Escuadrones de la muerte podrían estar operando para matar estudiantes que protestan en Honduras
Saturday, 02 November 2019 22:33 Written by Bersely García - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: Dick y Miriam Emanuelsson
En menos de una semana dos estudiantes fueron asesinados y otros
están bajo amenaza. El punto en común es que han participado en
protestas para demandar la salida de Juan Orlando Hernández, después de
la sentencia por narcotráfico contra su hermano Tony Hernández, en una
corte de Estado Unidos y que el mandatario quedara con una deteriorada
imagen al ser señalado de aceptar fondos de narcotraficantes para sus
últimas dos campañas políticas.
En lo que va del 2019 en el Instituto Técnico Luís Bográn han
ocurrido dos crímenes contra estudiantes sin que hasta la fecha las
autoridades correspondientes den un informe de los resultados de las
investigaciones y castiguen a los responsables. El pasado martes 29 de
octubre desapareció un estudiante y después fue encontrado por su madre
en la morgue judicial hasta el viernes 01 de noviembre de 2019.
No obstante este colegio no es el único que vive la inseguridad, así le pasa a otros, en especial si sus jóvenes son beligerantes para demandar derechos ante las autoridades.
La institución pública está inmersa en la vulnerabilidad por falta de personal de seguridad que resguarde la integridad física de los alumnos durante se encuentran adentro del colegio y a la hora de salida.
A partir del 2017 se priorizó la intervención en varios centros educativos en distintos sectores del país, por parte de la Policía Militar del Orden Público, PMOP en los lugares considerados altamente peligrosos, ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y Choloma, allí se ha focalizado gran parte de la problemática, según la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación.
Entre las zonas más peligrosas de la capital está el sector de “El Carrizal”, donde se encuentra el Instituto Técnico Luis Bográn.
En una visita realizada por organizaciones de derechos humanos se constató que el colegio es vulnerable no solo por estar en una zona con la presencia de grupos criminales denominados como “maras y pandillas”, sino por la falta de agentes policiales que vigilen la zona.
El instituto a pesar de tener asignada para dar seguridad a la PMOP no han vuelto desde las vacaciones de la Semana Morazánica, según dijo un docente que pidió no ser identificado.
Amenaza latente
El centro educativo se encuentra en un punto fronterizo entre la “pandilla 18” y la “MS13” , sumado a esto el centro no cuenta con las medidas de seguridad que debe de tener toda institución educativa, ejemplo de ello son los puntos ciegos por donde pueden entrar y salir sin ningún problema personas ajenas a la institución educativa.
La amenaza es latente por parte de estos dos grupos criminales sobre los estudiantes porque están cercanas al sector.
Falsos positivos?
Como resultado de la inseguridad que viven los estudiantes del Técnico Luis Bográn dos de sus compañeros han resultado asesinados de forma violenta con arma de fuego en este año, uno de ellos era el alumno Daniel Ávila, quien apareció con un disparo de arma de fuego, en el sector de “El Carrizal”, después de haber participado en una jornada de protesta el 29 de abril.
A seis meses del asesinato de Ávila se repitió la tragedia para los estudiantes del mismo instituto, otro de sus compañeros fue asesinado. Se trata de Oscar Daniel Mencía Cantarero, quien desapareció desde el día martes 29 de octubre a las 2:30 de la tarde, fu visto por última vez adentro de las instalaciones del centro educativo, según algunas versiones.
Después de dos días de desaparecido y la búsqueda incesante de su madre y demás familiares, apareció en la morgue, cuyo reporte señala que se hizo el levantamiento del cadáver el mismo día en que no lo volvieron a ver y que lo encontraron asesinado en la colonia Villa Cristina, en las cercanías del sector del Carrizal.
Cabe mencionar que Oscar Mencía al igual que Daniel Ávila, se integraban a las distintas jornadas de protesta en el país. Mencía asistió el día jueves 31 de octubre a la movilización convocada por distintos sectores de la sociedad hondureña y era participante de las jornadas
La situación de violencia pudo haberse aprovechado para deshacerse de dos opositores incómodos al gobierno, en el mismo colegio.
Coinciden amenazas y muertes de estudiantes en momentos de protestas
El 01 de noviembre de 2019 el Movimiento Juventud Revolucionaria informó por Facebook que Leonardo Castillo, dirigente estudiantil en el departamento de Colón, quien cursaba la carrera de psicología en la UNAH y militaba en el Movimiento Amplio Universitario, MAU, fue asesinado en esa fecha.
La organización estudiantil culpó del crimen al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, “que en los últimos días exigió a los escuadrones de la muerte poner en su lugar a los protestas realizadas por el pueblo”.
Asimismo denunciaron que otros dos estudiantes del MAU fueron amenazados a muerte en horas de la madrugada del mismo días 01 de noviembre.
Desactivar las protestas con terror
Ha sido una constante que cuando hay protestas estudiantiles se entronizan campañas de desprestigio, desapariciones y crímenes.
En marzo del 2015, la joven centralista Soad Nicole Ham, fue encontrada muerta en un saco de nilón, en una terminal de buses cercana a su colegio, con señales de tortura, después de que horas antes participara en una jornada de protestas estudiantiles
Mario Enrique Suárez Gómez de 19 años de edad y Gerson Daniel Meza Medina de 18 años de edad, ambos estudiantes del Instituto Técnico Honduras, ITH, el 30 de agosto de 2018, ellos supuestamente fueron secuestrados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, de acuerdo a videos que circularon en redes sociales.
Los estudiantes del ITH habían realizado más de una decena de protestas demandando el bono del transporte. Todas fueron reprimidas por la policía que lanzó bombas lacrimógenas dentro del colegio.
Aunque las zonas donde se encuentran la mayoría de los colegios de educación media en la capital hondureña están en sectores controlados por grupos criminales, lo grave del caso es que los asesinatos se incrementan cuando hay protestas de este sector para demandar respeto a sus derechos estudiantiles, lo que hace suponen que hay escuadrones de la muerte que operan para generar el terror y desarticular la protesta.
Hasta la fecha de todas estas muertes violentas el Ministerio Público no ha brindado un informe imparcial que señale a los responsables y los ponga bajo resguardo en las cárceles.
No obstante este colegio no es el único que vive la inseguridad, así le pasa a otros, en especial si sus jóvenes son beligerantes para demandar derechos ante las autoridades.
La institución pública está inmersa en la vulnerabilidad por falta de personal de seguridad que resguarde la integridad física de los alumnos durante se encuentran adentro del colegio y a la hora de salida.
A partir del 2017 se priorizó la intervención en varios centros educativos en distintos sectores del país, por parte de la Policía Militar del Orden Público, PMOP en los lugares considerados altamente peligrosos, ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y Choloma, allí se ha focalizado gran parte de la problemática, según la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación.
Entre las zonas más peligrosas de la capital está el sector de “El Carrizal”, donde se encuentra el Instituto Técnico Luis Bográn.
En una visita realizada por organizaciones de derechos humanos se constató que el colegio es vulnerable no solo por estar en una zona con la presencia de grupos criminales denominados como “maras y pandillas”, sino por la falta de agentes policiales que vigilen la zona.
El instituto a pesar de tener asignada para dar seguridad a la PMOP no han vuelto desde las vacaciones de la Semana Morazánica, según dijo un docente que pidió no ser identificado.
Amenaza latente
El centro educativo se encuentra en un punto fronterizo entre la “pandilla 18” y la “MS13” , sumado a esto el centro no cuenta con las medidas de seguridad que debe de tener toda institución educativa, ejemplo de ello son los puntos ciegos por donde pueden entrar y salir sin ningún problema personas ajenas a la institución educativa.
La amenaza es latente por parte de estos dos grupos criminales sobre los estudiantes porque están cercanas al sector.
Falsos positivos?
Como resultado de la inseguridad que viven los estudiantes del Técnico Luis Bográn dos de sus compañeros han resultado asesinados de forma violenta con arma de fuego en este año, uno de ellos era el alumno Daniel Ávila, quien apareció con un disparo de arma de fuego, en el sector de “El Carrizal”, después de haber participado en una jornada de protesta el 29 de abril.
A seis meses del asesinato de Ávila se repitió la tragedia para los estudiantes del mismo instituto, otro de sus compañeros fue asesinado. Se trata de Oscar Daniel Mencía Cantarero, quien desapareció desde el día martes 29 de octubre a las 2:30 de la tarde, fu visto por última vez adentro de las instalaciones del centro educativo, según algunas versiones.
Después de dos días de desaparecido y la búsqueda incesante de su madre y demás familiares, apareció en la morgue, cuyo reporte señala que se hizo el levantamiento del cadáver el mismo día en que no lo volvieron a ver y que lo encontraron asesinado en la colonia Villa Cristina, en las cercanías del sector del Carrizal.
Cabe mencionar que Oscar Mencía al igual que Daniel Ávila, se integraban a las distintas jornadas de protesta en el país. Mencía asistió el día jueves 31 de octubre a la movilización convocada por distintos sectores de la sociedad hondureña y era participante de las jornadas
La situación de violencia pudo haberse aprovechado para deshacerse de dos opositores incómodos al gobierno, en el mismo colegio.
Coinciden amenazas y muertes de estudiantes en momentos de protestas
El 01 de noviembre de 2019 el Movimiento Juventud Revolucionaria informó por Facebook que Leonardo Castillo, dirigente estudiantil en el departamento de Colón, quien cursaba la carrera de psicología en la UNAH y militaba en el Movimiento Amplio Universitario, MAU, fue asesinado en esa fecha.
La organización estudiantil culpó del crimen al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, “que en los últimos días exigió a los escuadrones de la muerte poner en su lugar a los protestas realizadas por el pueblo”.
