Alertan que el régimen se apresta a exterminar a críticos y exsocios mafiosos de JOH y Tony
Alertaron que la
administración está tolerando que escuadrones de la muerte emprendan una
cacería contra quienes se oponen a Hernández
31 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
La mesa de DDHH advirtió hoy que el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández detrás de un masivo plan de exterminio de líderes sociales, comunicadores, incluso aquellos que colaboraron en la delincuencia organizada a favor del exjefe narco Tony Hernández.
En un pronunciamiento, estas organizaciones alertaron que la administración está tolerando que escuadrones de la muerte emprendan una cacería contra quienes se oponen a Hernández.
LEA EL PRONUNCIAMIENTO
Reunidas las organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, este martes 29 de octubre de 2019, frente a los últimos acontecimientos nos pronunciamos de la forma siguiente:
Considerando que la sentencia contra Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández hace notorio el vínculo del gobierno con estructuras criminales.
Considerando que toda la estructura estatal, incluyendo al sistema de justicia, han mostrado una conducta permisiva y tolerante a los violadores de derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción a gran escala.
Considerando que las investigaciones realizadas en Estados Unidos exponen parte de estas estructuras y que como resultado de esto, dichas estructuras se encuentran en inestabilidad interna.
Denunciamos que la mesa ha recibido información de un supuesto plan de exterminio y neutralización para detener a la oposición política y social. Este plan incluye con prioridad la eliminación de los miembros del crimen que antes eran sus aliados y que ahora son potenciales testigos contra los líderes del narcotráfico en el país.
Las primeras expresiones de este plan son el dantesco asesinato en la “cárcel de máxima seguridad” de Magdaleno Meza, autor de las “narco libretas” que involucran a la familia Hernández. El secuestro e intento de asesinato del Profesor Jaime Rodríguez, ex presidente del COPEMH, quien fue torturado y dado por muerto y lo lanzaron en una zona desolada. Las constantes amenazas en contra la Dra. Julissa Villanueva, ex Directora de Medicina Forense y contra el periodista Milton Benítez, Director del programa “El perro amarillo”. Las denuncias de posibles atentados contra el Ex Presidente Porfirio Lobo Sosa y del Periodista David Romero.
Por lo anterior, la mesa ha decidido denunciar que este plan está en marcha y alertamos a la comunidad de derechos humanos nacional e internacional para que adopten medidas oportunas para detener estas acciones y buscar la seguridad de las personas mencionadas y de sus familias.
Demandamos a las autoridades penitenciarias, que adopten las medidas de protecciones que sean necesarias para resguardar la vida e integridad de las personas que han denunciado narcotráfico y corrupción al más alto nivel, a los prisioneros políticos como el caso de los defensores de la tierra de Guapinol, a los defensores del ambiente que se encuentran privados de libertad; así como a aquellos prisioneros vinculados al Narcotráfico y que tienen información clave que incrimina a las estructuras criminales dominantes, de lo contrario les recordamos que tienen responsabilidades directas y que en el futuro tendrán que responder ante la justicia.
Hacemos un llamado a todos los liderazgos políticos, sociales, empresariales, religiosos que se han opuesto a estas estructuras criminales, a que establezcan mecanismos de seguridad interna para minimizar los riesgos.
Finalmente, solicitamos al pueblo hondureño a tomar las previsiones del caso, pero también a concentrar esfuerzos en la unidad ciudadana y a no dejarse intimidar por estas estructuras de corrupción y terror, que pretenden desmovilizar a la población que lucha para rescatar la democracia y la justicia en Honduras.
La mesa de DDHH advirtió hoy que el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández detrás de un masivo plan de exterminio de líderes sociales, comunicadores, incluso aquellos que colaboraron en la delincuencia organizada a favor del exjefe narco Tony Hernández.
En un pronunciamiento, estas organizaciones alertaron que la administración está tolerando que escuadrones de la muerte emprendan una cacería contra quienes se oponen a Hernández.
LEA EL PRONUNCIAMIENTO
Reunidas las organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, este martes 29 de octubre de 2019, frente a los últimos acontecimientos nos pronunciamos de la forma siguiente:
Considerando que la sentencia contra Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández hace notorio el vínculo del gobierno con estructuras criminales.
Considerando que toda la estructura estatal, incluyendo al sistema de justicia, han mostrado una conducta permisiva y tolerante a los violadores de derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción a gran escala.
Considerando que las investigaciones realizadas en Estados Unidos exponen parte de estas estructuras y que como resultado de esto, dichas estructuras se encuentran en inestabilidad interna.
Denunciamos que la mesa ha recibido información de un supuesto plan de exterminio y neutralización para detener a la oposición política y social. Este plan incluye con prioridad la eliminación de los miembros del crimen que antes eran sus aliados y que ahora son potenciales testigos contra los líderes del narcotráfico en el país.
Las primeras expresiones de este plan son el dantesco asesinato en la “cárcel de máxima seguridad” de Magdaleno Meza, autor de las “narco libretas” que involucran a la familia Hernández. El secuestro e intento de asesinato del Profesor Jaime Rodríguez, ex presidente del COPEMH, quien fue torturado y dado por muerto y lo lanzaron en una zona desolada. Las constantes amenazas en contra la Dra. Julissa Villanueva, ex Directora de Medicina Forense y contra el periodista Milton Benítez, Director del programa “El perro amarillo”. Las denuncias de posibles atentados contra el Ex Presidente Porfirio Lobo Sosa y del Periodista David Romero.
Por lo anterior, la mesa ha decidido denunciar que este plan está en marcha y alertamos a la comunidad de derechos humanos nacional e internacional para que adopten medidas oportunas para detener estas acciones y buscar la seguridad de las personas mencionadas y de sus familias.
Demandamos a las autoridades penitenciarias, que adopten las medidas de protecciones que sean necesarias para resguardar la vida e integridad de las personas que han denunciado narcotráfico y corrupción al más alto nivel, a los prisioneros políticos como el caso de los defensores de la tierra de Guapinol, a los defensores del ambiente que se encuentran privados de libertad; así como a aquellos prisioneros vinculados al Narcotráfico y que tienen información clave que incrimina a las estructuras criminales dominantes, de lo contrario les recordamos que tienen responsabilidades directas y que en el futuro tendrán que responder ante la justicia.
Hacemos un llamado a todos los liderazgos políticos, sociales, empresariales, religiosos que se han opuesto a estas estructuras criminales, a que establezcan mecanismos de seguridad interna para minimizar los riesgos.
Finalmente, solicitamos al pueblo hondureño a tomar las previsiones del caso, pero también a concentrar esfuerzos en la unidad ciudadana y a no dejarse intimidar por estas estructuras de corrupción y terror, que pretenden desmovilizar a la población que lucha para rescatar la democracia y la justicia en Honduras.
Dirigente magisterial aparece con señales de tortura y apuñalado después de más 24 horas de desaparecido
Tuesday, 29 October 2019 23:19 Written by Dina Meza Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Jaime Rodríguez, dirigente magisterial del Colegio de Profesores
de Educación Media de Honduras, COPEMH, apareció este 29 de octubre de
2019, con señales de torturas, presentaba una herida de arma blanca en
su cuello y fue encontrado con las manos atadas por personas del sector
que le ayudaron, cerca del Río Choluteca, en el Barrio Abajo, de la
capital de la República. En sus primeras declaraciones según circula en
redes sociales, dijo que lo subieron a un vehículo y lo mantuvieron
toda la noche bajo torturas en un lugar desconocido.
El 28 de diciembre del año 2009, en pleno golpe de Estado, el
periodista César Omar Silva sufrió una situación parecida siendo llevado
a una cárcel clandestina donde permaneció por varias horas sometido a
torturas, al día siguiente fue abandonado en el sector del Barrio El
Chile de Tegucigalpa.
Dirigente muy beligerante
Rodríguez ha sido un beligerante dirigente de los profesores del COPEMH y ha recibido amenazas en reiteradas ocasiones desde el golpe de Estado, por lo que la forma en que fue encontrado podría tratarse de un mensaje hacia los movimientos sociales que han demandado la salida del presidente Juan Orlando Hernández después de que fuera mencionado de estar vinculado al narcotráfico en el juicio de su hermano Antonio Hernández, "Tony Hernández", en la sentencia por varios delitos, entre ellos narcotráficom en su contra en cortes de los Estados Unidos.
Sus compañeros del COPEMH lo buscaban de forma desesperada después de
que fuera visto por última vez a eso de las cuatro de la tarde del
lunes 28 de octubre de 2019. Vecinos del sectores le ayudaron y avisaron
a la Cruz Roja, que lo trasladó al Hospital Escuela Universitario. Su
condición era lamentable y estaba ensangentado. Un vídeo del canal HCH
muestra la situación deplorable en que ingresó al centro asistencial.
En redes sociales ha circulado que el afectado ha dado sus primeras declaraciones de lo que le pasó, maifestando que desconocidos lo subieron en un carro , lo tuvieron vendado y lo estuvieron torturando con hielo toda la noche , que este martes a eso de las seis de la tarde lo trasladaron de la casa de tortura hacia un río donde le propinaron la herida en el cuello y lo fueron a botar al río dejándolo inconsciente .
Las organizaciones magisteriales tenían programada una conferencia de prensa por su desaparición para este miércoles 30 de octubre pero fue cancelada hasta segunda orden después de que apareciera pasadas las ocho de la noche de este día.
La crisis de derechos humanos en Honduras se ha agudizado por la situación de violencia contra quienes se manifiestan en contra del actual gobierno. Diversas manifestaciones han sido convocadas en el objetivo de luchar por la salida del gobernante.
Ya diversos sectores habían advertido que en la actual situación de presión contra el mandatario se podía atentar contra la vida de dirigentes sociales para derivar la atención de la imagen deteriorada del gobernante, con el objetivo de sembrar el terror y desmovilizar a la población que se manifiesta en las calles.
Dirigente muy beligerante
Rodríguez ha sido un beligerante dirigente de los profesores del COPEMH y ha recibido amenazas en reiteradas ocasiones desde el golpe de Estado, por lo que la forma en que fue encontrado podría tratarse de un mensaje hacia los movimientos sociales que han demandado la salida del presidente Juan Orlando Hernández después de que fuera mencionado de estar vinculado al narcotráfico en el juicio de su hermano Antonio Hernández, "Tony Hernández", en la sentencia por varios delitos, entre ellos narcotráficom en su contra en cortes de los Estados Unidos.
 En un video del canal de TV HCH muestra a Rodríguez muy mal de salud. |
En redes sociales ha circulado que el afectado ha dado sus primeras declaraciones de lo que le pasó, maifestando que desconocidos lo subieron en un carro , lo tuvieron vendado y lo estuvieron torturando con hielo toda la noche , que este martes a eso de las seis de la tarde lo trasladaron de la casa de tortura hacia un río donde le propinaron la herida en el cuello y lo fueron a botar al río dejándolo inconsciente .
Las organizaciones magisteriales tenían programada una conferencia de prensa por su desaparición para este miércoles 30 de octubre pero fue cancelada hasta segunda orden después de que apareciera pasadas las ocho de la noche de este día.
La crisis de derechos humanos en Honduras se ha agudizado por la situación de violencia contra quienes se manifiestan en contra del actual gobierno. Diversas manifestaciones han sido convocadas en el objetivo de luchar por la salida del gobernante.
Ya diversos sectores habían advertido que en la actual situación de presión contra el mandatario se podía atentar contra la vida de dirigentes sociales para derivar la atención de la imagen deteriorada del gobernante, con el objetivo de sembrar el terror y desmovilizar a la población que se manifiesta en las calles.
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAH EXIGE A FISCAL INVESTIGAR NEXOS DE “TONY”
- Publicado: 01 Noviembre 2019
El
juicio de “Tony” Hernández, reveló que el exdiputado pudrió la
institucionalidad de Honduras, según lo mencionó la Fiscalía del
Distrito Sur de New York. En ese contexto, el claustro de profesores de
derecho de la UNAH ha pedido al fiscal general, Oscar Chinchilla que
inicie una investigación o se haga a un lado.Señalan que en caso de no atender esa disposición constitucional del Ministerio Público, “este Claustro, la sociedad hondureña, la institucionalidad y la historia le reconocería permitir que sean otras las personas que cumplan esa exigencia”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), exigió en una carta
pública al fiscal general de la República, Oscar Chinchilla, que
“atienda su mandato constitucional” para iniciar una investigación a
todas las partes involucradas en el juicio y sentencia de Antonio “Tony”
Hernández.
En
el documento los catedráticos de derecho hacen recuento de lo insólita
que fue la sentencia, donde se declaró culpable a “Tony” por cuatro
cargos relacionados al tráfico de drogas y de armas, tras la denuncia de
la Fiscalía del Distrito Sur de New York.
“Misma
que acusa al ciudadano hondureño de formar parte de una trama criminal
que contribuyo a la ‘putrefacción’ de las instituciones públicas en
Honduras”, menciona la carta.
Y
añade: “Como parte de esta trama, el Fiscal del Distrito Sur señala a
miembros del Poder Legislativo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y del
Poder Ejecutivo, incluyendo al ciudadano que ostenta la Presidencia de
la República”.
En
este punto, los abogados exigen a Chinchilla que cumpla su función
constitucional y de compromiso con el pueblo para que inicie una
investigación formal que permita la persecución penal contra los que
sean parte de esa estructura criminal.
Además,
apuntan que en caso de no iniciar acciones, “este Claustro, la sociedad
hondureña, la institucionalidad y la historia le reconocería permitir
que sean otras las personas que cumplan esa exigencia”.
A continuación la carta de forma íntegra:
Las toneladas de cocaína movidas desde y por Honduras
octubre 16, 2019
Redaccion
Por: Emy Padilla emypadilla@criterio.hn
Tegucigalpa. –Mientras los aires frescos del otoño atoran los ventanales de la corte federal en Manhattan, las aeronaves, submarinos, barcazas, camiones, etc., siguen moviendo la droga desde y por Honduras rumbo al norte. En las últimas horas las autoridades de seguridad han informado sobre la incautación de 560 kilos de cocaína en el sector de La Mosquitia. Esta noticia ha sido presentada como un «hit» ante el descrédito mundial.
El juez Kevin Castel podrá ser severo en el veredicto contra Juan Antonio, alias «Tony» Hernández, pero el narcotráfico no habrá acabado. Apenas abrirá un nuevo espacio para ir tras los conspiradores y co conspiradores de este supuesto narcotraficante, hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández.
