Publicado el 12 Noviembre, 2019
El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, a fin de financiar su campaña para quedarse ilegalmente por otro periodo al frente del Ejecutivo, se vio obligado a sustraer multimillonarias cantidades de dinero de las entidades públicas, así como los probados nexos con la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que terminó empobreciendo la debilitada economía de los hondureños.
En varias entregas, tanto Radio Globo como ConfidencialHN
En las líneas de investigación se detalla de cómo conspiraron funcionarios, empleados de segunda y tercera categoría, quienes contaron con el aval de Hernández, para apropiarse de fuertes sumas de dinero que, al final, terminaron ingresando a las arcas del Partido Nacional y ayudaron para ganar de manera controvertida las elecciones de 2013 y 2017.
Estimaciones independientes, de acuerdo a un documento que tuvo acceso este periódico, se hace constar que hubo un latrocinio de hasta cuatro mil 629 millones 508 mil 480 lempiras (sin incluir los aportados por el narcotráfico), en un total de 26 contratos de emergencia que fueron aprobados por el Consejo de Secretarios de Estado, por lo que también se convierten en cómplices del megasaqueo institucional.
Según hallazgos, los montos por los cuales fueron suscritos alrededor de 26 contratos de emergencia suelen ser de 200 millones de lempiras cada uno y cuyo operador fue el entonces secretario Jacobo Paz Bodden ya que contó con la venia de la alta cúpula del régimen para movilizar dinero a favor de la campaña presidencial que se realizó en 2017.
Entre los contratos suscritos por Paz Bodden se encuentran las series 322, 327, 330, 394, 395, 396, 421, 420, 419, 418, 411, 410, 409, 408, entre otros, suscritos entre el 12 de septiembre y el 13 de noviembre de 2017 y cuyos fondos procedían del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola (Firsa) que terminaron siendo pagados con cheques emitidos por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), según las publicaciones efectuadas en su momento por el diario oficial La Gaceta.
En concreto, en septiembre de 2017 se firmaron tres contratos por un total de 600 millones, mientras que en octubre se registraron otros cuatro por 800 millones, en noviembre se emitieron un total de 16 contratos de emergencia que ascendieron a los tres mil 091 millones 508 mil 480 lempiras, a unos 10 días de que se efectuaran las controvertidas votaciones en las que salió reelecto Hernández.
Asimismo, en mayo del año anterior sólo se dio un contrato por 46 millones y en agosto de 2018 hubo dos acuerdos firmados por un total de 92 millones de lempiras exactos, según investigaciones que ya tiene en su poder el Ministerio Público a través 152 folios y cuya investigación concluyó, de acuerdo a fuentes a las que pudo tener acceso ambos medios.
No obstante, el fiscal general Chinchilla no ha querido emitir los requerimientos fiscales porque la mayoría están dirigidos contra los operadores que ha tenido -y sigue teniendo Hernández- en el Ejecutivo.
En otras palabras, los fondos Firsa se convirtieron en una caja chica de la administración nacionalista, las que no tuvieron controles sobre cómo se ejecutarían los gastos, quiénes serían los beneficiados y el impacto que tendrían esas asistencias financieras para colaborar con el desarrollo de la agricultura y ganadería nacional, pues en los últimos años ha venido mermando su capacidad de producción de granos básicos.
Se suponía que esos fondos, aprobados en sesión del gabinete de gobierno y que están contemplados en los decretos de emergencia PCM 034-2017 y PCM 069-2016, deberían ser destinados a compras de emergencia para afrontar el fenómeno de El Niño en zonas de mayor calamidad social, pero que terminaron en otros asuntos que no están relacionados con temas de agricultura y ganadería.
A través de esos decretos, se pagaron consultorías de hasta 200 millones de lempiras a varias personas, entre ellas, a Jorge Alexander Núñez Guzmán para efectuar trabajos independientes, por lo que tal cantidad termina siendo hasta astronómica, en términos de que esta persona pudo recibir esa fortísima cantidad de recursos, según el acuerdo 322-2017, publicado el 12 de septiembre de 2017.
Entre las irregularidades que fueron detectadas se encuentran una misteriosa asignación de 400 millones de lempiras para la construcción de un embalse que serviría para irrigar apenas 20 manzanas de tierra en la comunidad paceña de Cane y que fueron suscritos entre Paz Bodden y Kelvin Ernesto Turcios Flores (de apenas 32 años) y Maximiliano Flores Aguilera, de acuerdo a los convenios 394 y 395, firmados el 23 de octubre de 2017.
En estos contratos primaron la sobrevaloración de los mismos, ya que se pagaron multimillonarias cantidades de dinero a personas en remotas comunidades por servicios que quizá nunca se realizaron o cuentan con graves deficiencias que serían sujetos de reparos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Un ejemplo de esa irregularidad es el acuerdo 421-2017 del 9 de febrero de 2018 ya que se destinaron 91 millones 508 mil 480 lempiras por el alquiler de un local ubicado en Lepaera, en Lempira, que fue acordado entre el exsecretario Paz y Dilia Argelia Pinto Pérez.
El pago de la enorme suma de dinero no coincide con el local que podría tener Pinto Pérez, la ciudad donde se encuentra emplazada y el propósito que debería tener esa edificación para el almacenamiento de insumos, instrumentos y aquellos que podrían ser utilizados para combatir los daños que provocó El Niño en su momento.
Ese patrón de entregar elevadas cantidades de dinero también se pudieron detectar en otras regiones como en los departamentos de Copán, El Paraíso, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz y Francisco Morazán, y los que no tienen una justificación del porqué se tuvieron que erogar las amplias sumas de dinero para obras que no pudieron haberse ejecutado.
En teoría, el fideicomiso Firsa debería servir para la reactivación del aparato agrícola, en la cual Hernández había decidido que las solicitudes de crédito de los pequeños productores se proporcionarían en menos de 24 horas y de paso reducir la lista de requisitos para optar a financiamiento.
En su momento, el jefe del programa que administra el fideicomiso, José Benítez, detalló que “se van a aprobar las solicitudes de crédito, para las personas que tengan proyectos de siembra de granos básicos”, y lo que se busca “es que los interesados llenen los requisitos, y tener respuestas al siguiente día”.
Al cierre de esta investigación, el Ministerio Público no ha emitido requerimientos contra los involucrados.
El ocupante del palacio José Cecilio del Valle ordenó desde junio anterior que las FFAA se dedicaran a la producción de granos básicos a través del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) por lo que les proporcionó alrededor de cuatro mil millones de lempiras para, según él, que el país vuelva a ser «el granero de Centroamérica».
Sin embargo, organizaciones como la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) se pronunciaron en contra de esa idea al afirmar que transferir semejante cantidad de dinero al brazo armado para la agricultura va en contra de las funciones del Poder Ejecutivo.
La CCIT pidió a las FFAA que se limiten al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas como lo dispone la Constitución. Esa postura hizo cambiar de opinión a Hernández, quien dijo posteriormente que el aparato castrense ya no administrará ese dinero, aunque creó una unidad denominada C10, la responsable del controvertido programa.
Insistió que los militares «no van a manejar recursos. Ellos están trabajando con un grupo de campesinos y es un proyecto en el que comenzamos a hacer un piloto, probablemente a finales de este año y principios del otro”.
137 concesiones mineras y de energía invaden territorios indígenas en Honduras
- Thirzia Galeas
- Investigaciones
- 06 Septiembre 2019
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de
energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios
indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado
uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes que demandan la instalación de forma inconsulta de proyectos extractivistas y la inexistencia de títulos de tierras ancestrales.
Para el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos, “siempre es [de] la misma manera”, es decir “el Congreso Nacional da una licencia una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades, luego las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta, y luego la comunidades se organizan, hace resistencias, pero después la empresa privada presenta las denuncias ante el Ministerio Público”, criminalizando a los defensores.
En el informe “Territorios En Riesgo II”,
presentado en abril de este año, el Foro Social de la Deuda Externa de
Honduras (FOSDEH) del que en operación las concesiones solicitadas y
otorgadas hasta el 2018, el área total destinada para la extracción
minera podría aumentar en un 400%, pasando de 75,125 hectáreas (ha) en
explotación actual a 375,165 ha potencialmente.
El
documento n el numeral uno sobre su introducción indica que las y los
defensores del ambiente y de los derechos humanos son atacados y
criminalizados por el Estado y por las fuerzas de seguridad privada. La
pobreza es más grave en las zonas rurales, cuyas poblaciones dependen de
las tierras agrícolas, de los bosques y de las fuentes de agua para su
subsistencia, donde la agricultura es el principal motor de los ingresos
y los empleos rurales, a pesar de sus bajos salarios.
¿La consulta previa?