Asimismo denunciaron que otros dos estudiantes del MAU fueron amenazados a muerte en horas de la madrugada del mismo días 01 de noviembre.
Desactivar las protestas con terror
Ha sido una constante que cuando hay protestas estudiantiles se entronizan campañas de desprestigio, desapariciones y crímenes.
En marzo del 2015, la joven centralista Soad Nicole Ham, fue encontrada muerta en un saco de nilón, en una terminal de buses cercana a su colegio, con señales de tortura, después de que horas antes participara en una jornada de protestas estudiantiles
Mario Enrique Suárez Gómez de 19 años de edad y Gerson Daniel Meza Medina de 18 años de edad, ambos estudiantes del Instituto Técnico Honduras, ITH, el 30 de agosto de 2018, ellos supuestamente fueron secuestrados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, de acuerdo a videos que circularon en redes sociales.
Los estudiantes del ITH habían realizado más de una decena de protestas demandando el bono del transporte. Todas fueron reprimidas por la policía que lanzó bombas lacrimógenas dentro del colegio.
Aunque las zonas donde se encuentran la mayoría de los colegios de educación media en la capital hondureña están en sectores controlados por grupos criminales, lo grave del caso es que los asesinatos se incrementan cuando hay protestas de este sector para demandar respeto a sus derechos estudiantiles, lo que hace suponen que hay escuadrones de la muerte que operan para generar el terror y desarticular la protesta.
Hasta la fecha de todas estas muertes violentas el Ministerio Público no ha brindado un informe imparcial que señale a los responsables y los ponga bajo resguardo en las cárceles.
Quién mató a Oscar?
Saturday, 02 November 2019 23:10 Written by Heidy Dávila - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Luego de ser secuestrado del Instituto Técnico Luis Bográn el
joven Oscar Daniel Mencía Cantarero de apenas 18 años de edad, fue
reportado asesinado la noche del jueves 31 de octubre y llevado a la
morgue del Hospital Escuela Universitario,(HEU).
Los familiares pasaron a verlo a las dos de la mañana del 01 de
noviembre para confirmar la identidad, los médicos solo permitieron ver
el rostro.
A las 10 de la mañana la madre de Oscar Mencía llegó a la morgue a realizar los trámites respectivos para la entrega del cuerpo. La familia, la madre y un defensor de derechos humanos constataron los golpes e incluso cortadas que habría sufrido el joven.
Oscar Daniel Mencía Cantarero, era un joven muy bueno recalcó un vecino, “el no andaba en malos pasos como quieren hacer creer”.
Un familiar agregó qué no entienden por qué las autoridades están tratando de ensuciar la imagen del joven si ellos no hicieron nada para protegerlo cuando desconocidos se los llevaron del colegio.
Cuando su madre quiso denunciar el hecho, en la Dirección de Investigación Policial, DPI, no le tomaron la denuncia, ella estaba desesperada y fue hasta el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, para ver si podían ayudarle a rescatarlo con vida, pero todo fue en vano, aparentemente el muchacho fue asesinado el mismo día de su secuestro.
En el colegio donde él estudiaba hay mucho hermetismo, los estudiantes y personal docente se encuentra najo el miedo. Aún no hay un informe de avance de las investigaciones por parte del Estado de Honduras.
La pregunta que circula en el ambiente es quién le interesaba matar a Oscar, por qué la familia carecía de la información de que habían hecho el levantamiento de un cuerpo el 31 de octubre, un día después que supuestamente fue secuestrado. Ella llegó a buscarlo el día siguiente, pero le dijeron que no había nadie con esas características.
A las 10 de la mañana la madre de Oscar Mencía llegó a la morgue a realizar los trámites respectivos para la entrega del cuerpo. La familia, la madre y un defensor de derechos humanos constataron los golpes e incluso cortadas que habría sufrido el joven.
Oscar Daniel Mencía Cantarero, era un joven muy bueno recalcó un vecino, “el no andaba en malos pasos como quieren hacer creer”.
Un familiar agregó qué no entienden por qué las autoridades están tratando de ensuciar la imagen del joven si ellos no hicieron nada para protegerlo cuando desconocidos se los llevaron del colegio.
Cuando su madre quiso denunciar el hecho, en la Dirección de Investigación Policial, DPI, no le tomaron la denuncia, ella estaba desesperada y fue hasta el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, para ver si podían ayudarle a rescatarlo con vida, pero todo fue en vano, aparentemente el muchacho fue asesinado el mismo día de su secuestro.
En el colegio donde él estudiaba hay mucho hermetismo, los estudiantes y personal docente se encuentra najo el miedo. Aún no hay un informe de avance de las investigaciones por parte del Estado de Honduras.
La pregunta que circula en el ambiente es quién le interesaba matar a Oscar, por qué la familia carecía de la información de que habían hecho el levantamiento de un cuerpo el 31 de octubre, un día después que supuestamente fue secuestrado. Ella llegó a buscarlo el día siguiente, pero le dijeron que no había nadie con esas características.
EXLÍDERES UNIVERSITARIOS DENUNCIAN EN CONADEH “VIOLENCIA SISTEMÁTICA” ESTATAL
- Publicado: 05 Noviembre 2019
“Denunciamos
enérgicamente que vivimos en un Estado de indefensión, con la
militarización total del territorio hondureño, sin ninguna garantía
constitucional, que aniquila todos los derechos humanos”, dicta un
comunicado de exdirigentes estudiantiles de la UNAH, quienes se
apersonaron al Conadeh a entregar pruebas de los casos de “violencia
sistemática” contra los estudiantes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un grupo de exdirigentes del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se apersonó este martes al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para denunciar la “violencia sistemática” que violenta los derechos de los jóvenes educandos a pronunciarse contra el régimen.
El grupo de exdirigentes, que vivió en carne propia la estigmatización y criminalización,
ha referido en un pronunciamiento que existe una “política de miedo”
contra los que alzan la voz en las calles. Y alertan que por ello en el
país se está asesinando a estudiantes.
“Denunciamos enérgicamente que vivimos en un Estado de indefensión,
con la militarización total del territorio hondureño, sin ninguna
garantía constitucional, que aniquila todos los derechos humanos”, dicta
el comunicado.
Sobre
el tema, Fernando Ramírez (foto), que es uno de los representantes del
grupo, señala que el acto ante el Conadeh es reiterativo ya que: “Es de
conocimiento público que hay violación sistemática de los derechos
humanos y que uno de los sectores más vulnerados son los estudiantes y
los jóvenes”.
Amplía
que se ha urgido al Conadeh para que tome acciones de protección y
garantice los derechos de los universitarios. “El contenido del
documento es una especie de esquema donde se presentan las acciones
contra los estudiantes y hacer evidente una nueva doctrina que se está
ejecutando en el Consejo Nacional de Seguridad y que está dirigida a todas las personas que alzan la voz contra un narcoestado”.
Ramírez
puntualiza que las formas criminales a la que están expuestos los
movimientos estudiantiles no son algo nuevo en el país, pues recuerda
que el antecedente más reciente es de 2009 con el golpe de Estado, situación que no ha frenado.
De
hecho, menciona que los asesinatos de estudiantes, el constante
hostigamiento y represión policiaco-militar, se excusa porque los
universitarios han sido el único sector que asumió directamente los
procesos de movilización con relación al caso de “Tony” Hernández,
hermano del actual gobernante, encontrado culpable por delitos de
narcotráfico.
“La
política va dirigida a esos sujetos que alzan la voz y contra los que
se reconocen como un verdadero peligro frente a la instalación de un “narco poder” en el Estado y al final terminan siendo los jóvenes los más afectados”.
Sentencia
que en este caso, los exdirigentes únicamente colaborarán con el actual
movimiento estudiantil de “la Nacional” en asesoría y visibilización de
las faltas de garantías. “Las acciones que se están tomando de parte de
los exdirigentes y sector estudiantil deben ser combinadas, pero se
debe respetar puntualmente la autonomía del sector estudiantil que
actualmente está asumiendo el liderazgo”.
Concluye
que “Ellos brindarán las acciones, nosotros estamos dando
acompañamiento en términos de unidad y organización, para que ellos
puedan, frente a un escenario de violencia, tomar medidas de seguridad y
también exponer organizaciones que les están dando la espalda”.
Honduras: Atentan contra dirigente campesino en el Bajo Aguán
noviembre 13, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – El dirigente campesino Santos Torres, fue herido de bala junto a varios integrantes de su familia en la comunidad de Panamá de donde es residente.
El dirigente campesino fue trasladado junto a su familia a un centro asistencial del municipio de Tocoa Colón, donde recibe tratamiento médico.
El Bajo Aguán es zona del Caribe hondureño, lugar permanentemente acechado por los terratenientes que junto a policías y militares han querido despojar de sus territorios a las y los habitantes de estos lugares.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ha informado que Torres y su familia se encuentran estables de salud.
Desde el MADJ se solidarizan con los campesinos y campesinas del bajo Aguán ante los ataques y persecución que enfrentan por el único hecho de luchar por el territorio y a la vez exigimos el castigo para los hechores de este y otros atentados contra la vida de quienes ha decidido defender los bienes comunes y naturales.
La zona del bajo agua permanece militarizada desde hace ya más de 5 años y son varios los campesinos que han sido asesinados por defender la tierra y otra cantidad han sido criminalizados y enfrentan procesos en los tribunales de justicia de Honduras.
A pesar de que varios organismos nacionales e internacionales han denunciado esta situación ante la CIDH y otros organismos defensores de derechos humanos, el gobierno de Juan Hernández no le da importancia a la situación de zozobra y muerte que viven el campesinado de esa zona y otros departamentos de Honduras.
