¿Qué vincula un asesinato en prisión, un juicio por drogas en Nueva York con el presidente de Honduras?
noviembre 1, 2019
Redacción
Un ataque descarado contra un recluso y las revelaciones en un tribunal de los EE. UU. Han acumulado presión sobre Juan Orlando Hernández sobre sus presuntos vínculos con el narcotráficoPor: Jeff Ernst/TheGuardian
Policías antidisturbios toman posiciones durante enfrentamientos con estudiantes que exigen la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa.
A pesar de varios intentos contra su vida: comida envenenada, una granada de contrabando, el narcotraficante Nery López parecía tranquilo mientras hablaba con el alcaide dentro de una prisión de máxima seguridad en el oeste de Honduras. Casi no se dio cuenta cuando un guardia con una máscara de esquí entró al pasillo, mirando a López mientras buscaba las llaves de su cinturón. Momentos después, el guardia enmascarado se apartó de una pesada puerta corrediza cuando un grupo de hombres con camisetas y pantalones cortos irrumpió, uno de ellos disparando una pistola a López. Un segundo hombre sacó un cuchillo largo, atacando al traficante caído antes de que el pistolero sacara una segunda arma y vaciara otro cartucho de balas.
A las pocas horas del asesinato del 26 de octubre, las imágenes del ataque descarado se filtraron a las redes sociales, enviando una ola de miedo a todo el país.
El asesinato se produjo pocos días después de que la evidencia incautada de López ayudó a un jurado de Nueva York a condenar a un exdiputado hondureño llamado Juan Antonio «Tony» Hernández por cuatro cargos de tráfico de drogas y cargos relacionados con armas.
Tony Hernández es el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el abogado de López acusó rápidamente al gobierno de complicidad en el asesinato de su cliente.
«Juan Orlando [Hernández] lo silenció», dijo el abogado de López, Carlos Chajtur. «Esa puerta se abrió a propósito».
Nery López es atacado en prisión.
Una semana antes de que comenzara el juicio, los dos países anunciaron un acuerdo, permitiendo a los Estados Unidos enviar solicitantes de asilo de terceros países a la nación centroamericana devastada por la violencia mientras se procesa su reclamo. Se han elaborado acuerdos similares con Guatemala y El Salvador.
Entonces, mientras que los fiscales estadounidenses en Nueva York describieron una situación de «tráfico de drogas patrocinado por el estado», el departamento de estado ha mantenido un enfoque de negocios como siempre después de la condena de Tony Hernández.
Un día después del veredicto, el principal diplomático estadounidense en Honduras fue fotografiado sonriendo con el presidente Hernández en un desfile militar.El presidente hondureño también apareció en el caso de Nueva York, cuando los fiscales lo acusaron de haber recibido millones de dólares de narcotraficantes, incluido un soborno de $ 1 millón de Joaquín «El Chapo» Guzmán.Los fiscales acusaron a Tony Hernández de conspirar para asesinar a traficantes rivales, incluida una masacre con una bazuca y ametralladoras que causaron cuatro muertes.
El plan de Trump para quienes buscan refugio seguro: un boleto al corazón violento de América Central El presidente Hernández, quien fue reelegido en una votación fraudulenta en 2017 después de que la Corte Suprema levantó un límite de un solo mandato, negó todas las acusaciones de vínculos con el tráfico de drogas y mantuvo la inocencia de su hermano. «¿Qué puede decir sobre una condena basada en los testimonios de asesinos confesos?», Dijo en Twitter después de que se anunció el veredicto.
Los líderes de la oposición han pedido que el presidente Hernández renuncie, pero el miedo, la división y la escasez de liderazgo han impedido que las protestas esporádicas se unan en un movimiento de masas.En el momento de su captura en junio de 2018, López vivía con un nombre falso, después de fingir su propia muerte unos años antes pagando sobornos para obtener un certificado de defunción falsificado y una nueva identidad.
Partidarios de la oposición sostiene carteles donde exigen la salida de Juan Hernández
Fue considerado uno de los mayores
narcotraficantes en Honduras, por lo que los agentes antinarcóticos
estaban intrigados por descubrir cientos de páginas de registros que
detallaban su negocio soldado en un compartimento secreto en un vehículo
incautado en el arresto. Uno de esos agentes testificó en el juicio de
Tony Hernández que había visto de inmediato el nombre del exlegislador
en los libros de contabilidad, que también enumera los pagos a una
persona identificada como «JOH», las iniciales por las cuales se conoce
comúnmente al presidente Juan Orlando Hernández. Los críticos argumentan
que López fue asesinado para evitar cualquier posibilidad de que algún
día testifique en un tribunal de los Estados Unidos, y para enviar un
mensaje a otros que podrían hacer lo mismo.«El primer mensaje es para aquellos que están vinculados al narcotráfico en Honduras relacionados con Tony Hernández, o con Juan Orlando Hernández y todo su grupo, para mostrarles que ellos o sus familiares serán asesinados si continúan proporcionando pruebas», dijo el Dr. Joaquín Mejía, abogado de derechos humanos que estudió violencia en Honduras.
Oposición acusa a las FFAA de traición a la Patria e insta a la insurrección
IN 28 / 10 / 2019 4: 40 PM BY Hondudiario Redacción
”Tienen obligación de
detener y capturar a Juan Orlando Hernández Alvarado y a todos los que
conforman su gobierno utilizando la fuerza de las armas, porque las
armas son del pueblo de la República”, reza el comunicado.
Tegucigalpa, Honduras
El
excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla y
un grupo de políticos de la oposición, dio a conocer este lunes, un
escritoante el Estado Mayor Conjunto, en el que acusa a las Fuerzas
Armadas de Honduras (FFAA) de irrespetar la Constitución de la
República, al no hacer que se cumpla la alternabilidad en el poder.
“La obligación expresa y directa de las
Fuerzas Armadas es mantener la alternabilidad en el ejercicio de la
Presidencia de la República, en caso de contravención no requiere orden
judicial”, expresó Nasralla.
Asimismo, dijo que los militares están
cometiendo el delito de traición a la patria, porque la Carta Magna
expresa que tienen la obligación de intervenir como parte del pueblo.
“Es el derecho del pueblo a recurrir a la
insurrección en defensa del orden constitucional concedido por la Carta
Magna en su artículo 3, que incluye, no solo a la población civil, sino
también a los militares en servicio activo, en virtud que son parte del
pueblo y tienen obligación de detener y capturar a Juan Orlando
Hernández Alvarado y a todos los que conforman su gobierno utilizando la
fuerza de las armas, porque las armas son del pueblo de la República”,
expresó.
“Siendo esta una orden ilegal a todos los
militares, porque implica la comisión del delito de traición a la
patria y las Fuerzas Armadas no pueden deliberar de acuerdo lo que manda
nuestra Constitución”, recalcó.
Nasralla señaló que el escrito presentado
hoy data desde el año 2012. “Datan del comienzo de la toma del poder
absoluto por parte de Hernández, el 12 de diciembre de 2012 cuando
destituyó a la Corte Suprema de Justicia, el 22 de abril de 2015, cuando
puso a otras personas, 24 de noviembre de 2016, cuando la corrupta
diputada, Gladys Aurora López Calderón, presentó la solicitud ante el
Tribunal Supremo Electoral, de la inscripción ilegal e inconstitucional
de Juan Orlando Hernández”.
De
igual forma, agregó que “17 de diciembre de 2017, con el delito de
grave traición a la patria, cuando se declaró por parte del Tribunal
Electoral a Juan Orlando Hernández como Presidente de la República,
violando de la Constitución y el 27 de enero de 2018, cuando René
Orlando Ponce Fonseca, jefe del Estado Mayor Conjunto, debió impedir que
Juan Orlando Hernández, tomará posesión de acuerdo a lo que dicta el
artículo 272 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley constitutiva”.
Nasralla indicó que “debido a esas
acciones es que se recurre al artículo 374 en su texto original y al
artículo 154 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas que según
dijo describe que todo militar con mando es responsable porque su
personal, equipo, instalaciones y medios para su comando, sean empleados
para los fines de servicios y lo demás que señala la Constitución de la
República”. GO/Hondudiario
"Es nuestro hijo de puta": Juan Orlando Hernández es el paradigma de gobierno de EEUU para la región
Juan Orlando Hernández alcanzó el poder en Honduras tras
acusaciones de fraude y acciones de violencia contra la ciudadanía (Foto: República)
Un narcopresidente es el mejor aliado de Washington en una conflictiva y azotada Centroamérica
26 Sep 2019, 7:00 am. - MISIÓN VERDAD
El perfil de este
presidente aliado a Estados Unidos ayudará a conocer que solo esa
condición convierte a un político en "estadista", "demócrata" y "campeón
en derechos humanos". Aun cuando los hechos digan otras cosas.
Luego en 2012, como Presidente del mismo Congreso de la República,
promovió la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema y los
reemplazó por magistrados afines a su partido político. Esos mismos
magistrados avalaron el resultado de las elecciones generales del año
siguiente en las que el mismo JOH se hizo Presidente, con un control
absoluto del Legislativo, Judicial y del organismo electoral.
Se dice que hubo hechos fraudulentos que invalidarían dichos resultados, eventos como compra de votos (hasta por 25 dólares), venta de credenciales de mesa electoral, violencia e intimidación de votantes, complicidad mediática (el día de las elecciones medios estatales y privados ocultaron asesinatos de activistas y la detención de trabajadores electorales) y apoyo extranjero (Estados Unidos, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos calificaron de transparentes las elecciones sin haber concluido el proceso).
Además, 18 candidatos y activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece Zelaya, fueron asesinados durante la campaña.
En contra de lo dispuesto por la misma Constitución Política que JOH
"protegía" durante el golpe de 2009, la Corte Suprema de Justicia
hondureña en 2016 declaró "legal" sus aspiraciones a la reelección
presidencial, aun cuando la oposición y movimientos sociales exigían
consulta popular para dirimir dicho caso.
A tres días de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ofrecía los resultados definitivos. En su página web iban cambiando los números a cuentagotas y los últimos datos ya favorecían a JOH, medios alternativos afirmaban que el mecanismo según el cual se estaría llevando a cabo el fraude consistía en contabilizar las actas del candidato oficialista mientras que las de Nasralla eran dejadas en "monitoreo".
Aunque primero se evidenciaba una ventaja considerable de Nasralla, luego el sistema de votación electrónica salió del aire. Cuando el sistema se reanudó, JOH estaba ganando, luego fue proclamado vencedor por un estrecho margen y los observadores internacionales reportaron "fuertes indicios de fraude electoral", un recuento parcial le dio la victoria y lo que siguió fueron protestas masivas y calles militarizadas.
El 17 de diciembre, el TSE proclamó oficialmente a JOH como presidente electo, la delegación de observadores electorales de la OEA recomendó que se descartaran los resultados y que se celebraran nuevas elecciones. El 20 de diciembre un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que, a menos que se presenten pruebas adicionales de fraude, el gobierno de los Estados Unidos "no ha visto nada que altere el resultado final".
Hasta el 22 de diciembre de ese año, las organizaciones de derechos humanos en el país contaban con más de 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, de las cuales al menos cuatro tenían menos de 18 años.
Durante los años del gobierno de JOH han llovido denuncias de desapariciones, brutalidad militar, torturas, asalto a los trabajadores que defienden sus derechos, así como señalamientos de corrupción.
Desde el golpe de 2009, entre las víctimas de la desaparición se encuentran docenas de defensores LGBT, más de 100 activistas por los derechos a la tierra como Berta Cáceres, más de 30 periodistas, activistas laborales y al menos 20 candidatos y organizadores de la oposición.
Su formato de gobierno no se distancia de los tiempos de la Guerra
Fría en los 70 y 80, cuando dictadores apoyados por Washington campeaban
por Suramérica y el Caribe. Lo evidencian tanto los asesinatos de
campesinos opuestos a convertir sus propiedades en plantaciones de palma
para crear energía "verde" y varios proyectos mineros, como el cierre
de estaciones de radio indígenas garífunas que han sido utilizadas para
movilizar la oposición ambiental a las minas, represas y proyectos
hidroeléctricos.
Lo cierto es que bajo el gobierno de JOH ha aumentado el flujo de hondureños huyendo de la pobreza. Aunque en los años 80 Honduras fue uno de los países receptores más importantes para desplazados que huyeron de conflictos armados y la situación económica, política y social de sus países vecinos.
A partir de los 90 incrementó la emigración masiva de Honduras, no causada por conflictos armados, sino a consecuencia de las crisis económicas y los sucesivos ajustes estructurales neoliberales establecidos en el llamado Consenso de Washington.
En la actualidad, la situación económica del país, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia se encuentran entre los impulsores de la diáspora masiva de la población hondureña. El Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE) reporta que, en junio de 2016, un 60.9% de los hogares hondureños vivían en la pobreza y un 38.4% en pobreza extrema.
En 2012, el porcentaje de hogares en pobreza estuvo en un nivel
todavía más alto (71.1% según el INE, 2016). Con un Coeficiente de Gini
de 0.54 en 2013, siendo cero el ideal, el nivel de desigualdad es alto
en Honduras (Banco Mundial, 2017). Aunque en junio de 2016, la tasa de
desempleo se encontraba en un 7.4% a nivel nacional, especialmente los
jóvenes poseen dificultades de acceso a fuentes de trabajo, esto se
refleja en una tasa de desempleo de 16.2% para hondureños de entre 19 y
24 años (INE, 2016).
Honduras ha llegado a poseer, bajo el gobierno de JOH, la tasa más alta de homicidios intencionales por 100 mil habitantes en el mundo (75 en 2014, 93 en 2012) (Banco Mundial, 2016), así como la tasa más alta de feminicidios por cada 100 mil mujeres (13.3 en 2014) en América Latina y El Caribe.
En los últimos años, también se notaron grandes flujos de retorno, sobre todo forzado, de migrantes hondureños. En 2016, último año de gobierno de Obama, 21 mil 994 hondureños fueron deportados desde EEUU y 50 mil 964 desde México (más del doble respecto a 2010).