El
Estado de Honduras ratificó el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1995, sin embargo, en el año
2016 presentó una propuesta de Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI) que trabajo en conjunto con Naciones Unidas, propuesta que fue
rechazada por algunos pueblos indígenas y afrohondureños.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta del anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), impulsado desde el gobierno.
“Territorios En Riesgo II” indica que la superposición con las tierras de los pueblos indígenas en particular puede indicar una violación de los derechos de los indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
También señala que “con frecuencia, los Estados de la región adoptan decisiones sin consultar, afectando a los referidos pueblos, lo que propicia conflictos sociales y agudiza la desconfianza hacia sus gobiernos”.
Sobre la consulta previa y en el marco del el Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Mirian Miranda, expuso “el gobierno a través de la Republica de Honduras dice que los pueblos indígenas no tenemos derecho a veto es a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes a tomar las decisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades pueden ejercer la autonomía y la resistencia”.
La
consulta previa en el marco de la propuesta de Ley de Consulta Previa
Libre e Informada introducida recientemente por el Poder Ejecutivo,
-añadió- “es únicamente para legalizar una institucionalidad corrupta y
además asesina porque son los responsables de todo lo que están haciendo
en nuestras comunidades por eso hemos dicho el Estado es el responsable
del asesinato de Berta Cáceres y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo.
“En
el caso de Honduras las empresas llegan directamente a las comunidades
son las que llevan en algunos lados comida y vienen y traen a la gente
para que peleen, se están peleando los que tienen trabajo y los que no
tienen trabajo y están usando los medios de comunicación para eso, cosas
que debe garantizar el Estado lo pone en manos de empresas corruptas
igual a ellos, y por eso es que nosotros tenemos que arreciar la lucha
tenemos que fortalecernos porque vienen cosas difíciles para este país”,
puntualizó.
Lencas y Tolupanes, los más afectados por concesiones mineras
En
Honduras hay 101 concesiones mineras con intersección con territorios
habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes.
De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como
«artesanal», «banco de préstamo» o «pequeña minería», indica el
documento.
Igualmente,
hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras
indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.
Es
decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y
suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento
del 575% de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.
En
cantidad de concesiones, el pueblo indígena lenca se ve más afectado,
tiene 34 concesiones en territorios designados lencas y otras 23 en
zonas multiétnicas, aledañas a tierras lencas.
Por su parte, María Felicita López, coordinadora de Género del Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras MILPAH, “uno de los principios de defender el territorio es porque nuestro derecho otra porque el territorio sin la tierra y sin el agua no tendríamos vida, son territorios ancestrales y por ello nos corresponde”.
María agregó “MILPAH busca es declarar a los municipios libres de proyectos extractivistas y que también la gente tome conciencia de los efectos que traen los proyectos porque estos entran con mentiras con regalías, que van a haber centros de salud mejorados, mejor acceso a carreteras, empleos para los pobladores, sabemos que es una mentira porque después de eso hay contaminación y enfermedades para las mujeres los niños y los jóvenes. Eso ya lo tenemos comprobado hemos pasado experiencias con otros lugares, otros departamentos de Honduras y fuera de Honduras, donde ya están los efectos de las mineras y de las hidroeléctricas y las eólicas. Como MILPAH estamos contra esos proyectos, no estamos en contra del desarrollo del municipio, sino contra las injusticias que se dan bajo el engaño y el saqueo de los territorios”.
El pueblo tolupán también se ve también afectado, ya que cuenta con menores extensiones de tierra, pero tiene 24 concesiones, de las cuales 16 son de mayor escala.
Por
otra parte, en el inciso 8.2. denominado Generación de energía
eléctrica, indica que hay 36 proyectos de generación de energía
eléctrica dentro de tierras indígenas y afrodescendientes, de las cuales
32 son proyectos hidroeléctricos, 2 son proyectos eólicos, 1 de biomasa
y 1 fotovoltaica.
En
resumen, la mayoría de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en
territorio lenca o multiétnicos aledaños al territorio lenca. El único
proyecto de biomasa es la planta AZUNOSA, ubicada en tierras del pueblo
tolupán. Y el único proyecto fotovoltaico, la planta Nacaome de la
empresa SOPOSA, se encuentra en el extremo sureste de las tierras del
pueblo lenca.
Mapa de tierras indígenas y proyectos de generación de energía eléctrica
Foto tomada de informe "Territorios en riesgo II"
También
refleja que de los proyectos hidroeléctricos en construcción,
aprobados, en proceso y en estudio, llegan a operar, se vería un aumento
en un 300% el número de proyectos en tierras indígenas.
Otro
de los conflictos que se avecinan en tierras indígenas son las
concesiones en el tema de Hidrocarburos en el territorio miskito, sobre
los Cayos Miskitos y territorio garífuna mar adentro de la Laguna de
Bacalar (Walumugu, en lengua garífuna).
Sin
embargo, en el marco de la 105 Asamblea de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), responsable del seguimiento al Convenio
169, el Estado hondureño señaló que se “socializó” el proyecto de
exploración de parte de la compañía internacional Shell, que adquirió a
British Gas (BG) como un proceso modelo de consulta libre, previa, e
informada.
El
documento señala también que “en la zona marítima de la Mosquitia, a
efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó
un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a
noviembre de 2013, donde se realizaron diez (10) asambleas de consulta
con los consejos territoriales de la Mosquitia”. Asimismo lo declara en
el informe la EITI 2018.
Comunidades costeras del pueblo miskito en Gracias a Dios, frente a la concesión para los hidrocarburos.
Foto tomada de informe "Territorios en riesgo II"
En
respuesta a su solicitud de información con registro SOL-SEDIS-62-2019
del 15 de junio del presente año y recibida a través del Sistema de
Información Electrónica de Honduras (SIELHO), Conexihon recibió
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) a través de
Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) que solamente
tres proyectos han formado parte de los acompañamientos de esta
institución en el marco de los procesos de consulta previa, ninguno de
ellos corresponde a la aprobación de la concesión por hidrocarburos.
Reunión del Comité de Administración del Contrato de Exploración Petrolera entre el Estado de Honduras
y la Empresa BG Group Shell/ Memoria Institucional de Mi Ambiente 2014-2017.
En
cambio, la OFRANEH, representando comunidades garífunas aledañas a la
concesión, denunció que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), hoy
Mi Ambiente, “envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de
agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a
la cual denominaron consulta.
Previamente, el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo público el
contrato con BG”, el cual fue aprobado en el congreso el 18 de junio
como Decreto 90-2013 y entró en vigor a partir de su publicación en el
Diario la Gaceta el 25 de junio de 2013. La OFRANEH además ha
manifestado graves preocupaciones por los posibles impactos ambientales y
sociales del proyecto.
Relacionado
con el conflicto político y de los territorios indígenas y
afrodescendientes, por la poca participación y transparencia. Las
organizaciones indígenas prevén que, a partir de la explotación, podrían
surgir otros conflictos relacionados con los nuevos migrantes a la zona
costera, por contaminación provocada por las actividades y por la
construcción de la infraestructura para el transporte de los derivados
de petróleo.
Dado
que en 2019 se cumplen seis años de la concesión para exploración (el
período máximo que permite la Ley de Hidrocarburos), se espera una
divulgación de los resultados de estas actividades. Dependiendo de
estos, las empresas AziPetrol/Caribx podrán especificar un espacio para
explotación (máximo de 50% de lo que se otorgó para la exploración), lo
cual generará debate y oposición.
Criminalización y violencia por la defensa de los territorios
El
1 de marzo de 2019, más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan
conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en
“estado de alerta” ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el
encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol,
en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera
que amenaza el suministro de agua en la región.
Los
más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos,
aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y
el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto
de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que
complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales
entregándoles territorios y recursos naturales.
La
Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras
(CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los
defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos
momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado
manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y
toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del
mandatario de la República y sus grupos de poder”.
Pobladores de 40 comunidades de Honduras en alerta ante crímenes y encarcelamiento de defensores de la tierra.
El 30 de julio, la Organización Internacional Global Witness presentó su informe ¿Enemigos del Estado? En el que destaca “por qué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas, arrestadas e intimidadas de forma rutinaria”.
“Es
una ironía brutalmente salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a
las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al
castigo, mientras que las y los activistas son calificados como
criminales. Es por eso que este año, Global Witness ha documentado por
primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para
criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a
las comunidades que representan. Al igual que con los asesinatos, las
personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas
judiciales de los países, junto con las instituciones y las
organizaciones que existen para protegerlas”, indicaron.
Honduras,
con un total de cuatro defensores del territorio asesinados en 2018,
ocupa el noveno lugar con cuatro homicidios contra defensores, en primer
lugar está Filipinas con treinta homicidios y el número total de
asesinatos en el año 2018 fue de 164 personas defensoras de la tierra y
el medio ambiente.
