Corrupción y falta de institucionalidad colocan a Honduras como el país más pobre de América
14 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El vicerrector de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julio Raudales, declaró hoy que la corrupción y falta de institucionalidad colocó al país en el foso de la pobreza.
Explicó que la nación es la primera en América Latina «en donde hay más pobreza extrema y debe llenarnos de vergüenza. Lo que demuestra es un fracaso en las políticas públicas y en la forma de hacer política en el país».
“Honduras siempre sale encabezando en el tema de pobreza extrema”, lamentó el también expresidente del Colegio Hondureño de Economistas.
Rememoró que en 2010 se aprobó la Visión de País y Plan de Nación de largo plazo y «nadie le dio seguimiento y a nadie le importó. Estaba dirigido a fomentar la democracia participativa”.
Mencionó que estas leyes nunca se ha puesto en vigencia, y que no habido una verdadera participación en los últimos 15 años en el país.
Asimismo dijo que ese instrumento iba orientado que la gente por si misma pudiese definir cuáles son sus prioridades y que el gobierno se dedique a lograr que esta participación se haga efectiva, en términos de mejoras en la calidad de vida.
El vicerrector dijo que de nada sirve normas impresas en libros si no hay voluntad política por parte de las autoridades para llevarlas a cabo.
«Hay un elemento que es crucial en esto y es abandonar las políticas públicas y cambiar por un esquema donde la participación ciudadana sea fundamental», comentó..
Sin embargo, apuntó que «es necesario que los hondureños tomemos conciencia generalizada de que solo uniendo nuestros esfuerzos, en pro de la transparencia, el control de la corrupción y, sobretodo, de la elaboración de políticas públicas participativas e inteligentes podemos llegar a salir de la pobreza»
El vicerrector de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julio Raudales, declaró hoy que la corrupción y falta de institucionalidad colocó al país en el foso de la pobreza.
Explicó que la nación es la primera en América Latina «en donde hay más pobreza extrema y debe llenarnos de vergüenza. Lo que demuestra es un fracaso en las políticas públicas y en la forma de hacer política en el país».
“Honduras siempre sale encabezando en el tema de pobreza extrema”, lamentó el también expresidente del Colegio Hondureño de Economistas.
Rememoró que en 2010 se aprobó la Visión de País y Plan de Nación de largo plazo y «nadie le dio seguimiento y a nadie le importó. Estaba dirigido a fomentar la democracia participativa”.
Mencionó que estas leyes nunca se ha puesto en vigencia, y que no habido una verdadera participación en los últimos 15 años en el país.
Asimismo dijo que ese instrumento iba orientado que la gente por si misma pudiese definir cuáles son sus prioridades y que el gobierno se dedique a lograr que esta participación se haga efectiva, en términos de mejoras en la calidad de vida.
El vicerrector dijo que de nada sirve normas impresas en libros si no hay voluntad política por parte de las autoridades para llevarlas a cabo.
«Hay un elemento que es crucial en esto y es abandonar las políticas públicas y cambiar por un esquema donde la participación ciudadana sea fundamental», comentó..
Sin embargo, apuntó que «es necesario que los hondureños tomemos conciencia generalizada de que solo uniendo nuestros esfuerzos, en pro de la transparencia, el control de la corrupción y, sobretodo, de la elaboración de políticas públicas participativas e inteligentes podemos llegar a salir de la pobreza»
Economista afirma que JOH colocó a Honduras como el país más pobre del mundo
14 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El economista Nelson Ávila, señaló este jueves que el Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando Hernández colocó a Honduras como el primer país más pobre de América Latina.
«Desde 2016, Honduras pasó a ser el país más pobre de toda América Latina, deberíamos tener un mecanismo mediante el cual se puedan resolver las fallidas políticas públicas y el presupuesto que ha sido utilizado en actos de corrupción», indicó.
Fustigó que los estándares del Banco Mundial, en el sentido que si en una familia de cinco personas hay tres que trabajan, se considera que están fuera de la pobreza, pero «si esa familia tiene un ingreso diario aproximadamente de tres dólares. los saca de la pobreza».
En cuanto a los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) respecto a la extrema pobreza en el país, llegaba a 48.6 por ciento y en comparación con los resultados del Banco Mundial -52.6 puntos-, «eso significa que 53 de cada 100 hondureños viven en extrema pobreza».
Exteriorizó que «sin duda la mala distribución de la pobreza, la corrupción y la impunidad, son elementos integrantes por lo que se convierten en un abuso permanente en donde se ha reducido el papel del Estado a una empresa, una corporación y, en el caso de Honduras, a una narcodictadura».
Dijo que «todos estamos obligados a vencer esta dictadura. Ya basta, hay que reconstruir la nación».
«Necesitamos verdaderas políticas públicas de Estado que contribuyan a reconfigurar Honduras, ya que puede ser perfectamente un país desarrollado pero que sea otra generación de políticos y otro modelo económico que los pongan en vigencia», apuntó.
El economista Nelson Ávila, señaló este jueves que el Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando Hernández colocó a Honduras como el primer país más pobre de América Latina.
«Desde 2016, Honduras pasó a ser el país más pobre de toda América Latina, deberíamos tener un mecanismo mediante el cual se puedan resolver las fallidas políticas públicas y el presupuesto que ha sido utilizado en actos de corrupción», indicó.
Fustigó que los estándares del Banco Mundial, en el sentido que si en una familia de cinco personas hay tres que trabajan, se considera que están fuera de la pobreza, pero «si esa familia tiene un ingreso diario aproximadamente de tres dólares. los saca de la pobreza».
En cuanto a los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) respecto a la extrema pobreza en el país, llegaba a 48.6 por ciento y en comparación con los resultados del Banco Mundial -52.6 puntos-, «eso significa que 53 de cada 100 hondureños viven en extrema pobreza».
Exteriorizó que «sin duda la mala distribución de la pobreza, la corrupción y la impunidad, son elementos integrantes por lo que se convierten en un abuso permanente en donde se ha reducido el papel del Estado a una empresa, una corporación y, en el caso de Honduras, a una narcodictadura».
Dijo que «todos estamos obligados a vencer esta dictadura. Ya basta, hay que reconstruir la nación».
«Necesitamos verdaderas políticas públicas de Estado que contribuyan a reconfigurar Honduras, ya que puede ser perfectamente un país desarrollado pero que sea otra generación de políticos y otro modelo económico que los pongan en vigencia», apuntó.
Mel asegura que están planificando paro nacional y esperan momento oportuno para ejecutarlo
14 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) aseveró este jueves que se está planificando el paro nacional y lo llevarán a cabo en el momento oportuno.
A su juicio, no es conveniente que se anuncie una fecha a fin de evitar que el Ejecutivo nacionalista se prepare para masacrar a los manifestantes.
“El paro nacional va a tener una fecha, pero no la diré porque el Gobierno se va a preparar para masacrarnos, eso es algo que se organiza científica y técnicamente… Libre hace protestas, movilizaciones, paros en momentos determinados”, aclaró el líder político.
Según Zelaya la convocatoria debe de tener éxito para garantizar la salida del régimen y “si nosotros convocamos y fracasamos…no podemos convocar a un paro hasta tener asegurado el éxito; puede ser ahora o en el momento oportuno”.
Para obtener los resultados esperados ̶ explicó ̶ , es necesario la integración de los actores políticos y sociales. “Un paro nacional, así con ese término, lo hace el que está trabajando… ¿Qué pasa con un paro nacional? Lo hacen los trabajadores, los obreros organizados en las fábricas, las empresas, los sindicatos que están en el Gobierno y además lo hace la empresa privada».
«Si ellos nos dicen’vamos a parar, gasolineras y bancos, el Gobierno cae en una semana”, sostuvo.
El expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) aseveró este jueves que se está planificando el paro nacional y lo llevarán a cabo en el momento oportuno.
A su juicio, no es conveniente que se anuncie una fecha a fin de evitar que el Ejecutivo nacionalista se prepare para masacrar a los manifestantes.
“El paro nacional va a tener una fecha, pero no la diré porque el Gobierno se va a preparar para masacrarnos, eso es algo que se organiza científica y técnicamente… Libre hace protestas, movilizaciones, paros en momentos determinados”, aclaró el líder político.
Según Zelaya la convocatoria debe de tener éxito para garantizar la salida del régimen y “si nosotros convocamos y fracasamos…no podemos convocar a un paro hasta tener asegurado el éxito; puede ser ahora o en el momento oportuno”.
Para obtener los resultados esperados ̶ explicó ̶ , es necesario la integración de los actores políticos y sociales. “Un paro nacional, así con ese término, lo hace el que está trabajando… ¿Qué pasa con un paro nacional? Lo hacen los trabajadores, los obreros organizados en las fábricas, las empresas, los sindicatos que están en el Gobierno y además lo hace la empresa privada».
«Si ellos nos dicen’vamos a parar, gasolineras y bancos, el Gobierno cae en una semana”, sostuvo.
Coyuntura | La conexión entre las élites políticas, económicas y el crimen organizado
Por
Redacción 
Periodista y miembro del equipo de Investigadores del CESPAD
Una década atrás, los términos “redes de corrupción” sonaban lejanos del imaginario colectivo hondureño. Fue la develación pública de casos de corrupción como La Caja de Pandora, Red de Diputados, Planeta Verde, Fraude del Río Gualcarque, entre otros, los que comenzaron a darle nombre y rostros a esas redes. Sin embargo, para los entendidos en la materia, las redes de corrupción se reinventan, sobreviven y coexisten en medio de un sistema político y sobre todo judicial que no quiere sacudirse los intereses de las élites políticas y económicas de Honduras.
Conocer casos de corrupción en los que enlista nombres de políticos, funcionarios, ex funcionarios, diputados y personas particulares, y hasta de la familia del actual gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, significa para algunos sectores un punto de partida importante para luchar contra la corrupción.
Un reciente análisis del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), intitulado “Las redes de corrupción, en el centro de la gestión del Estado hondureño”, realizado por Mario Sorto, miembro del equipo de investigadores, plantea una interesante caracterización de las redes al igual que de la opacidad en la que operan en Honduras.
Según el analista, la corrupción se ha ido consolidando de forma progresiva hasta constituirse en un sistema de impunidad, promovido por distintos actores públicos y privados que son los que integran las redes.
El análisis caracteriza a las redes como estructuras delictivas de carácter mixto en el que se interrelacionan sectores del ámbito gubernamental o público, con el sector empresarial y estructuras criminales. Conjuntamente, utilizan de forma estratégica los instrumentos legales e ilegales con el objetivo de transformar los recursos estatales en su principal mecanismo de acumulación de dinero, bienes y poder.
El estudio cita a Harald Waxenecker, experto en el tema y quien sostiene que las redes de corrupción “Constituyen microsistemas sociales conformados por individuos y agrupamientos de individuos, con un modo específico de distribución de cuota de poder político, económico e influencia política y económica”.
¿Cuál es la estrategia que utilizan para drenar el erario?
Este tipo de corrupción se constituye por las conexiones entre las élites políticas, económicas, gobernantes y el crimen organizado, que utilizan una diversidad de mecanismos y estrategias para llevar a cabo las acciones de acumulación.
Una de los escenarios que traza el análisis es que las redes de corrupción operan en “una zona gris, en medio de una mezcla de entidades legales e ilegales que ocultan sus actos ilícitos. Para lograr lo anterior, una de las primeras situaciones que afianzan es la cooptación de miembros del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad.
Como las redes no son propiamente gubernamental ni estrictamente privadas, la disolución que adquieren permite que se adapten y se desplacen entre lo público y lo privado, utilizando la estructura de ambos sectores para sus intereses. De allí que, continuando con el análisis de Waxenecker, su fusión les permite que las acciones puedan ser cometidas de múltiples formas como: “espiar, cohechar, coludir, confabular, captar, transportar, contrabandear, corromper, lavar activos, asesinar, etcétera…”.
¿Operan al igual que las redes criminales transnacionales?
Los entendidos en la materia sostienen que las redes de corrupción operan con jerarquías agrupadas o centralizadas similares a las estructuras de las organizaciones criminales transnacionales y, en particular, con las redes de tráfico de drogas.
Es decir, cuentan con un núcleo central y con estructuras periféricas. Sus miembros establecen vínculos fuertes y flexibles, dependiendo de su lugar dentro de la estructura. Para sus propósitos, las redes necesitan de un alto grado de confianza y cohesión en sus relaciones mutuas.
En términos prácticos, estos miembros, dentro del núcleo central, son en su mayoría funcionarios públicos con vinculaciones y relaciones fuertes basadas en la amistad o en relaciones de parentesco. Muy al contrario, en la periferia, la conexión es de personas con relaciones menos densas y más flexibles.
