HONDURAS/ ANÁLISIS: IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN LETAL
- Publicado: 09 Abril 2019
¡Ver
y oír al Canciller de EUA ex director de la CIA “Mike” Pompeo pedirle a
la Congresista Norma Torres que le permita decirle en secreto lo que
sabe de la relación entre el Presidente Juan Hernández y su hermano reo
por narco! ¡Y ver al día siguiente su lista cuidadosa de corruptos en
que no figuran Tony, ni Rosa!
“A
un Año de Gobierno, Manejo, percepción e impacto de la impunidad,
corrupción e inseguridad en Honduras”, es un trabajo publicado en
febrero de 2019 por CEDOH, con aportes de Leticia Salomón, Eugenio Sosa,
Lisbeth Guerrero, Edmundo Orellana, Thelma Mejía y Mirna Flores, y
coordinado por Víctor Meza.
Rodolfo Pastor Fasquelle
EL LIBERTADOR
El
CEDOH publica un libro con ensayos de lo acontecido durante el pasado
año aciago de 2018, primero de la dictadura de J. Hernández. Ensayos
firmados por varios de nuestros colegas más esmerados y coordinados por
Víctor Meza quien nos ubica en la coyuntura ahora que, pese a los
alegatos optimistas, las cifras sobre avances y los sensibles progresos
que pregona el gobierno, se van a cumplir diez años del Partido Nacional
en el poder con un estado deslegitimado. Y
más pobres, dice FOSDEH que los que dejaron todos los gobiernos
liberales. Obra que, pese a su brevedad y su discurso académico,
conceptuoso, termina por ser estremecedora para un lector que se
disponga bajar a sus más frías profundidades. Renunciá Juan Hernández.
¡Tené pena!
Redactado
esencialmente con información pública de referencias hemerográficas, el
libro pasa revista a los escándalos revelados durante el año recién
pasado y dados a conocer oficialmente por el CNA y la UFECIC alentada por
la MACCIH, instancias que los autores coinciden en certificar, incluso
frente a interrogantes de opositores, como cruciales y de cuya
continuidad, estiman, depende un avance continuado en la materia.
Cada
uno de los autores se concentra en tareas de su expertisse. Leticia
Salomón enfoca los controles que el gobierno y sus socios han impuesto
para contener la indignación colectiva. El control político, que se
ejerce jugando con los partidos (te lo doy y te lo quito) y sus
derechos, el control social, por la vía de los programas de asistencia y
de movilización. El control mediático que comienza con el ocultamiento y
se despide en la propaganda incluso cínica. (Ningún periódico, o
noticiero de radio o televisión nacional reporta por ejemplo que el
canciller de EUA evadió expresar confianza en JOH ante su Congreso.)
Aunque paralelamente con sus limitantes observa Lisbeth Guerrero, las
redes ya desempeñan un papel trascendental y ponen de manifiesto una
rebelión contra los medios hegemónicos, y un novel auditorio.
Salomón
señala asimismo el control religioso usado para hipnotizar y desviar la
atención, desmotivar las manifestaciones populares y tranquilizar los
ánimos de una ciudadanía que termina desentendida. Y toma nota de la
falta de liderazgo capaz de sortear ese control, no digamos aprovechar
la inopia del Estado asustado. Thelma Mejia hace un recuento de los
escándalos que salieron a flote y revelan un Estado degradado. Después
de la Red de diputados, la Fe de errata, Caja Chica de la Dama, Caja de
Pandora. Caja Chica del Hermano Mayor y extradición del Menor.
Subrayan
varios la significancia de haber dado con las redes en vez de
incidentes de corrupción y Thelma el susto tremendo que le han dado las
judicializaciones de estos delitos a la clase política (con señalados en
cinco partidos) y al gobierno que ha respondido a cada cuestionamiento
con una Comisión de Intervención, hasta terminar con la OABI que se
interviene sola, con un estado Intervenido. Y al final –advierte– la peligrosa consonancia de voces oficiales contra la MACCIH.
Eugenio
Sosa se aboca al ámbito internacional para comprobar que la comunidad
mundial manifiesta el mismo nivel de desconfianza en el Estado cautivo e
igual percepción de impunidad e indiferencia ante los derechos humanos
que los sectores informados de la opinión pública nacional, sin explicar
¿porque sigue incólume el apoyo gringo al régimen y al hombre? Es
fascinante colocar el tema en perspectiva histórica. Carias, OLA,
Álvarez Martínez. ¡Protegidos del yanqui!
Porque
estamos hablando de un régimen, un sistema y lo que se ha estado dizque
descubriendo, y judicializando son comportamientos derivados de viejos
conceptos del estado patrimonial de los partidos, que venían
arrastrándose de manera consuetudinaria y perfeccionándose desde poco
después de instalado el nuevo sistema operativo en los 1980s. Hoy
reparamos en él y lo juzgamos con más rigor. Pero ahí adentro, todo el mundo que
es mundo lo entendía como el trámite, casual con poca o nula oposición
hasta que, luego del golpe de estado de 2009, nos cuestionamos los
viejos y se constituyeron partidos nuevos. Mientras que el poder ensoberbecido
se extralimitó, dejó de ser un simple usufructo para derivar en una
instrumentación sistémica del poder para sacar provecho particular. Y
provocó nuestra novel reacción.
Así
era antes. Justo a estos desvíos de fondos públicos para hacer campaña
se resistía Mel Zelaya cuando -en Octubre de 2008- se rehusaba a
presentar el presupuesto del año político. Y ordenó al gobierno valerse
de una ley que permitía operar con el presupuesto anterior, sin darles
donde robar. Pero entonces se le veía como ¡atentado contra el orden
legal! Y aun hoy no falta quien lo reclama como falta. De igual modo
–paradójicamente- hoy los corruptos de entonces quieren ampararse en el
debido proceso que se pasaron por alto o bajo, para dar el golpe. El
jurista Edmundo Orellana aborda justamente la temática desde la óptica
de la ley, su discurso normativo, formal, la invocación perversa y la
fabricación y anudamiento de leyes para la impunidad. Y alcanza a sonreírse de la hipocresía, aunque no queda claro si vislumbra una salida ante el blindaje de la corrupción.
Quizá
no hay. Aunque ahora invoque el precepto quien busca evadir
responsabilidad y escapar de rendir cuentas, yo coincido con la
invocación, defensa y aun la restauración del… que no supe en que
momento de la deriva se perdió… principio de presunción de inocencia,
piedra angular del pensamiento legal liberal. A nadie se debería tratar
como culpable porque haya una sospecha, porque la exponga un tercero, o
aún se le formule una acusación, sino solamente luego de que, en un
proceso limpio se le hubiese demostrado culpa y dolo, más allá de duda
razonable. La pérdida de ese principio de jurisprudencia era un
retroceso. Y hay toda una novelería legal que cuestionar.
Todos
entendemos que –antes– el sistema judicial estaba expuesto a la
parálisis más bien por una presunción del poder impune y que alguna
garantía debe darse la sociedad para resarcirse de daños por actos
criminales. Pero seguro que se debe reformar la ley de extinción de
dominio y eso que llaman aseguramiento de bienes por presunción de culpa
(que es lo contrario de lo preceptuado arriba) a manera de que estén
realmente seguros esos bienes mientras culmina el juzgamiento y se
extinga el dominio solo después de una sentencia inapelable. Y no que
proceden primero a tomar bienes ajenos sin quien los custodie y después a
formular una acusación improvisada, de infracciones supuestas que se
resbalan a la conjetura y al infundio…. ¡Eso era lo que se acostumbraba
hacer contra los adversarios políticos en el siglo XIX, con las penas
confiscatorias, aplicadas en juzgados ad hoc! y prohibidas después en
nuestras constituciones más congruentes. Un cuestionamiento análogo hay
que hacerle a la idea de que necesitamos la asistencia internacional a
perpetuidad porque nuestro propio sistema de justicia es irredimible.
Entonces habría que renunciar de una buena vez a la soberanía.
Y
hasta a la mayoría de edad. Mientras los diputados conspiran para
extinguir la ley de extinción de dominio que hasta ahora acusan de
inconstitucional El Presidente de la Corte Suprema, Abogado Argueta
escogido –y no podía ser de otra manera– de la mano del hombre (como el
Fiscal Chinchilla) y elegido a esa magistratura con votos venales
expresa –y conceptualmente esta en lo correcto– que la Misión de la OEA
fue un mecanismo temporal al que se recurrió en virtud de una coyuntura
especial, de falta de credibilidad institucional. El País tiene que al
menos aspirar a prescindir en un futuro de la tutela extranjera para
confiar en sus instituciones. Pero el Presidente Argueta insinúa que ese
futuro podría estar próximo o a la vuelta de la esquina, mientras que
los autores calificados de este libro nos advierten justamente lo
contrario. A saber, como
mencionamos, que de no ser por la independencia de la Misión, la
fiscalía especial no tendría la capacidad relativa que le ha permitido
avanzar con los casos emblemáticos de redes de corrupción. Se ha avanzado mucho en calidad anota E. Orellana, pero poco en cantidad, aun.
Y
mientras no se aseguren la independencia total de jueces y fiscales, y
falta mucho para eso, seguiremos necesitando de la asistencia exterior y
sería una hipocresía y un retroceso renunciar a ella. De modo que el
concierto de voces pidiendo revisión del Convenio de la Misión solo
presagia la pretensión de la clase política aterrorizada (o régimen de
empautados) de dejarlo vencer, y desfilar su cruzada… a vida mejor.
Porque
frente a estos avances hay que decir que históricos, lo que destaca es
la reacción -entre que histérica y paradójicamente concertada- de
búsqueda de blindaje, explican los autores, y el afán de impunidad de la
clase política, en el Congreso en donde se han generado leyes
perversas. Por ejemplo la que prohíbe a la instancia que la sociedad se
da para ese fin, la fiscalía de proveniencia vigilada, prohíbe investigar
las acusaciones antes que otra instancia (el tribunal de cuentas,
burocrática, de nombramiento partidarista) hubiera dictaminado lo
correspondiente en un periodo de años que caminan hacia la prescripción.
Y asimismo, blindaje e impunidad procurado en La Corte que actúa contra
ley, cuando ampara al ciudadano que circunstancialmente preside la
legislatura y quizás a sus
principales oficiales (a otros no) contra la investigación misma. Y
obliga a la fiscalía a informar sobre sus investigaciones cuando todavía
no dispone de los elementos vulnerables de prueba. ¡Renuncien todos,
hombre! ¡Tú primero Juan!
También
Trump lo exige, después que se ha dado cuenta de cómo JOH le manda las
caravanas que lo tienen aterrado. Y exige prisión para Tony y reos más.
Y
ahí justamente es donde la mula botó a Genaro. No van a renunciar, aun
frente al consenso que descubre Lisbeth Guerrero contra la dictadura
reprobada, porque tienen al Actívate y a las FFAA y la invitación de la
Fulton. En cuanto a que la población es presa de la desconfianza en
general contra la política, pienso que lo es más exactamente frente a
los políticos, porque justo la indignación condensa una politización sin
precedente (una comprensión de lo político y de nuestra ineludible relación con ello) que se resume en el reclamo casi universal de Fuera JOH. Un objetivo dice, en que muchos coincidimos… aunque solo podría ser el comienzo de una renovación obligada, profunda.
Ningún
ciudadano honesto que no lo sepa todo ya puede darse el lujo de dejar
de leer alguno de los mil ejemplares que se imprimieron de este pequeño
texto de 165 paginitas. ¡Ahí está casi todo! ¡Saciaos!
Porque
dicho en palabras que entienda todo el mundo, algo huele a podrido en
Honduras, y la corrupción es un pacto con el diablo quien -mientras lo
dejan- aporta poder, riqueza y protección que es impunidad, a cambio de
las almas de los tuyos. Rosa en la cárcel y varios ex ministros. La
hermana desaparecida, el hermano en las ergástulas del gringo. No se
sabe quién sigue. Ni que cosa puede pasar en y con un Estado
deslegitimado descompuesto, intervenido, degradado, asustado, paralizado
incapaz de otra cosa que matar.
