Castel para solicitarle representación legal, ya que asegura que ya no cuenta con recursos para continuar pagando la firma de abogados que hasta hoy lo venía representando. Asegura que ya gastó todos los ahorros de su vida y que no sabe nada de sus abogados desde que concluyó el juicio.
Tony señala que teme enfrentar una sentencia poco justa, ya que sus abogados no están preparando los documentos e información necesaria para que el juez conozca un panorama completo de su vida.
Traducción de la carta
Su señoría:
Le escribo para pedirle que, por favor, me asigne un abogado designado por el Tribunal para que me represente en mi sentencia y otros asuntos ante el Tribunal.
Su señoría, he agotado mis ahorros de toda la vida y mi cuenta bancaria y no tengo recursos para pagar nuevos abogados en este momento crítico, cuando decida cómo voy a pasar el resto de mi vida.
Hasta este momento, he estado representado por Oscar Malone y Michael Tein, de la firma TeinMalone. Ya no me siento en confianza con sus servicios.
Además, desafortunadamente, los Sres. Malone y Tein han estado casi completamente fuera de contacto conmigo desde mi condena. Y solo me han visitado una vez desde octubre de 2019. He tratado de comunicarme con ellos a través de mi familia, pero la distancia es un problema real, y me temo que no puedo proporcionarle al Tribunal materiales e información sobre sentencias apropiados porque han estado completamente fuera de su alcance. No participaron en mi investigación previa a la sentencia y no hicieron ningún esfuerzo por revisar el informe previo a la sentencia.
Su señoría, sin una representación adecuada, me temo que no podré transmitirle hechos importantes para ser considerados durante la sentencia, y mucho menos presentar el memorándum de sentencia. Solicite que asigne un abogado designado por el tribunal para garantizar que tenga una oportunidad justa y adecuada de estar representado ante su tribunal.
Una vez que tenga un abogado designado por el tribunal, podré trabajar con ellos para presentar a Su Señoría un Memorando de sentencia para que tenga una imagen completa de mi vida y mis esperanzas. Con gratitud por su amable consideración y gran respeto.
Tegucigalpa.- Este viernes Juan Antonio Hernández Alvarado se dirigió al juez Kevin Castel para solicitarle representación legal, ya que asegura que ya no cuenta con recursos para continuar pagando la firma de abogados que hasta hoy lo venía representando. Asegura que ya gastó todos los ahorros de su vida y que no sabe nada de sus abogados desde que concluyó el juicio.
Tony señala que teme enfrentar una sentencia poco justa, ya que sus abogados no están preparando los documentos e información necesaria para que el juez conozca un panorama completo de su vida.
Traducción de la carta
Su señoría:
Le escribo para pedirle que, por favor, me asigne un abogado designado por el Tribunal para que me represente en mi sentencia y otros asuntos ante el Tribunal.
Su señoría, he agotado mis ahorros de toda la vida y mi cuenta bancaria y no tengo recursos para pagar nuevos abogados en este momento crítico, cuando decida cómo voy a pasar el resto de mi vida.
Hasta este momento, he estado representado por Oscar Malone y Michael Tein, de la firma TeinMalone. Ya no me siento en confianza con sus servicios.
Además, desafortunadamente, los Sres. Malone y Tein han estado casi completamente fuera de contacto conmigo desde mi condena. Y solo me han visitado una vez desde octubre de 2019. He tratado de comunicarme con ellos a través de mi familia, pero la distancia es un problema real, y me temo que no puedo proporcionarle al Tribunal materiales e información sobre sentencias apropiados porque han estado completamente fuera de su alcance. No participaron en mi investigación previa a la sentencia y no hicieron ningún esfuerzo por revisar el informe previo a la sentencia.
Su señoría, sin una representación adecuada, me temo que no podré transmitirle hechos importantes para ser considerados durante la sentencia, y mucho menos presentar el memorándum de sentencia. Solicite que asigne un abogado designado por el tribunal para garantizar que tenga una oportunidad justa y adecuada de estar representado ante su tribunal.