Y en Honduras, ¿cómo operan las redes de corrupción?
La creación de instituciones y leyes que favorecen la maximización de los recursos, el uso de los recursos institucionales ya existentes y el debilitamiento de otras instituciones que suponen riesgos para la actividad de las redes corruptas, es el contexto en el que, según los entendidos en el tema, operan las redes de corrupción en Honduras
Uno de los mecanismos privilegiados por estas redes de corrupción para la malversación del erario público, según las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad MACCIH y la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), ha sido la creación de empresas de “fachada” o “fantasmas”, que se han constituido a iniciativas de los núcleos centrales de estas redes.
Esas fachadas o fantasmas son testaferros o personas ajenas, al igual que fundaciones y ONGs que simulan contratos con los primeros, para justificar el flujo del dinero ilícito.
“Algunas de esas ONG estaban sin actividad alguna y de repente eran reactivadas unos días antes para ser propuestas como ONG de recibir el dinero público”, dijo al respecto, Ana María Calderón, Vocera Interina de la MACCIH, en una entrevista realizada por el CESPAD.
La experiencia en Honduras indica que, una vez instalada con sus estructuras, las redes de corrupción utilizan como la principal estrategia la influencia que tienen sobre el sistema de justicia penal, por un lado. Mientras que, por otro, desestimar el papel de la justicia penal o disciplinaria en las investigaciones sobre actos de corrupción probados.
En caso de que la investigación penal no pueda ser impedida, las redes ponen en marcha estrategias para el favorecimiento judicial, manifestadas en las resoluciones favorables a los miembros de las redes acusados por delitos de corrupción, tales como medidas sustitutivas a la prisión o la cancelación de los cargos delictivos.
El documento, que contiene muchos otros aspectos aquí descritos, concluye sosteniendo que las redes de corrupción son estructuras complejas, que se adaptan para utilizar los recursos privados, públicos y los propios de las estructuras criminales, para utilizar al Estado como la principal fuente de acumulación de capital, en un marco de impunidad, teniendo un campo de poder e influencia en la institucionalidad estatal, pero de forma particular en los entes encargados de impartir la justicia.
Se debe abrir investigación al Sistema Financiero Hondureño por señalamiento de lavado de activos del narcotráfico coinciden analistas
- 15/10/2019
El lavado de activos
en Honduras se ha convertido en una práctica cotidiana, en la que políticos y
narcotraficantes utilizan diversas vías para lavar dinero que proviene tanto
del crimen organizado, narcotráfico y corrupción.Analistas consideran que esta práctica necesita cooperantes, y es ahí donde entran las instituciones bancarias y el sistema estatal que debe vigilarlas, fiscalizarlas y proceder contra las mismas en el caso que exista ese nivel de cooperación.
En Honduras hay una realidad con respecto al lavado de activos y es que tanto políticos como narcotraficantes han logrado lavar cantidades millonarias de lempiras en creación de empresas fantasmas, inversiones en instituciones bancarias, entre otros. Esta realidad se ha divulgado en los últimos años con las diversas acusaciones realizadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, Maccih, en contra varios políticos, tal y como ocurrió en el caso Pandora y Caja chica de la dama, entre otros.
Asimismo, en el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, a través de testimonios de narcotraficantes, se ha conocido como se han asociado con grupos empresariales para lavar dinero, así lo reconoció el cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien habló de la relación cercana, hace unos años, con el banquero Jaime Rosenthal, relación que llevó a la desaparición del Grupo Continental.
Esta razón, hace que varios analistas en temas económicos soliciten que se investigue el papel de las instituciones bancarias que conforman el sistema financiero del país, para saber con exactitud la forma de operar con respecto al lavado de activos.
El doctor en economía
y ex asesor presidencial en esta rama, Nelson Ávila, dice que hay tratados
internacionales, como el Basilea 1 y 2 que rigen a nivel internacional, la
dinámica financiera que deben seguir las instituciones. Para Ávila éste es un
parámetro por el que las entidades encargadas del asunto, deben iniciar un
proceso de investigación para conocer si se ha cumplido el mismo, y de no ser
así proceder tal y como lo estipula la ley.Hoy por hoy el sistema financiero es intocable en Honduras, aunque la Ley indica que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es la encargada de vigilar estos asuntos, por el momento no hay ninguna denuncia, ni entes procesados, a pesar que en el sistema judicial estadounidense ya hay casos concretos sobre esta práctica.
“Acá hay que preguntarle a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a ver qué datos tienen sobre el tema, ellos deben ser los que estén vigilando esto y en caso de existir irregularidades denunciar y proceder de inmediato”, expresó el economista Fernando García.
El doctor en economía, Nelson Ávila, se refiere a la influencia y relación que tiene el poder financiero y el poder político, entre ellos: dueños, accionistas de bancos y de los entes reguladores, con estructuras criminales.
Para nadie es un secreto que el sector financiero es el poder detrás del trono, son quienes manejan absolutamente todo lo que se mueve en el país, y no solo eso, también son los dueños de partidos políticos, financian candidatos y ponen alcaldes, diputados y presidentes.
Por ende, el poder político que tiene este grupo empresarial es absoluto y eso los lleva a guardar silencio ante situaciones como las que vive el país, en el que un presidente, que este mismo grupo puso, junto a la estructura que los rodea está involucrada en el crimen organizado, en tal sentido, el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, interpreta esto como parte de la complicidad con quienes ahora están al frente del Estado.
Pino habla de cómo estos grupos tienen un alto nivel de incidencia en la realidad política del país, por lo que es necesario un adecuado funcionamiento de la institucionalidad para cambiar esta realidad.
Las instituciones que conforman el sistema financiero están todos en la misma línea de apoyo político a Juan Orlando Hernández, y solo una orden del gobierno de Estados Unidos, podría llevar a abrir una investigación y un desenlace parecido al del extinto grupo Continental, que dirigía Rosenthal.
El asesor presidencial Marvin Ponce dijo que en la actualidad hay temor en el sector empresarial ligado a los bancos, y esto se debe a que en Estados Unidos hay fuertes rumores de posibles extradiciones contra empresarios.
Según Ponce, hay empresarios de mucho poder que están pagando cantidades millonarias en Estados Unidos para hacer lobby y de esa forma evitar que sean pedidos en extradición. Para Ponce, tarde o temprano, les llegará la hora de comparecer al menos ante la justicia norteamericana por participar abiertamente en la colaboración al crimen organizado para el lavado de activos. Hasta la fecha no se ha hecho público la apertura de un proceso de investigación contra el sistema financiero nacional por colaborar con la corrupción y el narcotráfico al prestar sus instituciones para el lavado de activos, siendo ésta una tarea pendiente de la tan cuestionada institucionalidad hondureña.
CNA identifica y denuncia corrupción legislativa en aprobación del Código Penal
octubre 15, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Después de haber realizado un exhaustivo análisis a los documentos que contienen las actas sobre la aprobación del Decreto Legislativo 130-2017, así como cada uno de los vídeos que dejan constancia sobre las sesiones legislativas dentro del Congreso Nacional, específicamente para la aprobación del nuevo Código Penal; hemos concluido de manera responsable en la presentación de una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público, dijo este día Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Los delitos en que han incurrido son: abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, consignados en los artículos 349 y 284 del Código Penal vigente.
Como responsables de las acciones típicamente antijurídicas, culpables y punibles se identifica a los diputados: Mauricio Oliva Herrera, Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda y al exdiputado Alexander Agapito Rodríguez.
En la denuncia ya presentada ante el órgano persecutor del delito, se pudo evidenciar una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de discusión y votación en cada uno de los artículos, capítulos y títulos que conforman dicho instrumento legal; es así como se pudo constatar lo siguiente:
Que en fecha 17 de mayo de 2016, el diputado Mauricio Oliva Herrera, presentó ante la cámara legislativa, el dictamen que contenía el proyecto de Código Penal, dándose inicio a la discusión de los primeros siete artículos, desarrollándose una modalidad recurrente y es que se contravino lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde se prescribe que para la aprobación de toda decisión dentro del Congreso, deberá ser con la mayoría simple de los diputados presentes; por lo que en el caso que nos ocupa, en la primera discusión del nuevo código penal, se determinó la dispensa de debates sobre este instrumento con únicamente 42 votos a favor, 1 abstención, 36 votos en contra y 49 no votaron; siendo un total de 128 diputados autorizados. Dando esta acción los primeros vicios que restringieron y tergiversaron la voluntad de las mayorías en el Congreso Nacional.
Se observó además que dentro de los artículos que también presentan las violaciones al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se encuentran el 1, 2, 5, 7, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, entro otros; los mismos nunca cumplieron los requerimientos de la mayoría simple exigida.
De igual manera, el CNA constató que hubo artículos que hoy se encuentran publicados en el Decreto 130-2017, que nunca fueron discutidos, mucho menos aprobados y son algunos referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal es el caso del actual artículo 444; entre otros.
Se estableció que dentro de las acciones más destacables y que concurren en la supuesta comisión de un delito, es cuando el 2 de agosto de 2017, los diputados presentes aprobaron con 70 votos a favor de 128 diputados autorizados, las penas en los delitos contra la Administración Pública, específicamente el de Malversación de Caudales Públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre los 6 a 9 años de prisión; sin embargo, todo fue un plan preconcebido para delinquir, cuando el 8 de agosto de 2017, el ex diputado Agapito Rodríguez, presentó una moción de reconsideración al acta del 2 de agosto, en donde ya se habían aprobado las penas de algunos delitos en contra de la Administración Pública, dicha acción jurídicamente era improcedente, ya que la figura de “reconsideración”, en base al artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, únicamente operará cuando se pretenda hacer una corrección de forma o redacción, pero en ningún momento el fondo del asunto, tal es el caso sobre la disminución de penas en artículos que garantizan el buen funcionamiento de la Administración Pública.
A pesar de esa aberración Jurídica, el diputado Román Villeda, sometió a votación la reconsideración del acta y la dio por aprobada con el voto favorable de únicamente 52 diputados de los 128 autorizados, tal como se evidencia en el acta oficial del Congreso Nacional publicada, para dejar constancia de lo ocurrido ese mismo día y fecha.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una organización de la sociedad civil comprometida a combatir de manera frontal la corrupción, identificó muchas más supuestas irregularidades durante el proceso de discusión, aprobación y publicación del Decreto Legislativo 130-2017; es por lo anterior, que dichas acciones fraudulentas se subsumen en los tipos penales de Abuso de Autoridad y Falsificación de Documentos Públicos.
Tegucigalpa.- Después de haber realizado un exhaustivo análisis a los documentos que contienen las actas sobre la aprobación del Decreto Legislativo 130-2017, así como cada uno de los vídeos que dejan constancia sobre las sesiones legislativas dentro del Congreso Nacional, específicamente para la aprobación del nuevo Código Penal; hemos concluido de manera responsable en la presentación de una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público, dijo este día Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Los delitos en que han incurrido son: abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, consignados en los artículos 349 y 284 del Código Penal vigente.
Como responsables de las acciones típicamente antijurídicas, culpables y punibles se identifica a los diputados: Mauricio Oliva Herrera, Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda y al exdiputado Alexander Agapito Rodríguez.
En la denuncia ya presentada ante el órgano persecutor del delito, se pudo evidenciar una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de discusión y votación en cada uno de los artículos, capítulos y títulos que conforman dicho instrumento legal; es así como se pudo constatar lo siguiente:
Que en fecha 17 de mayo de 2016, el diputado Mauricio Oliva Herrera, presentó ante la cámara legislativa, el dictamen que contenía el proyecto de Código Penal, dándose inicio a la discusión de los primeros siete artículos, desarrollándose una modalidad recurrente y es que se contravino lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde se prescribe que para la aprobación de toda decisión dentro del Congreso, deberá ser con la mayoría simple de los diputados presentes; por lo que en el caso que nos ocupa, en la primera discusión del nuevo código penal, se determinó la dispensa de debates sobre este instrumento con únicamente 42 votos a favor, 1 abstención, 36 votos en contra y 49 no votaron; siendo un total de 128 diputados autorizados. Dando esta acción los primeros vicios que restringieron y tergiversaron la voluntad de las mayorías en el Congreso Nacional.
Se observó además que dentro de los artículos que también presentan las violaciones al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se encuentran el 1, 2, 5, 7, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, entro otros; los mismos nunca cumplieron los requerimientos de la mayoría simple exigida.
De igual manera, el CNA constató que hubo artículos que hoy se encuentran publicados en el Decreto 130-2017, que nunca fueron discutidos, mucho menos aprobados y son algunos referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal es el caso del actual artículo 444; entre otros.