Por
Publicado el 4 Abril, 2019
Buekele fue contundente a través y publicó un “tuitazo”, en el cual también Le recordó a Juan Orlando Hernández que tiene preso a su hermano (Tony Hernández), en Estados Unidos por narcotráfico.
De igual forma, escribió que la “narco dictadura en Honduras teme por la erosión de au relación con Estados Unidos”.
El hecho de que Juan Orlando tenga a su hermano preso en Estados Unidos, no le ayuda en nada en sus pretensiones políticas a futuro, expresó Bukele.
Con esta última frase, Bukele deja entrever que si Hernández tiene pensado en volver a aspirar a reelegirse como presidente, tener un hermano preso en Estados Unidos por narcotráfico, no le viene nada bien.
En las últimas horas, Ebal Díaz, representante de Juan Orlando lanzó ataques contra Nayib Bukele.
Demandan agilizar investigación de casos de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández y familia
En los últimos días el periodista David Romero a través de Radio
Globo y el periódico El ConfidencialHN presentó un nuevo acto de
corrupción que tiene como principales responsables a Juan Orlando
Hernández, la madre de la primera dama, Ana García Carias, y a otros
funcionarios del partido de gobierno.
Según los datos revelados se sustrajo del Estado más de cuatro mil millones de lempiras, a través de varias Organizaciones no Gubernamentales. En uno de los casos que forman parte de este desfalco millonario figuran los nombres de la señora Victoria Isabel Madison de Chávez, madre del diputado nacionalista David Chávez.
La denuncia hecha pública esta semana, asegura que Victoria Isabel Madison de Chávez, usó la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh) y la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), ambas controladas por la primera dama Ana García de Hernández, para recibir dinero proveniente de proyectos para obras sociales.
Los casos los conoce a profundidad la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la UFECIC. El fiscal de esta entidad Luis Javier Santos confirmó que en el año 2018 se incautaron más de 60 mil folios de documentación de las oficinas de ambas organizaciones ubicadas en la colonia Las Lomas en Tegucigalpa.
Las autoridades de la UFECIC pidieron tiempo para seguir trabajando en el análisis de la documentación y de esa forma poder elaborar requerimientos fiscales con suficiente fundamento.
A pesar que los medios de comunicación han mantenido absoluto silencio ante estas denuncias realizadas por Romero, varios analistas han salido al paso y han opinado sobre el tema.
El analista Raúl Pineda dice que estos actos de corrupción son muy comunes en el país, lo lamentable es que hasta el momento la Fiscalía no haya actuado al respecto. Pineda asegura que la MACCIH- UFECIC conoce perfectamente el caso, también lo conoce el Consejo Nacional Anticorrupción, por lo tanto cuestiona que hasta el momento hayan actuado con lentitud ante las pruebas que mantienen en su poder.
Por su parte el ex fiscal Jari Dixon Herrera cree que analizar un tema tan complejo relacionado a la corrupción lleva mucho tiempo, pues se debe analizar cada documento, hacer cruce de información, pedir informes a la banca privada, y hacer auditorias.
Para Dixon, quien forma parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, se debe dar tiempo, espacio y confianza a la UFECIC para que ejecute su trabajo, el diputado no duda de la capacidad y compromiso del titular de esa institución, el abogado Luis Javier Santos, por lo que cree que ya llegará el momento en el que se presentarán los requerimientos.
En los últimos casos: “Fraude sobre el Gualcarque” y “Patuca tres”, la MACCIH ha sido cuestionada y criticada por la ciudadanía, pues en sus requerimientos no presentó ninguno contra un pez grande de la corrupción.
El analista Heriberto Baquedano manifestó que es evidente que en muchas de las decisiones de la MACCIH- UFECIC se nota la mano interventora del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de quien afirmó tiene un pacto de impunidad con Juan Orlando Hernández.
Misma perspectiva tiene el analista político Luis Méndez, quien afirma que es urgente que la MACCIH- UFECIC avance más allá en la lucha contra las redes de corrupción y que de una vez por todas demuestren independencia y que ningún pacto de impunidad les podrá evitar enfrentar a los grandes peces de la corrupción en el país.
Para ambos analistas, los límites de este pacto se refleja en los tipos de requerimientos presentados en los casos anteriores, pues en muchos de ellos tuvo que ser citado para comparecer ante la justicia el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández y el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
“Le quedan pocos meses a la MACCIH en el país, se habla de diez casos más que van a trabajar, debido a esta situación nos preguntamos si en estos diez casos está el de la primera dama, madre y familia, o si quedará en la impunidad, es tiempo que la MACCIH- UFECIC demuestren lo contrario”, valoró Luis Méndez.
El abogado Raúl Pineda cuestionó esta lentitud de la MACCIH- UFECIC, afirmando que tienen un despliegue considerable para que ya empiecen a darle las respuestas que la gente demanda en la lucha contra la corrupción, además Pineda admitió que, sin la MACCIH estuviéramos peor, pero enfatizó que le quedan algunos casos donde debe reivindicarse con la exigencia ciudadana.
“Casos como este que denunció Romero deben ser investigados con agilidad por la MACCIH- UFECIC, es parte del mandato que le demanda la gente, enfrentar y desarticular a los líderes de estas redes de corrupción que han vivido en impunidad permanente”, dijo el abogado Rasel Tomé.
Tomé, analista en temas jurídicos, cree urgente que se amplíe en estas investigaciones y a la mayor brevedad posible se presenten los requerimientos, y que en los mismos no se excluya a nadie, sin importar el nombre o el cargo que represente.
A la par de ellos, también se suma la posible responsabilidad de la madre de David Chávez, en el manejo de las dos Organizaciones que fueron intervenidas en 2018 por la UFECIC-MACCIH, en ese sentido, el diputado nacionalista David Chávez, salió al paso a defenderse a capa y espada.
“Esa denuncia es una vil mentira, David Romero debe revisar lo que dice, por eso es que actualmente está enfrentando un proceso judicial que lo tiene a las puertas de la cárcel”, comenzó argumentando el parlamentario.
Chávez amplió asegurando que, en ningún momento su madre a pesar que si fue presidenta honorífica de una de las Fundaciones mencionadas, desvió dinero para otras cosas, mucho menos para actos de corrupción o para desfalcar el Estado.
El nacionalista culminó diciendo que debido a estas revelaciones presentadas por Romero, no descartaría interponer una querella en su contra.
Por su parte el periodista Romero, en su programa Interpretando la Noticia de Radio Globo, se refirió a las declaraciones de Chávez, manifestando que sus argumentos solo le recordaban los que en su momento usó el exdiputado y hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, quien convocó hace unos años a una conferencia de prensa donde expuso que no tenía ningún vinculo con el narcotráfico. En la actualidad Tony Hernández está preso en Estados Unidos, enfrentando un proceso judicial por el delito de narcotráfico.
Para Romero las pruebas que ha presentado son contundentes y prueba de ello es que esa documentación y con mayor detalle están en manos de la MACCIH- UFECIC, de la cual también critica que no haya hecho nada al respecto hasta el momento.
El analista Luis Méndez cree que esta es una nueva oportunidad para que la población salga a las calles, se manifieste en contra de la corrupción y vuelva a demandar de forma seria la salida de Juan Orlando Hernández del poder.
Para Méndez es necesario que la movilización ciudadana se retorne y que se encienda el fuego de las antorchas que en su momento puso en aprietos a la administración de Hernández.
Por su parte Raúl Pineda, también se refirió al tema, asegurando que la gente a pesar de tener estas denuncias que vienen de diversos sectores sigue mostrando apatía e indiferencia, por lo que de continuar este tipo de reacción ciudadana la realidad de país no cambiará.
“Es tiempo de vencer el miedo, miedo generado por la represión de la dictadura, pero debemos salir con dignidad y retomar la lucha para presionar a la MACCIH- UFECIC que denuncie a los líderes de las redes de corrupción y también para demandar cambios estructurales para el país”, enfatizó Méndez.
Según los datos revelados se sustrajo del Estado más de cuatro mil millones de lempiras, a través de varias Organizaciones no Gubernamentales. En uno de los casos que forman parte de este desfalco millonario figuran los nombres de la señora Victoria Isabel Madison de Chávez, madre del diputado nacionalista David Chávez.
La denuncia hecha pública esta semana, asegura que Victoria Isabel Madison de Chávez, usó la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh) y la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), ambas controladas por la primera dama Ana García de Hernández, para recibir dinero proveniente de proyectos para obras sociales.
Los casos los conoce a profundidad la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la UFECIC. El fiscal de esta entidad Luis Javier Santos confirmó que en el año 2018 se incautaron más de 60 mil folios de documentación de las oficinas de ambas organizaciones ubicadas en la colonia Las Lomas en Tegucigalpa.
Las autoridades de la UFECIC pidieron tiempo para seguir trabajando en el análisis de la documentación y de esa forma poder elaborar requerimientos fiscales con suficiente fundamento.
A pesar que los medios de comunicación han mantenido absoluto silencio ante estas denuncias realizadas por Romero, varios analistas han salido al paso y han opinado sobre el tema.
El analista Raúl Pineda dice que estos actos de corrupción son muy comunes en el país, lo lamentable es que hasta el momento la Fiscalía no haya actuado al respecto. Pineda asegura que la MACCIH- UFECIC conoce perfectamente el caso, también lo conoce el Consejo Nacional Anticorrupción, por lo tanto cuestiona que hasta el momento hayan actuado con lentitud ante las pruebas que mantienen en su poder.
Por su parte el ex fiscal Jari Dixon Herrera cree que analizar un tema tan complejo relacionado a la corrupción lleva mucho tiempo, pues se debe analizar cada documento, hacer cruce de información, pedir informes a la banca privada, y hacer auditorias.
Para Dixon, quien forma parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, se debe dar tiempo, espacio y confianza a la UFECIC para que ejecute su trabajo, el diputado no duda de la capacidad y compromiso del titular de esa institución, el abogado Luis Javier Santos, por lo que cree que ya llegará el momento en el que se presentarán los requerimientos.
En los últimos casos: “Fraude sobre el Gualcarque” y “Patuca tres”, la MACCIH ha sido cuestionada y criticada por la ciudadanía, pues en sus requerimientos no presentó ninguno contra un pez grande de la corrupción.
El analista Heriberto Baquedano manifestó que es evidente que en muchas de las decisiones de la MACCIH- UFECIC se nota la mano interventora del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de quien afirmó tiene un pacto de impunidad con Juan Orlando Hernández.
Misma perspectiva tiene el analista político Luis Méndez, quien afirma que es urgente que la MACCIH- UFECIC avance más allá en la lucha contra las redes de corrupción y que de una vez por todas demuestren independencia y que ningún pacto de impunidad les podrá evitar enfrentar a los grandes peces de la corrupción en el país.
Para ambos analistas, los límites de este pacto se refleja en los tipos de requerimientos presentados en los casos anteriores, pues en muchos de ellos tuvo que ser citado para comparecer ante la justicia el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández y el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
“Le quedan pocos meses a la MACCIH en el país, se habla de diez casos más que van a trabajar, debido a esta situación nos preguntamos si en estos diez casos está el de la primera dama, madre y familia, o si quedará en la impunidad, es tiempo que la MACCIH- UFECIC demuestren lo contrario”, valoró Luis Méndez.
El abogado Raúl Pineda cuestionó esta lentitud de la MACCIH- UFECIC, afirmando que tienen un despliegue considerable para que ya empiecen a darle las respuestas que la gente demanda en la lucha contra la corrupción, además Pineda admitió que, sin la MACCIH estuviéramos peor, pero enfatizó que le quedan algunos casos donde debe reivindicarse con la exigencia ciudadana.