Tales operaciones, además de constituir violaciones a derechos de las personas, contribuyen a empeorar su seguridad, considerando que para evitar las autoridades muchos deciden tomar rutas cada vez más peligrosas y enfrentar altos riesgos ambientales y personales que resultan en homicidios, lesiones, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, robos y otros delitos.
Todo esto detonó una crisis en octubre de 2018 cuando un grupo de personas bajo la denominada Caravana Migrante, muchos de ellos hondureños, salió desde San Pedro Sula con la intención de llegar a la frontera norte de México. Sus integrantes, unos 2 mil hombres y mujeres adultos, así como adolescentes y niños, deseaban solicitar asilo en Estados Unidos.
Por su parte Trump tuiteaba que "¡Estados Unidos ha informado
firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas
que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras,
no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!". Horas
después, mientras otros presidentes asumían una actitud de rechazo a
estas palabras, pero sin hacer referencia al tuit, JOH pidió a los
hondureños que formaban parte de la caravana que desistieran de sus
planes.
El hermano de JOH, Juan Antonio, alias "Tony", fue llamado a Washington para responder por su presunta relación con un traficante importante a la vez que, en un caso diferente, un traficante mexicano delató ante la DEA al entonces ministro de seguridad de JOH, Julian Pacheco, un antiguo aliado del ejército estadounidense, graduado de la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. El informante también dijo que fue el hijo de Lobo quien le presentó a Pacheco.
Según los fiscales federales, Tony se comprometió en 2014 a ayudar a Rivera, con quien trabajó por más de una década, a conseguir que entes gubernamentales pagaran el dinero que se les debía a las compañías lavadólares de Rivera. Este dijo que le pagó a Tony 50 mil dólares de "agradecimiento".
Tony fue finalmente arrestado en Miami en 2018, dos años después de
que se descubriera que era una "persona de interés" en una investigación
de Estados Unidos. Se dice que, junto a sus compañeros, está conectado
con las Maras Salvatrucha ("MS-13") y Barrio 18, ambas fundadas en la
ciudad de Los Angeles.
Por su parte Rivera admitió orquestar unos 78 asesinatos a lo largo de más de 10 años, entre los muertos había personas que describió como matones, violadores y pandilleros, también un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que se convirtió en el zar antidrogas hondureño y un político que era su asesor; incluso dos niños resultaron muertos en un tiroteo.
El capo se puso en contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y les ofreció su ayuda para inculpar a políticos corruptos y otras élites que convirtieron a Honduras en un corredor masivo de cocaína hacia Estados Unidos, el primer consumidor mundial, a través de México.
La oferta aparecía cuando Honduras, un aliado leal de Estados Unidos en cuyo territorio se encuentra una base militar estadounidense, estaba al borde del caos interno. El país estaba plagado de narcotraficantes y Maras, tenía una de las tasas de homicidios más altas de todo el mundo. Según el Departamento de Estado, era la primera parada de cerca del 80% de los vuelos sospechosos de transportar drogas desde Suramérica.
Según dijo uno de los fiscales en una audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2017, las pruebas demuestran una red de "tráfico de drogas patrocinada por el Estado". Los investigadores tenían pruebas de que el expresidente Lobo aceptó sobornos para proteger a los traficantes, y sospechan que pudo haberse financiado la campaña de JOH con narcodólares.
Se descubrió también que, en 2013, Rivera grabó en secreto una
conversación con otro narcotraficante hondureño que afirmó haber hecho
un pago de 250 mil dólares supuestamente para JOH, aunque no indica si
este recibió ese dinero. Su gobierno atribuyó la acusación a
narcotraficantes que han sido objeto de su campaña antidrogas y el
mandatario afirmó que "es lógico, e incluso predecible, que los
delincuentes que se han visto afectados por las acciones de nuestro
gobierno tengan sentimientos de odio y resentimiento contra quienes han
tomado esas decisiones".
El perfil de JOH es el que Washington quiere lograr con Juan Guaidó, un operador financiado y amparado en sus desafueros por un entramado de poder que imponga condiciones cuando algo se salga de las manos.
En este caso aplica aquella frase de Kissinger: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".
Ascenso corrupto al poder
Juan Orlando Hernández (JOH) fue diputado del Congreso de la República que destituyó en 2009 a Manuel Zelaya por intentar consultar a los ciudadanos, mediante comicios que se realizarían el domingo 28 de junio, si aceptaban colocar una cuarta urna en las elecciones generales que se realizarían en noviembre de 2013. El motivo de consulta era para saber si la población estaba de acuerdo en hacer modificaciones a la Constitución de la República.
Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe militar que luego sería institucionalizado por el Congreso de Honduras (Foto: Reuters)
Se dice que hubo hechos fraudulentos que invalidarían dichos resultados, eventos como compra de votos (hasta por 25 dólares), venta de credenciales de mesa electoral, violencia e intimidación de votantes, complicidad mediática (el día de las elecciones medios estatales y privados ocultaron asesinatos de activistas y la detención de trabajadores electorales) y apoyo extranjero (Estados Unidos, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos calificaron de transparentes las elecciones sin haber concluido el proceso).
Además, 18 candidatos y activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece Zelaya, fueron asesinados durante la campaña.
El fraude electoral de JOH fue acompañado por una fuerte
represión policial y militar que cobró la vida de más de 300 hondureños (Foto: Reuters)
Que usurpe sin cesar y desaparezcan los obstáculos
El 26 de noviembre de 2017 los primeros resultados daban como ganador a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, frente conformado por el Partido Anticorrupción (PAC, del cual es fundador), el Partido Innovación y Unidad y el Partido Libre.A tres días de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ofrecía los resultados definitivos. En su página web iban cambiando los números a cuentagotas y los últimos datos ya favorecían a JOH, medios alternativos afirmaban que el mecanismo según el cual se estaría llevando a cabo el fraude consistía en contabilizar las actas del candidato oficialista mientras que las de Nasralla eran dejadas en "monitoreo".
Aunque primero se evidenciaba una ventaja considerable de Nasralla, luego el sistema de votación electrónica salió del aire. Cuando el sistema se reanudó, JOH estaba ganando, luego fue proclamado vencedor por un estrecho margen y los observadores internacionales reportaron "fuertes indicios de fraude electoral", un recuento parcial le dio la victoria y lo que siguió fueron protestas masivas y calles militarizadas.
El 17 de diciembre, el TSE proclamó oficialmente a JOH como presidente electo, la delegación de observadores electorales de la OEA recomendó que se descartaran los resultados y que se celebraran nuevas elecciones. El 20 de diciembre un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que, a menos que se presenten pruebas adicionales de fraude, el gobierno de los Estados Unidos "no ha visto nada que altere el resultado final".
Hasta el 22 de diciembre de ese año, las organizaciones de derechos humanos en el país contaban con más de 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, de las cuales al menos cuatro tenían menos de 18 años.
Durante los años del gobierno de JOH han llovido denuncias de desapariciones, brutalidad militar, torturas, asalto a los trabajadores que defienden sus derechos, así como señalamientos de corrupción.
Desde el golpe de 2009, entre las víctimas de la desaparición se encuentran docenas de defensores LGBT, más de 100 activistas por los derechos a la tierra como Berta Cáceres, más de 30 periodistas, activistas laborales y al menos 20 candidatos y organizadores de la oposición.
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada la luchadora social hondureña, Berta Cáceres (Foto: Mundabat)
Controlar a los "bad hombres"
El término "bad hombres" fue utilizado por Donald Trump, magnate presidente de Estados Unidos, para vincular a los inmigrantes provenientes de Centroamérica con la criminalidad que vive un país que, solo en 2019, ha vivido bajo el terror de más de un tiroteo diario, ninguno ocasionado por latinos.Lo cierto es que bajo el gobierno de JOH ha aumentado el flujo de hondureños huyendo de la pobreza. Aunque en los años 80 Honduras fue uno de los países receptores más importantes para desplazados que huyeron de conflictos armados y la situación económica, política y social de sus países vecinos.
A partir de los 90 incrementó la emigración masiva de Honduras, no causada por conflictos armados, sino a consecuencia de las crisis económicas y los sucesivos ajustes estructurales neoliberales establecidos en el llamado Consenso de Washington.
En la actualidad, la situación económica del país, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia se encuentran entre los impulsores de la diáspora masiva de la población hondureña. El Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE) reporta que, en junio de 2016, un 60.9% de los hogares hondureños vivían en la pobreza y un 38.4% en pobreza extrema.
Los paquetazos neoliberales de EEUU han enterrado a Honduras
en la pobreza extrema, convirtiéndolo en uno de los países más
desiguales de América Latina (Foto: TN)
Honduras ha llegado a poseer, bajo el gobierno de JOH, la tasa más alta de homicidios intencionales por 100 mil habitantes en el mundo (75 en 2014, 93 en 2012) (Banco Mundial, 2016), así como la tasa más alta de feminicidios por cada 100 mil mujeres (13.3 en 2014) en América Latina y El Caribe.
En los últimos años, también se notaron grandes flujos de retorno, sobre todo forzado, de migrantes hondureños. En 2016, último año de gobierno de Obama, 21 mil 994 hondureños fueron deportados desde EEUU y 50 mil 964 desde México (más del doble respecto a 2010).
Tales operaciones, además de constituir violaciones a derechos de las personas, contribuyen a empeorar su seguridad, considerando que para evitar las autoridades muchos deciden tomar rutas cada vez más peligrosas y enfrentar altos riesgos ambientales y personales que resultan en homicidios, lesiones, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, robos y otros delitos.
Todo esto detonó una crisis en octubre de 2018 cuando un grupo de personas bajo la denominada Caravana Migrante, muchos de ellos hondureños, salió desde San Pedro Sula con la intención de llegar a la frontera norte de México. Sus integrantes, unos 2 mil hombres y mujeres adultos, así como adolescentes y niños, deseaban solicitar asilo en Estados Unidos.
Voceros del gobierno estadounidense responsabilizaron sin
pruebas a Venezuela de ser la responsable de la denominada Caravana
Migrante (Foto: Reuters)
Que mantenga a los "bad hombres" cerca… muy cerca
En enero de 2015, Devis Rivera, líder del cartel hondureño Los Cachiros, estaba entre los capturados y extraditados para ser juzgados en el Distrito Sur de Nueva York. En su confesión señaló a Fabio Lobo, el hijo de Porfirio Lobo (ex presidente compañero de partido de JOH), quien fue arrestado más tarde en Haití y condenado a 24 años en Manhattan. Su entorno policial, que facilitó el paso de drogas, fue arrestado en Honduras y también juzgado en Estados Unidos junto a importantes banqueros. Tal parece que los "bad hombres" salieron de Honduras a las cárceles estadounidenses.El hermano de JOH, Juan Antonio, alias "Tony", fue llamado a Washington para responder por su presunta relación con un traficante importante a la vez que, en un caso diferente, un traficante mexicano delató ante la DEA al entonces ministro de seguridad de JOH, Julian Pacheco, un antiguo aliado del ejército estadounidense, graduado de la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. El informante también dijo que fue el hijo de Lobo quien le presentó a Pacheco.
Según los fiscales federales, Tony se comprometió en 2014 a ayudar a Rivera, con quien trabajó por más de una década, a conseguir que entes gubernamentales pagaran el dinero que se les debía a las compañías lavadólares de Rivera. Este dijo que le pagó a Tony 50 mil dólares de "agradecimiento".
Luego del ascenso al poder de JOH, el narcotráfico ha aumentado su presencia en la ya castigada sociedad hondureña (Foto: Reuters)
Por su parte Rivera admitió orquestar unos 78 asesinatos a lo largo de más de 10 años, entre los muertos había personas que describió como matones, violadores y pandilleros, también un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que se convirtió en el zar antidrogas hondureño y un político que era su asesor; incluso dos niños resultaron muertos en un tiroteo.
El capo se puso en contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y les ofreció su ayuda para inculpar a políticos corruptos y otras élites que convirtieron a Honduras en un corredor masivo de cocaína hacia Estados Unidos, el primer consumidor mundial, a través de México.
La oferta aparecía cuando Honduras, un aliado leal de Estados Unidos en cuyo territorio se encuentra una base militar estadounidense, estaba al borde del caos interno. El país estaba plagado de narcotraficantes y Maras, tenía una de las tasas de homicidios más altas de todo el mundo. Según el Departamento de Estado, era la primera parada de cerca del 80% de los vuelos sospechosos de transportar drogas desde Suramérica.
Según dijo uno de los fiscales en una audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2017, las pruebas demuestran una red de "tráfico de drogas patrocinada por el Estado". Los investigadores tenían pruebas de que el expresidente Lobo aceptó sobornos para proteger a los traficantes, y sospechan que pudo haberse financiado la campaña de JOH con narcodólares.
Honduras se ha convertido en un paso estratégico para la cocaína que va desde Colombia hasta Estados Unidos (Foto: Once Noticias)
Siempre que sea nuestro, no hay problema
Honduras ha sido un portaaviones de Estados Unidos en Centroamérica durante mucho tiempo: la nación del Triángulo del Norte sirvió de base para contrarrestar la influencia soviética en América Latina durante la década de 1980. Sin embargo, a otros países se les consideran Estados fallidos por menos de lo que la burguesía hondureña provoca con una acumulación voraz de tierras, recursos y renta, lo que da pie para que las potencias intervengan a favor de esas mismas élites para imponerse.El perfil de JOH es el que Washington quiere lograr con Juan Guaidó, un operador financiado y amparado en sus desafueros por un entramado de poder que imponga condiciones cuando algo se salga de las manos.
En este caso aplica aquella frase de Kissinger: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".
UNIVISIÓN VISITA MONTAÑAS DE HONDURAS DESDE DONDE NARCOS PRESUNTAMENTE AYUDARON A JOH
- Publicado: 30 Septiembre 2019
Un
juicio por narcotráfico en Nueva York esta semana amenaza con revelar
una presunta conspiración entre el gobernante Partido Nacional de
Honduras y un grupo de narcotraficantes en un remoto rincón de
Centroamérica.“Es un secreto a voces que los narcotraficantes se apoderaron en los últimos años de esta región montañosa de bosques de pinos tropicales en el noroeste de Honduras. Pero en juicio podría levantar el velo sobre las presuntas actividades ilícitas de Hernández y otros acusados, al igual que la niebla que cubre las laderas cubiertas de pinos”, señala Univisión.