Tegucigalpa. – El dirigente campesino Santos Torres, fue herido de bala junto a varios integrantes de su familia en la comunidad de Panamá de donde es residente.
El dirigente campesino fue trasladado junto a su familia a un centro asistencial del municipio de Tocoa Colón, donde recibe tratamiento médico.
El Bajo Aguán es zona del Caribe hondureño, lugar permanentemente acechado por los terratenientes que junto a policías y militares han querido despojar de sus territorios a las y los habitantes de estos lugares.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ha informado que Torres y su familia se encuentran estables de salud.
Desde el MADJ se solidarizan con los campesinos y campesinas del bajo Aguán ante los ataques y persecución que enfrentan por el único hecho de luchar por el territorio y a la vez exigimos el castigo para los hechores de este y otros atentados contra la vida de quienes ha decidido defender los bienes comunes y naturales.
La zona del bajo agua permanece militarizada desde hace ya más de 5 años y son varios los campesinos que han sido asesinados por defender la tierra y otra cantidad han sido criminalizados y enfrentan procesos en los tribunales de justicia de Honduras.
A pesar de que varios organismos nacionales e internacionales han denunciado esta situación ante la CIDH y otros organismos defensores de derechos humanos, el gobierno de Juan Hernández no le da importancia a la situación de zozobra y muerte que viven el campesinado de esa zona y otros departamentos de Honduras.
Denuncian ola de crímenes tras acusaciones de Hernández con el narcotráfico
noviembre 7, 2019
Redaccion
La Mesa de Derechos Humanos registra 16 crímenes: seis asesinatos de estudiantes, cuatro opositores y seis miembros de la etnia garífunaPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La Mesa de Derechos Humanos de Honduras asocia 16 crímenes contra estudiantes, líderes opositores y miembros de la etnia garífuna, a un patrón de violaciones en el marco de las reacciones del gobierno de Juan Hernández a las denuncias de vínculos de su gobierno con el narcotráfico y las acciones ciudadanas de protesta.
La instancia que aglutina a más de 40 organizaciones, precisa que, de los 16 asesinatos, seis corresponden a estudiantes, cuatro a opositores políticos y seis a la étnica garífuna.
Noticia Relacionada: Mesa de Derechos Humanos alerta potenciales atentados contra miembros de la oposición
El pasado martes 29 de octubre de 2019, los defensores de los derechos humanos alertaron a la comunidad nacional e internacional mediante un comunicado sobre la potencialidad de perpetración de atentados contra miembros de la oposición social y política en manos de estructuras criminales que pueden involucrar a redes de funcionarios públicos con la narcoactividad.Mediante un comunicado divulgado este jueves, la Mesa refirió haber recibido información que “resalta una ola de violencia contra líderes políticos, sociales, estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales y personas defensoras del ambiente y de la tierra”.
Los crímenes contra estudiantes, según los reportes de la Mesa de Derechos Humanos:
- Wilfredo de Jesús Moncada (17), estudiante del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas del Sur (INTAE-SUR), asesinado el 11 de abril, 2019, en la ciudad de Choluteca.
- Darlin Dionisio Funes Vásquez (21), estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, asesinado el 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
- Lesbin Daniel Ávila Caballero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, asesinado el de 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
- Eblin Noel Corea Maradiaga (17), estudiante del Instituto Técnico de La Paz, asesinado el 20 de junio de 2019, en la ciudad de Yarumela, La Paz.
- Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, desaparecido el 29 de octubre y encontrado muerto el viernes 1 de noviembre, con signos de tortura, en la ciudad de Tegucigalpa. (Fue secuestrado el martes 29 de octubre por hombres desconocidos, fuertemente armados, quienes ingresaron violentamente a su centro educativo.)
- Leonardo Daniel Castillo (25), estudiante de sicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asesinado el 1 de noviembre de 2019, en circunstancias desconocidas.
Según los recuentos de los defensores de los derechos humanos las primeras cuatro personas asesinadas están vinculadas a la lucha social y a la oposición política y respondían a los nombres de:
- Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), supra mencionado.
- Leonardo Daniel Castillo (25), supra mencionado.
- Buenaventura Calderón Ramírez (73), líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), asesinado de varios disparos, en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
- Maribel Bolian (38), maestra de primaria y esposa del líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE), Buenaventura Calderón Ramírez.
- Magdaleno Meza Funez (35), brutalmente asesinado en el penitenciario de máxima seguridad, ubicado en el occidente de Honduras, el pasado sábado 26 de octubre. (era un potencial testigo en futuros procesos penales por narcotráfico en Estados Unidos, por ser, supuestamente, uno de los socios de “Tony” Hernández).
La Mesa reporta además los asesinatos sistemáticos contra miembros de la comunidad garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quienes han sufrido el asesinato de las siguientes personas:
- Rosa de Aguán, asesinada el viernes 6 de septiembre
- Gilma Cacho, asesinada el viernes 6 de septiembre
- Fiora Amaya, asesinada el viernes 6 de septiembre
- Nayda Reyez Giménez, secuestrada por supuestos agentes del Estado, identificados como miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y encontrada muerta el 07 de septiembre de 2019 en la comunidad de Baja Mar
- Mirna Suazo, asesinada el 08 de septiembre en la comunidad de Masca
- María Digna Moreno, asesinada el 12 de octubre 2019, maestra y parte del grupo de trabajo de educación Intercultural Bilingüe de la Ofraneh.
Noticia Relacionada: Narcotráfico y crimen organizado atacan los pueblos garífunas de Honduras: Miriam Miranda
En este contexto, La Mesa también reporta el atentado contra la integridad y la vida del profesor y líder magisterial Jaime Rodríguez, el pasado 30 de octubre, quien fue secuestrado, torturado y dado por muerto por los perpetradores del crimen, quienes lanzaron su cuerpo en una zona desolada en Tegucigalpa.Denuncias a muerte
La Mesa también ha documentado varios hechos intimidatorios, de violencia y amenazas contra otras personas, entre las que se encuentra el expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo, quien denuncia la semana pasada que existe un plan para asesinarlo a través de una agencia de seguridad del Estado, con órdenes de autoridades de alto nivel en el gobierno.
Noticia Relacionada: Pepe Lobo denuncia que desde el Estado hay un plan para asesinarlo
Los defensores registran también la denuncia sobre el supuesto riesgo que corre el periodista David Romero, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado de Honduras se niega a cumplir.“De la misma forma, levanta sospecha la muerte violenta del señor Alfredo José Cantarero Callejas, quien se desempeñaba como Comisionado Presidencial de Transparencia con rango de Secretario de Estado y encargado de la oficina de seguimiento del despacho presidencial junto al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y fue encontrado muerto el jueves 31 de octubre. Las autoridades han declarado el caso como un suicidio, lo cual les “obliga” a cerrar las investigaciones; sin embargo, la Mesa, a partir del caso de la Oficial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Hernández Mancía, no descarta la posibilidad que haya mediado mano criminal en su muerte”, refieren los defensores de derechos humanos.
Noticia Relacionada: La muerte de la agente de la ATIC tiene temblando a estructura coludida con el narcotráfico
En cuanto a la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la instancia manifiesta su preocupación sobre el uso generalizado e indebido del derecho penal contra personas defensoras, como el encarcelamiento de al menos ocho personas de la comunidad de Guapinol y otros presos políticos.Por otra parte, la Mesa de Derechos Humanos, manifiesta tener conocimiento de atentados y actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra la Asociación por una Ciudadanía Participativa (Aci Participa); la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH- Sida en Honduras (APUVIME); la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, denunciante de la muerte violenta de la Agente de la ATIC, Sheril Hernández; el periodista Milton Benítez, director del programa “El Perro Amarillo” y denunciante de corrupción; y el médico Luther Cleofes Castillo Harry, miembro de la comunidad garífuna y defensor de derechos humanos, quien ha denunciado ser víctima de seguimiento, amenazas y vigilancia.
En virtud de los hechos antes señalados, la Mesa llamó al Estado de Honduras a adoptar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y asegurar que puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro y libre de violencia e hizo un llamado a la comunidad internacional a realizar una labor exhaustiva de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras y de solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos.
Asesinatos contra periodistas
La Mesa de Derechos Humanos manifiesta también que dispone de información sobre el asesinato de al menos cuatro periodistas y un acumulado de al menos ochenta y uno (81) periodistas, comunicadores sociales, propietarios y empleados de medios de comunicación que han sido asesinados desde 2001, de los cuales el 90% permanece en la impunidad.
Los defensores advierten en la parte final del comunicado sobre la intensificación de la violencia política contra campesinos, indígenas, garífunas, líderes sociales, políticos y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. Dichos hechos, según los defensores contrastan con el anuncio del gobierno de otorgarle cuatro mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para labores agrícolas, porque supone la concentración y desplazamiento de fuerzas militares al interior del país y devela la falta de voluntad política del gobierno para invertir en la erradicación de las verdaderas causas estructurales de los problemas en Honduras.
Las tarántulas nunca se han ido
noviembre 4, 2019
Redacción
“Las viejas horas vuelven, encienden los caminos de la sangre, y me enseñan tus huesos inundados de espanto»
Rebeca Becerra/Las viejas horas
Por: MADJ
Los asesinatos de cuatro estudiantes, dos militantes activos del Partido Libre y el secuestro y tortura de un dirigente magisterial en una misma semana, evidencian de manera contundente que en Honduras las tarántulas nunca se han ido y continúan atacando.
