Allanamiento de Radio Globo revive el golpe de Estado del 2009
Tegucigalpa, Honduras. –
Se interrumpió la programación habitual de Radio Globo, cuando fuertes
golpes en la puerta de entrada a la cabina de transmisión, anunciaban la captura judicial contra el periodista David Romero Ellner, este jueves 28 de marzo.
Al
instante era de conocimiento público la presencia de elementos de la
Dirección Policial de Investigación (DPI), Policía Militar y la Tropa de
Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), que
allanaron el segundo nivel del edificio Villatoro, donde está Radio
Globo, en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
Puerta principal abierta a la fuerza por el contingente TIGRES
Con una
hachas destruyeron llavines, puertas y equipo de comunicación, mientras
un juez ejecutor y un policía entraban a la cabina radial sin importar
que los periodistas Gustavo Blanco y David Romero mantenían una
transmisión en directo, sobre la entrega de documentos para que la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH),
las tome en consideración.
“En
estos momentos han roto los portones, en estos momentos directamente
vienen a capturarnos los antimotines…”, expresó David Romero Ellner. “Yo
estoy con vos… aquí quédate David” le dijo su colega Gustavo mientras
lo abrazaba. Un señor vestido de traje le dijo “yo soy el juez
ejecutor, yo sólo cumplo una orden, esta es la orden de allanamiento… le
pido que por favor proceda…”, seguidamente otro vestido de policía
TIGRE, levantando las manos le expresó “no traigo armas, venimos hacer
esto con todo respeto, con todo el orden posible, me desarmo y quiero
que se ponga a orden de la autoridad y sigamos el curso normal…”.
Romero,
según narración del canal HCH, salió “abrazado” por el jefe del
escuadrón TIGRES, subcomisionado de policía, Javier Díaz. Iba rodeado de
un sinnúmero de antimotines que apuntaban con sus armas al personal que
labora en la radio.
Mientras
afuera se aglutinaba la gente para repudiar la captura del periodista,
sobre quien pesa una pena confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), correspondiente a diez años de prisión, por
delitos de calumnia.
Al menos
un centenar de policías quitaban las vallas metálicas que, desde el
lunes cerraban el paso vehicular frente a la radio, para luego lanzar
gases lacrimógenos contra los y las manifestantes que se movilizaron al
lugar. Y esto hizo que los ánimos aumentarán, repudiando las acciones
del sistema judicial hondureño.
Otro
grupo de pobladores junto a periodistas lograron subir a la oficina de
la radio, allí Gustavo Blanco explicaba como había sucedido la captura,
incluso que el juez le dijo a David “somos amigos”.
Este
momento de allanamiento trajo los recuerdos del golpe de Estado del
2009, cuando fuerzas de seguridad pública irrumpieron en la radio, que
era una emisora abanderada de la oposición.
Alejandro Villatoro, observando esn silencio la manifestación en la calle.
El dueño
del edificio y Radio Globo, Alejandro Villatoro, miraba en silencio los
daños físicos ocasionados y la protesta social, pero también lamentó lo
sucedido con Romero. Mientras otro de los colaboradores con pesar,
asombro, terror y molestia expresaron que les había recordado lo del
golpe de Estado.
En ese
edificio funciona una dependencia del estatal Registro Nacional de las
Personas (RNP), sus empleados también fueron atrincherados por el
escuadrón TIGRES, y afirmaron que este mediodía les hizo revivir las
violaciones ejecutadas en el 2009.
Horas
después, se conoció que el periodista David Romero Ellner, fue
trasladado al II Batallón de Infantería, en Támara, a 22 kilómetros de
Tegucigalpa, dónde podría purgar la pena de 10 años por delitos contra
el honor.
La radio
no paró la transmisión, pero la cabina quedó vacía. La emisora por sí
misma fue noticia, al ser violentada por hombres armados, aunque uno de
ellos dijo no tener armas.
Excesiva violencia en captura de David Romero es propio de dictaduras: Departamento de Periodismo UNAH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-“Condenamos la captura con excesiva violencia del periodista David Romero, incompatible con un Estado de Derecho y propio de dictaduras irrespetuosas de la libertad de expresión y de los derechos humanos”.
En esos términos se pronunció el cuerpo docente del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante la captura ayer jueves del periodista David Romero Ellenr y el allanamiento de Radio Globo.
El comunicador social fue capturado por elementos de la Policía Tigres, unidad élite de la Policía Nacional, que mediante un uso excesivo de la fuerza procedió a allanar Radio Globo, pese a que este medio de comunicación tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tegucigalpa.-“Condenamos la captura con excesiva violencia del periodista David Romero, incompatible con un Estado de Derecho y propio de dictaduras irrespetuosas de la libertad de expresión y de los derechos humanos”.
En esos términos se pronunció el cuerpo docente del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante la captura ayer jueves del periodista David Romero Ellenr y el allanamiento de Radio Globo.
El comunicador social fue capturado por elementos de la Policía Tigres, unidad élite de la Policía Nacional, que mediante un uso excesivo de la fuerza procedió a allanar Radio Globo, pese a que este medio de comunicación tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Noticia Relacionada: Autoritarismo gubernamental azota libertades públicas en Honduras: C-Libre
A
la derecha, junto a Edy Tábora, director de C-Libre, el jefe del
Departamento de Periodismo de la UNAH, Noé Leiva, condena el violento
allanamiento de Radio Globo y captura del periodista David Romero
Ellner.
HONDURAS y la CONDENA de diez años a un PERIODISTA que
denunció la corrupción
En medio de un operativo y un allanamiento a la
emisora Radio Globo a cargo de la Tropa de Inteligencia y Grupos de
Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), el periodista David Romero
Ellner fue capturado para cumplir una condenada de 10 años de prisión.
“Están rompiendo las puertas para venir a capturarnos, estamos aquí en Radio Globo, han roto los portones”, relataba Romero Ellner durante una transmisión radial antes de ser capturado por un agente de la Policía TIGRES, quien le arrestó sin armas y esposas para luego ser traslado a un batallón de las Fuerzas Armadas donde cumplirá su pena por la comisión del delito de injurias contra la ex fiscal Sonia Gálvez.
El periodista Romero Ellner denunció una serie de actos de corrupción de funcionarios públicos, relacionados con desfalcos a instituciones estatales, profirió acusaciones directas contra el abogado Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a los análisis del director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora, el proceso contra el periodista David Romero Ellner ha sido utilizado por el poder político y económico del país para amenazar o enviar un mensaje a las voces críticas del país.
“Recordemos que primero fue el cierre de Radio Globo por un tema administrativo sin justificaciones, pero luego hemos visto que un comunicado de Casa Presidencial antes de que se resolviera lo que decía la Comisión Interamericana, y antes de autorizar el allanamiento, es totalmente injerencista para el poder judicial, ya decía lo que iba a resolver, entonces para nosotros el caso se convierte de interés público por las injerencias”, indica Tábora.
Tábora además manifiesta que en el caso de Romero Ellner y la ex fiscal Sonia Gálvez, el Estado hondureño no garantizó el derecho al honor de la víctima.