Univisión
Agencias / EL LIBERTADOR
Gracias, Honduras.
Al llegar a su casa después de una extenuante jornada laboral en el
campo, al caficultor Domingo Gutiérrez, de 58 años, le gusta ver las
noticias.
En estos días, la remota y montañosa región del occidente de Honduras
donde vive acapara los titulares después de que los narcotraficantes
aprovecharon su ubicación estratégica cerca de la frontera con Guatemala
para traficar cocaína destinada a Estados Unidos.
"Supongo
que hay corrupción en todas partes, pero en las noticias dicen que
Honduras es el país más corrupto del mundo", afirma con su sombrero en
la cabeza y sentado en un banco del parque bajo los frondosos árboles de
Gracias, una localidad colonial de calles empedradas.
Esta
semana, Gracias será el foco de atención de un importante juicio por
narcotráfico en Nueva York en contra de Juan Antonio 'Tony' Hernández,
miembro de una de las familias políticas más prominentes del pueblo y
hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Es
un secreto a voces que los narcotraficantes se apoderaron en los
últimos años de esta región montañosa de bosques de pinos tropicales en
el noroeste de Honduras. Pero en juicio podría levantar el velo sobre
las presuntas actividades ilícitas de Hernández y otros acusados, al
igual que la niebla que cubre las laderas cubiertas de pinos.
La
semana pasada, Univision Noticias pasó cuatro días entrevistando a
funcionarios locales y ciudadanos para hacerse una idea del potencial
impacto político del juicio que ha cautivado a los residentes.
"No
nos importa qué partido político esté involucrado, sólo queremos que se
investigue y si son culpables deberían pagar por sus crímenes", dijo
Gutiérrez.
"Narcotraficante violento"
Tony
Hernández, junto con otros tres acusados, es señalado de ser un
"importante narcotraficante violento", que sobornó a altos funcionarios
hondureños para traficar con tranquilidad envíos de cocaína de varias
toneladas. También obtuvo influencia política tras invertir millones de
dólares en las campañas electorales de 2009 y 2013 de candidatos del
Partido Nacional, entre ellos el presidente Hernández.
Tony Hernández se declaró inocente de los cargos.
El
presidente Hernández, quien es señalado como conspirador pero no está
acusado en el caso, también ha negado firmemente las acusaciones en su
contra, achacándoselas a los traficantes que buscan venganza por sus
medidas políticas en la lucha contra el narcotráfico.
El
alcalde de Gracias, Javier Enamorado, un dentista de 48 años de edad,
dijo que no creía las acusaciones. "Aquí estamos, en mi caso, asombrado,
porque nunca vimos un posicionamiento económico que fuera fuerte como
para como lo mencionan", dijo en una entrevista en su alcaldía en la
plaza principal de la ciudad.
A
pesar de todos los rumores sobre el narcotráfico, Enamorado dijo que
Gracias seguía siendo un tranquilo pueblo cafetero, sin señales visibles
de riqueza.
Familia "bien establecida"
"No
tenemos ni la menor sospecha. Yo lo que conozco, de la familia
Hernández es (que es) una familia distinguida… que ha tenido siempre su
patrimonio bien establecido", dijo el alcalde.
Enamorado
señaló que Tony y Juan Orlando Hernández son parte de una gran familia
con profundas raíces en el pueblo. Su padre, Juan Hernández, quien
también era un jefe político aficionado, o 'cacique' rural, tuvo 17
hijos. La familia posee el mejor hotel de la ciudad, la modesta Posada
Don Juan, donde una habitación con aire acondicionado cuesta $53 por
noche, con desayuno incluido.
Enamorado,
quien también es miembro del Partido Nacional, ha fungido como alcalde
desde 2010 y uno de los coacusados en el juicio de Nueva York es su
exvicealcalde de 2010 a 2014, Mario José Cálix, un caficultor conocido
localmente por su apodo 'Cubeta'.
La
Corte Suprema de Honduras anunció el martes que los funcionarios
estadounidenses solicitaron la extradición de Cálix, aunque se desconoce
su paradero.
Univision
Noticias visitó su casa en Gracias y habló con su madre, Iris Hernández
de Cálix, en el hotel y restaurante de la familia, La Finca del
Capitán. "No he sabido nada de él en mucho tiempo", dijo con una
expresión de dolor en su rostro. "Confío en su inocencia", añadió.
Un
representante legal de la familia, José Madrid, también le dijo a
Univision Noticias que los agentes antinarcóticos hondureños habían
visitado las propiedades de la familia en febrero, y pidieron documentos
legales, presumiblemente buscando evidencia de lavado de dinero. Se
fueron con las manos vacías, dijo Madrid. "El hotel ha sido propiedad de
la familia durante años. No se ha confiscado nada", agregó, y señaló
que habían pasado ocho meses desde la visita de los agentes.
"Machetero"
Un
político opositor local, Ramón López, de 40 años de edad, dijo que
estaba tan sorprendido como todos por las revelaciones sobre Cálix y
Tony Hernández. Dijo que creció jugando fútbol con Tony Hernández, de 41
años de edad, y que lo conocía como un típico ganadero que fue electo
al Congreso en 2013. Recordó sus feroces 'tacleadas' en el campo de
fútbol.
"No era tan bueno. Nosotros aquí le decimos a la voz popular, decimos machetero, de los que pegan", dijo.
Tony
Hernández también tenía un bufete de abogados y ganó fama al
representar con éxito a un colombiano arrestado durante una redada en un
laboratorio clandestino de drogas en 2013.
Los
residentes locales y algunos políticos de la oposición descartaron
todas las declaraciones de inocencia como parte de un prolongado
encubrimiento por parte del gobernante Partido Nacional para mantener su
dominio político en la región. Aun así, también expresaron su conmoción
por la magnitud de las presuntas fechorías.
"Tony
era un monstruo, sólo que nunca nos dimos cuenta", dijo Yester Muñoz,
de 47 años, exalcalde del Partido Nacional que antiguamente era allegado
de Juan Orlando Hernández, pero dejó el partido y ahora es miembro por
Gracias de la oposición en el Congreso.
Antes
de que llegara el dinero de la droga, "Gracias era una aldea virgen",
dijo. "De un pueblo pequeño nos hemos convertido en un nido de capos",
añadió. "Nadamos en un charco de corrupción. Aquí donde usted toque,
sale pus", añadió.
En
poco tiempo, los empresarios y políticos locales comenzaron a mostrar
señales de nueva riqueza. "Creció como bola de nieve. Comenzaron a
construir grandes casas, había fiestas y caballos y autos de lujo",
dijo. "Era un secreto a voces de dónde venía el dinero", agregó.
El aeropuerto
Los
jóvenes andan por la ciudad compitiendo con motocicletas todoterreno de
cuatro ruedas. En abril de 2016 el gobierno inauguró un pequeño
aeropuerto en las afueras de la ciudad como parte de un plan turístico
nacional para conectar las principales ciudades con las famosas antiguas
ruinas mayas de Copán.
Pero
los turistas nunca llegaron. En cambio, la pista ahora la utiliza casi
exclusivamente el presidente Hernández, quien va de visita los fines de
semana, y varios otros políticos locales que han construido viviendas en
el área.
Los
residentes hablan en voz baja sobre los aviones que aterrizan en la
oscuridad de la noche, sospechados de cargar cocaína desde Colombia y la
costa atlántica hondureña.
"Es
un despilfarro total de dinero, con toda la pobreza que hay en este
país", dijo un pastor evangélico de 35 años de edad que detuvo su moto
cerca del aeropuerto para hablar con los periodistas, pero que pidió
permanecer en el anonimato. "Que Dios nos guarde de los malos. Dios les
va a pasar la factura", añadió.
La
pista de aterrizaje inutilizada se encuentra en las afueras de la
ciudad custodiada por soldados. A lo largo de una carretera recién
pavimentada que va más allá de la pista de aterrizaje hay una nueva
colonia de viviendas, así como varias lujosas residencias modernas en
construcción que se destacan en fuerte contraste con las modestas casas
tradicionales de un solo piso en el pueblo.
"Campaña sucia"
La
oficina del presidente no respondió a varios mensajes pidiendo sus
comentarios sobre las acusaciones en torno a él y a su hermano. En un
discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles,
Hernández dijo que fue "víctima" de una "campaña sucia de desprestigio"
por parte de narcotraficantes, policías corruptos y opositores
políticos.
Bajando
por un camino de tierra en las afueras de Gracias está la mansión
personal del presidente, un gran complejo que ocupa varios acres y se
esconde detrás de los árboles y una cerca verde de metal de 10 pies (3
metros) de altura.
Después
de pasar por la casa y tomar fotos y videos, un equipo de Univision
Noticias fue seguido por 30 millas en el transcurso de varias horas por
una camioneta con vidrios polarizados perteneciente a una empresa de
seguridad privada, llamada Blindados y Mas. Univision Noticias le
preguntó a la oficina del presidente si el auto fue alquilado a su
equipo de seguridad, pero no recibió respuesta.
Muñoz
describió haber crecido en el seno de una familia de modestos recursos,
al igual que los hermanos Hernández, y cuestionó el rápido
enriquecimiento del presidente con el salario de un funcionario público.
"Ahora me extraña el gran salto, quisiera la varita mágica para ser
multimillonario igual que él", dijo Muñoz. "No pudo hacerlo todo solo.
Tiene que haber uno más grande. ¿A saber quién es?", se preguntó.
Según
la acusación en Nueva York, una de esas personas es Alexander Ardón, el
exalcalde de El Paraíso, un pueblo ganadero a unas 75 millas (120 km)
al noroeste de Gracias en el vecino departamento de Copán.
Ardón
fue imputado el 23 de enero por el mismo tribunal federal de Nueva
York, acusado de importar "enormes cantidades de cocaína a Estados
Unidos y de usar armamento pesado para proteger los envíos de drogas".
Dinero a cambio de protección
Según
documentos judiciales, Ardón, de 43 años, confesó haber ayudado a Tony
Hernández a recaudar $2 millones en dinero ilícito procedente del
narcotráfico para el candidato presidencial del Partido Nacional
Porfirio Lobo en 2009 a cambio de protección. Lobo ha negado esa
acusación, aunque reconoció que se conocían a través de la política.
En
2010, Ardón presuntamente también accedió a ayudar a Juan Orlando
Hernández a sobornar a sus legisladores con dinero procedente de drogas
ílicitas para obtener los votos necesarios para llegar a la presidencia
del Congreso Nacional.
Luego,
en 2013, también presuntamente donó $1.5 millones en ganancias
procedentes del narcotráfico a la campaña presidencial de Hernández en
el oeste de Honduras, donde Ardón era coordinador de campaña del Partido
Nacional.
Ardón
se entregó rápidamente a la Administración para el Control de Drogas de
Estados Unidos (DEA) en febrero y los fiscales lo anuncian como el
principal testigo contra Tony Hernández.
Por
lo visto, Ardón era un alcalde carismático (que portaba armas de
fuego), a pesar de que solo estudió hasta el quinto grado y a quien le
encantaban los rodeos y las peleas de gallos cuando joven. "Era un líder
nato que se preocupaba por la gente", según su exvicealcalde y amigo
más cercano, Adonías Morales, de 53 años, quien es el actual alcalde de
El Paraíso.
"La dupla perfecta"
Los
dos hombres se unieron hace 12 años para tratar de abordar los
problemas sociales, como el crimen y la falta de caminos pavimentados,
escuelas y clínicas de salud, con el apoyo de un grupo de ciudadanos que
se quejaron de que el gobierno nacional no había brindado los servicios
básicos.
Mientras
que Ardón era el líder, Morales era el cerebro, graduado en
administración de empresas. Localmente los conocían como "la dupla
perfecta".
Con
profundas palabras de afecto por su amigo, Morales dijo que fue mentor
de Ardón, ayudándolo a cambiar su comportamiento, incluso persuadiéndolo
para que se rasurara, dijera menos malas palabras y dejara de usar sus
pistolas y su guardaespaldas. No bebía alcohol, ni usaba drogas, dice
Morales.
Las
tasas de criminalidad disminuyeron drásticamente bajo su administración
municipal, se pavimentaron las calles, se construyeron escuelas y
clínicas médicas. También construyeron un nuevo e impresionante edificio
municipal con un pórtico con columnas que se volvió famoso en los
medios hondureños.
Si
algunas de las obras públicas pueden haber sido pagadas con dinero de
drogas, los residentes dijeron que estaban agradecidos. Cuando se
produjeron asesinatos, fueron principalmente entre narcotraficantes,
agregaron.
"La
gente siempre rumoreaba sobre el negocio de [Ardón]", dijo un residente
local que pidió permanecer en el anonimato. "Independientemente de lo
que [Ardón] andaba haciendo, había más seguridad", añadió.
Otros
se quejaron de fraude electoral en las elecciones locales. "Había un
control total para inclinar la votación hacia el partido que gobernaba",
dijo un vendedor del mercado local. "Yo me iba a votar, pero cuando me
presenté a la mesa ya habían votado por mí", dijo otro.
Nexos con el narcotráfico
Morales
dijo que Ardón mantuvo en privado sus tratos comerciales y nunca supo
el alcance de sus supuestos nexos con el narcotráfico. "No era rico,
pero tuvo su época de bonanza," dice.
Incluso,
había dejado el presunto negocio de las drogas ilícitas hace varios
años y esperaba evitar pagar sus pecados anteriores, cuando en enero
salió la acusación en su contra por el tribunal de Nueva York, contó
Morales. "Esperaba pasar la tormenta sin mojarse, pero las últimas gotas
lo agarraron," dijo.
Aun
así, Morales dice que le resulta difícil creer que Ardón o Tony
Hernández sean capaces de la magnitud de sus presuntos delitos de
narcotráfico. El municipio de El Paraíso tiene una población de 28,000
habitantes, 10,000 de los cuales viven en la ciudad de El Paraíso, y un
presupuesto anual total de apenas un millón de dólares, según Morales.