Cifras del Observatorio de Violencia de la UNAH afirman que al menos 1,522 estudiantes de todos los grados educativos han sido asesinados en Honduras entre enero de 2010 y marzo de 2018. Del total 226 eran universitarios, 121 de la UNAH, quienes han sido clave en la movilización social en el país. Un alto porcentaje de las víctimas han aparecido en sacos o bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltas en sábanas y señales de violencia sexual. Estos crímenes observan el mismo patrón y el 96 por ciento continúa en impunidad.
Este mismo mecanismo es el utilizado en contra de liderazgos sociales de pueblos y comunidades en el país que defienden sus territorios de la amenaza del extractivismo y que al mismo tiempo rechazan rotundamente a la narcodictadura. Durante el 2019 tres líderes tolupanes y 16 garífunas, 6 de estas mujeres, han sido asesinados en Honduras.
Sumado a esto, los asesinatos realizados en las cárceles de máxima seguridad, La Tolva y El Pozo, demostraron que en el centro penitenciario no existe tal inversión en máxima seguridad y que la integridad de las/os internos está en manos de la criminalidad organizada de la cual forman parte las autoridades penitenciarias.
La filtración de vídeo cumple la conocida función de la actividad de las tarántulas; generar miedo y terror al mejor estilo de las narco producciones y de películas de las épocas oscuras para los países del continente. Es claro, se trata de la puesta en marcha de una maquinaria de la muerte y de terror cuyo objetivo, al igual que en tiempos pasados sigue siendo “limpiar” a la sociedad hondureña de los enemigos internos que pongan en precario los intereses de la narcodictadura descubierta y acorralada.
Su respuesta violenta está siendo proporcional a lo amenazados que se encuentran y a la urgencia de profundizar y justificar la militarización que les asegure brindar continuidad a su narcoactividad y eliminar toda evidencia que les involucre. Pero su estrategia no sirve más con la población hondureña que sabe sobradamente por su memoria histórica que estos crímenes no son aislados, sino que forman parte de la actividad de escuadrones de la muerte que hace años dejaron de ser clandestinos.
Frente a esto, desde el MADJ llamamos nuevamente a la resistencia organizada como única manera de reducir riesgos latentes. Una organización que nos permita también la autodefensa, solidaridad y el cuidado entre compañeras, compañeros y compañeres. Cuidado y solidaridad de organización a organización que nos permita romper con el acostumbrado sálvese quien pueda y con los reiterados y extemporáneos lamentos, desde el MADJ insistimos que organización es humanidad, prevención y deber de pensar la seguridad desde lo comunitario y apostando la caída de las redes criminales que gobiernan al país y nos asesina, a eso nos comprometemos permanente con quiénes reivindicamos la dignidad y la justicia popular.
Rebeca Becerra/Las viejas horas
Por: MADJ
Los asesinatos de cuatro estudiantes, dos militantes activos del Partido Libre y el secuestro y tortura de un dirigente magisterial en una misma semana, evidencian de manera contundente que en Honduras las tarántulas nunca se han ido y continúan atacando.
Cifras del Observatorio de Violencia de la UNAH afirman que al menos 1,522 estudiantes de todos los grados educativos han sido asesinados en Honduras entre enero de 2010 y marzo de 2018. Del total 226 eran universitarios, 121 de la UNAH, quienes han sido clave en la movilización social en el país. Un alto porcentaje de las víctimas han aparecido en sacos o bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltas en sábanas y señales de violencia sexual. Estos crímenes observan el mismo patrón y el 96 por ciento continúa en impunidad.
Este mismo mecanismo es el utilizado en contra de liderazgos sociales de pueblos y comunidades en el país que defienden sus territorios de la amenaza del extractivismo y que al mismo tiempo rechazan rotundamente a la narcodictadura. Durante el 2019 tres líderes tolupanes y 16 garífunas, 6 de estas mujeres, han sido asesinados en Honduras.
Sumado a esto, los asesinatos realizados en las cárceles de máxima seguridad, La Tolva y El Pozo, demostraron que en el centro penitenciario no existe tal inversión en máxima seguridad y que la integridad de las/os internos está en manos de la criminalidad organizada de la cual forman parte las autoridades penitenciarias.
La filtración de vídeo cumple la conocida función de la actividad de las tarántulas; generar miedo y terror al mejor estilo de las narco producciones y de películas de las épocas oscuras para los países del continente. Es claro, se trata de la puesta en marcha de una maquinaria de la muerte y de terror cuyo objetivo, al igual que en tiempos pasados sigue siendo “limpiar” a la sociedad hondureña de los enemigos internos que pongan en precario los intereses de la narcodictadura descubierta y acorralada.
Su respuesta violenta está siendo proporcional a lo amenazados que se encuentran y a la urgencia de profundizar y justificar la militarización que les asegure brindar continuidad a su narcoactividad y eliminar toda evidencia que les involucre. Pero su estrategia no sirve más con la población hondureña que sabe sobradamente por su memoria histórica que estos crímenes no son aislados, sino que forman parte de la actividad de escuadrones de la muerte que hace años dejaron de ser clandestinos.
Frente a esto, desde el MADJ llamamos nuevamente a la resistencia organizada como única manera de reducir riesgos latentes. Una organización que nos permita también la autodefensa, solidaridad y el cuidado entre compañeras, compañeros y compañeres. Cuidado y solidaridad de organización a organización que nos permita romper con el acostumbrado sálvese quien pueda y con los reiterados y extemporáneos lamentos, desde el MADJ insistimos que organización es humanidad, prevención y deber de pensar la seguridad desde lo comunitario y apostando la caída de las redes criminales que gobiernan al país y nos asesina, a eso nos comprometemos permanente con quiénes reivindicamos la dignidad y la justicia popular.
Alerta: PMOP mantiene seguimiento constante a opositores políticos
Por defensores -
12 noviembre, 2019
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), continúa documentando denuncias de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, que evidencian cómo el régimen de Juan Orlando Hernández a través de los cuerpos armados y de inteligencia, mantienen un proceso sistemático de levantamiento de perfiles y seguimiento de las personas que son los rostros más visibles y que participan en protestas y movilizaciones, en demanda de la salida del régimen.
Este es el caso del joven Juan Carlos Flores, licenciado en Administración Industrial y Negocios, que llegó al comité para interponer la denuncia que hace 2 semanas, cuatro efectivos de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP) llegaron para preguntar por él, hasta el Nacional de Ingenieros Colliseum, lugar donde entrena en el deporte del basketball, a jóvenes en situación de riesgo.
Una de las personas a las que se acercaron los militares para preguntar por Flores, reveló que los uniformados le mostraron la fotografía del denunciante, porque querían saber el lugar de su domicilio.
Tras ser informado del hecho, Juan Carlos Flores se dirigió a la sede del COFADEH para interponer la denuncia, ya que teme por su integridad física.
Flores ha participado en movilizaciones y protestas para exigir la salida de Juan Orlando Hernández del poder. Es militante del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y años atrás colaboró con la lideresa indígena lenca Bertha Cáceres (asesinada el 3 de marzo de 2016) y recientemente con la diputada por LIBRE y del departamento de Intibucá, Olivia Marcela Zúniga Cáceres (hija de Berta Cáceres).
Flores dijo a www.defensoresenlinea.com que “prácticamente ya me tienen perfilado, tienen una foto mía, le preguntaron a un guardia sí sabía dónde yo vivía”.
En la fotografía donde aparece el joven profesional, viste de pantaloneta, lo que le hace suponer que fue fotografiado mientras entrenaba a jóvenes de la aldea Suyapa, en la disciplina del barketball en Nacional de Ingenieros Coliseum.
“Considero que desde que acompañaba a la diputada Olivia Marcela Zúniga, ellos ya me tenían perfilado, esto sólo ha sido más que todo un seguimiento considero yo, por el hecho de andar con Olivia y por el alto perfil que ella tiene como defensora de derechos humanos y diputada al Congreso Nacional por el partido LIBRE”, sostuvo el denunciante.
Consultado acerca de la reacción que tuvo tras conocer que la PMOP anda indagando sobre su domicilio, Flores respondió que su primera reacción fue de impotencia. “Me sentí indefenso y amedrentado, pero al mismo tiempo me despertó el grado de intolerancia que existe en nuestro país, y definitivamente la dictadura; siento que se ha fortalecido”.
Me parece que el continuo levantamiento de perfiles “es algo sistémico que tenemos en nuestro país, que simplemente se ha agudizado y se va a seguir agudizando. Pero siento que estamos llamados a seguir luchando, es un deber nuestro porque tenemos hijos que vienen atrás de nosotros y creo que merecemos un mejor país”, expresó el joven profesional.
El lunes 28 de octubre el profesor Jaime Rodríguez, ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y dirigente del partido LiBRE, fue reportado como desaparecido.
El martes 29, fue encontrado atado de manos y con un corte de arma blanca en su garganta, mientras deambulaba muy débil por una calle del Barrio Abajo, cercana al río Choluteca. Sus atacantes lo habrían lanzado al río tras creer que estaba muerto.
El COFADEH consideró el hecho perpetrado contra Rodríguez, como un ataque político, debido a su militancia en contra de la dictadura de Juan Orlando Hernández.
El pasado martes 29 de octubre, el joven Oscar Daniel Mencia de 18 años de edad, estudiante del segundo de bachillerato en Mecánica Automotriz del Instituto Técnico Luis Bográn, fue raptado de su centro de estudios y ejecutado el mismo día, en un solar baldío de la colonia Villa Cristina de la capital. El joven Mencía había participado en protestas contra el régimen.
Días después, Dennis Ávila Sánchez de 29 años de edad, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, originario y residente de San Buena Ventura al sur de la capital, fue acribillado cerca de su casa cuando regresaba de comprar de una pulperia.