El juicio de «Tony» Hernández, acusado por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio, es muy mediático. Decenas de cámaras de medios de comunicación de habla hispana e inglesa le dan cobertura en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y todos se mantienen a la expectativa esperando el desenlace de esta trama que se comenzó a tejer en los últimos 15 años y que tiene en zozobra a la clase gobernante de Honduras, que ha sido mencionada por los narcotraficantes, incluyendo al propio jefe de Estado, que ha sido salpicado en casi todos los testimonios de los narcotraficantes y testigos.
Documentos de la Fiscalía estadounidense, señalan a Hernández como co-conspirador del narcotráfico.
Tegucigalpa. –Mientras los aires frescos del otoño atoran los ventanales de la corte federal en Manhattan, las aeronaves, submarinos, barcazas, camiones, etc., siguen moviendo la droga desde y por Honduras rumbo al norte. En las últimas horas las autoridades de seguridad han informado sobre la incautación de 560 kilos de cocaína en el sector de La Mosquitia. Esta noticia ha sido presentada como un «hit» ante el descrédito mundial.
El juez Kevin Castel podrá ser severo en el veredicto contra Juan Antonio, alias «Tony» Hernández, pero el narcotráfico no habrá acabado. Apenas abrirá un nuevo espacio para ir tras los conspiradores y co conspiradores de este supuesto narcotraficante, hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández.
El juicio de «Tony» Hernández, acusado por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio, es muy mediático. Decenas de cámaras de medios de comunicación de habla hispana e inglesa le dan cobertura en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y todos se mantienen a la expectativa esperando el desenlace de esta trama que se comenzó a tejer en los últimos 15 años y que tiene en zozobra a la clase gobernante de Honduras, que ha sido mencionada por los narcotraficantes, incluyendo al propio jefe de Estado, que ha sido salpicado en casi todos los testimonios de los narcotraficantes y testigos.
Noticia Relacionada: Conclusiones del juicio: Tony Hernández se alió con su hermano, el presidente de Honduras para traficar droga
Públicamente Hernández alega ser inocente de todos señalamientos hechos en su contra por los narcotraficantes e incluso por la Fiscalía estadounidense. En una comparecencia ante medios de comunicación y sus redes sociales, dijo el 2 de octubre: “esto es menos serio que Alicia en el país de las maravillas”. Hernández, quien no ha sido acusado, ha sido objetivo de una investigación de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) junto a su difunta hermana, Hilda Hernández, y sus cercanos colaboradores, Julián Pacheco Tinoco, ministro de Seguridad y Ebal Díaz, ministro de la Presidencia.Documentos de la Fiscalía estadounidense, señalan a Hernández como co-conspirador del narcotráfico.
El
gobernante de Honduras, Juan Hernández, fue catalogado en los últimos
años como el principal aliado de Washington en el Triángulo Norte de
Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico. Esta imagen de Casa
Presidencial retrató el instante en que Trump le estrechó la mano a
Hernández el 25 de septiembre de 2019 en la sede de la ONU, en Nueva
York. El acto fue celebrado por el gobierno hondureño como si se tratase
del hecho más crucial para la historia de Honduras.
Kilo tras kilo
En el marasmo de declaraciones del juicio, que inició el 2 de octubre pasado, se puso en evidencia de que el Estado hondureño, realmente se ha convertido en un “narcoestado” como lo han venido señalando desde adentro y afuera de Honduras. Se dice que este país centroamericano ha sido permeado por el narcotráfico desde finales de los años 70 con la presencia de Juan Ramon Matta Ballesteros, conocido también como Juan Ramón Matta del Pozo, condenado en los Estados Unidos con varias cadenas perpetuas.
Matta es un excapo hondureño vinculado con el cártel de Medellín, por medio de Griselda Blanco y Pablo Escobar y el cártel de Guadalajara por medio de Miguel Ángel Félix Gallardo. Matta dejó la herencia del narco, a su hijo del mismo nombre, Ramón Matta Waldurraga, en proceso de liberación en los Estados Unidos.
Si bien es cierto, Honduras no ha comenzado a trascender mundialmente hasta ahora por la operatividad del tráfico de drogas, la Fiscalía estadounidense ha remarcado que su territorio comenzó a ser un reinado para los narcos a partir del golpe de Estado de 2009, cuando se derrocó al entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales, ya que a partir de esa fecha surgió una narco-élite política que construyó una institucionalidad favorable para las actividades del crimen organizado.
El exdirector de la policía, Ramón Sabillón, que se dice fue destituido por haber dado captura al temido cártel de los Valle Valle, en el occidente hondureño, dijo en el año 2016 que en Honduras había dos cárteles de la droga: uno rojo y otro azul. Sabillón dijo además que “el hermano del hombre” estaba involucrado en la ilícita actividad, refiriéndose a “Tony” Hernández.
Las declaraciones de Sabillón siguen incomodando a los políticos del Partido Nacional. Este miércoles en un programa de televisión el diputado, David Chávez, alegó que el exjefe policial no capturó a los Valle Valle. Aseguró la captura la efectuó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y que, si Sabillón participó en el operativo, solo cumplió su deber por lo que no debe ser catalogado como un héroe.
Chávez, quien ha sido acusado por actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), argumentó que las extradiciones se han logrado por la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo, aunque hoy esa versión fue contrarrestada desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York donde se dijo que el convenio de extradición con Estados Unidos fue aprobado por el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Las evidencias y declaraciones vertidas en el juicio de Nueva York confirman que el territorio hondureño ha sido utilizado en los últimos años para el trasiego de droga. Para el caso el jefe del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, que confesó haber dado muerte a 78 personas, también declaró que habían introducido a los Estados Unido cientos de kilos de cocaína.
Otros cargamentos de drogas fueron enviados por el cártel de los Valle Valle. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que esta mafia criminal introducía mensualmente a este país entre 5 a 20 toneladas de cocaína y según el testimonio de exmiembros de la organización, ganaban más de US$ 800.000 por cada cargamento. Aunque la mayor parte de la cocaína traficada terminaba en Estados Unidos, Los Valle establecieron contactos entre los distribuidores locales que comercian cocaína en el mercado hondureño, como Los Pinto, que operan la zona sur de Honduras.
Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”, un narcotraficante confeso capturado en el año 2017 en Guatemala por la DEA declaró que durante más de una década traficó al menos 140 toneladas de cocaína junto a “Tony” Hernández, a quien dijo le regaló dos relojes Rolex y un caballo peruano.
“El Rojo” reveló ante el jurado que pagó US$ 100.000 para financiar las campañas políticas del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y de Juan Hernández, el primero en su postulación a la presidencia de la República y el segundo para ser reelecto diputado por su natal departamento de Lempira y conseguir la presidencia del Congreso Nacional. Todo ocurrió en el año 2013, año de las elecciones generales.
Díaz Morales confesó además ante el jurado haber comprado alrededor de 2,000 kilos de cocaína a “Tony” y su socio colombino alias el “Cinco” quienes producían la droga con la estampa TH (las siglas de “Tony” Hernández) en un laboratorio propiedad de “Tony” y “El Cinco”, ubicado en Colombia.
Precisó que cada kilo de cocaína estaba valorado en US$ 10,000 dólares y que además de este pago por la cocaína, “Tony” recibía US$ 50,000 por información de los radares y US$ 5,000 por información sobre los retenes policiales.
Según las confesiones de “El Rojo”, tanto Lobo como Hernández, se comprometieron con él, que al ganar las elecciones le garantizarían protección y seguridad para que utilizara el territorio hondureño para traficar con droga y que para ese fin contó con la participación de los policías Mario Hernández y Renán Hernández, ambos primos de “Tony” Hernández y del presidente hondureño, que le daban protección e información.
Díaz Morales reveló que en el año 2005 le dio US$ 40,000 a Juan Hernández para su campaña en busca de la reelección como diputado en el Congreso Nacional. En aquel entonces Hernández era el secretario del Congreso.
En una entrevista con CRITERIO, el sociólogo y analista en temas de seguridad, Eugenio Sosa, explicó que antes, es decir, a finales de los años 70 y en los 80, durante la época de la guerra fría, los militares eran los únicos que estaban involucrados en el narcotráfico, pero a partir de la transición democrática en 1982, los políticos comenzaron a tener protagonismo porque asumieron el poder.
En resumen, la mezcla entre la política y el narcotráfico se siguió construyendo en la década de los 90 y luego con el nuevo milenio, se comienzan a ver asesinatos y señalamientos contra alcaldes y diputados. Fue a partir de los últimos diez años que, según Sosa, el narcotráfico se convirtió en un escándalo público.
Parafraseando un dicho del exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor—-en cuanto a que la corrupción en Honduras es a “cielo abierto”—Sosa afirmó que en los últimos diez años “el narcotráfico en Honduras ha sido a cielo abierto”. La aseveración la hace el sociólogo, porque todas las confesiones que han hecho los narcotraficantes en el juicio a “Tony” Hernández, ya era del conocimiento de todos los hondureños.
La sorpresa, no para los hondureños, sino para la comunidad internacional, es que el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el sistema de investigación criminal e inteligencia y otras instituciones del Estado—responsables de combatir el narcotráfico— se llamaron al silencio, lamentó el sociólogo.
En el marco del juicio a “Tony” Hernández, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Ponce Fonseca, dijo a periodistas que el combate al narcotráfico no es una función de esa institución, pese a que en los últimos nueve años los militares han sido beneficiados con un incremento presupuestario estrepitoso y con la compra de equipo y armamento, supuestamente, para combatir dicho flagelo. Con ese propósito y para combatir la delincuencia común, las maras y pandillas, en el Congreso Nacional se aprobó en el año 2011 una ley especial para la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y se creó la Tasa de Seguridad Poblacional, más conocida como “tasón de seguridad”, un gravamen adicional, mediante el cual el gobierno recolecta millones de lempiras, supuestamente, para la seguridad.
Mientras el Estado hondureño ha destinado sumas millonarias para contrarrestar el narcotráfico, los testimonios en el juicio de Nueva York han develado la podredumbre y la colusión que ha existido entre los criminales y la institucionalidad hondureña.
Para el sociólogo, Eugenio Sosa, la aspiración para lo cual fue creado el CNDS, era monopolizar el poder a la voluntad del presidente de la República, para quien la instancia se ha coinvertido en “la joya de la corona”, con el propósito de manipular la institucionalidad.
Sosa amplió que no es casual que no exista ninguna investigación ligada al narcotráfico, cuando el CNDS está integrado por el Fiscal general de la República, Óscar Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ambos amigos cercanos del gobernante.
Marca TH
Al llegarle el turno en la corte al nacotraficante guatemalteco, Josué Chang Monroy, alias “Jack”, éste testificó que, junto a “Tony” Hernández, traficó alrededor de 15 toneladas de cocaína desde un laboratorio en Colombia. Chang Monroy, confesó que el mejor amigo de “Tony” Hernández, Carlos Toledo, le dijo a él que “Tony” era “un tipo de persona que mandaba a matar a cualquiera que no le pareciera”.
Previo al testimonio de Jack, un agente de la DEA, nombrado como Papadoupoulou, dijo que en su presentación voluntaria «Tony» aseguró no haberse reunido con Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de “Los Cachiros”. Sin embargo, en el marco del juicio se mostró como evidencia un vídeo grabado en un restaurante Denny’s de Tegucigalpa donde “Tony” aparece haciendo tratos con el líder de “Los Cachiros”.
“Jack” confesó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York haber comprado 600 kilos de cocaína fabricada por “Tony” Hernández y que esta droga era vendida al cártel de Sinaloa en México. Asimismo, que en el año 2009 fue la primera vez que vio la marca “TH” y aseguró que “Tony” Hernández tenía un narco laboratorio, en el cual la cocaína era 100% pura.
Mientras el narcotraficante hacía más confesiones, el hermano del presidente de Honduras quedaba más evidenciado, pues el guatemalteco dijo que “Tony” le vendió municiones y rifles 40 M-16. Estas armas fueron vendidas posteriormente a los “Caballeros Templarios” y al cártel de Sinaloa.
En noviembre de 2015 medios hondureños informaron sobre el extravío de 700 fusiles Kalashnikow o AK-47 y otras armas cortas de una bodega de la desarticulada Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) y en octubre de 2011 se reportó la sustracción de 300 fusiles FAL y 300.000 proyectiles de un contenedor de la unidad élite policial conocida como Los Cobras. De acuerdo con los reportes de la policía, las armas comenzaron a extraviarse a partir del año 2008.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, “Tony” Hernánez conspiró junto a los miembros del cártel de Los Valle Valle, para enviarle armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ante el cargamento de pruebas y acusaciones contra “Tony” Hernández, a sus abogados Omar Malone y Muchael Tein, no les quedó otra opción que aconsejarle a su cliente que no testificara en el juicio. El dúo de abogados argumenta que el juicio ha estado lleno de mentiras, falsos testimonios y sin pruebas fehacientes. Inicialmente, Hernández contrató al abogado Manuel Retureta, especialista en casos de conspiración, pandillas y crímenes transnacionales, pero éste abandonó el caso.
Entrenamiento a narcos
En una entrevista con CRITERIO, el capitán Santos Rodríguez Orellana, dijo que desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas había colusión con los traficantes de drogas. El militar reveló que en el III Batallón de Infantería, ubicado en Naco, Cortés, los miembros de los cárteles de las drogas recibían entrenamiento para realizar con éxito sus actividades dentro del crimen organizado.
El militar, que fue expulsado de las Fuerzas Armadas, extrañamente tras denunciar los supuestos vínculos de “Tony” Hernández con el narcotráfico, precisó que los entrenamientos eran dirigidos a los hombres que trabajaban para el cártel de Los Valle Valle y de Nery Orlando López Sanabria, quien se identifica como Magdaleno Meza Funez. López Sanabria, que había fingido su muerte, ha sido acusado por el Ministerio Público de Honduras por los delitos de uso de nombre supuesto, tenencia de armas de uso comercial y prohibido y tenencia de explosivos prohibidos.
El secuestro
El narcotráfico secuestró la institucionalidad hondureña, ya que además de la participación de los militares, se contó con la colaboración de miembros de la policía, que se encargaban de dar información y protección a los narcotraficantes. Ese extremo ha sido confesado por los narcotraficantes que han declarado en el juicio de Nueva York, quienes además contaron que pagaban sobornos a “Tony” Hernández para que los militares le apagaran los radares, instalados para detectar el trasiego de drogas.
En el marasmo de declaraciones del juicio, que inició el 2 de octubre pasado, se puso en evidencia de que el Estado hondureño, realmente se ha convertido en un “narcoestado” como lo han venido señalando desde adentro y afuera de Honduras. Se dice que este país centroamericano ha sido permeado por el narcotráfico desde finales de los años 70 con la presencia de Juan Ramon Matta Ballesteros, conocido también como Juan Ramón Matta del Pozo, condenado en los Estados Unidos con varias cadenas perpetuas.