Gracias, un municipio más grande y próspero, cuenta con 55,000
habitantes, de los cuales 22,000 viven en la ciudad y tiene un
presupuesto anual de aproximadamente 2 millones de dólares, según el
alcalde Enamorado.
Aparece asesinado líder estudiantil del Técnico “Luis Bográn”
noviembre 1, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El cuerpo sin vida de Óscar Daniel Mencía Cantarero (18) fue apilado en un cuarto frío de la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público. El joven líder estudiantil del Instituto Técnico “Luis Bográn” apareció asesinado en las últimas horas luego de haberse reportado como desaparecido desde el pasado martes 29 de octubre.
El cadáver fue encontrado en la colonia Villa Cristina, en Comayagüela, desde el martes, pero fue ingresado a la morgue como no identificado. Su familia se enteró de su muerte hasta la media noche del jueves al ser notificada por Medicina Forense.
El joven estudiante, cursaba el segundo año de bachillerato de Mecánica Automotriz de la jornada vespertina, era muy activo en la organización de las protestas que en los últimos meses han exigido la renuncia del gobernante hondureño, Juan Hernández, por sus nexos con la corrupción y el narcotráfico.
El director del Instituto Técnico “Luis Bográn”, Ángel Arteaga, contó a periodistas que el joven era parte del liderazgo estudiantil y lo calificó como una persona tranquila, no violenta, pero rebelde “como cualquier otro joven de su edad”.
Precisó que en el presente participaba en cada una de las actividades de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación.
Narró además que la víctima fue vista por última vez a eso de las 2:00 de la tarde en la cafetería del centro educativo. No se sabe si alguien entró a sacarlo o si se fue por su propia voluntad, apuntó.
La autoridad educativa denunció que a partir del año 2010 la inseguridad en el colegio aumentó porque no existen guardias pagados por el gobierno y porque no cuentan con un muro perimetral y pese a que ya se han registrado otros crímenes contra estudiantes y otros hechos violentos, las autoridades educativas siguen sin reaccionar.
Tegucigalpa. –El cuerpo sin vida de Óscar Daniel Mencía Cantarero (18) fue apilado en un cuarto frío de la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público. El joven líder estudiantil del Instituto Técnico “Luis Bográn” apareció asesinado en las últimas horas luego de haberse reportado como desaparecido desde el pasado martes 29 de octubre.
El cadáver fue encontrado en la colonia Villa Cristina, en Comayagüela, desde el martes, pero fue ingresado a la morgue como no identificado. Su familia se enteró de su muerte hasta la media noche del jueves al ser notificada por Medicina Forense.
El joven estudiante, cursaba el segundo año de bachillerato de Mecánica Automotriz de la jornada vespertina, era muy activo en la organización de las protestas que en los últimos meses han exigido la renuncia del gobernante hondureño, Juan Hernández, por sus nexos con la corrupción y el narcotráfico.
El director del Instituto Técnico “Luis Bográn”, Ángel Arteaga, contó a periodistas que el joven era parte del liderazgo estudiantil y lo calificó como una persona tranquila, no violenta, pero rebelde “como cualquier otro joven de su edad”.
Precisó que en el presente participaba en cada una de las actividades de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación.
Narró además que la víctima fue vista por última vez a eso de las 2:00 de la tarde en la cafetería del centro educativo. No se sabe si alguien entró a sacarlo o si se fue por su propia voluntad, apuntó.
La autoridad educativa denunció que a partir del año 2010 la inseguridad en el colegio aumentó porque no existen guardias pagados por el gobierno y porque no cuentan con un muro perimetral y pese a que ya se han registrado otros crímenes contra estudiantes y otros hechos violentos, las autoridades educativas siguen sin reaccionar.
Denuncian que MINOSA pretende exhumar cadáveres en busca de oro
noviembre 1, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Personas vecinas de la comunidad de la Unión Copán denunciaron públicamente que la empresa Minera Aura Minerals/MINOSA pretenden iniciar el proceso de exhumaciones en el camposanto Ubicado en El Cerro El Cementerio.
Los vecinos señalan que, de manera desmedida la empresa realiza voladuras cada 24 horas, deteriorando el estado físico del camposanto con la intención de provocar derrumbamiento.
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en
Honduras, COFADEH, ocupa una vez más esta Plaza La Merced para comunicar
la esperanza y su eterna demanda de justicia.
Como cada mes, estamos aquí para recordar al Estado de Honduras su deuda ética, moral y jurídica con más de 200 familias hondureñas, de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, cuyos seres queridos fueron desaparecidos aquí entre 1979 y 1992.
No hemos olvidado a la familia Álvarez, Discua, Hernández, Joya, Salazar, Zelaya, Pacheco, Lima, Vilorio, Pinel y muchas otras que son responsables de haber planificado, ordenado y dirigido desde el estado las operaciones terroristas que acabaron con la libertad y la vida de nuestros seres queridos hace cuatro décadas.
Hoy estamos aquí en este territorio de los Pañuelos Blancos para expresar nuestra solidaridad a todos los prisioneros políticos cautivos de la dictadura en cárceles militares de máxima inseguridad, donde sus vidas corren serio peligro enmedio de la cacería de testigos, de la publicidad mediática de los inescrupulosos y de figuración chafarótica.
Las 10 ejecuciones violentas, plenas de salvajismo, que hemos presenciado en las últimas dos semanas al interior de las cárceles bajo control de las Fuerzas Armadas es una amenaza directa a las personas defensoras de la tierra y de los territorios, de los pueblos indígenas y negros, de los periodistas y de las mujeres que están recluidos en esas ergástulas o en batallones militares.
Hoy hemos venido a este viejo centro históricos próximo al Congreso corrupto de la Red que administra la Caja de Pandora a decirles a sus inquilinos que ese nuevo código penal terrorista, regresivo y cobarde que impulsan, no expresa la progresividad de los derechos ni representa una época distinta a la miserable inquisición.
Por el contrario, como hemos insistido, ese Código criminalizador representa la posición de una banda criminal que asaltó el poder hace diez años para imponer el robo, el blanqueo de dinero, la mentira y la muerte. Ese Código no representa la progresividad del Derecho en la sociedad hondureña. Representa los intereses de los delincuentes.
Por instrumentos inútiles como ese el sacerdote Florentino Hernández no ha podido encontrar justicia en el sur de Honduras, donde la mafia minera asociada a la curia católica canadiense súbdita del bipartidismo narco, le imponen la neutralidad como norma de conducta para facilitar el ingreso del capital basura a las comunidades del Corpus, Orocuina y alrededores, y le impiden las investigaciones de los asesinatos de sus colaboradores.
Por instrumentos terroristas como ese en manos de la policía pretoriana de Juan Orlando Hernández, alias Verssage, el profesor de educación media Jaime Atilo Rodríguez sufre hoy las secuelas de una herida mortal en su cuello tras haber sido secuestrado, ocultado, torturado y lanzado al río Choluteca, sin permitirle una investigación seria que concluya en sanción a los criminales con poder responsables del hecho.
No podemos menos que sentirnos preocupadas y advertir que este escenario terrorista posterior a la sentencia ejemplarizante en Nueva York contra Juan Hernández, alias “Tony”, nos obliga a redoblar la vigilancia dentro de todas las organizaciones defensoras de la vida y la libertad en Honduras. Es obvio que el peligro es mayor para testigos, defensores y acusadores.
Es evidente que el comportamiento del ejército leal al cartel de Lempira y todas las fuerzas armadas paramilitares al servicio de la muerte han elevado su accionar letal contra el descontento general hacia la élite narcotraficante que asalta el poder del Estado. Están listos para continuar la guerra contra el pueblo.
Las primeras irrupciones militares la semana pasada contra la ciudadanía adulta y la comunidad estudiantil que rechaza la presencia del impostor en Casa Presidencial podemos calificarlas de desmedidas, agresivas, sabuesas y primitivas.
En consecuencia, el Cofadeh reitera su llamado a la comunidad internacional a regresar su mirada atenta y acompañante hacia Honduras, porque ahora más que nunca durante la última década, la población está en un nivel de riesgo crítico en el contexto descrito a nivel nacional.
Es urgente proteger las y los testigos de hechos criminales cometidos por agentes del Estado y activar los mecanismos de respuesta rápida en situaciones de contingencia, para garantizar sus integridades físicas y familiares.
Los cuerpos diplomáticos acreditados en el país y las agencias de gobiernos deberían prestar más atención a nuestras voces que vienen repitiendo hace diez años que su apoyo político y económico a la dictadura es causante del estado actual y que, por tanto, deberían sacar sus manos interventoras de la coyuntura actual. Y marcharse.
Una persecución selectiva o masiva de los sectores críticos al neo cariiato traería, sin duda, no sólo la configuración de un clima de violaciones sistemáticas de derechos
humanos sino también la gestación de unas respuestas extremas que darían felicidad al Comando Sur de los Estados Unidos y pondrían en riesgo los avances sociales y políticos.
Las madres, esposas, hijas y familiares en general de las víctimas de la desaparición forzada repetimos una vez más: de los hechos y de los hechores, ¡ni olvido ni perdón!
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de noviembre 2019
“Buenaventura Calderón y su esposa han sido asesinados en Gracias a Dios [ Pto Lempira ] Es un militante activo del partido libre y apreciado en la comunidad. Condenamos enérgicamente su asesinato. @JuanOrlandoH”.
El 15 de octubre se presentó en el Congreso Nacional de
Honduras una moción exhortando al poder ejecutivo, a que, por medio del
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, promueva la moción para
convertirse en proyecto de ley. Esta contiene varias clausulas, entre
ellas una disposición que intenta criminalizar a aquellos que
“promueven” la migración. El amplio marco de aplicación del texto es
causa de preocupación en un contexto en el que se criminaliza a a las
personas defensoras de derechos humanos que proporcionan ayuda
humanitaria a las personas migrantes. Dicha moción fue aprobada y se
nombró a una comisión legislativa que acudirá al Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad, quien, de avalarla podría convertirse en un
proyecto de ley.
El texto, presentado por el diputado por el Partido Nacional, David Chávez, establece en el párrafo 5 que se perseguirá penalmente a “Quienes pongan en riesgo la vida y libertad de las personas promoviendo la migración ilegal masiva, (….) sin importar si recibieron dinero a cambio” y prevé la posibilidad de extradición para estas personas. Esta narrativa deja espacio a la interpretación de que las personas defensoras de derechos humanos, que suministran su ayuda incondicionalmente a las personas migrantes, podrían ser traficantes de personas por proporcionar este apoyo y defender el derecho de las personas en tránsito.
Asimismo la moción busca extender la militarización de las calles e incrementar el numero de cárceles de máxima seguridad. En julio de 2017, el Comité de Derechos Humanos advirtió contra la militarización de las fuerzas del orden y exhortó a Honduras a fortalecer la Policía Nacional en vista de que puedan incorporar funciones de aplicación de la ley de las fuerzas armadas. Las organizaciones de la sociedad civil en la región han documentado por mucho tiempo la manera en que, en los países latinoamericanos, el despliegue de fuerzas militares para atender asuntos civiles causa un aumento en los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, además, la militarización provoca que las rutas se diversifiquen y se vuelvan más clandestinas, lo que provoca que sean más peligrosas y las personas estén más expuestas a violaciones a sus derechos.
La moción también busca establecer una doble condena para las personas extraditadas, sugiriendo que una vez cumplan su condena se trasladen automáticamente de nuevo para enfrentar sus procesos penales en Honduras.
Esta moción se presenta en el contexto actual de crisis migratoria en centro y norte América, en donde los y las defensoras son constantemente objecto de difamación y criminalización. En este sentido, las acusaciones más comunes incluyen el tráfico y la trata de personas, así como la colaboración con grupos criminales. En México, Honduras y Estados Unidos este discurso difamatorio se ha llevado a cabo por autoridades de alto perfil, alimentando la estigmatización y dificultando la labor esencial de ayuda humanitaria, rescate en el desierto, educación en derechos humanos y organización comunitaria que realizan los defensores y defensoras.
Front Line Defenders ha documentado de manera extensa los riesgos a los que las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan llevando a cabo su esencial trabajo defendiendo el derecho a solicitar asilo, establecido en el articulo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre ellos, detenciones y arrestos, deportaciones, detenciones y juicios, difamación y amenazas y vigilancia, intimidación y agresiones físicas y verbales.
Front Line Defenders muestra su profunda preocupación dicha moción, la que, en caso de convertirse en ley, podría ser potencialmente usada para criminalizar el trabajo de defensores y defensoras de los derechos de los migrantes. Asimismo, Front Line Defenders insta a las autoridades estatales a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que dicha moción cuenta con la consulta y diálogo con distintos actores de la sociedad civil antes de convertirse en proyecto de ley.
Finalmente, Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de Honduras a que se abstengan de llevar a cabo acciones y declaraciones que estigmaticen y expongan a mayor riesgo a las personas defensoras de migrantes y que, por el el contrario, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de defensa de derechos humanos de manera libre y segura.
Tegucigalpa. – Personas vecinas de la comunidad de la Unión Copán denunciaron públicamente que la empresa Minera Aura Minerals/MINOSA pretenden iniciar el proceso de exhumaciones en el camposanto Ubicado en El Cerro El Cementerio.
Los vecinos señalan que, de manera desmedida la empresa realiza voladuras cada 24 horas, deteriorando el estado físico del camposanto con la intención de provocar derrumbamiento.
Los pobladores estan indignados y listos para defender su cementerio
Relatan que amenazan que si no aceptan
el proceso que ellos imponen, el Estado de Honduras (SINAGER) se hará
presente al lugar con los entes de seguridad del Estado para realizar el
proceso de exhumación sin nuestro consentimiento.
Denunciamos públicamente la mala
intención de esta empresa de pretender destruir el cementerio y explotar
su comunidad con minería a cielo abierto.
