Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
EscucheNaciones Unidas condena a Estados Unidos por tener la mayor tasa de menores detenidos del mundo
19 Nov. 2019
Naciones Unidas ha condenado a Estados Unidos por tener la tasa más alta del mundo de menores detenidos. Los expertos de la ONU
condenaron en particular la política del Gobierno de Donald Trump de
separar por la fuerza a los menores inmigrantes de sus padres en la
frontera y luego detenerlos lejos de sus padres o familiares. Estas
fueron las palabras de Manfred Nowak, que dirige el estudio mundial de
las Naciones Unidas sobre los menores privados de libertad.
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizó este viernes por las calles de la capital hondureña en solidaridad con el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales.
A la actividad de protesta, que estuvo encabezada por el expresidente de Honduras y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, asistieron autoridades partidarias, diputados y la militancia de la institución partidaria de corte progresista.
En su alocución, Zelaya Rosales, manifestó que su solidaridad con Evo Morales responde al acompañamiento que el cocalero boliviano le dio en el marco del golpe de Estado de 2009. El político hondureño dijo que Morales fue el primer presidente latinoamericano en solidarizarse con él cuando fue derrocado de la presidencia de Honduras.
El expresidente hondureño acusó a los Estados Unidos de haber fraguado un golpe de Estado el pasado 10 de noviembre en Bolivia y de utilizar para dicho propósito al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.
“Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de condenar ese zarpazo a la democracia y además exigir el retorno en condiciones de libertad y de respeto a su vida al líder boliviano, Evo Morales, a su patria”, expresó Zelaya Rosales.
La protesta de Libre recorrió alrededor de cuatro kilómetros y concluyó en las afueras de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con un acto protocolario donde el máximo líder de esa institución política leyó un manifiesto sobre el respaldo a Evo Morales y para que la misión anticorrupción siga en el país.
“Estamos exigiendo en el nombre del pueblo que está aquí, que se quede la MACCIH, no queremos que se vaya la MACCIH, queremos que se le prorrogue su convenio y que se le de un periodo más”, acotó Zelaya Rosales.
Pese a que señaló que la misión anticorrupción de la OEA no ha hecho todo lo que los hondureños anhelan, señaló que debe quedarse por lo menos por un periodo más porque en Honduras no hay justicia.
Tegucigalpa.- Varias mujeres que sufrieron torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la comunidad Guadalupe Carney, cargan con las huellas del dolor producido, pero abrigan la esperanza de alcanzar justicia en el sistema interamericano.
Se trata de mujeres campesinas que también fueron víctimas de la masacre perpetrada por guardias de seguridad en la finca El Tumbador que dejó 5 campesinos asesinados, en un hecho sangriento ocurrido el 15 de noviembre de 2010.
Actualmente reciben acompañamiento y atención psicológica de personal especializado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Manfred Nowak manifestó: “Por supuesto, separar a los menores de sus padres, como lo hizo el Gobierno de Trump, e incluso a los niños pequeños, en la frontera entre México y Estados Unidos, está absolutamente prohibido por la Convención de los Derechos del Niño. Yo lo calificaría de trato inhumano tanto para los padres como para los niños. Y todavía hay un buen número de menores que están separados de sus padres y ni los menores saben dónde están sus padres ni los padres saben dónde están sus hijos”.
Libre se moviliza en solidaridad con Evo Morales
noviembre 22, 2019
Redaccion
El opositor partido que lidera el derrocado expresidente, Manuel Zelaya Rosales, expresó también su respaldo a la MACCIH
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizó este viernes por las calles de la capital hondureña en solidaridad con el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales.
A la actividad de protesta, que estuvo encabezada por el expresidente de Honduras y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, asistieron autoridades partidarias, diputados y la militancia de la institución partidaria de corte progresista.
En su alocución, Zelaya Rosales, manifestó que su solidaridad con Evo Morales responde al acompañamiento que el cocalero boliviano le dio en el marco del golpe de Estado de 2009. El político hondureño dijo que Morales fue el primer presidente latinoamericano en solidarizarse con él cuando fue derrocado de la presidencia de Honduras.
El expresidente hondureño acusó a los Estados Unidos de haber fraguado un golpe de Estado el pasado 10 de noviembre en Bolivia y de utilizar para dicho propósito al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.
“Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de condenar ese zarpazo a la democracia y además exigir el retorno en condiciones de libertad y de respeto a su vida al líder boliviano, Evo Morales, a su patria”, expresó Zelaya Rosales.
Noticia Relacionada: México otorga asilo a Evo Morales
Apoyo a la MACCIHLa protesta de Libre recorrió alrededor de cuatro kilómetros y concluyó en las afueras de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con un acto protocolario donde el máximo líder de esa institución política leyó un manifiesto sobre el respaldo a Evo Morales y para que la misión anticorrupción siga en el país.
“Estamos exigiendo en el nombre del pueblo que está aquí, que se quede la MACCIH, no queremos que se vaya la MACCIH, queremos que se le prorrogue su convenio y que se le de un periodo más”, acotó Zelaya Rosales.
Pese a que señaló que la misión anticorrupción de la OEA no ha hecho todo lo que los hondureños anhelan, señaló que debe quedarse por lo menos por un periodo más porque en Honduras no hay justicia.
COPINH repudia Golpe de Estado Racista en Bolivia.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPINH, repudia y rechaza el Golpe de Estado racista consumado el día
de ayer 10 de noviembre de 2019 en la República Plurinacional de
Bolivia.
A pesar de las diferencias políticas que pueden existir con el proyecto político del MAS, rechazamos el rompimiento del orden constitucional mediante la violencia de parte de fuerzas de extrema derecha racista y colonial junto a las Fuerzas Armadas.
El COPINH habla desde el sufrimiento del pueblo hondureño a 10 años de golpe que ha significado miles crímenes y muertes.
El COPINH reconoce la postura altruista del presidente Evo Morales Ayma al renunciar a la presidencia para evitar un baño de sangre.
Las acciones violentas preparadas y desarrolladas de manera minuciosa, junto a la participación de miembros del ejército y la policía nacional configuran un Golpe de Estado como el sufrido 10 años atrás en Honduras.
Rechazamos la participación de la OEA y los EEUU en este Golpe de Estado en Bolivia.
El COPINH rechaza las expresiones racistas y discriminadoras llevadas a cabo por representantes de los golpistas con la quema de las insignias indígenas y los ataques a organizaciones sociales y populares, así como a medios de comunicación.
Nos expresamos en solidaridad con las mujeres y comunidades indígenas agraviadas por estos acontecimientos.
El COPINH llama al repudio internacional y la construcción de un frente internacional en contra de la militarización de América Latina y el Caribe.
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá a los 11 días del mes de noviembre de 2019.
A pesar de las diferencias políticas que pueden existir con el proyecto político del MAS, rechazamos el rompimiento del orden constitucional mediante la violencia de parte de fuerzas de extrema derecha racista y colonial junto a las Fuerzas Armadas.
El COPINH habla desde el sufrimiento del pueblo hondureño a 10 años de golpe que ha significado miles crímenes y muertes.
El COPINH reconoce la postura altruista del presidente Evo Morales Ayma al renunciar a la presidencia para evitar un baño de sangre.
Las acciones violentas preparadas y desarrolladas de manera minuciosa, junto a la participación de miembros del ejército y la policía nacional configuran un Golpe de Estado como el sufrido 10 años atrás en Honduras.
Rechazamos la participación de la OEA y los EEUU en este Golpe de Estado en Bolivia.
El COPINH rechaza las expresiones racistas y discriminadoras llevadas a cabo por representantes de los golpistas con la quema de las insignias indígenas y los ataques a organizaciones sociales y populares, así como a medios de comunicación.
Nos expresamos en solidaridad con las mujeres y comunidades indígenas agraviadas por estos acontecimientos.
El COPINH llama al repudio internacional y la construcción de un frente internacional en contra de la militarización de América Latina y el Caribe.
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá a los 11 días del mes de noviembre de 2019.
¡Con la primera que maten, ya nos fuimos todas!: Sobreviviente masacre de El Tumbador
Jesús Regalado. Apolinaria Urrea. Lilian Urrea Sagastume y María Arcadia Ramos
Por Marpa.Tegucigalpa.- Varias mujeres que sufrieron torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la comunidad Guadalupe Carney, cargan con las huellas del dolor producido, pero abrigan la esperanza de alcanzar justicia en el sistema interamericano.
Se trata de mujeres campesinas que también fueron víctimas de la masacre perpetrada por guardias de seguridad en la finca El Tumbador que dejó 5 campesinos asesinados, en un hecho sangriento ocurrido el 15 de noviembre de 2010.
Actualmente reciben acompañamiento y atención psicológica de personal especializado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Militares y Guardias en el Bajo Aguán
Tanto el COFADEH, como Abogados Sin Fronteras/Canadá y la Fundación
San Alonso Rodríguez (FSAR), organizaciones peticionarias ante el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentaron el caso
“Tumbador” en 2018.
La petición surge a raíz de los pocos resultados en las investigaciones, en la identificación y juzgamiento de los responsables, así como la poca diligencia en asegurar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, una adecuada reparación.
Las organizaciones peticionarias demostrarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el estado de Honduras es responsable del derecho a la integridad personal, en perjuicio de las víctimas, en virtud de la represión violenta de la manifestación pacífica de los campesinos causando la muerte de cinco personas.
Asimismo, atestiguarán sobre la falta de investigación por intento de asesinato de Francisco Celedonio Ramírez Licona, Pedro Deras Olivera, Marvin Jerónimo Méndez Leiva, Abraham Martínez Ventura, víctimas de heridas de gravedad por armas de fuego y la detención y los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra Apolinaria Urrea Sagastume, Lilian Elizabeth Urrea Sagastume, Jesús Regalado y María Arcadia Ramos Santos.
Apolinaria Urrea dijo a www.defensoresenlinea.com que la vida no ha sido fácil, ha habido temor y vemos que no ha habido respuestas de lo que pasó. Ha sido muy duro para nosotras porque vivimos un momento en el que creímos que perdíamos la vida, pero gracias a Dios, él nos protegió y aquí estamos.
“Pero sí esperamos que haya una respuesta buena para todos los que estuvimos a punto de morir y también para las mujeres que quedaron viudas con sus niños”, demandó Urrea.
La petición surge a raíz de los pocos resultados en las investigaciones, en la identificación y juzgamiento de los responsables, así como la poca diligencia en asegurar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, una adecuada reparación.
Las organizaciones peticionarias demostrarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el estado de Honduras es responsable del derecho a la integridad personal, en perjuicio de las víctimas, en virtud de la represión violenta de la manifestación pacífica de los campesinos causando la muerte de cinco personas.
Asimismo, atestiguarán sobre la falta de investigación por intento de asesinato de Francisco Celedonio Ramírez Licona, Pedro Deras Olivera, Marvin Jerónimo Méndez Leiva, Abraham Martínez Ventura, víctimas de heridas de gravedad por armas de fuego y la detención y los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra Apolinaria Urrea Sagastume, Lilian Elizabeth Urrea Sagastume, Jesús Regalado y María Arcadia Ramos Santos.
Apolinaria Urrea dijo a www.defensoresenlinea.com que la vida no ha sido fácil, ha habido temor y vemos que no ha habido respuestas de lo que pasó. Ha sido muy duro para nosotras porque vivimos un momento en el que creímos que perdíamos la vida, pero gracias a Dios, él nos protegió y aquí estamos.
“Pero sí esperamos que haya una respuesta buena para todos los que estuvimos a punto de morir y también para las mujeres que quedaron viudas con sus niños”, demandó Urrea.
Las mujeres indican el lugar de los interrogatorios y las torturas
Por su parte María Arcadia Ramos expresó que su vida no ha cambiado
después de los hechos del 15 de noviembre de 2010. “Me siento mal, me
pongo a pensar y digo: Esto hacia dónde nos va a llevar, en qué nos
podrá ayudar. Si la familia Facussé se quedará con la finca o será que
no nos va a dar nada, será que nos van a ayudar o nos vamos a quedar sin
ninguna ayuda. Siempre paso pensando lo que sufrimos”.
Ramos señaló que a lo largo de los años ha brindado testimonio de los hechos y que siente que el caso no avanza. “Y pienso, será que va a suceder algo, y siento que a veces flaqueo por la duda”.
Durante 9 años, María Arcadia ha tratado de olvidar lo que pasó, aunque afirma que, en momentos, las torturas, las amenazas de los guardias de seguridad, la pistola en su cabeza, vuelven a su mente.
“Seguimos adelante, pensando en nuestros trabajos y cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque no crea, yo tengo bastante complicación en cuanto a las tierras, debido a que estoy enfrentando un proceso judicial y me preocupa; porque a veces no tengo ni para comprar frijoles, ni una libra de azúcar”, explicó,.
El 15 de noviembre de 2010, María Arcadia, junto a las demás mujeres que la acompañaban, vieron cómo caían los campesinos heridos producto de las balas disparadas por los guardias de seguridad que se apostaron frente al portón de acceso y en otros puntos dentro de la finca.
“Vimos a Noño (Francisco) herido del rostro, oímos aquella gran balacera, nos escondimos, pero al ratito venían unos 15 carros 4X4 color crema, llenos de policías. Más atrás venían unos camiones, y unas volquetas llenas de militares y gente civil, y esos fueron los que nos rodearon a nosotras arriba, cuando nos hicieron la emboscada”, detalló.
Ramos señaló que a lo largo de los años ha brindado testimonio de los hechos y que siente que el caso no avanza. “Y pienso, será que va a suceder algo, y siento que a veces flaqueo por la duda”.
Durante 9 años, María Arcadia ha tratado de olvidar lo que pasó, aunque afirma que, en momentos, las torturas, las amenazas de los guardias de seguridad, la pistola en su cabeza, vuelven a su mente.
“Seguimos adelante, pensando en nuestros trabajos y cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque no crea, yo tengo bastante complicación en cuanto a las tierras, debido a que estoy enfrentando un proceso judicial y me preocupa; porque a veces no tengo ni para comprar frijoles, ni una libra de azúcar”, explicó,.
El 15 de noviembre de 2010, María Arcadia, junto a las demás mujeres que la acompañaban, vieron cómo caían los campesinos heridos producto de las balas disparadas por los guardias de seguridad que se apostaron frente al portón de acceso y en otros puntos dentro de la finca.