“Casos como este que denunció Romero deben ser investigados con agilidad por la MACCIH- UFECIC, es parte del mandato que le demanda la gente, enfrentar y desarticular a los líderes de estas redes de corrupción que han vivido en impunidad permanente”, dijo el abogado Rasel Tomé.
Tomé, analista en temas jurídicos, cree urgente que se amplíe en estas investigaciones y a la mayor brevedad posible se presenten los requerimientos, y que en los mismos no se excluya a nadie, sin importar el nombre o el cargo que represente.
Mencionados se defienden
No solo Ana García de Hernández y su madre son las mencionadas en este último caso de corrupción, sino también el exministro de Educación, Marcial Solís, quien lideró la Fundación Juan Manuel Gálvez, la que también se vio beneficiada por depósitos a sus cuentas por parte de fondos de inversión social.A la par de ellos, también se suma la posible responsabilidad de la madre de David Chávez, en el manejo de las dos Organizaciones que fueron intervenidas en 2018 por la UFECIC-MACCIH, en ese sentido, el diputado nacionalista David Chávez, salió al paso a defenderse a capa y espada.
“Esa denuncia es una vil mentira, David Romero debe revisar lo que dice, por eso es que actualmente está enfrentando un proceso judicial que lo tiene a las puertas de la cárcel”, comenzó argumentando el parlamentario.
Chávez amplió asegurando que, en ningún momento su madre a pesar que si fue presidenta honorífica de una de las Fundaciones mencionadas, desvió dinero para otras cosas, mucho menos para actos de corrupción o para desfalcar el Estado.
El nacionalista culminó diciendo que debido a estas revelaciones presentadas por Romero, no descartaría interponer una querella en su contra.
Por su parte el periodista Romero, en su programa Interpretando la Noticia de Radio Globo, se refirió a las declaraciones de Chávez, manifestando que sus argumentos solo le recordaban los que en su momento usó el exdiputado y hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, quien convocó hace unos años a una conferencia de prensa donde expuso que no tenía ningún vinculo con el narcotráfico. En la actualidad Tony Hernández está preso en Estados Unidos, enfrentando un proceso judicial por el delito de narcotráfico.
Para Romero las pruebas que ha presentado son contundentes y prueba de ello es que esa documentación y con mayor detalle están en manos de la MACCIH- UFECIC, de la cual también critica que no haya hecho nada al respecto hasta el momento.
¿Y la ciudadanía?
A partir de estos nuevos datos de actos de corrupción, la población sigue apática e indiferente a la realidad de país, una realidad que mantiene secuestrado al Estado por un régimen ilegal que sigue saqueando dinero público con total impunidad, tal como ha quedado claro en varios casos de corrupción revelados.El analista Luis Méndez cree que esta es una nueva oportunidad para que la población salga a las calles, se manifieste en contra de la corrupción y vuelva a demandar de forma seria la salida de Juan Orlando Hernández del poder.
Para Méndez es necesario que la movilización ciudadana se retorne y que se encienda el fuego de las antorchas que en su momento puso en aprietos a la administración de Hernández.
Por su parte Raúl Pineda, también se refirió al tema, asegurando que la gente a pesar de tener estas denuncias que vienen de diversos sectores sigue mostrando apatía e indiferencia, por lo que de continuar este tipo de reacción ciudadana la realidad de país no cambiará.
“Es tiempo de vencer el miedo, miedo generado por la represión de la dictadura, pero debemos salir con dignidad y retomar la lucha para presionar a la MACCIH- UFECIC que denuncie a los líderes de las redes de corrupción y también para demandar cambios estructurales para el país”, enfatizó Méndez.
Wikipedia coloca a Honduras como un narcoestado
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – La conocida enciclopedia libre, poliglota y editada de manera colaborativa denominada Wikipedia, Honduras está entre los cuatro países que son considerados como narcoestado.
“Son habitualmente considerados cuatro ejemplos de narcoestado, Afganistan en Asia, Kosovo en Europa, Guinea-Bissau en África y Honduras en Latinoamérica, aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo de gobierno”.
Aquí lo consultado por Criterio.hn en Wikipedia
El término narcoestado (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
El uso del término comenzó a implantarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia. En la actualidad, Colombia ha mejorado en el tema del narcotráfico, disminuyendo ampliamente la producción en los últimos años.
Son habitualmente considerados cuatro ejemplos de narcoestado, Afganistan en Asia, Kosovo en Europa, Guinea-Bissau en África y Honduras en Latinoamérica, aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo de gobierno.
En 2018 es arrestado en miami estados unidos Juan Antonio Hernández Hermano del presidente Juan Orlando Hernandez presidente de Honduras siendo acusado de narcotrafico a “gran escala” por la corte de Nueva York siendo investigado en el periodo de 2004 al 2016, el ex capitán de la fuerzas armadas de honduras Santos Orlando Rodríguez Orellana acuso a “Tony Hernandez” de narcotraficante por medio de un helicóptero cargado de droga, ademas en el 2017 el ex lider del cartel de los cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga señalo a ex presidentes de honduras y demás políticos acusándolos de narcotrafico.
Tegucigalpa. – La conocida enciclopedia libre, poliglota y editada de manera colaborativa denominada Wikipedia, Honduras está entre los cuatro países que son considerados como narcoestado.
“Son habitualmente considerados cuatro ejemplos de narcoestado, Afganistan en Asia, Kosovo en Europa, Guinea-Bissau en África y Honduras en Latinoamérica, aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo de gobierno”.
Aquí lo consultado por Criterio.hn en Wikipedia
El término narcoestado (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
El uso del término comenzó a implantarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia. En la actualidad, Colombia ha mejorado en el tema del narcotráfico, disminuyendo ampliamente la producción en los últimos años.
Son habitualmente considerados cuatro ejemplos de narcoestado, Afganistan en Asia, Kosovo en Europa, Guinea-Bissau en África y Honduras en Latinoamérica, aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo de gobierno.
En 2018 es arrestado en miami estados unidos Juan Antonio Hernández Hermano del presidente Juan Orlando Hernandez presidente de Honduras siendo acusado de narcotrafico a “gran escala” por la corte de Nueva York siendo investigado en el periodo de 2004 al 2016, el ex capitán de la fuerzas armadas de honduras Santos Orlando Rodríguez Orellana acuso a “Tony Hernandez” de narcotraficante por medio de un helicóptero cargado de droga, ademas en el 2017 el ex lider del cartel de los cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga señalo a ex presidentes de honduras y demás políticos acusándolos de narcotrafico.
¡Como si no supiera! OIAD informa a JOH de peligro sobre Víctor Fernández
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en nombre del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), se ha dirigido por carta al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, para expresarle su preocupación por la situación de riesgo e inseguridad que padece el abogado hondureño Víctor Fernández.
Uno de los ellos, el Proyecto Agua Zarca constituye el móvil del asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y lideresa del COPINH, que se opuso activamente al mismo.
Su labor de defensa legal de los intereses de las comunidades afectadas por el Proyecto Agua Zarca, entre los que se incluyen los de los familiares de Berta Cáceres, en el proceso iniciado contra los autores materiales de su asesinato, ha desencadenado un proceso de estigmatización en los medios de comunicación y redes sociales que buscan desprestigiar y desacreditar personal y profesionalmente su imagen.
Con esta comunicación, desde el OIAD se insta al Gobierno de Honduras a que realice un esfuerzo para el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH y respete así los estándares internacionales de protección de los defensores de derechos humanos, como son los abogados.
Washington D.C.- La Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Gabriel Hernández,
ocurrido el 17 de marzo de 2019 en la ciudad de Nacaóme, departamento de
Valle, Honduras, e insta al gobierno hondureño a investigar el caso con
debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad
periodística.
De acuerdo con la información disponible, Gabriel Hernández se dirigía a su residencia en el barrio “La Ceiba” alrededor del mediodía del domingo 17 de marzo, luego de asistir a clases en la universidad. A una cuadra de su domicilio habría sido interceptado por una persona armada, quien le habría disparado varias veces. Luego del ataque, el periodista habría sido llevado a una clínica privada, donde falleció minutos después.
Gabriel Hernández, de 54 años, se desempeñaba como director y presentador del programa “El Pueblo Habla”, transmitido por Valle Televisión. A su vez, era corresponsal de “Radio Globo”, que transmite desde Tegucigalpa. Según información disponible, el comunicador era opositor al gobierno y conocido por sus fuertes críticas en contra del alcalde municipal de Nacaóme y de los diputados del departamento de Valle.
De acuerdo con información de público conocimiento, anteriormente el periodista habría sido objeto de amenazas, agresiones policiales y negativas de información por parte de las autoridades municipales, encabezadas por el Alcalde de Nacaóme. Además, según lo informado, había solicitado medidas de protección al Mecanismo Nacional de Protección, y dicho ente le habría manifestado que no aplicaba a las mismas.
La Relatoría ya ha manifestado en múltiples oportunidades la necesidad imperiosa de combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia. En este sentido, ha resaltado la importancia de la creación de programas especializados de protección permanente en aquellos países donde la violencia contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación esté particularmente extendida, señalando que, para que dichos mecanismos sean eficaces, es preciso que estén respaldados por un fuerte compromiso político del Estado, así como que cuenten con recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados para recibir las solicitudes de protección, evaluar el nivel de riesgo, adoptar e instrumentar las medidas de protección, así como monitorear las medidas que se encuentren vigentes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, repudió el asesinato del periodista y afirmó que “el Estado debe llevar adelante una investigación completa, teniendo en cuenta la relación de su labor como principal hipótesis del crimen y agotar todas las líneas de investigación”. A su vez, instó al gobierno a investigar las razones por las cuales el Mecanismo Nacional de Protección de Honduras no otorgó protección efectiva al mencionado periodista.
La Relatoría Especial llama al Estado hondureño a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
El Comité Nacional Pro-Liberación de Presos Políticos en
Honduras, ante la persistencia de la criminalización del ejercicio del
derecho a la protesta y denuncia, condena enérgicamente los últimos
hechos.
El 23 de febrero el poder judicial de Honduras envió a prisión preventiva a 13 defensores de los bienes comunes y de la naturaleza integrantes del Comité Municipal Ambiental de Tocoa, departamento de Colón.
32 son los lideres judicializados, que junto a las comunidades de La Ceibita han librado una legítima resistencia contra un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones Pinares desde el año 2018, ante la falta de cumplimiento del deber estatal de realizar una consulta previa, ha generado un profundo conflicto entre los intereses mineros y los de las comunidades. La respuesta estatal se ha caracterizado con represión de la protesta social y criminalización de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
En la última década uno de los mecanismos que ha sido utilizado por el estado de Honduras para reprimir a la oposición política y social, principalmente para la movilización ciudadana es el aparato judicial, es decir que se ha sometido a personas o grupos de personas a procesos judiciales, con el objetivo de acallarlos, de poner fin a sus luchas, de generar temor e intimidación a fin de que estas no continúen e incluso en algunos casos de castigarlos por haber cuestionado el proyecto de supuesto desarrollo del Estado, las empresas privadas, o el proyecto de dictadura política.
De esta forma, Berta Isabel Cáceres Flores –coordinadora general del COPINH y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH– fue objeto de criminalización, a finales del mes de mayo de 2013, la lideresa indígena fue objeto de una emboscada por un comando militar-policial mientras se trasladaba, junto a un compañero hacia la comunidad Lenca de Los Encinos, Río Blanco, municipio de Intibucá; en esa ocasión, la hicieron bajar y retirarse del automóvil mientras lo registraban, luego de lo cual éste les fue decomisado, supuestamente por haber encontrado una pistola comercial en la paila del carro. A raíz de esto, se procesó a la defensora por el delito de portación ilegal de armas y atentado contra la seguridad interior del Estado.