Se estableció que dentro de las acciones más destacables y que concurren en la supuesta comisión de un delito, es cuando el 2 de agosto de 2017, los diputados presentes aprobaron con 70 votos a favor de 128 diputados autorizados, las penas en los delitos contra la Administración Pública, específicamente el de Malversación de Caudales Públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre los 6 a 9 años de prisión; sin embargo, todo fue un plan preconcebido para delinquir, cuando el 8 de agosto de 2017, el ex diputado Agapito Rodríguez, presentó una moción de reconsideración al acta del 2 de agosto, en donde ya se habían aprobado las penas de algunos delitos en contra de la Administración Pública, dicha acción jurídicamente era improcedente, ya que la figura de “reconsideración”, en base al artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, únicamente operará cuando se pretenda hacer una corrección de forma o redacción, pero en ningún momento el fondo del asunto, tal es el caso sobre la disminución de penas en artículos que garantizan el buen funcionamiento de la Administración Pública.
A pesar de esa aberración Jurídica, el diputado Román Villeda, sometió a votación la reconsideración del acta y la dio por aprobada con el voto favorable de únicamente 52 diputados de los 128 autorizados, tal como se evidencia en el acta oficial del Congreso Nacional publicada, para dejar constancia de lo ocurrido ese mismo día y fecha.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una organización de la sociedad civil comprometida a combatir de manera frontal la corrupción, identificó muchas más supuestas irregularidades durante el proceso de discusión, aprobación y publicación del Decreto Legislativo 130-2017; es por lo anterior, que dichas acciones fraudulentas se subsumen en los tipos penales de Abuso de Autoridad y Falsificación de Documentos Públicos.
Publicado el 1 Octubre, 2019
El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió al Ministerio Público de Honduras investigar de emergencia a un grupo de políticos, empresarios, individuos vinculados a la corrupción y delincuencia organizada ya que tendrían nexos con el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández.
El operador de justicia recibió en una fecha no determinada un escrito de asistencia judicial a fin de ir estableciendo algunos vínculos entre estos personajes con el hermano de Hernández con acciones ilícitas.
«El fiscal solicita la asistencia de las autoridades hondurefias para obtener: registros de las actas constitutivas concernientes a los negocios relacionados con Hernandez Alvarado y sus asociados, registros relacionados a la celebracion de contratos entre el gobiemo hondureño ypresuntos complices de Hernandez Alvarado, registros relacionados a una aeronave en Honduras controlada por Hernandez Alvarado y sus asociados, registros relacionados a viajes de Hernandez Alvarado y sus asociados», establece el requerimiento.
Según el informe de asistencia judicial «Hernandez Alvarado y algunos de sus familiares y asociados han comprado bienes valiosos, incluyendo aeronaves y bienes raices en Estados Unidos. Los fiscales estan investigando si Hernandez Alvarado o sus familiares y asociados utilizaron ganancias ilicitas para comprar dichos bienes con el proposito de esconder la naturaleza ilicita de los fondos».
«Alrededor de 2012, un familiar de Hernandez Alvarado participo en la compra de un avion Beechcraft King Air utilizando un testaferro llamado Félix Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondureña de nombre Aviation Partners S. de R.L., C.V. El avion fue registrado en los Estados Unidos al momento de su compra, y actualmente se encuentra registrado en Honduras bajo el registro HR-AXL. La titularidad del avion fue transferida de Aviation Partners S. de R.L., C.V. a Inversionistas Technologicos Unidos, S.A. Se cree que el avion está almacenado en un hangar en Tegucigalpa, junto con un helicoptero Bell 429 con registro honduretio HK-GCA y un avion King Air 200 con registro hondureño HR-CLW, que tambien pertenecen a familiares de Hernandez Alvarado a traves de unos intermediarios», revela.
De acuerdo a un testigo, oficiales hondureños utilizaron fondos del gobierno para alquilar estas aeronaves a fin de ser usado en asuntos oficiales, y una parte de esos fondos del gobiemo, en última instancia, son pagados a la familia de Hernandez Alvarado a traves de intermediarios como Pacheco Reyes.
Este personaje fue acusado por el Ministerio Público por lavado de activos ya que se le sindica en la sustracción de unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Además, la entidad mandó a pedir los «registros relacionados a licencias de armas de fuego emitidas en Honduras a Hernandez Alvarado y sus asociados, registros relacionados a incidentes en Honduras entre 2008 y 2018 que presuntamente involucraron conducta criminal por parte de Hernandez Alvarado o sus asociados, registros relacionados a una residencia en Tegucigalpa, Honduras, asociada con Hernandez Alvarado, que fue incautada por las autoridades hondureñas en diciembre de 2018 y registros relacionados a cuentas bancarias en Honduras utilizadas por Hernandez Alvarado».
Los investigados por la justicia de EE.UU. son el actual diputado nacionalista por Comayagua, Gerardo Tulio Martinez Pineda; el mismo Pacheco Reyes; Amado Antonio Fernandez Orellana, Marlon Fabricio Pacheco Morales, Theo Franz Uclés Castillo y el socio de la empresa mexicana de construcción Tradeco Carlos González Macías.
Con relación a Tulio Martínez, los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN lograron confirmar que fue uno de los políticos que contactaron al magistrado del Poder Judicial Rafael Bustillo para mover el dinero que fue entregado a los jueces que dejaron en libertad en 2014 a los narcotraficantes Rubén Pinilla y Fredy Roldán, quienes operaban un narcolaboratorio propiedad de Tony en la comunidad de La Iguala, en Lempira. Para que esta operación pudiera concretarse, tanto Hernández como el diputado nacionalista ubicaron a Bustillo, quien a su vez se entrevistó con la magistrada que conoció la causa y le ofreció dinero para que Pinilla y Roldán pudieran «defenderse en libertad».
La investigación contra los señalados surge luego de que agentes federales encontraran en las pertenencias del exdiputado nacionalista permisos de portación de armas y otra documentación, por lo que en los próximos días podría arrojar resultados.
EE.UU. reafirmó los lazos de Tony con actividades propias de la delincuencia organizada porque estuvo «involucrado en el procesamiento, recepcion, transporte y distribucion de cargamentos de multiples toneladas de cocaina que llegaron a Honduras por medio de aviones, embarcaciones rapidas, y por lo menos en una ocasion, un submarino, desde 2004 hasta 2016».
«Hernandez Alvarado tuvo acceso a laboratorios de cocaina en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaina fue marcada con el simbolo ‘TH’, es decir, ‘Tony Hernandez’. Tambien coordinó y en ocasiones participó proporcionando fuerzas de seguridad fuertemente armadas para el transporte de cargamentos de cocaina dentro de Honduras, incluyendo integrantes de la Policia Nacional y traficantes de drogas equipados con ametralladoras».
Se informó que el imputado asistió a una reunion con Devis Leonel Rivera Maradiaga, «antiguo lider de una violenta organizacion detrafico de drogas de Honduras conocida como los Cachiros, dirigida un antiguo integrante de la Policia Nacional. Una parte de dicha reunion, la cual fue grabada en audio y video, Hernandez Alvarado aceptó ayudar a Rivera Maradiaga, al hacerque autoridades gubernamentales de Honduras pagaran dinero adeudado a una o unas compailias fantasmas de lavado de dinero de los Cachiros a cambio de sobornos por parte de Rivera Maradiaga» y que le pagó alrededor de 50 mil dólares durante la reunión que sostuvo con el exjefe narco.
Al respecto, en su momento, la exfiscal antimafias Soraya Cálix pidió al Registro Mercantil del departamento de Cortés el aseguramiento o bloqueo de las empresas de los Cachiros como la Empresa de Transporte Brisas del Aguán, Ganaderos y Agricultores del Norte, Inversiones Turísticas Joya Grande y la Empresa de Transportes del Norte para blanquear capitales procedentes del narcotráfico.
Testigo protegida y colaboradora de Hilda Hernández delata a periodistas que habrían recibido dinero del Partido Nacional
21 septiembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Una colaboradora de confianza de la fallecida secretaria de Comunicaciones del Ejecutivo Hilda Hernández rindió un amplio testimonio ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) sobre la entrega de unos 4.5 millones de lempiras a un grupo de periodistas, cuyos fondos provendrían de las arcas del Partido Nacional de Honduras.
Este periódico confirmó ese hecho a través del cruce de información entre miembros de la fiscalía especial adscrita al Ministerio Público y allegados a la testigo, quien se presentó en una fecha que se mantiene bajo reserva a brindar una extensa declaración de cómo operó la entrega de estos fondos y qué sujetos tuvieron total conocimiento y participación en los pagos al grupo de comunicadores, cuyas identidades no fueron reveladas.
Periodistas de ConfidencialHN fueron informados por estas personas en torno al testimonio de quien puede ser considerado una pieza fundamental para desentrañar cómo fueron a parar tales recursos a manos de estas personas y, en caso que la declaración, las pruebas documentales y periciales sean concluyentes, se prevé que en el futuro cercano se emitan requerimientos fiscales.
De hecho, la testigo confirmó en su declaración ante fiscales especiales de que Claudia Noriega -sindicada en la trama corrupta Pandora– y Carol Alvarado fueron partícipes en el entramado que movilizó dinero hacia el grupo de comunicadores, cuyos nombres ya están en los expedientes que maneja la UFECIC.
Uno de los que tuvieron información de primera mano, explicó a ConfidencialHN que la testigo delató a los periodistas que pudieron recibir dinero procedente del partido en el gobierno y que les permitió tener en su momento un elevado tren de vida; no se determinó si fue mediante el pago en efectivo o a través de transferencias o cheques al portador.
Aunque los cruces de información que se realizaron durante la jornada, si bien son profundos, pero las fuentes pidieron discreción a modo de no alertar a los posibles encausados y que será cuestión de tiempo para que la unidad especial que dirige Luis Javier Santos remita la información a los juzgados anticorrupción a fin que prosiga la causa judicial.
Algunos abogados que fueron consultados por este medio indicaron que la testigo protegida recurrió a la figura de prueba anticipada, o sea, que brindó una declaración en una etapa preparatoria de la causa para efectos de que el juez la admita como que si la misma se hubiese realizado en el juicio y que sería fundamental para emitir resoluciones en torno al caso.
Sobre Noriega pende una acusación por encubrimiento en el blanqueo de capitales por la causa penal de Pandora y permaneció bajo prisión preventiva hasta que la magistrada y jueza Lidia Álvarez Sagastume decidió que se defendiera en libertad.
La prueba anticipada que ya maneja la UFECIC la involucra directamente con el hecho, por lo que se le podría ampliar el requerimiento fiscal y su estatus legal se vería complicado en caso que las pruebas recabadas la incriminen directamente.
Con relación a Carol Alvarado, fue la mano derecha de la fallecida secretaria Hernández y también activó en el caso de corrupción que implicó la pérdida de unos 280 millones de lempiras a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La UFECIC afirma en su acusación que Noriega -excoordinadora del programa de la tarjeta de descuento La Cachureca- fue uno de los cerebros que maquinó para que el dinero sustraído de oficina estatal se destinara a otros propósitos no relacionados con la agricultura en beneficio de segmentos empobrecidos de la sociedad.
Por este hecho, permanece con prisión preventiva en una unidad militar de la periferia sur capitalina el exsecretario Jacobo Regalado Weinzenblut.
Cabe recordar que la causa Pandora estuvo orientado a financiar la cuestionada campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013, por lo que fueron usadas las oenegés Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras, dirigidas por Fernando Josúe Suárez, quien permanece bajo custodia de la ATIC mientras se dirime el asunto en un tribunal especial.
En una declaración que emitió Suárez en 2018, mencionó ante un juez nacional a Alvarado de ser cómplice del hecho.
“Estos cheques en efectivo eran entregados a la ingeniera Hilda Hernández y en su defecto mandaba a la señora Carol Alvarado a recoger dichos montos en efectivo”, reza una de las partes de la confesión que proporcionó Suárez.
Los fondos que fueron drenados desde la SAG fueron a parar a las cuentas de los partidos Liberal, Nacional y Frente Amplio, según informaron responsables de la UFECIC.
Una colaboradora de confianza de la fallecida secretaria de Comunicaciones del Ejecutivo Hilda Hernández rindió un amplio testimonio ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) sobre la entrega de unos 4.5 millones de lempiras a un grupo de periodistas, cuyos fondos provendrían de las arcas del Partido Nacional de Honduras.
Este periódico confirmó ese hecho a través del cruce de información entre miembros de la fiscalía especial adscrita al Ministerio Público y allegados a la testigo, quien se presentó en una fecha que se mantiene bajo reserva a brindar una extensa declaración de cómo operó la entrega de estos fondos y qué sujetos tuvieron total conocimiento y participación en los pagos al grupo de comunicadores, cuyas identidades no fueron reveladas.