Por otra parte, expresa la preocupación que genera el no cumplimiento del Estado de Honduras de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a las obligatoriedades adquiridas en convenios internacionales.
Antes de la captura de Romero Ellner, la CIDH solicitó al Estado de Honduras otorgar medidas cautelares al comunicador y suspender la orden de captura, mientras se emitía una resolución en el caso del periodista.
En un comunicado, el Comité por la Libre Expresión indicó que “la pena de diez años y ocho meses a la que fue condenado el comunicador es excesiva, arbitraria e innecesaria para resarcir el daño ocasionado a la víctima”.
Para el sacerdote jesuita y director de Radio Progreso-ERIC, Ismael Moreno, la captura y el allanamiento a Radio Globo demuestra que se está expuesto ante la fuerza de un sector que tiene el control del Estado y que se hace sentir a través del uso de la legislación para definir quiénes son los que mandan.
“Se ha acentuado la penalización de delitos como la calumnia y la difamación, que deben tener un castigo pero no penalizados porque así perdemos cualquier tipo de espacio para ejercer el derecho a la libertad de expresión”, dijo Moreno, advirtiendo que el Ministerio Público tiene la estricta obligación de investigar las denuncias formuladas por Romero Ellner.
“En lugar de eso- investigación- lo que se hace es arremeter contra la persona, cuando lo que tenemos es la denuncia de delitos y la demanda por parte de la ciudadanía de la despenalización de estos delitos”, manifestó el director de Radio Progreso.
El presidente del Colegio de Periodista, Dagoberto Rodríguez, reitera la demanda de despenalizar o eliminar los delitos contra el honor, y sugiere que el Estado hondureño debe estandarizar su legislación en materia de derechos humanos con los convenios internacionales, porque llevar a la cárcel a un periodista es un atentado a la libertad de expresión.
Además señala que la pena de 10 años de prisión contra David Romero ha sido desproporcional. Rodríguez indica que, desde 2004 hasta la fecha, un total de 30 periodistas han sido querellados por los delitos de injuria y calumnias.
Noé Leiva, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), opina que, ante la desproporcionalidad en la sentencia contra David Romero y el allanamiento a Radio Globo, la prensa hondureña debe hacerse un solo bloque junto a la ciudadanía.
“Estamos siendo afectados todos, porque el periodismo responde a los intereses de la sociedad, lo periodista manejamos un bien público que es la información útil para la sociedad”, dijo Leiva, al declarar que el periodismo hondureño está herido al ser golpeado por el Estado y que ha puesto en precario el sistema interamericano de derechos humanos.
Según las pruebas presentadas por la periodista Lidieth Díaz, Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García, desde el año 2010 hasta la fecha han adquirido bienes valorados en más de 4 mil millones de lempiras.
Lidieth Díaz dice que las pruebas indican que Hernández y familia han creado sociedades mercantiles, entre ellas Inversiones del Río, Agro Inversiones San Martín y televisoras en el occidente del país.
“Ya que Chinchilla –Fiscal General- no quiere actuar que actúe la MACCIH”. Son pruebas que demuestra la compra de terrenos, compra de ganado, los préstamos que han adquirido que son exagerados que un banco no los da si no tiene una garantía por más de 300 millones de lempiras”, aseguraba la periodista Lidieth Díaz, frente a la entrada de la MACCIH.
Por su parte, el vocero de la MACCIH, Luiz Marrey Guimaraes, advirtió que la información entregada por la periodista de Radio Globo será remitida al Ministerio Público, porque la Misión no va a sustituir el trabajo de las instituciones hondureñas.
Guimaraes afirmó que se han enterado de los señalamientos contra la familia presidencial a través de las redes sociales, y expresó que palabras sin pruebas no son nada.
“Yo voy a enviarlas al Ministerio Público porque es el canal correcto, la Misión está haciendo su trabajo y solo apoya las instituciones”, insistió Guimaraes.
Para el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, la documentación entrega que vincula a Juan Orlando Hernández y su esposa debe ser validada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Luis Zelaya, recordando que desde noviembre de 2017 se demanda la salida de Hernández del poder, manifestó que esperan que la UFECIC y el Ministerio Público tengan independencia para investigar; asimismo, dijo que la lucha debe ser de país y no de personas.
Sobre las denuncias presentadas por el periodista David Romero, en la que muestra a través de documentos que Juan Orlando Hernández y su familia orquestaron el desfalco millonario del Estado a través de Organizaciones no Gubernamentales, algunos diputados salieron al paso a defenderlo y a manifestar que las acusaciones no tienen sustento.
Para el caso el diputado nacionalista Nelson Márquez, dijo que él no es juez para determinar si alguien es culpable o no, además aseguró que, “de algo sí estoy seguro es que, Juan Orlando Hernández fue la primera persona que empezó a hablar de la lucha contra corrupción pero tomando reales acciones, prueba de ello es que en gobiernos anteriores no se metió a nadie preso, en los gobiernos anteriores no se extraditó a nadie por andar en actos ilícitos y está claro que nadie está por encima de la ley y todo mundo debe seguir el debido proceso”.
Para Márquez, Juan Orlando Hernández es una persona que está comprometida en ser transparente y luchar contra actos ilícitos. “Los hondureños debemos acostumbrarnos a dejar de caer en especulaciones y permitir que se fortalezcan las instituciones del Estado para que se puedan realizar verdaderos procesos de investigación que definan la responsabilidad de cualquier hondureño en cualquier tipo de acto”.
El parlamentario dice que él no defiende a capa y espada a Hernández pero que sí defiende la lucha contra la corrupción e impunidad. “Yo creo que JOH es el mejor presidente en mucho tiempo en nuestro país y el trabajo que está haciendo lo exponen a muchos ataques, pero él tiene la capacidad de defenderse en el caso de que en algún momento sea requerido”.
El nacionalista dice que las denuncias no tienen fundamento, Márquez desconoce que este expediente denunciado por Romero también está en manos de la MACCIH- UFECIC, y según autoridades de UFECIC se están analizando 60 mil folios de documentos incautados de las instalaciones de dos ONG´S manejadas por la primera dama Ana García de Hernández por actos de corrupción.
Algunos diputados tienen el valor como Márquez para defender a Juan Orlando Hernández, a pesar de los cuestionamientos nacionales e internacionales, pero otros parlamentarios prefieren hacerse los desentendidos o simplemente no restarle la importancia al caso.
Un ejemplo de ello es el diputado nacionalista por el departamento de Cortés, Alberto Chedrani, quien dice que no se da cuenta de esas denuncias y asegura que él es una persona que está más dedicada a trabajar en su departamento y en el servicio a su comunidad.
“No he estado pendiente de ese tema, voy a informarme y darme cuenta de las cosas, he estado enfermo, iré despacio con respecto a eso. Esperemos que se resuelva a bien, que todo tiene solución menos la muerte y las excusas”.
“Yo paso ocupado en el departamento en trabajar, en ver en que le sirvo a las comunidades y a mi departamento”, culminó el diputado.
Ningún diputado nacionalista en el Congreso Nacional tiene ha demandado a la MACCIH- UFECIC una investigación seria por las denuncias de corrupción de Juan Orlando Hernández.