Matta es un excapo hondureño vinculado con el cártel de Medellín, por medio de Griselda Blanco y Pablo Escobar y el cártel de Guadalajara por medio de Miguel Ángel Félix Gallardo. Matta dejó la herencia del narco, a su hijo del mismo nombre, Ramón Matta Waldurraga, en proceso de liberación en los Estados Unidos.
Si bien es cierto, Honduras no ha comenzado a trascender mundialmente hasta ahora por la operatividad del tráfico de drogas, la Fiscalía estadounidense ha remarcado que su territorio comenzó a ser un reinado para los narcos a partir del golpe de Estado de 2009, cuando se derrocó al entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales, ya que a partir de esa fecha surgió una narco-élite política que construyó una institucionalidad favorable para las actividades del crimen organizado.
El exdirector de la policía, Ramón Sabillón, que se dice fue destituido por haber dado captura al temido cártel de los Valle Valle, en el occidente hondureño, dijo en el año 2016 que en Honduras había dos cárteles de la droga: uno rojo y otro azul. Sabillón dijo además que “el hermano del hombre” estaba involucrado en la ilícita actividad, refiriéndose a “Tony” Hernández.
Las declaraciones de Sabillón siguen incomodando a los políticos del Partido Nacional. Este miércoles en un programa de televisión el diputado, David Chávez, alegó que el exjefe policial no capturó a los Valle Valle. Aseguró la captura la efectuó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y que, si Sabillón participó en el operativo, solo cumplió su deber por lo que no debe ser catalogado como un héroe.
Chávez, quien ha sido acusado por actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), argumentó que las extradiciones se han logrado por la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo, aunque hoy esa versión fue contrarrestada desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York donde se dijo que el convenio de extradición con Estados Unidos fue aprobado por el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Las evidencias y declaraciones vertidas en el juicio de Nueva York confirman que el territorio hondureño ha sido utilizado en los últimos años para el trasiego de droga. Para el caso el jefe del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, que confesó haber dado muerte a 78 personas, también declaró que habían introducido a los Estados Unido cientos de kilos de cocaína.
Otros cargamentos de drogas fueron enviados por el cártel de los Valle Valle. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que esta mafia criminal introducía mensualmente a este país entre 5 a 20 toneladas de cocaína y según el testimonio de exmiembros de la organización, ganaban más de US$ 800.000 por cada cargamento. Aunque la mayor parte de la cocaína traficada terminaba en Estados Unidos, Los Valle establecieron contactos entre los distribuidores locales que comercian cocaína en el mercado hondureño, como Los Pinto, que operan la zona sur de Honduras.
Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”, un narcotraficante confeso capturado en el año 2017 en Guatemala por la DEA declaró que durante más de una década traficó al menos 140 toneladas de cocaína junto a “Tony” Hernández, a quien dijo le regaló dos relojes Rolex y un caballo peruano.
“El Rojo” reveló ante el jurado que pagó US$ 100.000 para financiar las campañas políticas del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y de Juan Hernández, el primero en su postulación a la presidencia de la República y el segundo para ser reelecto diputado por su natal departamento de Lempira y conseguir la presidencia del Congreso Nacional. Todo ocurrió en el año 2013, año de las elecciones generales.
Díaz Morales confesó además ante el jurado haber comprado alrededor de 2,000 kilos de cocaína a “Tony” y su socio colombino alias el “Cinco” quienes producían la droga con la estampa TH (las siglas de “Tony” Hernández) en un laboratorio propiedad de “Tony” y “El Cinco”, ubicado en Colombia.
Precisó que cada kilo de cocaína estaba valorado en US$ 10,000 dólares y que además de este pago por la cocaína, “Tony” recibía US$ 50,000 por información de los radares y US$ 5,000 por información sobre los retenes policiales.
Según las confesiones de “El Rojo”, tanto Lobo como Hernández, se comprometieron con él, que al ganar las elecciones le garantizarían protección y seguridad para que utilizara el territorio hondureño para traficar con droga y que para ese fin contó con la participación de los policías Mario Hernández y Renán Hernández, ambos primos de “Tony” Hernández y del presidente hondureño, que le daban protección e información.
Díaz Morales reveló que en el año 2005 le dio US$ 40,000 a Juan Hernández para su campaña en busca de la reelección como diputado en el Congreso Nacional. En aquel entonces Hernández era el secretario del Congreso.
En una entrevista con CRITERIO, el sociólogo y analista en temas de seguridad, Eugenio Sosa, explicó que antes, es decir, a finales de los años 70 y en los 80, durante la época de la guerra fría, los militares eran los únicos que estaban involucrados en el narcotráfico, pero a partir de la transición democrática en 1982, los políticos comenzaron a tener protagonismo porque asumieron el poder.
En resumen, la mezcla entre la política y el narcotráfico se siguió construyendo en la década de los 90 y luego con el nuevo milenio, se comienzan a ver asesinatos y señalamientos contra alcaldes y diputados. Fue a partir de los últimos diez años que, según Sosa, el narcotráfico se convirtió en un escándalo público.
Parafraseando un dicho del exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor—-en cuanto a que la corrupción en Honduras es a “cielo abierto”—Sosa afirmó que en los últimos diez años “el narcotráfico en Honduras ha sido a cielo abierto”. La aseveración la hace el sociólogo, porque todas las confesiones que han hecho los narcotraficantes en el juicio a “Tony” Hernández, ya era del conocimiento de todos los hondureños.
La sorpresa, no para los hondureños, sino para la comunidad internacional, es que el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el sistema de investigación criminal e inteligencia y otras instituciones del Estado—responsables de combatir el narcotráfico— se llamaron al silencio, lamentó el sociólogo.
En el marco del juicio a “Tony” Hernández, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Ponce Fonseca, dijo a periodistas que el combate al narcotráfico no es una función de esa institución, pese a que en los últimos nueve años los militares han sido beneficiados con un incremento presupuestario estrepitoso y con la compra de equipo y armamento, supuestamente, para combatir dicho flagelo. Con ese propósito y para combatir la delincuencia común, las maras y pandillas, en el Congreso Nacional se aprobó en el año 2011 una ley especial para la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y se creó la Tasa de Seguridad Poblacional, más conocida como “tasón de seguridad”, un gravamen adicional, mediante el cual el gobierno recolecta millones de lempiras, supuestamente, para la seguridad.
Mientras el Estado hondureño ha destinado sumas millonarias para contrarrestar el narcotráfico, los testimonios en el juicio de Nueva York han develado la podredumbre y la colusión que ha existido entre los criminales y la institucionalidad hondureña.
Para el sociólogo, Eugenio Sosa, la aspiración para lo cual fue creado el CNDS, era monopolizar el poder a la voluntad del presidente de la República, para quien la instancia se ha coinvertido en “la joya de la corona”, con el propósito de manipular la institucionalidad.
Sosa amplió que no es casual que no exista ninguna investigación ligada al narcotráfico, cuando el CNDS está integrado por el Fiscal general de la República, Óscar Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ambos amigos cercanos del gobernante.
Marca TH
Al llegarle el turno en la corte al nacotraficante guatemalteco, Josué Chang Monroy, alias “Jack”, éste testificó que, junto a “Tony” Hernández, traficó alrededor de 15 toneladas de cocaína desde un laboratorio en Colombia. Chang Monroy, confesó que el mejor amigo de “Tony” Hernández, Carlos Toledo, le dijo a él que “Tony” era “un tipo de persona que mandaba a matar a cualquiera que no le pareciera”.
Previo al testimonio de Jack, un agente de la DEA, nombrado como Papadoupoulou, dijo que en su presentación voluntaria «Tony» aseguró no haberse reunido con Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de “Los Cachiros”. Sin embargo, en el marco del juicio se mostró como evidencia un vídeo grabado en un restaurante Denny’s de Tegucigalpa donde “Tony” aparece haciendo tratos con el líder de “Los Cachiros”.
“Jack” confesó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York haber comprado 600 kilos de cocaína fabricada por “Tony” Hernández y que esta droga era vendida al cártel de Sinaloa en México. Asimismo, que en el año 2009 fue la primera vez que vio la marca “TH” y aseguró que “Tony” Hernández tenía un narco laboratorio, en el cual la cocaína era 100% pura.
Mientras el narcotraficante hacía más confesiones, el hermano del presidente de Honduras quedaba más evidenciado, pues el guatemalteco dijo que “Tony” le vendió municiones y rifles 40 M-16. Estas armas fueron vendidas posteriormente a los “Caballeros Templarios” y al cártel de Sinaloa.
En noviembre de 2015 medios hondureños informaron sobre el extravío de 700 fusiles Kalashnikow o AK-47 y otras armas cortas de una bodega de la desarticulada Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) y en octubre de 2011 se reportó la sustracción de 300 fusiles FAL y 300.000 proyectiles de un contenedor de la unidad élite policial conocida como Los Cobras. De acuerdo con los reportes de la policía, las armas comenzaron a extraviarse a partir del año 2008.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, “Tony” Hernánez conspiró junto a los miembros del cártel de Los Valle Valle, para enviarle armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ante el cargamento de pruebas y acusaciones contra “Tony” Hernández, a sus abogados Omar Malone y Muchael Tein, no les quedó otra opción que aconsejarle a su cliente que no testificara en el juicio. El dúo de abogados argumenta que el juicio ha estado lleno de mentiras, falsos testimonios y sin pruebas fehacientes. Inicialmente, Hernández contrató al abogado Manuel Retureta, especialista en casos de conspiración, pandillas y crímenes transnacionales, pero éste abandonó el caso.
Entrenamiento a narcos
En una entrevista con CRITERIO, el capitán Santos Rodríguez Orellana, dijo que desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas había colusión con los traficantes de drogas. El militar reveló que en el III Batallón de Infantería, ubicado en Naco, Cortés, los miembros de los cárteles de las drogas recibían entrenamiento para realizar con éxito sus actividades dentro del crimen organizado.
El militar, que fue expulsado de las Fuerzas Armadas, extrañamente tras denunciar los supuestos vínculos de “Tony” Hernández con el narcotráfico, precisó que los entrenamientos eran dirigidos a los hombres que trabajaban para el cártel de Los Valle Valle y de Nery Orlando López Sanabria, quien se identifica como Magdaleno Meza Funez. López Sanabria, que había fingido su muerte, ha sido acusado por el Ministerio Público de Honduras por los delitos de uso de nombre supuesto, tenencia de armas de uso comercial y prohibido y tenencia de explosivos prohibidos.
El secuestro
El narcotráfico secuestró la institucionalidad hondureña, ya que además de la participación de los militares, se contó con la colaboración de miembros de la policía, que se encargaban de dar información y protección a los narcotraficantes. Ese extremo ha sido confesado por los narcotraficantes que han declarado en el juicio de Nueva York, quienes además contaron que pagaban sobornos a “Tony” Hernández para que los militares le apagaran los radares, instalados para detectar el trasiego de drogas.
El jefe del cártel de «Los Cachiros»,
Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó que sobornó al expresidente y
actual presidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Hernández,
respectivamente, e incluso, incluyó en la lista al ministro de
Seguridad, Juián Pacheco Ticono.
Entrevistado por CRITERIO,
el economista, Hugo Noé Pino, señaló que el fortalecimiento en el
sector seguridad y defensa, se ha encaminado más en proteger las
espaldas al gobernante que a una verdadera lucha contra el delito.
De acuerdo con los cálculos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) el presupuesto de seguridad y defensa creció en más de 900 % en los últimos diez años, en detrimento de los fondos destinados a la salud y educación, que ha decrecido.
El
1 de marzo de 2019, el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon,
publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación dirigido a
Hernández por su supuesta lucha contra el narcotráfico.
Hernández
también fue cercano al exdirector del Comando Sur de Estados Unidos y
al exjefe de Gabinete de la Casa Blanca durante la administración Trump,
el general retirado, John Kelly.
Noé Pino cree que de ahora en adelante Estados Unidos no se sentirá con la confianza necesaria para combatir el narcotráfico junto a Hernández. La relación en ese sentido, solo se podría dar con un nuevo gobierno y con un nuevo enfoque y tratamiento del flagelo, resumió el economista.
Mientras en Tegucigalpa los diputados del Partido Nacional introducen mociones en el Congreso fuera de contexto, pues hablen de darle permanencia a la Policía Militar del Orden Público y extender las extradiciones a delitos contra la vida—una nueva “caja china” para desviar la atención de las serias implicaciones del gobierno en el narcotráfico—las conclusiones del juicio a “Tony” Hernández siguen salpicando al presidente de Honduras.
El fiscal Emil Bowe afirmó este miércoles que, a partir del 2010, el acusado y su socio y hermano, Juan Hernández, actual gobernante de Honduras, han venido controlando el gobierno con el propósito de traficar droga.
“Tony” fue capturado por agentes de la DEA, en el aeropuerto de Miami el 23 de noviembre de 2018, cuando se disponía a regresar a Honduras, luego de haber hecho algunas diligencias en Nebraska y de pasar por Texas. El día de su captura, ejecutada por el agente Sandalio González, “Tony”, estaba en compañía de su socio, Marlon Pacheco Morales.
Existe una probabilidad del 98 por ciento, para que el supuesto narcotraficante y ex diputado de Honduras del Partido Nacional (2014-2018) sea declarado culpable, dijo a CRITERIO el abogado penalista, Ramón Barrios. El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, ha pedido de 40 años de reclusión a cárcel perpetua.
Aunque se haya declarado inocente de lo que se le imputa, es casi seguro que «Tony» Hernández está derrotado antes de que se dicte su sentencia. No es para menos, las pruebas presentadas por la Fiscalía, más los testimonios de los narcotraficantes, testigos y el agente de la DEA, lo han hundido en lo más profundo. De hecho, optó por no declarar ante el juez y solo está a la espera de las conclusiones y del veredicto.
El fiscal Bowe considera que un solo testigo, de los cinco que se presentaron en el juicio, es suficiente para condenar a “Tony” Hernández. Al término de sus deliberaciones, el fiscal se dirigió al juez Kevin Castel y con aplomo le dijo: “Haz justicia, encuentra a este hombre, intocable en Honduras, culpable de todos los cargos».
En sus conclusiones el fiscal Emil Bowe reafirmó que “Tony” Hernández ingresó al mundo de las mafias en el año 2004, algo que todo el mundo conoció desde el año pasado, cuando la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York dio a conocer los cargos en su contra. Sin embargo, este miércoles se reveló que el hermano del presidente hondureño ayudó para que se introdujeran 1.6 mil millones de dosis de cocaína a EE.UU.