Periodistas de ConfidencialHN fueron informados por estas personas en torno al testimonio de quien puede ser considerado una pieza fundamental para desentrañar cómo fueron a parar tales recursos a manos de estas personas y, en caso que la declaración, las pruebas documentales y periciales sean concluyentes, se prevé que en el futuro cercano se emitan requerimientos fiscales.
De hecho, la testigo confirmó en su declaración ante fiscales especiales de que Claudia Noriega -sindicada en la trama corrupta Pandora– y Carol Alvarado fueron partícipes en el entramado que movilizó dinero hacia el grupo de comunicadores, cuyos nombres ya están en los expedientes que maneja la UFECIC.
Uno de los que tuvieron información de primera mano, explicó a ConfidencialHN que la testigo delató a los periodistas que pudieron recibir dinero procedente del partido en el gobierno y que les permitió tener en su momento un elevado tren de vida; no se determinó si fue mediante el pago en efectivo o a través de transferencias o cheques al portador.
Aunque los cruces de información que se realizaron durante la jornada, si bien son profundos, pero las fuentes pidieron discreción a modo de no alertar a los posibles encausados y que será cuestión de tiempo para que la unidad especial que dirige Luis Javier Santos remita la información a los juzgados anticorrupción a fin que prosiga la causa judicial.
Algunos abogados que fueron consultados por este medio indicaron que la testigo protegida recurrió a la figura de prueba anticipada, o sea, que brindó una declaración en una etapa preparatoria de la causa para efectos de que el juez la admita como que si la misma se hubiese realizado en el juicio y que sería fundamental para emitir resoluciones en torno al caso.
Sobre Noriega pende una acusación por encubrimiento en el blanqueo de capitales por la causa penal de Pandora y permaneció bajo prisión preventiva hasta que la magistrada y jueza Lidia Álvarez Sagastume decidió que se defendiera en libertad.
La prueba anticipada que ya maneja la UFECIC la involucra directamente con el hecho, por lo que se le podría ampliar el requerimiento fiscal y su estatus legal se vería complicado en caso que las pruebas recabadas la incriminen directamente.
Con relación a Carol Alvarado, fue la mano derecha de la fallecida secretaria Hernández y también activó en el caso de corrupción que implicó la pérdida de unos 280 millones de lempiras a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La UFECIC afirma en su acusación que Noriega -excoordinadora del programa de la tarjeta de descuento La Cachureca- fue uno de los cerebros que maquinó para que el dinero sustraído de oficina estatal se destinara a otros propósitos no relacionados con la agricultura en beneficio de segmentos empobrecidos de la sociedad.
Por este hecho, permanece con prisión preventiva en una unidad militar de la periferia sur capitalina el exsecretario Jacobo Regalado Weinzenblut.
Cabe recordar que la causa Pandora estuvo orientado a financiar la cuestionada campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013, por lo que fueron usadas las oenegés Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras, dirigidas por Fernando Josúe Suárez, quien permanece bajo custodia de la ATIC mientras se dirime el asunto en un tribunal especial.
En una declaración que emitió Suárez en 2018, mencionó ante un juez nacional a Alvarado de ser cómplice del hecho.
“Estos cheques en efectivo eran entregados a la ingeniera Hilda Hernández y en su defecto mandaba a la señora Carol Alvarado a recoger dichos montos en efectivo”, reza una de las partes de la confesión que proporcionó Suárez.
Los fondos que fueron drenados desde la SAG fueron a parar a las cuentas de los partidos Liberal, Nacional y Frente Amplio, según informaron responsables de la UFECIC.
La recesión económica anunciada por el gobierno podría ser una “caja china”
octubre 15, 2019
Redaccion
El economista hondureño, Hugo Noé Pino, no descarta que el gobierno pretenda desviar la atención del juicio a Tony HernándezPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El economista, Hugo Noé Pino, advierte que se debe tener cuidado con la recesión económica anunciada por el gobierno de Honduras porque podría ser una “caja china” para distraer la atención de los hondureños sobre el juicio que se ventila en Nueva York.
Noticia Relacionada: Inversión extranjera en Honduras cae en 39%
Noé Pino, quien ha ostentado importantes posiciones dentro y fuera de Honduras en instancias que estudian el comportamiento económico, se refirió a la reacción del gobierno ante el juicio a Juan Antonio “Tony” Hernández, que inició el 2 de octubre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico. El imputado es hermano del gobernante de Honduras, Juan Hernández.Según el economista, el anunció de la recesión hecha por el gobierno podría servir además para que la empresa privada consiga disminución en los impuestos. “Puede ser que el gobierno, en el afán de quedar bien con la empresa privada, disminuya algunos impuestos”, remarcó.
El señalamiento anterior ha sido sopesado por Noé Pino, porque el gobierno ha anunciado que, en el marco de la crisis económica por la que atraviesa el país, comenzará un proceso de reuniones y casualmente los primeros en la agenda son los empresarios, quienes han sido citados para el miércoles.
Pareciera que todo buscará coincidir con la decisión que el jurado haga allá en Nueva York, dijo el expresidente del Banco Central de Honduras, quien considera que con tal de mantenerse en el poder por lo que le resta del periodo, a Hernández no le importa nada, e incluso, podría aumentar el déficit fiscal.
En caso de que Hernández determine una reducción de impuestos, aumente los gastos o adopte una política monetaria expansiva, lo plateará con dos objetivos: uno para distraer la atención y dos para quedar bien con la empresa privada: Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras.
El anuncio de la recisión fue hecho el lunes por las autoridades del Banco Central de Honduras, quienes confirmaron que la inversión extranjera cayó 39.3 por ciento en los últimos seis meses. La aseveración contrasta con el discurso del gobierno que siempre ha mantenido la tesis de un crecimiento económico extraordinario.
Cuando se registran recesiones económicas en el mundo, los gobiernos comúnmente se abstraen de hablar del tema y generalmente el abordaje corresponde a órganos especializados. En el caso de Honduras al Colegio de Economistas o al Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), que son quienes le dan seguimiento a las cifras, dijo Noé Pino.
El expresidente del BCH aclaró que la controversia no estriba en si existe o no una recesión económica, porque de hecho la producción cayó a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, “el punto es el momento en que se anuncia y el hecho de que lo anuncien las autoridades”.
Finalmente, apuntó que el gobierno hondureño tiene poco espacio para la adopción de políticas antirecesión o anticíclicas, porque tiene una deuda de 42.000 millones y una amplia carga de sueldos y salarios.
Partido Nacional pone en práctica la “caja china” en el Congreso
octubre 15, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Mientras en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se prepara el veredicto sobre el juicio a Juan Antonio alias “Tony” Hernández, hermano del gobernante de Honduras, Juan Hernández, los diputados del Partido Nacional, quienes gozan del control de este poder del Estado, desviaron la atención del tema sacando mociones fuera de contexto.
1.-Garantizar la permanencia y la formación de más elementos de la Policía Militar del Orden Público.
2.-La construcción de más cárceles de seguridad.
3.-Fortalecer la depuración policial.
4.-Exterder la extradición a los delitos relacionados contra la vida, la trata y tráfico ilícito y masivo de personas.
5.-Asegurar que las personas extraditadas, una vez cumplan su condena, automáticamente el país que los tenga recluidos los traslade a Honduras a enfrentar sus procesos penales.
La moción fue vapuleada por los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD) y por algunos diputados del Partido Liberal.
Chávez, se adelantó y en su moción señala que “se debe condenar cualquier intento de obstaculizar la aplicación de estas medidas de seguridad imprescindibles para combatir la violencia y sus estructuras criminales”.
“La verdad nos asiste, pero a veces tenemos doble moral. ¿Cómo se puede desconocer lo que hacía el señor Tony Hernández aquí en el país? ¿cómo podemos desconocer que la persona más ilustrada en seguridad debe ser el ciudadano presidente, el que en este caso usurpa la presidencia? ¿Por qué tazón podemos ignorar lo que ha ocurrido, cuando una Fiscalía es obediente, cuando una Fiscalía obedece al Poder Ejecutivo?”, interrogó el diputado de Libre por el departamento de Cortés, Samuel Madrid.
Ante la negativa de los diputados de la oposición, los directivos del Congreso acusaron a sus adversarios de tener nexos con las maras, el narcotráfico y el crimen organizado. En respuesta al señalamiento, el diputado de Libre por el departamento de Santa Bárbara, Sergio Castellanos, recordó a los nacionalistas que siguen con el mismo chantaje del 2010, 2014, 2017, pues siempre acusan a la oposición de estar a favor del narcotráfico y la delincuencia.
Denotando hartazgo, Castellanos elevó el tono de su voz e invitó a los congresistas del Partido Nacional a que se vayan a Estados Unidos a convencer al juez sobre su inocencia en el narcotráfico. En ese mismo, orden, recordó que en la Corte de Nueva York se ha hecho referencia a diputados del oficialismo y no de Libre. Entonces “yo espero que tengan esa valentía para ir a visitar a sus compañeros”, les dijo.
Castellanos vaticinó a los diputados del oficialismo que enmudecerán “cuando al señor Juan Orlando Hernández lo llamen a una Corte en Estados Unidos”.
El congresista añadió que todos los beneficios de Tony Hernández han sido para su hermano, Juan Hernández, por lo tanto, el juicio que se ventila en Nueva York es un juicio contra Honduras, que se ha convertido en narco Estado.
Castellanos les gritó también que todas las instituciones del Estado han sido secuestradas por el partido de gobierno para delinquir y para el narcotráfico. Finalmente, instó a los diputados nacionalistas que dejen solo a Hernández porque si no lo hacen, todos caerán y la “justicia de este pueblo va a ser implacable”.
Tegucigalpa. –Mientras en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se prepara el veredicto sobre el juicio a Juan Antonio alias “Tony” Hernández, hermano del gobernante de Honduras, Juan Hernández, los diputados del Partido Nacional, quienes gozan del control de este poder del Estado, desviaron la atención del tema sacando mociones fuera de contexto.
Noticia Relacionada: La recesión económica anunciada por el gobierno podría ser una “caja china”
Esta noche el diputado nacionalista, David Chávez, quien ha sido señalado por actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una moción mediante la cual exhorta al Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, para que, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, propongan al Poder Legislativo las siguientes acciones:1.-Garantizar la permanencia y la formación de más elementos de la Policía Militar del Orden Público.
2.-La construcción de más cárceles de seguridad.
3.-Fortalecer la depuración policial.
4.-Exterder la extradición a los delitos relacionados contra la vida, la trata y tráfico ilícito y masivo de personas.
5.-Asegurar que las personas extraditadas, una vez cumplan su condena, automáticamente el país que los tenga recluidos los traslade a Honduras a enfrentar sus procesos penales.
La moción fue vapuleada por los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD) y por algunos diputados del Partido Liberal.
Chávez, se adelantó y en su moción señala que “se debe condenar cualquier intento de obstaculizar la aplicación de estas medidas de seguridad imprescindibles para combatir la violencia y sus estructuras criminales”.
“La verdad nos asiste, pero a veces tenemos doble moral. ¿Cómo se puede desconocer lo que hacía el señor Tony Hernández aquí en el país? ¿cómo podemos desconocer que la persona más ilustrada en seguridad debe ser el ciudadano presidente, el que en este caso usurpa la presidencia? ¿Por qué tazón podemos ignorar lo que ha ocurrido, cuando una Fiscalía es obediente, cuando una Fiscalía obedece al Poder Ejecutivo?”, interrogó el diputado de Libre por el departamento de Cortés, Samuel Madrid.
Ante la negativa de los diputados de la oposición, los directivos del Congreso acusaron a sus adversarios de tener nexos con las maras, el narcotráfico y el crimen organizado. En respuesta al señalamiento, el diputado de Libre por el departamento de Santa Bárbara, Sergio Castellanos, recordó a los nacionalistas que siguen con el mismo chantaje del 2010, 2014, 2017, pues siempre acusan a la oposición de estar a favor del narcotráfico y la delincuencia.
Denotando hartazgo, Castellanos elevó el tono de su voz e invitó a los congresistas del Partido Nacional a que se vayan a Estados Unidos a convencer al juez sobre su inocencia en el narcotráfico. En ese mismo, orden, recordó que en la Corte de Nueva York se ha hecho referencia a diputados del oficialismo y no de Libre. Entonces “yo espero que tengan esa valentía para ir a visitar a sus compañeros”, les dijo.
Castellanos vaticinó a los diputados del oficialismo que enmudecerán “cuando al señor Juan Orlando Hernández lo llamen a una Corte en Estados Unidos”.