El orden lógico de operación de estas tres monstruos
impuestas por el neo cariato no es lo más importante en este momento,
porque nada es lógico en los últimos diez años en Honduras después del
golpe de Estado de octubre 2009 y, particularmente, a partir de
noviembre 2007. En este instante el orden que importa es arrancarles la
careta, para impedir que destruyan nuestra casa común.
Es evidente el reposicionamiento del régimen ilegal de Hernández en 2019, cuya apuesta es matar la moral colectiva, desarticular la organización social, someter la oposición política y destruir la vida de los liderazgos comunitarios, para reposicionar una nueva estructura de crimen organizado al servicio de las corporaciones internacionales, utilizando la vieja fórmula del dictador Tiburcio Carías Andino.
Es claro, además, que ha sido en la víspera de los ataques de Trump contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, durante las caravanas migrantes represadas en México para fortificar el muro racista, cuando el impostor hondureño ha sido levantado del olvido para servir a esos propósitos perversos. Una vez resucitado el continuismo ilegal, apoyado por algunas complicidades lamentables por razones electorales, los actores extractivistas, represadores y monocultivadores afiliados a gremios urbanos — fachadas del crimen organizado –, han hecho repuntar la violencia selectiva, masiva y sistemática contra defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes naturales.
Por tanto, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que viene de publicar un informe sobre la criminalización de la oposición social en todo el país, levanta su voz frente a los nuevos hechos violentos. La arremetida carcelaria, terrorista y de embuste penal contra las comunidades defensoras de la montaña Botaderos, de Tocoa, Colón, no tiene precedentes en la lucha ciudadana contra los herederos de Miguel Facussé Barjum, que desapareció sin rendirle cuentas al país por sus perversidades en el litoral atlántico de Honduras.
No es Lenir Pérez con Adán Fúnez, ni Fredy Nasser con los Morales los únicos responsables de la destrucción ambiental, moral y política de Yoro, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, es también el sistema de inversiones que los impulsa y los protege con jueces, fiscales, militares y sicarios.
La privación abusiva de la libertad para la población ejemplar de Guapinol exhibe en general la prepotencia de los mineros aliados del crimen organizado, expertos en destruir el país para entregar las riquezas nacionales a Wall Street y a la corona inglesa, ayunas de reservas imperiales.
El asesinato de Berta Cáceres hace tres años por DESA y sus bancos financiadores reúne las mismas características del crimen reciente contra Salomón y Juan Samael Matute, líderes indígenas tolupanes defensores del bosque de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro. Igual que Berta, ellos tenían mandato de protección por la CIDH desde diciembre 2013. En todo el país, hace tres años la determinación de los inversionistas de maletín, representantes de empresas criminales avaladas por el régimen, fue de impedir cualquier victoria comunitaria en los territorios de minas, represas, eólicas o laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; ellos convinieron en reuniones privadas que el modelo de muerte que demanda oro, hierro, drogas o petróleo, no puede permitir ninguna victoria real o simbólica de la gente de base.
En consecuencia, denunciamos que esta guerra contra los colectivos que defienden los parques nacionales, las zonas forestales protegidas, los humedales y los territorios ancestrales – autóctonos y garífunas – es liderada por la Asociación de Mineros de Honduras, los bancos nacionales y regionales que les financian sus proyectos Red Plus, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que les avala y provee soporte político, religioso, militar y mediático. Toda la tragedia es provocada en coordinación con las oficinas del régimen, que fortalece policías, ejércitos y cárceles, para imponer un modelo de muerte que entrega el país a las compañías británicas, estadounidenses, canadienses y europeas, precisamente las provenientes de los países que sostienen este horror de régimen ilegítimo e ilegal.
Llamamos a la unidad comunitaria local, regional y nacional, para poder enfrentar esta determinación del crimen organizado, y a los partidos políticos pedimos que aún sean capaces de mirar el presente y el futuro sin poner por delante sus aspiraciones a cargos de cogobierno; les suplicamos que piensen. Necesitamos que reflexionen su estrategia de lucha, antes de quedar solos sin voluntades a su alcance. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos le pedimos que asuma en serio su mandato y que evite absolutamente cualquier cohabitación inútil con el régimen perverso que mata, si no quiere verse confrontado por las víctimas.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón! COFADEH Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2019
Honduras: Para que nunca jamás se vuelva a repetir
Tegucigalpa, Honduras.- Este día la histórica defensora de derechos humanos Austraberta Flores, expresó que la vida le tiene que alcanzar para ver en prisión a los autores intelectuales del crimen contra su hija menor, Berta Isabel Cáceres Flores.
La madre de la defensora indígena lenca, asesinada el 02 de marzo del 2016, junto a su hijo Gustavo y su nieta Olivia Marcela Zúniga Flores (primogénita de Berta), compareció en una conferencia de prensa para continuar la exigencia de justicia y que se apruebe la Ley “Berta Cáceres” referente a las licencias y contratos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que pretende la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), sobre el Río Gualcarque, en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.
Esta ley dejaría sin valor ni efecto, las licencias y contratos otorgados a la Empresa DESA y otras del mismo rubro por el alto grado de violaciones a las leyes, detalló un comunicado de prensa leído por Flores.
La familia recordó que durante estos tres años se ha exigido que la justicia hondureña investigue y sancione no solo a los autores materiales del asesinato de Berta, sino también a quienes conspiraron, planificaron, ordenaron y financiaron este vil asesinato.
Exigimos -agregó- que se cancele el decreto que abrió el Congreso Nacional, porque siempre existe el riesgo de que se reabra la construcción (phaz) y con ello, se teme que continúen los asesinatos y criminalización del pueblo que defiende sus bienes, ríos, montañas y todo lo que entrega este gobierno, el cual dirige bajo fraude electoral, Juan Orlando Hernández.
En la Causa Berta Cáceres, en un primer juicio fueron condenados siete de los ocho acusados por su participación en la ejecución material; mientras que, solo uno de los sospechosos intelectuales guarda prisión, se trata del entonces presidente de la junta directiva de DESA, Roberto David Castillo, “lo que deja en impunidad a quienes le dieron origen a su muerte”, expresa el documento.
También se refirieron al informe presentado ayer por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), el cual denominaron “Fraude sobre el Gualcarque”.
Las investigaciones de la MACCIH- UFECIC han permitido comprobar que desde el principio el otorgamiento de contratos y licencias a la empresa ejecutora estuvieron viciados de violaciones a los procedimientos, las leyes y principios de transparencia, pronunció doña Austra.
Noticia Relacionada: Honduras: Allanan Radio Globo y capturan a David Romero
A continuación el pronunciamiento del Departamento de Periodismo de la UNAH:
Por Dick Emanuelsson
sábado, 30 de marzo de 2019
TEGUCIGALPA / 2019-03-29 / El periodista David Romero fue arrestado anteayer
por un 'Comando Tigre' que con almágana entró violentamente al estudio de Radio
Globo, donde Romero era el director hasta anteayer.
Durante 72 horas, el
régimen había colocado a la policía militar y patrullas del ejército para
bloquear una de las arterias de tráfico más centrales en Tegucigalpa, El
Bulevar Morazán.