“Vimos a Noño (Francisco) herido del rostro, oímos aquella gran balacera, nos escondimos, pero al ratito venían unos 15 carros 4X4 color crema, llenos de policías. Más atrás venían unos camiones, y unas volquetas llenas de militares y gente civil, y esos fueron los que nos rodearon a nosotras arriba, cuando nos hicieron la emboscada”, detalló.
Operación Xatruch en el departamento de Colón
Añadió que cuando ya había pasado la balacera, intentamos salir de
donde estábamos, pero cuando nosotras queremos salir, ellos estaban
quietos tirados en el suelo (policías, guardias de seguridad, civiles
armados con camisetas blancas arremangadas).
“Cuando salimos a la calle vimos a todos que estaban ahí, yo sólo recuerdo que me pasé la mano por la cara, y dije: ¡Hoy sí terminamos, la vida se nos fue! Entonces vinieron todos y nos encañonaron, entonces dijo un hombre que supuestamente era el jefe de ellos: No, no las vayan a matar vamos a entrevistarlas”.
Nos agarraron y nos llevaron a entrevistarnos, nos preguntaron si éramos del grupo de la gente que andaba invadiendo tierras, y nosotras les dijimos que no, que éramos madres solteras y que íbamos a trabajar a la finca de Nájera para mantener a nuestros hijos, comentó María Arcadia.
Nos preguntaban si éramos familia de los campesinos, que si conocíamos al dirigente y que de dónde éramos nosotras. Entonces le preguntaron los mismo a las otras.
Me acuerdo que un peludo dijo: ¡Estas mujeres lo que merecen es violarlas, pero entonces les dijo el jefe, no, nadie ha venido a violar mujeres, traemos orden de matar, nosotros andamos matando, no andamos violando, eso sí lo dijo él, aseguró la mujer!
“Cuando salimos a la calle vimos a todos que estaban ahí, yo sólo recuerdo que me pasé la mano por la cara, y dije: ¡Hoy sí terminamos, la vida se nos fue! Entonces vinieron todos y nos encañonaron, entonces dijo un hombre que supuestamente era el jefe de ellos: No, no las vayan a matar vamos a entrevistarlas”.
Nos agarraron y nos llevaron a entrevistarnos, nos preguntaron si éramos del grupo de la gente que andaba invadiendo tierras, y nosotras les dijimos que no, que éramos madres solteras y que íbamos a trabajar a la finca de Nájera para mantener a nuestros hijos, comentó María Arcadia.
Nos preguntaban si éramos familia de los campesinos, que si conocíamos al dirigente y que de dónde éramos nosotras. Entonces le preguntaron los mismo a las otras.
Me acuerdo que un peludo dijo: ¡Estas mujeres lo que merecen es violarlas, pero entonces les dijo el jefe, no, nadie ha venido a violar mujeres, traemos orden de matar, nosotros andamos matando, no andamos violando, eso sí lo dijo él, aseguró la mujer!
Muchos niños y niñas quedaron huérfanas
“Nos agarraban del pelo, nos tiraban al suelo, nos levantaban de
vuelta, nos decían que nos sentáramos, que nos paráramos; nos trepaban a
un carro, nos bajaban de vuelta. Nos ponían unos cuchillos acá bien
afilados y nos ponían las pistolas acá, nos decían que abriéramos la
boca y nos amenazaban que nos iban a disparar, y yo decía: ¡Con la
primera que maten, ya nos fuimos todas!, narró a
www.defensoresenlinea.com, María Arcadia Ramos.
Los interrogatorios, las torturas psicológicas y los tratos crueles contra las mujeres se extendieron por un espacio de 5 horas, dado que la masacre se ejecutó antes de las 7:00 de la mañana.
El 15 de noviembre de 2010, en medio de un gran desplazamiento militar y policial en la finca de palma africana conocida como “El Tumbador”, jurisdicción de Trujillo, Colón, guardias de la empresa Orión, que brindaban servicios de seguridad a la Empresa Dinant, (en posesión de la finca), emboscaron y mataron a disparos a 5 campesinos que se preparaban para trabajar la tierra.
Los campesinos asesinados fueron identificados como Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Sauceda Pastrana
Los interrogatorios, las torturas psicológicas y los tratos crueles contra las mujeres se extendieron por un espacio de 5 horas, dado que la masacre se ejecutó antes de las 7:00 de la mañana.
El 15 de noviembre de 2010, en medio de un gran desplazamiento militar y policial en la finca de palma africana conocida como “El Tumbador”, jurisdicción de Trujillo, Colón, guardias de la empresa Orión, que brindaban servicios de seguridad a la Empresa Dinant, (en posesión de la finca), emboscaron y mataron a disparos a 5 campesinos que se preparaban para trabajar la tierra.
Los campesinos asesinados fueron identificados como Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Sauceda Pastrana
12 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Los dirigentes del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh) rechazaron este martes la decisión del Ejecutivo nacionalista de delegar a las FFAA la responsabilidad de ejecutar unos cuatro mil millones de lempiras para labores agrícolas.
La secretaria general del Cococh, María Bejarano indicó que el campesinado está demandando una legislación agraria que les permita tener acceso a la tierra, asistencia técnica, créditos blandos, y comercialización de los productos de consumo básico.
“Este plan debe ser dirigido por el Instituto Nacional Agrario y la Secretaria de Agricultura y Ganadería, pues son los rectores la política agraria del país; continuamos con el diálogo entre el gobierno y las FFAA para que declinen de este proyecto», expuso.
Los dos organismos son los reconocidos por el campesinado hondureño y, por lo tanto, solicitó que sea derogado el artículo “el programa debe ser encaminado por esas empresas estatales”.
“Creemos que las FFAA no están en la capacidad porque no están orientadas en esas áreas, en este momento el campesinado está rechazando la decisión del gobierno”, externó.
Asimismo, pidió que “debe haber voluntad política del Gobierno para dotar de recursos para que puedan atender los planes y programas de desarrollo agrícola”.
Adelantó que el campesinado esta alerta al llamado de la dirigencia nacional para poder hacer acto de presencia en los escenarios de la plataforma que han construido.
“Las acciones son también porque el Instituto Nacional Agrario ha sido debilitado porque le han quitado presupuesto y ha sido la queja del movimiento campesino y, por tal razón solicitamos una legislación agraria que le permita al campesino tener tierra, asistencia técnica, créditos blandos y comercialización”.
Los dirigentes del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh) rechazaron este martes la decisión del Ejecutivo nacionalista de delegar a las FFAA la responsabilidad de ejecutar unos cuatro mil millones de lempiras para labores agrícolas.
La secretaria general del Cococh, María Bejarano indicó que el campesinado está demandando una legislación agraria que les permita tener acceso a la tierra, asistencia técnica, créditos blandos, y comercialización de los productos de consumo básico.
“Este plan debe ser dirigido por el Instituto Nacional Agrario y la Secretaria de Agricultura y Ganadería, pues son los rectores la política agraria del país; continuamos con el diálogo entre el gobierno y las FFAA para que declinen de este proyecto», expuso.
Los dos organismos son los reconocidos por el campesinado hondureño y, por lo tanto, solicitó que sea derogado el artículo “el programa debe ser encaminado por esas empresas estatales”.
“Creemos que las FFAA no están en la capacidad porque no están orientadas en esas áreas, en este momento el campesinado está rechazando la decisión del gobierno”, externó.
Asimismo, pidió que “debe haber voluntad política del Gobierno para dotar de recursos para que puedan atender los planes y programas de desarrollo agrícola”.
Adelantó que el campesinado esta alerta al llamado de la dirigencia nacional para poder hacer acto de presencia en los escenarios de la plataforma que han construido.
“Las acciones son también porque el Instituto Nacional Agrario ha sido debilitado porque le han quitado presupuesto y ha sido la queja del movimiento campesino y, por tal razón solicitamos una legislación agraria que le permita al campesino tener tierra, asistencia técnica, créditos blandos y comercialización”.
Conozca el decreto que otorga a las Fuerzas Armadas 4,000 millones para proyectos agrícolas
noviembre 4, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. El titular del régimen de Honduras, Juan Hernández en Consejo de Ministros aprobó el 05 de septiembre de 2019 el decreto ejecutivo PCM-052-2019 que contempla el «Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras» (PDAH), el cual tendrá como objetivo incrementar la productividad y rentabilidad agrícola y será administrado por la Secretaría de Defensa.
La ejecución del PADH se hará bajo la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) en la jefatura del Estado Mayor Conjunto y tendrá una asignación de 3,843 millones de lempiras, iniciando con 66 millones de lempiras para lo que resta del presente año.
El decreto contiene 17 considerandos y 8 artículos y fue publicado en La Gaceta número 35,076 con fecha 18 de octubre de 2019.
El analista político, Julio Navarro, señaló este día que el
fondo agrícola destinado a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), es
una muestra del pago de lealtad por parte del Gobierno.
“Las FFAA han sido extremadamente leales al presidente de la República y en política la lealtad se paga y el presidente de la República lo que está haciendo es entregándoles más dinero a las FFAA”, indicó Navarro.
Dijo que están metiendo las FFAA a la agricultura para buscar controlar a los campesinos en departamentos donde reclaman tierras.
Manifestó que las actividades agrícolas que van a realizar los militares son en Colón, Olancho y Choluteca que son zonas actualmente conflictivas en la disputa de las tierras. “Yo creo que las FFAAA deben reflexionar, porque si ahorita se sienten beneficiados a medio plazo van a ser perjudicadas porque van a perder su credibilidad”.
Apuntó que los militares deben retornar a la misión que les otorga la Constitución de la República y no a las “ocurrencias” del presidente de la República que cree que dándoles dinero va a mantener su lealtad.
Reiteró que la decisión otorgar ese fondo agrícola a las FFAA, es una decisión equivocada, pero hay que pagar la lealtad de las FFAA al gobierno y una forma de ello es dándoles dinero y asignándoles otras funciones que la constitución no les ha dado.
Por otra parte, en cuanto a al paro nacional que se ha venido anunciando, Navarro dijo que en Honduras no va a pasar nada mientras no haya reacción de las organizaciones de carácter gremial, como la empresa privada, trabajadores, obreros y profesionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS
En el actual contexto de desgaste del régimen nacionalista jefeado por Juan Orlando Hernández y las escasas protestas de la oposición, se orquesta un meticuloso y detallado plan para que las FFAA de Honduras sigan leales a los intereses del actual Ejecutivo, en desobediencia al mandato que les da la Constitución de ser garante de la democracia y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Con la aprobación de un fondo de hasta cuatro mil millones de lempiras, se va consumando los planes elaborados por Hernández y un grupo de militares liceístas para perpetuarse en la conducción del Estado, ya que se está utilizando la excusa de que el brazo armado asuma labores agrícolas cuando esa función ya compete a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y sus respectivas dependencias y se genera una dualidad de funciones.
En esta nueva jugada, aprobada en el Consejo de Secretarios de Estado mediante resolución PCM 052-2019, se montó una estructura paralela a la SAG, que se llamará Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) y que dependerá de la Secretaría de Defensa y todo apunta a que el organismo tendrá primacía sobre la entidad responsable de los programas de desarrollo del campo.
La jugosa suma es -de manera concreta- una joya en la corona de las FFAA cuyo jefe del Estado Mayor Conjunto René Ponce se identifica plenamente con el orlandismo.
En otras palabras, los militares se reafirman como la plataforma que ocupa Hernández para quedarse cuatro años más en el palacio José Cecilio del Valle ya que tendrán amplísimos e incuestionables poderes en una suerte de pago de favores.
Saben que el jefe de Estado es su carta de garantía para tener acceso a privilegios cuan casta favorecida, por lo que ponen a su disposición toda la infraestructura para aplastar las protestas opositoras que piden la cabeza de su mecenas.
El hombre fuerte del orlandismo basó su decisión en la Constitución, ya que el apartado 274, segundo inciso, ya indica de que las FFAA prestarán colaboración a las entidades en programas estatales, aunque no indica cuáles serán los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que deberá efectuar a través del PDAH.
El hecho de que no existan maneras de exigir cómo se utilizarán los recursos, ya se da por descontado que los militares construirán pesados blindajes para que nadie acceda a la información.
En consecuencia, las FFAA se escudarán en la Ley de secretos para no dar explicaciones sobre el destino del dinero que pudieran utilizar en las labores agrícolas.
Si bien ese hecho generó sorpresas en los actores políticos y sociales, es necesario ir al pasado reciente, cuando Hernández y el secretario de Defensa Fredy Díaz articularon una estrategia para que las FFAA llegaran a manejar la multimillonaria suma de dinero a fin de mantener contentos a los militares, sobre quienes penden fuertes presiones de que dejen de apoyar al Ejecutivo.
El programa PDAH fue lanzado se manera sutil en julio de este año, cuando Hernández, Díaz y la presidenta del Banco Hondureño para la producción y la vivienda (Banhprovi) Mayra Falck, lanzaron esta iniciativa que, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue encomendada directamente por el jefe de Estado al general en retiro.
«La tarea de desarrollar un programa agrícola para el aparato campesino organizado y no organizado, fue encomendada a la Secretaría de Defensa Nacional en noviembre del 2018, momento en el que inició de inmediato la socialización», indica la entidad en su web.
Se informó en su momento que ese mecanismo estatal tendría una inversión inicial de 100 millones de lempiras y cuya meta principal sería la de beneficiar a 60 mil campesinos en los 18 departamentos del país.
«El PDAH tiene como objetivo reducir los altos niveles de pobreza rural, mejorar las condiciones de vida en el campo e incrementar la seguridad alimentaria, además de dinamizar y modernizar el sector agrícola organizado y no organizado de Honduras», se especificó en su momento.
Asimismo, se revela que el mismo Hernández encomendó el jefe de Sedena que realizara la planificación estratégica de un programa para el crecimiento sostenible del campesinado y por lo que se da al cumplimiento de la estrategia de objetivos y metas nacionales fundamentadas en la Visión de País (2010-2038) y que se trabajará «de la mano» con la SAG, el Instituto Nacional Agrario e Instituto de la Propiedad.
Díaz justificó el proyecto ya que, según él, “queremos para 2038 un sector organizado robusto, altamente productivo y rentable haciendo de Honduras un país agroproductor, desarrollado, con un balance equilibrado entre los factores sociales, ambientales y económicos a fin de satisfacer las necesidades alimentarias”.
Pidió a los campesinos -afines al régimen- que había que creer en este proyecto «puesto que ha sido diseñado y construido por los mismos hondureños, por personas que han vivido necesidades y que han dado las pautas de cómo han querido que se realice».