Entretanto, otro opositor político y su esposa fueron asesinados la noche del 31 de octubre, en Puerto Lempira departamento de Gracias a Dios. Se trata del líder político e indígena del opositor partido LIBRE, Buenaventura Calderón Ramírez (73), fue asesinado de varios disparos. Momentos después falleció su esposa, la profesora Maribel Bolian (38).
ONU PIDE ALTO A CRÍMENES Y PERSECUCIÓN CONTRA PERIODISTAS HONDUREÑOS
- Publicado: 02 Noviembre 2019
La
Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH), se ha pronunciado para exigir un cese a
los crímenes, persecución, criminalización e impunidad que afecta a
periodistas y medios de comunicación en el país.
Ayer
viernes, se reportó la muerte violenta del comunicador Buenaventura
Calderón en Gracias a Dios, quien además era dirigente del opositor
partido Libertad y Refundación.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el marco del Día Internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas,
ha emitido un pronunciamiento donde expresa suma preocupación por la
criminalización, persecución e impunidad que afecta comunicadores y medios de comunicación en Honduras.
“Los
ataques a comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación
son ataques a la Libertad de Expresión, y una limitación del Derecho a
la Información de toda la sociedad, así como una vulneración a los
derechos humanos”, recuerda la OACNUDH.
Este
organismo de la ONU enfatiza que la labor de difundir noticias y
comunicar temas de interés social, “es uno de los pilares de la
democracia y ninguna persona debería estar en riesgo por desempeñar su
trabajo”. Amplía: “Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización y el asesinato como expresión de la máxima violencia contra periodistas, unido a la impunidad, constituyen una manera de intimidar o silenciar que conduce a la autocensura”.
Además
puntualiza que varias organizaciones de defensa de la libre expresión,
han registrado en 2019 más de un centenar de alertas por diversos
ataques a la prensa y personas vinculadas al periodismo. En este
contexto destaca la persecución judicial a través de querellas y las
agresiones en cobertura de protestas “mayormente con bombas
lacrimógenas, golpes de los efectivos policiales o militares,
persecución física en autos del Gobierno, destrucción de equipo
periodístico o detenciones arbitrarias”.
“Durante el 2019, la OACNUDH ha registrado y dado seguimiento al asesinato de dos periodistas y dos comunicadores sociales,
en los departamentos de Valle, Copan y Cortes, lamenta no conocer de
avances en las investigaciones y que estos crímenes estén en la
impunidad”.
Asimismo
reafirma que la libertad de opinión y expresión, “es uno de los
derechos fundamentales de la persona humana y el Estado de Honduras
ratificó convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que
reconocen este derecho”.
Ayer se reportó la muerte violenta del comunicador Buenaventura Calderón en Gracias a Dios, quien además era dirigente del opositor partido Libertad y Refundación.
A continuación el documento de forma íntegra:
Alto a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales
Tegucigalpa,
2 de noviembre de 2019 – En el Día Internacional para poner fin a la
impunidad de los crímenes contra periodistas, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras
(OACNUDH) expresa su preocupación por la criminalización, persecución e
impunidad que afecta periodistas y medios de comunicación en Honduras.
OACNUDH
enfatiza el importante papel de las personas que ejercen el periodismo
en la sociedad y recuerda que los ataque a comunicadores sociales,
periodistas y medios de comunicación son ataques a la Libertad de
Expresión y una limitación del Derecho a la Información de toda la
sociedad, así como una vulneración a los derechos humanos.
La
labor de difundir noticias y comunicar temas de interés para la
sociedad, es uno de los pilares de la democracia y ninguna persona
debería de estar en riesgo por desempeñar su trabajo. Las amenazas, el
hostigamiento, la criminalización y el asesinato como expresión de la
máxima violencia contra periodistas, unido a la impunidad, constituyen
una manera de intimidar o silenciar que conduce a la autocensura.
Organizaciones
de sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión,
han registrado más de un centenar de alertas por diferentes tipos de
ataques contra personas que ejercen el periodismo y contra la libertad
de expresión, resaltan la persecución judicial, a través de querellas y
las agresiones en cobertura de protestas, mayormente con bombas
lacrimógenas, golpes de los efectivos policiales o militares,
persecución física en autos del Gobierno, destrucción de equipo
periodístico o detenciones arbitrarias .
Durante
el 2019, la OACNUDH ha registrado y dado seguimiento al asesinato de
dos periodistas y dos comunicadores sociales, en los departamentos de
Valle, Copan y Cortes, lamenta no conocer de avances en las
investigaciones y que estos crímenes estén en la impunidad.
OACNUDH
Honduras reafirma que la libertad de opinión y expresión es uno de los
derechos fundamentales de la persona humana y el Estado de Honduras
ratificó convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que
reconocen este derecho.
La
Oficina recuerda que el Estado de Honduras se comprometió a adoptar
medidas para superar el riesgo de las personas defensoras de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de justicia, y valora
los avances normativos del Estado en la promulgación de la Ley de
protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Decreto No. 34-2015) y
la creación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos.
Sin
embargo, la OACNUDH expresa su preocupación sobre el Capítulo III
Titulo VII “Delitos contra la Dignidad y el Honor” del Nuevo Código
Penal que debería entrar en vigor en el mes noviembre 2019,
específicamente por la tipificación de los delitos de injuria y calumnia
en este nuevo Código. Si bien reconoce la derogación de la figura
delictiva de “difamación”, reitera y recomienda al Estado de Honduras,
la necesidad de despenalizar los delitos de injuria y calumnia por la
restricción de la libertad de expresión y opinión.
En
cuanto a la impunidad, OACNUDH recuerda que esta constituye una seria
amenaza al Estado de Derecho, dado que todas las personas, instituciones
y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están
sometidos a leyes que se deben hacer cumplir por igual y aplicarse con
independencia, normas que deben ser compatibles con los estándares y
principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo,
la Oficina reitera su disposición para brindar al Estado hondureño la
asistencia técnica que contribuya a fortalecer las capacidades del
Estado en la investigación, persecución y sanción de estas graves
violaciones de derechos humanos, condición para avanzar en el compromiso
de poner fin a la impunidad y los crímenes contra periodistas y
comunicadores sociales así como para generar un clima propicio para el
ejercicio de sus labores.
Ministerio Público se ensaña contra preso político Gustavo Cáceres
- 01/11/2019
La solidaridad y demanda de justicia para Gustavo Cáceres se presenta en cada audiencia.
Que la institución
encargada de perseguir a los corruptos, narcotraficantes, delincuentes comunes
y organizados se ensañe contra un joven con discapacidad mental, es el reflejo
de que el Ministerio Público fue creado para atacar a los sectores más
indefensos de la sociedad hondureña, denunció en Radio Progreso el abogado Omar
Menjivar.
Menjivar es el abogado de Gustavo Cáceres, preso político de la crisis electoral de 2017, quien enfrenta un juicio oral y público por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado de Honduras, al portar supuesto material explosivo y marihuana.
El abogado explica que la acusación contra Gustavo no se basa en ningún delito, porque la ley regula el uso de fabricación, venta, exportación e importación de explosivos. No regula la portación de dos botellas de cervezas con gasolina en su interior. La ley tiene una trascendencia y una significación distinta a la que el Ministerio Público le está dando en el caso de Gustavo.
Menjivar señala que los policías o agentes de la seguridad del Estado, llegan a las audiencias a mentir o a ratificar las mentiras que escribieron en los informes, para justificar el trabajo que realizan, y la fiscalía, simplemente toma esos informes y los convierte en denuncia y requerimientos fiscales, sin tomarse el costo de indagar, analizar y comprobar si es cierto lo que la Policía dice.
En Honduras hace dos años se encarcelaron y judicializaron 22 personas que, aseguran únicamente haber ejercido su derecho a protestar, en contra de lo que consideran “fraude electoral”, que dejó de forma violenta a Juan Orlando Hernández en la silla presidencial.
De los 22 presos políticos, Gustavo es el único que guarda prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro. El resto ha salido bajo libertad condicionada enfrentando un proceso judicial que, podría colocarlos nuevamente tras las rejas. Y enfrentando un ambiente de hostigamiento y persecución por parte de elementos de la policía y el ejército.
El juicio contra Gustavo inició el 28 de octubre y continuará el 11 de noviembre del año en curso. Aquí se develo que él, es un joven de 25 años de edad, pero con una mentalidad de un niño de 6 años. La psicóloga de Medicina Forense, quien participa en este proceso, Esperanza Rodríguez Pineda, ha diagnosticado a un joven con una discapacidad intelectual que afecta sus funciones cognitivas. Un persona fácilmente manipulable.
Menjivar es el abogado de Gustavo Cáceres, preso político de la crisis electoral de 2017, quien enfrenta un juicio oral y público por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado de Honduras, al portar supuesto material explosivo y marihuana.
El abogado explica que la acusación contra Gustavo no se basa en ningún delito, porque la ley regula el uso de fabricación, venta, exportación e importación de explosivos. No regula la portación de dos botellas de cervezas con gasolina en su interior. La ley tiene una trascendencia y una significación distinta a la que el Ministerio Público le está dando en el caso de Gustavo.
Menjivar señala que los policías o agentes de la seguridad del Estado, llegan a las audiencias a mentir o a ratificar las mentiras que escribieron en los informes, para justificar el trabajo que realizan, y la fiscalía, simplemente toma esos informes y los convierte en denuncia y requerimientos fiscales, sin tomarse el costo de indagar, analizar y comprobar si es cierto lo que la Policía dice.