Una vez que tenga un abogado designado por el tribunal, podré trabajar con ellos para presentar a Su Señoría un Memorando de sentencia para que tenga una imagen completa de mi vida y mis esperanzas. Con gratitud por su amable consideración y gran respeto.
REPROGRAMAN SENTENCIA DE “TONY” PORQUE NO PUEDE PAGAR ABOGADO
- Publicado: 14 Febrero 2020
Juan
Antonio “Tony” Hernández pidió a los tribunales que se le asigne un
abogado pagado por la Corte, por lo que de conformidad a la Ley de
Justicia Penal de Estados Unidos, el juez Kevin Castel determinó
reprogramar la audiencia en la que el hermano del gobernante hondureño
conocería su sentencia por delitos de narcotráfico.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Pro Honduras Network
Washington.
Este viernes el juez Kevin Castel determinó reprogramar la audiencia en
la que Juan Antonio “Tony” Hernández conocería su sentencia por los
tres delitos vinculantes al narcotráfico y posesión de armas. Según
trascendió, el hermano del gobernante hondureño pidió a los tribunales
que se le asigne un abogado pagado por la Corte.
El
portal informativo, Pro Honduras Network, accesó al comunicado de
prensa emitido por el juez Kevin Castel, quien fue el encargado de
dictaminar la culpabilidad de “Tony” en octubre de 2019.
El
juez informó que la audiencia programada para este 24 de febrero, pasa a
ser una conferencia para abordar el futuro del exdiputado del Partido
Nacional y para definir una nueva fecha. Lo anterior con base a la Ley
de Justicia Penal (CJA, por sus siglas en inglés).
“La
sentencia en este caso está programada para el 24 de febrero de 2020,
habiendo la Corte previamente sentencia suspendida a solicitud del
abogado del acusado. El acusado ha escrito directamente al Tribunal
solicitando el nombramiento de un abogado”.
Añade
que el tribunal ordena que los señores Malone y Tein, siguen siendo
abogados de “Tony” y, de igual manera: “El Tribunal designará
provisionalmente un abogado de conformidad con la Ley de Justicia Penal
para explorar la elegibilidad financiera del acusado para el
nombramiento permanente”.
“El
24 de febrero de 2020 ahora será una conferencia para abordar cualquier
solicitud de retiro y solicitud de nombramiento permanente de un
abogado de CJA, así como la reprogramación de la sentencia”.
Embajada de Estados Unidos en Honduras quiere cobrar a Rommel Baldemar más de un millón de dólares
Thursday, 13 February 2020 23:18 Written by Heidy Dávila Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
En la audiencia de proposición de pruebas, realizada este 13 de
febrero de 2020, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras pretende
cobrar 1.7 millones de dólares por supuestos daños a la estructura del
edificio, en la acusación que se le sigue al joven Rommel Baldemar
Herrera Portillo, por incendio agravado y daños. La defensa del acusado
se ha opuesto al cobro por ser desproporcionado y no estar calculado de
acuerdo a la Ley.
Herrera Portillo fue detenido el 31 mayor de mayo de 2019 en el marco
de una protesta frente a esa sede diplomática donde fueron quemadas
varias llantas en la puerta del edificio, que inexplicablemente no tenía
seguridad en ese momento. Este entidad extranjera ha manifestado a
través de sus voceros que “colaborará” para que se le aplique todo el
peso de la Ley al imputado.
Los abogados Carol Cárdenas y Omar Menjivar, defensores de Herrera Portillo, argumentaron que dicha prueba no tiene validez por ser realizada desde la parte interesada que es la misma embajada, por eso no es objetivamente confiable, ni el Ministerio Público fue quién ordenado bajo ninguna dirección un recuento de daños.
El Tribunal de Sentencia de la Sala IV, de la Corte Suprema de Justicia, admitió dicho informe como medio de prueba bajo el argumento que mediante el juicio se determinaría si ésta tiene suficiente sustento. La sumatoria de la embajada es de Un millón 710 mil 640 dólares, que en Lempiras suman más de 47 mil millones.