«Para la ejecución del plan Sedena cuenta y tiene disponible el recurso humano, un claro ejemplo es el arduo trabajo de socialización y acompañamiento al rubro agrícola que se ha realizado en los últimos meses a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C9 de las Fuerzas Armadas de Honduras», se informó.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente
del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía
Electrica (Stenee) José Luis Matamoros, manifestó que las plantas
generadoras de energía que ya tengan varios años de contrato deben ser
parte del Estado.
El titular del Stenee señaló que: «Se debe nacionalizar las plantas de generación de energía eléctrica que tengan varios años de contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que ya sacaron su ganancia».
Respecto al anunció del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los nuevos créditos destinados para pagar la deuda histórica que ha hundido a la ENEE, Matamoros destacó: «Creo, eso no sería la solución, porque lo que se hace es alargar el plazo de pago. Además, es para calmar las aguas, pero se tiene que pagar ese nuevo préstamo».
Por otro lado, Matamoros destacó que los créditos del BID «no le traen ningún beneficio a la entidad eléctrica y al Estado». Aseguró que lo único que se está haciendo es extender el tiempo de pago. «Lo importante es pagarles y los contratos más viejos, que pasen a la ENEE», dijo.
El titular manifestó que Matamoros destacó que no se trata nada más de un pago, sino que el precio del kilovatio está afectando a los abonados. De tal forma, señaló que el enfoque debe ser que «todas las plantas energéticas privadas, pasen a ser propiedad de la ENEE».
El presidente del sindicato, explicó que existen contratos que hace muchos años ya están «repagados», por lo cual deberían ser propiedad del Estado. Agregó que cada contrato debe tener beneficios no solo para el que esté pagando, ya que al final sería para enriquecer a algunas personas.
Tegucigalpa. El titular del régimen de Honduras, Juan Hernández en Consejo de Ministros aprobó el 05 de septiembre de 2019 el decreto ejecutivo PCM-052-2019 que contempla el «Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras» (PDAH), el cual tendrá como objetivo incrementar la productividad y rentabilidad agrícola y será administrado por la Secretaría de Defensa.
La ejecución del PADH se hará bajo la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) en la jefatura del Estado Mayor Conjunto y tendrá una asignación de 3,843 millones de lempiras, iniciando con 66 millones de lempiras para lo que resta del presente año.
El decreto contiene 17 considerandos y 8 artículos y fue publicado en La Gaceta número 35,076 con fecha 18 de octubre de 2019.
Publicado el 6 Noviembre, 2019
“Las FFAA han sido extremadamente leales al presidente de la República y en política la lealtad se paga y el presidente de la República lo que está haciendo es entregándoles más dinero a las FFAA”, indicó Navarro.
Dijo que están metiendo las FFAA a la agricultura para buscar controlar a los campesinos en departamentos donde reclaman tierras.
Manifestó que las actividades agrícolas que van a realizar los militares son en Colón, Olancho y Choluteca que son zonas actualmente conflictivas en la disputa de las tierras. “Yo creo que las FFAAA deben reflexionar, porque si ahorita se sienten beneficiados a medio plazo van a ser perjudicadas porque van a perder su credibilidad”.
Apuntó que los militares deben retornar a la misión que les otorga la Constitución de la República y no a las “ocurrencias” del presidente de la República que cree que dándoles dinero va a mantener su lealtad.
Reiteró que la decisión otorgar ese fondo agrícola a las FFAA, es una decisión equivocada, pero hay que pagar la lealtad de las FFAA al gobierno y una forma de ello es dándoles dinero y asignándoles otras funciones que la constitución no les ha dado.
Por otra parte, en cuanto a al paro nacional que se ha venido anunciando, Navarro dijo que en Honduras no va a pasar nada mientras no haya reacción de las organizaciones de carácter gremial, como la empresa privada, trabajadores, obreros y profesionales.
Publicado el 6 Noviembre, 2019
En el actual contexto de desgaste del régimen nacionalista jefeado por Juan Orlando Hernández y las escasas protestas de la oposición, se orquesta un meticuloso y detallado plan para que las FFAA de Honduras sigan leales a los intereses del actual Ejecutivo, en desobediencia al mandato que les da la Constitución de ser garante de la democracia y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Con la aprobación de un fondo de hasta cuatro mil millones de lempiras, se va consumando los planes elaborados por Hernández y un grupo de militares liceístas para perpetuarse en la conducción del Estado, ya que se está utilizando la excusa de que el brazo armado asuma labores agrícolas cuando esa función ya compete a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y sus respectivas dependencias y se genera una dualidad de funciones.
En esta nueva jugada, aprobada en el Consejo de Secretarios de Estado mediante resolución PCM 052-2019, se montó una estructura paralela a la SAG, que se llamará Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) y que dependerá de la Secretaría de Defensa y todo apunta a que el organismo tendrá primacía sobre la entidad responsable de los programas de desarrollo del campo.
La jugosa suma es -de manera concreta- una joya en la corona de las FFAA cuyo jefe del Estado Mayor Conjunto René Ponce se identifica plenamente con el orlandismo.
En otras palabras, los militares se reafirman como la plataforma que ocupa Hernández para quedarse cuatro años más en el palacio José Cecilio del Valle ya que tendrán amplísimos e incuestionables poderes en una suerte de pago de favores.
Saben que el jefe de Estado es su carta de garantía para tener acceso a privilegios cuan casta favorecida, por lo que ponen a su disposición toda la infraestructura para aplastar las protestas opositoras que piden la cabeza de su mecenas.
El hombre fuerte del orlandismo basó su decisión en la Constitución, ya que el apartado 274, segundo inciso, ya indica de que las FFAA prestarán colaboración a las entidades en programas estatales, aunque no indica cuáles serán los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que deberá efectuar a través del PDAH.
El hecho de que no existan maneras de exigir cómo se utilizarán los recursos, ya se da por descontado que los militares construirán pesados blindajes para que nadie acceda a la información.
En consecuencia, las FFAA se escudarán en la Ley de secretos para no dar explicaciones sobre el destino del dinero que pudieran utilizar en las labores agrícolas.
Si bien ese hecho generó sorpresas en los actores políticos y sociales, es necesario ir al pasado reciente, cuando Hernández y el secretario de Defensa Fredy Díaz articularon una estrategia para que las FFAA llegaran a manejar la multimillonaria suma de dinero a fin de mantener contentos a los militares, sobre quienes penden fuertes presiones de que dejen de apoyar al Ejecutivo.
El programa PDAH fue lanzado se manera sutil en julio de este año, cuando Hernández, Díaz y la presidenta del Banco Hondureño para la producción y la vivienda (Banhprovi) Mayra Falck, lanzaron esta iniciativa que, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue encomendada directamente por el jefe de Estado al general en retiro.
«La tarea de desarrollar un programa agrícola para el aparato campesino organizado y no organizado, fue encomendada a la Secretaría de Defensa Nacional en noviembre del 2018, momento en el que inició de inmediato la socialización», indica la entidad en su web.
Se informó en su momento que ese mecanismo estatal tendría una inversión inicial de 100 millones de lempiras y cuya meta principal sería la de beneficiar a 60 mil campesinos en los 18 departamentos del país.
«El PDAH tiene como objetivo reducir los altos niveles de pobreza rural, mejorar las condiciones de vida en el campo e incrementar la seguridad alimentaria, además de dinamizar y modernizar el sector agrícola organizado y no organizado de Honduras», se especificó en su momento.
Asimismo, se revela que el mismo Hernández encomendó el jefe de Sedena que realizara la planificación estratégica de un programa para el crecimiento sostenible del campesinado y por lo que se da al cumplimiento de la estrategia de objetivos y metas nacionales fundamentadas en la Visión de País (2010-2038) y que se trabajará «de la mano» con la SAG, el Instituto Nacional Agrario e Instituto de la Propiedad.
Díaz justificó el proyecto ya que, según él, “queremos para 2038 un sector organizado robusto, altamente productivo y rentable haciendo de Honduras un país agroproductor, desarrollado, con un balance equilibrado entre los factores sociales, ambientales y económicos a fin de satisfacer las necesidades alimentarias”.
Pidió a los campesinos -afines al régimen- que había que creer en este proyecto «puesto que ha sido diseñado y construido por los mismos hondureños, por personas que han vivido necesidades y que han dado las pautas de cómo han querido que se realice».
«Para la ejecución del plan Sedena cuenta y tiene disponible el recurso humano, un claro ejemplo es el arduo trabajo de socialización y acompañamiento al rubro agrícola que se ha realizado en los últimos meses a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C9 de las Fuerzas Armadas de Honduras», se informó.
Plataforma Agraria
PRONUNCIAMIENTO
Ante la aprobación de un Decreto Ejecutivo que conlleva a la militarización al agro hondureño en donde militares administrarán recursos para la agricultura la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán se pronuncia de la siguiente manera:
1. Condenamos y rechazamos la estrategia de Juan Orlando Hernández al aprobar el Decreto Ejecutivo PCM 052-2019, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el pasado 18 de octubre donde se expone que 4 mil millones de lempiras será dado al Ejército para realizar labores agrícolas.
Ante la aprobación de un Decreto Ejecutivo que conlleva a la militarización al agro hondureño en donde militares administrarán recursos para la agricultura la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán se pronuncia de la siguiente manera:
1. Condenamos y rechazamos la estrategia de Juan Orlando Hernández al aprobar el Decreto Ejecutivo PCM 052-2019, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el pasado 18 de octubre donde se expone que 4 mil millones de lempiras será dado al Ejército para realizar labores agrícolas.
Dicho decreto expone la creación del Programa de Desarrollo Agrícola de
Honduras (PDHA), que será manejado por la Secretaría de Defensa
Nacional (Sedena) a través del ejército, lo que violenta la
institucionalidad de las secretarias del Estado. El ejército ejecutara
el PDHA quienes recibirán los primeros fondos en los próximos días, se
trata de al menos 66 millones de lempiras que deberá ejecutar entre
noviembre y diciembre, pues está sometido al ejercicio fiscal de 2019.
Posteriormente, para los años siguientes recibirán 960.9 millones por
año.
2. A pesar de la existencia de instituciones que pudieron manejar el programa tal como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA) o incluso el Instituto de Conservación Forestal (ICF), por el contrario estos tendrán que ponerse a disposición de Sedena. Bajo esta línea, también estará sometido el Instituto de la Propiedad (IP).
3. El artículo 274 de la Constitución de la República, establece que las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con las Secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria, sin embargo con la aprobación de Decreto Ejecutivo PCM 052-2019, es todo lo contrario.
4. Consideramos que con los 4 mil millones de lempiras que inicialmente asignarán al ejército se podría reactivar el Instituto Nacional Agrario (INA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), otorgando créditos al campesinado hondureño y a la Secretaría de Agricultura (SAG), con asistencia técnica, con el fin de sacar al agro de la crisis en que actualmente se encuentra.
5. Exigimos al poder Ejecutivo la derogación inmediata del Decreto PCM 052-2019 del Programa de Desarrollo Agrícola C-10, porque son inconstitucional ya que violenta la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria,.
6. Exigimos la reactivación del Instituto de Mercadeo Agrícola (IHMA), que ha estado abandonado por años y que creemos que al reactivarse la producción también debe de reactivarse el mercado para la comercialización de la producción.
Dado en la Ciudad de Tocoa, Colón a los 12 días del mes de Noviembre, 2019
2. A pesar de la existencia de instituciones que pudieron manejar el programa tal como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA) o incluso el Instituto de Conservación Forestal (ICF), por el contrario estos tendrán que ponerse a disposición de Sedena. Bajo esta línea, también estará sometido el Instituto de la Propiedad (IP).
3. El artículo 274 de la Constitución de la República, establece que las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con las Secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria, sin embargo con la aprobación de Decreto Ejecutivo PCM 052-2019, es todo lo contrario.
4. Consideramos que con los 4 mil millones de lempiras que inicialmente asignarán al ejército se podría reactivar el Instituto Nacional Agrario (INA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), otorgando créditos al campesinado hondureño y a la Secretaría de Agricultura (SAG), con asistencia técnica, con el fin de sacar al agro de la crisis en que actualmente se encuentra.
5. Exigimos al poder Ejecutivo la derogación inmediata del Decreto PCM 052-2019 del Programa de Desarrollo Agrícola C-10, porque son inconstitucional ya que violenta la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria,.
6. Exigimos la reactivación del Instituto de Mercadeo Agrícola (IHMA), que ha estado abandonado por años y que creemos que al reactivarse la producción también debe de reactivarse el mercado para la comercialización de la producción.
Dado en la Ciudad de Tocoa, Colón a los 12 días del mes de Noviembre, 2019
CCIT está en contra de que JOH dé dinero a militares para cultivar la tierra
6 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) se pronunció este miércoles en contra de la decisión del Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando Hernández sobre el nuevo Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) de asignar hasta cuatro mil millones de lempiras a las FFAA.
Mediante un comunicado La CCIT indicó que transferir semejante cantidad de dinero al brazo armado para la agricultura va en contra de las funciones del Poder Ejecutivo.
La CCIT pidió a las FFAA que se limiten al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas como lo dispone la Constitución.
LEA EL COMUNICADO
La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) respecto a la asignación de recursos para el Sector Agro, a las Fuerzas Armadas de Honduras, tiene las siguientes consideraciones:
1. Asignar recursos a las Fuerzas Armadas de Honduras para el Sector Agro, es una tergiversación de funciones de parte del Gobierno de la República, ya que si bien es cierto el artículo 274 de la Constitución Hondureña establece que las Fuerzas Armadas cooperarán con las Secretarias de Estado y demás instituciones, a pedimento de estas, en labores como la de la agricultura, entre otras, es evidente que ello no implica ni se refiere en ningún momento a que sea esa institución la que se encargue de dirigir proyectos de esa índole y mucho menos de administrar los fondos destinados a dichos sectores, y en este caso en particular al Sector Agro.
2. Solicitamos a las Fuerzas Armadas de Honduras limitarse al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas, ya que tal como lo dispone claramente la Constitución de la República de Honduras, en el segundo párrafo de su artículo 272, las Fuerzas Armadas de Honduras se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, evitando con ello daños reputacionales ante el pueblo hondureño.
3. Exigimos al Gobierno de la República de Honduras que rectifique la decisión que ha tomado al crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional, existiendo en Honduras instituciones gubernamentales, Universidades y otras organizaciones, especializadas y con experiencia en ese sector.
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) se pronunció este miércoles en contra de la decisión del Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando Hernández sobre el nuevo Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) de asignar hasta cuatro mil millones de lempiras a las FFAA.