La patrulla militar
aprovechó la oportunidad para arrestar a Romero, quien tiene una sentencia de
10 años y ocho meses de prisión, por haber dicho 'HP' seis veces en transmisión
en vivo contra una abogada casada con el adjunto Fiscal General de Honduras.
Video tomado de las redes sociales que se ha indignado sobre la detención del periodista hondureño.
Comisión anticorrupción (OEA) sin dientes
Al mismo tiempo, la
periodista y la esposa de Romero, Lidiet Díaz Alvarado, se dirigió en compañía
de un centenar de hondureños para presentar documentos extensos a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras, MACIH, organismo de la OEA, que ha estado
'pisoteando agua' en Honduras durante tres años sin poder demostrar las raíces de
la corrupción de las elites políticas y económicas en los casos de corrupción
interminables.
Los documentos entregados
por Lidiet Díaz son un resumen que consta de contratos, recibos, extractos
bancarios, documentos oficiales de una propiedad hasta en Miami y varios
lugares en Honduras, grandes áreas de tierra, posesión de grandes cantidades de
ganado por el valor de 4.5 billones de lempiras, aproximadamente 185 millones
de dólares.
Vaciando al Seguro Social
David Romero también
fue el periodista que reveló y desenmascaró cómo el mismo partido del gobierno
y el presidente en ejercicio drenaron la tesorería y sus diversas instituciones
estatales, en total casi siete mil millones de Lempiras del sistema de
seguridad social, o alrededor de 285 millones de dólares.
En una entrevista ante
la CNN el presidente Hernández reconoció que “había entrado 285.000 dólares” a
la cuenta de la campaña electoral suya y prometió, ante la CNN, de devolver la
suma a la caja del Seguro Social. Si lo ha hecho, pues no se sabe.
Los médicos hondureños han
calculado que el robo significó aproximadamente 2,800 vidas que se perdieron
debido al hecho de que los hospitales no recibieron ningún financiamiento y,
por lo tanto, no pudieron comprar medicamentos o cosas tan elementales como
anestésicos para las operaciones.
Protestas contra el encarcelamiento
El día viernes unos mil
hondureños se unieron para protestar contra el encarcelamiento de David Romero
y contra lo que la oposición de izquierda política en Honduras considera una
política de terror y hambre.
El eslogan contra la
'DICTATURA' sonaba sobre el Bulevar Morazán.
En medio de un operativo y un allanamiento a la
emisora Radio Globo a cargo de la Tropa de Inteligencia y Grupos de
Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), el periodista David Romero
Ellner fue capturado para cumplir una condenada de 10 años de prisión.“Están rompiendo las puertas para venir a capturarnos, estamos aquí en Radio Globo, han roto los portones”, relataba Romero Ellner durante una transmisión radial antes de ser capturado por un agente de la Policía TIGRES, quien le arrestó sin armas y esposas para luego ser traslado a un batallón de las Fuerzas Armadas donde cumplirá su pena por la comisión del delito de injurias contra la ex fiscal Sonia Gálvez.
El periodista Romero Ellner denunció una serie de actos de corrupción de funcionarios públicos, relacionados con desfalcos a instituciones estatales, profirió acusaciones directas contra el abogado Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a los análisis del director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora, el proceso contra el periodista David Romero Ellner ha sido utilizado por el poder político y económico del país para amenazar o enviar un mensaje a las voces críticas del país.
“Recordemos que primero fue el cierre de Radio Globo por un tema administrativo sin justificaciones, pero luego hemos visto que un comunicado de Casa Presidencial antes de que se resolviera lo que decía la Comisión Interamericana, y antes de autorizar el allanamiento, es totalmente injerencista para el poder judicial, ya decía lo que iba a resolver, entonces para nosotros el caso se convierte de interés público por las injerencias”, indica Tábora.
Tábora además manifiesta que en el caso de Romero Ellner y la ex fiscal Sonia Gálvez, el Estado hondureño no garantizó el derecho al honor de la víctima.
Por otra parte, expresa la preocupación que genera el no cumplimiento del Estado de Honduras de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a las obligatoriedades adquiridas en convenios internacionales.
Antes de la captura de Romero Ellner, la CIDH solicitó al Estado de Honduras otorgar medidas cautelares al comunicador y suspender la orden de captura, mientras se emitía una resolución en el caso del periodista.
En un comunicado, el Comité por la Libre Expresión indicó que “la pena de diez años y ocho meses a la que fue condenado el comunicador es excesiva, arbitraria e innecesaria para resarcir el daño ocasionado a la víctima”.
Para el sacerdote jesuita y director de Radio Progreso-ERIC, Ismael Moreno, la captura y el allanamiento a Radio Globo demuestra que se está expuesto ante la fuerza de un sector que tiene el control del Estado y que se hace sentir a través del uso de la legislación para definir quiénes son los que mandan.
“Se ha acentuado la penalización de delitos como la calumnia y la difamación, que deben tener un castigo pero no penalizados porque así perdemos cualquier tipo de espacio para ejercer el derecho a la libertad de expresión”, dijo Moreno, advirtiendo que el Ministerio Público tiene la estricta obligación de investigar las denuncias formuladas por Romero Ellner.
“En lugar de eso- investigación- lo que se hace es arremeter contra la persona, cuando lo que tenemos es la denuncia de delitos y la demanda por parte de la ciudadanía de la despenalización de estos delitos”, manifestó el director de Radio Progreso.
El presidente del Colegio de Periodista, Dagoberto Rodríguez, reitera la demanda de despenalizar o eliminar los delitos contra el honor, y sugiere que el Estado hondureño debe estandarizar su legislación en materia de derechos humanos con los convenios internacionales, porque llevar a la cárcel a un periodista es un atentado a la libertad de expresión.
Además señala que la pena de 10 años de prisión contra David Romero ha sido desproporcional. Rodríguez indica que, desde 2004 hasta la fecha, un total de 30 periodistas han sido querellados por los delitos de injuria y calumnias.
Noé Leiva, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), opina que, ante la desproporcionalidad en la sentencia contra David Romero y el allanamiento a Radio Globo, la prensa hondureña debe hacerse un solo bloque junto a la ciudadanía.
“Estamos siendo afectados todos, porque el periodismo responde a los intereses de la sociedad, lo periodista manejamos un bien público que es la información útil para la sociedad”, dijo Leiva, al declarar que el periodismo hondureño está herido al ser golpeado por el Estado y que ha puesto en precario el sistema interamericano de derechos humanos.
Pruebas a la Maccih
La periodista y esposa del director de Radio Globo, Lidieth Díaz Valladares, entregó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) un expediente de pruebas en las que supuestamente se señala a la familia presidencial Hernández-García de enriquecimiento ilícito.Según las pruebas presentadas por la periodista Lidieth Díaz, Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García, desde el año 2010 hasta la fecha han adquirido bienes valorados en más de 4 mil millones de lempiras.
Lidieth Díaz dice que las pruebas indican que Hernández y familia han creado sociedades mercantiles, entre ellas Inversiones del Río, Agro Inversiones San Martín y televisoras en el occidente del país.