Probablemente mucha de esas dosis pudo ser movida internamente en los Estados Unidos por hondureños, que han salido huyendo de la violencia y la corrupción y se convirtieron en una tragedia para la salud de los estadounidenses, que son los máximos consumidores de cocaína en el mundo.
El juicio a «Tony» Hernández está por concluir. En las próximas horas se podría conocer su sentencia, pero eso no significa que en Honduras se haya acabado el narcotráfico, porque mientras no surja una nueva élite política o por lo menos comience ese proceso con la salida del poder de Juan Hernández y sus colaboradores cercanos, la situación seguirá igual, concluyó en su análisis el sociólogo, Eugenio Sosa.
De acuerdo con los cálculos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) el presupuesto de seguridad y defensa creció en más de 900 % en los últimos diez años, en detrimento de los fondos destinados a la salud y educación, que ha decrecido.
“El fortalecimiento de órganos como la policía militar y los militares en general, con pocos resultados, como lo está demostrando el juicio de Nueva York, nos dice que el objetivo de este gasto militar era consolidar la simpatía personal de los cuerpos policial y militar, a favor de Juan Orlando, que verdaderamente a combatir el crimen”: Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras.En medio de la nueva crisis que sacude a Honduras por las reiteradas vinculaciones del gobierno con el narcotráfico, el Jefe de Estado, ha desplegado una campaña mediática en la que hace referencia al respaldo del gobierno de los Estados Unidos en el combate al narcotráfico y en particular al trabajo realizado entre las instituciones nacionales y la DEA.
Noé Pino cree que de ahora en adelante Estados Unidos no se sentirá con la confianza necesaria para combatir el narcotráfico junto a Hernández. La relación en ese sentido, solo se podría dar con un nuevo gobierno y con un nuevo enfoque y tratamiento del flagelo, resumió el economista.
«Tony pudrió las instituciones públicas de Honduras. Su Partido Nacional perdió las elecciones en 2005 y desde entonces prometieron no volver a perder nunca más. Dedicaron dinero de las drogas a las campañas del Partido Nacional, 2009, 2013, 2017…»: Fiscal Emil Bowe, al presentar este miércoles 16 de octubre las conclusiones en el juicio a «Tony» Hernández, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.Caja china
Mientras en Tegucigalpa los diputados del Partido Nacional introducen mociones en el Congreso fuera de contexto, pues hablen de darle permanencia a la Policía Militar del Orden Público y extender las extradiciones a delitos contra la vida—una nueva “caja china” para desviar la atención de las serias implicaciones del gobierno en el narcotráfico—las conclusiones del juicio a “Tony” Hernández siguen salpicando al presidente de Honduras.
El fiscal Emil Bowe afirmó este miércoles que, a partir del 2010, el acusado y su socio y hermano, Juan Hernández, actual gobernante de Honduras, han venido controlando el gobierno con el propósito de traficar droga.
“Tony” fue capturado por agentes de la DEA, en el aeropuerto de Miami el 23 de noviembre de 2018, cuando se disponía a regresar a Honduras, luego de haber hecho algunas diligencias en Nebraska y de pasar por Texas. El día de su captura, ejecutada por el agente Sandalio González, “Tony”, estaba en compañía de su socio, Marlon Pacheco Morales.
Existe una probabilidad del 98 por ciento, para que el supuesto narcotraficante y ex diputado de Honduras del Partido Nacional (2014-2018) sea declarado culpable, dijo a CRITERIO el abogado penalista, Ramón Barrios. El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, ha pedido de 40 años de reclusión a cárcel perpetua.
Aunque se haya declarado inocente de lo que se le imputa, es casi seguro que «Tony» Hernández está derrotado antes de que se dicte su sentencia. No es para menos, las pruebas presentadas por la Fiscalía, más los testimonios de los narcotraficantes, testigos y el agente de la DEA, lo han hundido en lo más profundo. De hecho, optó por no declarar ante el juez y solo está a la espera de las conclusiones y del veredicto.
El fiscal Bowe considera que un solo testigo, de los cinco que se presentaron en el juicio, es suficiente para condenar a “Tony” Hernández. Al término de sus deliberaciones, el fiscal se dirigió al juez Kevin Castel y con aplomo le dijo: “Haz justicia, encuentra a este hombre, intocable en Honduras, culpable de todos los cargos».
En sus conclusiones el fiscal Emil Bowe reafirmó que “Tony” Hernández ingresó al mundo de las mafias en el año 2004, algo que todo el mundo conoció desde el año pasado, cuando la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York dio a conocer los cargos en su contra. Sin embargo, este miércoles se reveló que el hermano del presidente hondureño ayudó para que se introdujeran 1.6 mil millones de dosis de cocaína a EE.UU.
Probablemente mucha de esas dosis pudo ser movida internamente en los Estados Unidos por hondureños, que han salido huyendo de la violencia y la corrupción y se convirtieron en una tragedia para la salud de los estadounidenses, que son los máximos consumidores de cocaína en el mundo.
El juicio a «Tony» Hernández está por concluir. En las próximas horas se podría conocer su sentencia, pero eso no significa que en Honduras se haya acabado el narcotráfico, porque mientras no surja una nueva élite política o por lo menos comience ese proceso con la salida del poder de Juan Hernández y sus colaboradores cercanos, la situación seguirá igual, concluyó en su análisis el sociólogo, Eugenio Sosa.
Publicado el 14 Octubre, 2019
La fiscalía de Nueva York presentará mañana al narco de origen guatemalteceo Fernando Josué Chang Monroy, quien testificará en el juicio contra el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, acusado por trasiego de drogas rumbo a EE.UU.
Asimismo, se tiene previsto que se presente durante los debates el vídeo completo de la entrevista hecha al imputado tras su arresto ocurrido en noviembre de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami.
El fiscal federal Geoffrey Berman pidió al juez Kevin Castel que el anexo A (vídeo) sea incorporado en los debates antes que el jurado comience a deliberar, por lo que la defensa también dio el visto bueno a fin de esclarecer las dudas surgidas en torno al interrogatorio que realizó en su momento el agente especial de la DEA Sandalio González.
Según los apoderados del excongresista, algunas contestaciones que dio su cliente al funcionario antidroga sobre su relación con el exjefe narco Víctor Hugo el Rojo Díaz Morales no son convincentes o habrían sido manipuladas.
No obstante, el gobierno, a través del Departamento de Justicia, afirmó en su momento que Tony renunció a su derecho de acceder a un abogado y de llamarse al silencio, pues colaboró durante el interrogatorio en el que confesó tener nexos con el narcotráfico.
Acerca de la comparecencia de Chang, la fiscalía señaló que este accederá al estrado para responder a las preguntas sobre su relación con Tony y los negocios que ambos habrían entablado hace algunos años.
El capo guatemalteco se declaró culpable en 2016 ante un tribunal federal de Virginia por transportar cocaína en avionetas registrado en EE.UU.; los acusadores señalaron que este individuo conspiró con otra persona no identificada para comprar un avioneta Beechcraft King Air C90, con matrícula norteamericana, y después un King Air E90, de un vendedor no revelado de Virginia.
«Revendió los aeroplanos a organizaciones narcotraficantes hondureñas y colombianas, que los utilizaron para transportar cocaína en Centroamérica y Sudamérica», según publicó en su momento el diario Prensa Libre.
La red de narcotráfico hondureña destruyó la aeronave luego de entregar un cargamento de cocaína procedente de Venezuela a Honduras.
«Ante la corte, Chang Monroy admitió haber comprado en EE.UU. dos aviones registrados en el Distrito de Virginia, con el propósito de transportar cocaína desde pistas clandestinas en Venezuela hacia Honduras. El primer avión que Chang Monroy compró y luego vendió a un grupo de narcotraficantes en Honduras, es una aeronave Beechcraft King Air C90. En guatemalteco dijo que recibió como pago un porcentaje por la venta de la droga», afirmó el referido medio.
El 27 de octubre de 2013, el avión voló al Estado Apure, en Venezuela, fronterizo con Colombia, donde cargaron mil kilos de cocaína –unas 2,204 libras– y los paquetes llegaron sin contratiempo al municipio Limón, en el caribeño departamento hondureño de Colón.
El segundo avión de la misma línea, King Air E90, fue vendido a narcotraficantes colombianos, quienes antes de pagar exigieron conocer la aeronavegabilidad del aparato.
El 2 de marzo de 2014, la nueva avioneta voló a Apure, cuando era cargada con dos mil 204 libras de cocaína, un avión de las Fuerzas Armadas Venezolanas descubrió la transacción y atacó la aeronave en tierra. A partir de ese operativo en Venezuela la DEA y el FBI comenzaron la investigación.
Chang Monroy fue detenido el 10 de septiembre de 2015, en la zona 16 de Ciudad de Guatemala y fue extraditado a EE.UU. donde fue sentenciado a cadena perpetua.
Narco guatemalteco declara haber comprado cocaína con la marca Tony Hernández
- 15/10/2019
Chang Monroy declaró,
en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que en el año 2009 fue la primera
vez que vio la “marca TH”; además aseguró que Tony Hernández tenía un narco
laboratorio, en el cual la cocaína era 100% pura.En el octavo día de juicio, se conoció que Tony Hernández, acusado de conspirar para exportar cocaína y armas a Estados Unidos, vendió municiones y rifles calibre 40 M-16 al narcotraficante Chang Monroy, armas que luego fueron vendidas a los “Caballeros del Templar” y el Cártel de Sinaloa.
Chang Monroy, alias ‘Jack’, testificó que, junto a Tony Hernández, traficó alrededor de 15 toneladas de cocaína desde un laboratorio en Colombia.
Según Chang Monroy, el mejor amigo de Tony Hernández, Carlos Toledo, le dijo a él que Tony era “un tipo de persona que mandaba a matar a cualquiera que no le pareciera”.
Previo al testimonio de Chang Monroy, un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), nombrado como Papadoupoulou, dijo que Tony Hernández, durante su presentación voluntaria, aseguró no haberse reunido con Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de la banda “Los Cachiros”, sin embargo se identificó el video grabado en un restaurante de Tegucigalpa.
El agente de la DEA manifestó, ante la corte neoyorquina, que al ser capturado en Miami Tony Hernández dijo que conoció a Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, a través de su amigo de la infancia, Carlos Toledo.
Según Papadoupoulou, quien comentó que interrogó por tres horas Hernández, dijo que Tony le manifestó que en 2007 ó 2008 conoció a Víctor Hugo Morales alias “El Rojo”.
Cabe recordar que Tony Hernández es acusado de cuatro delitos de tráfico de drogas, soborno, posesión ilegal de armas y declaración falsa a funcionarios estadounidenses. Fiscalía estadunidense ha finalizado con los medios probatorios y testificales en contra de Tony Hernández, y espera si la defensa presentará testigos, de lo contrario el proceso entrará en la etapa conclusiones y a la espera del veredicto a favor o en contra del hermano del mandatario Juan Orlando Hernández, quien ha sido señalado de recibir dinero proveniente del narcotráfico para sus campañas electorales como diputado y presidente.
Exjefe de los Cachiros grabó reuniones con Tony para reafirmar nexos con narcos
11 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exjefe de los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga reafirmó hoy que grabó varias reuniones con el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández a fin de reafirmar sus nexos con el narcotráfico.
Además, mencionó que comenzó a ser informante de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA) a partir de 2013 y las reuniones sostenidas con Tony ocurrieron en 2014.
En los encuentros que mantuvo Rivera Maradiaga con el señalado por la fiscalía federal de Nueva York de ser un narco a gran escala, indicó que las grabaciones las realizó en un restaurante de comidas rápidas, donde negociaron el blanqueo de capitales a través de contratos de infraestructura que realizó la empresa de fachada Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar).
Narró que uno de sus lugartenientes, identificado como Óscar Ramírez, le indicó que se reuniera con el excongresista y que llevara los contratos de Inrimar para que fueran gestionados a fin de obtener el dinero.
Confirmó que recibió del Estado hondureño alrededor de 300 millones de lempiras por haber ejecutado los contratos a través de Inrimar, como parte del lavado de dinero procedente de la venta de drogas.
Luego de haberse reunido con el hermano del jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández, el testigo colaborador contó que entregó a la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA) la grabación en la que aparece Tony vestido de camisa gris.
Uno de los fiscales federales preguntó a Rivera Maradiaga cómo logró grabar el encuentro con su interlocutor y afirmó que lo hizo con un reloj.
En el relato que dio al inicio del interrogatorio, el exjefe narco sostuvo que Tony le pidió un soborno de 100 mil dólares, incluyendo una propiedad en Tegucigalpa que le serviría como un centro de operaciones para sus negocios con el narcotráfico.
«Tony Hernández me estaba enviando un mensaje de que quería trabajar conmigo en el tráfico de drogas», afirmó el testigo y agregó que el oficial de Policía Juan Ávila Meza -uno de los supuestos intermediarios- le pidió tal adelanto de dinero a favor del encausado.
Apuntó contra el actual congresista Óscar Nájera, a quien señaló de ofrecerle información y seguridad mientras trasegaba droga por el departamento de Colón. «Quitaba los operativos que realizaba la Policía cuando se lo pedía», indicó.
También narró que el expresidente Porfirio Lobo «nos protegería a mí y a mi hermano (Javier Eriberto), de la extradición durante su administración».
Asimismo, aseguró ante el fiscal que Fabio Lobo, hijo del exgobernante, y Nájera habrían trabajado «a través de Pepe y así pudimos ocultas nuestros activos».
Respecto al dinero obtenido a través del narcotráfico, dijo que lo solían guardar en cuentas abiertas por terceras personas en el extinto Banco Continental y que contaría con la venia de los Rosental.
También fue mencionado durante la jornada el actual congresista del Partido Nacional, Reinaldo Ekónomo -a quien conoció en 2004-, ya que habría influido en los tribunales para desactivar una orden de captura contra Rivera Maradiaga y recibió una coima que oscila entre 50 y 60 mil dólares.
Al parecer, en el primer mandato de Hernández, Ekónomo sostuvo un segundo encuentro con el capo a quien le preguntó si estaba planeando matar al gobernante y obtuvo un no como respuesta a los rumores surgidos en torno a un posible magnicidio.
De hecho, rememoró Rivera Maradiaga, el diputado por Cortés llamó a JOH y colocó el teléfono en altavoz para escuchar de primera mano la respuesta con relación a un atentado en su contra.