La denuncia hace responsable de
cualquier daño ocasionado por esta empresa minera Aura Minerals/MINOSA, a
la cooperación municipal de La Unión, Copán y a los representantes de
entes del Estado y al Patronato de Azacualpa de cualquier hecho que
ponga en riesgo el cementerio y la comunidad, y manifiestan que ellos se
niegan rotundamente a la explotación de su Territorio.
«No vamos a ceder, ni queremos que saquen nuestros familiares», concluye la denuncia de los pobladores de la Unión Copán.
Como cada mes, estamos aquí para recordar al Estado de Honduras su deuda ética, moral y jurídica con más de 200 familias hondureñas, de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, cuyos seres queridos fueron desaparecidos aquí entre 1979 y 1992.
No hemos olvidado a la familia Álvarez, Discua, Hernández, Joya, Salazar, Zelaya, Pacheco, Lima, Vilorio, Pinel y muchas otras que son responsables de haber planificado, ordenado y dirigido desde el estado las operaciones terroristas que acabaron con la libertad y la vida de nuestros seres queridos hace cuatro décadas.
Hoy estamos aquí en este territorio de los Pañuelos Blancos para expresar nuestra solidaridad a todos los prisioneros políticos cautivos de la dictadura en cárceles militares de máxima inseguridad, donde sus vidas corren serio peligro enmedio de la cacería de testigos, de la publicidad mediática de los inescrupulosos y de figuración chafarótica.
Las 10 ejecuciones violentas, plenas de salvajismo, que hemos presenciado en las últimas dos semanas al interior de las cárceles bajo control de las Fuerzas Armadas es una amenaza directa a las personas defensoras de la tierra y de los territorios, de los pueblos indígenas y negros, de los periodistas y de las mujeres que están recluidos en esas ergástulas o en batallones militares.
Hoy hemos venido a este viejo centro históricos próximo al Congreso corrupto de la Red que administra la Caja de Pandora a decirles a sus inquilinos que ese nuevo código penal terrorista, regresivo y cobarde que impulsan, no expresa la progresividad de los derechos ni representa una época distinta a la miserable inquisición.
Por el contrario, como hemos insistido, ese Código criminalizador representa la posición de una banda criminal que asaltó el poder hace diez años para imponer el robo, el blanqueo de dinero, la mentira y la muerte. Ese Código no representa la progresividad del Derecho en la sociedad hondureña. Representa los intereses de los delincuentes.
Por instrumentos inútiles como ese el sacerdote Florentino Hernández no ha podido encontrar justicia en el sur de Honduras, donde la mafia minera asociada a la curia católica canadiense súbdita del bipartidismo narco, le imponen la neutralidad como norma de conducta para facilitar el ingreso del capital basura a las comunidades del Corpus, Orocuina y alrededores, y le impiden las investigaciones de los asesinatos de sus colaboradores.
Por instrumentos terroristas como ese en manos de la policía pretoriana de Juan Orlando Hernández, alias Verssage, el profesor de educación media Jaime Atilo Rodríguez sufre hoy las secuelas de una herida mortal en su cuello tras haber sido secuestrado, ocultado, torturado y lanzado al río Choluteca, sin permitirle una investigación seria que concluya en sanción a los criminales con poder responsables del hecho.
No podemos menos que sentirnos preocupadas y advertir que este escenario terrorista posterior a la sentencia ejemplarizante en Nueva York contra Juan Hernández, alias “Tony”, nos obliga a redoblar la vigilancia dentro de todas las organizaciones defensoras de la vida y la libertad en Honduras. Es obvio que el peligro es mayor para testigos, defensores y acusadores.
Es evidente que el comportamiento del ejército leal al cartel de Lempira y todas las fuerzas armadas paramilitares al servicio de la muerte han elevado su accionar letal contra el descontento general hacia la élite narcotraficante que asalta el poder del Estado. Están listos para continuar la guerra contra el pueblo.
Las primeras irrupciones militares la semana pasada contra la ciudadanía adulta y la comunidad estudiantil que rechaza la presencia del impostor en Casa Presidencial podemos calificarlas de desmedidas, agresivas, sabuesas y primitivas.
En consecuencia, el Cofadeh reitera su llamado a la comunidad internacional a regresar su mirada atenta y acompañante hacia Honduras, porque ahora más que nunca durante la última década, la población está en un nivel de riesgo crítico en el contexto descrito a nivel nacional.
Es urgente proteger las y los testigos de hechos criminales cometidos por agentes del Estado y activar los mecanismos de respuesta rápida en situaciones de contingencia, para garantizar sus integridades físicas y familiares.
Los cuerpos diplomáticos acreditados en el país y las agencias de gobiernos deberían prestar más atención a nuestras voces que vienen repitiendo hace diez años que su apoyo político y económico a la dictadura es causante del estado actual y que, por tanto, deberían sacar sus manos interventoras de la coyuntura actual. Y marcharse.
Una persecución selectiva o masiva de los sectores críticos al neo cariiato traería, sin duda, no sólo la configuración de un clima de violaciones sistemáticas de derechos
humanos sino también la gestación de unas respuestas extremas que darían felicidad al Comando Sur de los Estados Unidos y pondrían en riesgo los avances sociales y políticos.
Las madres, esposas, hijas y familiares en general de las víctimas de la desaparición forzada repetimos una vez más: de los hechos y de los hechores, ¡ni olvido ni perdón!
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de noviembre 2019
Asesinan a líder social y su esposa en La Mosquitia, quien habría solicitado medidas de protección
Por defensores -
31 octubre, 2019
Tegucigalpa, Honduras.-
El líder político e indígena del opositor partido Libertad y
Refundación (LIBRE), Buenaventura Calderon Ramírez (73), fue asesinado
de varios disparos. Momento después falleció su esposa, la profesora
Maribel Bolian (38), en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
Según trascendió en redes sociales desde
perfiles informativos del departamento de Gracias a Dios, la pareja fue
víctima de una emboscada en la ciudad de Puerto Lempira, esta noche 31
de octubre, Calderón falleció al instante. Y la profesora Maribel
trasladada a un hospital donde expiró.
Calderon era un líder indígena miskito y
presidente del Patronato de Puerto Lempira, por lo que la noticia del
doble crimen ha causado indignación en las personas que los conocieron,
calificando el hecho como “gran tragedia que enluta Gracias a Dios”.
El comunicador social era coordinador
departamental de LIBRE, amante de su tierra, defensor del territorio y
de su lengua materna miskita. Hasta el momento se desconoce el motivo
del crimen y los autores materiales e intelectuales.
El expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, condenó el hecho a través de su cuenta en la red social Twitter:“Buenaventura Calderón y su esposa han sido asesinados en Gracias a Dios [ Pto Lempira ] Es un militante activo del partido libre y apreciado en la comunidad. Condenamos enérgicamente su asesinato. @JuanOrlandoH”.
Mientras que en Facebook, el diputado al
Congreso Nacional por el departamento de Olancho, Carlos Zelaya y
hermado del coordinador de LIBRE, en nombre del movimiento M28, condenó
el doble crimen.
Agrego que “Buenaventura fue ejemplo de
lucha contra la dictadura. Trabajó siempre en pro de la libertad de
nuestro pueblo. ¡QUE EN PAZ DESCANSE!”
Por su parte, Miguel Andonie Medina,
director general de Noticias de Honduras en sus manos, haciendo
referencia a la noticia del crimen, escribió en Facebook:
Y Yo, no lo miraba desde mediados de los
80, cuando trabajaba en IBM, vendía equipos de ellos antes del cambio a
GBM, también fue candidato por el PINU (Partido Innovación y Unidad) en
una de las elecciones de la época. con frecuencia Yo, en Fb he
preguntado por él por no saber su paradero.
En varias ocasiones Calderón denunció
amenazas contra su vida. En el 2018 (se informó en el canal de
televisión Hable Como Habla), junto a un grupo de compañeros, el líder
indígena solicitó al Mecanismo de Protección para defensores de derechos
humanos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de
justicia, acciones que resguardan sus vidas ante amenazas por denunciar
actos de corrupción en ese departamento, al Este del país, dónde por
falta de infraestructura terrestre, son varios días de viaje para llegar
en automóvil o por río; y a un elevado costo se viaja vía aérea
aterrizando en aeropistas de tierra.
En el 2009, durante el golpe de Estado,
la organización Muskitia Asla Takanka “MASTA” (Unidad de la Moskitia) en
uso de sus facultades como una instancia social defensora de los
derechos ancestrales de la Moskitia, solicitó en un comunicado de prensa
que se respetara la vida de Buenaventura Calderón.
Al cierre de esta nota no hay un
comunicado oficial que brinde más detalles del doble crimen, y de las
acciones investigativas que den con los responsables. (Defensores en
Linea)
Pronunciamiento: Front Line Defenders expresa seria preocupación ante la nueva moción que busca extender las policía militar y ampliar los casos de extradición en Honduras
Por defensores -
31 octubre, 2019El texto, presentado por el diputado por el Partido Nacional, David Chávez, establece en el párrafo 5 que se perseguirá penalmente a “Quienes pongan en riesgo la vida y libertad de las personas promoviendo la migración ilegal masiva, (….) sin importar si recibieron dinero a cambio” y prevé la posibilidad de extradición para estas personas. Esta narrativa deja espacio a la interpretación de que las personas defensoras de derechos humanos, que suministran su ayuda incondicionalmente a las personas migrantes, podrían ser traficantes de personas por proporcionar este apoyo y defender el derecho de las personas en tránsito.
Asimismo la moción busca extender la militarización de las calles e incrementar el numero de cárceles de máxima seguridad. En julio de 2017, el Comité de Derechos Humanos advirtió contra la militarización de las fuerzas del orden y exhortó a Honduras a fortalecer la Policía Nacional en vista de que puedan incorporar funciones de aplicación de la ley de las fuerzas armadas. Las organizaciones de la sociedad civil en la región han documentado por mucho tiempo la manera en que, en los países latinoamericanos, el despliegue de fuerzas militares para atender asuntos civiles causa un aumento en los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, además, la militarización provoca que las rutas se diversifiquen y se vuelvan más clandestinas, lo que provoca que sean más peligrosas y las personas estén más expuestas a violaciones a sus derechos.
La moción también busca establecer una doble condena para las personas extraditadas, sugiriendo que una vez cumplan su condena se trasladen automáticamente de nuevo para enfrentar sus procesos penales en Honduras.
Esta moción se presenta en el contexto actual de crisis migratoria en centro y norte América, en donde los y las defensoras son constantemente objecto de difamación y criminalización. En este sentido, las acusaciones más comunes incluyen el tráfico y la trata de personas, así como la colaboración con grupos criminales. En México, Honduras y Estados Unidos este discurso difamatorio se ha llevado a cabo por autoridades de alto perfil, alimentando la estigmatización y dificultando la labor esencial de ayuda humanitaria, rescate en el desierto, educación en derechos humanos y organización comunitaria que realizan los defensores y defensoras.
Front Line Defenders ha documentado de manera extensa los riesgos a los que las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan llevando a cabo su esencial trabajo defendiendo el derecho a solicitar asilo, establecido en el articulo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre ellos, detenciones y arrestos, deportaciones, detenciones y juicios, difamación y amenazas y vigilancia, intimidación y agresiones físicas y verbales.
Front Line Defenders muestra su profunda preocupación dicha moción, la que, en caso de convertirse en ley, podría ser potencialmente usada para criminalizar el trabajo de defensores y defensoras de los derechos de los migrantes. Asimismo, Front Line Defenders insta a las autoridades estatales a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que dicha moción cuenta con la consulta y diálogo con distintos actores de la sociedad civil antes de convertirse en proyecto de ley.
Finalmente, Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de Honduras a que se abstengan de llevar a cabo acciones y declaraciones que estigmaticen y expongan a mayor riesgo a las personas defensoras de migrantes y que, por el el contrario, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de defensa de derechos humanos de manera libre y segura.
Mujeres se autoconvocan en demanda de la salida de JOH
- 01/11/2019
Fotografía: Foro de Mujeres por la Vida.
Sombrillas de colores, pañuelos verdes, velas, instrumentos para
animarla jornada y consignas feministas están presentes en las distintas
movilizaciones que se convocan en Honduras, en demanda a la salida del
gobierno de Juan Orlando Hernández, por sus señalamientos de corrupción y
financiamiento del narcotráfico, como quedó demostrado recientemente en
una corte de Estado Unidos, donde su hermano, Antonio “Tony” Hernández,
fue declarado culpable de conspirar para introducir drogas.
Desde década atrás, el mensaje Ni golpes de Estado Ni golpes a las mujeres, cobra fuerza. Las mujeres cargan la factura más dolorosa con la instalación de un régimen que se sostiene bajo la violencia, en su mayoría dirigido por las fuerzas de seguridad del propio Estado, asegura el Foro de Mujeres por la Vida.
Los feminicidios, entendidos como crímenes de odio contra las mujeres por razones de género, se incrementaron en Honduras después del golpe de Estado, ocurrido el 28 de junio de 2009, de acuerdo con el documento de la coalición Feministas en Resistencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esto se debe al «estado de desprotección en que se encuentran las víctimas y al debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos de las mujeres», han denunciado las mujeres y organizaciones feministas.
Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida, asegura que las mujeres en la historia han estado como pilares fundamentales de las luchas, aunque el sistema patriarcal quiera borrar sus aportes y demandas. Pero, la fuerza de sus peticiones unida a las nuevas tecnologías, han logrado que sigan aportando a la defensa de los territorios, comunidades y países.
“La incipiente democracia en Honduras está afectando la vida y cuerpos de las mujeres. El modelo no está visibilizando lo que estamos haciendo en varias regiones del país. Mujeres que a pesar de la política de miedo instaurada salen a las calles, luchan para denunciar la dictadura, luchan por defender las comunidades, sus hogares y el país entero”, agregó Sierra.
Carolina remarcó el esfuerzo que tantas mujeres en Honduras hacen para salir a protestar: realizan hasta tres jornadas; en la casa criando hijos/as, en sus trabajos, pero siempre buscan el espacio para protestar en las calles, para que sus voces se escuchen.