Global
Witness detalla que existen cinco etapas para criminalizar a los
defensores, la primera de ellas: Campañas de desprestigio, seguido de
cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y
criminalización masiva, además sugiere según los datos recopilados que
estos mismos patrones son ampliamente aplicables a todas las personas
defensoras de la tierra y del medio ambiente.
La
organización internacional “ha documentado sistemáticamente cómo los
pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra
las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Del mismo
modo, están siendo criminalizados por los gobiernos y las empresas con
las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus
intereses”.
Para, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que, si bien el proceso puede variar, la criminalización de las personas indígenas tiende a incluir, al menos, uno de los cinco elementos enlistados”.
En
el mismo informe la organización Global Witness evidenció que en el año
2017 fue atacado como parte de una campaña de desprestigio durante un
trabajo que realizó con defensores en Honduras.
Asesinatos, la máxima muestra de violencia
Según
los registros, en Honduras han sido asesinados más de 120
ambientalistas, entre ellos se encuentran los datos de los siguientes
que representan a los pueblos indígenas y afrohondureños de Honduras:
El
asesinato en el año 2015 de Berta Cáceres líder de COPINH, luchaba con
el pueblo lenca por el contrario proyectos que afectaban el pueblo
indígena al que representaba en toda Honduras especialmente en el
departamento de Intibucá. Hasta la fecha se encuentran detenidos los
actores materiales sin embargo su familia y compañeros de lucha exigen
la detención y juicio contra los autores intelectuales.
En
2016, el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) con el apoyo del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
denunció la escalada de terror, despojo de territorialidades y
persecución tras el asesinato de 20 defensores del territorio,
dirigentes del municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz.
En
los últimos seis años el Congreso Nacional concesionó a la actual
presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, conocida como la
“la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas,
sin consulta previa, para la construcción de hidroeléctricas y 10
concesiones mineras en ese departamento.
En
2015, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
denunció también Javier Vásquez Benítez, integrante del Movimiento
Indígena Independiente Lenca de la Paz - Honduras (MILPAH) en un
contexto de conflictividad social por la oposición de MILPAH y de otras
organizaciones a la concesión de proyectos hidroeléctricos en su
territorio por parte de las autoridades hondureñas. Vásquez era hijo de
Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de
Gualinga, en el municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, y
sobrino del Felipe Benítez, actual presidente de MILPAH.
A
esto se suma otro asesinato cometido contra Silvestre Manueles Gómez
fue encontrado desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera
de los departamentos de Intibucá y La Paz, todos asesinados el mismo
año en diferentes fechas.
La
indefensión ha golpeado duramente a defensores, periodistas y
operadores de justicia "amparados" en el Mecanismo Nacional de
Protección en Honduras. A inicios de 2019, el asesinato de dos indígenas
tolupanes por defender el bosque en la Comunidad de San Francisco
Locomapa, Yoro beneficiados de medidas de protección de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pudieron ser
implementadas por el Estado, pese a haber sido otorgadas hacía seis años
atrás.
Los
indígenas Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, integrantes del
Movimiento Amplio por la Dignidad fueron encontrados muertos, con varios
impactos bala en la Tribu de San Francisco de Locomapa.
En
el 2015, también se reportó el asesinato de cuatro indígenas Tolupanes
de la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Tres
años antes, el 25 de agosto de 2013, tres integrantes de con arma de
fuego, las víctimas fueron: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez
Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros
de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para
proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral
antimonio y la tala de madera en las tierras comunales, el asesinato
ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por
parte de la comunidad, testigos aseguran que los asesinatos fueron
cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de
mineros y poderosos empresarios de la región.
Por su parte, Ramón Matute, indígena tolupán de la tribu San Francisco Locomapa, expresó a Conexihon “Nosotros hemos venido denunciando las amenazas, el saqueo, las muertes que existen en la Tribu de San Francisco nosotros a partir del 2008 hemos visibilizado más las denuncia es donde todo mundo conoce de nuestra lucha de nuestro título ancestral, hemos tenido tanta discriminación por parte del Estado en este momento nos tiene peleando entre tribus porque el Estado eliminó nuestro título ancestral esta es la causa de que el Estado nos está matando a través de los empresarios por nuestra madera nos están asesinando, asesinaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano no existen ni ordenes de captura para los hechores materiales mucho menos para los intelectuales”.
En
junio del presente año Matute junto a otros compañeros Tolupanes fueron
acusados por el Estado de obstaculizar un plan de manejo y daños al
Estado de Honduras, Matute, finalizó “Como es posible que el Estado este
haciendo lo que está haciendo con la tribu Tolupán donde la
constitución nos ampara en el artículo 336 que el Estado debe de
protegernos y que es lo que está haciendo criminalizándonos solo por
defender el título ancestral”.
La apuesta por titulación de tierras ancestrales
En
el oriental departamento de Gracias a Dios, donde se ubica la
exuberante zona conocida como La Mosquitia hondureña, es habitada por
tres de los nueve pueblos indígenas, iniciaron una apuesta por la
titulación de tierras ancestrales, como parte de un nuevo proceso de
control territorial, frente a los procesos extractivistas, entre los que
cuentan la llegada de “terceros”, es decir personas extrañas a las
comunidades indígenas.
De acuerdo con Elsser Brown, representante del pueblo misquito y técnico de la organización Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), una organización tiene 34 años de existencia en la Mosquitia, “el proceso de conflicto que se tiene en la titulación de las tierras ancestrales casi no ha cambiado nada y eso es una debilidad un desafío una tarea pendiente”.
“Lamentablemente,
pese a que la titulación colectiva en los Consejos Territoriales fue un
proceso de participación activo, muy poca gente lo conoce. Me atrevo a
decir que un 15 o 20 por ciento de la población ha escuchado el
contenido del título. Si lo lee dice qué le transfiere el patrimonio a
las comunidades descritas en armonía con la legislación nacional, pero
que pero no te las doy completamente, es decir hay como cuatro candados
jurídicos que no permite transacciones sobre la tierra, es decir como
particular no soy dueño de ese terreno, le pertenece al Consejo
Territorial y entonces no puedo vender mi terreno no puedo embargar, ni
hipotecar, no puedo hacer nada sobre ese terreno, no puede ser garantía
de un préstamo. Aunque el propósito es asegurar que la generación futura
tenga tierra y que no vaya a caer a mano de gente ladina o alguna
empresa, en la práctica no hay saneamiento de las tierras en manos de
terceros”.
Para Jorge Hilton, líder del pueblo indígena Pech, en la casi olvidada zona de Las Marías, de este departamento, pese a las titulaciones colectivas “bastantes personas han entrado sin consultar a la comunidad, de repente llegó una familia e hicieron una cadena, porque llegó una persona y después trajo el hermano y a otros cinco sin consultar”.
“Ellos
entraron buscando tierras y nosotros como personas nativas nosotros
conservamos la reserva y el área verde. Desde que empezaron a entrar
subió la venta de terrenos, ellos mismos de la riqueza de los pech se
hacen ricos”, lamentó.
Otro de los pueblos indígenas ubicados en La Mosquitia hondureña son los Tawahkas, en representación de este habló con Conexihon, Morelys Salinas Agüero, procedente del municipio de Krausirpi, representante del consejo indígena Federación Indígena Tawaska de Honduras (FITH), dijo “vivimos en cuatro comunidades pertenecientes del pueblo, la ubicación estamos y geográficamente en el departamento de Olancho y de Gracias a Dios”.
Salinas
agregó “es un pueblo étnico y tenemos la parte de legalidad jurídico y
nosotros participamos como cualquier consejo territorial y la diferencia
es que todavía no estamos con la personería jurídica y que legalicen el
territorio”.
Salinas,
manifestó sobre el arribo de personas no allegadas a su pueblo indígena
“había una cultura qué puede ser cualquier persona tenía que
consultarlo con los ancianos, al alcalde auxiliar y a los patronatos ya
que nuestras comunidades hace muchos años no hay puestos policiales”.
“A
ellos se les dice de dónde son y qué andan haciendo y de qué
organización vienen. Bueno anteriormente sí consultaba la gente, pero
ahora no quieren respetar a las comunidades y cuando menos lo pensaste
está ubicado alguna familia y viene gente extraña pero no hay consulta
pero anteriormente”, agregó.
Relatoría en alerta por amenazas a pueblos indígenas
El
Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos, Michel Forst, visitó Honduras del 29 de abril al 12 de mayo de
2018. La visita tenía como principal objetivo evaluar la situación de
las personas defensoras de los derechos humanos en el país.
En el informe
realizado por dicha visita dice textualmente en el numeral 45 sobre los
defensores de los Pueblos Indígenas “las amenazas que enfrentan los
pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus
tierras y sus recursos naturales, a la lucha contra el racismo y la
discriminación, así como a la reivindicación de sus derechos económicos,
sociales y culturales y de acceso a la justicia. Los defensores y
defensoras indígenas de los pueblos lenca, maya, tolupán, garífuna,
nahua, pech tawahka y miskito se enfrentan a menudo a la muerte,
criminalización, estigmatización, acoso judicial y discriminación por su
lucha por los derechos de sus pueblos”.