En Honduras hace dos años se encarcelaron y judicializaron 22 personas que, aseguran únicamente haber ejercido su derecho a protestar, en contra de lo que consideran “fraude electoral”, que dejó de forma violenta a Juan Orlando Hernández en la silla presidencial.
De los 22 presos políticos, Gustavo es el único que guarda prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro. El resto ha salido bajo libertad condicionada enfrentando un proceso judicial que, podría colocarlos nuevamente tras las rejas. Y enfrentando un ambiente de hostigamiento y persecución por parte de elementos de la policía y el ejército.
El juicio contra Gustavo inició el 28 de octubre y continuará el 11 de noviembre del año en curso. Aquí se develo que él, es un joven de 25 años de edad, pero con una mentalidad de un niño de 6 años. La psicóloga de Medicina Forense, quien participa en este proceso, Esperanza Rodríguez Pineda, ha diagnosticado a un joven con una discapacidad intelectual que afecta sus funciones cognitivas. Un persona fácilmente manipulable.
Abogado defensor Omar Menjivar junto a Gustavo previo al inicio del juicio.
Los
hechos
La mañana del 21 de diciembre de 2017, las fuerzas de seguridad de Estado comenzaron a desalojar las tomas de carreteras en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. Nadie pudo entrar y salir de esta ciudad, en por lo menos cinco días. El gobierno de Juan Orlando tuvo que movilizar a más 600 militares para disparar bombas lacrimógenas y bala viva contra los manifestantes para limpiar las calles.
Gustavo salió muy temprano de su casa con rumbo al obelisco, donde esperó a sus compañeros Mario y Omar, y al camión de Agua Arroyo, para intentar pasar hacia San Pedro Sula. Gustavo es el sostén de su madre y abuela. La crisis post electoral lo estaba golpeando duramente. Por las protestas no podía ir a trabajar, y no tenía dinero para comprar comida. Su familia cuenta que él trabaja desde los 8 años vendiendo agua y halando bultos en el mercado, lugar donde lo apodan como “El mudo”.
Cuando los muchachos iban en el camión a la altura del puente La Democracia -desalojado y resguardado por militares-, unos elementos de la Policía Nacional los detuvo pidiendo sus documentos. Gustavo era el único sin identificación. Razón por la que lo subieron a una patrulla, golpeado, torturado y llevaron la posta policial.
Los abogados de Gustavo sostienen que él fue golpeado en la cabeza y la espalda con furia. Se le colocó una bolsa negra en la cabeza provocando asfixia. En esos días la Policía y el Ejército estaban siendo fuertemente cuestionados a nivel nacional e internacional por tratos crueles e inhumanos contra manifestantes. Por detenciones arbitrarias y por el asesinato de al menos 22 personas en las protestas, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras.
Unas dos horas después de estar en las bartolinas, lo llevaron junto a una mesa donde habían colocado dos botellas oscuras de cervezas y unas bolsistas con supuesta marihuana. A esa hora de la mañana, ya había sido detenido Jhony Salgado, otro preso político acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial. Ambos jóvenes no saben leer ni escribir pero fueron obligados a colocar sus nombres en la denuncia contra ellos.
Gustavo y Jhony fueron rápidamente presentados ante los medios de comunicación como criminales de alta peligrosidad. Organizaciones de derechos humanos se movilizaron para constatar que se trataba de dos víctimas más de la crisis post electoral, comenzando así el trabajo de exigencia para su liberación.
La mañana del 21 de diciembre de 2017, las fuerzas de seguridad de Estado comenzaron a desalojar las tomas de carreteras en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. Nadie pudo entrar y salir de esta ciudad, en por lo menos cinco días. El gobierno de Juan Orlando tuvo que movilizar a más 600 militares para disparar bombas lacrimógenas y bala viva contra los manifestantes para limpiar las calles.
Gustavo salió muy temprano de su casa con rumbo al obelisco, donde esperó a sus compañeros Mario y Omar, y al camión de Agua Arroyo, para intentar pasar hacia San Pedro Sula. Gustavo es el sostén de su madre y abuela. La crisis post electoral lo estaba golpeando duramente. Por las protestas no podía ir a trabajar, y no tenía dinero para comprar comida. Su familia cuenta que él trabaja desde los 8 años vendiendo agua y halando bultos en el mercado, lugar donde lo apodan como “El mudo”.
Cuando los muchachos iban en el camión a la altura del puente La Democracia -desalojado y resguardado por militares-, unos elementos de la Policía Nacional los detuvo pidiendo sus documentos. Gustavo era el único sin identificación. Razón por la que lo subieron a una patrulla, golpeado, torturado y llevaron la posta policial.
Los abogados de Gustavo sostienen que él fue golpeado en la cabeza y la espalda con furia. Se le colocó una bolsa negra en la cabeza provocando asfixia. En esos días la Policía y el Ejército estaban siendo fuertemente cuestionados a nivel nacional e internacional por tratos crueles e inhumanos contra manifestantes. Por detenciones arbitrarias y por el asesinato de al menos 22 personas en las protestas, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras.
Unas dos horas después de estar en las bartolinas, lo llevaron junto a una mesa donde habían colocado dos botellas oscuras de cervezas y unas bolsistas con supuesta marihuana. A esa hora de la mañana, ya había sido detenido Jhony Salgado, otro preso político acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial. Ambos jóvenes no saben leer ni escribir pero fueron obligados a colocar sus nombres en la denuncia contra ellos.
Gustavo y Jhony fueron rápidamente presentados ante los medios de comunicación como criminales de alta peligrosidad. Organizaciones de derechos humanos se movilizaron para constatar que se trataba de dos víctimas más de la crisis post electoral, comenzando así el trabajo de exigencia para su liberación.
Gustavo y Jhony el 21 de diciembre en los juzgados de El Progreso durante la audiencia de presentación de imputados.
Pero esa mañana no
acabó ahí. La policía tiene otra versión de los hechos. Una que pesa más en el
actual sistema de justicia, y que, a
casi dos años de la crisis post electoral mantiene a Gustavo preso en el centro
penal de El Progreso.
Resulta que el agente de la policía de investigación Edwin Josué Wada Herrera asegura que, ese día recibieron una llamada anónima denunciando que, en un colegio del barrio San Miguel se elaboraban bombas molotov. La policía estaba indignada con el tema porque un día antes había fallecido el policía Maikin Ramírez, quien resultó herido de gravedad al recibir el impacto de una bomba molotov en su cabeza.
Sin especificar si fueron o no al supuesto colegio a investigar la elaboración las de bombas, el agente dice que vio caminando sospechosamente a un sujeto que portaba un sombrero y pañuelo rojo. Al requisarlo encontró las dos botellas de cervezas en la cintura del hombre y las bolsitas de marihuana. Por lo que fue detenido y puesto a la orden de la fiscalía.
Durante el juicio a los agentes Edwin Wada y Hernán Urbina se les interrogó sobre el lugar específico donde se detuvo a Gustavo. Los dos manifestaron que en la calle, sin lugar específico porque no lo había. Situación que genera desconfianza porque esa zona hay un supermercado, auto banco, pizzería, colegio, escuela, clínica privada y una diversidad de locales comerciales. Incluso, las instalaciones del Ministerio Público se ubican en este barrio.
¿Cómo es posible que en el informe policial no salga detallado el lugar donde supuestamente detuvieron a Gustavo?, dijo en Radio Progreso, cuestionando el papel de la policía, la abogada defensora Priscila Alvarado.
En el juicio uno de los jueces que integra el Tribunal de sentencia manifestó que no había claridad en la fecha del reporte policial. Parece que es reporte del año 2011 y no 2017. Situación que genera más dudas e indignación en la ciudadanía que ha acompañado el proceso de criminalización contra personas detenidas por razones políticas durante la crisis.
El psicólogo Cristian Murillo, representante del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad, Caprodi dice que, Gustavo es el primer preso discapacitado con fines políticos en el país, por lo tanto, es condenable que el Ministerio Público en base a pruebas falsas sostenga una acusación para culpabilizar a la víctima más indefensa de los más indefensos. “Estamos documentando este caso para presentar ante organismos internacionales de derechos humanos, no importando cual sea el fallo en el juicio”, dijo Murillo.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras demanda la liberación inmediata de Gustavo porque su proceso ha estado plagado de irregularidades. Los jueces le han negado la posibilidad de defenderse en libertad. Lo han tratado como un delincuente de alta peligrosidad cuando es un joven con discapacidad mental, denuncia el Comité.
Resulta que el agente de la policía de investigación Edwin Josué Wada Herrera asegura que, ese día recibieron una llamada anónima denunciando que, en un colegio del barrio San Miguel se elaboraban bombas molotov. La policía estaba indignada con el tema porque un día antes había fallecido el policía Maikin Ramírez, quien resultó herido de gravedad al recibir el impacto de una bomba molotov en su cabeza.
Sin especificar si fueron o no al supuesto colegio a investigar la elaboración las de bombas, el agente dice que vio caminando sospechosamente a un sujeto que portaba un sombrero y pañuelo rojo. Al requisarlo encontró las dos botellas de cervezas en la cintura del hombre y las bolsitas de marihuana. Por lo que fue detenido y puesto a la orden de la fiscalía.
Durante el juicio a los agentes Edwin Wada y Hernán Urbina se les interrogó sobre el lugar específico donde se detuvo a Gustavo. Los dos manifestaron que en la calle, sin lugar específico porque no lo había. Situación que genera desconfianza porque esa zona hay un supermercado, auto banco, pizzería, colegio, escuela, clínica privada y una diversidad de locales comerciales. Incluso, las instalaciones del Ministerio Público se ubican en este barrio.