Fotografía: Foro de Mujeres por la Vida.
Defensa
del país, defensa del territorio
Masvely del Cid de Tejedoras de Sueño, una de las organizaciones que acuerpa el Foro de Mujeres por la Vida, cree que el actual momento que Honduras atraviesa es clave, porque el régimen a base de fuerza y represión pretende continuar en el poder, pero las mujeres y juventud sale a las calles en reclamo a sus pretensiones y abusos.
“Las organizaciones de mujeres llevamos años en las calles, denunciamos la violencia que provoca tanto feminicidio, pero también hacemos propuestas para eliminar las violencias que enfrentamos en los territorios con el modelo extractivo. Frente al Estado acaparador, surgen las propuestas de recuperación territorial”, dijo Del Cid.
Rachel Ramírez, feminista del Foro de Mujeres por la Vida, cree que la participación de las mujeres en las protestas responde a la realidad que les toca enfrentan, son ellas quienes administran los pocos ingresos de sus casas, las que mandan a sus hijos e hijas a las escuelas, a las que les toca lidiar con los pocos ingresos y la violencia imperante en el país. “Las mujeres salen para denuncia sus realidades”, dijo Ramírez.
Autoconvocadas
En las últimas semanas, las mujeres de la zona norte han iniciado acciones de protestas «autoconvocadas», llaman a la ciudadanía a salir a las calles sin que nadie las convoque, sino ellas y ellos mismos luchando por la transformación del país.
Autoconvocadas denunciando la dictadura, autoconvocadas denuncian las violencias que provocan tantos feminicidios, smos autoconvocadas para rechazar la impunidad, nos autoconvocamos para generar acción, planteamientos, así sin nombres pero con nuestras identidades, nos juntándonos para denunciar la crisis agudizada en la que nos tiene la actual narcodictadura que dirige Juan Orlando Hernández, dijo Carolina Sierra.
Eugenio Sosa
El Sociólogo Eugenio Sosa describió que Honduras
está viviendo tiempos bastantes particulares, históricos, complejos y
complicados en relación a la crisis que envuelve al país. Señaló que todos los
análisis apuntan que se vive una crisis general y profunda.
“El proceso de democratización, esta idea de profundizar la democracia, de consolidar la democracia que existía en las últimas décadas, desde los 80´s para acá, se agotó, se estancó, se paró, y no sólo eso, sino que entró en un proceso de reversa profundo, cada vez más se reducen los espacios democráticos, civiles, políticos, de participación ciudadana, y cuya mayor caricatura la refleja el gobierno que está ahora en el poder, un régimen profundamente autoritario que ha llevado a que se le considere una dictadura” dijo Sosa en entrevista con Radio Progreso.
Los amarres
Pero señaló que el gobierno actual se construyó como tal gracias al apoyo de actores importantes del poder que se benefician de esa figura y de ese ejercicio dictatorial. El gobierno de Juan Orlando Hernández se sostiene gracias a que los empresarios más poderosos le siguen acompañando porque a pesar de los reclamos de algunas voces críticas de las cúpulas religiosas, el gobierno sigue teniendo, si no su aceptación abierta, si su tolerancia, y más que todo porque hay un instrumento armado que se está beneficiando como nunca de la crisis.
“Hay que romper con esa falacia de que la crisis nos afecta a todos y que hunde al país, la crisis afecta al pueblo hondureño, a los sectores más populares, a los sectores medios pero esta crisis va en consonancia con los grandes beneficios de un grupo que apoya al régimen dictatorial y que se beneficia de lo que este régimen dictatorial hace incluyendo el gobierno de los Estados Unidos que les permite hacer como nunca e intervenir como nunca” señaló Eugenio Sosa.
Institucionalidad débil
El sociólogo analizó que Honduras nunca tuvo una institucionalidad sólida, fuerte, democrática, transparente, siempre ha tenido problemas aunque reconoció que se han hecho intentos de modernización del Estado como construir una institucionalidad de contrapeso como el Ministerio Público, el Instituto de Acceso a la Información y la representación de algunos derechos de sectores excluidos como las mujeres, hubo en un momento avances institucionales como los esfuerzos de desmilitarización, pero que todo esto ha sido lanzado a un retroceso y se ha destruido a tal grado de convertir la institucionalidad en un instrumento al servicio del “dictador”.
Dijo que el juicio contra Tony Hernández y su
condena en Nueva York develaron la escoria de institucionalidad que tiene el
país y tiró por la borda las estrellas del Fiscal General de la República, demostrando
que se tiene a un Ministerio Público inservible.
“Cuesta mucho seguir usando el concepto de Élite Política porque derivaron en una especie de grupo armado, constituido, organizado para cometer ilícitos en el país donde han drenado el Estado en los casos de corrupción que hemos visto en donde usaron, por lo menos según los fiscales que llevaron el caso contra Tony, toda una instalación institucional, policial, militar y de influencias para ponerse al servicio de los carteles de la droga nacionales e internacionales” manifestó Sosa.
Ciudadanía activa
Honduras se ha mantenido en una lucha abierta en una sociedad polarizada que busca provocar el cambio, un cambio que está bloqueado y obstaculizado pero aun así se mantienen una lucha que también es acompañada con mucho desencanto y desesperanzas sobre todo de algunas voces.
“Este desencanto y desesperanza de la gente tiene que ver con el sentido de urgencia de cambios, y cuando ese cambio lo queremos ver mañana y la gente hoy no está en la calle produce desesperanzas y desencantos, y lo más grave es que produce calificativos hacia la ciudadanía y hacia el pueblo hondureño que no me parecen justas, y algunas comparaciones que no me parecen justas, no son justas ni correctas ni políticamente ni sociológicamente” reflexionó Eugenio Sosa.
Explicó que las Ciencias Sociales, sobre todo
la Historia y la Sociología han hecho una cantidad de estudios de las
experiencias revolucionarias y de rebelión en el mundo, y siempre surge una
pregunta y es por qué, a veces, cuando hay condiciones y necesidad de que la
gente se rebele no siempre lo hace.
“Yo te diré que hay una especie de constancia que uno olvida fácilmente y es que cuando los estallidos se producen casi siempre, con raras excepciones, son cuando menos se los esperaba la gente, se producen por algunos elementos detonantes que uno se pregunta de dónde vienen, cuando son investigados y se hacen los estudios se concluye en que sí habían razones para que se produjera” dijo el sociólogo en entrevista con Radio Progreso.
Dijo que es injusto cuando se dice que en Honduras no ocurre nada y en Chile Sí, pero a la vez aclara que Chile tuvo que pasar cuatro décadas para que se produjera lo que hoy impresiona. Insistió en que hay que ser justos porque Honduras, en los últimos diez años, ha estado en movilización permanente.
Bloqueos al cambio
“Hay unos bloqueos globales estructurales que atentan contra el ejercicio de la ciudadanía. Primero no hay que olvidar el 65% de la población en pobreza y el 42% en pobreza extrema, es una mayoría de la población precarizada que no tiene espacio ni tiempo para la política, y obviamente tampoco tienen la lectura, porque no hemos hecho el trabajo suficiente, de leer que toda esta corrupción, crimen organizado y este gobierno tal como es, que está echándose literalmente las instituciones a la bolsa, le provoca enormes daños a esa situación que tienen” aseguró el catedrático universitario.
Sosa dijo que otro obstáculo para el cambio es el pensamiento de que en todos los lugares pueden hacerse cambios menos en Honduras. Lo calificó como una especie de impotencia autoconstruida, una estrategia que muchos medios de comunicación usan.
Aseguró que le impresiona como para muchos medios de comunicación un día el pueblo hondureño es héroe porque ha hecho una gran movilización y al otro día se merece al dictador. Se preguntó cómo es que hace apenas tres meses el pueblo era héroe en las movilizaciones contra la privatización y luego, dos, tres meses se convirtió en un pueblo envilecido, cómo pasó de lo heroico ha envilecido, y lo más grave, dijo, es que se lo terminan creyendo hasta los líderes.
“Esa otra idea que se le ha vendido al pueblo de que cualquier cosa en Honduras no cambia si es que Estados Unidos no quiere. Le pongo un ejemplo: cómo podemos entender que una coalición de partidos políticos lanza hoy un comunicado a la lucha contra el dictador, pidiéndole a la gente que se lance a la calle… pero dos de esos firmantes, Luís Zelaya y Salvador Nasralla, más otra persona que ha estado convocando a movilizaciones y que ha ganado prestigio en la sociedad hondureña como es la doctora Suyapa Figueroa, mientras llaman a la gente que se vaya a las calles, ellos ya tienen comprado su boleto a Washington, aunque nosotros no lo creamos la ciudadanía hace lectura de quién le convoca y cómo le convoca” dijo Eugenio Sosa.
Camino a un estallido social
El Investigador Social, manifestó que existe un enorme combustible producto de la crisis, producto de las ruinas de la institucionalidad y producto de la crisis económica que va en crecimiento, para provocar un estallido social sin precedentes.
“Hernández (Juan Orlando), después del juicio
Tony Hernández, quedó más que desnudo en su legitimidad, y todo esto es un
enorme combustible donde no me extrañaría que en dos meses o seis meses
tengamos un repunte de estallido social más grande incluso del de la Plataforma
y del fraude electoral, no sé cuándo se va dar pero la pregunta es si cuando
eso se produzca la dirigencia estará lista para conducir ese proceso y derrotar
al dictador” manifestó Sosa
Cuestionó la idea que tienen muchos en Honduras que los cambios, producto de la lucha social, se pueden lograr mediante partidos políticos. “Que alguien me diga en qué país, sobre todo donde hemos visto estos estallidos que tanto nos asombran y que luego decimos que ellos sin son buenos y nosotros no, con lo cual no estoy de acuerdo, que alguien me digan en cuál de esos países esos movimientos los ha conducido un partido político, yo no lo encuentro” aseguró el sociólogo.
CORTÉS, HONDURAS. Por 12 meses, ese es el alargue que
Estados Unidos le dio al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus
siglas en inglés) para los hondureños que residentes en ese país del
norte.
Sin embargo, según el diario estadounidense el Nuevo Heraldo, la
decisión, «en ningún sentido garantiza una estancia permanente. Más bien
busca que los inmigrantes regresen al país de una forma ordenada y
ofrecer tiempo adicional para el proceso de repatriación».
“El TPS es un mecanismo legal para proporcionar un estatus temporal a algunos extranjeros que necesitan ayuda humanitaria. El objetivo de la Administración es crear un proceso ordenado y responsable para repatriar a los salvadoreños y ayudarlos a regresar a sus hogares”, indicó mediante un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En esa coyuntura, el director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, enfatizó que no se trata de una extensión del TPS, sino de los permisos de trabajo de los beneficiados por la protección, según se desprendió desde Estados Unidos.
La determinación de la agencia federal va acorde con procesos legales relacionados con demandas presentadas por la anulación del TPS en la Corte del Distrito Norte de California.
Canciller no lo anunció como una “ampliación”
«Un año más de tranquilidad y oportunidad para nuestros compatriotas que estan bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso de trabajo se extiende hasta el cuatro de enero de 2021″, fueron las palabras de Lisandro Rosales.
En su escrito a través de la Twitter, Rosales no se refirió al anuncio como una «amplicación», sino que, hizo énfasis en que el permiso de trabajo «se extiende», tal y como lo declaró Cuccinelli.
La Red de Defensores y Defensoras Indígenas de La Paz-
Honduras (REDHIL-PAZ), ante la situación vulnerable que enfrentamos en
el país, nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional en los
siguientes puntos:
La Población Indígena Lenca representa el 90 por ciento de los habitantes del departamento de La Paz, ubicado al centro occidente de Honduras, por lo que hacemos nuestro lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.
Históricamente nos resistimos a la violencia racista, usurpación de nuestros bienes comunes de la naturaleza, discriminación social y desarraigo de nuestras costumbres y tradiciones.
Por tales motivos, denunciamos los proyectos extractivistas en nuestro territorio como ser: Guajiquiro, Santiago de Puringla, Sasagua, San Antonio, Chinacla y muchas más. Con su imposición nos violentan los derechos a la consulta libre, previa e informada establecidas, según el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
-Denunciamos la tala y tráfico de madera que se realiza de manera ilegal o con permisos del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Unidades Municipales del Ambiente (UMA), permitiendo además el trasiego fuera del país. Por lo que exigimos la cancelación de los permisos de operación y corte, y que respeten los territorios indígenas, porque nos quitan los recursos esenciales de subsistencia.
-Denunciamos la infiltración gubernamental y municipal en Concejos Indígenas, con el objetivo de avalar proyectos sin consultar al pueblo, de acuerdo a normas ancestrales e internacionales.
– Denunciamos el extractivismo minero en las comunidades de Potrillos y Agua Fría, municipio de La Paz; Cerro Cantagallo en el municipio de Guajiquiro; San Sebastián en el departamento de Comayagua, que nos afecta directamente; los ríos Las Piñas y Florido, en el municipio de Opatoro; deforestación y caza ilegal en el Cerro Upa, municipio de Santa María y demás comunidades afectadas por radiaciones eléctricas, incendios y daños al suelo y subsuelo.
Condenamos las amenazas a muerte, ataques, vigilancia y asesinatos contra compañeros y compañeras indígenas que por defender la tierras han sido víctimas del sistema corrupto e impune en el país, considerado el más peligro del planeta para defender el ambiente.
En La Paz, más 20 indígenas en el marco de la defensa del territorio han sido asesinados, unos 700 defensores forman parte de la lista de criminalizados , judicializados y privados de libertad, otros gozan de medidas sustitutivas a la prisión como es el caso de: Douglas Ariel Suazo, Félix González Alvarado y Yecenia Yamilet Padilla Orellana, integrantes de la Redhil-Paz.
Exhortamos a las entidades correspondientes que: respeten el derecho a la vida, el derecho a defender derechos humanos, que se investiguen las denuncias por violaciones a derechos humanos en La Paz, y que cumplan con la función estatal de cuidar por el bien común.
Libertad para los presos políticos, presos campesinos, respeto a las comunidades indígenas y que cese la represión contra el pueblo.