A finales del mes de julio de 2013, el Ministerio Público presentó un segundo requerimiento fiscal ante el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, por los supuestos delitos de usurpación, coacción y daños continuados, en contra de Berta Cáceres y dos compañeros más, alegando que indujeron a los pobladores a cometer daños en equipo y propiedades de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA). Según se conoció en su momento, las acusaciones fueron promovidas por denuncias del Alcalde Municipal y apoderados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
El Comité Nacional Pro-Liberación de Presos Políticos en Honduras considera que la criminalización de la que son víctimas los defensores del Bajo Aguán es un caso emblemático de la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos y los oponentes políticos en el país, en el marco de la implementación de proyectos extractivos y otros proyectos de desarrollo. El proceso penal y mediático al que han sido sometidos han limitado y deslegitimado gravemente sus actividades de defensa de los derechos humanos, desde septiembre de 2018. Igual que en el caso Cáceres también enfrentan dos requerimientos fiscales, algunos son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El uso del sistema penal tiene la finalidad de generar hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos, y de la misma forma que a los presos políticos, castigarlos por su ejercicio legítimo de defender los derechos humanos y el sistema democrático por medio de cualquier mecanismo de denuncia.
La criminalización en el contexto de las protestas en Honduras se caracteriza principalmente por el uso de arrestos arbitrarios y por un sistemático hostigamiento judicial de los líderes, afectando los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las acusaciones a las que se enfrentan los líderes se basan en la mayoría de los casos en prueba obtenida de videos, manejados por la policía y por testigos protegidos que son policías o técnicos del sistema de seguridad.
Ante los hechos expuestos
Recordamos al Estado Honduras que tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos y las libertades democráticas. En ese sentido, solicitamos a las autoridades hondureñas:
– Que dejen sin efecto los requerimientos fiscales incoados contra 174 personas criminalizadas en el marco de las protestas contra el fraude electoral de 2017;
– Cerrar los expedientes contra estudiantes y líderes sociales sujetos de hostigamiento y amenazas de criminalización;
– Que elimine los antecedentes penales producto de la criminalización de la que son victima;
– Que se levante cualquier impedimento vigente de salida del país, en contra de los criminalizados;
– Poner fin a la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos, en particular en el marco de la protesta social en contra de megaproyectos de desarrollo.
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2019
C.C:
A las Relatorías Interamericana y Universal sobre defensoras y defensores de DDHH
En especial la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos de Naciones Unidas basada en Honduras.
Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos
A los Relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para la Libertad de Expresión.
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
A la Relatoría para personas privadas de libertad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Representación de la Unión Europea en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. – El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), confirmó el crimen contra dos de sus integrantes, los compañeros indígenas Salomón Matute y Juan Samael Matute, quienes eran beneficiarios de la Medida Cautelar MC-416/13 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre del 2013.
Don Salomón y su hijo Juan eran defensores de los bienes comunes de la naturaleza, específicamente del bosque de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro y que alberga comunidades del pueblo indígena Tolupán, que se extiende al norte del departamento de Francisco Morazán.
Pese a ser beneficiarios de medidas cautelares, continúan los asesinatos de líderes indígenas y sociales en Honduras, uno de los casos emblemáticos es el de Berta Cáceres, premio Goldman al Ambiente, ocurrido el 02 de marzo del 2016, en su vivienda.
Cabe mencionar que estos dos defensores tolupanes, fueron parte de los huelguistas de hambre entre junio y julio del 2015, cuando se exigía la presencia de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), ellos se unieron a las exigencias de justicia contra los que asesinan a sus hermanos y hermanas, como había pasado en el 2013, que en plena toma de carretera para evitar el paso de camiones cargados de madera, dispararon contra tres de sus integrantes, incluyendo a doña María Enriqueta Matute, una mujer mayor.
Según informó el MADJ las nuevas víctimas “han fallecido producto de las heridas con arma de fuego en la Tribu de San Francisco de Locomapa”.
En múltiples ocasiones las y los compañeros indígenas han denunciado las agresiones y amenazas a las que eran y son sometidos por el simple hecho de defender el bosque y territorio Tolupán, saqueado con la venia y complicidad de la policía y toda la institucionalidad de Yoro.
Presutamente, fueron atacados en la mañana por vecinos afines a los que talan el bosque.
En Locomapa hay un campamento en defensa de los bienes comunes de la naturaleza que pronto cumplirá 500 días, hay conocimiento de dicha acción, y las autoridades competentes están obligadas a cumplir con las medidas de protección determinadas por la CIDH.
Juan era parte del Consejo Preventivo de la comunidad indígena, y su padre un defensor fiel a sus convicciones. El MADJ acompaña a las comunidades en los campamentos de defensa de derechos humanos, y constantemente sus integrantes son víctimas de ataques por autoridades civiles, militares y otros ciudadanos.
El Movimiento que dirige Martín Fernández, informó a través de redes sociales que: Ramón Matute, hijo y hermano de las victimas, denunció que “ayer domingo en horas de la tarde llegó hasta la vivienda de Salomón Matute el señor René Córdoba y Melvin Córdoba para amenazarlos con quitarles la vida por las tierras que pertenecen a la tribu y que las víctimas trabajaban para su sustento y hoy sus agresores cumplieron al dispararles sin mediar palabra”.
Cabe destacar que las y los integrantes del MADJ en la zona sufren día a día las agresiones y ahora atentados contra su vida ante la inoperancia e incapacidad cómplice y absoluta de las instituciones de Yoro.
En su perfil de la red social Facebook, el coordinador político del MADJ, Víctor Fernández, escribió:
Nuestros hermanos Tolupanes del MADJ siguen ofrendando su vida por la tierra, por la vida, por la justicia y la Dignidad.
Cuánto dolor e impotencia. Abrazamos con todo nuestro amor y solidaridad a la familia inmediata de nuestros hermanos Salomón y Samael. Abrazamos al digno pueblo Tolupán.
Abrazamos a nuestro compañero y hermano Tolupán Ramón Matute, parte de la Conducción Nacional del MADJ
Condenamos la violencia, el saqueo y toda la invasión a la que son sometidos nuestros hermanos y hermanas.
El 18 de diciembre de 2018 , dos líderes tolupanes, de los ancianos de la Tribu fueron heridos con disparos y piedras, según denunció el MADJ, los responsables fueron varios sujetos dedicados al corte ilegal de madera dentro de las tierras indígenas de San Francisco Locomapa.
Las víctimas fueron don Sergio Ávila, antiguo cacique de la tribu y Porfirio Córdova, este último, recibió una grave contusión en la cabeza, ambos son de avanzada edad y beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán.
Tegucigalpa.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en nombre del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), se ha dirigido por carta al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, para expresarle su preocupación por la situación de riesgo e inseguridad que padece el abogado hondureño Víctor Fernández.
Víctor Fernández preside el Movimiento Amplio por la Libertad y la Justicia, colectivo que asumió la
representación legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Fernández
preside el Movimiento Amplio por la Libertad y la Justicia, colectivo
que asumió la representación legal del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su labor de asistencia
letrada permitió interponer acciones legales contra 49 planes
hidroeléctricos proyectados o desarrollados en territorio lenca.Uno de los ellos, el Proyecto Agua Zarca constituye el móvil del asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y lideresa del COPINH, que se opuso activamente al mismo.
Su labor de defensa legal de los intereses de las comunidades afectadas por el Proyecto Agua Zarca, entre los que se incluyen los de los familiares de Berta Cáceres, en el proceso iniciado contra los autores materiales de su asesinato, ha desencadenado un proceso de estigmatización en los medios de comunicación y redes sociales que buscan desprestigiar y desacreditar personal y profesionalmente su imagen.
Nota relacionada Víctor Fernández: Sistema criminal saltó sus propios límites y perdió el control con el crimen de Berta Cáceres
Debido estas situaciones de presión y amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido otorgarle medidas cautelares de protección que, según denuncia el propio abogado, no estarían siendo debidamente aplicadas por el Estado hondureño.Con esta comunicación, desde el OIAD se insta al Gobierno de Honduras a que realice un esfuerzo para el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH y respete así los estándares internacionales de protección de los defensores de derechos humanos, como son los abogados.
Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Honduras e insta a investigar relación con su actividad periodística
De acuerdo con la información disponible, Gabriel Hernández se dirigía a su residencia en el barrio “La Ceiba” alrededor del mediodía del domingo 17 de marzo, luego de asistir a clases en la universidad. A una cuadra de su domicilio habría sido interceptado por una persona armada, quien le habría disparado varias veces. Luego del ataque, el periodista habría sido llevado a una clínica privada, donde falleció minutos después.
Gabriel Hernández, de 54 años, se desempeñaba como director y presentador del programa “El Pueblo Habla”, transmitido por Valle Televisión. A su vez, era corresponsal de “Radio Globo”, que transmite desde Tegucigalpa. Según información disponible, el comunicador era opositor al gobierno y conocido por sus fuertes críticas en contra del alcalde municipal de Nacaóme y de los diputados del departamento de Valle.
De acuerdo con información de público conocimiento, anteriormente el periodista habría sido objeto de amenazas, agresiones policiales y negativas de información por parte de las autoridades municipales, encabezadas por el Alcalde de Nacaóme. Además, según lo informado, había solicitado medidas de protección al Mecanismo Nacional de Protección, y dicho ente le habría manifestado que no aplicaba a las mismas.
La Relatoría ya ha manifestado en múltiples oportunidades la necesidad imperiosa de combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia. En este sentido, ha resaltado la importancia de la creación de programas especializados de protección permanente en aquellos países donde la violencia contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación esté particularmente extendida, señalando que, para que dichos mecanismos sean eficaces, es preciso que estén respaldados por un fuerte compromiso político del Estado, así como que cuenten con recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados para recibir las solicitudes de protección, evaluar el nivel de riesgo, adoptar e instrumentar las medidas de protección, así como monitorear las medidas que se encuentren vigentes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, repudió el asesinato del periodista y afirmó que “el Estado debe llevar adelante una investigación completa, teniendo en cuenta la relación de su labor como principal hipótesis del crimen y agotar todas las líneas de investigación”. A su vez, instó al gobierno a investigar las razones por las cuales el Mecanismo Nacional de Protección de Honduras no otorgó protección efectiva al mencionado periodista.
La Relatoría Especial llama al Estado hondureño a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Honduras continúa haciendo uso del aparato judicial para intimidar y sancionar la protesta social
El 23 de febrero el poder judicial de Honduras envió a prisión preventiva a 13 defensores de los bienes comunes y de la naturaleza integrantes del Comité Municipal Ambiental de Tocoa, departamento de Colón.
32 son los lideres judicializados, que junto a las comunidades de La Ceibita han librado una legítima resistencia contra un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones Pinares desde el año 2018, ante la falta de cumplimiento del deber estatal de realizar una consulta previa, ha generado un profundo conflicto entre los intereses mineros y los de las comunidades. La respuesta estatal se ha caracterizado con represión de la protesta social y criminalización de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
En la última década uno de los mecanismos que ha sido utilizado por el estado de Honduras para reprimir a la oposición política y social, principalmente para la movilización ciudadana es el aparato judicial, es decir que se ha sometido a personas o grupos de personas a procesos judiciales, con el objetivo de acallarlos, de poner fin a sus luchas, de generar temor e intimidación a fin de que estas no continúen e incluso en algunos casos de castigarlos por haber cuestionado el proyecto de supuesto desarrollo del Estado, las empresas privadas, o el proyecto de dictadura política.
De esta forma, Berta Isabel Cáceres Flores –coordinadora general del COPINH y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH– fue objeto de criminalización, a finales del mes de mayo de 2013, la lideresa indígena fue objeto de una emboscada por un comando militar-policial mientras se trasladaba, junto a un compañero hacia la comunidad Lenca de Los Encinos, Río Blanco, municipio de Intibucá; en esa ocasión, la hicieron bajar y retirarse del automóvil mientras lo registraban, luego de lo cual éste les fue decomisado, supuestamente por haber encontrado una pistola comercial en la paila del carro. A raíz de esto, se procesó a la defensora por el delito de portación ilegal de armas y atentado contra la seguridad interior del Estado.