“Ya que Chinchilla –Fiscal General- no quiere actuar que actúe la MACCIH”. Son pruebas que demuestra la compra de terrenos, compra de ganado, los préstamos que han adquirido que son exagerados que un banco no los da si no tiene una garantía por más de 300 millones de lempiras”, aseguraba la periodista Lidieth Díaz, frente a la entrada de la MACCIH.
Por su parte, el vocero de la MACCIH, Luiz Marrey Guimaraes, advirtió que la información entregada por la periodista de Radio Globo será remitida al Ministerio Público, porque la Misión no va a sustituir el trabajo de las instituciones hondureñas.
Guimaraes afirmó que se han enterado de los señalamientos contra la familia presidencial a través de las redes sociales, y expresó que palabras sin pruebas no son nada.
“Yo voy a enviarlas al Ministerio Público porque es el canal correcto, la Misión está haciendo su trabajo y solo apoya las instituciones”, insistió Guimaraes.
Para el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, la documentación entrega que vincula a Juan Orlando Hernández y su esposa debe ser validada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Luis Zelaya, recordando que desde noviembre de 2017 se demanda la salida de Hernández del poder, manifestó que esperan que la UFECIC y el Ministerio Público tengan independencia para investigar; asimismo, dijo que la lucha debe ser de país y no de personas.
Diputados nacionalistas defienden
La bancada nacionalista en el Congreso Nacional, no solo se une para votar a favor de alguna moción o ley, sino para defender la corrupción de la que son acusados constantemente por periodistas y órganos de investigación.Sobre las denuncias presentadas por el periodista David Romero, en la que muestra a través de documentos que Juan Orlando Hernández y su familia orquestaron el desfalco millonario del Estado a través de Organizaciones no Gubernamentales, algunos diputados salieron al paso a defenderlo y a manifestar que las acusaciones no tienen sustento.
Para el caso el diputado nacionalista Nelson Márquez, dijo que él no es juez para determinar si alguien es culpable o no, además aseguró que, “de algo sí estoy seguro es que, Juan Orlando Hernández fue la primera persona que empezó a hablar de la lucha contra corrupción pero tomando reales acciones, prueba de ello es que en gobiernos anteriores no se metió a nadie preso, en los gobiernos anteriores no se extraditó a nadie por andar en actos ilícitos y está claro que nadie está por encima de la ley y todo mundo debe seguir el debido proceso”.
Para Márquez, Juan Orlando Hernández es una persona que está comprometida en ser transparente y luchar contra actos ilícitos. “Los hondureños debemos acostumbrarnos a dejar de caer en especulaciones y permitir que se fortalezcan las instituciones del Estado para que se puedan realizar verdaderos procesos de investigación que definan la responsabilidad de cualquier hondureño en cualquier tipo de acto”.
El parlamentario dice que él no defiende a capa y espada a Hernández pero que sí defiende la lucha contra la corrupción e impunidad. “Yo creo que JOH es el mejor presidente en mucho tiempo en nuestro país y el trabajo que está haciendo lo exponen a muchos ataques, pero él tiene la capacidad de defenderse en el caso de que en algún momento sea requerido”.
El nacionalista dice que las denuncias no tienen fundamento, Márquez desconoce que este expediente denunciado por Romero también está en manos de la MACCIH- UFECIC, y según autoridades de UFECIC se están analizando 60 mil folios de documentos incautados de las instalaciones de dos ONG´S manejadas por la primera dama Ana García de Hernández por actos de corrupción.
Algunos diputados tienen el valor como Márquez para defender a Juan Orlando Hernández, a pesar de los cuestionamientos nacionales e internacionales, pero otros parlamentarios prefieren hacerse los desentendidos o simplemente no restarle la importancia al caso.
Un ejemplo de ello es el diputado nacionalista por el departamento de Cortés, Alberto Chedrani, quien dice que no se da cuenta de esas denuncias y asegura que él es una persona que está más dedicada a trabajar en su departamento y en el servicio a su comunidad.
“No he estado pendiente de ese tema, voy a informarme y darme cuenta de las cosas, he estado enfermo, iré despacio con respecto a eso. Esperemos que se resuelva a bien, que todo tiene solución menos la muerte y las excusas”.
“Yo paso ocupado en el departamento en trabajar, en ver en que le sirvo a las comunidades y a mi departamento”, culminó el diputado.
Ningún diputado nacionalista en el Congreso Nacional tiene ha demandado a la MACCIH- UFECIC una investigación seria por las denuncias de corrupción de Juan Orlando Hernández.
DESTIERRO, ENCIERRO, ENTIERRO
Es evidente el reposicionamiento del régimen ilegal de Hernández en 2019, cuya apuesta es matar la moral colectiva, desarticular la organización social, someter la oposición política y destruir la vida de los liderazgos comunitarios, para reposicionar una nueva estructura de crimen organizado al servicio de las corporaciones internacionales, utilizando la vieja fórmula del dictador Tiburcio Carías Andino.
Es claro, además, que ha sido en la víspera de los ataques de Trump contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, durante las caravanas migrantes represadas en México para fortificar el muro racista, cuando el impostor hondureño ha sido levantado del olvido para servir a esos propósitos perversos. Una vez resucitado el continuismo ilegal, apoyado por algunas complicidades lamentables por razones electorales, los actores extractivistas, represadores y monocultivadores afiliados a gremios urbanos — fachadas del crimen organizado –, han hecho repuntar la violencia selectiva, masiva y sistemática contra defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes naturales.
Por tanto, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que viene de publicar un informe sobre la criminalización de la oposición social en todo el país, levanta su voz frente a los nuevos hechos violentos. La arremetida carcelaria, terrorista y de embuste penal contra las comunidades defensoras de la montaña Botaderos, de Tocoa, Colón, no tiene precedentes en la lucha ciudadana contra los herederos de Miguel Facussé Barjum, que desapareció sin rendirle cuentas al país por sus perversidades en el litoral atlántico de Honduras.
No es Lenir Pérez con Adán Fúnez, ni Fredy Nasser con los Morales los únicos responsables de la destrucción ambiental, moral y política de Yoro, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, es también el sistema de inversiones que los impulsa y los protege con jueces, fiscales, militares y sicarios.
La privación abusiva de la libertad para la población ejemplar de Guapinol exhibe en general la prepotencia de los mineros aliados del crimen organizado, expertos en destruir el país para entregar las riquezas nacionales a Wall Street y a la corona inglesa, ayunas de reservas imperiales.
El asesinato de Berta Cáceres hace tres años por DESA y sus bancos financiadores reúne las mismas características del crimen reciente contra Salomón y Juan Samael Matute, líderes indígenas tolupanes defensores del bosque de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro. Igual que Berta, ellos tenían mandato de protección por la CIDH desde diciembre 2013. En todo el país, hace tres años la determinación de los inversionistas de maletín, representantes de empresas criminales avaladas por el régimen, fue de impedir cualquier victoria comunitaria en los territorios de minas, represas, eólicas o laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; ellos convinieron en reuniones privadas que el modelo de muerte que demanda oro, hierro, drogas o petróleo, no puede permitir ninguna victoria real o simbólica de la gente de base.