Juicio contra David Castillo:
Estrategias de ablandamiento con paramilitares contra COPINH
Saturday, 12 October 2019 09:57 Written by Dina Meza Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:COPINH
“Hombres armados amenazan y golpean a compañeros de COPINH en el
marco de la Audiencia Preliminar contra David Castillo”, denunció el
Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, el
10 de octubre recién pasado. Dicha audiencia estaba programada para esa
fecha pero por segunda vez fue pospuesta, a petición de la parte
defensora del involucrado en el crimen contra Berta Cáceres.
Esta acción se suma a reiterados ataques contra defensores y
defensoras de Río Blanco a quienes mantienen bajo constante amenaza la
familia Madrid, señalada por el COPINH de ser uno de los brazos de la
empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, para imponer a cómo dé lugar
las operaciones de la hidroeléctrica en la zona, y además coincide con
el juicio contra Castillo que ya llevaba muchos meses sin avances.
Hombres actuaron en absoluta impunidad
En una alerta difundida por el COPINH relata que cuando miembros de esa organización se encontraban en las afueras del Juzgado Anti Extorsión, en el Barrio San Felipe, de Tegucigalpa, donde se desarrollaría la audiencia, varios hombres se bajaron de un vehículo blanco de manera amenazante hacia ellos.
“Los hombres se bajaron de un vehículo blanco con aspecto de ser un vehículo de seguridad privada y les amenazaron con pistolas y armas blancas y les robaron las mantas y cobijas”, destacó la alerta.
Agregó que la Policía Nacional se encontraba enfrente y a pesar de ver la acción violenta de los desconocidos, no hizo nada.
En relación a la suspensión de la Audiencia Preliminar, el COPINH emitió el siguiente comunicado donde denunció a la familia Atala Zablah, a quienes han señalado como partpicipes intelectuales en el crimen contra Cáceres, de enviar hombres armados a intimidarles.
Hombres actuaron en absoluta impunidad
En una alerta difundida por el COPINH relata que cuando miembros de esa organización se encontraban en las afueras del Juzgado Anti Extorsión, en el Barrio San Felipe, de Tegucigalpa, donde se desarrollaría la audiencia, varios hombres se bajaron de un vehículo blanco de manera amenazante hacia ellos.
“Los hombres se bajaron de un vehículo blanco con aspecto de ser un vehículo de seguridad privada y les amenazaron con pistolas y armas blancas y les robaron las mantas y cobijas”, destacó la alerta.
Agregó que la Policía Nacional se encontraba enfrente y a pesar de ver la acción violenta de los desconocidos, no hizo nada.
En relación a la suspensión de la Audiencia Preliminar, el COPINH emitió el siguiente comunicado donde denunció a la familia Atala Zablah, a quienes han señalado como partpicipes intelectuales en el crimen contra Cáceres, de enviar hombres armados a intimidarles.
Honduras. Boletín informativo: Causa Berta Cáceres
Por COPINHKAOS EN LA RED - Publicado en: 11 septiembre, 2019
La
militarización de los territorios, al resguardo de los intereses de un
sector económico tanto nacional como trasnacional, responde a una lógica
que sigue persiguiendo, criminalizando y judicializando a quienes
defienden las tierras que trabajan y protegen, desde hace siglos
10/09/2019 COPINH
1. Despojo, corrupción y crimen con nombre y apellido.
El pasado 4 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa el lanzamiento del informe Violencia, corrupción e impunidad en el sector privado,
en el cual se desarrolla un análisis de los patrones que culminaron en
el asesinato de Berta Cáceres. La presentación del informe estuvo a
cargo de Daniel Cerqueria, reconocido abogado de la Fundación para el
Debido Proceso, quien anteriormente se desempeñaba como abogado ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el evento también se
contó con la participación de Berta Zuniga Cáceres, Hija de Berta
Cáceres y coordinadora del COPINH.
El
informe devela la manera de operar de David Castillo, militar formado
en la academia West Point en los Estados Unidos de Norteamérica,
empleado de DESA, acusado de ser uno de los autores intelectuales del
asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. David Castillo es un
empleado servil al sistema y al servicio de la familia Atala Zablah.
Algunos de los principales hallazgos del informe:
- David Castillo desarrolló acciones como amenazas, hostigamiento, soborno, acciones violentas y la promoción del asesinato de Berta Cáceres. Estas acciones eran ejecutadas con el propósito de preservar los intereses de la empresa DESA y sus accionistas.
- David Castillo era el representante corporativo de PEMSA (Panamá), empresa que tiene supuestos vínculos con la empresa de Producción de Energía Solar y Renovable SA (PRODERSA) la cual fue fundada por la organización violenta del narcotráfico Los Cachiros.
- David Castillo mientras se desempeñó como empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), formó parte del equipo que viajó a Brasil para participar en lasnegociaciones con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, acusada internacionalmente por pagar sobornos para ejecutar proyectos en diferentes países de la región.
- David Castillo, mientras fue empleado público en la ENEE , se valió del conocimiento de las licitaciones, de contactos e influencias para desarrollar negocios privados de manera fraudulenta en perjuicio del estado de Honduras.
El
informe presentado por las organizaciones internaciones, además, va
acompañado de una solicitud ante las cortes de los Estados Unidos para
que se investigue el proceder de una cantidad millonaria de dólares, con
al cual se presume que David Castillo habría comprado una casa de lujo,
adquirida 8 meses despues del asesinato de nuestra compañera Berta
Cáceres.
2. LA COMPLICIDAD DE LOS PODERES
Han transcurrido 42 meses sin justicia, verdad y castigo para quienes quitaron la vida de la hermana compañera Berta Cáceres.
Recientemente
la corte de apelaciones ha revocado la decisión de la jueza para que el
COPINH sea parte del proceso en su condición de víctima del caso
“Fraude sobre el Gualcarque”, al igual que en el proceso por la autoría
material por el asesinato se desconoce la violencia sistemática a las
comunidades indígenas Lenca organizadas en le COPINH como consecuencia
de ésta y otras concesiones otorgadas ilícitamente.
Sumado
a lo anterior, los medios corporativos en complicidad con los sectores
de poder sostienen un cerco mediático que en conjunto con la defensa de
David Castillo y de DESA promueven una campaña de desvinculación de
Castillo con el crimen, intentando deslegitimar el proceso en su contra.
Las pruebas que vinculan a Castillo son claras y todo el entramado que
sostiene esta estructura corrupta y criminal que ordenó y pagó el crimen
de quien representa la lucha de los pueblos de Honduras y el mundo,
Berta Cáceres.
La continuación de la
audiencia preliminar del caso contra Castillo dará paso a la etapa de
enjuciamiento, aún con los esfuerzos de su defensa de desvincularlo del
crimen y a su vez ocultar la responsabilidad de la familia Atala Zablah.
Desde
el COPINH enviamos una voz de alerta, hacemos un llamado a la
solidaridad nacional e internacional. Un pueblo movilizado exigiendo
justicia, una comunidad internacional vigilante al debido proceso y una
familia que exige justicia verdadera y castigo a quienes ordenaron el
asesinato de la compañera Berta Cáceres.
3. Ley Berta Cáceres, una apuesta contra la militarización
Desde
el golpe de Estado del año 2009, Honduras vive un acelerado proceso de
militarización, el control institucional por integrantes de las fuerzas
armadas, la militarización de las calles y espacios públicos son parte
de las acciones desarrolladas por el régimen con el propósito de coartar
las libertades ciudadana.
Las
fuerzas armadas juegan un rol determinante en la defensa de los
proyectos extractivos, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Agua
Zarca, contra el cual Berta Cáceres en el COPINH realizó junto a las
comunidades indígenas Lencas, un proceso de resistencia pacífica, y a su
vez, David Castillo con formación militar en los Estados Unidos y quien
se desempeñaba como presidente de DESA, utiliza su red de contactos e
influencias para establecer control y protección a las instalaciones de
la empresa.
Por ello el COPINH
considera importante que en meses anteriores cuatro congresistas
demócratas reintrodujeron al Congreso de los Estados Unidos la “Ley
Berta Cáceres por lo Derechos Humanos en Honduras”, que busca cortar la
ayuda financiera a las Fuerzas Armadas y a la policía hondureña, en
tanto el gobierno no investigue varias denuncias sobre violaciones de
derechos humanos y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad.
La
ley encuentra una corresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos
que provee de recursos, capacidades y personal a un régimen que hoy
además de violador de los derechos humanos, tiene vínculos directos de
Juan Orlando y su círculo cercano con reconocidos narcotraficantes de
Honduras y cómo los mismos financiaron sus campañas políticas.