Cárdenas explicó que esa suma es desproporcionada, hay un dictamen del cuerpo de bomberos que estableció daños mínimos, donde solo la puerta se quemó un poco, no existió corto circuito porque no tocó el alambrado, por lo que se necesita un perito que haga una prueba real sobre los daños.
El Ministerio Público presentó la solicitud para la declaración de tres testigos en calidad de protegidos asegurando que “podrían correr peligro por los movimientos organizados violentos que frecuentan las manifestaciones”, y que acompañaban a Rommel. La defensa refutó ese argumento porque no cumplía con los requisitos de acreditar que de verdad sus vidas corrían peligro grave, por lo que el tribunal resolvió que declararán frente al público en la sala sin esa figura.
Entre los demás medios de prueba del Ministerio, están CD y Dvd que contienen los vídeos recolectados en conjunto con la policía, además el acta de decomiso de objetos como la ropa que portaba el joven cuando fue capturado.
El informe técnico del cuerpo de bomberos, que identifica la magnitud del fuego, las pruebas periciales en el álbum de fotografías y el acta de inspección ocular.
Finalmente, el tribunal resolvió la fecha de inicio del Juicio Oral y Públicopara el 16 y 17 de abril del presente año, aceptando todas las pruebas del Ministerio Público, respaldado por una acusadora privada por parte de la Embajada de Estados Unidos, quien estuvo conforme con las mismas.
Ella agregó que los daños que Rommel causó en la embajada provocó el cierre del consulado para el otorgamiento de la visa, por lo que el tribunal no debería omitir el informe de daños.
En la Sala de Sentencia del Tribunal, defensores de derechos humanos hacen acompañamiento a la familia y siguen el proceso judicial, que se ha convertido en uno de los casos emblemáticos, por la defensa de la protesta social y la parte acusatoria de este caso ha señalado como “movimientos organizados criminales” a las personas que se manifiestan pacíficamente.
Los abogados Carol Cárdenas y Omar Menjivar, defensores de Herrera Portillo, argumentaron que dicha prueba no tiene validez por ser realizada desde la parte interesada que es la misma embajada, por eso no es objetivamente confiable, ni el Ministerio Público fue quién ordenado bajo ninguna dirección un recuento de daños.
El Tribunal de Sentencia de la Sala IV, de la Corte Suprema de Justicia, admitió dicho informe como medio de prueba bajo el argumento que mediante el juicio se determinaría si ésta tiene suficiente sustento. La sumatoria de la embajada es de Un millón 710 mil 640 dólares, que en Lempiras suman más de 47 mil millones.
Cárdenas explicó que esa suma es desproporcionada, hay un dictamen del cuerpo de bomberos que estableció daños mínimos, donde solo la puerta se quemó un poco, no existió corto circuito porque no tocó el alambrado, por lo que se necesita un perito que haga una prueba real sobre los daños.
El Ministerio Público presentó la solicitud para la declaración de tres testigos en calidad de protegidos asegurando que “podrían correr peligro por los movimientos organizados violentos que frecuentan las manifestaciones”, y que acompañaban a Rommel. La defensa refutó ese argumento porque no cumplía con los requisitos de acreditar que de verdad sus vidas corrían peligro grave, por lo que el tribunal resolvió que declararán frente al público en la sala sin esa figura.
Entre los demás medios de prueba del Ministerio, están CD y Dvd que contienen los vídeos recolectados en conjunto con la policía, además el acta de decomiso de objetos como la ropa que portaba el joven cuando fue capturado.
El informe técnico del cuerpo de bomberos, que identifica la magnitud del fuego, las pruebas periciales en el álbum de fotografías y el acta de inspección ocular.
Finalmente, el tribunal resolvió la fecha de inicio del Juicio Oral y Públicopara el 16 y 17 de abril del presente año, aceptando todas las pruebas del Ministerio Público, respaldado por una acusadora privada por parte de la Embajada de Estados Unidos, quien estuvo conforme con las mismas.
Ella agregó que los daños que Rommel causó en la embajada provocó el cierre del consulado para el otorgamiento de la visa, por lo que el tribunal no debería omitir el informe de daños.