En consecuencia, denunciamos que esta guerra contra los colectivos que defienden los parques nacionales, las zonas forestales protegidas, los humedales y los territorios ancestrales – autóctonos y garífunas – es liderada por la Asociación de Mineros de Honduras, los bancos nacionales y regionales que les financian sus proyectos Red Plus, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que les avala y provee soporte político, religioso, militar y mediático. Toda la tragedia es provocada en coordinación con las oficinas del régimen, que fortalece policías, ejércitos y cárceles, para imponer un modelo de muerte que entrega el país a las compañías británicas, estadounidenses, canadienses y europeas, precisamente las provenientes de los países que sostienen este horror de régimen ilegítimo e ilegal.
Llamamos a la unidad comunitaria local, regional y nacional, para poder enfrentar esta determinación del crimen organizado, y a los partidos políticos pedimos que aún sean capaces de mirar el presente y el futuro sin poner por delante sus aspiraciones a cargos de cogobierno; les suplicamos que piensen. Necesitamos que reflexionen su estrategia de lucha, antes de quedar solos sin voluntades a su alcance. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos le pedimos que asuma en serio su mandato y que evite absolutamente cualquier cohabitación inútil con el régimen perverso que mata, si no quiere verse confrontado por las víctimas.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón! COFADEH Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2019
“Silencio total” para indígenas refugiados en embajada de Taiwán
Tegucigalpa, Honduras. –
¿Qué les han dicho? Nada, fue la respuesta mediante una comunicación
telefónica con Andonia Grimilda Inestroza, quien está refugiada en la
embajada de China (Taiwán), desde el lunes 18 de marzo.
De las once personas que se refugiaron
en la sede diplomática ubicada en la colonia Palmira de Tegucigalpa,
solo permanecen nueve, ya que, ayer abandonaron esa forma de protesta
Joaquín Ramírez Almendarez y su hija pequeña Emely Almendares, quien
tiene problemas auditivos.
El grupo indígena lucha por la defensa
de la tierra y el territorio y exige que se conforme una comisión
tripartita integrada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), representantes del Consejo
Indígena y organizaciones de la sociedad civil, y el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a modo de garantizarles la
permanencia en nuestro territorio sin ser perseguidos.
Inestroza de 54 años, expresó que se
siente mal de salud, tiene síntomas de tos y gripe, por lo que esta
tarde esperaban la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, y ser
evaluados en su tercer día de encierro.
La insistencia persiste, no se van a ir
de la Embajada de Taiwán, hasta que sean escuchados, pero lo que existe
es un silencio total. Si bien han sido vitados por la secretaria de
Derechos Humanos, en Mecanismo Nacional de Protección, la misma policía
ha llegado a interrogarlos, y desde afuera acompañados por
organizaciones defensoras de derechos humanos, no han llegado
representantes de las entidades que podrían ayudar en la solución de sus
problemas.
El pueblo posee un título ancestral de
1739, por lo que desde nuestros antepasados ha estado habitada esa
tierra, declaró a Defensores en Línea don Francisco Hermes Posadas,
presidente del Concejo Indígena, y uno de los seis judicializados por
suponerlo responsable del delito de usurpación, en perjuicio de una
empresa privada.
A nombre de la comunidad indígena lenca,
don Francisco solicita a demás organizaciones representantes de pueblos
originarios, que los acompañen en esta acción para el respeto de sus
derechos ancestrales.
Entre ellas mencionó al Movimiento
Indígena Lenca de la Paz-Honduras (MILPAH), Confederación de Pueblos
Autóctonos de Honduras (CONPAH), y la Organización Nacional Indígena
Lenca de Honduras (ONILH). Asimismo, el llamado es hacia los “padres de
la patria” que legislan desde el Congreso Nacional, y pueden hacer valer
el derecho a que se respete el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre los derechos de los
pueblo indígenas y tribales, suscrito por Honduras.
Dentro de la Embajada de China (Taiwán) están:- José Humberto Raudales (68)
- Armando Alonso Rodríguez
- Elvin Nahún Posadas (22)
- Dennis Wilfredo Cruz (20)
- Elmer Daniel Posadas (35)
- Evelio Posadas (27)
- Olban Posadas (23)
- Elda Elizabeth Posadas (19)
- Adonia Grimilda Inestroza (54)
- Joaquín Ramírez Almendares
- Emely Almendares (9)
¿Por qué refugiarse en la Embajada de China-Taiwán?
Tegucigalpa, Honduras.
– Es el cuarto día de refugio “sin respuestas”, de un grupo indígena
lenca de “Tierras del Padre”, en la embajada de China (Taiwán) en
Honduras, que exige se respete su derecho enmarcado en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Actualmente hay nueve personas (siete
hombres y dos mujeres) en la zona de recepción del edificio donde
funciona la sede diplomática, representada por la embajadora Ingrid
(Ying-Whei) Hsing. Según las indígenas lencas no han tenido ninguna
comunicación con personeros de dicha embajada.
Desde el lunes los pobladores de la
comunidad Tierras del Padre, ubicada en el 13 kilómetro al sur de
Tegucigalpa, se alijaron en ese lugar ante la amenaza de un desalojo, y
en el marco de una audiencia donde seis de sus compañeros están
criminalizados por usurpación.
Recipiente de agua para consumo de los indígenas lencas, frente a la embajada de China-Taiwán
Este día, se tuvo acceso a dialogar
personalmente con el grupo refugiado, afirmando que una de las
peticiones que tienen es acceder a un estatus de refugiado, además que
se entable un diálogo donde esté personal del Estado, defensores de
derechos humanos y de la comunidad Tierras del Padre, para lo que
solicitan la mediación diplomática.
Los pobladores expresaron que se sienten
ofendidos por la juez número nueve, del juzgado de letras de lo penal
de Tegucigalpa, quién les expresó que su título ancestral “no sirve”.
¿Por qué están en la embajada China-
Taiwán? Porque es de los países que más ayuda al Estado de Honduras, y
estos paises se hacen ricos, y esa ayuda no la vemos, detalló uno de los
indígenas en encierro.
El estado de salud de las personas es
inestable, sin embargo han sido atendidos por paramédicos de la Cruz
Roja, y son acompañados por el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH).
Esta
tarde, el grupo de pobladores que los acompaña desde afuera,
denunciaron que hay una patrulla policial en frente de la Embajada, y
temen un desalojo.
por Giorgio Trucchi
Opinión
20/03/2019
En Honduras la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad van de la mano con la imperiosa exigencia de verdad.
Uno de los lugares más tenebrosos donde cientos de personas fueron torturadas, ultrajadas, asesinadas, desaparecidas, se encuentra en el municipio de Amarateca y está siendo rescatado por el Cofadeh [1]) para convertirlo en Museo de la Memoria.
Hernán Guevara Gutiérrez tiene 82 años y es un sobreviviente de la “Casa del Terror”. Aunque la memoria comience a fallarle, aquellos días de 1982, cuando en Honduras se aplicaba la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos, los tiene bien marcados en su alma.