A finales del mes de julio de 2013, el Ministerio Público presentó un segundo requerimiento fiscal ante el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, por los supuestos delitos de usurpación, coacción y daños continuados, en contra de Berta Cáceres y dos compañeros más, alegando que indujeron a los pobladores a cometer daños en equipo y propiedades de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA). Según se conoció en su momento, las acusaciones fueron promovidas por denuncias del Alcalde Municipal y apoderados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
El Comité Nacional Pro-Liberación de Presos Políticos en Honduras considera que la criminalización de la que son víctimas los defensores del Bajo Aguán es un caso emblemático de la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos y los oponentes políticos en el país, en el marco de la implementación de proyectos extractivos y otros proyectos de desarrollo. El proceso penal y mediático al que han sido sometidos han limitado y deslegitimado gravemente sus actividades de defensa de los derechos humanos, desde septiembre de 2018. Igual que en el caso Cáceres también enfrentan dos requerimientos fiscales, algunos son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El uso del sistema penal tiene la finalidad de generar hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos, y de la misma forma que a los presos políticos, castigarlos por su ejercicio legítimo de defender los derechos humanos y el sistema democrático por medio de cualquier mecanismo de denuncia.
La criminalización en el contexto de las protestas en Honduras se caracteriza principalmente por el uso de arrestos arbitrarios y por un sistemático hostigamiento judicial de los líderes, afectando los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las acusaciones a las que se enfrentan los líderes se basan en la mayoría de los casos en prueba obtenida de videos, manejados por la policía y por testigos protegidos que son policías o técnicos del sistema de seguridad.
Ante los hechos expuestos
Recordamos al Estado Honduras que tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos y las libertades democráticas. En ese sentido, solicitamos a las autoridades hondureñas:
– Que dejen sin efecto los requerimientos fiscales incoados contra 174 personas criminalizadas en el marco de las protestas contra el fraude electoral de 2017;
– Cerrar los expedientes contra estudiantes y líderes sociales sujetos de hostigamiento y amenazas de criminalización;
– Que elimine los antecedentes penales producto de la criminalización de la que son victima;
– Que se levante cualquier impedimento vigente de salida del país, en contra de los criminalizados;
– Poner fin a la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos, en particular en el marco de la protesta social en contra de megaproyectos de desarrollo.
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2019
C.C:
A las Relatorías Interamericana y Universal sobre defensoras y defensores de DDHH
En especial la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos de Naciones Unidas basada en Honduras.
Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos
A los Relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para la Libertad de Expresión.
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
A la Relatoría para personas privadas de libertad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Representación de la Unión Europea en Honduras.
Defensores indígenas tolupanes son asesinados en Locomapa
Defensores-indigenas Tolupanes son atacados y asesinados por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza en Yoro
Por Sandra RodríguezTegucigalpa, Honduras. – El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), confirmó el crimen contra dos de sus integrantes, los compañeros indígenas Salomón Matute y Juan Samael Matute, quienes eran beneficiarios de la Medida Cautelar MC-416/13 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre del 2013.
Don Salomón y su hijo Juan eran defensores de los bienes comunes de la naturaleza, específicamente del bosque de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro y que alberga comunidades del pueblo indígena Tolupán, que se extiende al norte del departamento de Francisco Morazán.
Pese a ser beneficiarios de medidas cautelares, continúan los asesinatos de líderes indígenas y sociales en Honduras, uno de los casos emblemáticos es el de Berta Cáceres, premio Goldman al Ambiente, ocurrido el 02 de marzo del 2016, en su vivienda.
Cabe mencionar que estos dos defensores tolupanes, fueron parte de los huelguistas de hambre entre junio y julio del 2015, cuando se exigía la presencia de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), ellos se unieron a las exigencias de justicia contra los que asesinan a sus hermanos y hermanas, como había pasado en el 2013, que en plena toma de carretera para evitar el paso de camiones cargados de madera, dispararon contra tres de sus integrantes, incluyendo a doña María Enriqueta Matute, una mujer mayor.
Según informó el MADJ las nuevas víctimas “han fallecido producto de las heridas con arma de fuego en la Tribu de San Francisco de Locomapa”.
En múltiples ocasiones las y los compañeros indígenas han denunciado las agresiones y amenazas a las que eran y son sometidos por el simple hecho de defender el bosque y territorio Tolupán, saqueado con la venia y complicidad de la policía y toda la institucionalidad de Yoro.
Presutamente, fueron atacados en la mañana por vecinos afines a los que talan el bosque.
En Locomapa hay un campamento en defensa de los bienes comunes de la naturaleza que pronto cumplirá 500 días, hay conocimiento de dicha acción, y las autoridades competentes están obligadas a cumplir con las medidas de protección determinadas por la CIDH.
Juan era parte del Consejo Preventivo de la comunidad indígena, y su padre un defensor fiel a sus convicciones. El MADJ acompaña a las comunidades en los campamentos de defensa de derechos humanos, y constantemente sus integrantes son víctimas de ataques por autoridades civiles, militares y otros ciudadanos.
El Movimiento que dirige Martín Fernández, informó a través de redes sociales que: Ramón Matute, hijo y hermano de las victimas, denunció que “ayer domingo en horas de la tarde llegó hasta la vivienda de Salomón Matute el señor René Córdoba y Melvin Córdoba para amenazarlos con quitarles la vida por las tierras que pertenecen a la tribu y que las víctimas trabajaban para su sustento y hoy sus agresores cumplieron al dispararles sin mediar palabra”.
Cabe destacar que las y los integrantes del MADJ en la zona sufren día a día las agresiones y ahora atentados contra su vida ante la inoperancia e incapacidad cómplice y absoluta de las instituciones de Yoro.
En su perfil de la red social Facebook, el coordinador político del MADJ, Víctor Fernández, escribió:
Nuestros hermanos Tolupanes del MADJ siguen ofrendando su vida por la tierra, por la vida, por la justicia y la Dignidad.
Cuánto dolor e impotencia. Abrazamos con todo nuestro amor y solidaridad a la familia inmediata de nuestros hermanos Salomón y Samael. Abrazamos al digno pueblo Tolupán.
Abrazamos a nuestro compañero y hermano Tolupán Ramón Matute, parte de la Conducción Nacional del MADJ
Condenamos la violencia, el saqueo y toda la invasión a la que son sometidos nuestros hermanos y hermanas.
El 18 de diciembre de 2018 , dos líderes tolupanes, de los ancianos de la Tribu fueron heridos con disparos y piedras, según denunció el MADJ, los responsables fueron varios sujetos dedicados al corte ilegal de madera dentro de las tierras indígenas de San Francisco Locomapa.
Las víctimas fueron don Sergio Ávila, antiguo cacique de la tribu y Porfirio Córdova, este último, recibió una grave contusión en la cabeza, ambos son de avanzada edad y beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán.
Balas y persecución no aplican: Mecanismo y la Fiscalía de Protección desamparan a periodista amenazada de muerte
Tuesday, 19 March 2019 22:01 Written by German Reyes Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Por su labor en la defensa de la libertad de expresión, ha sido
víctima de al menos un atentado criminal, amenazas de muerte,
seguimientos en vehículos y robo de su equipo de trabajo. Su vida está
en peligro, pero las autoridades le cerraron las puertas y la dejaron a
la buena de Dios.
Se trata de Miriam Elvir, periodista del diario digital
reporterosdeinvestigacion.com , quien el pasado 04 de marzo, fue
notificada del cierre de la denuncia que interpuso por amenazas de
muerte, en la Fiscalía Especial Para la Protección de los Defensores de
los Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia.
En su resolución la Fiscalía argumenta que el cierre del expediente, que contiene la denuncia por amenazas en perjuicio de Miriam Grizel Elvir Mejía, fue recomendado por la fiscal Jessenia María Márquez Lobo, quien asegura no haber encontrado hechos constitutivos de delito.
“Luego de haber agotado las investigaciones del caso, no hay ningún elemento de prueba que acredite la comisión del delito penal denunciado”, señala la resolución firmada por el abogado Gerry Yassar Valladares, titular de esa Fiscalía Especial.
La Fiscalía de Protección recibió la denuncia el 19 de junio del 2018, pero fue hasta finales de diciembre, seis meses después, cuando la llamaron a declarar. Para ese momento ella ya había sufrido varios incidentes más, pero según informó, las autoridades se negaron a agregar en la denuncia los elementos nuevos que debían ser investigados.
La periodista Elvir recibió la resolución haciendo constar que no está conforme con la determinación de la Fiscalía.
Mecanismo de Protección también la abandona
Como producto de las amenazas y demás incidentes registrados en su
contra, el 19 de junio del 2018, la periodista Elvir solicitó ser
protegida por el Mecanismo de Protección para los Defensores de los
Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, entidad distinta
de la Fiscalía de Protección.
El Mecanismo de Protección está conformado por diversas instituciones del Estado y asociaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, mientras que la Fiscalía de Protección es una dependencia del Ministerio Público.
Al hacer las investigaciones del caso los técnicos del Mecanismo determinaron que la periodista Elvir tiene mediano nivel de vulnerabilidad y recomendaron que el Estado debía proteger su vida. Y como medida le asignaron una línea de emergencia a la que llamaría en sus momentos de dificultad, pero tres meses después, en septiembre de 2018, el Mecanismo le canceló la medida.
El riesgo en que viven los periodistas y defensores de los derechos humanos en Honduras es grave, pero al parecer las autoridades no toman en serio esa situación. En el caso de la periodista Elvir, el Mecanismo de Protección no fue capaz ni de notificarle por escrito la suspensión de sus medidas de protección, sino mediante una llamada telefónica.
Ante tal situación el procurador legal de un organismo de los derechos humanos pidió la revisión del caso, el Mecanismo de Protección del Estado no tuvo tiempo para ofrecerles una respuesta y por esa razón realizan los trámites para la obtención de las medidas que otorga la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH).
Te vas a morir perra
El 18 en junio del 2018, la periodista Elvir fue víctima de un atentado criminal, perpetrado por dos individuos que se conducían en un vehículo que le dieron seguimiento desde la colonia Loarque hasta la residencial Germania, de la capital. Allí le chocaron su vehículo por la parte de atrás, le hicieron dos disparos con arma de fuego y después uno de ellos la amenazó, “te vas a morir perra”, le dijo.
En ese momento, ella laboraba para el Comité por la Libre Expresión C-Libre, institución en la que el mes de mayo había sido de mucha actividad de protesta por la derogación del Artículo 335-B el Código Penal, aprobado en el Congreso Nacional para criminalizar a los periodistas que a juicio de las autoridades hacen apología del terrorismo en sus programas.
Miriam Elvir también fue parte de un grupo de periodistas que en mayo del 2018 le solicitaron al Ministerio Público reactivar una denuncia interpuesta en el 2012 contra el ex presidente Porfirio Lobo y el jefe de la Guardia Presidencial, por violaciones a la libertad de expresión y agresiones contra varias periodistas que protestaban frente a la casa del gobierno y que fueron golpeadas.
Además, formaba parte de la una plataforma denominada periodistas contra la censura.
Después del atentado ella interpuso la denuncia en la posta policial, de la colonia El Tizatillo, pero allí dijeron que no podían hacer nada si no presentaba el número de la placa del vehículo en que se conducían sus atacantes.
También expuso su situación en C- Libre, su lugar de trabajo, y después acudió al Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), la entidad que la acompañó y representó en la denuncia que interpuso en el Mecanismo y en la Fiscalía de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
Para ella era importante conocer si ese ataque dependía de un hecho aislado o de alguien que le venía dando seguimiento, pero fue imposible debido a que las autoridades del Mecanismo, se negaron a solicitar los registros de las cámaras del centro de emergencia 911, según denunció.