Mediante un comunicado La CCIT indicó que transferir semejante cantidad de dinero al brazo armado para la agricultura va en contra de las funciones del Poder Ejecutivo.
La CCIT pidió a las FFAA que se limiten al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas como lo dispone la Constitución.
LEA EL COMUNICADO
La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) respecto a la asignación de recursos para el Sector Agro, a las Fuerzas Armadas de Honduras, tiene las siguientes consideraciones:
1. Asignar recursos a las Fuerzas Armadas de Honduras para el Sector Agro, es una tergiversación de funciones de parte del Gobierno de la República, ya que si bien es cierto el artículo 274 de la Constitución Hondureña establece que las Fuerzas Armadas cooperarán con las Secretarias de Estado y demás instituciones, a pedimento de estas, en labores como la de la agricultura, entre otras, es evidente que ello no implica ni se refiere en ningún momento a que sea esa institución la que se encargue de dirigir proyectos de esa índole y mucho menos de administrar los fondos destinados a dichos sectores, y en este caso en particular al Sector Agro.
2. Solicitamos a las Fuerzas Armadas de Honduras limitarse al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas, ya que tal como lo dispone claramente la Constitución de la República de Honduras, en el segundo párrafo de su artículo 272, las Fuerzas Armadas de Honduras se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, evitando con ello daños reputacionales ante el pueblo hondureño.
3. Exigimos al Gobierno de la República de Honduras que rectifique la decisión que ha tomado al crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional, existiendo en Honduras instituciones gubernamentales, Universidades y otras organizaciones, especializadas y con experiencia en ese sector.
El agro hondureño y la fumada verde-olivo de JOH (I)
por Javier Suazo
Análisis
14/11/2019 - ALAI / ALAINET ORG.
Introducción
El
gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), aprobó la
asignación de cerca de 4 mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas
de Honduras (FFAA) para que ejecuten un programa de desarrollo agrícola,
en clara violación de la Constitución de la República y de las
competencias privativas de las instituciones que tienen la
responsabilidad de planificación, ejecutar y evaluar las políticas,
programas y proyectos en la materia, incluyendo la administración de los
recursos asignados.
Después
del golpe de Estado (junio de 2009) se habló de una remilitarización de
la sociedad hondureña, pero hoy se habla de un cogobierno JOH-FFAA,
capaz de garantizar la continuidad de su mandato ilegítimo, en un
entorno de creciente corrupción, impunidad, narcotráfico y la vigencia
de un modelo de corte neoliberal que, hasta hace poco, tenia a Chile,
como referente teórico y evidencia comprobada en resultados de
estabilidad y crecimiento económico.
Pavimentando el camino
Honduras
enterró la reforma agraria en 1992, al aprobarse y entrar en ejecución
la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMSA),
principal instrumento del programa de ajuste estructural de la economía
en el agro, integrante de las políticas de ajuste económico y cambio
estructural avaladas por el FMI y asumidas como válidas por el gobierno
de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), perteneciente al Partido
Nacional que hoy desgobierna Honduras con Juan Orlando Hernández (JOH) a
la cabeza.
La LMDSA fue
diseñada por Roger Norton, un destacado economista contratado por USAID,
pero avalada por organizaciones campesinas como la Asociación Nacional
de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Unión Nacional de Campesinos
(UNC), cuyos dirigentes fueron denunciados por recibir dineros y tierras
del gobierno por aprobar dicha legislación en contra de sus bases. Esta
Ley, sigue aun vigente, aun cuando muchos de los postulados teóricos no
se aplican, la institucionalidad creada ha desaparecido y gran parte de
sus programas y reglamentos se volvieron obsoletos, caso del Fondo de
Tierras y el Fortalecimiento y Desarrollo Empresarial del Sector
Reformado (empresas y grupos campesinos creados con la Ley de Reforma
Agraria de 1970) de la economía hondureña.
Los
efectos e impactos de la LMDSA todavía no han sido evaluados, y los
gobiernos no han querido ir en contra de una política agraria que
sistemáticamente destruye el tejido y la base económica y social rural,
aumenta la concentración y ociosidad de la tierra, debilita la
producción de bienes salarios, atomiza las organizaciones campesinas,
aumenta el riesgo de la inseguridad alimentaria y vuelve dependiente al
país de importaciones de alimentos.
Frente
a esta parálisis agraria, después del golpe de Estado (junio de 2009),
el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) exigió al gobierno de
“Pepe” Lobo la entrega de tierras en poder de Miguel Facusse y Rafael
Canales, que fueron pagadas por el Estado a los empresarios para ser
explotadas por las cooperativas y grupos campesinos, teniendo que asumir
la deuda con la banca y honrarla con los ingresos obtenidos por la
venta de palma africana. En la actualidad, las expectativas no son
favorables a MUCA, en tanto hay retrasos en los pagos al banco, y lo más
seguro es que las tierras vuelvan a ser adquiridas por las empresas
agroindustriales de la zona fundadas mayormente por Miguel Facusse.
Hay
más de 10 años de parálisis agraria, donde el gobierno ha venido
cercenando las competencias del Instituto Nacional Agrario (INA), Banco
Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y Secretaria de Agricultura y
Ganadería (SAG). En el caso del INA, además de disminuir su
presupuesto, se han reducido sus competencias y cobertura en la
prestación de servicios a los campesinos, al aprobarse el decreto
ejecutivo PCM-051-2016 de julio de 2016, que suprime oficinas
sectoriales del INA en Talanga, Intibucá, Sabana Grande, Yoro,
Catacamas, Copan, Ocotepeque, Danlí, El Paraíso, Choluteca y Valle,
sumado al eliminación de la División de Atención a los Pueblos Indígenas
y Afro hondureños, donde se incluye la atención a las organizaciones
indígenas, grupos y cooperativas del sector reformado.
El
Banadesa, considerado el banco de los campesinos y reforma agraria,
primero se intentó cerrar, pero el gobierno ocupaba un voto colegiado de
los diputados del Congreso de la República en tanto implicaba modificar
la Constitución de la República; después se autoriza para que un banco
de segundo piso, caso del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda
(BAHPROVI), opere como banco de primer piso, debilitando a Banadesa;
sumado al apoyo incondicional a Banrural, un banco privado donde
dirigentes campesinos y gremiales-no coludidos con la corrupción- acusan
que funcionarios de gobierno son socios. Hoy, se está a la espera del
cierre de Banadesa por liquidación de activos, ya que la mayor parte de
su cartera se encuentra en mora y no hay indicios de inyección de
recursos frescos y reestructuración de deudas de los pequeños
productores, cooperativas y grupos campesinos.
Con
la SAG se empezó con robar los fondos presupuestarios (caso Pandora),
donde se involucraron funcionarios de gobierno y políticos de los
partidos tradicionales; posteriormente, se invisibilizó el accionar de
la unidad de planificación sectorial y del Consejo de Desarrollo
Agrícola (CODA), sumado al debilitamiento de los programas y servicios
como PRONAGRO, el programa de los agronegocios rurales que operan con un
raquítico presupuesto, la reducción de las competencias de la Dirección
de Investigación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) y del
Servicio Nacional de Educación y Capacitación Agrícola (SEDUCA), al
asignarse por decreto PCM-037-2019 de julio de 2019, varias de las
competencias al programa de Sistema de Centros de Innovación Tecnológica
y Agrícola (SCITA), adscrito a la Secretaria de Educación, y cuyo
director será nombrado directamente por el Presidente de la República
Al
parecer, con estas acciones, JOH pavimentó el camino no solo para tener
un mayor control de las competencias y fondos públicos, sino tambien
para que su principal aliado, las FFAA, participen más y “activamente”
del reparto del pastel de dichos fondos.
II. En todo militar hay un campesino y pequeño productor
Una
gran parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas Hondureñas y de la
Policía Nacional, proviene de familias asentadas en municipios y
departamentos de fuerte presencia indígena y campesina, con arraigo en
la tierra y producción de bienes alimentarios. Miran en la “milicia” una
oportunidad para salir de la pobreza material que enfrentan, que además
de la mejora de sus ingresos monetarios les garantiza cierto estatus
social y poder. Los que han llegado a altos rangos (coronel, por
ejemplo) y ocupar altos cargos, piensan en adquirir tierras y criar
ganado, a efecto de garantizar un retiro sin riesgos y olvido; lo que no
lo logran, buscan que se aumente su jubilación y aportar o dirigir sus
propias empresas de seguridad privada; otros se convierten en
narcotraficantes desgradados.
En
algún momento de su vida, Berta Cáceres, lamentaba que sus propios
compañeros de aldea y municipio, se prestaran a reprimir a sus hermanos
de sangre por defender la tierra, recursos naturales y biodiversidad. En
tal sentido, opera una especie de alineación sobre los valores patrios,
utilizados para que los aspirantes a soldado o policía, tengan claro
que el primer deber es con la patria y derivados como la propiedad
privada, orden y la seguridad interna.
El
presidente Hernández mediante decreto PCM-052-2019 de octubre de 2019,
creó el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), cuyo
objetivo principal “es incrementar la productividad y rentabilidad
agrícola, mediante la inversión en activos productivos, así como el
establecimiento de una mentalidad emprendedora desarrollando
conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades como elemento
esencial generador de riqueza para los productores y productoras” (Art,
1).
El problema, al igual
que la disminución de presupuesto y violaciones de las competencias
jurídico-institucionales de INA, BANADESA y SAG, es que el programa
cercena aún más dichas competencias y, en el caso particular del INA y
BANADESA, es inconstitucional ya que viola dichas competencias
establecidas en la Constitución de la República. El PDAH estará escrito a
la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, con una
Dirección (C-10) en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, responsable
de estructurar, ejecutar y administrar el programa.
La
asignación de recursos para la ejecución del programa asciende a la
cantidad de 3,909,914,253,58 millones de lempiras, para ser ejecutados
en un periodo de seis (6) años desde 2019 a 2015, lo que abarca otro
gobierno (2022-2025), en caso que JOH no decida lanzarse de nuevo ya que
la ventana de la reelección está abierta. En caso que el programa se
ejecute en 2019, 2020 y 2021 sin “tropiezos”, los militares negociarían
con el nuevo gobierno para que el programa no sea eliminado, tal como ha
sido la costumbre a través del tiempo (léase: combate de incendios
forestales y protección del bosque).
Los
beneficiarios del PDAH serían un total de 60,000 productores, en su
mayor parte pequeños productoras (as) y aquellos organizados en grupos
campesinos y cooperativas de la reforma agraria. Las dudas que surgen
son ¿Cuánto le tocará a cada productor? ¿Qué rubros serán apoyados y
cuanto será las áreas (manzanas) destinada a sembrar? ¿Los recursos del
programa destinados a los campesinos tendrán algún costo o no? ¿Qué
Banco otorgará dichos recursos? ¿Quién (es) además de las instituciones
públicas brindarán servicios de asistencia técnica y capacitación? ¿Las
FFAA podrán contratar empresas privadas (tercerización) para brindar
este tipo de servicios? ¿Quiénes son los dueños de estas empresas
privadas? ¿Los recursos asignados al programa son recursos públicos
(provenientes del pago de impuestos), o algunos son privados o deberán
ser contratados vía préstamos? ¿Cuándo es el gasto administrativo por la
ejecución del programa? ¿Quién auditará los fondos y en qué tiempo?
¿Quién evaluará el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo del Programa, POA y presupuestos anuales? ¿Acaso estas metas
guardarán relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Estas
dudas y otras interrogantes surgen frente a la decisión de JOH de
asignar recursos públicos a una institución cuya competencia fundamental
no es sembrar ni producir alimentos. ¿O, acaso, hay gato encerrado? JOH
nos tiene acostumbrados a jugar con pelota adelantada. El próximo año
hay elecciones internas, y será un año difícil para la gestión del
gobierno, no solo por la desaceleración de la economía, sino por la
presión social y política cuyo objetivo es la exigencia de su renuncia
como presidente ilegitimo de Honduras, requisito fundamental para
allanar el camino a la transición democrática.
San Pedro Sula, Honduras, 13 de noviembre de 2019
Hernández siembra discordia y abre choque entre campesinos y militares
noviembre 13, 2019
Redaccion
Los
campesinos sostuvieron que rechazan a los militares porque en los
últimos años se han dedicado a reprimirlos y a desalojarlos de sus
tierras.
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Atrás dejaron sus machetes y azadones. Se olvidaron por un momento de sus cultivos. La Diosa Temis fue testigo de su rabia y decisión de revertir un proceso legal mediante el cual los militares—con la venía del Poder Ejecutivo—se convertirán en productores agrícola.
El sol caía de manera perpendicular, ya casi eran las 12:00 meridiano, mientras Sebastían Reyes aguardaba en las afueras del palacio judicial, rodeado de un pelotón policial, a la espera que los abogados del movimiento campesino interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto Ejecutivo PCM-052-2019, aprobado por el jefe del gobierno, Juan Hernández, en reunión de Consejo de Ministros.
Sebastían no entiende mucho de leyes, pero si sabe que la burocracia lo tiene abandonado allá en su comunidad Concepción de Suluteca, en el central y deprimido departamento de La Paz, una de las cunas de la etnia lenca. Junto a sus compañeros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) se vino a la capital para hacer sentir su rechazo y evitar que militares se involucren en actividades del campo, pues alega que sus funciones se limitan a la custodia de la soberanía y al manejo de las armas.
Los campesinos gritaban con impaciencia consignas en contra del gobierno y expresaron su malestar porque a su llagada al edificio que alberga al Poder Judicial, los esperaba un amplio cordón policial que les impidió su ingreso a la Sala de lo Constitucional donde sus apoderados legales entregaron el recurso de inconstitucionalidad.
Labriegos advierten que esperarán a los militares con garrotes y machetesPor: Emy Padilla
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Atrás dejaron sus machetes y azadones. Se olvidaron por un momento de sus cultivos. La Diosa Temis fue testigo de su rabia y decisión de revertir un proceso legal mediante el cual los militares—con la venía del Poder Ejecutivo—se convertirán en productores agrícola.
El sol caía de manera perpendicular, ya casi eran las 12:00 meridiano, mientras Sebastían Reyes aguardaba en las afueras del palacio judicial, rodeado de un pelotón policial, a la espera que los abogados del movimiento campesino interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto Ejecutivo PCM-052-2019, aprobado por el jefe del gobierno, Juan Hernández, en reunión de Consejo de Ministros.
