Publicado: 7 abr 2019 21:26 GMT - RT
El Departamento de Justicia afirma que
tomará tiempo analizar los registros de 47.000 menores no acompañados
retenidos entre julio de 2017 y junio de 2018.
Inmigrantes en un recinto de la aduana fronteriza de EE.UU. en El Paso, Texas, marzo de 2019.
Lucas Jackson / Reuters
El
Gobierno de Donald Trump afirma que necesita entre 12 y hasta 24 meses
para identificar y localizar a miles de niños inmigrantes que fueron
separados de sus familias en la frontera sur de EE.UU.
El Departamento de Justicia estadounidense informó en un documento judicial remitido a una corte federal de San Diego, California —según cita The New York Times—, que tomará al menos un año estudiar los casos de 47.000 niños que fueron remitidos a la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, un día antes de que el juez federal de distrito Dana Sabraw ordenara detener la práctica de separación de familias.
La
Administración se ha comprometido a revisar manualmente esos registros y
determinar cuáles de esos pequeños son parte de familias separadas. En
el texto señalan que es una ardua labor debido a que la aduana
fronteriza no recogió datos específicos de familias separadas antes de
abril de 2018, cuando apenas se anunció la política de "tolerancia cero"
de Trump.
La reunificación familiar fue ordenada por Sabraw el año pasado. Para entonces, su dictamen incluyó a los niños separados de sus padres durante la aplicación de la política de "tolerancia cero", entre abril y junio de 2018, que sumó poco más de 2.800 casos. Sin embargo, en enero pasado se dio a conocer que esta práctica se estaba aplicando desde un año antes y que el número de menores alejados de sus progenitores es mayor, por lo que el jurista pidió que los afectados con anterioridad fueran incluidos en su dictamen.
En
el mensaje, publicado en Twitter, la ACLU enfatizó que así como el
Gobierno "reunió rápidamente recursos para separar a las familias", debe
"hacer lo mismo para arreglar el daño".
El Departamento de Justicia estadounidense informó en un documento judicial remitido a una corte federal de San Diego, California —según cita The New York Times—, que tomará al menos un año estudiar los casos de 47.000 niños que fueron remitidos a la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, un día antes de que el juez federal de distrito Dana Sabraw ordenara detener la práctica de separación de familias.
La reunificación familiar fue ordenada por Sabraw el año pasado. Para entonces, su dictamen incluyó a los niños separados de sus padres durante la aplicación de la política de "tolerancia cero", entre abril y junio de 2018, que sumó poco más de 2.800 casos. Sin embargo, en enero pasado se dio a conocer que esta práctica se estaba aplicando desde un año antes y que el número de menores alejados de sus progenitores es mayor, por lo que el jurista pidió que los afectados con anterioridad fueran incluidos en su dictamen.
Oposición de demandantes
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las demandantes de la práctica de separación de familias inmigrantes, manifestó que se opone "firmemente a cualquier plan que le dé al Gobierno hasta dos años para localizar a los niños".
El mandatario participa en una mesa redonda sobre inmigración y control de fronteras.
Kevin Lamarque / Reuters
El
presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido enviar más tropas a la
zona fronteriza tras visitar el muro en la ciudad de Calexico, en
California. "Ya sea que se trate de asilo o de lo que quieras,
inmigración ilegal, no podemos llevarte más. Nuestro país está lleno.
Nuestra área está llena. El sector está lleno. No puedo llevarte más. Lo
siento, da la vuelta", declaró este viernes el jefe de Estado al
referirse al fenómeno migratorio.
Donald Trump dijo en la frontera con México que Estados Unidos está "lleno"
"Den
media vuelta, así es la cosa", expresó Trump a los mexicanos como parte
de uno de sus principales planes de campaña para la reelección en 2020.
05.04.2019 20:40 - MONTEVIDEO PORTAL
Frontera México - Estados Unidos. Foto: EFE - David Peinado
El presidente estadounidense, Donald
Trump, llegó este viernes a la localidad de Calexico, en la frontera con
México, con un mensaje para los inmigrantes irregulares: Estados Unidos
está "lleno".
Trump considera su cruzada contra la "crisis" en la frontera como un eje central de la campaña para la reelección en 2020, y su viaje a Calexico implica que su mensaje llegue a los titulares.