Los planes para «acabar con la vida» del número uno del régimen los oyó en 2014 cuando los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle le contaron sus intenciones ya que Hernández jamás les volvió a contestar el teléfono, a pesar de las promesas de protección que les ofreció durante la campaña presidencial de 2013.
Estas confesiones apuntan directamente contra los hermanos Hernández, por lo que el juicio supone otro fuerte golpe a los planes de Juan Orlando de desmarcarse de los señalamientos en su contra y se confirma que es un sujeto de interés para la justicia de EE.UU.
El exjefe de los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga reafirmó hoy que grabó varias reuniones con el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández a fin de reafirmar sus nexos con el narcotráfico.
Además, mencionó que comenzó a ser informante de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA) a partir de 2013 y las reuniones sostenidas con Tony ocurrieron en 2014.
En los encuentros que mantuvo Rivera Maradiaga con el señalado por la fiscalía federal de Nueva York de ser un narco a gran escala, indicó que las grabaciones las realizó en un restaurante de comidas rápidas, donde negociaron el blanqueo de capitales a través de contratos de infraestructura que realizó la empresa de fachada Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar).
Narró que uno de sus lugartenientes, identificado como Óscar Ramírez, le indicó que se reuniera con el excongresista y que llevara los contratos de Inrimar para que fueran gestionados a fin de obtener el dinero.
Confirmó que recibió del Estado hondureño alrededor de 300 millones de lempiras por haber ejecutado los contratos a través de Inrimar, como parte del lavado de dinero procedente de la venta de drogas.
Luego de haberse reunido con el hermano del jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández, el testigo colaborador contó que entregó a la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA) la grabación en la que aparece Tony vestido de camisa gris.
Uno de los fiscales federales preguntó a Rivera Maradiaga cómo logró grabar el encuentro con su interlocutor y afirmó que lo hizo con un reloj.
En el relato que dio al inicio del interrogatorio, el exjefe narco sostuvo que Tony le pidió un soborno de 100 mil dólares, incluyendo una propiedad en Tegucigalpa que le serviría como un centro de operaciones para sus negocios con el narcotráfico.
«Tony Hernández me estaba enviando un mensaje de que quería trabajar conmigo en el tráfico de drogas», afirmó el testigo y agregó que el oficial de Policía Juan Ávila Meza -uno de los supuestos intermediarios- le pidió tal adelanto de dinero a favor del encausado.
Apuntó contra el actual congresista Óscar Nájera, a quien señaló de ofrecerle información y seguridad mientras trasegaba droga por el departamento de Colón. «Quitaba los operativos que realizaba la Policía cuando se lo pedía», indicó.
También narró que el expresidente Porfirio Lobo «nos protegería a mí y a mi hermano (Javier Eriberto), de la extradición durante su administración».
Asimismo, aseguró ante el fiscal que Fabio Lobo, hijo del exgobernante, y Nájera habrían trabajado «a través de Pepe y así pudimos ocultas nuestros activos».
Respecto al dinero obtenido a través del narcotráfico, dijo que lo solían guardar en cuentas abiertas por terceras personas en el extinto Banco Continental y que contaría con la venia de los Rosental.
También fue mencionado durante la jornada el actual congresista del Partido Nacional, Reinaldo Ekónomo -a quien conoció en 2004-, ya que habría influido en los tribunales para desactivar una orden de captura contra Rivera Maradiaga y recibió una coima que oscila entre 50 y 60 mil dólares.
Al parecer, en el primer mandato de Hernández, Ekónomo sostuvo un segundo encuentro con el capo a quien le preguntó si estaba planeando matar al gobernante y obtuvo un no como respuesta a los rumores surgidos en torno a un posible magnicidio.
De hecho, rememoró Rivera Maradiaga, el diputado por Cortés llamó a JOH y colocó el teléfono en altavoz para escuchar de primera mano la respuesta con relación a un atentado en su contra.
Los planes para «acabar con la vida» del número uno del régimen los oyó en 2014 cuando los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle le contaron sus intenciones ya que Hernández jamás les volvió a contestar el teléfono, a pesar de las promesas de protección que les ofreció durante la campaña presidencial de 2013.
Estas confesiones apuntan directamente contra los hermanos Hernández, por lo que el juicio supone otro fuerte golpe a los planes de Juan Orlando de desmarcarse de los señalamientos en su contra y se confirma que es un sujeto de interés para la justicia de EE.UU.
Publicado el 15 Octubre, 2019
En ese sentido, este día se espera que los próximos testigos que la Fiscalía presente a declarar son el ex comisionado de la Policía Nacional, Ramón Sabillón y el narco hondureño Wilter Blanco, un miembro del cartel de los valle valle y un agente de la DEA.
Además para las próximas jornadas se evacuará la información que se obtuvo del teléfono que portaba Hernández al momento de su detención el pasado 23 de noviembre de 2018.
EE.UU. PIDIÓ COLABORACIÓN A FISCALÍA HONDUREÑA EN CASO “TONY”
- Publicado: 11 Octubre 2019
Hoy
en el juicio de Antonio “Tony” Hernández, se reveló que el Departamento
de Justicia de Estados Unidos, pidió en el pasado mes de abril la
asistencia del Ministerio Público para investigar al hermano del
gobernante Juan Hernández.Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía que comanda Oscar Chinchilla, no se ha pronunciado ni ha actuado concretamente para confiscar todos los bienes de “Tony”, ya que en el pasado únicamente incautó las posesiones que el acusado en New York tenía en Tegucigalpa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Hoy se reveló un documento relacionado al juicio de Antonio “Tony”
Hernández, donde se expone que el Departamento de Justicia de Estados
Unidos, pidió al Ministerio Público que comandar Oscar Chinchilla (foto
en texto), una colaboración.
Según
el documento, la solicitud fue enviada el pasado mes de abril; sin
embargo, la Fiscalía hondureña se ha mantenido en silencio y no ha
operado contra el hermano del gobernante Juan Hernández.
Cabe recordar que en diciembre de 2018, “medianamente” se confiscó bienes a “Tony”, tratándose de las posesiones que éste tenía en la capital.
En
tanto el equipo de prensa que ha dado cobertura a todo el proceso,
entre ellos Jeff Ernst, colaborador de Univisión y The New Yor Times,
informaron que un jurado fue despedido luego que el pasado martes haya
sido fotografiado por sujetos que rompieron el protocolo.
En
las salas judicial estadounidenses, se prohíbe el uso de equipo
fotográfico y se maneja que quienes violentaron esa disposición
perseguían el propósito de levantar perfiles de los miembros del jurado.
Además,
el reportero informó que ese mismo día cuatro mexicanos llegaron con
tono amenazante a presenciar el evento. En ese contexto, el periodista
dijo que durante la actividad de hoy había más seguridad y ya nadie
podría sentarse en la primera línea las bancas, donde comúnmente se
posicionaba la familia de “Tony”.
Hoy
la Fiscalía presentó el testimonio de Giovani Rodríguez, un expolicía
que atestiguó haber trabajado para Mauricio Hernández en 2010,
confesando que se dedicaba al tráfico de droga, delito por el que lleva
tres años encarcelado en Estados Unidos.
Ante
las preguntas, Rodríguez comentó que este sujeto, Mauricio Hernández,
le dijo que trabajaba para Alexander Ardón y “Tony” Hernández. “Me dijo
que “Tony” Hernández estaba canalizando dinero para la campaña de Juan
Orlando Hernández”.
Al
tiempo, confesó que le ofrecieron protección para seguir sus
actividades como narcotraficante e incluso recibió dinero en billetes de
20 dólares estadounidenses.
FBI EXPONE A “TONY” POR MENTIR A JUSTICIA DE EE.UU.
- Publicado: 15 Octubre 2019
El
agente del FBI, identificado por su apellido Papadoupulous, ha dado a
la Fiscalía razones para condenar a “Tony” Hernández, ya que en su
comparecencia hoy en el juicio, dijo que el acusado mintió al alegar que
desconocía a narcos con los que aparece en videos documentados por los
cooperantes de la justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
New York.
En la jornada de este martes del juicio de “Tony” Hernández, también
fue interrogado por la Fiscalía un agente del FBI identificado como
Papadoupulous, quien participó en la primera entrevista del exdiputado
del Partido Nacional cuando viajó de “emergencia” a Estados Unidos en
2016.
El
agente federal fue justamente quien tomó las declaraciones de “Tony”,
quien habría mentido a las autoridades acerca de sus nexos con el
narcotráfico. En ese contexto, la Fiscalía sumo un nuevo delito a los
dos que ya tenía: conspiración para enviar droga a EE.UU., posesión y de
armamento bélico.
Papadoupulous
dijo que cuando interrogó a “Tony” permanecieron un máximo de tres
horas, afirmando que el imputado puede ser acusado por declaración
falsa.
El
federal contó en el juicio que la reunión empezó mostrando una
fotografía extraída de un video, donde “Tony” refirió que sólo reconocía
su persona. “El acusado dijo que no reconocía a las otras personas en
el video”.
El
Fiscal preguntó sobre las declaraciones de “Tony” en ese momento, a lo
que el agente respondió que el imputado dijo conocer “a un hombre de la
escuela de derecho quien creía representaba a los Cachiros”. Según
mencionó para discutir un proyecto hidroeléctrico.
En
aquella ocasión en 2016, reveló el agente, “Tony” alegó que nunca había
recibido dinero de narcos y que en todas las fotografías que le fueron
mostradas, nunca reconoció a nadie. Cabe
destacar que en ese interrogatorio estuvo presente un fiscal de la
Corte del Distrito Sur de New York, quien advirtió a “Tony” sobre
mentir. Según Papadoupulous “Tony” aseveró que se relacionó con Mario
Cálix por asuntos políticos y que era éste quien trabajaba con “El
Rojo”, asimismo negó haber conocido a los hermanos Valle.
“Dijo
que nunca los conoció en personas, pero que estaba en contacto con
ellos a través de Tony Frontera, quien le pidió defenderlo en un caso de
violación, él dijo no”, mencionó el agente. La
semana pasada se liberó un video de la entrevista que se hizo luego de
su captura en Miami donde “Tony” confiesa conocer en persona a los
hermanos Valle. Además, esta mañana se exhibio un fragmento donde negó
haber tenido contacto con los Cachiros.
Sería
con estas pruebas que la Fiscalía considera suficiente condenar al
hermano de Juan Hernández por querer engañar a agentes federales acerca
de sus relaciones con narcos que han aceptado ser cooperantes del
Departamento de Justicia.
Tony Hernández se niega a testificar en su propio juicio
octubre 15, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández en el octavo día del juicio que se le sigue en la Corte Sur del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, se negó este día a brindar su testimonio.
Este martes se presentaron los últimos testigos ante la corte y el juicio entró ya en su etapa final y se espera que para el próximo viernes 18 de octubre el jurado tenga ya su veredicto.
El juicio contra Hernández comenzó el pasado dos de octubre y en el mismo se ha señalado a Juan Antonio Hernández como responsable de traficar drogas hacia los Estados Unidos .
Este día cuando Tony regresaba de la celda de detención, le dijo al juez Castel que eligió no testificar. El Juez le consultó: ¿Esta es tu decisión? a lo que Tony respondió: así es.
Tegucigalpa.- Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández en el octavo día del juicio que se le sigue en la Corte Sur del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, se negó este día a brindar su testimonio.
Este martes se presentaron los últimos testigos ante la corte y el juicio entró ya en su etapa final y se espera que para el próximo viernes 18 de octubre el jurado tenga ya su veredicto.
El juicio contra Hernández comenzó el pasado dos de octubre y en el mismo se ha señalado a Juan Antonio Hernández como responsable de traficar drogas hacia los Estados Unidos .
Nota relacionada Testimonios siguen hundiendo a Tony Hernández en corte de Nueva York
También ha sido señalado de comercializar armas con los cárteles de la droga y de brindar protección con las fuerzas militares y policiales a las bandas de narcotraficantes para que pudieran operar libremente dentro del territorio hondureño.Este día cuando Tony regresaba de la celda de detención, le dijo al juez Castel que eligió no testificar. El Juez le consultó: ¿Esta es tu decisión? a lo que Tony respondió: así es.
9 de octubre 2019
El juicio de Nueva York y la responsabilidad ciudadana
El juicio contra Juan Antonio “Tony”
Hernández es un juicio que está en la agenda mediática y tiene nerviosos
a un puñado de políticos y actuales funcionarios del Estado comenzando
por su hermano Juan Orlando Hernández. En el juicio, JOH es la persona
que más se menciona en Nueva York.
El juicio que se ventila en los Estados
Unidos contra “Tony” Hernández ha venido a oficializar todo lo que se ha
dicho sobre los narcos en Honduras, que se metieron en el
financiamiento de las campañas políticas con el fin de utilizar las
instituciones del Estado para trasegar su droga con la mejor seguridad
posible sobornando a políticos, funcionarios, policías y militares.
La justicia norteamericana es impecable,
cuenta con una serie de controles que dan garantía de una verdadera
aplicación de la justicia. Todo el proceso, desde la investigación de
los fiscales hasta terminar en un juicio con un jurado especial, lleva
unos controles que no permiten que exista alguna manera de doblar el
brazo de la justicia, como sí lo lograron hacer los narcos con la
justicia hondureña.
Ahora mismo hay una indignación nacional
que señala a Juan Orlando Hernández como responsable del secuestro
institucional del país por parte del crimen organizado, pero a la larga
lo que hay es todo un sistema bien montado para controlar el país y
ponerlo a disposición de las operaciones del narcotráfico.
El desmontaje de ese sistema no pasa
únicamente por la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia,
pero con su posible salida del poder y posterior enjuiciamiento sí se
marcaría el inicio de un ataque frontal a ese sistema que lastimosamente
tiene su sustento en los más de 23 millones de consumidores de drogas
que hay en Estados Unidos. Esos millones de consumidores van a demandar
que siga llegando la droga por lo que se activarán los sustitutos de los
capos encarcelados y enjuiciados para que pueda abastecer la demanda
del mercado norteamericano.
Esta grave situación que pone de nuevo a
Honduras en la mirada internacional, debería generar algunas
consecuencias positivas para el país que ha perdido toda capacidad
institucional para atacar a los narcos que han operado a sus anchas. El
reto es trabajar de lleno en el fortalecimiento de la institucionalidad,
pero es una tarea que les corresponde a los ciudadanos y ciudadanas de
Honduras que están siendo llamadas a actuar de manera responsable al
otorgar su representación a las personas idóneas para que puedan
conducir al país por mejores derroteros.