Noticia Relacionada: Militares muestran poderío que no usan para combatir el narcotráfico
El decreto, que faculta a las Fuerzas Armadas a ejecutar 4.000 millones de lempiras anuales para la ejecución de un plan orientado, supuestamente, a incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, choca con las funciones que la tan violentada Constitución hondureña otorga a los uniformados.Sebastían no entiende mucho de leyes, pero si sabe que la burocracia lo tiene abandonado allá en su comunidad Concepción de Suluteca, en el central y deprimido departamento de La Paz, una de las cunas de la etnia lenca. Junto a sus compañeros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) se vino a la capital para hacer sentir su rechazo y evitar que militares se involucren en actividades del campo, pues alega que sus funciones se limitan a la custodia de la soberanía y al manejo de las armas.
Los campesinos gritaban con impaciencia consignas en contra del gobierno y expresaron su malestar porque a su llagada al edificio que alberga al Poder Judicial, los esperaba un amplio cordón policial que les impidió su ingreso a la Sala de lo Constitucional donde sus apoderados legales entregaron el recurso de inconstitucionalidad.
Sebatián
Reyes, campesino de la comunidad Concepción de Suluteca, La Paz,
recordó además que el gobernante hondureño fue impuesto por los Estados
Unidos.
Sebastián, que evidenció su rechazo al
gobernante hondureño, Juan Hernández, por violentar la Constitución al
reelegirse y por fraguar un fraude para perpetuarse en el poder,
advirtió que las comunidades lencas del departamento de La Paz no
dejarán entrar en sus territorios a los militares.
“No es posible que los dejemos entrar y estamos listos en nuestros territorios para recibirlos, pero no con abrazos sino con piedras y garrotes, porque esas son las armas de nosotros los campesinos”, gritó Sebastián mientras era vitoreado por sus compañeros. Antes de la advertencia, el labriego enfatizó que amparados en el convenio 169 de la OIT defenderán sus tierras, el agua, los bosques y todas las riquezas naturales que hay en sus territorios.
La trama
El controvertido Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) está consignado en La Gaceta 35,076 publicada el pasado 18 de octubre y aunque se quiso mantener oculto, los medios de comunicación informaron sobre el propósito del gobierno de crear una estructura presupuestaria destinada a las actividades agrícolas a través de la Secretaría de Defensa Nacional mediante la creación de la Dirección de Desarrollo Agrícola en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para la ejecución, estructuración y administración del programa. En pocas palabras, otorgar fondos a los militares para que se dediquen a actividades agrícolas.
En primer término, el sector campesino organizado rechaza la iniciativa porque considera que legalmente las instituciones encargadas de la ejecución, administración y estructuración de programas y proyectos agrícolas ya están definidas en la Constitución de la República y se alejan totalmente de los militares, porque tienen otro mandato.
Los militares argumentan su participación en el agro en el artículo 274 de la Constitución que señala que “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con Las Secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria”.
En tanto, el jefe de gobierno y artífice del proyecto, Juan Hernández, niega que los militares ejecutarán fondos, aunque el decreto, que él mismo autorizó, dice textualmente que se creará “una estructura organizativa, presupuestaria y legal que corresponda, dando cumplimiento a la rendición de cuentas, evaluación de gestión por resultados, así como el cumplimiento del Plan Operativo Anual de cada ejercicio fiscal”.
Lo anterior deja en evidencia que Hernández miente, pero este extremo se reafirma en el artículo 3 del decreto que refiere que se autoriza a la Secretaría de Finanzas, al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza y al Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) a realizar la asignación de recursos a la Secretaría de Defensa Nacional para la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).
El decreto señala además que el programa podrá ejecutar recursos de aportes, donaciones y asignaciones de entidades nacionales e internacionales, otras transferencias, legados y donaciones de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado.
Recurso de inconstitucionalidad
Como parte de sus racionamientos jurídicos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado hoy por diferentes organizaciones campesinas aglutinadas a la Vía Campesina, se señala que el decreto Ejecutivo PCM-052-2019 usurpa claramente las funciones de las instituciones del sector público agrícola y pone bajo el mando de las Fuerzas Armadas, la dirección, administración y ejecución de las políticas agrícolas, funciones que no tienen ni por mandato constitucional ni por leyes secundarias.
Según la Vía Campesina, es evidente la pretensión del Poder Ejecutivo de desmantelar las instituciones públicas agrícolas para la privatización de los bienes, servicios, recursos, instalaciones, recurso humano y asistencia técnica.
Mientras los campesinos eran rodeados por policías, el apoderado legal de la Vía Campesina, Juan Carlos Zelaya, argumentó que existe ilegalidad en el decreto Ejecutivo porque violenta principios generales de la administración pública, porque teórica y constitucionalmente las Fuerzas Armadas se limitan a labores relacionadas a la guerra.
Amplió que la Constitución delega las funciones del sector agrario la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Nacional Agrícola, por lo que sorprende que se le asignen funciones a una institución adscrita (Estado Mayor Conjunto) a la Secretaría de Defensa Nacional.
Saqueos
La administración Hernández ha sido acusada en reiteradas ocasiones de saquear las instituciones del Estado, siendo el área agrícola una de las más afectadas. En junio de 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó requerimiento fiscal contra 38 38 imputados, entre estos, diputados, altos funcionarios públicos y particulares, que en el 2013 drenaron 282 millones de lempiras ($ 12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio.
Adicional a la imputación de la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), una investigación de este medio de comunicación develó que en el marco de un proyecto de emergencia se aprobó en el año 2016 el desembolso de 200 millones de lempiras para la construcción de cosechadoras de agua en 11 departamentos localizados en el corredor seco. La investigación concluyó que el 88 % de los proyectos no están funcionando y que alrededor del proyecto hubo politización, malas prácticas, e incluso, se presume actos de corrupción.
Lo anterior refleja el poco interés del gobierno en apoyar al sector agrario e incluso en los últimos años centenares de campesinos han sido acusados en los tribunales de justicia por los delitos de usurpación y asociación ilícita, por acciones ligadas a la ocupación y reclamos de tierras.
Rosa Vásquez, una de las tantas campesinas que este miércoles hizo presencia y protestó en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su rechazo hacia los militares quienes—dijo–llegan únicamente a sus comunidades a reprimirlos y a desalojarlos de las tierras que ocupan desde hace 15 años y que antes pertenecían a un terrateniente de la zona.
La labriega apuntó que los uniformados los han reprimido, inclusive, con su fuerza brutal han provocado abortos a varias de sus compañeras.
“No es posible que los dejemos entrar y estamos listos en nuestros territorios para recibirlos, pero no con abrazos sino con piedras y garrotes, porque esas son las armas de nosotros los campesinos”, gritó Sebastián mientras era vitoreado por sus compañeros. Antes de la advertencia, el labriego enfatizó que amparados en el convenio 169 de la OIT defenderán sus tierras, el agua, los bosques y todas las riquezas naturales que hay en sus territorios.
La trama
El controvertido Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) está consignado en La Gaceta 35,076 publicada el pasado 18 de octubre y aunque se quiso mantener oculto, los medios de comunicación informaron sobre el propósito del gobierno de crear una estructura presupuestaria destinada a las actividades agrícolas a través de la Secretaría de Defensa Nacional mediante la creación de la Dirección de Desarrollo Agrícola en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para la ejecución, estructuración y administración del programa. En pocas palabras, otorgar fondos a los militares para que se dediquen a actividades agrícolas.
En primer término, el sector campesino organizado rechaza la iniciativa porque considera que legalmente las instituciones encargadas de la ejecución, administración y estructuración de programas y proyectos agrícolas ya están definidas en la Constitución de la República y se alejan totalmente de los militares, porque tienen otro mandato.
Los militares argumentan su participación en el agro en el artículo 274 de la Constitución que señala que “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con Las Secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de éstas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria”.
En tanto, el jefe de gobierno y artífice del proyecto, Juan Hernández, niega que los militares ejecutarán fondos, aunque el decreto, que él mismo autorizó, dice textualmente que se creará “una estructura organizativa, presupuestaria y legal que corresponda, dando cumplimiento a la rendición de cuentas, evaluación de gestión por resultados, así como el cumplimiento del Plan Operativo Anual de cada ejercicio fiscal”.
Lo anterior deja en evidencia que Hernández miente, pero este extremo se reafirma en el artículo 3 del decreto que refiere que se autoriza a la Secretaría de Finanzas, al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza y al Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) a realizar la asignación de recursos a la Secretaría de Defensa Nacional para la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).
El decreto señala además que el programa podrá ejecutar recursos de aportes, donaciones y asignaciones de entidades nacionales e internacionales, otras transferencias, legados y donaciones de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado.
Recurso de inconstitucionalidad
Como parte de sus racionamientos jurídicos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado hoy por diferentes organizaciones campesinas aglutinadas a la Vía Campesina, se señala que el decreto Ejecutivo PCM-052-2019 usurpa claramente las funciones de las instituciones del sector público agrícola y pone bajo el mando de las Fuerzas Armadas, la dirección, administración y ejecución de las políticas agrícolas, funciones que no tienen ni por mandato constitucional ni por leyes secundarias.
Según la Vía Campesina, es evidente la pretensión del Poder Ejecutivo de desmantelar las instituciones públicas agrícolas para la privatización de los bienes, servicios, recursos, instalaciones, recurso humano y asistencia técnica.
Mientras los campesinos eran rodeados por policías, el apoderado legal de la Vía Campesina, Juan Carlos Zelaya, argumentó que existe ilegalidad en el decreto Ejecutivo porque violenta principios generales de la administración pública, porque teórica y constitucionalmente las Fuerzas Armadas se limitan a labores relacionadas a la guerra.
Amplió que la Constitución delega las funciones del sector agrario la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Nacional Agrícola, por lo que sorprende que se le asignen funciones a una institución adscrita (Estado Mayor Conjunto) a la Secretaría de Defensa Nacional.
Saqueos
La administración Hernández ha sido acusada en reiteradas ocasiones de saquear las instituciones del Estado, siendo el área agrícola una de las más afectadas. En junio de 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó requerimiento fiscal contra 38 38 imputados, entre estos, diputados, altos funcionarios públicos y particulares, que en el 2013 drenaron 282 millones de lempiras ($ 12 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio.
Adicional a la imputación de la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), una investigación de este medio de comunicación develó que en el marco de un proyecto de emergencia se aprobó en el año 2016 el desembolso de 200 millones de lempiras para la construcción de cosechadoras de agua en 11 departamentos localizados en el corredor seco. La investigación concluyó que el 88 % de los proyectos no están funcionando y que alrededor del proyecto hubo politización, malas prácticas, e incluso, se presume actos de corrupción.
Lo anterior refleja el poco interés del gobierno en apoyar al sector agrario e incluso en los últimos años centenares de campesinos han sido acusados en los tribunales de justicia por los delitos de usurpación y asociación ilícita, por acciones ligadas a la ocupación y reclamos de tierras.
Rosa Vásquez, una de las tantas campesinas que este miércoles hizo presencia y protestó en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su rechazo hacia los militares quienes—dijo–llegan únicamente a sus comunidades a reprimirlos y a desalojarlos de las tierras que ocupan desde hace 15 años y que antes pertenecían a un terrateniente de la zona.
La labriega apuntó que los uniformados los han reprimido, inclusive, con su fuerza brutal han provocado abortos a varias de sus compañeras.
Rosa Vásquez, campesina de Tutule, La Paz, denunció que el gobierno tiene en el abandono a los pequeños productores del campo.
La campesina aseguró a CRITERIO
que impedirán a como dé lugar que los militares ingresen a sus
comunidades para desarrollar el proyecto encomendado por Juan Hernández.
“Nuestras herramientas son piedras y palos”, dijo Rosa coincidiendo con la advertencia de su coterráneo Sebastían Reyes, sobre la forma en cómo los campesinos del departamento de La Paz recibirán a los militares cuando éstos lleguen a sus comunidades.
Rosa se vino a Tegucigalpa como parte de la comitiva de la CNTC. Allá en una comunidad del municipio de Tutule, La Paz, dejó a su esposo y sus tres pequeños hijos, a quienes alimenta con las hortalizas, los frijoles y maíz que cultiva en los predios comunitarios.
Y aunque tiene 15 años de haber tomado posesión de las tierras aún no cuenta con un título de propiedad. “El gobierno se ha olvidado de los campesinos”, dijo mientras insistía que el abandono del que han sido objeto, más las constantes represiones, son razones suficientes para desconfiar en el proyecto de los militares y en las supuestas buenas intenciones del gobierno.
La mujer de pequeña estatura, trigueña y de rasgos indígena lenca, relató además que como parte del abandono que viven las comunidades de La Paz, no cuentan con escuelas y centros de salud. Detalló que sus hijos caminan cuatro kilómetros para llegar a la escuela, exponiéndose a peligros por la inseguridad. Para ir al centro de salud caminan un kilómetro y medio, y la mayoría de las veces solo reciben recetas porque no hay medicamentos.
Sobre las cosechadoras de agua, uno de los proyectos con los que alardea el gobierno supuestamente para apoyar a los pequeños productores, Rosa se abstuvo de hablar, pues dijo que a sus comunidades dichas obras no han llegado.
Los privilegios de los militares
Para el coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, los militares gozan de grandes privilegios a tal grado que recientemente en el Congreso Nacional se eliminó el artículo 153 del nuevo Código Penal, para que no sean enjuiciados por el delito de lesa humanidad.
En ese juego de favores, Alegría apuntó que el gobierno de Juan Hernández le está entregando la dirección y administración del desarrollo agrícola a las Fuerzas Armadas, igual como lo hizo en el pasado reciente con la administración de algunos hospitales.
“Óigame porque no le entregan todo a las Fuerzas Armadas”, expresó el dirigente del campo, quien acusó al gobernante de mentir sobre un supuesto acompañamiento por parte de la dirigencia campesina para echar a andar el proyecto.
A juicio de Alegría el decreto Ejecutivo PCM-052-2019 es el tiro de gracia para las instituciones del sector público agrícola y para el sector campesino y un instrumento político para injerir en las elecciones de 2021 a favor del oficialista Partido Nacional.
A partir del año 2014 en Honduras entró en vigor la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “ley de secretos”, que declara en secretividad las actuaciones en 14 instituciones del Estado hasta por 50 años.
La normativa, que abusa del precepto de seguridad nacional y que protege a ultranza todas las actividades relacionadas a las fuerzas militares, puede generar espacios para actos corruptos alrededor de los fondos que entren en el proyecto agrícola. “Porque serán fondos que no serán auditados ni tan siquiera por el Tribunal Superior de Cuentas, entonces podrán hacer lo que quieran y en eso es experto el Partido Nacional para desviar recursos”, expuso Rafael Alegría.