Si no te perdés te matamos
El 10 de diciembre de 2018, Día Internacional de los Derechos Humanos, Miriam Elvir participó en un plantón realizado frente al Ministerio Público, para exigir la investigación y judicialización de los casos pendientes de resolver en diversas fiscalías especiales, después marcharon con un grupo de periodistas hacia el Instituto Penitenciario Nacional, para protestar por el ataque con arma de fuego contra el periodista Geovany Sierra, de UNE Tv.
Sierra había sido baleado por agentes penitenciarios, en una manifestación pacífica, en la capital.
“Y cuando estábamos allí nos dimos cuenta que andaban levantando perfiles”, indicó Elvir. En el vehículo de ella andaban el equipo de altavoz utilizado en la manifestación, y todos los comunicadores caminaban con un brazo vendado, simulando el del periodista Sierra, traspasado por una bala disparada por agentes penitenciarios.
La manifestación terminó cuando ya estaba oscuro. La periodista iba para su casa y vio que un vehículo la seguía de cerca. Ella le cedió el paso, pero el conductor en lugar de rebasarla le chocó su carro. Elvir contuvo la marcha y se bajó, pero de pronto miró que un hombre estaba atrás de ella, mientras que otro se acercaba al carro para luego comentar, “anda sola”.
El hombre abrió la puerta y sacó todo lo que había adentro, incluida la computadora y el teléfono celular. Antes de irse el motorista le gritó, “desaparécete, si no te perdés te matamos”.
Cuando llegó a su casa le conto a su esposo y él le dijo que en ese mismo lugar acababan de recoger un cadáver encostalado. Cuando ella denunció el hecho en la policía le dijeron que ese era un caso aislado que no tenía nada que ver con ella.
Según Elvir la Fiscalía de Protección se negó a adherir el robo de su equipo a la denuncia anterior y le recomendaron interponer otra denuncia. Pero “yo no quise seguir porque ellos tenían toda la información”, indicó.
Enlace del Mecanismo no contesta
Si recordamos, el Mecanismo de Protección le asignó a la periodista Elvir un número telefónico de emergencia al que ella llamó en repetidas veces, sin que la persona encargada le contestara.
Elvir reportó la situación al Mecanismo, y eso le desencadenó reclamos por parte de la autoridad. “Yo andaba con miedo, toda paranoica, y una muchacha de la policía me sale reclamando por qué yo había dicho eso, y le dije, aquí tengo la captura de pantalla donde la llamé y no me contestó”, afirmó la periodista.
Pero la cosa no queda allí porque después de eso la afectada recibió comunicación vía WhatsApp de un supuesto militar que le afirmaba ser su amigo. Y ella le contestó que eso era imposible porque ella jamás tendría un amigo militar. Y en esos días también recibió la llamada del Mecanismo donde le notifican que le suspendieron la medida arriba descrita.
En su resolución la Fiscalía argumenta que el cierre del expediente, que contiene la denuncia por amenazas en perjuicio de Miriam Grizel Elvir Mejía, fue recomendado por la fiscal Jessenia María Márquez Lobo, quien asegura no haber encontrado hechos constitutivos de delito.
“Luego de haber agotado las investigaciones del caso, no hay ningún elemento de prueba que acredite la comisión del delito penal denunciado”, señala la resolución firmada por el abogado Gerry Yassar Valladares, titular de esa Fiscalía Especial.
La Fiscalía de Protección recibió la denuncia el 19 de junio del 2018, pero fue hasta finales de diciembre, seis meses después, cuando la llamaron a declarar. Para ese momento ella ya había sufrido varios incidentes más, pero según informó, las autoridades se negaron a agregar en la denuncia los elementos nuevos que debían ser investigados.
La periodista Elvir recibió la resolución haciendo constar que no está conforme con la determinación de la Fiscalía.
El Mecanismo de Protección está conformado por diversas instituciones del Estado y asociaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, mientras que la Fiscalía de Protección es una dependencia del Ministerio Público.
Al hacer las investigaciones del caso los técnicos del Mecanismo determinaron que la periodista Elvir tiene mediano nivel de vulnerabilidad y recomendaron que el Estado debía proteger su vida. Y como medida le asignaron una línea de emergencia a la que llamaría en sus momentos de dificultad, pero tres meses después, en septiembre de 2018, el Mecanismo le canceló la medida.
El riesgo en que viven los periodistas y defensores de los derechos humanos en Honduras es grave, pero al parecer las autoridades no toman en serio esa situación. En el caso de la periodista Elvir, el Mecanismo de Protección no fue capaz ni de notificarle por escrito la suspensión de sus medidas de protección, sino mediante una llamada telefónica.
Ante tal situación el procurador legal de un organismo de los derechos humanos pidió la revisión del caso, el Mecanismo de Protección del Estado no tuvo tiempo para ofrecerles una respuesta y por esa razón realizan los trámites para la obtención de las medidas que otorga la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH).
Te vas a morir perra
El 18 en junio del 2018, la periodista Elvir fue víctima de un atentado criminal, perpetrado por dos individuos que se conducían en un vehículo que le dieron seguimiento desde la colonia Loarque hasta la residencial Germania, de la capital. Allí le chocaron su vehículo por la parte de atrás, le hicieron dos disparos con arma de fuego y después uno de ellos la amenazó, “te vas a morir perra”, le dijo.
En ese momento, ella laboraba para el Comité por la Libre Expresión C-Libre, institución en la que el mes de mayo había sido de mucha actividad de protesta por la derogación del Artículo 335-B el Código Penal, aprobado en el Congreso Nacional para criminalizar a los periodistas que a juicio de las autoridades hacen apología del terrorismo en sus programas.
Miriam Elvir también fue parte de un grupo de periodistas que en mayo del 2018 le solicitaron al Ministerio Público reactivar una denuncia interpuesta en el 2012 contra el ex presidente Porfirio Lobo y el jefe de la Guardia Presidencial, por violaciones a la libertad de expresión y agresiones contra varias periodistas que protestaban frente a la casa del gobierno y que fueron golpeadas.
Además, formaba parte de la una plataforma denominada periodistas contra la censura.
Después del atentado ella interpuso la denuncia en la posta policial, de la colonia El Tizatillo, pero allí dijeron que no podían hacer nada si no presentaba el número de la placa del vehículo en que se conducían sus atacantes.
También expuso su situación en C- Libre, su lugar de trabajo, y después acudió al Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), la entidad que la acompañó y representó en la denuncia que interpuso en el Mecanismo y en la Fiscalía de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
Para ella era importante conocer si ese ataque dependía de un hecho aislado o de alguien que le venía dando seguimiento, pero fue imposible debido a que las autoridades del Mecanismo, se negaron a solicitar los registros de las cámaras del centro de emergencia 911, según denunció.
Si no te perdés te matamos
El 10 de diciembre de 2018, Día Internacional de los Derechos Humanos, Miriam Elvir participó en un plantón realizado frente al Ministerio Público, para exigir la investigación y judicialización de los casos pendientes de resolver en diversas fiscalías especiales, después marcharon con un grupo de periodistas hacia el Instituto Penitenciario Nacional, para protestar por el ataque con arma de fuego contra el periodista Geovany Sierra, de UNE Tv.
Sierra había sido baleado por agentes penitenciarios, en una manifestación pacífica, en la capital.
“Y cuando estábamos allí nos dimos cuenta que andaban levantando perfiles”, indicó Elvir. En el vehículo de ella andaban el equipo de altavoz utilizado en la manifestación, y todos los comunicadores caminaban con un brazo vendado, simulando el del periodista Sierra, traspasado por una bala disparada por agentes penitenciarios.
La manifestación terminó cuando ya estaba oscuro. La periodista iba para su casa y vio que un vehículo la seguía de cerca. Ella le cedió el paso, pero el conductor en lugar de rebasarla le chocó su carro. Elvir contuvo la marcha y se bajó, pero de pronto miró que un hombre estaba atrás de ella, mientras que otro se acercaba al carro para luego comentar, “anda sola”.
El hombre abrió la puerta y sacó todo lo que había adentro, incluida la computadora y el teléfono celular. Antes de irse el motorista le gritó, “desaparécete, si no te perdés te matamos”.
Cuando llegó a su casa le conto a su esposo y él le dijo que en ese mismo lugar acababan de recoger un cadáver encostalado. Cuando ella denunció el hecho en la policía le dijeron que ese era un caso aislado que no tenía nada que ver con ella.
Según Elvir la Fiscalía de Protección se negó a adherir el robo de su equipo a la denuncia anterior y le recomendaron interponer otra denuncia. Pero “yo no quise seguir porque ellos tenían toda la información”, indicó.
Enlace del Mecanismo no contesta
Si recordamos, el Mecanismo de Protección le asignó a la periodista Elvir un número telefónico de emergencia al que ella llamó en repetidas veces, sin que la persona encargada le contestara.
Elvir reportó la situación al Mecanismo, y eso le desencadenó reclamos por parte de la autoridad. “Yo andaba con miedo, toda paranoica, y una muchacha de la policía me sale reclamando por qué yo había dicho eso, y le dije, aquí tengo la captura de pantalla donde la llamé y no me contestó”, afirmó la periodista.
Pero la cosa no queda allí porque después de eso la afectada recibió comunicación vía WhatsApp de un supuesto militar que le afirmaba ser su amigo. Y ella le contestó que eso era imposible porque ella jamás tendría un amigo militar. Y en esos días también recibió la llamada del Mecanismo donde le notifican que le suspendieron la medida arriba descrita.
Diputada mociona para que se investigue proceso de concesión minera de Guapinol
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La diputada al Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, presentó una moción para que se nombre una comisión multipartidaria y para que se investigue el proceso mediante el cual el Estado concesionó el conflictivo proyecto minero de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón.
Murillo establece mediante la moción presentada la noche del lunes que la Comisión Especial Multipartidaria sea asesorada por entes independientes como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUD) el Instituto Hondureño de Derecho Ambiental (IHDAMO) y otras instituciones que trabajan por la conservación del medio ambiente.
Según Murillo, la comisión deberá hacer recomendaciones para la deducción de responsabilidad a los funcionarios en las diversas instituciones que “llevaron a esta grave coyuntura, que pone en entredicho la imagen de un país respetuoso de la Constitución así como las leyes ambientales, de salud y los derechos humanos”.
La investigación plateada deberá incluir el proceso legislativo, para determinar si es necesario que el Congreso Nacional, mediante otro proyecto de ley, derogue el decreto 252-2013 que reformó el artículo 5 del decreto 127-2012 de creación de Parque Nacional Botaderos.
Murillo, quien es diputada por el departamento de Cortés, insta para que dentro de la comisión multipartidaria se integre a su compañero de bancada por el departamento de Colón, Ramón Soto. Asimismo, que los resultados y las soluciones concretas a la problemática, sean presentas en un plazo no mayor a un mes.
En su exposición de motivos, la legisladora establece que el conflicto suscitado en Guapinol se torna cada vez más grave, dejando hasta a la fecha seis dirigentes comunitarios asesinados y una cantidad de luchadores sociales por la vida y el agua, criminalizados, amenazados y estigmatizados.
Este lunes un juez con jurisdicción nacional sobreseyó a 12 dirigentes ambientales de Guapinol que luchan contra la contaminación del río del mismo nombre y en rechazo a la violación de leyes y manipulación de hechos, que se ha dado alrededor del tema.
La concesión para la explotación de la mina fue otorgada inicialmente en el año 2013 a EMCO MINING COMPANY, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Tegucigalpa.-La diputada al Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, presentó una moción para que se nombre una comisión multipartidaria y para que se investigue el proceso mediante el cual el Estado concesionó el conflictivo proyecto minero de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón.