El congresista añadió que todos los beneficios de Tony Hernández han sido para su hermano, Juan Hernández, por lo tanto, el juicio que se ventila en Nueva York es un juicio contra Honduras, que se ha convertido en narco Estado.
Castellanos les gritó también que todas las instituciones del Estado han sido secuestradas por el partido de gobierno para delinquir y para el narcotráfico. Finalmente, instó a los diputados nacionalistas que dejen solo a Hernández porque si no lo hacen, todos caerán y la “justicia de este pueblo va a ser implacable”.
La moción fue aprobada por los diputados del Partido Nacional y los comodines de los partidos minoritarios.
Comisión
El mocionante propuso la integración de una comisión de diputados que le den seguimiento a la moción para que se reúna con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y rinda informe periódicos al pleno del Congreso.
Entre tanto el diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Walter Chávez, insistió con el desgastado discurso del gobierno, en cuanto a que los señalamientos contra el jefe de gobierno tienen un tinte político y un “proceso de odio y venganza” contra Juan Hernández.
El diputado liberal y excandidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Villeda, manifestó que en virtud de los señalamientos que se han hecho desde la Corte de Nueva York contra el gobernante, su institución política marchará mañana en las calles de Tegucigalpa a partir de las 10:00 de la mañana, para exigir su salida.
La moción de Chávez fue aprobada con los votos de los diputados del Partido Nacional y de los partidos Democracia Cristiana, Unificación Democrática y Alianza Patriótica.
El mocionante propuso la integración de una comisión de diputados que le den seguimiento a la moción para que se reúna con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y rinda informe periódicos al pleno del Congreso.
Entre tanto el diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Walter Chávez, insistió con el desgastado discurso del gobierno, en cuanto a que los señalamientos contra el jefe de gobierno tienen un tinte político y un “proceso de odio y venganza” contra Juan Hernández.
El diputado liberal y excandidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Villeda, manifestó que en virtud de los señalamientos que se han hecho desde la Corte de Nueva York contra el gobernante, su institución política marchará mañana en las calles de Tegucigalpa a partir de las 10:00 de la mañana, para exigir su salida.
La moción de Chávez fue aprobada con los votos de los diputados del Partido Nacional y de los partidos Democracia Cristiana, Unificación Democrática y Alianza Patriótica.
Noticia Relacionada: Guardias del Congreso Nacional agreden a diputados de Libre
Al inicio de la sesión de este martes, los diputados de Libre fueron agredidos por la seguridad del Congreso Nacional, que les hizo una pesquisa a sus pertenencias para evitar que ingresaran pancartas, silbatos y cualquier objeto que se pueda utilizar en una protesta.
La moción de David Chávez:
Publicado el 24 Octubre, 2019
En tanto, una farmacia tomó fuego durante el incidente ocurrido a inmediaciones del Colegio Médico.
Los protestantes se tomaron los dos carriles del bulevar Centroamericana y luego el bulevar Fuerzas Armadas, donde quemaron llantas en forma de protesta.
La marcha inicio a las 10:00 de la mañana frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), con rumbo a Casa Presidencial.
Durante el cruce de gases lacrimógenos, piedras y bombas molotov, una farmacia se incendió quemando parte de su estructura.
Una tanqueta de la Policía Nacional sofocó las llamas que consumieron gran parte de negocios durante el cruce de gases lacrimógenos, bombas molotov y piedras.
Situación de violencia y vulnerabilidad de la mujer en Honduras es la más alta de C.A
octubre 15, 2019
Redacción
Por: redacción CRITERIO redaccion@citerio.hn
Tegucigalpa.- La situación de la mujer en Honduras es de violencia y alta vulnerabilidad y al hacer comparaciones con los países el área centroamericana, lamentablemente, Honduras sigue repuntando en los índices de violencia y en la tasa de embarazos de adolescentes, dijo Ana Ruth Cárcamo coordinadora de la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Cárcamo señaló que Honduras tiene los índices más altos en mujeres y niñas violadas y la situación en la tasa de femicidios, Honduras posee los índices más negativos del área.
Agregó que en Honduras a las mujeres se les niega la salud sexual integral y el derecho a decidir sobre el aborto y sobre sus cuerpos.
Y en los últimos dos años las mujeres estan siendo más vulnerabilizadas al huir del país no de migrar. Las mujeres y niñas huyen del país por la situación de violencia y de hambre que enfrentan en sus comunidades.
Se quejó de no tener datos recientes debido a que el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), no los ha proporcionado, pero los que se manejan de 2014 y 2016 son alarmantes.
Si hay un dato de los femicidios del año 2018 y 380 mujeres fueron asesinadas y de este año el observatorio del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla» que contabiliza 245 mujeres asesinadas hasta el mes de agosto.
Sobre los casos de mujeres enjuiciadas por haberse practicado un aborto, se registran 47 casos, de los cuales 5 han sido judicializados y el resto (42), estan en proceso.
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- “Con esto que va a ocurrir ahorita, y con esto que pretenden los empresarios sin pensar en el pueblo más humilde de este país, va a ser una catástrofe que le van a causar a la sociedad” advirtió Rony Zelaya, ex directivo sindical y actual instructor en estructuras metálicas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que seguramente será despedido de acuerdo al anuncio promovido por parte de las autoridades de esta institución.
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) se mantiene en permanentes protestas en las calles y está listo para movilizarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, para condenar al régimen de Juan Orlando Hernández por la privatización del instituto y por cerrar las puertas de la capacitación profesional gratuita a miles de jóvenes hondureños.
En las últimas horas, las autoridades del Infop anunciaron que están en espera de una autorización de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y del Banco Central de Honduras (BCH) para adquirir un préstamo en la banca privada para empezar a despedir a más de 656 trabajadores.
Según el plan del actual régimen, este año se despedirá a 350 empleados y en 2020, la institución prescindirá de otros 310 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Para tal fin el director ejecutivo del Infop, Roberto Cardona, anunció que está a la espera de la autorización de la Secretaría de Finanzas (Sefín) para la adquisición de un préstamo con la banca privada, por un monto de 750 millones de lempiras para el pago de los derechos laborales de las personas despedidas.
Cardona expresó que son más de 600 jefes de familia que se quedarán sin trabajo, pero las reformas se dirigen a convertir al Infop en un ente que autorice y acredite a terceros, la impartición de cursos de formación.
En un comunicado distribuido a la prensa el domingo 28 de abril, durante un plantón llevado a cabo en la Plaza General Francisco Morazán, el Sitrainfop señala que “la tercerización de la formación profesional no es más que la privatización de ésta, todo con el objetivo de beneficiar a empresarios avorazados que solo quieren seguir sangrando al pueblo hondureño, además de la violación al artículo 5 de la ley del INFOP en donde menciona que una de las atribuciones del instituto es la de organizar y ejecutar programas de formación profesional para todos los sectores de la economía nacional”.
Sosteniendo una manta al pie de la escultura equestre del general Francsco Morazán que dice: “NO a la privatización del Infop”, el instructor técnico del área de estructuras metálicas, Rony Zelaya dijo que “automáticamente lo que quieren es tercerizar la formación profesional, es decir dársela a los entes privados para que den estas capacitaciones, pero obviamente el Infop las va a pagar, pero ¿qué va a pasar cuando la institución no pueda pagar?, la van a tener que privatizar?, advirtió.
El Consejo Consultivo de la institución conformado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), las Centrales Obreras y el gobierno, aprobó el endeudamiento del Infop por el orden de 300 millones de lempiras para el pago del pasivo laboral de los empleados y empleadas que serán despedidas.
Entre los acuerdos del Consejo Consultivo, están la de suprimir la Dirección de Acciones Formativas que es la división de la cual dependen todas las ocupaciones del Infop, como instalaciones eléctricas, mecánica automotriz, biomédica y mecánica industrial, entre otras.
Esta es una forma de privatizar la formación profesional, porque el pueblo se va a ver obligado a pagar los servicios de formación en la educación no formal, que es lo que nosotros estamos manejando. Con estas acciones el acceso se cierra para la sociedad más vulnerable del país, recuerde que son los jóvenes que no pueden entrar al sistema de educación formal que normalmente es a largo plazo, y que en Infop tienen la oportunidad de formarse en menor tiempo, explicó Zelaya.
El comunicado del Sitrainfop señala que es falso que los instructores estén “desfazados” , pues todo o casi todo el personal encargado de capacitar a la juventud, se ha formado en el extranjero y ha sido debidamente certificado internacionalmente, aparte de las constantes actualizaciones metodológicas y técnicas recibidas a nivel nacional.
En cursos más largos que duran casi 2 años y medio, los estudiantes se gradúan como técnicos o como obreros capacitados en varias ocupaciones, mientras que en otras áreas los cursos son más cortos, explicó Zelaya.
Sin embargo, el director ejecutivo Roberto Cardona, a través de un memorándum enviado al plantel de capacitadores a inicios de este año, suspendió todas las actividades de acciones formativas.
El Infop cuenta con 5 sedes regionales localizadas en San Pedro Sula, San Lorenzo y Catacamas, entre otros lugares, además de centros familiares en áreas rurales donde no llega la educación formal. En estos centros se brindan clases de horticultura, avicultura, porcino-cultura, oficios como tallado en madera o carpintería para volver a las familias auto-sostenibles.
“Con esto que va a ocurrir ahorita, y con esto que pretenden los empresarios sin pensar en el pueblo más humilde de este país, va a ser una catástrofe que le van a causar a la sociedad” advirtió el instructor Zelaya.
¿Hacia dónde quiere llegar el actual régimen con éstas acciones?, se le preguntó al instructor Zelaya, y éste respondió que “esa es una gran pregunta, porque no sé a dónde quiere llegar Juan Orlando Hernández, no sé si él quiere causar un caos para quedarse en el poder, o una constituyente, o un caos para justificar una salida del presidente, no se sabe qué es lo quiere este señor, dan ganas de hacer cualquier cantidad de improperios, pero no son buenas intenciones”.
Yo soy un técnico certificado en Alemania, yo se que al final hallaré una puerta dónde trabajar, pero esta lucha es por los jóvenes de este país, al final, siempre Dios no desampara a nadie, pero pensemos en los jóvenes de este país, solo en esta capital hay jóvenes vulnerables y el Infop ha rescatado y formado vidas, pero cuántos jóvenes están aún a merced del crimen y del narcotráfico, pero a ésta gente no le importa, advirtió.
KAOS EN LA RED - Publicado en: 10 octubre, 2019
Tegucigalpa.- La situación de la mujer en Honduras es de violencia y alta vulnerabilidad y al hacer comparaciones con los países el área centroamericana, lamentablemente, Honduras sigue repuntando en los índices de violencia y en la tasa de embarazos de adolescentes, dijo Ana Ruth Cárcamo coordinadora de la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Cárcamo señaló que Honduras tiene los índices más altos en mujeres y niñas violadas y la situación en la tasa de femicidios, Honduras posee los índices más negativos del área.
Agregó que en Honduras a las mujeres se les niega la salud sexual integral y el derecho a decidir sobre el aborto y sobre sus cuerpos.
Y en los últimos dos años las mujeres estan siendo más vulnerabilizadas al huir del país no de migrar. Las mujeres y niñas huyen del país por la situación de violencia y de hambre que enfrentan en sus comunidades.
Se quejó de no tener datos recientes debido a que el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), no los ha proporcionado, pero los que se manejan de 2014 y 2016 son alarmantes.
Si hay un dato de los femicidios del año 2018 y 380 mujeres fueron asesinadas y de este año el observatorio del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla» que contabiliza 245 mujeres asesinadas hasta el mes de agosto.
Sobre los casos de mujeres enjuiciadas por haberse practicado un aborto, se registran 47 casos, de los cuales 5 han sido judicializados y el resto (42), estan en proceso.
Régimen de JOH atenta contra la juventud más pobre al privatizar el Infop
Por defensores -
29 abril, 2019Tegucigalpa.- “Con esto que va a ocurrir ahorita, y con esto que pretenden los empresarios sin pensar en el pueblo más humilde de este país, va a ser una catástrofe que le van a causar a la sociedad” advirtió Rony Zelaya, ex directivo sindical y actual instructor en estructuras metálicas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que seguramente será despedido de acuerdo al anuncio promovido por parte de las autoridades de esta institución.
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) se mantiene en permanentes protestas en las calles y está listo para movilizarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, para condenar al régimen de Juan Orlando Hernández por la privatización del instituto y por cerrar las puertas de la capacitación profesional gratuita a miles de jóvenes hondureños.
En las últimas horas, las autoridades del Infop anunciaron que están en espera de una autorización de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y del Banco Central de Honduras (BCH) para adquirir un préstamo en la banca privada para empezar a despedir a más de 656 trabajadores.