La
militarización de los territorios, al resguardo de los intereses de un
sector económico tanto nacional como trasnacional, responde a una lógica
que sigue persiguiendo, criminalizando y judicializando a quienes
defienden las tierras que trabajan y protegen, desde hace siglos, los
bienes comunes de la naturaleza, y son quienes seguirán en la lucha por
la defensa de sus derechos y por el respeto a la vida digna de las
comunidades.
EL FALSO DESARROLLO; EL DESPOJO, LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN TIENEN NOMBRE Y APELLIDO.
El día de ayer organizaciones internacionales de amplio
reconocimiento por su labor en defensa de derechos humanos con sede en
Estados Unidos y Bruselas, han presentado un dossier llamado “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”
donde se revela valiosa información acerca de la vinculación con
actividades criminales del presidente de DESA y único autor intelectual
procesado por el asesinato de nuestra compañera y hermana Berta
Cáceres.
El perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en múltiples ocasiones; la colusión entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para el “desarrollo”, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos fundamentales, así como, el despojo de la soberanía y bienes del pueblo hondureño.
David Castillo es un militar hondureño, entrenado en la academia militar estadounidense de West Point, ex funcionario público en la ENEE y personaje convertido en empresario vinculado en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá. La vinculación de Castillo en dichas empresa se destaca por sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerzas de seguridad del Estado, violaciones y discriminaciones a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, relaciones con empresas vinculadas al narcotráfico, acoso sexual, persecución y por supuesto el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres como autor intelectual y principal vínculo con los demás responsables.
David Castillo ha sido el principal socio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala en la construcción del proyecto de muerte Agua Zarca. Así como el principal contacto de los bancos FMO, FinnFund y BCIE.
El perfil de David Castillo no evidencia un hecho aislado, sino que desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras. La misma que hoy tiene una guerra abierta contra las organizaciones de base que defendemos los territorios, asesinando y criminalizando como en el caso de los compañeros y compañeras de Guapinol.
Es por esto que el COPINH exige:
Seguiremos disputando la verdad y la justicia.
Hoy con más fuerza exigimos ¡Justicia Para Berta, Justicia Para Honduras!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 4 días del mes de septiembre del año 2019.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
El perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en múltiples ocasiones; la colusión entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para el “desarrollo”, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos fundamentales, así como, el despojo de la soberanía y bienes del pueblo hondureño.
David Castillo es un militar hondureño, entrenado en la academia militar estadounidense de West Point, ex funcionario público en la ENEE y personaje convertido en empresario vinculado en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá. La vinculación de Castillo en dichas empresa se destaca por sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerzas de seguridad del Estado, violaciones y discriminaciones a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, relaciones con empresas vinculadas al narcotráfico, acoso sexual, persecución y por supuesto el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres como autor intelectual y principal vínculo con los demás responsables.
David Castillo ha sido el principal socio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala en la construcción del proyecto de muerte Agua Zarca. Así como el principal contacto de los bancos FMO, FinnFund y BCIE.
El perfil de David Castillo no evidencia un hecho aislado, sino que desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras. La misma que hoy tiene una guerra abierta contra las organizaciones de base que defendemos los territorios, asesinando y criminalizando como en el caso de los compañeros y compañeras de Guapinol.
Es por esto que el COPINH exige:
- A las autoridades Hondureñas y de los Estados Unidos la investigación y sanción de cada uno de los hechos anotados en este dossier.
- La suspensión y revisión minuciosa de todos los proyectos inconsultos otorgados desde el Golpe de Estado de 2009 por darse en un contexto de ilegalidad, corrupción y violencia.
- La cancelación inmediata de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque del pueblo Lenca.
- El enjuiciamiento de David Castillo sin demora alguna.
- La captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Seguiremos disputando la verdad y la justicia.
Hoy con más fuerza exigimos ¡Justicia Para Berta, Justicia Para Honduras!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 4 días del mes de septiembre del año 2019.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
CEJIL llama al Estado hondureño a reconocer inocencia de defensores criminalizados de Guapinol
30 de agosto 2019
San José, Costa Rica (Conexihon).-
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instó al
Estado hondureño para que reconozca la inocencia de ocho defensores de
los bienes comunes y la naturaleza de la comunidad de Guapinol, en el
departamento de Colón, presos hace cinco días.
De
igual forma, demando una investigación que esclarezca el crimen contra
Roberto Antonio Argueta, líder de la comunidad de Guapinol
criminalizado, quien fuera asesinado el pasado miércoles 28 de agosto.
A continuación, Conexihon reproduce íntegro del comunicado de CEJIL
San José, 29 de agosto de 2019.- El
28 de agosto, miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y
Públicos (CMDBCP) en Tocoa, Honduras, denunciaron el asesinato de Roberto Antonio Argueta Tejada. Posteriormente, fuerzas de seguridad del Estado hondureño han acosado a pobladores de la comunidad de Guapinol.
Argueta
era una de las 32 personas criminalizadas, en un contexto de violencia
sistemática y militarización de la zona debido a la imposición de un
proyecto minero en el Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, por parte
de la empresa Inversiones Los Pinares. El parque es un área protegida
que contiene zonas de recarga hídrica, de las cuales se benefician las
comunidades aledañas.
Desde
el 2018, quienes resisten a la imposición del proyecto han sido
víctimas de campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas que, con
el de Argueta, suma ya un saldo de siete asesinatos.
Criminalización y violencia
Desde
el 26 de agosto de 2019, siete defensores criminalizados por su labor
de defensa de derechos humanos y bienes naturales e integrantes del
CMDBCP, permanecen privados de libertad a la espera de que se desarrolle
la audiencia inicial, cuyo plazo vence el próximo domingo 01 de
setiembre. En el caso de uno de los siete defensores, Arnold Javier
Alemán, esta se ha convocado para el día de hoy 30 de agosto, en el
Cuartel Militar General Cabañas y ha sido asignado al Juez de
Jurisdicción Nacional Claudio Aguilar, quien también había conocido
casos como los de Edwin Espinal y Raúl Álvarez, criminalizados en el
marco de la crisis post electoral.
A
los siete defensores, Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin
Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin
Nahún Hernández y Daniel Márquez, se suman el defensor Jeremías Martínez
(quien está privado de libertad desde diciembre de 2018) y Antonio
Martínez (quien falleció tres años antes de los presuntos hechos). 9 de
los 32 requerimientos fiscales presentados contra los defensores son por
los delitos de “usurpación y daños”, “incendio”, “privación injusta de
la libertad”, “robo agravado” y “asociación ilícita”.
Anteriormente, en febrero del presente año se había procesado injustamente a 13 personas defensoras,
que permanecieron privadas de libertad hasta que se reconoció su
inocencia por parte de los Juzgados de Jurisdicción Nacional en
Tegucigalpa.
Lo
descrito se da como consecuencia directa del accionar del Estado de
Honduras que, por años, ha priorizado la instalación de proyectos
mineros, hidroeléctricos, de pesca submarina o extracción maderera sobre
el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y
la garantía de su vida e integridad. El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas,
tras su reciente visita a Honduras, señaló que “la escalada de
conflictos sociales muy a menudo está relacionada con la extracción y
explotación de los recursos naturales y proyectos de desarrollo a gran
escala, a menudo está vinculada a la falta de consultas significativas”.
Desde CEJIL instamos a las autoridades judiciales a actuar de manera diligente, reconociendo la inocencia de los defensores por las conductas que se les imputan. El Estado de Honduras debe cesar la criminalización de quienes ejercen una legítima defensa de los bienes naturales, la tierra y el territorio. Como indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Estado debe reconocer la importante labor de quienes defienden los derechos al medioambiente, así como promover la defensa de sus derechos, y evitar las prácticas de estigmatización y criminalización para limitar su labor.
Desde CEJIL instamos a las autoridades judiciales a actuar de manera diligente, reconociendo la inocencia de los defensores por las conductas que se les imputan. El Estado de Honduras debe cesar la criminalización de quienes ejercen una legítima defensa de los bienes naturales, la tierra y el territorio. Como indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Estado debe reconocer la importante labor de quienes defienden los derechos al medioambiente, así como promover la defensa de sus derechos, y evitar las prácticas de estigmatización y criminalización para limitar su labor.
Asimismo,
demandamos que se avance con la investigación, juzgamiento y sanción de
las personas responsables por el asesinato de Roberto Antonio Argueta
Tejada y los demás asesinatos, ataques y amenazas perpetradas en contra
de las comunidades. Estos hechos no deben quedar impunes.
Por
último, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha digna y legítima
por el derecho al agua y a la vida en Honduras y alzamos nuestra voz con
las y los defensores en Guapinol: “¡No son criminales, no son
delincuentes, son defensores del medio ambiente!”