En la Sala de Sentencia del Tribunal, defensores de derechos humanos hacen acompañamiento a la familia y siguen el proceso judicial, que se ha convertido en uno de los casos emblemáticos, por la defensa de la protesta social y la parte acusatoria de este caso ha señalado como “movimientos organizados criminales” a las personas que se manifiestan pacíficamente.
Sandra Maribel Sánchez: Hacer periodismo alternativo en Honduras es un reto
Tuesday, 04 February 2020 20:18 Written by Heidy Dávila Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Comunidades, organizaciones y redes de defensores y defensoras de
derechos humanos reconocieron este 03 de febrero de 2020, la labor de la
periodista Sandra Maribel Sánchez y de medios de comunicación
alternativa.
Entre las organizaciones que prepararon este reconocimiento a la
labor de Sánchez están el Consejo de Organizaciones Populares e
Indpigenas de Honduras, COPINH; el Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia, MADJ, la ADEPZA y la Red de Defensoras de Derechos Humanos
de Honduras.
También dichas organizaciones reconocieron la labor de varios medios alternativos como Radio Progreso, Criterio.hn, pasosdeanimalgrande.com, contracorriente.red, Programa Radial En La Plaza, defensoresenlinea.com, a la periodista Claudia Mendoza, Corresponsal de Univsión, reporterosdeinvestigacion.com, para mencionar algunos.
Reconocimiento a Sandra Maribel
Sánchez, ha tenido una trayectoria desde 1980, un período crítico en la historia de Honduras, donde las violaciones a derechos humanos eran constantes, entre ellas torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, persecución, vigilancia, seguimientos, entre otras.
Actualmente labora en Radio Progreso y ha sufrido dos atentados que marcaron su vida, uno contra su hija y un intento de secuestro fuera de su casa. Aun así, la periodista se negó a salir exiliada del país y aseguró que Honduras es dónde nació y aquí quiere morir.
En su discurso la comunicadora social hizo remembranza de las situaciones que le ha tocado vivir y señaló que hacer periodismo independiente es un reto en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.
Salvadoreños deportados por EE.UU. en un centro de atención para migrantes en San Salvador, el 22 de junio de 2018.Oscar Rivera / AFP
También dichas organizaciones reconocieron la labor de varios medios alternativos como Radio Progreso, Criterio.hn, pasosdeanimalgrande.com, contracorriente.red, Programa Radial En La Plaza, defensoresenlinea.com, a la periodista Claudia Mendoza, Corresponsal de Univsión, reporterosdeinvestigacion.com, para mencionar algunos.
Reconocimiento a Sandra Maribel
Sánchez, ha tenido una trayectoria desde 1980, un período crítico en la historia de Honduras, donde las violaciones a derechos humanos eran constantes, entre ellas torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, persecución, vigilancia, seguimientos, entre otras.
Actualmente labora en Radio Progreso y ha sufrido dos atentados que marcaron su vida, uno contra su hija y un intento de secuestro fuera de su casa. Aun así, la periodista se negó a salir exiliada del país y aseguró que Honduras es dónde nació y aquí quiere morir.
En su discurso la comunicadora social hizo remembranza de las situaciones que le ha tocado vivir y señaló que hacer periodismo independiente es un reto en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.
Organizaciones de ddhh respaldan informe de la OACNUDH sobre graves violaciones a derechos humanos en Honduras
Por defensores -
14 febrero, 2020
FOTO: @JASS_Meso
Las Américas y Europa, 14 de febrero de 2020 – Las
organizaciones que monitoreamos la situación de derechos humanos en
Honduras manifestamos nuestro total respaldo al informe “Responsabilidad
por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de
las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, presentado
el pasado 22 de enero por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
De acuerdo con su mandato, en este
informe de seguimiento, la OACNUDH reitera que el Estado de Honduras
respondió de forma desproporcionada a las protestas que se desataron
después de las elecciones, lo cual resultó en la comisión de graves
violaciones a los derechos humanos, que hasta la fecha, siguen en la
impunidad.