Publicado el 18 Octubre, 2019
Por otro lado, la Doctora Suyapa Figueroa hizo lo mismo a través de su cuenta de Twitter donde señaló que no se alegraba por el mal ajeno pero sí por obtener justicia. Al tiempo que llamó a los y las hondureñas a las calles con mismo objetivo para todos: hacer caer la dictadura que gobierna. En todo el país se reportan acciones de protesta para las próximas horas, por lo que estamos a las puertas de una nueva crisis para esta dictadura.
Publicado el 9 Octubre, 2019
“A los de Libre les digo que jamás pasará la propuesta. Más bien serán tres, cuatro o cinco hojas de papel (desperdicio)… ya que ni siquiera será admitido porque no tienen los suficientes votos”, declaró Zambrano. Cabe señalar que en la sesión legislativa de ayer, la bancada de Libre intentó introducir el planteamiento de un juicio político contra el mandatario hondureño. Sin embargo, la manifestación verbal no finalizó debido a que el diputado, Antonio Rivera Callejas, quien presidía la sesión suspendió la misma. |
Director de la ATIC jamás actuó por narcopista operada en Olancho por Tony
14 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, optó por hacer la vista gorda ante varias denuncias respecto a los vínculos del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y de turbios negocios con el narcotráfico que en los últimos años han venido realizando funcionarios de mediana escala de la Policía Nacional de Honduras.
En memorandos que le hicieron llegar desde inicios de 2016, se le informó a Castro sobre la presencia de narcopistas en el nororiental departamento de Olancho, en los que pudo haber participado Tony en contubernio con el exdiputado liberal Fredy Nájera, alcaldes, incluyendo a un coronel de la Policía Militar del Orden Público y algunos operadores de justicia en la descarga y transporte de toneladas de cocaína, cuyo destino final fue EE.UU.
Un oficio girado al titular de la ATIC por el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, Julio Alberto Hernández, el 14 de enero de 2016, indicó que sostuvo una reunión el 12 de enero de ese año con un informante de confianza, quien le hizo saber sobre la existencia de la pista clandestina en un lugar denominado Planes de Teyaco, en la que solían aterrizar aviones procedentes de América del Sur cargados de estupefacientes y que contaban con la venia de un «(comisionado) general de la Policía de apellido Oliva Acosta, quien vive cerca de esa zona y al parecer es dueño de la pista».
Los colaboradores en el ilícito -afirma el documento al que accedieron Radio Globo y ConfidencialHN– están Nájera, preso en EE.UU. por delincuencia organizada, un coronel de la Policía Militar identificado por el apellido Nájera, el alcalde del lugar, un jefe departamental de la fuerza pública y un juez de Policía y el mismo Tony Hernández «quien es hermano del presidente Juan Orlando Hernández».
En el memorando que leyó Castro, se hace constar que una aeronave aterrizó en la pista un 24 de diciembre de 2015 y «que estas caen una vez por semana en la pista, al llegar el avión este es cuidado por lo menos por 200 personas y para llegar a la zona se puede (hacer) caminando pero es un trayecto entre 8 y 10 horas, y la otra es en helicóptero».
El informante, aseguró el subalterno, «se pueden observar muchos vehículos de lujo y también está el problema del consumo de la droga que se está llevando a cabo en la discoteca de la zona».
Entre las recomendaciones que le proporcionó el informante al jefe Hernández es que en caso de realizar trabajos de inteligencia e incursión en la zona remota «no se trabajara con policías» porque temía que estuvieran involucrados en el ilícito y pudieran alertar a quienes se encargaban del aterrizaje de las narcoavionetas y el traslado de la droga hacia otras regiones.
Aunque Castro tuvo conciencia y comprensión de las advertencias hechas por el subalterno, prefirió ocultar la información.
En otro informe girado el 14 de enero de ese año, se reveló que un subinspector de apellido Castillo y un subcomisionado, cuyo apellido es Mayes, asignados a la subestación policial del barrio El Manchén, en Tegucigalpa, «hicieron un trabajo en diciembre de 2015 que no supieron explicar, pero que se agenciaron con al menos dos millones de lempiras».
Aunque los dos hechos podrían no estar relacionados entre sí, pero hay un factor en común y es que Castro jamás decidió emprender una investigación que concluyera con un requerimiento fiscal contra Hernández, Nájera y los funcionarios de seguridad y defensa involucrados en narcotráfico, si bien el informante pudo dar datos superficiales sobre la llegada de narcoavionetas a zonas remotas o de difícil acceso en Olancho.
Una búsqueda rápida hecha por este periódico concluyó que ninguna de estas personas, en especial, los dos excongresistas y los oficiales de la subestación de El Manchén fueron sujetos de persecución penal por sus relaciones con el trasiego de drogas y delincuencia organizada.
También resulta hasta curioso el hecho de que el Ministerio Público jamás persiguiera penalmente a Tony y Nájera mientras fungieron en sus cargos y gozaban de absoluta libertad, por lo que se deja en evidencia el pacto de impunidad del fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe del régimen Juan Orlando Hernández.
A la fecha, Chinchilla no ha querido pronunciarse sobre las imputaciones de la justicia estadounidense contra el acusado y su incapacidad por no hacer cumplir la ley; también ha decidido encubrir a Castro, señalado por no proceder criminalmente contra agentes que pertenecen a escuadrones de la muerte -por su participación en la muerte de varias personas- y el crimen contra Sherill Yubissa Hernández, ocurrido en junio de 2018, en la comunidad de Santa Rosa de Copán.
Algunas fuentes familiarizadas con el tema, dijeron a Radio Globo y ConfidencialHN explicaron que Washington ha venido incrementado la presión contra Chincilla para agilizar los procesos que podrían concluir con una persecución penal contra el actual titular del Ejecutivo, aunque todo apunta a que acusador se resistirá hasta el último momento para no perseguir a su amigo, pues uno de sus motivos es que le colocó a su esposa Catherine Chang en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la actualidad, los dos exlegisladores se encuentran encarcelados en EE.UU. y el hermano del inquilino del palacio José Cecilio del Valle afronta un juicio por delitos de narcotráfico, uso de armas para trasladar drogas hacia la nación del norte y mentir a agentes federales, por lo que podría ser condenado a una pena de 40 años hasta prisión de por vida.
Tony, según la fiscalía federal de Nueva York, operó varias narcopistas en Honduras y poseía narcolaboratorios en Colombia en sociedad con reconocidos traficantes de estupefacientes, por lo que es visto como un capo a gran escala que contó con toda una infraestructura institucional y que le permitió trasegar cientos de toneladas de drogas hacia la nación del norte al contar con la venia de su hermano.
El jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, optó por hacer la vista gorda ante varias denuncias respecto a los vínculos del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y de turbios negocios con el narcotráfico que en los últimos años han venido realizando funcionarios de mediana escala de la Policía Nacional de Honduras.
En memorandos que le hicieron llegar desde inicios de 2016, se le informó a Castro sobre la presencia de narcopistas en el nororiental departamento de Olancho, en los que pudo haber participado Tony en contubernio con el exdiputado liberal Fredy Nájera, alcaldes, incluyendo a un coronel de la Policía Militar del Orden Público y algunos operadores de justicia en la descarga y transporte de toneladas de cocaína, cuyo destino final fue EE.UU.
Un oficio girado al titular de la ATIC por el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, Julio Alberto Hernández, el 14 de enero de 2016, indicó que sostuvo una reunión el 12 de enero de ese año con un informante de confianza, quien le hizo saber sobre la existencia de la pista clandestina en un lugar denominado Planes de Teyaco, en la que solían aterrizar aviones procedentes de América del Sur cargados de estupefacientes y que contaban con la venia de un «(comisionado) general de la Policía de apellido Oliva Acosta, quien vive cerca de esa zona y al parecer es dueño de la pista».
Los colaboradores en el ilícito -afirma el documento al que accedieron Radio Globo y ConfidencialHN– están Nájera, preso en EE.UU. por delincuencia organizada, un coronel de la Policía Militar identificado por el apellido Nájera, el alcalde del lugar, un jefe departamental de la fuerza pública y un juez de Policía y el mismo Tony Hernández «quien es hermano del presidente Juan Orlando Hernández».
En el memorando que leyó Castro, se hace constar que una aeronave aterrizó en la pista un 24 de diciembre de 2015 y «que estas caen una vez por semana en la pista, al llegar el avión este es cuidado por lo menos por 200 personas y para llegar a la zona se puede (hacer) caminando pero es un trayecto entre 8 y 10 horas, y la otra es en helicóptero».
El informante, aseguró el subalterno, «se pueden observar muchos vehículos de lujo y también está el problema del consumo de la droga que se está llevando a cabo en la discoteca de la zona».
Entre las recomendaciones que le proporcionó el informante al jefe Hernández es que en caso de realizar trabajos de inteligencia e incursión en la zona remota «no se trabajara con policías» porque temía que estuvieran involucrados en el ilícito y pudieran alertar a quienes se encargaban del aterrizaje de las narcoavionetas y el traslado de la droga hacia otras regiones.
Aunque Castro tuvo conciencia y comprensión de las advertencias hechas por el subalterno, prefirió ocultar la información.
En otro informe girado el 14 de enero de ese año, se reveló que un subinspector de apellido Castillo y un subcomisionado, cuyo apellido es Mayes, asignados a la subestación policial del barrio El Manchén, en Tegucigalpa, «hicieron un trabajo en diciembre de 2015 que no supieron explicar, pero que se agenciaron con al menos dos millones de lempiras».
Aunque los dos hechos podrían no estar relacionados entre sí, pero hay un factor en común y es que Castro jamás decidió emprender una investigación que concluyera con un requerimiento fiscal contra Hernández, Nájera y los funcionarios de seguridad y defensa involucrados en narcotráfico, si bien el informante pudo dar datos superficiales sobre la llegada de narcoavionetas a zonas remotas o de difícil acceso en Olancho.
Una búsqueda rápida hecha por este periódico concluyó que ninguna de estas personas, en especial, los dos excongresistas y los oficiales de la subestación de El Manchén fueron sujetos de persecución penal por sus relaciones con el trasiego de drogas y delincuencia organizada.
También resulta hasta curioso el hecho de que el Ministerio Público jamás persiguiera penalmente a Tony y Nájera mientras fungieron en sus cargos y gozaban de absoluta libertad, por lo que se deja en evidencia el pacto de impunidad del fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe del régimen Juan Orlando Hernández.
A la fecha, Chinchilla no ha querido pronunciarse sobre las imputaciones de la justicia estadounidense contra el acusado y su incapacidad por no hacer cumplir la ley; también ha decidido encubrir a Castro, señalado por no proceder criminalmente contra agentes que pertenecen a escuadrones de la muerte -por su participación en la muerte de varias personas- y el crimen contra Sherill Yubissa Hernández, ocurrido en junio de 2018, en la comunidad de Santa Rosa de Copán.
Algunas fuentes familiarizadas con el tema, dijeron a Radio Globo y ConfidencialHN explicaron que Washington ha venido incrementado la presión contra Chincilla para agilizar los procesos que podrían concluir con una persecución penal contra el actual titular del Ejecutivo, aunque todo apunta a que acusador se resistirá hasta el último momento para no perseguir a su amigo, pues uno de sus motivos es que le colocó a su esposa Catherine Chang en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la actualidad, los dos exlegisladores se encuentran encarcelados en EE.UU. y el hermano del inquilino del palacio José Cecilio del Valle afronta un juicio por delitos de narcotráfico, uso de armas para trasladar drogas hacia la nación del norte y mentir a agentes federales, por lo que podría ser condenado a una pena de 40 años hasta prisión de por vida.
Tony, según la fiscalía federal de Nueva York, operó varias narcopistas en Honduras y poseía narcolaboratorios en Colombia en sociedad con reconocidos traficantes de estupefacientes, por lo que es visto como un capo a gran escala que contó con toda una infraestructura institucional y que le permitió trasegar cientos de toneladas de drogas hacia la nación del norte al contar con la venia de su hermano.
JOH y Tony usaron testaferros y narcos para apoderarse de flota de aviones
17 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Juan Orlando y Juan Antonio Tony Hernández utilizaron una red de prestanombres o testaferros para legitimar capitales procedentes de la corrupción, delincuencia organizada y narcotráfico para evitar ser perseguidos penalmente en el futuro.
En la diversificación comercial e industrial que ambos hermanos, incluyendo a Ana Rosalinda García Carías, lograron desarrollar con el blanqueo de dinero y a fin de no levantar sospechas en las autoridades, en particular, las estadounidenses, aunque ya habían sospechas al respecto, llegaron a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras.
EE.UU. pidió en abril anterior al Ministerio Público una asistencia judicial respecto a la causa contra Tony y de otros sospechosos como Félix Francisco Pacheco Reyes, quien habría adquirido de manera misteriosa la empresa mercantil Aviation Partners, y que tendría nexos con el narcotráfico.
Cabe recordar que la empresa fue constituida con un capital de cinco mil lempiras y en su momento se asoció con Caribbean Tours, la cual se encuentra asegurada ya que tiene relación con el exjefe narco Sergio Neftalí el Compa Mejía Duarte y en su momento se hicieron de aviones y helicópteros cuya propiedad es del jefe del régimen nacionalista.
Por tanto, Pacheco Reyes se convirtió en el cuadro útil a los intereses de Hernández, quien supo pagar sus servicios mediante generosos contratos para mantener a flote a empresas con un oscuro historial.
Al respecto, este periódico encontró las escrituras de constitución de la empresa mercantil y sus respectivas inscripciones, con registros 21819, 22614, 25558, 34566, 40145, 45767, 47639, 48166, 49953 y 51575 y tomo 999, en las que Pacheco Reyes operó como ejecutor de los acuerdos de la empresa Aviación Tecnológica SA (Aviatsa) -y su nombre comercial Honduras Air- y luego como administrador único, por lo que está ligado directamente con el hecho.
La empresa fue constituida el 26 de marzo de 2014 por Luis Fernando Lezama Ramírez y Leonel Enrique Fonseca Peña, con un monto inicial de 25 mil lempiras y Pacheco Reyes aparece en 2016 como un ejecutor de los acuerdos tomados por los dos directivos de Aviatsa y posteriormente toma control de la empresa por lo que contó con el visto bueno de todos los socios.
Sin embargo, los fines comerciales que tomó la empresa distaron, pues Aviatsa se convirtió en una suerte de «aerolínea de badera» del actual Ejecutivo nacionalista ya que gozó de la preferencia de Hernández para actividades por las que Pacheco Reyes accedió a fuertes sumas de dinero.