Es inconstitucional que un juez militar conozca el caso de Guapinol, denuncia abogado defensor
- 30/08/2019
La Corte Suprema de Justicia de Honduras
turnó el caso del defensor del Río Guapinol Arnold Javier Alemán, al juez con jurisdicción nacional Claudio
Aguilar, reconocido por llevar casos de la Policía Militar del Orden Público en
el Cuartel General Cabañas en Tegucigalpa. Este juez únicamente conocerá el caso de Arnold Javier Alemán, quien aparece en los dos requerimientos fiscales. El primer requerimiento fue presentado en el juzgado de Tocoa y luego remitido a un juzgado con jurisdicción nacional por los delitos de Usurpación y Daños en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras.
En el segundo expediente aparece Arnold junto a los 7 defensores criminalizados que guardan prisión en Támara. Aquí se les imputa el delito de Asociación Ilícita, Privación Injusta de la Libertad, Robo e Incendio Agravado. Este caso podría conocerlo la juez con jurisdicción nacional Lizzeth Vallecillo o Víctor Méndez del juzgado en materia de extorsión en Tegucigalpa.
Para el abogado Omar Menjivar, integrante de la defensa legal de Guapinol, la asignación del caso de Arnold a este juzgado deja un claro mensaje de ascenso al proceso de criminalización contra los defensores del ambiente en Guapinol. “El Estado está dejando ir toda su furia de persecución contra las personas que están defendiendo el ambiente”, indica el abogado explicando que la criminalización de la protesta social se ha convertido en un patrón de conducta normal en Honduras, a pesar de ser inconstitucional.
A criterio del abogado, lo que no es común en
este caso es que, además de criminalizarlos lo hacen ante una jurisdicción especial
que fue creada para perseguir el crimen organizado. “Se está violentando el
debido proceso contra esta persona”, denuncia Menjivar. En el supuesto caso de
que hubieran cometido delitos el juzgado competente para conocer la causa es el
de Tocoa en el departamento de Colón. Asignar este caso al juez Claudio Aguilar es subir a un nivel más de criminalización porque se trata de alguien que tiene una línea de pensamiento y expresión de carácter militar. Este es un juzgado amparado bajo la Ley de la Policía Militar del Orden Publico, para perseguir casos que lleva esta institución armada del Estado, donde se busca equiparar las fuerzas del Estado con la fuerza armada de los grupos criminales como las maras, pandillas y narcotráfico.
El juez Claudio tiene su despacho en su en el batallón lo cual es una aberración en cualquier sistema democrático de derecho, denuncia el abogado defensor de Guapinol Omar Menjivar, “Evidentemente que este juez no puede llevar este caso, porque esta solo está defendiendo un río, pero pareciera que lo que se busca es enviar es un mensaje claro a toda la sociedad”, apuntó Menjivar.
El juez con jurisdicción nacional Claudio Aguilar tiene fama de enviar a cárceles de máxima seguridad a todos los acusados que recibe. El caso más reciente y sonado en el país es el de Edwin Espinal y Raúl Álvarez, presos políticos por protestar contra el fraude electoral de 2017, enviados a la Tolva por más de un año. Hoy están en libertad condicionada y su proceso de criminalización continúa. El Comité Municipal Ambiental de Tocoa, Colón hace un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos nacional e internacional para que pueden ver y escuchar lo que el Poder Judicial está haciendo contra las comunidades que se organizan en defensa de su río o montaña.
Caso Guapinol: justicia militarizada a favor de los grupos de poder
- 30/08/2019
Rodeados de militares, quienes constantemente intimidan y amenazan,
familiares y compañeros y compañeras de Arnold Alemán Soriano, se han
apostado en la entrada del Cuartel General Cabañas, ubicado en la aldea
El Ocotal del Distrito Central, para exigir verdad y justicia por el
defensor del Río Guapinol.Mantas que denuncian los daños que genera la industria minera y exigiendo justicia para el defensor del Río Guapinol, han provocado el “temor” de los miembros del ejército, hasta llegar al punto de enfilar a elementos antimotines de la Policía Militar y del Orden Público, armados con toletes, cascos y bombas de gas lacrimógeno.
“Si a la vida, no a la mina; Guapinol resiste, persiste y jamás desiste”, son los menajes que se leen frente a los militares fuertemente armados.
Arnold Alemán Soriano, defensor del agua y la vida, es acusado por la Fiscalía por el delito de usurpación y daños a la propiedad pública y privada de la empresa minera Inversiones Los Pinares.
La audiencia inicial contra el defensor del Río Guapinol está a cargo del Juez de Jurisdicción Nacional Claudio Daniel Aguilar Elvir, con antecedes de privar de libertad a los presos políticos Raúl Álvarez y Edwin Espinal en una cárcel de Máxima Seguridad.
Dicho proceso penal se lleva a cabo en el juzgado de jurisdicción nacional, ubicado en el Cuartel Militar General Cabañas, lo que representa una grave violación a los derechos humanos de Arnold Alemán, y conlleva la criminalización de la labor de defensa de los bienes comunes y naturales, denunció la Colación Contra la Impunidad y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Las autoridades judiciales y militares impidieron que la audiencia
contra Arnold Alemán cuente con la observación y acompañamiento de las
organizaciones procuradoras del respeto a los derechos humanos. El abogado Omar Menjivar, defensor de Arnold Alemán, explica que el sistema democrático establece que la justicia en materia penal debe de ser pública, es decir que la gente tenga acceso a los procesos para que los pueda presenciarl e incluso juzgar la labor de los órganos jurisdiccionales, por lo tanto se enfrentan a un proceso desnaturalizado que atenta contra las posibilidades de defensa.
La Coalición Contra la Impunidad y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, en una conferencia de prensa, recordaron a las autoridades judiciales que en este caso un juez de Jurisdicción Nacional declaró la inocencia de trece defensores del agua y la vida por la misma causa, “por lo que cualquier resolución distinta a la emitida en marzo del presente año estará al margen de la verdad y la justicia, con la clara decisión de responder a los intereses de la empresa Inversiones Los Pinares, evidenciando una vez más que la justicia está militarizada y al servicio de los grupos de poder”.
Texto/fotos: Sandra Rodríguez
Siguatepeque, Honduras. – Así como
estaba (mostrando su ropa de trabajo) me trajeron, ni los zapatos me
dejaron ponerme, expresó don Héctor Orlando Velásquez, a las
representantes legales del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), cuando lo visitaron en la celda
policial, este domingo 13 de octubre.
Velásquez fue capturado ayer a las 03:00
p.m. en su casa, por los supuestos delitos de usurpación y roturación
de terreno de vocación forestal en perjuicio del Estado de Honduras y
del supuesto dueño de la tierra Marco Antonio Valerio Barahona.
Y según información dada por la fiscal
de turno, a la 01:00 p.m. de hoy, será la audiencia de declaración de
imputado contra Velásquez, líder de la base campesina “11 de marzo”, que
mantiene un proceso de recuperación de tierras en la comunidad de El
Porvenir, municipio de Siguatepeque, en Comayagua, al centro del país.
Las abogadas Karol Cárdenas y Cinthia
Turcios, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH organización que
representa legalmente al grupo campesino, visitaron esta mañana en la
celda a Velásquez, donde permanece detenido sin acceso a un trato digno.
El campesino es parte del requerimiento
fiscal #108-2019 donde también se criminalizó a los campesinos Vicente
Castro, Juan Mejía Euceda y Santos Vásquez Carrillo, quienes estuvieron
en prisión preventiva por seis días desde el 13 y 14 de marzo, informó
Turcios.
La criminalización es por hechos como
arar la tierra, y esas son actividades propias de los y las campesinas,
detalló Cárdenas, en ocaciones previas para defender a los otros
criminalizados, que gozan de medidas sustitutivas a la prisión.
Texto/fotos: Sandra Rodríguez
Siguatepeque, Honduras.-
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(Cofadeh), logró esta tarde la liberación del líder campesino Héctor
Orlando Velásquez, de la empresa asociativa campesina “11 de Marzo”,
ubicada en El Porvenir, Siguatepeque, departamento de Comayagua.
El juez de letras de la sección de
Siguatepeque, Comayagua, Juan Pablo Urrutia, estableció audiencia
inicial para el 23 de octubre, imponiendo medidas sustitutivas a la
prisión con Velásquez.
La defensa legal de cuatro campesinos criminalizados en la “11 de
Marzo” representada por el COFADEH, también evacuará una audiencia de
premilinar en el mismo expediente, ese mismo día.Velásquez fue capturado ayer sábado 12 de octubre en su vivienda, mientras revisaba su vehículo, de inmediato se informó al Comité. Las abogadas Karol Cárdenas y Cinthia Turcios, del Área de Acceso a la Justicia del Cofadeh, se apersonaron a las 9:00 a.m. de este domingo en el juzgado de Siguatepeque, pero la audiencia fue pasadas las dos de la tarde.