El informe señala los enormes retos que
en materia de justicia y reparación presentan las graves violaciones de
derechos humanos acontecidas, entre las que destacan ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas, pues a dos años de los
sucesos, aún no se ha logrado ninguna sentencia condenatoria y muchos
hechos ni siquiera están siendo investigados.
La situación de impunidad que refleja este informe refuerza las preocupaciones expresadas de manera reiterada por distintos organismos internacionales, así como por organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos en Honduras. Recordamos que la impunidad no solo genera indefensión en las víctimas y sus familiares sino que también “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos”.
Las recomendaciones emitidas ofrecen una
clara línea de trabajo para evitar que hechos de esta naturaleza se
repitan. En este sentido, hacemos un llamado al Estado de Honduras para
reconocer y asumir las conclusiones del informe de la OACNUDH,
comprometerse con las recomendaciones emitidas y generar las medidas
necesarias para su efectiva implementación.
Como organizaciones nacionales e
internacionales que monitoreamos la situación de derechos humanos en
Honduras, reconocemos que este informe demuestra, una vez más, la
fundamental labor que ha desarrollado la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos en Honduras, en particular frente a los
profundos retos que enfrenta el país para garantizar los derechos de su
población. Así, instamos al Estado a reconocer su labor y la de sus
funcionarios y funcionarias, garantizar su continuidad en el país y
cumplir con las recomendaciones emitidas por el organismo, para avanzar
hacia la ruptura de la impunidad en Honduras.
FIRMAN:- Amnistía Internacional
- ACI Participa
- Asociación de Jueces por la Democracia
- Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
- Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Colectivo Ansur
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
- Diakonia, Oficina Honduras
- Entrepueblos/Entrepobles/
Herriarte/Entrepobos - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
- Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU-AL
- Foro Honduras Suiza
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- GHRC-USA
- Global Witness
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras)
- JASS Mesoamérica
- Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF)
- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Protection International Honduras
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
- Witness for Peace Solidarity Collective
El muro de Trump ya está sucumbiendo y cayendo sobre territorio mexicano
Parte del muro fronterizo de Estados Unidos en California se está cayendo con el viento y aterriza en el lado mexicano.
Foto: Canal KYMA de California
ESCOMBROS
30 de enero de 2020, 10:16hs - LR21Grandes segmentos del muro fronterizo que tanto publicitó Donald
Trump están empezando a caer como consecuencia de fuertes vientos que ha
habido en una región de California en las últimas semanas. Lo peor de
todo es que se ha convertido en escombros y basura oxidada que está
quedando tirada en territorio mexicano.
El agente Carlos Pitones, del sector de Aduanas y Protección Fronteriza en El Centro, California, dijo en entrevista con CNN que las secciones que cedieron recientemente se habían instalado en una base de concreto nueva en Calexico, California. El hormigón aún no se había curado, según Pitones, y los paneles de pared no pudieron soportar las condiciones ventosas.
Las partes del muro cayeron este 29 de enero poco antes del mediodía. Una parte cayó sobre la carretera fronteriza del lado mexicano y otra sobre una hilera de árboles quedando peligrosamente suspendidos en el aire.
Pitones dijo que actualmente no se sabe cuánto tiempo será necesario suspender el trabajo de construcción en el área para permitir las tareas de limpieza y reparación.
Tres años después de asumir como presidente, Donald Trump ha ido enfrentado un calvario de complicaciones y trabas para implementar su agenda ultranacionalista, que incluye como proyecto estrella la instalación de un muro fronterizo a lo largo de cientos de kilómetros en la frontera con México. A principios de enero, el gobierno estadounidense aseguró que ya han construido más de 160 kilómetros, pero la gran parte de estos tramos ya existían y solamente están siendo reemplazadas por piezas nuevas, más altas y más modernas.
En total, la línea fronteriza entre EE.UU. y México tiene una longitud de 3.169 y atraviesa ciudades, pueblos, bosques, parques nacionales y desiertos.