De hecho, el también involucrado en la trama Pandora, se benefició con la firma de convenios suscritos por el exdirector del Instituto Hondureño de Turismo, Emilio Silvestri, alegando el «desarrollo económico» y «fomento» de la denominada industría sin chimenea.
Cabe recordar que Radio Globo y ConfidencialHN ubicaron
un convenio suscrito entre Pacheco y el entonces director del
organismo, firmado en agosto de 2017, el cual detalla que se debe
comercializar el destino turístico del caribeño departamento de Islas de
la Bahía por un monto total de 120 mil dólares (dos millones 876 mil
712 lempiras) que fueron pagados en varias etapas, siendo ganador el
propietario de la empresa aérea, quien se limitó a colocar el logo de Marca País a un viejo avión Boeing 737-200 con matrícula HR-AVR.
A pesar de que Aviatsa recibió casi 2.9 millones de lempiras por la prestación de un deficiente servicio, nunca se evidenciaron los resultados que contribuyeran a una imagen positiva de Honduras, que inició hace varios años la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández.
Pacheco Reyes aprovechó esta coyuntura para incorporar a la flota dos aviones más, entre ellos, un King Air 350 con matrícula hondureña HR-CLQ, otro avión con registro HR-AVR y otra aeronave que está estacionada en un hangar privado y se encuentra -aparentemente- en proceso de mantenimiento.
Asimismo, se confirma que el señalado supo hacer el trabajo a cambio de grandes favores, aunque las autoridades locales no lo han requerido hasta el momento por sus posibles nexos con el narcotráfico, a pesar de estar en la mira de la justicia de EE.UU. por ser un cómplice en la trama en la que participó Juan Antonio Tony Hernández.
El documento de asistencia judicial enviado al Ministerio Público y que tienen en su poder Radio Globo y ConfidencialHN afirma que «en 2012, un familiar de Hernández Alvarado (Juan Orlando) participó en la compra de un avion Beechcraft King Air utilizando un testaferro llamado Félix Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondureña de nombre Aviation Partners S. de R.L., C.V. El avion fue registrado en EE.UU. al momento de su compra, y actualmente se encuentra registrado en Honduras bajo el registro HR-AXL».
«La titularidad del avion fue transferida de Aviation Partners S. de R.L., C.V. a Inversionistas Tecnológicos Unidos, S.A. y se cree que el avion está almacenado en un hangar en Tegucigalpa, junto con un helicoptero Bell 429 con registro hondureño HR-GCA y un avion King Air 200 con registro hondureño HR-CLW, que tambien pertenecen a familiares de Hernandez Alvarado a traves de unos intermediarios», se establece en el requerimiento del Departamento de Justicia norteamericano.
Cuando la empresa fue vendida en 2014 al español Manuel Rodríguez Campo y a Catherine Fransoise Henriquez Zschecher, de origen canadiense, por un total de 450 mil dólares, (o más de 11 millones de lempiras), describe la escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil y que en la página siete de ese documento con número de presentación 37701 dice: «se excluye la venta del taller de mantenimiento OMA RAC 145-003, ubicado en el aeropuerto de Golosón, ciudad de La Ceiba, Atlántida, zona litoral de Honduras», de acuerdo a un cruce de información con el medio nicaragüense Expediente Público.
La escritura pública detalla que también «se excluyen de esa venta las aeronaves con matrículas haitianas HH-TOR y HH-LET y las aeronaves hondureños HR-GCA, HR-AXL y HR-AVR, las cuales el señor Manuel Rodrigo Campo, de nacionalidad española, se obliga a traspasar a favor de la persona natural o jurídica que le designe el señor Félix Francisco Pacheco Reyes».
En consecuencia, el sindicado en la trama procedió a transferir las aeronaves a Juan Orlando Hernández y la justicia de EE.UU. tiene la certeza de que fueron adquiridas de manera irregular en ese país.
Un año después de esa venta, los mismos personajes, Pacheco Reyes y Mejía Duarte vuelven a asociarse para constituir otra compañía con similar denominación: Aviation Partners Services, un hangar localizado en el aeropuerto Golosón de La Ceiba. En esa empresa también se incorporó Dorn Andy Ebanks Ebanks, el notario Roberto Carlos Echenique Salgado y Juan Francisco Chinchilla Peña, uno de los socios de la empresa Servicios de Seguridad Lempira, (Sersel), que está relacionada con Hernández.
En tanto, Juan Francisco Chinchilla Peña, constituyó junto con Pacheco Reyes otra empresa denominada Inversionistas Tecnológicos Unidos y las tres aeronaves HR-GCA, HR-AXL y HR-CLQ, fueron transferidas a Inversionistas Tecnológicos Unidos.
El hecho de que Hernández recurriera a Pacheco para instalar negocios turbios es porque fue su compañero en el Liceo Militar del Norte. De hecho, esta persona ha sido una mano derecha del actual jefe del Ejecutivo en temas empresariales, aunque a la fecha no ha podido justificar el origen de los fondos.
Otra de las personas que fueron utilizadas es Leonel Enrique Fonseca Peña, quien tiene un cargo de mediana categoría en la Secretaría de Desarrollo Económico.
REGALO DE NARCOAVIONETA. Radio Globo y ConfidencialHN lograron dar a mediados de 2019 con un narcoavión que fue regalado por los cárteles a Tony Hernández por sus generosas contribuciones a la causa y que tuvo como intermediario a un operador del cártel de los Valle Valle que fue extraditado a EE.UU.
La aeronave, con matrícula mexicana XA-LUN fue traída en 2014 a Honduras por dos pilotos aztecas, quienes fueron arrestados y posteriormente liberados por órdenes superiores, iba dirigido al hermano de JOH como un estímulo a su contribución para que cientos de toneladas de cocaína fueran enviadas a la nación del norte.
En la investigación se pudo confirmar que el aeroplano se encuentra bajo custodia en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula y a cinco años de que se registrara el incidente sobre la captura de los dos tripulantes y Jeffry Darío Guzmán Tovar, extraditado en fecha reciente por su colaboración activa con los cárteles, permanece estancada.
Sobre el tema, los investigadores de ambos medios pudieron confirmar que jamás se abrió un expediente para dejar constancia de la confiscación del aparato, cuando las normas ya ordenan de que tiene que crearse un proceso legal para efectos de constancia y verificar si los involucrados son culpables o inocentes de los hechos que se imputan.
Tanto el fiscal general Óscar Chinchilla, como la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix tuvieron total y amplio conocimiento de la inmovilización del avión de matrícula mexicana, la captura y posterior libertad de los pilotos, quienes se fueron para su país y jamás se les dio seguimiento o, en su defecto, coordinar acciones con el Ministerio Público mexicano para perseguirlos penalmente.
Este bimotor tendría como destino la familia Hernández Alvarado-García Carías y su uso sería estrictamente personal, aunque un grupo de personas comprometidas con la ley impidieron que ese anhelo se hiciera realidad.
Juan Orlando y Juan Antonio Tony Hernández utilizaron una red de prestanombres o testaferros para legitimar capitales procedentes de la corrupción, delincuencia organizada y narcotráfico para evitar ser perseguidos penalmente en el futuro.
En la diversificación comercial e industrial que ambos hermanos, incluyendo a Ana Rosalinda García Carías, lograron desarrollar con el blanqueo de dinero y a fin de no levantar sospechas en las autoridades, en particular, las estadounidenses, aunque ya habían sospechas al respecto, llegaron a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras.
EE.UU. pidió en abril anterior al Ministerio Público una asistencia judicial respecto a la causa contra Tony y de otros sospechosos como Félix Francisco Pacheco Reyes, quien habría adquirido de manera misteriosa la empresa mercantil Aviation Partners, y que tendría nexos con el narcotráfico.
Cabe recordar que la empresa fue constituida con un capital de cinco mil lempiras y en su momento se asoció con Caribbean Tours, la cual se encuentra asegurada ya que tiene relación con el exjefe narco Sergio Neftalí el Compa Mejía Duarte y en su momento se hicieron de aviones y helicópteros cuya propiedad es del jefe del régimen nacionalista.
Por tanto, Pacheco Reyes se convirtió en el cuadro útil a los intereses de Hernández, quien supo pagar sus servicios mediante generosos contratos para mantener a flote a empresas con un oscuro historial.
Al respecto, este periódico encontró las escrituras de constitución de la empresa mercantil y sus respectivas inscripciones, con registros 21819, 22614, 25558, 34566, 40145, 45767, 47639, 48166, 49953 y 51575 y tomo 999, en las que Pacheco Reyes operó como ejecutor de los acuerdos de la empresa Aviación Tecnológica SA (Aviatsa) -y su nombre comercial Honduras Air- y luego como administrador único, por lo que está ligado directamente con el hecho.
La empresa fue constituida el 26 de marzo de 2014 por Luis Fernando Lezama Ramírez y Leonel Enrique Fonseca Peña, con un monto inicial de 25 mil lempiras y Pacheco Reyes aparece en 2016 como un ejecutor de los acuerdos tomados por los dos directivos de Aviatsa y posteriormente toma control de la empresa por lo que contó con el visto bueno de todos los socios.
Sin embargo, los fines comerciales que tomó la empresa distaron, pues Aviatsa se convirtió en una suerte de «aerolínea de badera» del actual Ejecutivo nacionalista ya que gozó de la preferencia de Hernández para actividades por las que Pacheco Reyes accedió a fuertes sumas de dinero.
De hecho, el también involucrado en la trama Pandora, se benefició con la firma de convenios suscritos por el exdirector del Instituto Hondureño de Turismo, Emilio Silvestri, alegando el «desarrollo económico» y «fomento» de la denominada industría sin chimenea.
Cabe recordar que Radio Globo y ConfidencialHN ubicaro
A pesar de que Aviatsa recibió casi 2.9 millones de lempiras por la prestación de un deficiente servicio, nunca se evidenciaron los resultados que contribuyeran a una imagen positiva de Honduras, que inició hace varios años la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández.
Pacheco Reyes aprovechó esta coyuntura para incorporar a la flota dos aviones más, entre ellos, un King Air 350 con matrícula hondureña HR-CLQ, otro avión con registro HR-AVR y otra aeronave que está estacionada en un hangar privado y se encuentra -aparentemente- en proceso de mantenimiento.
Asimismo, se confirma que el señalado supo hacer el trabajo a cambio de grandes favores, aunque las autoridades locales no lo han requerido hasta el momento por sus posibles nexos con el narcotráfico, a pesar de estar en la mira de la justicia de EE.UU. por ser un cómplice en la trama en la que participó Juan Antonio Tony Hernández.
El documento de asistencia judicial enviado al Ministerio Público y que tienen en su poder Radio Globo y ConfidencialHN afirma que «en 2012, un familiar de Hernández Alvarado (Juan Orlando) participó en la compra de un avion Beechcraft King Air utilizando un testaferro llamado Félix Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondureña de nombre Aviation Partners S. de R.L., C.V. El avion fue registrado en EE.UU. al momento de su compra, y actualmente se encuentra registrado en Honduras bajo el registro HR-AXL».
«La titularidad del avion fue transferida de Aviation Partners S. de R.L., C.V. a Inversionistas Tecnológicos Unidos, S.A. y se cree que el avion está almacenado en un hangar en Tegucigalpa, junto con un helicoptero Bell 429 con registro hondureño HR-GCA y un avion King Air 200 con registro hondureño HR-CLW, que tambien pertenecen a familiares de Hernandez Alvarado a traves de unos intermediarios», se establece en el requerimiento del Departamento de Justicia norteamericano.
Cuando la empresa fue vendida en 2014 al español Manuel Rodríguez Campo y a Catherine Fransoise Henriquez Zschecher, de origen canadiense, por un total de 450 mil dólares, (o más de 11 millones de lempiras), describe la escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil y que en la página siete de ese documento con número de presentación 37701 dice: «se excluye la venta del taller de mantenimiento OMA RAC 145-003, ubicado en el aeropuerto de Golosón, ciudad de La Ceiba, Atlántida, zona litoral de Honduras», de acuerdo a un cruce de información con el medio nicaragüense Expediente Público.
La escritura pública detalla que también «se excluyen de esa venta las aeronaves con matrículas haitianas HH-TOR y HH-LET y las aeronaves hondureños HR-GCA, HR-AXL y HR-AVR, las cuales el señor Manuel Rodrigo Campo, de nacionalidad española, se obliga a traspasar a favor de la persona natural o jurídica que le designe el señor Félix Francisco Pacheco Reyes».
En consecuencia, el sindicado en la trama procedió a transferir las aeronaves a Juan Orlando Hernández y la justicia de EE.UU. tiene la certeza de que fueron adquiridas de manera irregular en ese país.
Un año después de esa venta, los mismos personajes, Pacheco Reyes y Mejía Duarte vuelven a asociarse para constituir otra compañía con similar denominación: Aviation Partners Services, un hangar localizado en el aeropuerto Golosón de La Ceiba. En esa empresa también se incorporó Dorn Andy Ebanks Ebanks, el notario Roberto Carlos Echenique Salgado y Juan Francisco Chinchilla Peña, uno de los socios de la empresa Servicios de Seguridad Lempira, (Sersel), que está relacionada con Hernández.
En tanto, Juan Francisco Chinchilla Peña, constituyó junto con Pacheco Reyes otra empresa denominada Inversionistas Tecnológicos Unidos y las tres aeronaves HR-GCA, HR-AXL y HR-CLQ, fueron transferidas a Inversionistas Tecnológicos Unidos.
El hecho de que Hernández recurriera a Pacheco para instalar negocios turbios es porque fue su compañero en el Liceo Militar del Norte. De hecho, esta persona ha sido una mano derecha del actual jefe del Ejecutivo en temas empresariales, aunque a la fecha no ha podido justificar el origen de los fondos.
Otra de las personas que fueron utilizadas es Leonel Enrique Fonseca Peña, quien tiene un cargo de mediana categoría en la Secretaría de Desarrollo Económico.
REGALO DE NARCOAVIONETA. Radio Globo y ConfidencialHN lograron dar a mediados de 2019 con un narcoavión que fue regalado por los cárteles a Tony Hernández por sus generosas contribuciones a la causa y que tuvo como intermediario a un operador del cártel de los Valle Valle que fue extraditado a EE.UU.
La aeronave, con matrícula mexicana XA-LUN fue traída en 2014 a Honduras por dos pilotos aztecas, quienes fueron arrestados y posteriormente liberados por órdenes superiores, iba dirigido al hermano de JOH como un estímulo a su contribución para que cientos de toneladas de cocaína fueran enviadas a la nación del norte.