Según el plan del actual régimen, este año se despedirá a 350 empleados y en 2020, la institución prescindirá de otros 310 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Para tal fin el director ejecutivo del Infop, Roberto Cardona, anunció que está a la espera de la autorización de la Secretaría de Finanzas (Sefín) para la adquisición de un préstamo con la banca privada, por un monto de 750 millones de lempiras para el pago de los derechos laborales de las personas despedidas.
Cardona expresó que son más de 600 jefes de familia que se quedarán sin trabajo, pero las reformas se dirigen a convertir al Infop en un ente que autorice y acredite a terceros, la impartición de cursos de formación.
En un comunicado distribuido a la prensa el domingo 28 de abril, durante un plantón llevado a cabo en la Plaza General Francisco Morazán, el Sitrainfop señala que “la tercerización de la formación profesional no es más que la privatización de ésta, todo con el objetivo de beneficiar a empresarios avorazados que solo quieren seguir sangrando al pueblo hondureño, además de la violación al artículo 5 de la ley del INFOP en donde menciona que una de las atribuciones del instituto es la de organizar y ejecutar programas de formación profesional para todos los sectores de la economía nacional”.
Sosteniendo una manta al pie de la escultura equestre del general Francsco Morazán que dice: “NO a la privatización del Infop”, el instructor técnico del área de estructuras metálicas, Rony Zelaya dijo que “automáticamente lo que quieren es tercerizar la formación profesional, es decir dársela a los entes privados para que den estas capacitaciones, pero obviamente el Infop las va a pagar, pero ¿qué va a pasar cuando la institución no pueda pagar?, la van a tener que privatizar?, advirtió.
El Consejo Consultivo de la institución conformado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), las Centrales Obreras y el gobierno, aprobó el endeudamiento del Infop por el orden de 300 millones de lempiras para el pago del pasivo laboral de los empleados y empleadas que serán despedidas.
Entre los acuerdos del Consejo Consultivo, están la de suprimir la Dirección de Acciones Formativas que es la división de la cual dependen todas las ocupaciones del Infop, como instalaciones eléctricas, mecánica automotriz, biomédica y mecánica industrial, entre otras.
Esta es una forma de privatizar la formación profesional, porque el pueblo se va a ver obligado a pagar los servicios de formación en la educación no formal, que es lo que nosotros estamos manejando. Con estas acciones el acceso se cierra para la sociedad más vulnerable del país, recuerde que son los jóvenes que no pueden entrar al sistema de educación formal que normalmente es a largo plazo, y que en Infop tienen la oportunidad de formarse en menor tiempo, explicó Zelaya.
El comunicado del Sitrainfop señala que es falso que los instructores estén “desfazados” , pues todo o casi todo el personal encargado de capacitar a la juventud, se ha formado en el extranjero y ha sido debidamente certificado internacionalmente, aparte de las constantes actualizaciones metodológicas y técnicas recibidas a nivel nacional.
En cursos más largos que duran casi 2 años y medio, los estudiantes se gradúan como técnicos o como obreros capacitados en varias ocupaciones, mientras que en otras áreas los cursos son más cortos, explicó Zelaya.
Sin embargo, el director ejecutivo Roberto Cardona, a través de un memorándum enviado al plantel de capacitadores a inicios de este año, suspendió todas las actividades de acciones formativas.
El Infop cuenta con 5 sedes regionales localizadas en San Pedro Sula, San Lorenzo y Catacamas, entre otros lugares, además de centros familiares en áreas rurales donde no llega la educación formal. En estos centros se brindan clases de horticultura, avicultura, porcino-cultura, oficios como tallado en madera o carpintería para volver a las familias auto-sostenibles.
“Con esto que va a ocurrir ahorita, y con esto que pretenden los empresarios sin pensar en el pueblo más humilde de este país, va a ser una catástrofe que le van a causar a la sociedad” advirtió el instructor Zelaya.
¿Hacia dónde quiere llegar el actual régimen con éstas acciones?, se le preguntó al instructor Zelaya, y éste respondió que “esa es una gran pregunta, porque no sé a dónde quiere llegar Juan Orlando Hernández, no sé si él quiere causar un caos para quedarse en el poder, o una constituyente, o un caos para justificar una salida del presidente, no se sabe qué es lo quiere este señor, dan ganas de hacer cualquier cantidad de improperios, pero no son buenas intenciones”.
Yo soy un técnico certificado en Alemania, yo se que al final hallaré una puerta dónde trabajar, pero esta lucha es por los jóvenes de este país, al final, siempre Dios no desampara a nadie, pero pensemos en los jóvenes de este país, solo en esta capital hay jóvenes vulnerables y el Infop ha rescatado y formado vidas, pero cuántos jóvenes están aún a merced del crimen y del narcotráfico, pero a ésta gente no le importa, advirtió.
Honduras. Audiencia contra el ex oficial de inteligencia militar por el asesinato de Berta Cáceres
Por Kaos LatinoaméricaKAOS EN LA RED - Publicado en: 10 octubre, 2019
Este
10 de octubre de 2019, habrá una audiencia en el caso contra el ex
oficial de inteligencia militar hondureño Roberto David Castillo Mejía
por el asesinato de Berta Cáceres, líder de los movimientos indígenas y
sociales. El resultado de esta audiencia decidirá si Castillo, el único
autor intelectual acusado hasta la fecha por el […]
Este
10 de octubre de 2019, habrá una audiencia en el caso contra el ex
oficial de inteligencia militar hondureño Roberto David Castillo Mejía
por el asesinato de Berta Cáceres, líder de los movimientos indígenas y
sociales. El resultado de esta audiencia decidirá si Castillo, el único
autor intelectual acusado hasta la fecha por el asesinato de Berta, será
juzgado o no. Castillo es el presidente de la Junta y CEO de la empresa
hondureña DESA que estaba tratando de construir el proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, al que se opuso Cáceres.
El mes pasado, School of the Americas Watch (SOAW), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Fundación del Debido Proceso Legal y Robert F. Kennedy Human Rights publicaron un extenso informe con el perfil de Castillo, titulado «Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña».
El informe describe la evidencia admitida en el juicio de 2018 contra las primeras siete personas condenadas por el asesinato de Berta Cáceres, que proporciona información significativa sobre cómo se planeó y ejecutó el asesinato de Cáceres. Los datos telefónicos y otras pruebas dejan en claro que el graduado de la Escuela de las Américas (SOA en sus siglas en inglés) Douglas Bustillo, un ex empleado de Castillo como jefe de seguridad de DESA, coordinó con el ex soldado Henry Hernández para llevar a cabo el asesinato y que su motivo era financiero; les iban a pagar. Hernández fue condenado por su papel como cabecilla del grupo de sicarios que ejecutó el asesinato de Cáceres y Bustillo también fue condenado, habiendo desempeñado el papel de intermediario. El compañero de posgrado de SOA, el mayor del ejército Mariano Díaz también participó en las coordinaciones y también fue condenado; una de sus líneas telefónicas había sido interceptada por las autoridades durante la planificación del asesinato porque estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestro.
La evidencia sugiere que durante la planificación del asesinato, Bustillo fue un intermediario que se comunicó con su antiguo jefe, Roberto David Castillo, y con Díaz y Hernández. Por ejemplo, el 5 de febrero de 2016 tuvo lugar el primer intento de asesinato de Cáceres. Ese día, Castillo envió un mensaje de Whatsapp a Bustillo recordándole que «recuerde los accidentes y la escena» (el mensaje original; las citas y todas las notas están disponibles en el informe en inglés). Bustillo se reunió con Hernández en la ciudad hondureña de Siguatepeque para prepararse para el intento de asesinato, proporcionándole una pistola y accediendo a fotos de Cáceres en su teléfono celular. Hernández luego viajó a La Esperanza, aparentemente acompañado por una segunda persona no identificada. Sin embargo, más tarde esa noche le informó a Díaz que no podían llevar a cabo el asesinato, lo que indica que había mucha gente en la casa de Cáceres.
A la mañana siguiente, Hernández confirmó a Díaz que habían estado en la escena y concluyó que necesitarían un automóvil y un plan diferente para el próximo intento de llevar a cabo el asesinato. Luego, Hernández habló con Bustillo cuatro veces, luego de lo cual Bustillo escribió un mensaje de Whatsapp a Castillo informándole que la misión había sido abortada y que esperaría lo que Castillo había dicho porque no tenía más dinero para logística. Bustillo repitió que necesitaba lo que Castillo iba a presupuestar para logística. Castillo respondió: «Copiado, misión abortada».
Los mensajes de Whatsapp entre Castillo y Bustillo indican que el 29 de febrero de 2016, coordinaron una reunión para la mañana siguiente, 1 de marzo de 2016, para que Castillo pudiera proporcionarle dinero a Bustillo. El 2 de marzo de 2016, los hombres que ingresaron a la casa de Berta Cáceres le dispararon fatalmente y le dispararon e hirieron a Gustavo Castro entre las 11: 30-11: 40 pm. Poco después de la ejecución del asesinato, Hernández envió un mensaje de texto a Bustillo. Horas después, según informes de la compañía telefónica, Bustillo salió de Tegucigalpa y viajó hacia el norte al departamento de Cortés, comunicándose con Hernández en el camino, presumiblemente para entregar el dinero prometido a los sicarios. Mientras estaba en Cortes, Bustillo se comunicó con Castillo a través de una llamada telefónica y un mensaje de texto.
El informe «Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña» también detalla pruebas telefónicas y otras pruebas admitidas en el juicio de 2018 que sugieren un patrón de abusos de derechos humanos y corrupción por parte de Castillo y otros en DESA, especialmente cuando intentaron neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de COPINH al Proyecto Agua Zarca. La información extraída de los teléfonos de Bustillo y Sergio Rodríguez, Gerente Social, Ambiental y de Comunicaciones de DESA, así como las conversaciones telefónicas interceptadas, sugieren que los ejecutivos y empleados de DESA intentaron monitorear y neutralizar a Berta Cáceres y COPINH utilizando informantes pagados. Estos informantes afirmaron ser miembros de COPINH, pero en secreto proporcionaron a DESA información sobre los planes y actividades de Berta Cáceres y COPINH.
La evidencia admitida en el juicio también sugiere que los ejecutivos, directores y empleados de DESA, incluidos Castillo y aquellos bajo su supervisión, obtuvieron el apoyo de las fuerzas de seguridad hondureñas y los operadores de justicia. La evidencia sugiere que utilizaron sus contactos con funcionarios del gobierno para garantizar que la policía y los militares se desplegaran en el área del Proyecto Agua Zarca, y las fuerzas de seguridad a menudo estaban a disposición de DESA en sus esfuerzos por neutralizar a la oposición al proyecto. Esto incluye la unidad de fuerzas de policía especial entrenada en los Estados Unidos conocida como TIGRES.
Castillo no solo está acusado del asesinato de Berta Cáceres, sino que también ha sido acusado de fraude y uso de documentos falsos relacionados con los permisos para el Proyecto Agua Zarca. Castillo trabajó para la empresa energética estatal hondureña ENEE cuando firmó el contrato con DESA para vender energía a ENEE del Proyecto Agua Zarca. Además, el Tribunal Superior de Auditores de Honduras descubrió que Castillo había recibido ilegalmente un doble salario de las Fuerzas Armadas y la ENEE y que otra compañía de su equipo vendió a las Fuerzas Armadas a precios inflados.
SOA Watch*
El mes pasado, School of the Americas Watch (SOAW), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Fundación del Debido Proceso Legal y Robert F. Kennedy Human Rights publicaron un extenso informe con el perfil de Castillo, titulado «Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña».
El informe describe la evidencia admitida en el juicio de 2018 contra las primeras siete personas condenadas por el asesinato de Berta Cáceres, que proporciona información significativa sobre cómo se planeó y ejecutó el asesinato de Cáceres. Los datos telefónicos y otras pruebas dejan en claro que el graduado de la Escuela de las Américas (SOA en sus siglas en inglés) Douglas Bustillo, un ex empleado de Castillo como jefe de seguridad de DESA, coordinó con el ex soldado Henry Hernández para llevar a cabo el asesinato y que su motivo era financiero; les iban a pagar. Hernández fue condenado por su papel como cabecilla del grupo de sicarios que ejecutó el asesinato de Cáceres y Bustillo también fue condenado, habiendo desempeñado el papel de intermediario. El compañero de posgrado de SOA, el mayor del ejército Mariano Díaz también participó en las coordinaciones y también fue condenado; una de sus líneas telefónicas había sido interceptada por las autoridades durante la planificación del asesinato porque estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestro.