Cerca de las cuatro la tarde, Héctor
Velásquez se reencontró con su familia y compañeros por la defensa de la
tierra y el territorio, quienes agradecieron a la coordinadora general
del Cofadeh, Berta Oliva, y las abogadas, por el acompañamiento
permanente.
El odio estatal criminaliza a los campesinos
Para Héctor Velásquez, la represión contra los campesinos es la reacción del odio que el régimen tiene contra ellos y ellas, que los trata como si no fueran humanos.
Agregó que este régimen debe cambiar “necesitamos una refundación total del país”, una vida mejor, pero no como la que ofrece el ilegal presidente Juan Hernández, sino donde se pueda vivir, cosechar y no tener miedo.
Agradezco a las abogadas del COFADEH que luchan por la defensa de los que no tenemos voz, a doña Berta Oliva (coordinadora general), sé que la posteridad la va a reconocer por todo lo que hace, ella está pendiente de nosotros. Héctor Orlando Velásquez
Denunció además, que la corrupción hace que autoridades estareles se prestan a que las tierras ejidales, como la de El Porvenir, aparezcan con dueños privados. Sin embargo, la población que tiene décadas viviendo allí, la van a defender.
Y esta defensa hizo que a don Héctor lo enchacharan, lo llevaran sucio (ropa de trabajo) y estuviera en una celda policial entre sábado y domingo “como si fuera delincuente”, denunció.
Entre la medidas sustitutivas a la prisión, Velásquez debe ir a firmar al juzgado, no salir del país, no acercarse al supuesto dueño de la tierra, ni acercarse al terreno en litigio, expresó la abogada Karol Cárdenas.
Tegucigalpa, Honduras.- Amenazas, vigilancia, criminalización y disparos al aire libre, han denunciado defensores de la tierra de las comunidades de Playa Blanca y Puerto Sierra, en la península de Zacate Grande, Amapala, departamento de Valle, zona sur del país.
El conflicto legal por un predio que la comunidad utiliza desde siempre como camino de paso y zona de carga y descarga, se inició en Semana Santa del 2015, cuando un grupo de vecinos se organizaron para utilizarlo como parque en esas vacaciones.
El supuesto dueño de la tierra, Jorge Luís Cassis ha denunciado a varios campesinos e integrantes de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), y de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), por los supuestos delitos de daños, amenazas y usurpación.
El caso más reciente llevó a una noche de encarcelamiento a María Hernández, madre de un niño de 10 años, quien forma parte de la junta directiva de ADEPZA, y es la compañera de hogar de Santos Hernández, requerido por seis ocasiones y privado de libertad junto a Abel Pérez (actual presidente de ADEPZA y miembro de la REDEHSUR) en el 2016.
Según denuncias de las mismas víctimas, el pasado fin de semana llegó el terrateniente con sus empleados y levantaron un muro de piedras en la entrada del plantel, pero este fue derrumbado por los vecinos que se oponen a quedar incomunicados y encerrados, en una de las playas del mar pacífico, que poco a poco está siendo privatizado. Ahora hay un cerco de alambre de púas colocado por empelados de Cassis.
Al líder campesino e integrante de ADEPZA, Pedro Canales, le preocupa la situación de los compañeros y compañeras en esas comunidades, porque no se sabe quiénes son los sujetos que merodean por la noche y disparan armas de fuego.
Así mismo, la REDEHSUR, emitió una alerta pública este viernes 18 de octubre, ante la situación crítica que están viviendo los pobladores de los caseríos Puerto Sierra y Playa Blanca que están unidad geográficamente, y Cassis reclama como suyas las tierras.
Según el relato de la red, formada y acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se está viviendo momentos de terror impuestos –supuestamente- por el terrateniente y sus empleados.
El temor de los defensores y defensoras de la tierra y territorio es que se avecine un enfrentamiento desmedido y sangriento que atente contra la vida humana. Ya en la región peninsular, más de 60 personas han sido criminalizadas en la última década, y en días pasados se ha recrudecido la cacería judicial.
Canales insiste en que la denominada “Hora del Sur” como la llama el usurpador del poder Juan Orlando Hernández, es solo “la muerte del sur”, una zona rica en minerales, tierras, ríos, playas y su gente trabajadora, sin embargo desde las autoridades correspondientes el único interés es vender la patria, instalando allí, la primera “ciudad modelo” denominada Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), provocando desplazamiento forzado y acaparamiento de tierras, como ha sucedido con pobladores de algunas playas de Zacate Grande.
Es así, que se hace un llamado a organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que medien en favor de los y las campesinas que luchan por la tierra y playas libres de terratenientes, como es la región de Puerto Grande, donde se encuentra a la cabina de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, que ha costado al menos 32 requerimientos fiscales, estando aun desde 2011, tres defensores criminalizados y perseguidos, ellos son Pedro Canales, Danilo Osorio y Wilmer Rivera, este último fue retenido hace unos días, hasta que el COFADEH abogó por su libertad en la ciudad de Nacaome, Valle, enviando copia de su carta de libertad.
Alerta: Defensores de Zacate Grande denuncian nueva persecución judicial
Por defensores -
10 octubre, 2019
Nacaome, Valle.-
Agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), retuvieron
este jueves 10 de octubre a Wilmer Donacio Rivera Cabrera, cuando iba a
solicitar su registro se antecedentes policiales, supuestamente por una
orden de captura vigente, desde hace diez años.
Rivera es un criminalizado por la
defensa de la tierra, playa y la radio comunitaria “La Voz de Zacate
Grande”, ola de persecución que se inició en el año 2010; En su mayoría,
obtuvieron cartas de libertad provisional o definitivas debido a una
resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia.
Según las autoridades del municipio de
Valle, al sur de Honduras, el defensor de Zacate Grande, tiene orden de
captura supuestamente por el delito de desobediencia en perjuicio de la
administración pública y permaneció en dichas instalaciones mientras se
investigó sus antecedentes penales, según información obtenida por
procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Según denuncias de otros defensores de
derechos humanos miembros de la Asociación por el Desarrollo de la
Península de Zacate Grande (ADEPZA), se teme que existan otras órdenes
de captura contra al menos cuatro personas más, por el delito de
usurpación de tierras en perjuicios de terratenientes que aparecen con
títulos de propiedad de predios habitados por el pueblo desde hace dos
siglos.
Al estar en libertad, y mediante llamada
telefónica con el COFADEH, Wilmer Rivera confirmó que existen varias
órdenes de captura en perjuicio de sus compañeros, sin embargo ya tienen
carta de libertad por el delito que se les imputa.
De ser capturados los otros defensores
criminalizados desde casi una década, sería por error del sistema
judicial, quien no ha emitido la contraorden a la orden de captura,
misma que se debió de emitir desde el momento en que fueron puestos a la
disposición del Juzgado de Letras en la Isla El Tigre, municipio de
Amapala, explicó la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la
Justicia del COFADEH.
Trujillo, Colón.- Dolor, rabia, impotencia y ganas de hacer justicia, sintieron las viudas y sobrevivientes de la masacre de El Tumbador el 15 de noviembre del 2010, al ir al sitio y reconocer los lugares donde inició todo el calvario y sufrimiento para los campesinos y sus familias, ya que cinco de ellos fueron cruelmente asesinados y varios heridos, así como las mujeres víctimas de hostigamiento y maltrato.
Las cinco mujeres que quedaron viudas, aunque conocen bien la finca El Tumbador, desde hace nueve años no volvieron, hasta la semana pasada, acompañadas por un equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y por los campesinos testigos de los hechos, quienes les iban narrando en el trascurso del camino que rodea las más de 700 hectáreas, ubicada en la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo departamento de Colón, el lugar exacto donde las víctimas fueron emboscadas y donde murió cada una de ellas.
Los hijos menores de Teodoro Acosta visitando por primera vez la finca El Tumbador, lugar donde fue asesinado su padre
Por su parte, las cuatro mujeres que fueron víctimas insultos y
amenazadas a punta de pistola, expresaron estar con sentimientos
encontrados porque desde ese día donde la sangre corrió en las familias
campesinas de la comunidad de Guadalupe Carney, no volvieron hasta ahora
que han acompañado a la delegación del Cofadeh.
Lilian Elizabeth Urrea, el día que ocurrieron los hechos llegó a las 6 de la mañana al lugar, cerca de la finca El Tumbador, en el transcurso del camino que es largo, expresó que ella junto a otras compañeras descansaron un rato antes de empezar su labor diaria, pero al comenzar el tiroteo y ver el movimiento de los militares y guardias de seguridad, ellas tomaron la decisión de esconderse arriba de un cerro.