El agente Carlos Pitones, del sector de Aduanas y Protección Fronteriza en El Centro, California, dijo en entrevista con CNN que las secciones que cedieron recientemente se habían instalado en una base de concreto nueva en Calexico, California. El hormigón aún no se había curado, según Pitones, y los paneles de pared no pudieron soportar las condiciones ventosas.
Las partes del muro cayeron este 29 de enero poco antes del mediodía. Una parte cayó sobre la carretera fronteriza del lado mexicano y otra sobre una hilera de árboles quedando peligrosamente suspendidos en el aire.
Sin heridos
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice que los funcionarios locales de Mexicali desviaron el tráfico del área del accidente, y la agencia está trabajando con el gobierno mexicano en los próximos pasos para corregir el desastre.Pitones dijo que actualmente no se sabe cuánto tiempo será necesario suspender el trabajo de construcción en el área para permitir las tareas de limpieza y reparación.
Tres años después de asumir como presidente, Donald Trump ha ido enfrentado un calvario de complicaciones y trabas para implementar su agenda ultranacionalista, que incluye como proyecto estrella la instalación de un muro fronterizo a lo largo de cientos de kilómetros en la frontera con México. A principios de enero, el gobierno estadounidense aseguró que ya han construido más de 160 kilómetros, pero la gran parte de estos tramos ya existían y solamente están siendo reemplazadas por piezas nuevas, más altas y más modernas.
En total, la línea fronteriza entre EE.UU. y México tiene una longitud de 3.169 y atraviesa ciudades, pueblos, bosques, parques nacionales y desiertos.
3800 millones de dólares adicionales para el proyecto de Trump
El Pentágono destina al muro fondos que eran para aviones y drones
Imagen: AFP
14 de febrero de 2020 - PÁGINA 12
El
Pentágono dejará de comprar varios aviones caza F-35 y drones "Reaper"
para destinar 3.800 millones de dólares más al muro que el presidente
Donald Trump quiere levantar en la frontera con México, según documentos
enviados este jueves al Congreso de Estados Unidos.
Esta medida amplía la reasignación presupuestaria del Pentágono para respaldar la polémica iniciativa de Trump de acelerar la construcción del muro en la frontera sur del país. Un proyecto de su política antiinmigrante que el Congreso ha bloqueado hasta ahora su financiación.
Los nuevos fondos incluyen 2.200 millones de dólares del presupuesto del Pentágono 2020 que se había asignado para comprar equipos para la Fuerza Aérea y la Marina. El resto proviene de fondos inicialmente destinados a operaciones externas de las fuerzas armadas estadounidenses (Afganistán, Siria, Irak).
Esta reasignación lleva a 9.900 millones de dólares los fondos asignados desde julio por el Departamento de Defensa para el muro en la frontera con México, un proyecto insignia de Trump desde la campaña electoral de 2016.
El presupuesto del Pentágono, que supera los 700.000 millones de dólares al año, se asigna a programas estrictamente definidos por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo.
Pero el Pentágono tiene unos 6.000 millones de dólares en fondos discrecionales, que pueden redirigirse siempre que se gasten en programas "urgentes".
Entre los equipos sacrificados por el muro de Trump, los documentos entregados al Congreso mencionan los F-35, los drones armados MQ-9 "Reaper", los aviones de carga C-130J y los aviones de reconocimiento marítimo "Poseidon" P-8.
Casi un millón de migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal 2019, terminado en septiembre, casi el doble que el año anterior.
Esta afluencia, principalmente de centroamericanos que huían de la violencia y la miseria en su país, provocó una crisis fronteriza, con centros de recepción superpoblados y condiciones sanitarias deplorables.
Esta medida amplía la reasignación presupuestaria del Pentágono para respaldar la polémica iniciativa de Trump de acelerar la construcción del muro en la frontera sur del país. Un proyecto de su política antiinmigrante que el Congreso ha bloqueado hasta ahora su financiación.
Los nuevos fondos incluyen 2.200 millones de dólares del presupuesto del Pentágono 2020 que se había asignado para comprar equipos para la Fuerza Aérea y la Marina. El resto proviene de fondos inicialmente destinados a operaciones externas de las fuerzas armadas estadounidenses (Afganistán, Siria, Irak).