En la investigación se pudo confirmar que el aeroplano se encuentra bajo custodia en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula y a cinco años de que se registrara el incidente sobre la captura de los dos tripulantes y Jeffry Darío Guzmán Tovar, extraditado en fecha reciente por su colaboración activa con los cárteles, permanece estancada.
Sobre el tema, los investigadores de ambos medios pudieron confirmar que jamás se abrió un expediente para dejar constancia de la confiscación del aparato, cuando las normas ya ordenan de que tiene que crearse un proceso legal para efectos de constancia y verificar si los involucrados son culpables o inocentes de los hechos que se imputan.
Tanto el fiscal general Óscar Chinchilla, como la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix tuvieron total y amplio conocimiento de la inmovilización del avión de matrícula mexicana, la captura y posterior libertad de los pilotos, quienes se fueron para su país y jamás se les dio seguimiento o, en su defecto, coordinar acciones con el Ministerio Público mexicano para perseguirlos penalmente.
Este bimotor tendría como destino la familia Hernández Alvarado-García Carías y su uso sería estrictamente personal, aunque un grupo de personas comprometidas con la ley impidieron que ese anhelo se hiciera realidad.
Tony Hernández tenía fotos de helicópteros y fardos de dólares en su celular
octubre 12, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Dentro de la información que se obtuvo, producto del vaciado telefónico que se le realizó a los celulares que portaba Tony al momento de su captura, se encontraron conversaciones en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
En esos chat, Tony intercambiaba fotografías de un helicóptero similar al que Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo” y Amilcar Alexander Ardon alias “Chande” describen como parte de los helicópteros que Tony utilizaba para el transporte de cocaína.
El miembro de la Comisión Interventora del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), German Leitzelar, confirmó este
martes que la institución otorgó un préstamo de 40 millones de dólares
para la construcción del Centro Cívico Gubernamental (CCG).
“Fueron 40 millones de dólares y eso es la mejor inversión que ha hecho esta institución porque estamos recibiendo el 9.55 de intereses sobre 40 millones de dólares”, dijo el interventor.
Justificó la entrega del millonario fondo, argumentando que si se hubiera depositado en un sistema financiero nacional no se percibiera la cantidad de intereses.
Los 40 millones de dólares fueron sustraídos del régimen de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social.
“Esa inversión, específicamente, y otras inversiones a tráves de la Comisión, se hizo con todas las medidas, protecciones”, dijo Leitzelar.
La información no fue socializada con los derechohabientes, quienes se enteran hasta hoy del préstamo para la lujosa construcción del Centro Cívico Gubernamental.
La edificación tiene un costo de 4,600 millones de lempiras, 40 millones derogados del IHSS en concepto de préstamo.
Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández invierte la millonaria cantidad en la obra de infraestructura, la población denuncia falta de medicamentos en los hospitales públicos, incluyendo el IHSS.
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 24 de mayo de 2019 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el caso ‘Opario Lemoth Morris y
Otros (Buzos Miskito)’ respecto de Honduras.
El caso se relaciona con la afectación de múltiples derechos en perjuicio de un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena Miskito que habitan en el departamento de Gracias a Dios, Honduras.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de 34 buzos miskito que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaban y que les generaron el síndrome de descompresión.
Asimismo, la CIDH consideró que el Estado violó el derecho a la vida de los doce buzos miskito que fallecieron momentos después de dichos accidentes. Ello en tanto la omisión e indiferencia del Estado frente a la problemática de explotación laboral por parte de empresas pesqueras y la realización del buceo en condiciones peligrosas que dio lugar a dichos accidentes se vio materializada en la falta de fiscalización adecuada.
Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado hondureño, a pesar de tener conocimiento de la situación de los buzos y la situación perversa de las relaciones laborales en las que se encontraban, no adoptó medidas deliberadas, concretas y orientadas a la realización del derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del mismo, así como a la salud y a la seguridad social.
Además, tomando en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas vinculados a su pertenencia a un pueblo indígena históricamente excluido, en situación de pobreza extrema y siendo muchas víctimas personas con discapacidad, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación.
En su Informe de Fondo la Comisión estableció, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado: i) adoptar medidas de compensación económica y satisfacción a las víctimas y sus familiares; ii) disponer de medidas de atención en salud física y mental a las víctimas sobrevivientes; iii) investigar de manera diligente con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa e imponer las sanciones correspondientes; iv) adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares; y v) realizar campañas de información relevante en materia de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional.
Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este mes el informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras en el que destacan la persistencia de desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad judicial, “continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas”, señala la CIDH.
De acuerdo con el informe, Honduras continúa manteniendo niveles críticos de impunidad que tiene como efecto perpetuar y favorecer la repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Además, señala que las organizaciones de sociedad civil han denunciado en diversas ocasiones que existen denuncias de una justicia «selectiva» que no ofrece respuestas efectivas a las violaciones a derechos humanos pero que favorece los intereses de actores vinculados al poder público, político y empresarial.
“La CIDH ha presentado un informe muy completo donde enfatiza en esas problemáticas que son de preocupación en general al país, también con la concentración del poder en el ejecutivo y en el judicial, que esto repercute en la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y políticas del país que lo que representa es un quebrantamiento de la institucionalidad y la democracia en Honduras”, afirma Martha Dubón, subcoordinadora de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
El informe fue realizado después de una visita in loco entre el 30 de julio y 3 agosto de 2018, además de otras visitas y los monitoreos constantes a los derechos humanos que realiza la comisión través audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
La CIDH aborda por una parte sobre la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el conflicto post electoral, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por otra parte, analiza de manera particular la situación de las mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad humana.
“Si lo relacionamos un poco con nuestras recomendaciones en el Examen Periódico Universal (EPU), la comisión también hace alusión a las mismas preocupaciones que tiene sociedad civil: ellos enfatizan mucho en todo el tema del proceso electoral en la crisis de 2017 que se manifestó en un contexto de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza pública, ellos piden al Estado que por favor esclarezca y presente un informe sobre las investigaciones en el caso de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos en manifestaciones”, añade Dubón.
En septiembre, en el marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH, la Coalición Contra la Impunidad, conformada por 58 organizaciones entre ellas la AJD, denunció las violaciones a derechos humanos bajo el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir en las manifestaciones y los asesinatos cometidos por los cuerpos armados y seguridad en Honduras durante las protestas. También se interpeló al Estado de Honduras exigiendo un informe donde mostraran los avances de las investigaciones por las personas asesinados en el marco de la crisis post-electoral y en las protestas de salud y educación que se dieron este año.
El informe recomienda que el Estado de Honduras debe enmarcarse en las normativas internacionales para respetar el derecho a la manifestación pacífica de la población. De acuerdo con Dubón, la CIDH en reiteradas ocasiones le ha hecho observaciones al Estados de Honduras para que revise la estructura de leyes, especialmente ante la implementación del nuevo Código Penal, “se saben que siempre van criminalizando, incluso en la reciente audiencia de sesiones se presentó que este nuevo código criminaliza la protesta social y libertad de expresión. La comisión que participamos concretamos en que hay un delito como tal que se llama manifestaciones ilícitas que violenta nuestro derecho constitucional”.
El informe de la CIDH también hace énfasis en que presente una investigación sobre los femicidios que en los últimos años se ha disparado el índice en el país, así como también exige investigaciones sobre la muerte de personas de la diversidad sexual que siguen en la impunidad.
Para la AJD, el seguimiento de estas recomendaciones es de suma importancia para recuperar la institucionalidad y la democracia en el país, “esperamos que este sea un punto de inicio en el país para que se pueda recuperar el estado de democracia que tanto anhelamos. Necesitamos que haya un verdadero seguimiento a estas recomendaciones y que contribuyan a que se recupere la institucionalidad que se ha venido quebrantando en la última década”, finaliza Dubón.
Tegucigalpa.-Dentro de la información que se obtuvo, producto del vaciado telefónico que se le realizó a los celulares que portaba Tony al momento de su captura, se encontraron conversaciones en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
En esos chat, Tony intercambiaba fotografías de un helicóptero similar al que Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo” y Amilcar Alexander Ardon alias “Chande” describen como parte de los helicópteros que Tony utilizaba para el transporte de cocaína.
Nota relacionada Expolicía confeso implica más a Tony Hernandez en negocio del narcotráfico
Además, se encontraron fotografías de fardos de billetes de cien dólares que al parecer suman grandes cantidades, empacados de forma similar a la que describen los testigos cooperantes que utilizaban para realzar los pagos en sus negocios de narcotráfico.(Tomado de: ProHondurasNetwork)
Publicado el 15 Octubre, 2019
“Fueron 40 millones de dólares y eso es la mejor inversión que ha hecho esta institución porque estamos recibiendo el 9.55 de intereses sobre 40 millones de dólares”, dijo el interventor.
Justificó la entrega del millonario fondo, argumentando que si se hubiera depositado en un sistema financiero nacional no se percibiera la cantidad de intereses.
Los 40 millones de dólares fueron sustraídos del régimen de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social.
“Esa inversión, específicamente, y otras inversiones a tráves de la Comisión, se hizo con todas las medidas, protecciones”, dijo Leitzelar.
La información no fue socializada con los derechohabientes, quienes se enteran hasta hoy del préstamo para la lujosa construcción del Centro Cívico Gubernamental.
La edificación tiene un costo de 4,600 millones de lempiras, 40 millones derogados del IHSS en concepto de préstamo.
Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández invierte la millonaria cantidad en la obra de infraestructura, la población denuncia falta de medicamentos en los hospitales públicos, incluyendo el IHSS.
El caso se relaciona con la afectación de múltiples derechos en perjuicio de un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena Miskito que habitan en el departamento de Gracias a Dios, Honduras.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de 34 buzos miskito que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaban y que les generaron el síndrome de descompresión.
Asimismo, la CIDH consideró que el Estado violó el derecho a la vida de los doce buzos miskito que fallecieron momentos después de dichos accidentes. Ello en tanto la omisión e indiferencia del Estado frente a la problemática de explotación laboral por parte de empresas pesqueras y la realización del buceo en condiciones peligrosas que dio lugar a dichos accidentes se vio materializada en la falta de fiscalización adecuada.
Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado hondureño, a pesar de tener conocimiento de la situación de los buzos y la situación perversa de las relaciones laborales en las que se encontraban, no adoptó medidas deliberadas, concretas y orientadas a la realización del derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del mismo, así como a la salud y a la seguridad social.
Además, tomando en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas vinculados a su pertenencia a un pueblo indígena históricamente excluido, en situación de pobreza extrema y siendo muchas víctimas personas con discapacidad, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación.
En su Informe de Fondo la Comisión estableció, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado: i) adoptar medidas de compensación económica y satisfacción a las víctimas y sus familiares; ii) disponer de medidas de atención en salud física y mental a las víctimas sobrevivientes; iii) investigar de manera diligente con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa e imponer las sanciones correspondientes; iv) adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares; y v) realizar campañas de información relevante en materia de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional.
Informe de la CIDH cuestiona la independencia e imparcialidad judicial en Honduras
octubre 15, 2019
Redacción
De acuerdo con el informe, Honduras continúa manteniendo niveles críticos de impunidad que tiene como efecto perpetuar y favorecer la repetición de graves violaciones a los derechos humanosPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este mes el informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras en el que destacan la persistencia de desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad judicial, “continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas”, señala la CIDH.
De acuerdo con el informe, Honduras continúa manteniendo niveles críticos de impunidad que tiene como efecto perpetuar y favorecer la repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Además, señala que las organizaciones de sociedad civil han denunciado en diversas ocasiones que existen denuncias de una justicia «selectiva» que no ofrece respuestas efectivas a las violaciones a derechos humanos pero que favorece los intereses de actores vinculados al poder público, político y empresarial.
“La CIDH ha presentado un informe muy completo donde enfatiza en esas problemáticas que son de preocupación en general al país, también con la concentración del poder en el ejecutivo y en el judicial, que esto repercute en la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y políticas del país que lo que representa es un quebrantamiento de la institucionalidad y la democracia en Honduras”, afirma Martha Dubón, subcoordinadora de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
El informe fue realizado después de una visita in loco entre el 30 de julio y 3 agosto de 2018, además de otras visitas y los monitoreos constantes a los derechos humanos que realiza la comisión través audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
La CIDH aborda por una parte sobre la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el conflicto post electoral, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por otra parte, analiza de manera particular la situación de las mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad humana.
“Si lo relacionamos un poco con nuestras recomendaciones en el Examen Periódico Universal (EPU), la comisión también hace alusión a las mismas preocupaciones que tiene sociedad civil: ellos enfatizan mucho en todo el tema del proceso electoral en la crisis de 2017 que se manifestó en un contexto de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza pública, ellos piden al Estado que por favor esclarezca y presente un informe sobre las investigaciones en el caso de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos en manifestaciones”, añade Dubón.
En septiembre, en el marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH, la Coalición Contra la Impunidad, conformada por 58 organizaciones entre ellas la AJD, denunció las violaciones a derechos humanos bajo el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir en las manifestaciones y los asesinatos cometidos por los cuerpos armados y seguridad en Honduras durante las protestas. También se interpeló al Estado de Honduras exigiendo un informe donde mostraran los avances de las investigaciones por las personas asesinados en el marco de la crisis post-electoral y en las protestas de salud y educación que se dieron este año.
El informe recomienda que el Estado de Honduras debe enmarcarse en las normativas internacionales para respetar el derecho a la manifestación pacífica de la población. De acuerdo con Dubón, la CIDH en reiteradas ocasiones le ha hecho observaciones al Estados de Honduras para que revise la estructura de leyes, especialmente ante la implementación del nuevo Código Penal, “se saben que siempre van criminalizando, incluso en la reciente audiencia de sesiones se presentó que este nuevo código criminaliza la protesta social y libertad de expresión. La comisión que participamos concretamos en que hay un delito como tal que se llama manifestaciones ilícitas que violenta nuestro derecho constitucional”.
El informe de la CIDH también hace énfasis en que presente una investigación sobre los femicidios que en los últimos años se ha disparado el índice en el país, así como también exige investigaciones sobre la muerte de personas de la diversidad sexual que siguen en la impunidad.
Para la AJD, el seguimiento de estas recomendaciones es de suma importancia para recuperar la institucionalidad y la democracia en el país, “esperamos que este sea un punto de inicio en el país para que se pueda recuperar el estado de democracia que tanto anhelamos. Necesitamos que haya un verdadero seguimiento a estas recomendaciones y que contribuyan a que se recupere la institucionalidad que se ha venido quebrantando en la última década”, finaliza Dubón.