Murillo establece mediante la moción presentada la noche del lunes que la Comisión Especial Multipartidaria sea asesorada por entes independientes como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUD) el Instituto Hondureño de Derecho Ambiental (IHDAMO) y otras instituciones que trabajan por la conservación del medio ambiente.
Noticia Relacionada:A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol
La congresista establece como objetivo, que se investigue si se cumplieron o no los procedimientos para el otorgamiento de la concesión al proyecto minero ASP y ASP1 en el Parque Nacional de Botaderos, aunque en la misma moción anticipa que para dicho proceso se ha transgredido varios leyes nacionales y convenios internacionales.Según Murillo, la comisión deberá hacer recomendaciones para la deducción de responsabilidad a los funcionarios en las diversas instituciones que “llevaron a esta grave coyuntura, que pone en entredicho la imagen de un país respetuoso de la Constitución así como las leyes ambientales, de salud y los derechos humanos”.
La investigación plateada deberá incluir el proceso legislativo, para determinar si es necesario que el Congreso Nacional, mediante otro proyecto de ley, derogue el decreto 252-2013 que reformó el artículo 5 del decreto 127-2012 de creación de Parque Nacional Botaderos.
Murillo, quien es diputada por el departamento de Cortés, insta para que dentro de la comisión multipartidaria se integre a su compañero de bancada por el departamento de Colón, Ramón Soto. Asimismo, que los resultados y las soluciones concretas a la problemática, sean presentas en un plazo no mayor a un mes.
En su exposición de motivos, la legisladora establece que el conflicto suscitado en Guapinol se torna cada vez más grave, dejando hasta a la fecha seis dirigentes comunitarios asesinados y una cantidad de luchadores sociales por la vida y el agua, criminalizados, amenazados y estigmatizados.
Este lunes un juez con jurisdicción nacional sobreseyó a 12 dirigentes ambientales de Guapinol que luchan contra la contaminación del río del mismo nombre y en rechazo a la violación de leyes y manipulación de hechos, que se ha dado alrededor del tema.
La concesión para la explotación de la mina fue otorgada inicialmente en el año 2013 a EMCO MINING COMPANY, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Noticia Relacionada:Diputados cometieron un fraude legislativo al aprobar minera en El Guapinol: Abogados
Para la entrega de la concesión se cometió un fraude legislativo, ya que el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, las que casualmente fueron concesionadas al proyecto minero.MP se luce en la ilegalidad: Medidas sustitutivas dicta juez para defensores criminalizados por minera en Copán
Tuesday, 05 March 2019 21:37 Written by German Reyes Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
En la audiencia de declaración de imputado desarrollada el pasado
lunes, 4 de marzo, de 2019, en el Juzgado Primero de Letras, de Santa
Rosa de Copán, la juez Adela Mejía, dictó medidas sustitutivas de la
prisión, a 19 pobladores criminalizados por defender la cultura, la
tierra y el medioambiente, del municipio de la Unión Copan, informó el
abogado y defensor de los derechos humanos, Abencio Fernández.
Según Fernández, a los acusados, todos pobladores de la comunidad de
Azacualpa, en la jurisdicción de la Unión Copan, el Ministerio Público
les imputa el delito de daños en perjuicio de la empresa Minerales de
Occidente (MINOSA), una compañía que desde 1997, cuando inició
operaciones, ha sido denunciada por deterioros ambientales y otras
acciones constitutivas de delitos contra la población.
La acusación se deriva por supuestos daños ocasionados a una maquinaria, cuando los acusados participaban en una manifestación de los pobladores que se oponen la destrucción del cementerio donde están enterrados sus parientes fallecidos en los últimos 200 años. La empresa insiste en trasladar los restos y explotar el oro que hay debajo.
La medida impuesta por la Juez Adela Mejía obliga a los acusados a presentarse a firmar el libro una vez al mes en el Juzgado de Paz de la Unión Copán, y a no acercarse a las instalaciones de la empresa.
Y a juicio del abogado Fernández, está última medida es decorativa, puesto que los imputados no son empleados de la compañía y tampoco tienen nada que ir a hacer allí. La audiencia inicial ha sido programada para el próximo jueves 14 de marzo de este año.
Fernández lamentó que la fiscal del Ministerio Público, a quien identificó únicamente, como Leyla, esté procurando perjudicar a los pobladores que luchan por sus derechos y aseguró que la única prueba que tiene contra ellos es un video que le proporcionó la misma empresa.
Pero según el abogado la relación entre MINOSA y la Fiscalía no es nueva. Relató que hace varios meses, debido a que lo vecinos mantenían obstaculizado el paso hacia el cementerio, la empresa mandó a descombrar la parte de atrás para hacer una carretera y que para impedirlo los pobladores les quitaron a los trabajadores una motosierra, que después se la presentaron a la policía.
Sin embargo, los agentes en lugar de ayudar a los pobladores llamaron a la fiscalía para que los acusaran de algún delito ambiental o de hurto.
“Y allí estaba yo cuando llegaron los abogados de la mina y la fiscal se acercó donde ellos y les dijo que no los podía acusar porque yo se lo impedía”, expresó Fernández, quien ha lamentado lo que ocurre con la justicia hondureña.
Vale decir que siendo Honduras uno de los países del mundo más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, actitudes como las de esa fiscal les ponen en riesgo sus vidas.
Veinte denuncias sin resolver
Del 20 de mayo del año pasado a la fecha el abogado Fernández ha acompañado a los defensores del ambiente en Azacualpa Copán, en la interposición de veinte denuncias por agresiones físicas, amenazas de muerte y hostigamientos, por parte de la empresa de seguridad de MINOSA y de los agentes policiales. No obstante, todas esas denuncias las mantiene engavetadas la Fiscalía, en la regional de Santa Rosa de Copán.
Situación similar ocurrió con Berta Cáceres cuando denunció amenazas de muerte por parte de las empresas de generación eléctrica y que la Fiscalía jamás les dio trámite para resolverlas y tiene tres años su asesinato.
A lo anterior se suma que la Fiscal del Ministerio Público también se negó al inicio a compartir con los defensores el video que presentará como prueba.
Un comunicado de la Asociación Noroccidental de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG) confirma las declaraciones de Fernández, y además, indica que entre esas denuncias también están varias relacionadas con delitos ambientales cometidos por la empresa a través del derramamiento de cianuro en las fuentes de agua, como el Río Lara, afluente del Río Higuito o Jicatuyo.
Sostiene la ASONOG que en al menos en tres ocasiones se han producido muertes masivas de peces y de otras especies residentes en esas fuentes de agua.
Razones para oponerse
Con el aval de las autoridades la empresa MINOSA en sus operaciones ya ha desplazado completamente a los vecinos de tres aldeas, San Andrés, San Miguel y Platanares. Y hoy, de la mano con el gobierno van contra La Azacualpa, comunidad que todavía se resiste a desaparecer y lucha por su territorio, su cultura y sus costumbres.
Dos décadas atrás, los vecinos de San Andrés, San Miguel y Platanares, eran dueños de parcelas y allí tenían la oportunidad de cultivar sus alimentos y mantener ganado en pequeña escala, sin embargo, las operaciones de la empresa que al inicio se denominabaGreenstone y ahora MINOSA, los obligó a salir de sus tierras y a trasladarse a otro lugar donde el gobierno y la empresa les construyeron pequeñas casas de lámina y bloques de cemento, sin espacios para áreas verdes.
Ellos no querían trasladarse, pero las autoridades municipales y centrales los obligaron con el argumento de que debían de hacerlo para no atrasar el desarrollo de la comunidad. Y allí están los vecinos de San Andrés, San Miguel y Platanares, hacinados y sin esperanza de salir adelante. Y ese es el espejo donde se ven los pocos pobladores de La Azacualpa que todavía se resisten a abandonar sus tierras, a la mayoría ya la sacaron.
En su afán de apoderarse de la tierra, entre septiembre y diciembre del 2018, MINOSA movilizó a los trabajadores para una toma de carretera exigiendo la autorización de sacar los cadáveres del cementerio, y además, según ASONOG, también realizó campañas mediáticas de hostigamiento y persecución, “basada en mentiras y aduciendo la suspensión total de sus actividades como efecto de los amparos interpuestos, cuando en realidad continuaba trabajando las 24 horas del día”, asegura la coalición.
Mineras canadienses serán enjuiciadas en Canadá por violaciones a derechos humanos
La minera MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense, estaría preparando su propio juicio para que la justicia de Canadá la enjuicie por lo que está haciendo en Honduras, ya que otra compañía en Guatemala, está ante un proceso penal impulsado por las víctimas que son acompañadas por Grahame Russell de la organización Rights Action, que igualmente respalda la lucha de los pobladores de Azacualpa.
Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica, dijo a la periodista Leonora Chapmandel sitio http://www.rcinet.ca que hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente, y mujeres que han sido violadas en Guatemala.
Russell está acompañando hace varios años a los defensores del ambiente en Azacualpa, quienes sufren las consecuencias de la complicidad del Estado de Honduras a través de todas sus instituciones para que prevalezca el lucro y no la vida.
La acusación se deriva por supuestos daños ocasionados a una maquinaria, cuando los acusados participaban en una manifestación de los pobladores que se oponen la destrucción del cementerio donde están enterrados sus parientes fallecidos en los últimos 200 años. La empresa insiste en trasladar los restos y explotar el oro que hay debajo.
La medida impuesta por la Juez Adela Mejía obliga a los acusados a presentarse a firmar el libro una vez al mes en el Juzgado de Paz de la Unión Copán, y a no acercarse a las instalaciones de la empresa.
Y a juicio del abogado Fernández, está última medida es decorativa, puesto que los imputados no son empleados de la compañía y tampoco tienen nada que ir a hacer allí. La audiencia inicial ha sido programada para el próximo jueves 14 de marzo de este año.
Fernández lamentó que la fiscal del Ministerio Público, a quien identificó únicamente, como Leyla, esté procurando perjudicar a los pobladores que luchan por sus derechos y aseguró que la única prueba que tiene contra ellos es un video que le proporcionó la misma empresa.
Pero según el abogado la relación entre MINOSA y la Fiscalía no es nueva. Relató que hace varios meses, debido a que lo vecinos mantenían obstaculizado el paso hacia el cementerio, la empresa mandó a descombrar la parte de atrás para hacer una carretera y que para impedirlo los pobladores les quitaron a los trabajadores una motosierra, que después se la presentaron a la policía.
Sin embargo, los agentes en lugar de ayudar a los pobladores llamaron a la fiscalía para que los acusaran de algún delito ambiental o de hurto.
“Y allí estaba yo cuando llegaron los abogados de la mina y la fiscal se acercó donde ellos y les dijo que no los podía acusar porque yo se lo impedía”, expresó Fernández, quien ha lamentado lo que ocurre con la justicia hondureña.
Vale decir que siendo Honduras uno de los países del mundo más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, actitudes como las de esa fiscal les ponen en riesgo sus vidas.
Veinte denuncias sin resolver
Del 20 de mayo del año pasado a la fecha el abogado Fernández ha acompañado a los defensores del ambiente en Azacualpa Copán, en la interposición de veinte denuncias por agresiones físicas, amenazas de muerte y hostigamientos, por parte de la empresa de seguridad de MINOSA y de los agentes policiales. No obstante, todas esas denuncias las mantiene engavetadas la Fiscalía, en la regional de Santa Rosa de Copán.
Situación similar ocurrió con Berta Cáceres cuando denunció amenazas de muerte por parte de las empresas de generación eléctrica y que la Fiscalía jamás les dio trámite para resolverlas y tiene tres años su asesinato.
A lo anterior se suma que la Fiscal del Ministerio Público también se negó al inicio a compartir con los defensores el video que presentará como prueba.
Un comunicado de la Asociación Noroccidental de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG) confirma las declaraciones de Fernández, y además, indica que entre esas denuncias también están varias relacionadas con delitos ambientales cometidos por la empresa a través del derramamiento de cianuro en las fuentes de agua, como el Río Lara, afluente del Río Higuito o Jicatuyo.