“El poder los militares lo ejercen bajo bayoneta calada, entonces, por eso lo militares a los cuarteles y a vigilar las fronteras, a combatir el narcotráfico, menos a encargarse de actividades agrícolas”: Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina.
“Nuestras herramientas son piedras y palos”, dijo Rosa coincidiendo con la advertencia de su coterráneo Sebastían Reyes, sobre la forma en cómo los campesinos del departamento de La Paz recibirán a los militares cuando éstos lleguen a sus comunidades.
Rosa se vino a Tegucigalpa como parte de la comitiva de la CNTC. Allá en una comunidad del municipio de Tutule, La Paz, dejó a su esposo y sus tres pequeños hijos, a quienes alimenta con las hortalizas, los frijoles y maíz que cultiva en los predios comunitarios.
Y aunque tiene 15 años de haber tomado posesión de las tierras aún no cuenta con un título de propiedad. “El gobierno se ha olvidado de los campesinos”, dijo mientras insistía que el abandono del que han sido objeto, más las constantes represiones, son razones suficientes para desconfiar en el proyecto de los militares y en las supuestas buenas intenciones del gobierno.
La mujer de pequeña estatura, trigueña y de rasgos indígena lenca, relató además que como parte del abandono que viven las comunidades de La Paz, no cuentan con escuelas y centros de salud. Detalló que sus hijos caminan cuatro kilómetros para llegar a la escuela, exponiéndose a peligros por la inseguridad. Para ir al centro de salud caminan un kilómetro y medio, y la mayoría de las veces solo reciben recetas porque no hay medicamentos.
Sobre las cosechadoras de agua, uno de los proyectos con los que alardea el gobierno supuestamente para apoyar a los pequeños productores, Rosa se abstuvo de hablar, pues dijo que a sus comunidades dichas obras no han llegado.
Los privilegios de los militares
Para el coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, los militares gozan de grandes privilegios a tal grado que recientemente en el Congreso Nacional se eliminó el artículo 153 del nuevo Código Penal, para que no sean enjuiciados por el delito de lesa humanidad.
En ese juego de favores, Alegría apuntó que el gobierno de Juan Hernández le está entregando la dirección y administración del desarrollo agrícola a las Fuerzas Armadas, igual como lo hizo en el pasado reciente con la administración de algunos hospitales.
“Óigame porque no le entregan todo a las Fuerzas Armadas”, expresó el dirigente del campo, quien acusó al gobernante de mentir sobre un supuesto acompañamiento por parte de la dirigencia campesina para echar a andar el proyecto.
A juicio de Alegría el decreto Ejecutivo PCM-052-2019 es el tiro de gracia para las instituciones del sector público agrícola y para el sector campesino y un instrumento político para injerir en las elecciones de 2021 a favor del oficialista Partido Nacional.
A partir del año 2014 en Honduras entró en vigor la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “ley de secretos”, que declara en secretividad las actuaciones en 14 instituciones del Estado hasta por 50 años.
La normativa, que abusa del precepto de seguridad nacional y que protege a ultranza todas las actividades relacionadas a las fuerzas militares, puede generar espacios para actos corruptos alrededor de los fondos que entren en el proyecto agrícola. “Porque serán fondos que no serán auditados ni tan siquiera por el Tribunal Superior de Cuentas, entonces podrán hacer lo que quieran y en eso es experto el Partido Nacional para desviar recursos”, expuso Rafael Alegría.
“El poder los militares lo ejercen bajo bayoneta calada, entonces, por eso lo militares a los cuarteles y a vigilar las fronteras, a combatir el narcotráfico, menos a encargarse de actividades agrícolas”: Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina.
Un fuerte contingente policial recibió a los campesinos en la Corte Suprema de Justicia.
La deshonra de la Fuerzas Armadas
«Tony Hernández usó a los militares para proteger los cargamentos de cocaína, usó a la policía para asesinar a sus rivales y usó al presidente para proteger a sus aliados. Pero todo ese poder y ese prestigio no significan nada en esta sala del Tribunal»: Emil Bove, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Bowe, que fue el fiscal encargado dirigir las conclusiones del juicio a Tony Hernández, declarado culpable por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio, no fue el único al señalar a los militares por sus nexos con el narcotráfico. Localmente el capitán retirado del ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana, acusó directamente desde el año 2016 a la jerarquía castrense de estar coludida con el narcotráfico y de facilitar el trasiego de droga por parte de “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño.
«Tony Hernández usó a los militares para proteger los cargamentos de cocaína, usó a la policía para asesinar a sus rivales y usó al presidente para proteger a sus aliados. Pero todo ese poder y ese prestigio no significan nada en esta sala del Tribunal»: Emil Bove, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Bowe, que fue el fiscal encargado dirigir las conclusiones del juicio a Tony Hernández, declarado culpable por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio, no fue el único al señalar a los militares por sus nexos con el narcotráfico. Localmente el capitán retirado del ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana, acusó directamente desde el año 2016 a la jerarquía castrense de estar coludida con el narcotráfico y de facilitar el trasiego de droga por parte de “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño.
LOS MILITARES AGRICULTORES Y EL FRUTO DEL MAL
Hernández
ya no gobierna y le ha dado el control a los castrenses, claro con el
aval de los gringos, no es casualidad ese préstamo del Banco Mundial, el
arrastre exagerado e innecesario del señor del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) Eduardo Almeida, que jura, pero jura que el Trans-450
existe, solo que nosotros somos tan pobres que no lo vemos transitando
el bulevar Suyapa.
Reflexión
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
René Ponce firmó el acta de defunción y el muerto son las Fuerzas
Armadas. Que Dios las tenga en su gloria. No llevar flores, depositar en
efectivo en las cuentas quebradas de la tesorería nacional. Como si
fuera una trilogía de las películas más malas y sin razón de existir,
nos han dejado “no vamos a dar golpes de Estado”, “No somos políticos” y
ahora “Las Fuerzas Armadas agrícolas”. Cuánta tontería se puede hacer
para apoyar a un civilón.
Y
pues, volvimos a caer en la idiotez de que sí se puede o no, pronto se
olvidó el juicio de “Tony” y comenzamos la discusión insípida de que si
las Fuerzas Armadas tienen facultades para suplantar las instituciones
que ya tienen el personal técnico y un presupuesto para eso,
¡Noooooooooo! No se puede y punto. Terminada la discusión entremos en lo
que importa de verdad.
Honduras
esta ingrávida. El juicio del hermano del gobernante, fue para la
imagen del país como el golpe de Estado de 2009, las empresas en el sur
braman, en el norte gritan, solo el siempre bien cuidadito Sikaffi, ve
todo maravilloso “Déjennos trabajar”, dice, al son de las masacres, el
blindaje de los diputados y el desvío de los fondos públicos a lo que
sea. Más de dos millones de personas en el desempleo, los suicidios y
las masacres volvieron a la cartelera principal.
Lo
único que la oposición ha logrado en tres semanas es reunirse para
hacer una “selfie” y terminan en las discusiones más pendejas como de
que yo soy izquierda o el otro es derecha; mientras Juan sonríe entre
los fusiles de los militares que lo protegen y piensa que puede entrarle
cuatro años más. El café que se sirvieron hace casi un mes ya se enfrió
y el paro nacional no se asoma. El pueblo sufre.
Y
entre el humo que agrega al ambiente el disparo de un sicario en una
nueva masacre en el norte, las peleítas picarescas de la oposición (unos
sonríen con Oliva desde el Congreso y susurran 2021, 2021, 2021…), el
cierre de empresas, simplemente porque Honduras no ofrece ni seguridad
jurídica, la mara legal (SAR) y la ilegal acosan hasta matar.
Mientras
los desempleados lloran por las empresas que se van todos los días, una
tras otra cierra operaciones sin que altere a Sikaffy, suman los
asesinatos a todos los testigos que en futuro pueden ser claves, las
miradas prohibitivas de los analistas que ya no saben cómo interpretar
esto, nos aparece la ya desgastada imagen del militar con el fusil en la
mano.
Un
fruto malo nacerá de la pólvora, hoy Hernández desde Lempira volvió a
mentir, cosa que ya a nadie sorprende y eso preocupa “Las Fuerzas
Armadas no van a manejar recursos; ellos están trabajando con un grupo
de campesinos…” y blah, blah, blah, muy contrario a lo que dice el
Decreto ejecutivo PCM-052-2019 ¿el grupo de campesinos es el mismo con
el que trabajaba Tony? Porque los campesinos dicen que no conocen ese
grupo.
También
dice que los militares van ayudar a los agrarios de quienes les han
robado las tierras, ¿Ó sea, que les van a quitar las tierra a los
Facussé? Digo, por el comentario que hace CC-4; por tonterías como estas
es que aún los medios tradicionales les parece importante la opinión
del melancólico general golpista Romeo Vásquez, que nos ilustra diciendo
“Se debe volver al servicio militar obligatorio, pero para los pobres”.
No, ¡Wow! Brillante. Igualito que Nájera, el loco de Colón, que
recomienda hacer más ricos a los ricos para derrotar la pobreza.
Hernández
ya no gobierna y le ha dado el control a los castrenses, claro con el
aval de los gringos, no es casualidad ese préstamo del Banco Mundial, el
arrastre exagerado e innecesario del señor del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) Eduardo Almeida, que jura, pero jura que el Trans-450
existe, solo que nosotros somos tan pobres que no lo vemos transitando
el bulevar Suyapa.
Hoy
la imagen de Honduras es un niño desahuciado sobre una rotonda, ese
niño que no está en este mundo, que fue puesto ahí por la indiferencia
de gobernantes y el desinterés de la población, esa infancia que muere
en el asfalto y a nadie le importa, que apenas vive si la bolsa de
pegamento le regala un suspiro. Ese niño somos nosotros y no le
importamos a nadie y apenas estamos conscientes de que existimos…
Que
entierren los fusiles los militares y verán que no nacen bananos, que
los cuarteles se conviertan en enormes silos y vendan los tanques para
tener más espacio, que el gas lacrimógeno se convierta en insecticidas
contra las plagas, que agarren un azadón y ahí, cuando el sol les cale
la espalda, cuando el sudor baje por la frente, entenderán lo que es ser
campesinos y entonces quizá y solo quizá, entiendan la lucha del
pueblo, mientras tanto, no hablen brutadas.
Siembra balas y engendrarás violencia
noviembre 7, 2019
Redacción
Por: Héctor Gerardo Herrera
En días recientes, el poder ejecutivo del Estado de Honduras vergonzosamente aprobó un programa para “reactivar” el campo, cuya responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), con un monto de 4 mil millones de lempiras (unos 162 millones de dólares)
¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de esta política pública?
El agro hondureño, especialmente a pequeños y medianos productores campesinos, ha estado excluido de políticas públicas integrales, desde la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola de 1992, la cual dio el tiro de gracia al proceso de reforma agraria de Honduras.
Los pocos “beneficios” para los/as campesinos/as, desde ese año hasta acá, se han convertido en “regalías” mínimas para realizar campaña política de algunos políticos dañinos de este país.
La ironía de esta decisión política es que pasa por alto e irrespeta a la institucionalidad del Estado. ¿Dónde queda la Secretaría de Agricultura y Ganadería/SAG? ¿Y el Instituto Nacional Agrario/INA) ¿Y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola? No cabe duda de que esta política pública representa otros intereses, menos el de apoyar el desarrollo del país mediante la reactivación de la producción nacional. Pues si esta fuera la intención, se debe volver a la demanda de una verdadera y profunda reforma agraria, muy necesaria en las condiciones de miseria y pobreza en la que se encuentran la gran mayoría de hermanos y hermanas campesinas del país.
Estratégicamente, los gobiernos deben ser equipos pensantes y capacitados para conducir a la nación hacia mejores estadios de desarrollo inclusivo. Sin embargo, en Honduras, tenemos una profesional de la psicología en la Secretaría de Finanzas, una profesional de la Pedagogía en el Ministerio de Salud, un ingeniero forestal en la Secretaría de Educación. Y lo que faltaba, militares con armas, promoviendo y reactivando la producción del país.
Uno de los ejes en los cual descansa y se sustenta la cruel dictadura de Honduras, liderada por “el hombre”, son las FAH. Evidencia de ello es la renuncia de algunos oficiales y la separación de otros, que se oponen a la violación de la constitución y a la misma legislación interna en este órgano.
“El hombre”, necesita congraciarse con un ente represor que le ha “dado el permiso” para gobernar el país. Debe endulzarles el oído y darles privilegios para poder sostener una dictadura rechazada por una amplia mayoría de los/as hondureños/as.
En América Latina y el Caribe (ALC), se viene en un proceso de democratizar las policías nacionales, para ser de la comunidad y para la comunidad. Sin embargo, en Honduras, a partir del 2014, hasta la actualidad, se viene en un retroceso, que desde las ciencias sociales se le llama: “Militarización Policial y Policiación de los Militares”. Esto no es más que hacer que la Policía Nacional aplica la filosofía militar (represión, violación de derechos, persecución a la oposición, concentración de los recursos en los procesos de represión del crimen y poco o nada en la prevención integral); y que a los militares se les asignan funciones de seguridad ciudadana, cuando no se les ha formado para el trato con la población civil.
Pero ¿Cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta política pública? Para dar respuesta a esta pregunta, se necesita enmarcarla dentro de la estrategia de la dictadura actual. Se pretende, entre otras cosas: a) Aumentar el miedo a los sectores de oposición para desmovilizar a la ciudadanía que demanda la democratización del Estado de Honduras; b) Instrumentalizar a las FAH para hacer campaña política y asegurar más “votos rurales” de cara a las próximas elecciones; c) Hacer ver a la ciudadanía que las fuerzas armadas son lo mejor para el país, en un contexto donde la mayoría de los hondureños quieren que este ente desaparezca.
Por último, ¿Qué capacidad tienen los soldados de las FAH para producir, cuando la mayoría viene de comunidades rurales y urbanas excluidas, deprimidas económicamente, y el campo no ha sido una opción para sus medios de vida?
Siembra armas y cosecharás violencia. ¿Cuál va a ser la respuesta del pueblo ante esta política de la dictadura?
En días recientes, el poder ejecutivo del Estado de Honduras vergonzosamente aprobó un programa para “reactivar” el campo, cuya responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), con un monto de 4 mil millones de lempiras (unos 162 millones de dólares)
¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de esta política pública?
El agro hondureño, especialmente a pequeños y medianos productores campesinos, ha estado excluido de políticas públicas integrales, desde la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola de 1992, la cual dio el tiro de gracia al proceso de reforma agraria de Honduras.