La evidencia sugiere que durante la planificación del asesinato, Bustillo fue un intermediario que se comunicó con su antiguo jefe, Roberto David Castillo, y con Díaz y Hernández. Por ejemplo, el 5 de febrero de 2016 tuvo lugar el primer intento de asesinato de Cáceres. Ese día, Castillo envió un mensaje de Whatsapp a Bustillo recordándole que «recuerde los accidentes y la escena» (el mensaje original; las citas y todas las notas están disponibles en el informe en inglés). Bustillo se reunió con Hernández en la ciudad hondureña de Siguatepeque para prepararse para el intento de asesinato, proporcionándole una pistola y accediendo a fotos de Cáceres en su teléfono celular. Hernández luego viajó a La Esperanza, aparentemente acompañado por una segunda persona no identificada. Sin embargo, más tarde esa noche le informó a Díaz que no podían llevar a cabo el asesinato, lo que indica que había mucha gente en la casa de Cáceres.
A la mañana siguiente, Hernández confirmó a Díaz que habían estado en la escena y concluyó que necesitarían un automóvil y un plan diferente para el próximo intento de llevar a cabo el asesinato. Luego, Hernández habló con Bustillo cuatro veces, luego de lo cual Bustillo escribió un mensaje de Whatsapp a Castillo informándole que la misión había sido abortada y que esperaría lo que Castillo había dicho porque no tenía más dinero para logística. Bustillo repitió que necesitaba lo que Castillo iba a presupuestar para logística. Castillo respondió: «Copiado, misión abortada».
Los mensajes de Whatsapp entre Castillo y Bustillo indican que el 29 de febrero de 2016, coordinaron una reunión para la mañana siguiente, 1 de marzo de 2016, para que Castillo pudiera proporcionarle dinero a Bustillo. El 2 de marzo de 2016, los hombres que ingresaron a la casa de Berta Cáceres le dispararon fatalmente y le dispararon e hirieron a Gustavo Castro entre las 11: 30-11: 40 pm. Poco después de la ejecución del asesinato, Hernández envió un mensaje de texto a Bustillo. Horas después, según informes de la compañía telefónica, Bustillo salió de Tegucigalpa y viajó hacia el norte al departamento de Cortés, comunicándose con Hernández en el camino, presumiblemente para entregar el dinero prometido a los sicarios. Mientras estaba en Cortes, Bustillo se comunicó con Castillo a través de una llamada telefónica y un mensaje de texto.
El informe «Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña» también detalla pruebas telefónicas y otras pruebas admitidas en el juicio de 2018 que sugieren un patrón de abusos de derechos humanos y corrupción por parte de Castillo y otros en DESA, especialmente cuando intentaron neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de COPINH al Proyecto Agua Zarca. La información extraída de los teléfonos de Bustillo y Sergio Rodríguez, Gerente Social, Ambiental y de Comunicaciones de DESA, así como las conversaciones telefónicas interceptadas, sugieren que los ejecutivos y empleados de DESA intentaron monitorear y neutralizar a Berta Cáceres y COPINH utilizando informantes pagados. Estos informantes afirmaron ser miembros de COPINH, pero en secreto proporcionaron a DESA información sobre los planes y actividades de Berta Cáceres y COPINH.
La evidencia admitida en el juicio también sugiere que los ejecutivos, directores y empleados de DESA, incluidos Castillo y aquellos bajo su supervisión, obtuvieron el apoyo de las fuerzas de seguridad hondureñas y los operadores de justicia. La evidencia sugiere que utilizaron sus contactos con funcionarios del gobierno para garantizar que la policía y los militares se desplegaran en el área del Proyecto Agua Zarca, y las fuerzas de seguridad a menudo estaban a disposición de DESA en sus esfuerzos por neutralizar a la oposición al proyecto. Esto incluye la unidad de fuerzas de policía especial entrenada en los Estados Unidos conocida como TIGRES.
Castillo no solo está acusado del asesinato de Berta Cáceres, sino que también ha sido acusado de fraude y uso de documentos falsos relacionados con los permisos para el Proyecto Agua Zarca. Castillo trabajó para la empresa energética estatal hondureña ENEE cuando firmó el contrato con DESA para vender energía a ENEE del Proyecto Agua Zarca. Además, el Tribunal Superior de Auditores de Honduras descubrió que Castillo había recibido ilegalmente un doble salario de las Fuerzas Armadas y la ENEE y que otra compañía de su equipo vendió a las Fuerzas Armadas a precios inflados.
SOA Watch*
Encuentro del pueblo Lenca y Garífuna
El pueblo Lenca y el pueblo Garífuna en su recorrido de solidaridad, se
encuentran para reforzar los lazos de lucha desde el conocimiento
ancestral comunitario como el trabajo de la tierra, la defensa de
nuestros territorios y de nuestra cultura.
Nos escontramos en un contexto en el que ambos pueblos estamos siendo atacados por defender nuestros derechos, se nos asesina por defender los territorios, en el que se crean leyes que pretenden legalizar el saqueo y despojo de nuestros territorios.
Este encuentro es parte del proceso de juntarnos y fortalecernos en este caminar por la defensa de la vida y los bienes comunes de la naturaleza.
Por: Sandra Rodríguez
Nos escontramos en un contexto en el que ambos pueblos estamos siendo atacados por defender nuestros derechos, se nos asesina por defender los territorios, en el que se crean leyes que pretenden legalizar el saqueo y despojo de nuestros territorios.
Este encuentro es parte del proceso de juntarnos y fortalecernos en este caminar por la defensa de la vida y los bienes comunes de la naturaleza.
Tegucigalpa, Honduras.-
En el Día Mundial de la Libertada de Prensa, Honduras no es buena
noticia, sobre todo cuando en este año registra el asesinato de un
periodista, allanamientos, ataques y criminalizaciones contra los y las
trabajadoras de los medios de comunicación.
Según la clasificación mundial de la
Libertad de Prensa 2019, que publicó la organización internacional
Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras bajó cinco puntos, pasando del
lugar 141 que ocupó el años pasado a estar ahora en el 146, de los 180
países que a nivel mundial son evaluados.
Esta fecha brinda la oportunidad de
evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de
comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir
homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de
su profesión, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Cabe señalar que, el Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993,
en cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la
Conferencia General de la UNESCO en 1991. Esto, a su vez, fue una
respuesta a un llamamiento de los periodistas africanos que en 1991
elaboraron la histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo y la
independencia de los medios de comunicación.
Gabriel Hernández (54), habia solicitado medidas de protección, sin repuesta positiva. Foto Facebook
“La libertad de prensa es la piedra angular de las sociedades democráticas. Todos los Estados, todas las naciones, se fortalecen mediante la información, el debate y la confrontación de puntos de vista. En un momento en que se multiplican los discursos de desconfianza y deslegitimación de la prensa y la labor periodística, resulta fundamental garantizar la libertad de opinión mediante el libre intercambio de ideas y de información basada en verdades fácticas. El tema de esta 26ª edición es “Medios de comunicación para la democracia: periodismo y elecciones en tiempos de desinformación”.”
— Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa
Leer el documento de monitoreo de C-Libre Día Mundial de la Libertad de Prensa FINALISIMO-convertido
Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- La periodista Sandra Maribel Sánchez denunció hoy en conferencia de prensa el ataque de la que fue víctima la noche del jueves 26 de septiembre cuando llegaba a su casa, cuando un hombre, aparentemente con porte militar, desenfundó su arma, se la colocó en la cabeza y amenazó a la periodista del programa “Más que dos”, que se transmite por Radio Progreso de 1:00 a 3:00 de la tarde.
Sánchez ha estado tocando temas que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad y denunciando la impunidad que aumenta cada día en el país.
La comunicadora de Radio Progreso dijo que su trayectoria como periodista ha sido siempre estar del lado de las víctimas y en ese sitio se coloca, y que su trabajo incomoda a muchas personas y que no cabe ninguna duda son los actores intelectuales de los ataques que ha recibido.
La periodista dijo que este es como el último momento de una seré de incidentes que han venido ocurriendo en los últimos diez años y que está ligado directamente al ejercicio profesional.
“Ayer, más o menos a eso de las 5:30 de la tarde, yo llegué frente a mi casa, aparque mi vehículo, un vehículo año 99, bastante viejito, y bajándome me agaché a recoger la computadora que la ando en una mochila y estaba bajando del vehículo cuando yo me incorporo sentí un objeto en mi cabeza y me di vuelta y era un hombre apuntándome con una pistola”, narró Sánchez.
Ha renglón seguido siguió diciendo que “yo lo identificó plenamente porque en los últimos momentos cuando he abordado temas de seguridad he buscado información al respecto, y era una pistola nueve milímetros nuevecita, y el hombre me dijo que me metiera al carro, está claro que no era para llevárselo, porque nadie se roba un carro tan viejo”.
Indicó que está claro que esto está ligado con las últimas denuncias que ha hecho y que están directamente dirigidas a miembros de la Secretaría de Seguridad y también de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Sánchez afirmó que no era asaltarla lo que pretendían “me queda muy claro porque estaba mi mochila que era una mochila con una computadora y no me la pidió, no me pidió absolutamente nada, solo me apunto directamente a la cabeza”.
Añadió que en el momento que él la estaba empujando para que se metiera al carro, al otro lado de la calle se estacionó un vehículo y la persona que me tenía en ese momento en esa condición pensó que ellos venían conmigo y eso hizo que saliera a la carrera.
Sánchez describió a su atacante como un hombre con un cuerpo de alguien que hace mucho ejercicio y que usó lenguaje de un militar.
La periodista Sandra Maribel Sánchez denuncio otros ataques de los que ha sido víctima junto a su familia, como ser el acceso forzado su casa por un comando de unos 10 militares alrededor de dos años y la detención de su hija junto a una compañera suya en un taxi, acusándola que pretendían robárselo, la subieron a una patrulla acusada de haberse robado el taxi, cuando es una universitaria y que aun así la exhibieron para esperar que le tomaran fotografías a manera de exponerla.
Por su parte Ismael Moreno director de Radio Progreso expresó que “nosotros repudiamos profundamente y yo como director de Radio Progreso tengo que ser firme, aquí no hay ninguna otra institución a la cual responsabilizar, no lo podemos hacer si no es la dictadura de Juan Orlando Hernández, a los cuerpos Armados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Orden Público y sus distintas expresiones de seguridad como los responsables directos, yo tengo la responsabilidad de presentar esta sospecha en firme de que ellos son los que están detrás de este tipo de acciones, por lo tanto responsabilizamos a partir de este momento de cualquier otro tipo de atentados y de acciones en contra de la integridad física de la compañera Sandra Maribel Sánchez”.
“Tenemos que proteger su integridad tenemos que cuidar a Sandra Maribel Sánchez, no podemos permitir que ella siga siendo víctima de otro tipo de acciones que pongan en peligro su vida y vamos a discutir con ella para ver cuáles son las medidas pertinentes que pueda contribuir por lo menos a disminuir los riesgos, mientras tanto vamos a continuar con las denuncias internacionales”, afirmó Ismael Moreno.
Asimismo dijo que “en diversas ocasiones nosotros hemos recibido advertencias, directamente o indirecta, por la diversas actividades que realizamos, por ejemplo cuando estamos acompañando la problemática Guapinol de la vida y lucha de las organizaciones de derechos humanos, defensores del medio ambiente entonces se recibe amenazas y estigmatizaciones diciendo que Radio Progreso y quienes trabajamos allí, no solamente somos revoltosos sino que enemigos del desarrollo”.
Los periodistas de Radio Progreso, incluyendo su director, han sido víctimas de ataques debido a su contenido critico a la dictadura y a los entes de seguridad del estado en el país.
Honduras es uno de los países más
peligrosos para ejercer la libertad de prensa, tomando en cuenta que no
está en una guerra armada, pero que se criminalizas y estigmatiza, desde
el año 2002, registra el asesinato de más de 77 personas relacionadas a
los medios de comunicación, y de estos un 90 por ciento de los casos
están en la impunidad, como el de Juan Carlos Argeñal, en Danlí, El
Paraíso, quien había denunciado amenazas a muerte por difundir
información de actos de corrupción.
El pasado 17 abril fue asesinado Gabriel Hernández, en Nacaome, Valle, quien habia solicitado Medidas de Protección, pero no lo atendieron.
Hoy es propicio para informar a los
ciudadanos de las violaciones de la libertad de prensa, un recordatorio
de que en docenas de países de todo el mundo las publicaciones son
censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas, mientras que los
periodistas y editores son acosados, atacados, detenidos e incluso
asesinados.