No queremos más tropas militares y contingentes policiales en nuestros pueblos, ya que son sinónimo de vigilancia, ataque, tortura, desalojos violentos y muerte.
La Redhil-Paz es una red organizada y formada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que luchan por la defensa de los derechos humanos y bienes comunes de la naturaleza.
Tegucigalpa, Honduras, 27 de septiembre de 2019.
Desde década atrás, el mensaje Ni golpes de Estado Ni golpes a las mujeres, cobra fuerza. Las mujeres cargan la factura más dolorosa con la instalación de un régimen que se sostiene bajo la violencia, en su mayoría dirigido por las fuerzas de seguridad del propio Estado, asegura el Foro de Mujeres por la Vida.
Los feminicidios, entendidos como crímenes de odio contra las mujeres por razones de género, se incrementaron en Honduras después del golpe de Estado, ocurrido el 28 de junio de 2009, de acuerdo con el documento de la coalición Feministas en Resistencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esto se debe al «estado de desprotección en que se encuentran las víctimas y al debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos de las mujeres», han denunciado las mujeres y organizaciones feministas.
Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida, asegura que las mujeres en la historia han estado como pilares fundamentales de las luchas, aunque el sistema patriarcal quiera borrar sus aportes y demandas. Pero, la fuerza de sus peticiones unida a las nuevas tecnologías, han logrado que sigan aportando a la defensa de los territorios, comunidades y países.
“La incipiente democracia en Honduras está afectando la vida y cuerpos de las mujeres. El modelo no está visibilizando lo que estamos haciendo en varias regiones del país. Mujeres que a pesar de la política de miedo instaurada salen a las calles, luchan para denunciar la dictadura, luchan por defender las comunidades, sus hogares y el país entero”, agregó Sierra.
Carolina remarcó el esfuerzo que tantas mujeres en Honduras hacen para salir a protestar: realizan hasta tres jornadas; en la casa criando hijos/as, en sus trabajos, pero siempre buscan el espacio para protestar en las calles, para que sus voces se escuchen.
Fotografía: Foro de Mujeres por la Vida.
Defensa
del país, defensa del territorio Masvely del Cid de Tejedoras de Sueño, una de las organizaciones que acuerpa el Foro de Mujeres por la Vida, cree que el actual momento que Honduras atraviesa es clave, porque el régimen a base de fuerza y represión pretende continuar en el poder, pero las mujeres y juventud sale a las calles en reclamo a sus pretensiones y abusos.
“Las organizaciones de mujeres llevamos años en las calles, denunciamos la violencia que provoca tanto feminicidio, pero también hacemos propuestas para eliminar las violencias que enfrentamos en los territorios con el modelo extractivo. Frente al Estado acaparador, surgen las propuestas de recuperación territorial”, dijo Del Cid.
Rachel Ramírez, feminista del Foro de Mujeres por la Vida, cree que la participación de las mujeres en las protestas responde a la realidad que les toca enfrentan, son ellas quienes administran los pocos ingresos de sus casas, las que mandan a sus hijos e hijas a las escuelas, a las que les toca lidiar con los pocos ingresos y la violencia imperante en el país. “Las mujeres salen para denuncia sus realidades”, dijo Ramírez.
Autoconvocadas
En las últimas semanas, las mujeres de la zona norte han iniciado acciones de protestas «autoconvocadas», llaman a la ciudadanía a salir a las calles sin que nadie las convoque, sino ellas y ellos mismos luchando por la transformación del país.
Autoconvocadas denunciando la dictadura, autoconvocadas denuncian las violencias que provocan tantos feminicidios, smos autoconvocadas para rechazar la impunidad, nos autoconvocamos para generar acción, planteamientos, así sin nombres pero con nuestras identidades, nos juntándonos para denunciar la crisis agudizada en la que nos tiene la actual narcodictadura que dirige Juan Orlando Hernández, dijo Carolina Sierra.
Honduras va camino a un estallido social según, sociólogo Eugenio Sosa
- 01/11/2019
Eugenio Sosa“El proceso de democratización, esta idea de profundizar la democracia, de consolidar la democracia que existía en las últimas décadas, desde los 80´s para acá, se agotó, se estancó, se paró, y no sólo eso, sino que entró en un proceso de reversa profundo, cada vez más se reducen los espacios democráticos, civiles, políticos, de participación ciudadana, y cuya mayor caricatura la refleja el gobierno que está ahora en el poder, un régimen profundamente autoritario que ha llevado a que se le considere una dictadura” dijo Sosa en entrevista con Radio Progreso.
Los amarres
Pero señaló que el gobierno actual se construyó como tal gracias al apoyo de actores importantes del poder que se benefician de esa figura y de ese ejercicio dictatorial. El gobierno de Juan Orlando Hernández se sostiene gracias a que los empresarios más poderosos le siguen acompañando porque a pesar de los reclamos de algunas voces críticas de las cúpulas religiosas, el gobierno sigue teniendo, si no su aceptación abierta, si su tolerancia, y más que todo porque hay un instrumento armado que se está beneficiando como nunca de la crisis.
“Hay que romper con esa falacia de que la crisis nos afecta a todos y que hunde al país, la crisis afecta al pueblo hondureño, a los sectores más populares, a los sectores medios pero esta crisis va en consonancia con los grandes beneficios de un grupo que apoya al régimen dictatorial y que se beneficia de lo que este régimen dictatorial hace incluyendo el gobierno de los Estados Unidos que les permite hacer como nunca e intervenir como nunca” señaló Eugenio Sosa.
Institucionalidad débil
El sociólogo analizó que Honduras nunca tuvo una institucionalidad sólida, fuerte, democrática, transparente, siempre ha tenido problemas aunque reconoció que se han hecho intentos de modernización del Estado como construir una institucionalidad de contrapeso como el Ministerio Público, el Instituto de Acceso a la Información y la representación de algunos derechos de sectores excluidos como las mujeres, hubo en un momento avances institucionales como los esfuerzos de desmilitarización, pero que todo esto ha sido lanzado a un retroceso y se ha destruido a tal grado de convertir la institucionalidad en un instrumento al servicio del “dictador”.
Dijo que el juicio contra Tony Hernández y su
condena en Nueva York develaron la escoria de institucionalidad que tiene el
país y tiró por la borda las estrellas del Fiscal General de la República, demostrando
que se tiene a un Ministerio Público inservible.“Cuesta mucho seguir usando el concepto de Élite Política porque derivaron en una especie de grupo armado, constituido, organizado para cometer ilícitos en el país donde han drenado el Estado en los casos de corrupción que hemos visto en donde usaron, por lo menos según los fiscales que llevaron el caso contra Tony, toda una instalación institucional, policial, militar y de influencias para ponerse al servicio de los carteles de la droga nacionales e internacionales” manifestó Sosa.
Ciudadanía activa
Honduras se ha mantenido en una lucha abierta en una sociedad polarizada que busca provocar el cambio, un cambio que está bloqueado y obstaculizado pero aun así se mantienen una lucha que también es acompañada con mucho desencanto y desesperanzas sobre todo de algunas voces.
“Este desencanto y desesperanza de la gente tiene que ver con el sentido de urgencia de cambios, y cuando ese cambio lo queremos ver mañana y la gente hoy no está en la calle produce desesperanzas y desencantos, y lo más grave es que produce calificativos hacia la ciudadanía y hacia el pueblo hondureño que no me parecen justas, y algunas comparaciones que no me parecen justas, no son justas ni correctas ni políticamente ni sociológicamente” reflexionó Eugenio Sosa.
Explicó que las Ciencias Sociales, sobre todo
la Historia y la Sociología han hecho una cantidad de estudios de las
experiencias revolucionarias y de rebelión en el mundo, y siempre surge una
pregunta y es por qué, a veces, cuando hay condiciones y necesidad de que la
gente se rebele no siempre lo hace.“Yo te diré que hay una especie de constancia que uno olvida fácilmente y es que cuando los estallidos se producen casi siempre, con raras excepciones, son cuando menos se los esperaba la gente, se producen por algunos elementos detonantes que uno se pregunta de dónde vienen, cuando son investigados y se hacen los estudios se concluye en que sí habían razones para que se produjera” dijo el sociólogo en entrevista con Radio Progreso.
Dijo que es injusto cuando se dice que en Honduras no ocurre nada y en Chile Sí, pero a la vez aclara que Chile tuvo que pasar cuatro décadas para que se produjera lo que hoy impresiona. Insistió en que hay que ser justos porque Honduras, en los últimos diez años, ha estado en movilización permanente.
Bloqueos al cambio
“Hay unos bloqueos globales estructurales que atentan contra el ejercicio de la ciudadanía. Primero no hay que olvidar el 65% de la población en pobreza y el 42% en pobreza extrema, es una mayoría de la población precarizada que no tiene espacio ni tiempo para la política, y obviamente tampoco tienen la lectura, porque no hemos hecho el trabajo suficiente, de leer que toda esta corrupción, crimen organizado y este gobierno tal como es, que está echándose literalmente las instituciones a la bolsa, le provoca enormes daños a esa situación que tienen” aseguró el catedrático universitario.
Sosa dijo que otro obstáculo para el cambio es el pensamiento de que en todos los lugares pueden hacerse cambios menos en Honduras. Lo calificó como una especie de impotencia autoconstruida, una estrategia que muchos medios de comunicación usan.
Aseguró que le impresiona como para muchos medios de comunicación un día el pueblo hondureño es héroe porque ha hecho una gran movilización y al otro día se merece al dictador. Se preguntó cómo es que hace apenas tres meses el pueblo era héroe en las movilizaciones contra la privatización y luego, dos, tres meses se convirtió en un pueblo envilecido, cómo pasó de lo heroico ha envilecido, y lo más grave, dijo, es que se lo terminan creyendo hasta los líderes.
“Esa otra idea que se le ha vendido al pueblo de que cualquier cosa en Honduras no cambia si es que Estados Unidos no quiere. Le pongo un ejemplo: cómo podemos entender que una coalición de partidos políticos lanza hoy un comunicado a la lucha contra el dictador, pidiéndole a la gente que se lance a la calle… pero dos de esos firmantes, Luís Zelaya y Salvador Nasralla, más otra persona que ha estado convocando a movilizaciones y que ha ganado prestigio en la sociedad hondureña como es la doctora Suyapa Figueroa, mientras llaman a la gente que se vaya a las calles, ellos ya tienen comprado su boleto a Washington, aunque nosotros no lo creamos la ciudadanía hace lectura de quién le convoca y cómo le convoca” dijo Eugenio Sosa.
Camino a un estallido social
El Investigador Social, manifestó que existe un enorme combustible producto de la crisis, producto de las ruinas de la institucionalidad y producto de la crisis económica que va en crecimiento, para provocar un estallido social sin precedentes.
“Hernández (Juan Orlando), después del juicio
Tony Hernández, quedó más que desnudo en su legitimidad, y todo esto es un
enorme combustible donde no me extrañaría que en dos meses o seis meses
tengamos un repunte de estallido social más grande incluso del de la Plataforma
y del fraude electoral, no sé cuándo se va dar pero la pregunta es si cuando
eso se produzca la dirigencia estará lista para conducir ese proceso y derrotar
al dictador” manifestó SosaCuestionó la idea que tienen muchos en Honduras que los cambios, producto de la lucha social, se pueden lograr mediante partidos políticos. “Que alguien me diga en qué país, sobre todo donde hemos visto estos estallidos que tanto nos asombran y que luego decimos que ellos sin son buenos y nosotros no, con lo cual no estoy de acuerdo, que alguien me digan en cuál de esos países esos movimientos los ha conducido un partido político, yo no lo encuentro” aseguró el sociólogo.
Publicado el 1 Noviembre, 2019
“El TPS es un mecanismo legal para proporcionar un estatus temporal a algunos extranjeros que necesitan ayuda humanitaria. El objetivo de la Administración es crear un proceso ordenado y responsable para repatriar a los salvadoreños y ayudarlos a regresar a sus hogares”, indicó mediante un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En esa coyuntura, el director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, enfatizó que no se trata de una extensión del TPS, sino de los permisos de trabajo de los beneficiados por la protección, según se desprendió desde Estados Unidos.
La determinación de la agencia federal va acorde con procesos legales relacionados con demandas presentadas por la anulación del TPS en la Corte del Distrito Norte de California.
«Un año más de tranquilidad y oportunidad para nuestros compatriotas que estan bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso de trabajo se extiende hasta el cuatro de enero de 2021″, fueron las palabras de Lisandro Rosales.
En su escrito a través de la Twitter, Rosales no se refirió al anuncio como una «amplicación», sino que, hizo énfasis en que el permiso de trabajo «se extiende», tal y como lo declaró Cuccinelli.
Conferencia de Prensa, Guatemala 10/09/2019
En el marco de la presentacón del informe “Violencia,
corrupción e Impunidad en el sector energético de Honduras: Un perfil de
David Castillo”
Guatemala, 10 de septiembre de 2019
El 30 de agosto, organizaciones internacionales de amplio reconocimiento por su labor en defensa de derechos humanos con sede en Estados Unidos y Bruselas, presentaron un dossier llamado “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” donde se revela valiosa información acerca de la vinculación con actividades criminales del presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, actualmente en prisión preventiva, el único procesado por la autoría intelectual del asesinato de nuestra compañera y ancestra Berta Cáceres.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Intibuca. Los chats de WhatsApp y las escuchas telefónicas presentadas en un juicio contra los autores materiales del crimen demuestran cómo los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de DESA y personal militar activo, quienes coordinaban con los “ahí arriba” de la empresa. En un fallo de noviembre 2018 contra los autores materiales del crimen brutal de la lideresa indígena Lenca que luchaba para parar la implementación ilegal de DESA para construir la hidroeléctrica “Agua Zarca” en la comunidad indígena de Río Blanco, el Tribunal de Sentencia hondureño determinó que ejecutivos y financistas de DESA conocía y dio su consentimiento para el asesinato de Berta Cáceres para neutralizar la resistencia al proyecto. Hasta la fecha, el Ministerio Público de Honduras no ha capturado a nadie más que a David Castillo.
El perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en múltiples ocasiones; la colusión entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para el “desarrollo”, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos fundamentales, así como, el despojo de la soberanía y bienes del pueblo hondureño. Muchos de los mismos actos de corrupción y violencia en contra de las poblaciones locales y la falta de consulta a las comunidades indígenas se pueden ver también en Guatemala. El caso de Berta no es aislado, si no, demuestra patrones de violencia, corrupción e impunidad en la cual trabajan las empresas extractivistas.
David Castillo es un militar hondureño, entrenado en la academia militar estadounidense de West Point, ex funcionario público en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, personaje convertido en empresario vinculado en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá. La vinculación de Castillo en dichas empresa se destaca por sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerzas de seguridad del Estado, violaciones y
discriminaciones a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, relaciones con empresas vinculadas al narcotráfico, acoso sexual, persecución y por supuesto el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres como autor intelectual y principal vínculo con los demás responsables.
David Castillo ha sido el principal socio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala en la construcción del proyecto de muerte Agua Zarca. Así como el principal contacto de los bancos FMO, FinnFund y BCIE.
El perfil de David Castillo no evidencia un hecho aislado, sino que desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras. La misma que hoy tiene una guerra abierta contra las organizaciones de base que defendemos los territorios, asesinando y criminalizando como en el caso de los compañeros y compañeras de Guapinol.
Es por esto que el COPINH exige:
Seguiremos disputando la verdad y la justicia.
Hoy con más fuerza exigimos ¡Justicia Para Berta, Justicia Para Honduras!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Guatemala, 10 de septiembre de 2019
El 30 de agosto, organizaciones internacionales de amplio reconocimiento por su labor en defensa de derechos humanos con sede en Estados Unidos y Bruselas, presentaron un dossier llamado “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” donde se revela valiosa información acerca de la vinculación con actividades criminales del presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, actualmente en prisión preventiva, el único procesado por la autoría intelectual del asesinato de nuestra compañera y ancestra Berta Cáceres.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Intibuca. Los chats de WhatsApp y las escuchas telefónicas presentadas en un juicio contra los autores materiales del crimen demuestran cómo los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de DESA y personal militar activo, quienes coordinaban con los “ahí arriba” de la empresa. En un fallo de noviembre 2018 contra los autores materiales del crimen brutal de la lideresa indígena Lenca que luchaba para parar la implementación ilegal de DESA para construir la hidroeléctrica “Agua Zarca” en la comunidad indígena de Río Blanco, el Tribunal de Sentencia hondureño determinó que ejecutivos y financistas de DESA conocía y dio su consentimiento para el asesinato de Berta Cáceres para neutralizar la resistencia al proyecto. Hasta la fecha, el Ministerio Público de Honduras no ha capturado a nadie más que a David Castillo.
El perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en múltiples ocasiones; la colusión entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para el “desarrollo”, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos fundamentales, así como, el despojo de la soberanía y bienes del pueblo hondureño. Muchos de los mismos actos de corrupción y violencia en contra de las poblaciones locales y la falta de consulta a las comunidades indígenas se pueden ver también en Guatemala. El caso de Berta no es aislado, si no, demuestra patrones de violencia, corrupción e impunidad en la cual trabajan las empresas extractivistas.
David Castillo es un militar hondureño, entrenado en la academia militar estadounidense de West Point, ex funcionario público en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, personaje convertido en empresario vinculado en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá. La vinculación de Castillo en dichas empresa se destaca por sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerzas de seguridad del Estado, violaciones y
discriminaciones a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, relaciones con empresas vinculadas al narcotráfico, acoso sexual, persecución y por supuesto el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres como autor intelectual y principal vínculo con los demás responsables.
David Castillo ha sido el principal socio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala en la construcción del proyecto de muerte Agua Zarca. Así como el principal contacto de los bancos FMO, FinnFund y BCIE.
El perfil de David Castillo no evidencia un hecho aislado, sino que desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras. La misma que hoy tiene una guerra abierta contra las organizaciones de base que defendemos los territorios, asesinando y criminalizando como en el caso de los compañeros y compañeras de Guapinol.
Es por esto que el COPINH exige:
- A las autoridades Hondureñas y de los Estados Unidos la investigación y sanción de cada uno de los hechos anotados en este dossier.
- La suspensión y revisión minuciosa de todos los proyectos inconsultos otorgados desde el Golpe de Estado de 2009 por darse en un contexto de ilegalidad, corrupción y violencia.
- La cancelación inmediata de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque del pueblo Lenca.
- El enjuiciamiento de David Castillo sin demora alguna.
- La captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Seguiremos disputando la verdad y la justicia.
Hoy con más fuerza exigimos ¡Justicia Para Berta, Justicia Para Honduras!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Ante constantes violaciones, REDHIL-PAZ exige respeto a sus derechos
Por defensores -
27 septiembre, 2019La Población Indígena Lenca representa el 90 por ciento de los habitantes del departamento de La Paz, ubicado al centro occidente de Honduras, por lo que hacemos nuestro lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.
Históricamente nos resistimos a la violencia racista, usurpación de nuestros bienes comunes de la naturaleza, discriminación social y desarraigo de nuestras costumbres y tradiciones.
Por tales motivos, denunciamos los proyectos extractivistas en nuestro territorio como ser: Guajiquiro, Santiago de Puringla, Sasagua, San Antonio, Chinacla y muchas más. Con su imposición nos violentan los derechos a la consulta libre, previa e informada establecidas, según el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
-Denunciamos la tala y tráfico de madera que se realiza de manera ilegal o con permisos del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Unidades Municipales del Ambiente (UMA), permitiendo además el trasiego fuera del país. Por lo que exigimos la cancelación de los permisos de operación y corte, y que respeten los territorios indígenas, porque nos quitan los recursos esenciales de subsistencia.
-Denunciamos la infiltración gubernamental y municipal en Concejos Indígenas, con el objetivo de avalar proyectos sin consultar al pueblo, de acuerdo a normas ancestrales e internacionales.
– Denunciamos el extractivismo minero en las comunidades de Potrillos y Agua Fría, municipio de La Paz; Cerro Cantagallo en el municipio de Guajiquiro; San Sebastián en el departamento de Comayagua, que nos afecta directamente; los ríos Las Piñas y Florido, en el municipio de Opatoro; deforestación y caza ilegal en el Cerro Upa, municipio de Santa María y demás comunidades afectadas por radiaciones eléctricas, incendios y daños al suelo y subsuelo.
Condenamos las amenazas a muerte, ataques, vigilancia y asesinatos contra compañeros y compañeras indígenas que por defender la tierras han sido víctimas del sistema corrupto e impune en el país, considerado el más peligro del planeta para defender el ambiente.
En La Paz, más 20 indígenas en el marco de la defensa del territorio han sido asesinados, unos 700 defensores forman parte de la lista de criminalizados , judicializados y privados de libertad, otros gozan de medidas sustitutivas a la prisión como es el caso de: Douglas Ariel Suazo, Félix González Alvarado y Yecenia Yamilet Padilla Orellana, integrantes de la Redhil-Paz.
Exhortamos a las entidades correspondientes que: respeten el derecho a la vida, el derecho a defender derechos humanos, que se investiguen las denuncias por violaciones a derechos humanos en La Paz, y que cumplan con la función estatal de cuidar por el bien común.
Libertad para los presos políticos, presos campesinos, respeto a las comunidades indígenas y que cese la represión contra el pueblo.
No queremos más tropas militares y contingentes policiales en nuestros pueblos, ya que son sinónimo de vigilancia, ataque, tortura, desalojos violentos y muerte.
La Redhil-Paz es una red organizada y formada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que luchan por la defensa de los derechos humanos y bienes comunes de la naturaleza.
Tegucigalpa, Honduras, 27 de septiembre de 2019.
Atentan contra Rosalina Domínguez, lideresa de la comunidad de Río Blanco
septiembre 30, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Ayer domingo en horas de la tarde mientras las mujeres de la comunidad trabajaban en La Vega del Culatón, tierra que intentó usurpar la empresa DESA, cuando apareció un miembro de la familia Madrid amedrentando a quienes laboraban la tierra.
Se trata de Donato Madrid quien llegó a hostigar y amenazar a quienes estaban trabajando.
Rosalina Domínguez, lideresa de la comunidad, se acercó a Donato y le dijo que se alejara y dejara de molestar a quienes trabajaban, fue entonces cuando Donato Madrid la agarró del cuello de la camisa e intentó golpearla con el machete en un claro intento de asesinarla.
Rosalina logró defenderse y un grupo de la comunidad logró sacar a Donato del predio donde estaban trabajando.
El incremento de los ataques en contra de la comunidad, en especial contra Rosalina, son el reflejo de la inoperancia del Ministerio Público, el Mecanismo de Protección y la Policía Nacional, quienes a pesar de las denuncias interpuestas aún no actúan para proteger a las compañeras y compañeros de Río Blanco y mantienen en la impunidad a la familia Madrid.
Responsabilizan al Instituto Nacional Agrario (INA) por no diligenciar su trabajo para resolver el problema de la tierra.
Señalan que este aumento en los ataques a la comunidad son resultado de la impunidad en que continúan los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Rosalina se encuentra bien, sin embargo, su vida se encuentra en grave riesgo relatan los vecinos de la comunidad por lo cual hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional con la defensora y con la comunidad de Río Blanco.
Tegucigalpa.- Ayer domingo en horas de la tarde mientras las mujeres de la comunidad trabajaban en La Vega del Culatón, tierra que intentó usurpar la empresa DESA, cuando apareció un miembro de la familia Madrid amedrentando a quienes laboraban la tierra.
Se trata de Donato Madrid quien llegó a hostigar y amenazar a quienes estaban trabajando.
Rosalina Domínguez, lideresa de la comunidad, se acercó a Donato y le dijo que se alejara y dejara de molestar a quienes trabajaban, fue entonces cuando Donato Madrid la agarró del cuello de la camisa e intentó golpearla con el machete en un claro intento de asesinarla.
Rosalina logró defenderse y un grupo de la comunidad logró sacar a Donato del predio donde estaban trabajando.
El incremento de los ataques en contra de la comunidad, en especial contra Rosalina, son el reflejo de la inoperancia del Ministerio Público, el Mecanismo de Protección y la Policía Nacional, quienes a pesar de las denuncias interpuestas aún no actúan para proteger a las compañeras y compañeros de Río Blanco y mantienen en la impunidad a la familia Madrid.
Responsabilizan al Instituto Nacional Agrario (INA) por no diligenciar su trabajo para resolver el problema de la tierra.
Señalan que este aumento en los ataques a la comunidad son resultado de la impunidad en que continúan los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Rosalina se encuentra bien, sin embargo, su vida se encuentra en grave riesgo relatan los vecinos de la comunidad por lo cual hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional con la defensora y con la comunidad de Río Blanco.
Tony Hernández será respaldado por su hermano Juan Arnaldo Hernández en el juicio
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El presunto narcotraficante hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández estará siendo acompañado mañana durante el juicio en su contra en la Corte de Nueva York por su hermano y cuñada, Juan Arnaldo Hernández y Nidia Vaquero, respectivamente.
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El presunto narcotraficante hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández estará siendo acompañado mañana durante el juicio en su contra en la Corte de Nueva York por su hermano y cuñada, Juan Arnaldo Hernández y Nidia Vaquero, respectivamente.
Juan Arnaldo Hernández y su esposa Nidia Vaquero, en una reunión social. (Foto revista Estilo)
Juan Arnaldo Hernández, quien es
abogado viajó a Nueva York para dar respaldo a su hermano en el proceso
legal que se le sigue en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Hernández fungió como fiscal general adjunto de la República en el
periodo 1999-2004.
La participación de Juan Arnaldo Hernández y su esposa Nidia, fue confirmado este día en una conferencia de prensa proporcionada por la familia Hernández, en la que fueron convocados los medios oficialistas.
Tony Hernández es hermano del presidente hondureño, Juan Hernández, quien además ha sido señalado por la Fiscalía de Nueva York de ser coconspirador de su hermano en el tráfico de drogas y de haber recibido al menos 1.5 millones de dólares de narcotraficantes para financiar la campaña política que lo llevó por primera vez al poder en el año 2013.
Amílcar Hernández, un militar ligado a la conformación de empresas de seguridad que prestan servicios al Estado hondureño valiéndose del tráfico de influencias, dijo esta mañana a periodistas que toda la familia Hernández está unida para respaldar a Tony.
La familia está creyendo que “con el apoyo de nuestro Dios Todopoderoso, más un sistema justo (Tony), va a poder demostrar su no culpabilidad”, expresó Amílcar Hernández.
El militar aseveró que los abogados demostrarán la no culpabilidad de su hermano.
En tanto la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Elena Matute de Hernández, quien también participó en la conferencia de prensa, dijo: «creo firmemente en la inocencia de Juan Antonio Hernández”.
La participación de Juan Arnaldo Hernández y su esposa Nidia, fue confirmado este día en una conferencia de prensa proporcionada por la familia Hernández, en la que fueron convocados los medios oficialistas.
Tony Hernández es hermano del presidente hondureño, Juan Hernández, quien además ha sido señalado por la Fiscalía de Nueva York de ser coconspirador de su hermano en el tráfico de drogas y de haber recibido al menos 1.5 millones de dólares de narcotraficantes para financiar la campaña política que lo llevó por primera vez al poder en el año 2013.
Amílcar Hernández, un militar ligado a la conformación de empresas de seguridad que prestan servicios al Estado hondureño valiéndose del tráfico de influencias, dijo esta mañana a periodistas que toda la familia Hernández está unida para respaldar a Tony.
La familia está creyendo que “con el apoyo de nuestro Dios Todopoderoso, más un sistema justo (Tony), va a poder demostrar su no culpabilidad”, expresó Amílcar Hernández.
El militar aseveró que los abogados demostrarán la no culpabilidad de su hermano.
En tanto la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Elena Matute de Hernández, quien también participó en la conferencia de prensa, dijo: «creo firmemente en la inocencia de Juan Antonio Hernández”.