La familia de Hernán era acaudalada. Poseía varias propiedades y mucha tierra. Siguiendo el ejemplo de su padre decidió “estar del lado de los pobres”, algo que a oligarcas y militares nunca les ha gustado.
Se involucró en la reforma agraria. A menudo visitaba a los campesinos y también se dio a la tarea de organizarlos para que reclamaran la tierra y defendieran sus derechos.
A sus trabajadores siempre les ofreció condiciones dignas de vida y de trabajo. Cuando el gobierno decidió expropiar parte de sus tierras, Hernán prefirió donárselas directamente a ellos.
Esta actitud le acarreó muchos problemas y, tanto los terratenientes de la zona como los gobiernos ultraconservadores coludidos con los militares, comenzaron a tildarlo de comunista.
“Yo no era comunista. Simplemente ponía en práctica las enseñanzas de mi padre”, dijo Hernán Guevara durante el testimonio que brindó a La Rel.
El secuestro y la prisión
En 1982, Hernán fue secuestrado.
Unos agentes lo engañaron diciéndole que lo acusaban de haber chocado un auto. Cuando entró a la posta de policía fue capturado, amarrado, vendado y llevado a un lugar desconocido.
Su familia comenzó a buscarlo. Su mamá se presentaba a la posta de policía, mandaba cartas, pero todo era inútil.
Hernán se encontraba en una casa en el municipio de Amarateca, a unos 30 km de la capital, propiedad de un alto mando militar, convertida en lugar de tortura y muerte.
Tres décadas después ayudaría al Cofadeh a detectar el lugar de sus más grandes pesadillas.
“Me mantenían encerrado en un baño, vendado y desnudo. Casi no me daban comida y sólo lograba beber el agua del inodoro. Todos los días me golpeaban, me tiraban al suelo y me pateaban. También encendían un ventilador a máxima velocidad para que me deshidratara más rápido”, recuerda.
La casa y el patio estaban repletos de personas que sufrían toda clase de tortura y vejaciones.
También había muchos salvadoreños. Hernán recuerda que de repente los montaban en vehículos o camiones y nunca más se sabía de ellos.
“Pasé más de un mes en estas condiciones. Había perdido la esperanza y solamente esperaba que acabaran conmigo. Casi llegué a pedirles que lo hicieran porque ya no aguantaba tantos golpes, tanto sufrimiento”, agregó.
¡Libre por fin!
Una noche llegaron unos guardias armados, lo obligaron a ponerse la ropa ensangrentada de otro prisionero y a montarse a un vehículo. Hernán sabía que lo iban a matar.
Fue un viaje largo. Se metieron por un camino de tierra y finalmente pararon el vehículo en las afueras de Ocotepeque. Lo hicieron bajar y lo tiraron al suelo con una gran patada.
Fue en este preciso momento que escuchó la voz de un hombre.
“No entendí bien qué estaba pasando, pero este hombre les ordenó a los guardias que no me volvieran a tocar y que me dejaran libre. Ellos obedecieron y se fueron. Tiempo después supe que se trataba de un militar de mayor rango apodado el ‘Coyote’, amigo de mi hermano Juan. ¡Me salvó la vida!”, recordó Hernán Guevara.
Casi sin fuerza y todavía conmocionado Hernán volvió a nacer. Caminó y caminó hasta llegar a un caserío donde le ofrecieron algo de comer.
Después de un largo peregrinaje para evitar los retenes militares fue reconocido por un amigo que avisó a la familia en Choluteca. Tuvo que esconderse por un tiempo y luego logró salir del país.
Museo de la memoria
Aunque fuera muy duro revivir tanto dolor y sufrimiento, el testimonio de Hernán y de otros sobrevivientes fue fundamental para que se ubicara el lugar exacto en Amarateca.
Aquella casa ahora es propiedad del Cofadeh, que quiere convertirla en Museo de la Memoria.
Todavía en Honduras exigen justicia para 184 desaparecidos y para miles de personas que fueron asesinadas en los años 70 y 80. La impunidad es total y absoluta.
Honduras fue el primer Estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de dos dirigentes populares.
“Es una historia que me ha marcado para siempre. Lo más triste es ver que casi nada ha cambiado. Lo que pasa hoy es prácticamente igual a lo que pasaba en aquellos años”, concluyó Hernán Guevara.
Nota
[1] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Fuente: Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/
Uno de los lugares más tenebrosos donde cientos de personas fueron torturadas, ultrajadas, asesinadas, desaparecidas, se encuentra en el municipio de Amarateca y está siendo rescatado por el Cofadeh [1]) para convertirlo en Museo de la Memoria.
Hernán Guevara Gutiérrez tiene 82 años y es un sobreviviente de la “Casa del Terror”. Aunque la memoria comience a fallarle, aquellos días de 1982, cuando en Honduras se aplicaba la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos, los tiene bien marcados en su alma.
La familia de Hernán era acaudalada. Poseía varias propiedades y mucha tierra. Siguiendo el ejemplo de su padre decidió “estar del lado de los pobres”, algo que a oligarcas y militares nunca les ha gustado.
Se involucró en la reforma agraria. A menudo visitaba a los campesinos y también se dio a la tarea de organizarlos para que reclamaran la tierra y defendieran sus derechos.
A sus trabajadores siempre les ofreció condiciones dignas de vida y de trabajo. Cuando el gobierno decidió expropiar parte de sus tierras, Hernán prefirió donárselas directamente a ellos.
Esta actitud le acarreó muchos problemas y, tanto los terratenientes de la zona como los gobiernos ultraconservadores coludidos con los militares, comenzaron a tildarlo de comunista.
“Yo no era comunista. Simplemente ponía en práctica las enseñanzas de mi padre”, dijo Hernán Guevara durante el testimonio que brindó a La Rel.
El secuestro y la prisión
En 1982, Hernán fue secuestrado.
Unos agentes lo engañaron diciéndole que lo acusaban de haber chocado un auto. Cuando entró a la posta de policía fue capturado, amarrado, vendado y llevado a un lugar desconocido.
Su familia comenzó a buscarlo. Su mamá se presentaba a la posta de policía, mandaba cartas, pero todo era inútil.
Hernán se encontraba en una casa en el municipio de Amarateca, a unos 30 km de la capital, propiedad de un alto mando militar, convertida en lugar de tortura y muerte.
Tres décadas después ayudaría al Cofadeh a detectar el lugar de sus más grandes pesadillas.
“Me mantenían encerrado en un baño, vendado y desnudo. Casi no me daban comida y sólo lograba beber el agua del inodoro. Todos los días me golpeaban, me tiraban al suelo y me pateaban. También encendían un ventilador a máxima velocidad para que me deshidratara más rápido”, recuerda.
La casa y el patio estaban repletos de personas que sufrían toda clase de tortura y vejaciones.
También había muchos salvadoreños. Hernán recuerda que de repente los montaban en vehículos o camiones y nunca más se sabía de ellos.
“Pasé más de un mes en estas condiciones. Había perdido la esperanza y solamente esperaba que acabaran conmigo. Casi llegué a pedirles que lo hicieran porque ya no aguantaba tantos golpes, tanto sufrimiento”, agregó.
¡Libre por fin!