Esta reasignación lleva a 9.900 millones de dólares los fondos asignados desde julio por el Departamento de Defensa para el muro en la frontera con México, un proyecto insignia de Trump desde la campaña electoral de 2016.
El presupuesto del Pentágono, que supera los 700.000 millones de dólares al año, se asigna a programas estrictamente definidos por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo.
Pero el Pentágono tiene unos 6.000 millones de dólares en fondos discrecionales, que pueden redirigirse siempre que se gasten en programas "urgentes".
Entre los equipos sacrificados por el muro de Trump, los documentos entregados al Congreso mencionan los F-35, los drones armados MQ-9 "Reaper", los aviones de carga C-130J y los aviones de reconocimiento marítimo "Poseidon" P-8.
Casi un millón de migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal 2019, terminado en septiembre, casi el doble que el año anterior.
Esta afluencia, principalmente de centroamericanos que huían de la violencia y la miseria en su país, provocó una crisis fronteriza, con centros de recepción superpoblados y condiciones sanitarias deplorables.
138 salvadoreños deportados por EE.UU. fueron asesinados a su regreso al país
Publicado:
6 feb 2020 14:32 GMT - RT
Del mismo modo, 70 han sido agredidos o abusados
sexualmente al retornar a El Salvador, según la ONG estadounidense Human
Rights Watch.
Un informe de Human Rights Watch asegura que desde el 2013 al menos 138 salvadoreños deportados por EE.UU. han sido asesinados.
Además, según esta organización, otros 70 salvadoreños devueltos al país centroamericano fueron golpeados, agredidos sexualmente, extorsionados y torturados por pandillas, exparejas, policías y miembros de los cuerpos de seguridad.
En el informe 'Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos' se afirma que de los 1,2 millones de salvadoreños que viven en EE.UU. y no tienen ciudadanía de ese país, menos de una cuarta parte son residentes legales permanentes. El resto no posee documentos legales o su estatus legal es temporario o precario.
Según el análisis de la información recogida, en más de 200 casos hay un "nexo claro" y principal entre el asesinato y la agresión a la persona deportada por haberse ido del país centroamericano.
Migrantes deportados de EE.UU. en un centro de asistencia para migrantes en San Salvador, El Salvador, el 8 de enero de 2020.Jose Cabezas / ReutersDe
igual manera, se refleja que entre las víctimas se encuentran los
ciudadanos que estuvieron residenciados en EE.UU. por un tiempo extenso
debido a que son vistos como "blancos fáciles y lucrativos de extorsión o
abusos".
En el documento se destaca la importancia de que las autoridades estadounidenses permitan que los inmigrantes expliquen que necesitan protección antes de ser deportados.
HRW opina que Washington "impulsa políticas que desvían la responsabilidad del control inmigratorio a países como México" para "desentenderse de la obligación de velar por el bienestar de los migrantes y la protección de solicitantes de asilo".
Al respecto, prevé que la situación se agravará "en perjuicio de salvadoreños y otras personas". "En general, las autoridades estadounidenses hacen caso omiso de los abusos que enfrentan los salvadoreños al regresar".
Las personas que solicitan asilo en EE.UU. "también enfrentan un riesgo cada vez mayor de deportación y devolución", recoge el informe, debido a que la Administración Trump impulsa "iniciativas en materia de políticas públicas" que hacen que sea más "difícil" pedir asilo en ese país.
Además, según esta organización, otros 70 salvadoreños devueltos al país centroamericano fueron golpeados, agredidos sexualmente, extorsionados y torturados por pandillas, exparejas, policías y miembros de los cuerpos de seguridad.
En el informe 'Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos' se afirma que de los 1,2 millones de salvadoreños que viven en EE.UU. y no tienen ciudadanía de ese país, menos de una cuarta parte son residentes legales permanentes. El resto no posee documentos legales o su estatus legal es temporario o precario.
¿Cómo se obtiene la información?