Los pocos “beneficios” para los/as campesinos/as, desde ese año hasta acá, se han convertido en “regalías” mínimas para realizar campaña política de algunos políticos dañinos de este país.
La ironía de esta decisión política es que pasa por alto e irrespeta a la institucionalidad del Estado. ¿Dónde queda la Secretaría de Agricultura y Ganadería/SAG? ¿Y el Instituto Nacional Agrario/INA) ¿Y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola? No cabe duda de que esta política pública representa otros intereses, menos el de apoyar el desarrollo del país mediante la reactivación de la producción nacional. Pues si esta fuera la intención, se debe volver a la demanda de una verdadera y profunda reforma agraria, muy necesaria en las condiciones de miseria y pobreza en la que se encuentran la gran mayoría de hermanos y hermanas campesinas del país.
Estratégicamente, los gobiernos deben ser equipos pensantes y capacitados para conducir a la nación hacia mejores estadios de desarrollo inclusivo. Sin embargo, en Honduras, tenemos una profesional de la psicología en la Secretaría de Finanzas, una profesional de la Pedagogía en el Ministerio de Salud, un ingeniero forestal en la Secretaría de Educación. Y lo que faltaba, militares con armas, promoviendo y reactivando la producción del país.
Uno de los ejes en los cual descansa y se sustenta la cruel dictadura de Honduras, liderada por “el hombre”, son las FAH. Evidencia de ello es la renuncia de algunos oficiales y la separación de otros, que se oponen a la violación de la constitución y a la misma legislación interna en este órgano.
“El hombre”, necesita congraciarse con un ente represor que le ha “dado el permiso” para gobernar el país. Debe endulzarles el oído y darles privilegios para poder sostener una dictadura rechazada por una amplia mayoría de los/as hondureños/as.
En América Latina y el Caribe (ALC), se viene en un proceso de democratizar las policías nacionales, para ser de la comunidad y para la comunidad. Sin embargo, en Honduras, a partir del 2014, hasta la actualidad, se viene en un retroceso, que desde las ciencias sociales se le llama: “Militarización Policial y Policiación de los Militares”. Esto no es más que hacer que la Policía Nacional aplica la filosofía militar (represión, violación de derechos, persecución a la oposición, concentración de los recursos en los procesos de represión del crimen y poco o nada en la prevención integral); y que a los militares se les asignan funciones de seguridad ciudadana, cuando no se les ha formado para el trato con la población civil.
Pero ¿Cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta política pública? Para dar respuesta a esta pregunta, se necesita enmarcarla dentro de la estrategia de la dictadura actual. Se pretende, entre otras cosas: a) Aumentar el miedo a los sectores de oposición para desmovilizar a la ciudadanía que demanda la democratización del Estado de Honduras; b) Instrumentalizar a las FAH para hacer campaña política y asegurar más “votos rurales” de cara a las próximas elecciones; c) Hacer ver a la ciudadanía que las fuerzas armadas son lo mejor para el país, en un contexto donde la mayoría de los hondureños quieren que este ente desaparezca.
Por último, ¿Qué capacidad tienen los soldados de las FAH para producir, cuando la mayoría viene de comunidades rurales y urbanas excluidas, deprimidas económicamente, y el campo no ha sido una opción para sus medios de vida?
Siembra armas y cosecharás violencia. ¿Cuál va a ser la respuesta del pueblo ante esta política de la dictadura?
¡Es hora de preguntar y exigir respuestas!
noviembre 5, 2019
Redacción
Por: Leticia Salomón
Si tenemos unas fuerzas armadas que se dedican a tareas de seguridad pública, investigación criminal, disolver protestas ciudadanas, sembrar arbolitos, regar plantas, administrar la ENEE, sofocar incendios y,ahora, a manejar programas agrícolas con la administración de más de 4 mil millones de lempiras, sólo nos queda preguntarnos lo siguiente:
1. ¿Quién está cuidando la soberanía e integridad territorial violada constantemente por el narcotráfico? 2. ¿De dónde saca este señor que dirige el Ejecutivo ( y el Legislativo y Judicial) que los militares son administradores y agrónomos? 3. ¿De dónde sacan los políticos de nuestro país, incluido el señor que está en la presidencia, y los mismos militares, que el artículo 274 de la Constitución los autoriza para SUSTITUIR a los civiles en la conducción de instituciones que por definición son civiles? 4. ¿Qué parte del artículo 274 no les queda clara cuando dice con total precisión que las fuerzas armadas “COOPERARÁN con las Secretarías de Estado y demás instituciones a pedimento de estas…”? 5. ¿Quién se atreverá a neutralizar la idea de que los militares son indispensables para desempeñar tareas que competen a los civiles? ¡Si hay problemas de inseguridad, hay que fortalecer a la policía; si hay problemas con salud, educación, bosque, desarrollo agrícola, hay que fortalecer las instituciones civiles que tienen asignadas estas funciones y no fortalecer a los militares que NO tienen esas funciones! 6. ¿Cuál de todos los partidos políticos de oposición enarbolará una verdadera bandera reformista que saque a los militares del ámbito civil y los devuelva a los cuarteles de donde no deben salir para no seguir haciéndole daño a nuestra destartalada democracia? 7. ¿Quién de todos ellos tendrá el valor y convicción del expresidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-98) para colocar a los militares en su lugar, lejos del quehacer político y más lejos del quehacer social? 8. Y para terminar tantas preguntas: … En un país corroído por la corrupción desbordada y con una voracidad desmedida, sabiendo que la impunidad del saqueo puede estar en su etapa final: ¿Cuántos de esos millones se destinarán realmente al desarrollo agrícola y cuántos se quedarán en los laberintos del Ejecutivo y en los límites de los cuarteles y de quienes los dirigen? 9. ¿Podemos preguntar sin que nos digan que le asignarán las respuestas al Tribunal Superior de Cuentas para que responda dentro de tres años o que con el mayor cinismo nos digan que la respuesta está protegida por la Ley de Secretos porque el desarrollo agrícola es un ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL?
Como dice la canción: “A veces yo me pregunto pa’ qué me pregunto tanto, si pregunte o no pregunte el mundo sigue andando y, por lo tanto, girando”… ¡Estamos en Honduras y las respuestas son conocidas por todos…!!!
Si tenemos unas fuerzas armadas que se dedican a tareas de seguridad pública, investigación criminal, disolver protestas ciudadanas, sembrar arbolitos, regar plantas, administrar la ENEE, sofocar incendios y,ahora, a manejar programas agrícolas con la administración de más de 4 mil millones de lempiras, sólo nos queda preguntarnos lo siguiente:
1. ¿Quién está cuidando la soberanía e integridad territorial violada constantemente por el narcotráfico? 2. ¿De dónde saca este señor que dirige el Ejecutivo ( y el Legislativo y Judicial) que los militares son administradores y agrónomos? 3. ¿De dónde sacan los políticos de nuestro país, incluido el señor que está en la presidencia, y los mismos militares, que el artículo 274 de la Constitución los autoriza para SUSTITUIR a los civiles en la conducción de instituciones que por definición son civiles? 4. ¿Qué parte del artículo 274 no les queda clara cuando dice con total precisión que las fuerzas armadas “COOPERARÁN con las Secretarías de Estado y demás instituciones a pedimento de estas…”? 5. ¿Quién se atreverá a neutralizar la idea de que los militares son indispensables para desempeñar tareas que competen a los civiles? ¡Si hay problemas de inseguridad, hay que fortalecer a la policía; si hay problemas con salud, educación, bosque, desarrollo agrícola, hay que fortalecer las instituciones civiles que tienen asignadas estas funciones y no fortalecer a los militares que NO tienen esas funciones! 6. ¿Cuál de todos los partidos políticos de oposición enarbolará una verdadera bandera reformista que saque a los militares del ámbito civil y los devuelva a los cuarteles de donde no deben salir para no seguir haciéndole daño a nuestra destartalada democracia? 7. ¿Quién de todos ellos tendrá el valor y convicción del expresidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-98) para colocar a los militares en su lugar, lejos del quehacer político y más lejos del quehacer social? 8. Y para terminar tantas preguntas: … En un país corroído por la corrupción desbordada y con una voracidad desmedida, sabiendo que la impunidad del saqueo puede estar en su etapa final: ¿Cuántos de esos millones se destinarán realmente al desarrollo agrícola y cuántos se quedarán en los laberintos del Ejecutivo y en los límites de los cuarteles y de quienes los dirigen? 9. ¿Podemos preguntar sin que nos digan que le asignarán las respuestas al Tribunal Superior de Cuentas para que responda dentro de tres años o que con el mayor cinismo nos digan que la respuesta está protegida por la Ley de Secretos porque el desarrollo agrícola es un ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL?
Como dice la canción: “A veces yo me pregunto pa’ qué me pregunto tanto, si pregunte o no pregunte el mundo sigue andando y, por lo tanto, girando”… ¡Estamos en Honduras y las respuestas son conocidas por todos…!!!
No existen méritos para que los defensores de Guapinol estén en la cárcel
Por defensores -
5 noviembre, 2019
El
Abogado Ramón Barrios hizo una valoración sobre el por qué los
defensores de Guapinol no deben estar presos/ Foto y texto: Sandra
Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
Por el accionar de un juez o jueza incapaz y haragán, hay ocho
defensores del río Guapinol y Río San Pedro, privados de libertad, ya
que no se probó méritos suficientes, según criterio de Ramón Barrios,
abogado constitucionalista.
El togado expuso que un ciudadano puede
ir a prisión preventiva si el juez prueba que el privado de libertad
demuestre peligro de fuga, en el caso de Guapinol, ellos se presentaron
voluntariamente ante el Ministerio Público, junto al su equipo de
defensa.
Otro punto, es que el privado de
libertad retorne a la organización delictiva, en este caso no existe,
sino que es un grupo de defensores de los bienes comunes de la
naturaleza y reconocida por el Estado.
Si se demuestra que ellos –defensores-
atentarán o ejecutarán actos de represalia en contra del denunciante.
Aquí el denunciante es una empresa que ha atacado a los defensores y al
pueblo de Guapinol. El orden de los factores se ha invertido en este
país, porque la empresa privada tiene vigilantes privados pagados por el
pueblo.
Lo anterior, se refiere a que las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar están a las
órdenes como “guachimanes” particulares (vigilantes) de la empresa
privada que nos está quitando nuestros recursos, y son pagados con el
dinero público, que son los impuestos pagados por nosotros, y no brindan
seguridad jurídica el cual es un derecho ciudadano, afirmó el abogado
Barrios.
Y como cuarto punto, que la
investigación no se haya realizado y sea obstruida por el privado de
libertad. Aquí la investigación ya se había realizado, es por eso que la
defensa técnica está solicitando una audiencia de revisión de medidas.
Se debe revisar que, ni el juez es
competente y que no se dieron los cuatro requisitos para la prisión
preventiva. Por lo tanto los compañeros tienen derecho a defenderse
desde la libertad y enfrentar el juicio, detalló Barrios, en una
comparecencia ante la prensa, la semana anterior en Tegucigalpa.
La detención de los compañeros de
Guapinol es ilegal e inconstitucional, denunció catedrático
universitario, porque las normas del Código Procesal Penal ya establecen
esa resolución de mandarlos a prisión preventiva en base a los cuatro
requisitos y explicar las razones; y ninguna la explicó la jueza, con lo
que falta a sus funciones de motivar la resolución y encajar los hechos
en la situación jurídica de los compañeros de Guapinol.
La Justicia es un valor, y en Honduras no se está impartiendo justicia, se imparte la Ley, la cual está hecha normalmente por los poderosos. Es así que no debería de haber defensores de derechos humanos presos, porque ellos más bien están apoyando el Estado de Derecho. Ramón Barrios
Para esta tarde 5 de noviembre, se tiene
prevista la audiencia de revisión de medidas, esperando que se actué en
base a ley y sean liberados los ambientalistas: Porfirio Sorto, José Abelino, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, presos políticos por defensores del agua.
Arbitrariamente,
los defensores fueron enviados por resolución del Instituto Nacional
Penitenciario (INP), a la cárcel de máxima tortura “La Tolva”, en
Morocelí, El Paraíso, y no al centro penal de Olanchito, departamento de
Yoro, desobedeciendo una resolución de un juzgado de ejecución penal, y
atendiendo la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que
preside el –impuesto- presidente de la República, también está el fiscal
general de la República, el presidente del Congreso Nacional, el
secretario de Defensa y el secretario de Seguridad.
-Cabe señalar que, la semana anterior, finalmente los defensores de Guapinol, fueron trasladados a la cárcel de Olanchito, aunque la exigencia es la libertad definitiva.-
“El mismo Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad, que fue incapaz de darse cuenta que el hermano del -ilegal-
presidente de la República por diez años traficaba cocaína a gran escala
a los Estados Unidos”.
“Este Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad, que la Fiscalía del Distrito Sur los Estados Unidos lo
desnudó, no solamente como incapaces porque nunca se dieron cuenta, sino
que son parte del tráfico de este país porque se utilizaron las
instituciones de este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: Fuerzas
Armadas, policía y pistas de este país para traficar cocaína a los
Estados Unidos”.
Barrios agregó que, es este mismo
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que tiene a los compañeros de
Guapinol, presos en un sistema penitenciaron donde las mismas
autoridades penitenciarias se coluden con los autores materiales para
causar la muerte de los privados de libertad, como se ha visto en videos
recientes de asesinatos en las cárceles de La Tolva (El Paraíso) y El
Pozo (Santa Bárbara).
Más de cien organizaciones nacionales e
internacionales urgen a la jueza Lizeth Vallecillo, revisar medidas de
Guapinol para garantizar que enfrenten proceso legal en libertad, en el
país catalogado por Global Witness como “el más peligroso del planeta
para defender el ambiente.
Pobladores reactivan protestas contra proyecto habitacional de La Tigra, pero son reprimidos
noviembre 7, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redacccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Pobladores de varias comunidades aledañas al Parque Nacional La Tigra, fueron reprimidos este viernes por las fuerzas de seguridad del Estado, cuando protagonizaban tomas de vías públicas y plantones, exigiendo la paralización del proyecto habitacional Bosques de Santa María.
Las protestas se reactivaron debido al incumplimiento de un acuerdo asumido por el alcalde capitalino, Nasry Asfura, quien prometió el pasado 17 de septiembre la suspensión del proyecto y la implementación de un cabildo abierto en el término de dos meses para dar solución al problema que afecta directamente a 72 comunidades.