Señalando el lugar dijo “allí estuvimos hasta que pasó el tiroteo y después de un tiempo nos bajamos, pero nos encontraron, nos llevaron a otro lugar, nos estuvieron haciendo preguntas y nos rodearon; a mí me decían que cuantos campesinos andaban y quien era el dirigente, si andaban armas, me preguntaron que andaba haciendo yo y les dije que yo andaba trabajando, que no andaba con ellos. Me amenazaban con una pistola y me pegaban en la cara, después que nos retuvieron en el lugar, cerca de la entrada a la finca, nos llevaron a una caseta que hay y nos tuvieron como media hora y después nos dejaron con la amenaza de que no dijéramos nada”.
Al regresar al lugar donde vivió horas de terror, Lilian dijo que “yo me siento triste porque perdimos a esos cinco compañeros, y la lucha sigue y hasta la vez no se ha logrado nada, solo las amenazas de siempre y nosotros queremos que la muerte de estos compañeros campesinos no quede impune, que se pueda lograr justicia para las viudas y para nosotros, ya que no ha sido fácil para las compañeras mujeres perder sus esposos en esta lucha, que es un derecho que nos pertenece al Movimiento Campesino del Aguan(MCA) y los terratenientes no las quiere solta, y la lucha sigue y queremos que se haga justicia.
Por su parte María Delfina López, la esposa de Ignacio Reyes, una de las cinco víctimas de la barbarie, por primera vez, en nueve años, le mostraron el sitio donde fue asesinado y dijo con la mirada fija en una mata de palma donde le asesinaron a su esposo por la espalda, que “estoy viendo ahora el lugar donde mataron a mi esposo, siento tristeza, pero al mismo tiempo siento coraje porque quisiera saber quién lo mató para hacer justicia”.
Lilian Elizabeth Urrea, el día que ocurrieron los hechos llegó a las 6 de la mañana al lugar, cerca de la finca El Tumbador, en el transcurso del camino que es largo, expresó que ella junto a otras compañeras descansaron un rato antes de empezar su labor diaria, pero al comenzar el tiroteo y ver el movimiento de los militares y guardias de seguridad, ellas tomaron la decisión de esconderse arriba de un cerro.
Señalando el lugar dijo “allí estuvimos hasta que pasó el tiroteo y después de un tiempo nos bajamos, pero nos encontraron, nos llevaron a otro lugar, nos estuvieron haciendo preguntas y nos rodearon; a mí me decían que cuantos campesinos andaban y quien era el dirigente, si andaban armas, me preguntaron que andaba haciendo yo y les dije que yo andaba trabajando, que no andaba con ellos. Me amenazaban con una pistola y me pegaban en la cara, después que nos retuvieron en el lugar, cerca de la entrada a la finca, nos llevaron a una caseta que hay y nos tuvieron como media hora y después nos dejaron con la amenaza de que no dijéramos nada”.
Al regresar al lugar donde vivió horas de terror, Lilian dijo que “yo me siento triste porque perdimos a esos cinco compañeros, y la lucha sigue y hasta la vez no se ha logrado nada, solo las amenazas de siempre y nosotros queremos que la muerte de estos compañeros campesinos no quede impune, que se pueda lograr justicia para las viudas y para nosotros, ya que no ha sido fácil para las compañeras mujeres perder sus esposos en esta lucha, que es un derecho que nos pertenece al Movimiento Campesino del Aguan(MCA) y los terratenientes no las quiere solta, y la lucha sigue y queremos que se haga justicia.
Por su parte María Delfina López, la esposa de Ignacio Reyes, una de las cinco víctimas de la barbarie, por primera vez, en nueve años, le mostraron el sitio donde fue asesinado y dijo con la mirada fija en una mata de palma donde le asesinaron a su esposo por la espalda, que “estoy viendo ahora el lugar donde mataron a mi esposo, siento tristeza, pero al mismo tiempo siento coraje porque quisiera saber quién lo mató para hacer justicia”.
Una de las viudas mostrando por primera vez a su nieta donde asesinaron a su abuelo
Con lágrimas en los ojos añadió “dicen que a él lo asesinaron los que
lo encontraron, que venían del batallón y él se quiso correr para
salvar su vida y le dispararon por la espalda, aquí participaron de la
Fuerza Naval, del Batallón de Rio Claro y policías también, y cuando él
ya estaba sin vida le pusieron una AK (arma de fuego) en el brazo para
decir que el andaba armado, pero no, él solo andaba la bolsa de la
comida, el agua y el machete que utilizaba para trabajar”.
Doña Delfina dijo que nunca pensó que esa mañana cuando se despidió de él era la última vez que lo vería, “a él lo vi por última vez a las tres de la mañana que me fue a dejar al bus porque iba para La Ceiba, para hacer una diligencia cuando me llaman para decirme lo que estaba pasando y que había un muerto, solo me decían que era otra persona, cuando me dicen a mí que uno de los asesinados era mi esposo solo lloré y lloré”.
Otra de las personas que resultó herida en el ataque y que las secuelas aún las tiene plasmadas es Francisco Ramírez, dijo a defensoresenlinea.com que “regrese porque la tierra nos pertenece y cae dentro de las 5,700 hectáreas que le pertenecen al Movimiento Campesino del Aguan (MCA). Nosotros hemos seguido luchando por la tierra porque nos pertenece, pero nosotros respetamos siempre una área que es del señor Miguel Facussé y hemos hablado con los mayordomos de él y le hemos dicho que le respetamos esa parte, pero por la tierra que nos corresponde vamos a luchar por ella”.
Hoy nos sentimos triste al acompañar las mujeres que sobrevivieron porque yo lo viví también, y son compañeros que hoy nos hacen falta, es algo triste para mi por los recuerdos y lo que significa aquí, no solo para mi si no para las familias de las víctimas mortales, añadió.
La Finca El Tumbador está ubicada en la comunidad de Guadalupe Carney en Trujillo, Colón, que abarca 700.24 hectáreas pertenecientes al Movimiento Campesino del Aguan, que surgió a causa de la pobreza, porque después del huracán El Mitch, donde muchas personas perdieron todo, decidieron migrar, estableciéndose en dicha comunidad.
Según Francisco Ramírez, personas que investigando llegaron a las tierras el antiguo CREM (Centro Regional de Adiestramiento Militar) fue la primera tierra recuperada en la comunidad y al final no permanecieron en el lugar porque detectaron allí que había mucha suciedad que afectaba a los niños, ya que había mucho salpullido. Dichas tierras eran de un señor que se llamaba Temístocles Ramírez y el Estado se las pagó para Reforma Agraria y se formaron los grupos, apoyados por tres organizaciones que son Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Asociación Nacional Campesina (ACAN) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Finalmente informó que son 45 empresas las que conforman el MCA.
Doña Delfina dijo que nunca pensó que esa mañana cuando se despidió de él era la última vez que lo vería, “a él lo vi por última vez a las tres de la mañana que me fue a dejar al bus porque iba para La Ceiba, para hacer una diligencia cuando me llaman para decirme lo que estaba pasando y que había un muerto, solo me decían que era otra persona, cuando me dicen a mí que uno de los asesinados era mi esposo solo lloré y lloré”.
Otra de las personas que resultó herida en el ataque y que las secuelas aún las tiene plasmadas es Francisco Ramírez, dijo a defensoresenlinea.com que “regrese porque la tierra nos pertenece y cae dentro de las 5,700 hectáreas que le pertenecen al Movimiento Campesino del Aguan (MCA). Nosotros hemos seguido luchando por la tierra porque nos pertenece, pero nosotros respetamos siempre una área que es del señor Miguel Facussé y hemos hablado con los mayordomos de él y le hemos dicho que le respetamos esa parte, pero por la tierra que nos corresponde vamos a luchar por ella”.
Hoy nos sentimos triste al acompañar las mujeres que sobrevivieron porque yo lo viví también, y son compañeros que hoy nos hacen falta, es algo triste para mi por los recuerdos y lo que significa aquí, no solo para mi si no para las familias de las víctimas mortales, añadió.
La Finca El Tumbador está ubicada en la comunidad de Guadalupe Carney en Trujillo, Colón, que abarca 700.24 hectáreas pertenecientes al Movimiento Campesino del Aguan, que surgió a causa de la pobreza, porque después del huracán El Mitch, donde muchas personas perdieron todo, decidieron migrar, estableciéndose en dicha comunidad.
Según Francisco Ramírez, personas que investigando llegaron a las tierras el antiguo CREM (Centro Regional de Adiestramiento Militar) fue la primera tierra recuperada en la comunidad y al final no permanecieron en el lugar porque detectaron allí que había mucha suciedad que afectaba a los niños, ya que había mucho salpullido. Dichas tierras eran de un señor que se llamaba Temístocles Ramírez y el Estado se las pagó para Reforma Agraria y se formaron los grupos, apoyados por tres organizaciones que son Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Asociación Nacional Campesina (ACAN) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Finalmente informó que son 45 empresas las que conforman el MCA.