La ONG asevera que los datos manejados son producto del cruce de noticias, expedientes judiciales, entrevistas con familiares de las víctimas, miembros de la comunidad y funcionarios. Sin embargo, aclara que debido a que no hay datos oficiales, el número podría ser mayor.Según el análisis de la información recogida, en más de 200 casos hay un "nexo claro" y principal entre el asesinato y la agresión a la persona deportada por haberse ido del país centroamericano.
En el documento se destaca la importancia de que las autoridades estadounidenses permitan que los inmigrantes expliquen que necesitan protección antes de ser deportados.
Política migratoria bajo la lupa
Del mismo modo, se considera que los cambios en las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump han incrementado "los numerosos obstáculos que ya existían para las personas que buscan obtener protección y evitar ser deportadas".HRW opina que Washington "impulsa políticas que desvían la responsabilidad del control inmigratorio a países como México" para "desentenderse de la obligación de velar por el bienestar de los migrantes y la protección de solicitantes de asilo".
Al respecto, prevé que la situación se agravará "en perjuicio de salvadoreños y otras personas". "En general, las autoridades estadounidenses hacen caso omiso de los abusos que enfrentan los salvadoreños al regresar".
Las personas que solicitan asilo en EE.UU. "también enfrentan un riesgo cada vez mayor de deportación y devolución", recoge el informe, debido a que la Administración Trump impulsa "iniciativas en materia de políticas públicas" que hacen que sea más "difícil" pedir asilo en ese país.
A punta de Fusil
Tensión en el Salvador
El
Presidente de el Salvador Nayib Bukele presiona al Parlamento para que
éste apruebe un presupuesto para combatir la delincuencia.
9 febrero, 2020 - CARAS Y CARETAS
Desde tempranas horas de la mañana del sábado 8 de
febrero, el Salvador vive una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y
el Parlamento.
El Presidente Salvadoreño puso en marcha un articulo de la Constitución para que el Consejo de Ministros, convoque a una sesión plenaria del Parlamento, a efectos de votarle mas presupuesto para el combate a la delincuencia, amenazando que de no concurrir los diputados, el pueblo podría recurrir a la insurrección.
Inmediatamente el parlamento fue rodeado por efectivos militares, y
el Ministro de Defensa, René Merino, aseguró a través de su cuenta de
twitter, que el Ejercito servirá al pueblo y será obediente al
presidente de la República.
La resistencia de los diputados de la oposición a votar dicho presupuesto por la vía de un préstamo, se basa en la política de exterminio que el Presidente Bukele viene llevando adelante, en su afán de reducir los indices de delincuencia en el país.
Inmediatamente desde las redes sociales, empezaron a circular denuncias sobre la situación.
«estamos ante el escenario de un golpe de estado en desarrollo con las acciones aventureras y de provocación que quiere instaurar el presidente de la república, aniquilando los espacios democráticos, conquistados con enormes sacrificios por nuestro pueblo»,es uno de los tantos mensajes.
«No al golpe de Estado de Bukele», es la consigna en torno a la cual se nuclean las fuerzas democráticas en el Salvador.
El Presidente Salvadoreño puso en marcha un articulo de la Constitución para que el Consejo de Ministros, convoque a una sesión plenaria del Parlamento, a efectos de votarle mas presupuesto para el combate a la delincuencia, amenazando que de no concurrir los diputados, el pueblo podría recurrir a la insurrección.
La resistencia de los diputados de la oposición a votar dicho presupuesto por la vía de un préstamo, se basa en la política de exterminio que el Presidente Bukele viene llevando adelante, en su afán de reducir los indices de delincuencia en el país.
Inmediatamente desde las redes sociales, empezaron a circular denuncias sobre la situación.
«estamos ante el escenario de un golpe de estado en desarrollo con las acciones aventureras y de provocación que quiere instaurar el presidente de la república, aniquilando los espacios democráticos, conquistados con enormes sacrificios por nuestro pueblo»,es uno de los tantos mensajes.
«No al golpe de Estado de Bukele», es la consigna en torno a la cual se nuclean las fuerzas democráticas en el Salvador.