Hoy durante las protestas, los pobladores manifestaron que han solicitado información sobre una supuesta concesión que la municipalidad del Distrito Central habría otorgado a la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, pero se les ha negado, e incluso, se les ha aseverado que no existe ninguna concesión, pese a que el asunto es de conocimiento público.
En el marco de las protestas varios líderes comunitarios, que se oponen al proyecto, han sido acusados en la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público por el supuesto delito de tala ilegal en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.
Hace tres semanas el dirigente comunitario, Bryan Acosta—sin ser propietario de tierras—fue acusado de tala ilegal. Acosta contó que la acusación obedece a un «chivo expiatorio» para justificar la ejecución del proyecto habitacional Bosques de Santa María; precisó que su padre alquila, desde hace varios años, predios a pequeños labriegos que se dedican al cultivo de flores y fresas para el comercio. Sin embargo, alegó ante el Ministerio Público que su familia tiene documentos que certifican la propiedad.
Represión
Durante las protestas, los pobladores advirtieron que continuarán ejerciendo medidas de presión hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto habitacional.
Las manifestaciones se desarrollaron en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho, a la altura de la aldea Río Abajo; en la comunidad de El Hatillo y en El Chimbo, Santa Lucía. Todos estos sectores poblaciones se ubican en las cercanías del Parque Nacional La Tigra, localizado en el municipio del Distrito Central.
Inicialmente las protestas iniciaron con plantones, pero con el paso de las horas se registró la toma de carreteras, por lo que la policía comenzó a utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
El controversial proyecto inmobiliario es propiedad del Grupo Midence Soto Pierrefeu (Grupo MSP) y Condado Santa María, cuyo principal accionista es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu. En el grupo desarrollador figura además el empresario de la construcción y actual diputado por el Partido Liberal, Elvin Ernesto Santos.
El gigantesco proyecto, denominado “Condado Santa María”, se construye en un área de 499.72 hectáreas de las cuales, 96.21 están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, área protegida, según decreto legislativo No 976-80. La construcción consta de 2.500 casas entre construcciones modestas para clase media y de lujo para clase media-alta y 29 centros comerciales (áreas de recreación, hotel, escuela y club ecuestre) cuyo valor es de mil millones 321 mil 370 lempiras, estimada a concluir en unos 20 años en tres etapas. La primera, bautizada como Portal Los Tarragones y Jilgueros ya comenzó con apertura de carretera en la zona El Chimbo, a unos cuatro kilómetros al oriente de la capital hondureña. Para esta fase se comenzó a descombrar la zona.
Tegucigalpa. – Pobladores de varias comunidades aledañas al Parque Nacional La Tigra, fueron reprimidos este viernes por las fuerzas de seguridad del Estado, cuando protagonizaban tomas de vías públicas y plantones, exigiendo la paralización del proyecto habitacional Bosques de Santa María.
Las protestas se reactivaron debido al incumplimiento de un acuerdo asumido por el alcalde capitalino, Nasry Asfura, quien prometió el pasado 17 de septiembre la suspensión del proyecto y la implementación de un cabildo abierto en el término de dos meses para dar solución al problema que afecta directamente a 72 comunidades.
Noticia Relacionada: Tras reunión con alcalde capitalino, policía reprime con bala y bombas lacrimógenas a defensores de La Tigra
El plazo de dos meses ya venció y el edil no ha iniciado el cabildo abierto y tampoco ha proporcionado la información a los pobladores sobre el conflictivo proyecto, pese a que es parte toral del acuerdo.Hoy durante las protestas, los pobladores manifestaron que han solicitado información sobre una supuesta concesión que la municipalidad del Distrito Central habría otorgado a la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, pero se les ha negado, e incluso, se les ha aseverado que no existe ninguna concesión, pese a que el asunto es de conocimiento público.
En el marco de las protestas varios líderes comunitarios, que se oponen al proyecto, han sido acusados en la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público por el supuesto delito de tala ilegal en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.
Hace tres semanas el dirigente comunitario, Bryan Acosta—sin ser propietario de tierras—fue acusado de tala ilegal. Acosta contó que la acusación obedece a un «chivo expiatorio» para justificar la ejecución del proyecto habitacional Bosques de Santa María; precisó que su padre alquila, desde hace varios años, predios a pequeños labriegos que se dedican al cultivo de flores y fresas para el comercio. Sin embargo, alegó ante el Ministerio Público que su familia tiene documentos que certifican la propiedad.
Represión
Durante las protestas, los pobladores advirtieron que continuarán ejerciendo medidas de presión hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto habitacional.
Las manifestaciones se desarrollaron en la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho, a la altura de la aldea Río Abajo; en la comunidad de El Hatillo y en El Chimbo, Santa Lucía. Todos estos sectores poblaciones se ubican en las cercanías del Parque Nacional La Tigra, localizado en el municipio del Distrito Central.
Inicialmente las protestas iniciaron con plantones, pero con el paso de las horas se registró la toma de carreteras, por lo que la policía comenzó a utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
El controversial proyecto inmobiliario es propiedad del Grupo Midence Soto Pierrefeu (Grupo MSP) y Condado Santa María, cuyo principal accionista es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu. En el grupo desarrollador figura además el empresario de la construcción y actual diputado por el Partido Liberal, Elvin Ernesto Santos.
El gigantesco proyecto, denominado “Condado Santa María”, se construye en un área de 499.72 hectáreas de las cuales, 96.21 están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, área protegida, según decreto legislativo No 976-80. La construcción consta de 2.500 casas entre construcciones modestas para clase media y de lujo para clase media-alta y 29 centros comerciales (áreas de recreación, hotel, escuela y club ecuestre) cuyo valor es de mil millones 321 mil 370 lempiras, estimada a concluir en unos 20 años en tres etapas. La primera, bautizada como Portal Los Tarragones y Jilgueros ya comenzó con apertura de carretera en la zona El Chimbo, a unos cuatro kilómetros al oriente de la capital hondureña. Para esta fase se comenzó a descombrar la zona.
Anuncian requerimientos fiscales por aprobación del proyecto habitacional en La Trigra
- 12/11/2019
Diputada Doris Gutiérrez.
La bancada del Partido Innovación Unidad (PINU), ha conformado una
comisión de seguimiento a la denuncias realizadas por las comunidades
del Parque Nacional La Tigra, ha dado a conocer que la investigación
sobre los permisos para la construcción del proyecto habitacional Bosque
de Santa María está avanzada en un 75%.
De acuerdo a la diputada Doris Gutiérrez, quien se reunió con la directora de la Fiscalía del Ambiente, los resultados de la investigación estarían dejando requerimientos fiscales contra los funcionarios que otorgaron los permisos de construcción, puesto que se ha determinado que el proyecto Bosques de Santa María afecta los recursos hídricos y el área forestal del Parque Nacional La Tigra.
La diputada Doris Gutiérrez asegura que los resultados de la investigación sobre el proyecto Bosques de Santa María estarán listos para los primeros días de diciembre, por cuanto se espera que para esas fechas se presenten los requerimientos fiscales.
“Los requerimientos fiscales serían para aquellos funcionarios que dieron esos permisos sin seguir los procedimientos establecidos, si esos permisos afectan el área de amortiguamiento que es una zona protegida y el pulmón de la ciudad”, puntualizó Gutiérrez, al salir de la Fiscalía del Ambiente.
El proyecto habitacional Bosques de Santa María, con un valor de 1, 300 millones de Lempiras, pretender ser desarrollado por la el Grupo MSP (Midence – Soto – Pierrefeu)
Alcalde incumple cabildo
El nueve de noviembre se cumplió el plazo, que el propio alcalde Nasry “Tito” Asfura estableció para la aprobación del cabildo abierto solicitado por las comunidades que conforman el Parque Nacional La Tigra, y piden sean consultadas sobre el proyecto habitacional Bosques de Santa María y el co-manejo del área protegida, la que genera un 30% de agua al Distrito Central.
“Por los medios de comunicación nos dimos cuenta lo que el alcalde hizo con las comunidades en El Hatillo, pero a nivel de Corporación no se ha tomado esa decisión, ni siquiera se ha tocado el tema”, dijo a Radio Progreso el regidor liberal, Osman Aguilar.
Agrega que, al consultar sobre el cabildo abierto para las comunidades de La Tigra, “lo único que se nos ha dicho es que, la Fiscalía secuestró los expedientes de este proyecto habitacional y que se está esperando el informe del Ministerio Público”.
A criterio de la diputada y también ex regidora, Doris Gutiérrez, el cabildo abierto no está relacionado con el informe de la Fiscalía. “De tal manera que el argumento que está utilizando la Alcaldía para cancelar ese cabildo abierto no es válido, porque una investigación del Ministerio Público va orientada a acciones penales directas en los juzgados”.
Privatización del agua
A través de la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, la alcaldía municipal del Distrito Central estaría privatizando el servicio de agua potable, han denunciado los integrantes de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra.
Según los testimonios de vecinos de la colonia Canaán en Tegucigalpa, la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo ha comenzado a realizar trabajos para cambiar la toma de agua potable en el sector, situación que se dio a conocer en una asamblea sectorial organizada por la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra.
Bryan Acosta, integrante de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra, señala que dicho proceso estaría encaminado a la tercerización de los servicios de agua potable en todo el Distrito Central, opción que está siendo analizada por las alcaldías de Valle de Ángeles y Santa Lucía.
“Son concesiones que está haciendo la Municipalidad, ya el SANAA –Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados- manifestó que Hidalgo e Hidalgo está administrando el subsistema de El Picacho, este es el inicio de la privatización”, manifiesta Bryan Acosta.
Cabe resaltar que a la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo el gobierno de Juan Orlando Hernández le otorgó un contrato de concesionamiento de 121 millones de dólares, para la construcción del corredor logístico entre Goascorán, la Villa de San Antonio –Comayagua-, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
De acuerdo a la diputada Doris Gutiérrez, quien se reunió con la directora de la Fiscalía del Ambiente, los resultados de la investigación estarían dejando requerimientos fiscales contra los funcionarios que otorgaron los permisos de construcción, puesto que se ha determinado que el proyecto Bosques de Santa María afecta los recursos hídricos y el área forestal del Parque Nacional La Tigra.
La diputada Doris Gutiérrez asegura que los resultados de la investigación sobre el proyecto Bosques de Santa María estarán listos para los primeros días de diciembre, por cuanto se espera que para esas fechas se presenten los requerimientos fiscales.
“Los requerimientos fiscales serían para aquellos funcionarios que dieron esos permisos sin seguir los procedimientos establecidos, si esos permisos afectan el área de amortiguamiento que es una zona protegida y el pulmón de la ciudad”, puntualizó Gutiérrez, al salir de la Fiscalía del Ambiente.
El proyecto habitacional Bosques de Santa María, con un valor de 1, 300 millones de Lempiras, pretender ser desarrollado por la el Grupo MSP (Midence – Soto – Pierrefeu)
Alcalde incumple cabildo
El nueve de noviembre se cumplió el plazo, que el propio alcalde Nasry “Tito” Asfura estableció para la aprobación del cabildo abierto solicitado por las comunidades que conforman el Parque Nacional La Tigra, y piden sean consultadas sobre el proyecto habitacional Bosques de Santa María y el co-manejo del área protegida, la que genera un 30% de agua al Distrito Central.
“Por los medios de comunicación nos dimos cuenta lo que el alcalde hizo con las comunidades en El Hatillo, pero a nivel de Corporación no se ha tomado esa decisión, ni siquiera se ha tocado el tema”, dijo a Radio Progreso el regidor liberal, Osman Aguilar.
Agrega que, al consultar sobre el cabildo abierto para las comunidades de La Tigra, “lo único que se nos ha dicho es que, la Fiscalía secuestró los expedientes de este proyecto habitacional y que se está esperando el informe del Ministerio Público”.
A criterio de la diputada y también ex regidora, Doris Gutiérrez, el cabildo abierto no está relacionado con el informe de la Fiscalía. “De tal manera que el argumento que está utilizando la Alcaldía para cancelar ese cabildo abierto no es válido, porque una investigación del Ministerio Público va orientada a acciones penales directas en los juzgados”.
Privatización del aguaA través de la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, la alcaldía municipal del Distrito Central estaría privatizando el servicio de agua potable, han denunciado los integrantes de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra.
Según los testimonios de vecinos de la colonia Canaán en Tegucigalpa, la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo ha comenzado a realizar trabajos para cambiar la toma de agua potable en el sector, situación que se dio a conocer en una asamblea sectorial organizada por la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra.
Bryan Acosta, integrante de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra, señala que dicho proceso estaría encaminado a la tercerización de los servicios de agua potable en todo el Distrito Central, opción que está siendo analizada por las alcaldías de Valle de Ángeles y Santa Lucía.
“Son concesiones que está haciendo la Municipalidad, ya el SANAA –Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados- manifestó que Hidalgo e Hidalgo está administrando el subsistema de El Picacho, este es el inicio de la privatización”, manifiesta Bryan Acosta.
Cabe resaltar que a la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo el gobierno de Juan Orlando Hernández le otorgó un contrato de concesionamiento de 121 millones de dólares, para la construcción del corredor logístico entre Goascorán, la Villa de San Antonio –Comayagua-, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Publicado el 5 Noviembre, 2019
El titular del Stenee señaló que: «Se debe nacionalizar las plantas de generación de energía eléctrica que tengan varios años de contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que ya sacaron su ganancia».
Respecto al anunció del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los nuevos créditos destinados para pagar la deuda histórica que ha hundido a la ENEE, Matamoros destacó: «Creo, eso no sería la solución, porque lo que se hace es alargar el plazo de pago. Además, es para calmar las aguas, pero se tiene que pagar ese nuevo préstamo».
Por otro lado, Matamoros destacó que los créditos del BID «no le traen ningún beneficio a la entidad eléctrica y al Estado». Aseguró que lo único que se está haciendo es extender el tiempo de pago. «Lo importante es pagarles y los contratos más viejos, que pasen a la ENEE», dijo.
El titular manifestó que Matamoros destacó que no se trata nada más de un pago, sino que el precio del kilovatio está afectando a los abonados. De tal forma, señaló que el enfoque debe ser que «todas las plantas energéticas privadas, pasen a ser propiedad de la ENEE».
El presidente del sindicato, explicó que existen contratos que hace muchos años ya están «repagados», por lo cual deberían ser propiedad del Estado. Agregó que cada contrato debe tener beneficios no solo para el que esté pagando, ya que al final sería para enriquecer a algunas personas.