¿Cómo es posible que en el informe policial no salga detallado el lugar donde supuestamente detuvieron a Gustavo?, dijo en Radio Progreso, cuestionando el papel de la policía, la abogada defensora Priscila Alvarado.
En el juicio uno de los jueces que integra el Tribunal de sentencia manifestó que no había claridad en la fecha del reporte policial. Parece que es reporte del año 2011 y no 2017. Situación que genera más dudas e indignación en la ciudadanía que ha acompañado el proceso de criminalización contra personas detenidas por razones políticas durante la crisis.
El psicólogo Cristian Murillo, representante del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad, Caprodi dice que, Gustavo es el primer preso discapacitado con fines políticos en el país, por lo tanto, es condenable que el Ministerio Público en base a pruebas falsas sostenga una acusación para culpabilizar a la víctima más indefensa de los más indefensos. “Estamos documentando este caso para presentar ante organismos internacionales de derechos humanos, no importando cual sea el fallo en el juicio”, dijo Murillo.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras demanda la liberación inmediata de Gustavo porque su proceso ha estado plagado de irregularidades. Los jueces le han negado la posibilidad de defenderse en libertad. Lo han tratado como un delincuente de alta peligrosidad cuando es un joven con discapacidad mental, denuncia el Comité.
Gustavo seguirá privado de libertad en el centro penal de El Progreso, Yoro .
5 septiembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
Oficial de Policía acusado por EE.UU. influyó para frenar extradición de narcotraficantes
TEGUCIGALPA, HONDURASTestimonios claves proporcionados por informantes, entre ellos, el exjefe narco Alexander Chande Ardón, ayudaron al fiscal federal Geoffrey Berman a presentar cargos contra el exoficial de Policía Mauricio Hernández Pineda o CC6 (coconspirador 6, en inglés) de haber colaborado con Juan Antonio Tony Hernández de enviar toneladas de cocaína rumbo a EE.UU.
Y es que el Departamento de Justicia, a través de la fiscalía de Nueva York, decidió imputar a Hernández Pineda por conspirar para enviar toneladas de drogas a la nación del norte y dos delitos relacionados con el uso de armas para promover la conspiración, por lo que se va cerrando el cerco contra Tony y su hermano Juan Orlando Hernández.
En documentos desclasificados en agosto anterior, la fiscalía neoyorquina relató cómo fue el modus operandi de CC6 junto a Juan Orlando Hernández o CC4 y Tony en el envío de toneladas de estupefacientes, por lo que se enfrenta a una pena que oscila entre los 10 años de cárcel, hasta cadena perpetua. Los acusadores federales anunciaron que demostrarán en el juicio contra el exparlamentario nacionalista cómo se orquestó la trama a fin de influir en círculos políticos y reafirmar el control del partido en el gobierno en el aparato institucional.
Según la parte acusadora, Mauricio Hernández le dijo a un testigo colaborador que Tony estaba protegiendo a otro sujeto a cambio de fuertes sumas de dinero por drogas. Asimismo, en 2010, el exfuncionario policial le informó al mismo testigo que necesitaba acceder a información sensible de los operadores de justicia y seguridad a fin de proteger los envíos de drogas que involucran a Tony y Alexander Chande Ardón .
A su vez, el también exalcalde nacionalista de la comunidad copaneca de El Paraíso, usó el dinero producto de la venta droga para pagar a su socio y ayudó a financiar la campaña presidencial de Hernández. En 2012, se detalla en la presentación de los cargos, el exoficial le aseguró a un testigo protegido que la nueva Ley de extradición «sería promulgada en respuesta a la presión ejercida por EE.UU. para apaciguar la molestia de Washington», por lo que bloquearían cualquier intento de ser entregados a la justicia de ese país.
La fiscalía neoyorquina halló que en 2014, el expolicía Hernández, le comentó a uno de los narcotraficantes que Juan Orlando Hernández «estaba considerando eliminar la extradición porque estaba preocupado que EE.UU. presentara un solicitud de contra Tony ya que habían fuertes sospechas de sus vínculos con el tráfico de estupefacientes… Aproximadamente en 2016, Mauricio Hernández (CC6) le dijo a CW4 (testigo colaborador 4) que CC4 (Hernández) estaba trabajando para evitar que Tony fuera requerido, pero no pudo proteger al informante por el interés de Hernández de buscar la reelección».
Esos intentos por bloquear la entrega a las autoridades estadounidenses de involucrados con la delincuencia organizada, coincide con un correo enviado en noviembre de 2014 por el exembajador James Nealon al titular del Ejecutivo, pues le sorprendió que desde el gobierno se realizaran misteriosos esfuerzos por obstaculizar el acuerdo de cooperación judicial, como un mecanismo de blindaje para evitar problemas futuros.
Nealon advirtió a altos funcionarios nacionalistas que, de mantenerse la medida, Washington se vería obligado a revisar los acuerdos que habían suscrito con Honduras como la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, la entrega de recursos destinados a programas estatales.
Amenazó en la misiva que se iba a evaluar el papel de la administración Hernández porque se estaban tocando de manera directa los intereses norteamericanos en el país, en particular, los relacionados con el combate a la narcoactividad.
El entonces embajador mandó un correo a un ex alto funcionario -e influyente personaje del gobierno- en el que hizo un diplomático pero enérgico reclamo por el bloqueo de la extradición de varios capos y le recordó que ellos habían «profundizado la cooperación» que permitió que Hernández pudiera consolidar lazos con la administración de Barack Obama.
La negativa estatal fue vista por Nealon como una bofetada a las relaciones entre ambos países y mandó a decir que «con la decisión de ustedes de suspender las extradiciones, hay cierta confusión y malestar y no entienden bien lo que ha pasado. Digo esto con la honestidad y confianza que nosotros tenemos, para que sepan».
El exembajador recordó las palabras del ex vicepresidente Joe Biden, quien dijo en un almuerzo que sostuvo con Hernández de que «uno de los requisitos más importantes es que tienen que extraditar como lo hizo Colombia» y también exteriorizó que «sin extradición, tenemos poca oportunidad de conseguir fondos del Congreso. Para mí (Nealon) hay que tener esto mucho en cuenta».
Tal correo, cuyo contenido pudo ser visto como «ofensivo» para el gobierno recientemente instalado, por el tipo de lenguaje empleado, en el que se hicieron veladas advertencias y dejó claro que las relaciones no se harán a la conveniencia de una de las partes, sino dentro del marco ya establecido para que la cooperación fuera fluida.
«…Y si no podemos seguir con las extradiciones, eso obviamente sería un atraso en las relaciones, en Washington, pensaron, a los más altos niveles, que somos socios y que estamos trabajando de forma muy estrecha en este campo Yo también pienso así, y he hecho todo un esfuerzo personal para convencer a Washington que aquí tenemos un socio confiable con lo cual podemos trabajar. Ojalá no me haya equivocado», expresó Nealon.
Dejó claro que la negativa de entregar a la justicia estadounidense a los involucrados en narcoactividad era «como un balde de agua fría en Washington».
Esta acusación contra otro miembro del clan de los Hernández -cuyo parentesco es negado por la defensa de Tony- supone un golpe al desgastado régimen que dirige Juan Orlando, quien ha hablado pocas veces de las acusaciones vertidas por el tribunal federal de Nueva York y, para desviar la atención, ha culpado a la oposición de levantar una campaña en su contra a fin de echarlo del cargo.
El juicio contra su hermano Tony iniciará el próximo 2 de octubre en el tribunal estadounidense y todo apunta a una sentencia condenatoria que podría costarle cárcel de por vida, pues se declaró no culpable, extremo que no permite entablar negociaciones con la justicia norteamericana para reducir penas a cambio de colaboración que implicaría acusar al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.
En su momento, el exjefe narco Chande Ardón reveló que pagó 1.5 millones de dólares a Hernández para financiar la campaña electoral de 2013 y en 2017 aportó 40 mil dólares, cuyas pruebas están en manos del fiscal Berman y el juez Kevin Castel.
4 septiembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
Seguridad hondureña se desentiende del primo de Tony y JOH; alega que fue depurado en 2017
TEGUCIGALPA, HONDURASLa Secretaría de Seguridad trató de desmarcarse hoy de las acusación interpuesta por el fiscal federal de Nueva York, Geoffrey Berman, contra el exoficial Mauricio Hernández Pineda, primo de Juan Antonio Tony Hernández y el jefe del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, de haber conspirado para introducir cocaína a EE.UU.
En un escueto comunicado, la fuerza pública argumentó que el exfuncionario policial fue separado en 2017 al alegarse reestructuración dentro del cuerpo a pesar de que habría colaborado por muchos años con Tony en la asistencia armada para facilitar el transporte de drogas cuyo destino final fue el país del norte.
En ningún momento se explicó si hubo una investigación que confirmara o descartara los vínculos del subcomisionado en retiro o si la junta depuradora, jefeada por Omar Rivera, aportó evidencias respecto a Hernández, por lo que el argumento termina siendo vacío en función de salvar la honorabilidad del aparato estatal.
Tal comunicado tampoco deja constancia en cuanto a los reportes que puede tener la hoja de servicios del acusado, a pesar de contar con un complejo aparato de inteligencia que podría haber encendido las alarmas a tiempo y remitir el expediente al Ministerio Público para su respectiva judicialización.
Al cierre del comunicado, ni el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, ni el portavoz Jair Meza han dado explicaciones al respecto.
La acusación fue revelada el miércoles por el fiscal Berman, quien espera que el juez Castel solicite la extradición de Hernández, quien enfrenta una condena que oscila entre los 10 años y la cadena perpetua por su posible participación en el ilícito.
COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras ante la reciente publicación en la página web www.justice.gov United States Department of Justice (Departamento de Justicia de los Estados Unidos), a la opinión pública en general comunica:
1- Tras el anuncio oficial de la acusación formal de la Corte Federal de Manhattan al ciudadano Mauricio Hernández Pineda acusado de conspirar para importar cocaína a los Estado Unidos y delitos relacionados con armas de fuego que involucran el uso y posesión ametralladoras y dispositivos destructivos.
2- Nuestros registros oficiales detallan que el señor Hernández Pineda fue cancelado de sus funciones por la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional el 23 de agosto del año 2018, por reestructuración.
3- Reiteramos que la Policía Nacional de Honduras en el marco de la transparencia y la imagen institucional no tolera actos reñidos con la ley de parte de sus miembros y presta de manera permanente toda la colaboración requerida por los órganos operadores de justicia nacionales como extranjeros para esclarecer y judicializar los casos que vinculan a ex miembros de la institución.
El Ocotal DC, 04 de septiembre, 2019
¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!
Opinion
¿Hasta cuándo?
30 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
por Víctor Meza
La pregunta flota en el aire e invade la conversación en las tertulias cotidianas. En medio de la general incertidumbre, casi todos, en algún momento del día, preguntamos o solo pensamos ¿hasta cuando? ¿Cuánto más puede resistir una sociedad, sometida al escarnio, la burla y el abuso, sin reaccionar ni mostrar, en serio y en forma sostenida, la resistencia necesaria, el coraje cívico debido y la valentía suficiente para poner fin a este desesperante estado de degradación colectiva y desintegración moral…?
Las respuestas a estos interrogantes con frecuencia nos dividen y separan, colocándonos en grupos discordantes en los que unos culpan a esa colectividad llamada pueblo, mientras otros, más discretos y sosegados, prefieren encontrar la explicación en factores históricos y sociológicos.
No son pocos los que están convencidos que los hondureños somos un pueblo inútil, incapaz de indignarse en forma sostenida y carente de las hormonas suficientes para cambiar las cosas. En su afán por encontrar salidas, vierten su cólera en el bando equivocado y terminan viendo culpables ahí en donde están las víctimas. Se convierten, con nociva facilidad, en vendedores de pesimismo, derrotistas conscientes o inconscientes, estrategas del fracaso…
Otros, con más reflexión y conocimiento de la historia local, rechazan estas ideas y apelan al pasado, enfatizando en la naturaleza cíclica de las movilizaciones y en la calidad política de los liderazgos. No es difícil recordar las multitudinarias protestas callejeras en los días y meses posteriores al golpe de Estado, hace ya una década. O, si se quiere, las marchas asombrosas de las antorchas en contra de la corrupción a mediados del año 2015. Y ¿qué decir de las protestas que siguieron al descubrimiento del fraude electoral de noviembre de 2017? En esas tres ocasiones, la población salió a las calles y, al menos en dos de ellas, enfrentó a las fuerzas policiales y militares, mostró su genuina rebeldía y peleó con el suficiente coraje y decisión.
La gente no es cobarde, pero se cansa. La rebeldía se desgasta, como cualquier forma de energía social, y obliga al necesario repliegue. Pero no es la retirada final. Es apenas un interregno para volver a acumular fuerzas y, un buen día, retornar de pronto al escenario callejero. No hay pueblos miedosos e indiferentes. Hay muchos dirigentes incapaces de interpretar correctamente el sentimiento de la masa y acertar en el momento del nuevo estallido. Demasiados líderes que no pueden hacer la lectura correcta del estado de ánimo colectivo, para diseñar la consigna apropiada, el lema oportuno, la estrategia y la táctica adecuadas. Dirigir masas es algo más que una emoción pasajera; requiere ciencia y, al mismo tiempo, requiere arte. Por eso se dice que la política es una ciencia y también es un arte. Demanda conocimiento, intuición primaria, pasión contenida y sabiduría popular.
Quienes conocen mejor la evolución histórica, saben muy bien cómo funciona la naturaleza cíclica del descontento, la forma sinuosa en que evolucionan los hechos y se acumula el desencanto, el avance en zigzag – nunca en línea recta – de los sucesos que conforman la historia. Saben, en el caso concreto de nuestro país, que la violencia posterior a la independencia, que bañó de sangre en interminables guerras los campos centroamericanos, se prolongó en nuestro suelo hasta la tercera década del siglo XX, mientras los ciclos violentos se cerraron en el resto de la región centroamericana básicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Pero esos ciclos se volvieron a abrir durante la guerra fría en el siglo XX, sólo que esta vez Honduras no se sumó a ellos como sociedad, aunque si colaboró como territorio. Triste paradoja la nuestra que nos permitió evadir la violencia política de entonces, para sumirnos hoy en la violencia criminal que nos aterra.
Entender la aparente indiferencia de la gente ante el descalabro total de la República, es condición básica para saber gestionar, cuando llegue el momento, la energía social desbordada. Si no somos capaces de leer correctamente el repliegue momentáneo, en tanto que recurso táctico, no seremos capaces de diseñar ni aplicar la estrategia debida.
Cada cosa, como cada acontecimiento, parece que tienen su momento. El reposo es apenas una forma encubierta del movimiento. La paciencia tiene sus límites y, como vemos en otros países del continente, los estallidos sociales, un día cualquiera, nos sorprenden a todos. No le demos cabida al pesimismo desmovilizador.
La pregunta flota en el aire e invade la conversación en las tertulias cotidianas. En medio de la general incertidumbre, casi todos, en algún momento del día, preguntamos o solo pensamos ¿hasta cuando? ¿Cuánto más puede resistir una sociedad, sometida al escarnio, la burla y el abuso, sin reaccionar ni mostrar, en serio y en forma sostenida, la resistencia necesaria, el coraje cívico debido y la valentía suficiente para poner fin a este desesperante estado de degradación colectiva y desintegración moral…?
Las respuestas a estos interrogantes con frecuencia nos dividen y separan, colocándonos en grupos discordantes en los que unos culpan a esa colectividad llamada pueblo, mientras otros, más discretos y sosegados, prefieren encontrar la explicación en factores históricos y sociológicos.
No son pocos los que están convencidos que los hondureños somos un pueblo inútil, incapaz de indignarse en forma sostenida y carente de las hormonas suficientes para cambiar las cosas. En su afán por encontrar salidas, vierten su cólera en el bando equivocado y terminan viendo culpables ahí en donde están las víctimas. Se convierten, con nociva facilidad, en vendedores de pesimismo, derrotistas conscientes o inconscientes, estrategas del fracaso…
Otros, con más reflexión y conocimiento de la historia local, rechazan estas ideas y apelan al pasado, enfatizando en la naturaleza cíclica de las movilizaciones y en la calidad política de los liderazgos. No es difícil recordar las multitudinarias protestas callejeras en los días y meses posteriores al golpe de Estado, hace ya una década. O, si se quiere, las marchas asombrosas de las antorchas en contra de la corrupción a mediados del año 2015. Y ¿qué decir de las protestas que siguieron al descubrimiento del fraude electoral de noviembre de 2017? En esas tres ocasiones, la población salió a las calles y, al menos en dos de ellas, enfrentó a las fuerzas policiales y militares, mostró su genuina rebeldía y peleó con el suficiente coraje y decisión.
La gente no es cobarde, pero se cansa. La rebeldía se desgasta, como cualquier forma de energía social, y obliga al necesario repliegue. Pero no es la retirada final. Es apenas un interregno para volver a acumular fuerzas y, un buen día, retornar de pronto al escenario callejero. No hay pueblos miedosos e indiferentes. Hay muchos dirigentes incapaces de interpretar correctamente el sentimiento de la masa y acertar en el momento del nuevo estallido. Demasiados líderes que no pueden hacer la lectura correcta del estado de ánimo colectivo, para diseñar la consigna apropiada, el lema oportuno, la estrategia y la táctica adecuadas. Dirigir masas es algo más que una emoción pasajera; requiere ciencia y, al mismo tiempo, requiere arte. Por eso se dice que la política es una ciencia y también es un arte. Demanda conocimiento, intuición primaria, pasión contenida y sabiduría popular.
Quienes conocen mejor la evolución histórica, saben muy bien cómo funciona la naturaleza cíclica del descontento, la forma sinuosa en que evolucionan los hechos y se acumula el desencanto, el avance en zigzag – nunca en línea recta – de los sucesos que conforman la historia. Saben, en el caso concreto de nuestro país, que la violencia posterior a la independencia, que bañó de sangre en interminables guerras los campos centroamericanos, se prolongó en nuestro suelo hasta la tercera década del siglo XX, mientras los ciclos violentos se cerraron en el resto de la región centroamericana básicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Pero esos ciclos se volvieron a abrir durante la guerra fría en el siglo XX, sólo que esta vez Honduras no se sumó a ellos como sociedad, aunque si colaboró como territorio. Triste paradoja la nuestra que nos permitió evadir la violencia política de entonces, para sumirnos hoy en la violencia criminal que nos aterra.
Entender la aparente indiferencia de la gente ante el descalabro total de la República, es condición básica para saber gestionar, cuando llegue el momento, la energía social desbordada. Si no somos capaces de leer correctamente el repliegue momentáneo, en tanto que recurso táctico, no seremos capaces de diseñar ni aplicar la estrategia debida.
Cada cosa, como cada acontecimiento, parece que tienen su momento. El reposo es apenas una forma encubierta del movimiento. La paciencia tiene sus límites y, como vemos en otros países del continente, los estallidos sociales, un día cualquiera, nos sorprenden a todos. No le demos cabida al pesimismo desmovilizador.