Sostiene la ASONOG que en al menos en tres ocasiones se han producido muertes masivas de peces y de otras especies residentes en esas fuentes de agua.
Razones para oponerse
Con el aval de las autoridades la empresa MINOSA en sus operaciones ya ha desplazado completamente a los vecinos de tres aldeas, San Andrés, San Miguel y Platanares. Y hoy, de la mano con el gobierno van contra La Azacualpa, comunidad que todavía se resiste a desaparecer y lucha por su territorio, su cultura y sus costumbres.
Dos décadas atrás, los vecinos de San Andrés, San Miguel y Platanares, eran dueños de parcelas y allí tenían la oportunidad de cultivar sus alimentos y mantener ganado en pequeña escala, sin embargo, las operaciones de la empresa que al inicio se denominabaGreenstone y ahora MINOSA, los obligó a salir de sus tierras y a trasladarse a otro lugar donde el gobierno y la empresa les construyeron pequeñas casas de lámina y bloques de cemento, sin espacios para áreas verdes.
Ellos no querían trasladarse, pero las autoridades municipales y centrales los obligaron con el argumento de que debían de hacerlo para no atrasar el desarrollo de la comunidad. Y allí están los vecinos de San Andrés, San Miguel y Platanares, hacinados y sin esperanza de salir adelante. Y ese es el espejo donde se ven los pocos pobladores de La Azacualpa que todavía se resisten a abandonar sus tierras, a la mayoría ya la sacaron.
En su afán de apoderarse de la tierra, entre septiembre y diciembre del 2018, MINOSA movilizó a los trabajadores para una toma de carretera exigiendo la autorización de sacar los cadáveres del cementerio, y además, según ASONOG, también realizó campañas mediáticas de hostigamiento y persecución, “basada en mentiras y aduciendo la suspensión total de sus actividades como efecto de los amparos interpuestos, cuando en realidad continuaba trabajando las 24 horas del día”, asegura la coalición.
Mineras canadienses serán enjuiciadas en Canadá por violaciones a derechos humanos
La minera MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense, estaría preparando su propio juicio para que la justicia de Canadá la enjuicie por lo que está haciendo en Honduras, ya que otra compañía en Guatemala, está ante un proceso penal impulsado por las víctimas que son acompañadas por Grahame Russell de la organización Rights Action, que igualmente respalda la lucha de los pobladores de Azacualpa.
Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica, dijo a la periodista Leonora Chapmandel sitio http://www.rcinet.ca que hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente, y mujeres que han sido violadas en Guatemala.
Russell está acompañando hace varios años a los defensores del ambiente en Azacualpa, quienes sufren las consecuencias de la complicidad del Estado de Honduras a través de todas sus instituciones para que prevalezca el lucro y no la vida.
Guapinol: te quise, te quiero y te querré
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – En
horas de la madrugada de este miércoles, llegó a la comunidad de
Guapinol el autobús que transportaba a la y los criminalizados por
defender los bienes comunes, ya no como detenidos, sino con sus cartas
de libertad otorgadas por un el Juzgado de Jurisdicción Nacional.
Estuvieron 12 días fuera de sus casas,
igual que el número de personas enviadas a prisión preventiva, porque el
juez Carlos Irías de León, en La Ceiba, Atlántida, les negó defenderse
en libertad el pasado viernes 22 de febrero, y el caso pasó a la capital
hondureña, alargando el proceso.
Guapinol no descansó ni un sólo momento
clamando justicia divina para que se aplicara la justicia terrenal, y
tras cuatro días de audiencia inicial y mas de 50 horas de litigio, el
juez Víctor Méndez, sobreseyó definitivamente los dos expedientes
(21-2019 y 22-2019), en la madrugada del lunes.
Sin embargo, esa decisión no dejó de ser
motivo de denuncia por parte del equipo de defensa legal, sobre las
faltas que evidenciaron el accionar del sistema operador de justicia y
la falta de investigación, específicamente al señalar a los defensores
como una banda de asociación ilícita, mediante una matriz elaborada por
un agente de la Dirección Policial de investigación (DPI).
Con sobreseimiento definitivo: Lourdes Elizabeth Gómez Rodas, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George y José Adalid Cedillo Mendoza.
En varios municipios, ya recorridos más
de 400 kilómetros de carretera, habían personas solidarias esperándolos,
por lo que hacían caravanas que si bien, alargó las horas de viaje,
también los llenó de fortaleza, y a las tres de la mañana ya estaban en
Guapinol.
Juan López, integrante de la Fundación
San Alonso Rodríguez (FSAR), al calor del recibimiento de la gente esta
madrugada, expresó que, hay una canción que dice “te quise, te quiero y
te querré”, se pudo, se puede y se podrá liberar a no solo a Guapinol,
sino al municipio de Tocoa de los grandes peligros de perder el agua y
de perder la paz, y donde radica desde mi punto de vista la fuerza para
lograrlo es el amor.
Ahora cinco (miércoles 6) de marzo,
todavía -diría- con la sangre caliente de nuestra compañera Berta
Cáceres, asesinada hace tres años en el occidente, que el amor tiene
rostro de niñas y niños, jóvenes, mujeres, hombres, abuelos y abuelas,
que en lo particular me han ido abriendo los ojos y punzando el corazón
para abrazar una lucha desde la fe, la esperanza y el amor, aseguró el
también celebrador la de Palabra de Dios y parte de la Pastoral Social
de la parroquia San Isidro Labrador, Tocoa.
Y por ese amor, hermanas y hermanos
-agregó-, decidí junto a mis compañeros y compañera, enfrentar el
sistema, porque un hombre, una mujer o un pueblo creyente jamás puede
darle la espalda al sistema corrupto, hay que enfrentarlo y decirle lo
que es.
Para López, “esta dignidad no tiene
precio calculado en dinero, en hierro, en oro ni en metales. Esto se
calcula desde este sentimiento más fuerte que vibra en nuestras vidas,
en nuestros corazones”. Por eso para mí es un gusto reconocer en ustedes
a ese compañero, hermano, amigo y señor Jesucristo. Y sólo desde esa
radicalidad y postura creo que es posible construir un municipio de
hermanos y hermanas que nos respetamos y amamos.
Los 11 defensores y una defensora se
enfrentaron al riesgo de ir a prisión ante las órdenes de captura según
los expedientes iniciales número 148-2018 y 03-2019, emitidos por el
Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, en octubre pasado y
enero del presente año, respectivamente.
En el primero se acusa a 18 ciudadanos
por usurpación y daños, en perjuicio de la empresa Inversiones Los
Pinares y administración pública; en el segundo -del cual se supo hasta
el día de la presentación voluntaria- aparecen 31 luchadores y
luchadoras sociales, defensores y defensoras de derechos humanos del
“Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, [incluso un señor
que falleció en el 2015] acusados por los delitos de Detentación de
espacios públicos, Incendio agravado en perjuicio de la empresa minera y
en perjuicio de un empleado de la empresa, Robo, Privación injusta de
la libertad y Asociación Ilícita.
Los defensores y defensora consideran
que, tras salir absueltos de todos los delitos, han dado el primer paso y
con ellos el camino está abierto para seguir andando, y no pueden
pensar en solo defender el Río Guapinol, porque también están gritando
los ríos San Pedro, Cuaca, Tocoa y Taudica; sin ellos no hay vida en el
municipio.
“También esos ríos son nuestro prójimo a quien debemos amar”. Juan López
Juan López- Defensor del Río Guapinol
Agregaron que, la lucha no ha terminado,
porque reconocen las lágrimas derramadas en exigencia de libertad, en
Tocoa, Tegucigalpa y todas las comunidades a nivel nacional y mundial,
porque el caso trascendió las fronteras patrias.
El mismo juez, en este caso Víctor
Méndez, y hasta un agente penitenciario, reconocieron que “quien
protesta por defender el agua no tiene delito”, además la decisión
judicial reconoció lo estipulado en el artículo 79 de la Constitución de
la República de Honduras, declaró el grupo.
ARTICULO 79.-Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
Asimismo, López instó a que
“protestemos, gritemos, ese precedente nos dice que la lucha que
levantamos por defender los bienes comunes no puede ser criminalizada,
la lucha nuestra salió de fronteras hondureñas y se posicionó en el
contexto internacional”.
Nosotros tenemos la verdad y ha sido ratificada por un juzgado de jurisdicción nacional, puntualizó.
Las mujeres somos agua
Lourdes Gómez, defensora del Río Guapinol, criminalizada.
Lourdes Gómez, declaró que, cuando uno
es inocente tiene que dar la cara, es triste saber cómo están las leyes
en nuestro país y como nos van a meter presos por defender nuestros
ríos, como mujeres sabemos que ocupamos nuestra agua 24/7 (siempre).
Para la defensora es duro ver como hay
personas que los acusar, pero es más admirable como la población se unió
en solidaridad con ella y sus compañeros privados de libertad. Para
nosotros el acompañamiento fue de gran fuerza, porque escuchamos que “No
están solos”. El agua es vida y las mujeres somos agua, y sabemos la
necesidad de ella en toda nuestra vida.
Un año de resistencia pacífica
El color del agua del Río Guapinol, alertó a la comunidad.
En marzo del 2018 el agua empezó a
llegar sucia, y con ella los reclamos de los abonados de la junta de
agua que preside don Reynaldo Domínguez, en Guapinol. Y por atender las
denuncias e investigar el origen de la contaminación fue parte del grupo
de encarcelados.
El 27 de marzo del 2018, el agua del río
parecía pinole, lo que alertó a la población quien se preguntaba ¿Por
qué el agua salía así? Y se procedió a indagar el suceso. Fue una odisea
iniciar esta lucha, y seguirá siendo así hasta que la empresa minera no
se vaya.
Iniciamos con plantones de un día, a lo
que el alcalde de Tocoa (Adán Fúnes) dijo que ni cosquilla le hacíamos.
Después nos dijeron que nos fuéramos a tomar la calle que condujo a la
zona de labor de la empresa minera, y ahí nos quedamos 87 días, ahí
siguiéramos si no es porque nos desalojaron, recordó el defensor. Cabe
señalar que ha sido uno de los desalojos más violentos de los últimos
meses, y después se supo de la primera orden de captura, y se militarizó
la zona.
Domínguez hizo un reconocimiento a la
labor de medios de comunicación, Fundación San Alonzo, Coordinadora de
Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y el acompañamiento del padre
de la parroquia de Tocoa Gregorio Vázquez, quien estuvo el pasado sábado
en el programa radial Voces Contra el Olvido, del COFADEH, y aseguró
que la defensa de la casa común es un mandato de la iglesia, porque la
naturaleza es parte de la vida y creación de Dios.
El defensor resaltó que la lucha que
ahora es de las iglesias (diferentes credos) y eso lo comprobamos estos
días y anoche. La acción de defensa iba acompañada desde la fe y el
conocimiento de los abogados.
En conferencia de prensa este mediodía,
en Tocoa, los defensores denunciaron que la crisis la provocó la empresa
Los Pinares y el Ministerio Público que ha criminalizado a un grupo de
31 compañeros y compañeras.
Por lo que Juan Orlando Hernández,
presidente ilegal de Honduras, se ha equivocado al poner personas como
ellos (jueces y fiscales) en esos puestos. En el país se estigmatiza la
labor de personas valiosas como son los abogadores defensores de
derechos humanos.
Hasta ahora que estuvimos 12 días en la
cárcel comprobábamos que hay miles y miles de personas inocentes en las
cárceles, declaró Ramírez.
Los defensores aseguran que “no estamos
pidiendo nada fuera de la ley al alcalde, solo algo que ya está escrito y
debe cumplir” refiriéndose a las asambleas consultivas estipuladas en
la ley de municipalidades, pero no habrá diálogo si las acciones afectan
al rio Guapinol.