Uno de los casos recientes sucedido a
finales de marzo, fue el allanamiento a la Radio Globo, en Tegucigalpa,
para arrestar a su director, el periodista David Romero. Éste es un
ejemplo de cómo se utiliza el Derecho Penal, para que los periodistas se
inhiban completamente de divulgar información que afecta al actual
gobierno, declaró Amada Ponce, del Comité por la Libre Expresión
(C-Libre).
A lo que va de este año, C-Libre ya ha
emitido casi 50 alertad por atentados a la libertad de prensa y libertad
de expresión, ambos derechos constituyen el núcleo del mandato de la
UNESCO, ya que permiten el entendimiento mutuo para construir una paz
sostenible.
En este día se les recuerda a los
gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de
prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los
medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de
prensa y la ética profesional.
En el contexto actual, el régimen de
Juan Hernández, a través de sus fuerzas represoras atenta contra los y
las periodistas que cubren las protestas sociales, o los criminalizan
acusándolos de incitadores como ha sucedido con el periodista de
Choluteca, Jairo López; o el periodista y defensor de los derechos del
Migrante, Bartolo Fuentes, de Yoro.
“La libertad de prensa es la piedra angular de las sociedades democráticas. Todos los Estados, todas las naciones, se fortalecen mediante la información, el debate y la confrontación de puntos de vista. En un momento en que se multiplican los discursos de desconfianza y deslegitimación de la prensa y la labor periodística, resulta fundamental garantizar la libertad de opinión mediante el libre intercambio de ideas y de información basada en verdades fácticas. El tema de esta 26ª edición es “Medios de comunicación para la democracia: periodismo y elecciones en tiempos de desinformación”.”
— Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa
En la última semana, el gremio médico y
magisterial se alzó en un paro nacional por la aprobación de la Ley de
Reestructuración al Sistema de Salud y Educación, con ello se vino una
oleada de represión y criminalización contra manifestantes, así como
ataques físicos contra la prensa, en diferentes ciudades de país.
Según un monitoreo de C-Libre, entre el
29 de abril y 01 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, hubo más de
diez agresiones directas contra periodistas, comunicadores y
trabajadores de medios de comunicación social que cubrían las
manifestaciones, así como decenas de agresiones indirectas.
Las agresiones contra periodistas y
comunicadores sociales, ya sea provenientes de agentes del Estado como
de particulares, son condenables -detalla el documento compartido este
día en conferencia de prensa- porque atentan contra el derecho al
trabajo, a la libre expresión y emisión del pensamiento; y ponen en
riesgo la integridad física y la vida.
Al atacar a un periodista se ataca a
toda una sociedad, pues no se le permite emitir información al pueblo, y
el Estado en lugar de protegernos, nos deja en total indefensión,
declaró la periodista Miriam Elvir, a quien, tras denunciar varios
ataques a su persona, y con el acompañamiento del Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Mecanismo Nacional
de Protección para Periodistas, le negó la solicitud de medidas de
protección.
El
Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para
mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones,
denunció C-Libre. Sin embargo, en el marco de las manifestaciones
sociales, el pasado 30 de abril, al periodista Cesario Padilla, un grupo
de policías lo amenazaron y lanzaron bombas lacrimógenas en su
vivienda, la cual es conocida por Policía Nacional, quien hace rondas
domiciliares como parte de las medidas de protección de las cuales
“goza” Padilla.
Desde su muro de Facebook,
parte de la denunciada: Si eso es proteger, si eso es tener medidas de
protección no me interesa tenerlas. ¡A LA MIERDA CON SUS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN! si no son capaces de atender una situación de emergencia,
cuando uno llama al Mecanismo de Protección, no es sólo para que me
escuchen y ya, es PARA Actuar. Porque la agresión no sólo fue mía, sino
de la comunidad.
Esa es la Policía que sirve y protege…
El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y
comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el
marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados,
agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar
ejerciendo su profesión.Leer el documento de monitoreo de C-Libre Día Mundial de la Libertad de Prensa FINALISIMO-convertido
Tegucigalpa.- La periodista Sandra Maribel Sánchez denunció hoy en conferencia de prensa el ataque de la que fue víctima la noche del jueves 26 de septiembre cuando llegaba a su casa, cuando un hombre, aparentemente con porte militar, desenfundó su arma, se la colocó en la cabeza y amenazó a la periodista del programa “Más que dos”, que se transmite por Radio Progreso de 1:00 a 3:00 de la tarde.
Sánchez ha estado tocando temas que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad y denunciando la impunidad que aumenta cada día en el país.
La comunicadora de Radio Progreso dijo que su trayectoria como periodista ha sido siempre estar del lado de las víctimas y en ese sitio se coloca, y que su trabajo incomoda a muchas personas y que no cabe ninguna duda son los actores intelectuales de los ataques que ha recibido.
La periodista dijo que este es como el último momento de una seré de incidentes que han venido ocurriendo en los últimos diez años y que está ligado directamente al ejercicio profesional.
“Ayer, más o menos a eso de las 5:30 de la tarde, yo llegué frente a mi casa, aparque mi vehículo, un vehículo año 99, bastante viejito, y bajándome me agaché a recoger la computadora que la ando en una mochila y estaba bajando del vehículo cuando yo me incorporo sentí un objeto en mi cabeza y me di vuelta y era un hombre apuntándome con una pistola”, narró Sánchez.
Ha renglón seguido siguió diciendo que “yo lo identificó plenamente porque en los últimos momentos cuando he abordado temas de seguridad he buscado información al respecto, y era una pistola nueve milímetros nuevecita, y el hombre me dijo que me metiera al carro, está claro que no era para llevárselo, porque nadie se roba un carro tan viejo”.
Indicó que está claro que esto está ligado con las últimas denuncias que ha hecho y que están directamente dirigidas a miembros de la Secretaría de Seguridad y también de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Sánchez afirmó que no era asaltarla lo que pretendían “me queda muy claro porque estaba mi mochila que era una mochila con una computadora y no me la pidió, no me pidió absolutamente nada, solo me apunto directamente a la cabeza”.
Añadió que en el momento que él la estaba empujando para que se metiera al carro, al otro lado de la calle se estacionó un vehículo y la persona que me tenía en ese momento en esa condición pensó que ellos venían conmigo y eso hizo que saliera a la carrera.
Sánchez describió a su atacante como un hombre con un cuerpo de alguien que hace mucho ejercicio y que usó lenguaje de un militar.
La periodista Sandra Maribel Sánchez denuncio otros ataques de los que ha sido víctima junto a su familia, como ser el acceso forzado su casa por un comando de unos 10 militares alrededor de dos años y la detención de su hija junto a una compañera suya en un taxi, acusándola que pretendían robárselo, la subieron a una patrulla acusada de haberse robado el taxi, cuando es una universitaria y que aun así la exhibieron para esperar que le tomaran fotografías a manera de exponerla.
Por su parte Ismael Moreno director de Radio Progreso expresó que “nosotros repudiamos profundamente y yo como director de Radio Progreso tengo que ser firme, aquí no hay ninguna otra institución a la cual responsabilizar, no lo podemos hacer si no es la dictadura de Juan Orlando Hernández, a los cuerpos Armados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Orden Público y sus distintas expresiones de seguridad como los responsables directos, yo tengo la responsabilidad de presentar esta sospecha en firme de que ellos son los que están detrás de este tipo de acciones, por lo tanto responsabilizamos a partir de este momento de cualquier otro tipo de atentados y de acciones en contra de la integridad física de la compañera Sandra Maribel Sánchez”.
“Tenemos que proteger su integridad tenemos que cuidar a Sandra Maribel Sánchez, no podemos permitir que ella siga siendo víctima de otro tipo de acciones que pongan en peligro su vida y vamos a discutir con ella para ver cuáles son las medidas pertinentes que pueda contribuir por lo menos a disminuir los riesgos, mientras tanto vamos a continuar con las denuncias internacionales”, afirmó Ismael Moreno.
Asimismo dijo que “en diversas ocasiones nosotros hemos recibido advertencias, directamente o indirecta, por la diversas actividades que realizamos, por ejemplo cuando estamos acompañando la problemática Guapinol de la vida y lucha de las organizaciones de derechos humanos, defensores del medio ambiente entonces se recibe amenazas y estigmatizaciones diciendo que Radio Progreso y quienes trabajamos allí, no solamente somos revoltosos sino que enemigos del desarrollo”.
Los periodistas de Radio Progreso, incluyendo su director, han sido víctimas de ataques debido a su contenido critico a la dictadura y a los entes de seguridad del estado en el país.
«No me voy del país y seguiré haciendo periodismo crítico»: Sandra Marybel Sánchez
septiembre 27, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
TEGUCIGALPA. La crítica y conocida periodista, Sandra Marybel Sánchez, aseguró el viernes que no abandonará Honduras pese a un atentado en su contra en Tegucigalpa, descrito como un intento de asesinato por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Sánchez, periodista y conductora de programas en Radio Progreso, fue encañonada a las 5.30 de la tarde el jueves por un hombre preparado físicamente, cuando bajaba de su vehículo una mochila con su computadora, celulares y su cartera.
«El hombre me puso en la cabeza una pistola 9 milímetros cuando yo ya tenía mi mochila y mis cosas en la mano. Era evidente que no era un ladrón, pues, aunque se pudo llevar la computadora, el celular y mi cartera no se la llevó», dijo Sánchez en una conferencia de prensa.
La periodista, consideró que el hombre que la encañonó no era un delincuente común, y lo describió como persona preparación física.
Esta no es la primera vez que Sánchez, que tiene una larga trayectoria en el periodismo con abordajes críticos de los grupos de poder en Honduras, es víctima de atentados y amenazas.
Estimó que el episodio que vivió es típico de lo ocurrido en Honduras en la década de 1980 cuando escuadrones de la muerte paramilitares, que eran la mano ejecutora de una llamada «Política de Seguridad Nacional”, que lanzaba ataques y secuestros de opositores de izquierda o críticos del poder.
Mario Rojas, procurador de C-Libre, un organismo dedicado a proteger la libertad de expresión dijo que el atentado contra Sánchez «es un intento de asesinato», argumentando que «había una planificación para hacerle daño».
Dijo que en el pasado han ocurrido ataques contra periodistas y empleados de Radio Progreso, operada por la comunidad Jesuita en Honduras, y que al igual que el atentado en su contra se evidencia que «hay una intención política criminal para que nuestra radio no continúe con su trabajo de crítica y denuncia».
TEGUCIGALPA. La crítica y conocida periodista, Sandra Marybel Sánchez, aseguró el viernes que no abandonará Honduras pese a un atentado en su contra en Tegucigalpa, descrito como un intento de asesinato por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Sánchez, periodista y conductora de programas en Radio Progreso, fue encañonada a las 5.30 de la tarde el jueves por un hombre preparado físicamente, cuando bajaba de su vehículo una mochila con su computadora, celulares y su cartera.
«El hombre me puso en la cabeza una pistola 9 milímetros cuando yo ya tenía mi mochila y mis cosas en la mano. Era evidente que no era un ladrón, pues, aunque se pudo llevar la computadora, el celular y mi cartera no se la llevó», dijo Sánchez en una conferencia de prensa.
En la conferencia de prensa la periodista estuvo acompañada del Padre Ismael
Moreno, director de Radio Progreso y Mario Rojas de C-Libre
El hombre se alejó del lugar en una
motocicleta, cuando apareció un vehículo que se estacionó a corta
distancia, pensando que venía o conocía a Sánchez, relató.La periodista, consideró que el hombre que la encañonó no era un delincuente común, y lo describió como persona preparación física.
Esta no es la primera vez que Sánchez, que tiene una larga trayectoria en el periodismo con abordajes críticos de los grupos de poder en Honduras, es víctima de atentados y amenazas.
Estimó que el episodio que vivió es típico de lo ocurrido en Honduras en la década de 1980 cuando escuadrones de la muerte paramilitares, que eran la mano ejecutora de una llamada «Política de Seguridad Nacional”, que lanzaba ataques y secuestros de opositores de izquierda o críticos del poder.
Mario Rojas, procurador de C-Libre, un organismo dedicado a proteger la libertad de expresión dijo que el atentado contra Sánchez «es un intento de asesinato», argumentando que «había una planificación para hacerle daño».
Nota relacionada Intentan secuestrar a la periodista Sandra Marybel Sánchez
Sánchez, pese a que ha recibido propuestas de organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión y prensa, no abandonará el país ni denunciará el hecho ante el MP ni se someterá al estatal mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, argumentando que no cumplen la tarea que les corresponde.Dijo que en el pasado han ocurrido ataques contra periodistas y empleados de Radio Progreso, operada por la comunidad Jesuita en Honduras, y que al igual que el atentado en su contra se evidencia que «hay una intención política criminal para que nuestra radio no continúe con su trabajo de crítica y denuncia».