Una noche llegaron unos guardias armados, lo obligaron a ponerse la ropa ensangrentada de otro prisionero y a montarse a un vehículo. Hernán sabía que lo iban a matar.
Fue un viaje largo. Se metieron por un camino de tierra y finalmente pararon el vehículo en las afueras de Ocotepeque. Lo hicieron bajar y lo tiraron al suelo con una gran patada.
Fue en este preciso momento que escuchó la voz de un hombre.
“No entendí bien qué estaba pasando, pero este hombre les ordenó a los guardias que no me volvieran a tocar y que me dejaran libre. Ellos obedecieron y se fueron. Tiempo después supe que se trataba de un militar de mayor rango apodado el ‘Coyote’, amigo de mi hermano Juan. ¡Me salvó la vida!”, recordó Hernán Guevara.
Casi sin fuerza y todavía conmocionado Hernán volvió a nacer. Caminó y caminó hasta llegar a un caserío donde le ofrecieron algo de comer.
Después de un largo peregrinaje para evitar los retenes militares fue reconocido por un amigo que avisó a la familia en Choluteca. Tuvo que esconderse por un tiempo y luego logró salir del país.
Museo de la memoria
Aunque fuera muy duro revivir tanto dolor y sufrimiento, el testimonio de Hernán y de otros sobrevivientes fue fundamental para que se ubicara el lugar exacto en Amarateca.
Aquella casa ahora es propiedad del Cofadeh, que quiere convertirla en Museo de la Memoria.
Todavía en Honduras exigen justicia para 184 desaparecidos y para miles de personas que fueron asesinadas en los años 70 y 80. La impunidad es total y absoluta.
Honduras fue el primer Estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de dos dirigentes populares.
“Es una historia que me ha marcado para siempre. Lo más triste es ver que casi nada ha cambiado. Lo que pasa hoy es prácticamente igual a lo que pasaba en aquellos años”, concluyó Hernán Guevara.
Nota
[1] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Fuente: Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/
Familia de Berta Cáceres espera ver presos a los autores intelectuales de su asesinato
Conferencia de Prensa, Familia de Berta Cáceres-Flores acompañada por organizaciones de DDHH
Tegucigalpa, Honduras.- Este día la histórica defensora de derechos humanos Austraberta Flores, expresó que la vida le tiene que alcanzar para ver en prisión a los autores intelectuales del crimen contra su hija menor, Berta Isabel Cáceres Flores.
La madre de la defensora indígena lenca, asesinada el 02 de marzo del 2016, junto a su hijo Gustavo y su nieta Olivia Marcela Zúniga Flores (primogénita de Berta), compareció en una conferencia de prensa para continuar la exigencia de justicia y que se apruebe la Ley “Berta Cáceres” referente a las licencias y contratos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que pretende la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), sobre el Río Gualcarque, en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.
Esta ley dejaría sin valor ni efecto, las licencias y contratos otorgados a la Empresa DESA y otras del mismo rubro por el alto grado de violaciones a las leyes, detalló un comunicado de prensa leído por Flores.
La familia recordó que durante estos tres años se ha exigido que la justicia hondureña investigue y sancione no solo a los autores materiales del asesinato de Berta, sino también a quienes conspiraron, planificaron, ordenaron y financiaron este vil asesinato.
Exigimos -agregó- que se cancele el decreto que abrió el Congreso Nacional, porque siempre existe el riesgo de que se reabra la construcción (phaz) y con ello, se teme que continúen los asesinatos y criminalización del pueblo que defiende sus bienes, ríos, montañas y todo lo que entrega este gobierno, el cual dirige bajo fraude electoral, Juan Orlando Hernández.
En la Causa Berta Cáceres, en un primer juicio fueron condenados siete de los ocho acusados por su participación en la ejecución material; mientras que, solo uno de los sospechosos intelectuales guarda prisión, se trata del entonces presidente de la junta directiva de DESA, Roberto David Castillo, “lo que deja en impunidad a quienes le dieron origen a su muerte”, expresa el documento.
También se refirieron al informe presentado ayer por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), el cual denominaron “Fraude sobre el Gualcarque”.
Las investigaciones de la MACCIH- UFECIC han permitido comprobar que desde el principio el otorgamiento de contratos y licencias a la empresa ejecutora estuvieron viciados de violaciones a los procedimientos, las leyes y principios de transparencia, pronunció doña Austra.
“Sin embargo, no quedó claro al mencionar a los autores intelectuales, los que pagaron por el asesinato de mi hija, pero como esto va a seguir y los volveré a visitar para exigirles que se llegue hasta la verdad de los autores intelectuales, espero que caigan y no me muero sin verlos presos” Austraberta Flores.Hay que desengavetar la Ley
Berta y su madre Austraberta
La también diputada al Congreso
Nacional, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hace un año presentó el
proyecto de Ley Berta Cáceres, en el segundo aniversario del crimen
contra su madre, el cual está durmiendo el sueño de los justos.
No vamos a quitar el dedo de la llaga, el tiempo que me toque estar como diputada o fuera del congreso, porque podemos luchar desde cualquier trinchera para que el proyecto de Ley “Berta Cáceres” sea desengavetado,
creemos que hay suficientes indicios y medios de prueba, para que la
concesión del PHAZ sea candelada, porque fue un gran acto de corrupción e
ilegalidad como fue dar licencias ambientales, permisos de operación,
permisos de suministro de energía entre una infinidad de actos, declaró
Zúniga-Cáceres.
La justicia para Berta Cáceres pasa por
desmontar una estructura criminal que se dedica a la generación de
“energía limpia” “energía renovable” pero que, en realidad está bañada
de sangre igual que otro rubro de energía en Honduras.
La ganadora del Premio Goldman al Ambiente 2015, había denunciado 48 proyectos hidroeléctrico-dados en el marco del golpe de Estado del 2009, y que violentan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, detalló Zúniga Cáceres.
La familia está consciente que se
enfrentan al mero poder económico y político, pero que el tiempo y las
historia les dará la razón de la verdad, por lo que guardamos la
esperanza que los asesinos interactúales van a ser castigados por la
justicia en algún momento.
Gustavo Cáceres, hermano de Berta,
espera que se apruebe la ley que lleva el nombre de su hermana, porque
el país se está quedando sin agua, y aseguró que la familia continuará
en la búsqueda de justicia y el bien del ´pueblo.
A tres años de la siembra de Berta Cáceres, la familia exige:- Que se continúen, profundicen y terminen las investigaciones que permitan establecer los responsables de planificar, financiar este terrible crimen.
- Que profundicen las averiguaciones y acusaciones que permitan el enjuiciamiento y condena de las autoridades del estado, nacionales y municipales que otorgaron licencias a la empresa involucrada, sin respetar el convenio 169 de la OIT, sobre el derecho a los indígenas de una consulta previa, libre e informada.
- Exigen dejar sin valor ni efecto, por medio de la Ley Berta Cáceres, las licencias y contratos otorgados a la Empresa DESA, por el alto grado de violaciones a las leyes.
- Exhortan a la comunidad nacional e internacional a mantener vigentes las exigencias de justicia en el caso de Berta Cáceres.