"Recién llegué a Calexico, en California", dijo en Twitter el presidente estadounidense tras aterrizar en la localidad situada a unos 300 kilómetros al sur de Los Ángeles, una semana después de que amenazara con cerrar la frontera.
En una reunión con una patrulla fronteriza, Trump dijo que "el sistema está lleno".
"Ya no los podemos acoger (...) nuestro país está lleno", afirmó el presidente estadounidense, que sostiene que las llegadas de migrantes y refugiados que huyen de América Central constituyen una emergencia nacional. "Den media vuelta, así es la cosa", añadió.
Trump visitó después una sección del muro que está siendo remodelada y que él busca que se extienda por los 3.000 kilómetros de frontera con México. "Es muy, muy difícil de escalar", dijo.
Del otro lado de la frontera, en Mexicali, unas 200 personas protestaron contra el presidente estadounidense con carteles como "Si tú construyes el muro mi generación lo va a tirar" o "Deja de separar a las familias".
Trump provocó un revuelo en sectores políticos y empresariales el viernes pasado al advertir a México que cerraría la frontera común "la próxima semana" y "durante mucho tiempo" si no detenía las caravanas de migrantes que se dirigen hacia el norte.
El presidente reculó el jueves y le dio un año a México para frenar el narcotráfico en la frontera antes de imponer aranceles a sus vehículos, aunque sin aclarar si la contención de los inmigrantes indocumentados también tenía ese plazo.
Horas después, Trump volvió el viernes a advertir a los periodistas que no ha cambiado de opinión, a pesar de que celebró en Twitter que México esté "por primera vez en décadas realizando arrestos importantes de ilegales en su frontera sur, antes de que los migrantes inicien su largo periplo hacia Estados Unidos".
"México ha hecho un trabajo fantástico en los últimos cuatro días, están deteniendo a todo el mundo, ayer detuvieron a 1.400 personas", dijo a los periodistas antes de volar hacia California, aunque en Twitter reiteró las amenazas de imponer aranceles del 25% a los coches procedentes de México en caso de incumplimiento.
Un 80% de las exportaciones de automóviles fabricados en México, importante pilar de su producción manufacturera, tienen como destino Estados Unidos y Canadá.
"Si eso no funciona, voy a cerrar la frontera", amenazó, señalando también que está evaluando establecer sanciones económicas por cerca de 500.000 millones de dólares por las drogas que entran a Estados Unidos.
Un terremoto económico
Este viernes un grupo de 20 fiscales generales de distintos estados anunciaron que presentaron una moción ante un tribunal en Oakland, California, para bloquear el desvío de 1.600 millones de dólares de fondos federales para erigir el muro que Trump quiere construir en la frontera.
El presidente asegura que hay una emergencia nacional por la afluencia de inmigrantes indocumentados y drogas y que se necesita una acción drástica, pero sus amenazas de un cierre de la frontera generaron preocupación incluso en su propio Partido Republicano, que advirtió sobre las graves consecuencias económicas que acarrearía semejante medida.
"Cerrar la frontera tendría un impacto potencialmente catastrófico para nuestro país y espero que no haga nada por el estilo", advirtió el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.
La frontera entre Estados Unidos y México es de las más transitadas del mundo, con una circulación diaria de cientos de miles de personas y 1.700 millones de dólares en bienes agrícolas, industriales y otros productos de consumo.
Economistas, legisladores y empresarios dijeron esta semana que un cierre sería un terremoto económico que podría provocar miles de despidos, dejar vacías las góndolas de los supermercados en pocos días, clausurar plantas de automóviles y hacer pudrir cargamentos enteros de frutas y verduras.
Desde la puesta en marcha del Tratado Comercial de América del Norte en 1994, renegociado el año pasado a petición de Trump, las economías de los tres países están profundamente imbricadas.
México es la mayor fuente de importaciones agrícolas de Estados Unidos, con cerca de 2,7 millones de toneladas métricas de envíos hacia el norte que nutren al país de alimentos en los meses más fríos en los que los consumidores pueden seguir comiendo sandías, tomates y aguacates.
Pese a las amenazas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la relación es "muy buena" y llamó a los inversores a que estén "tranquilos".
AFP
Trump considera su cruzada contra la "crisis" en la frontera como un eje central de la campaña para la reelección en 2020, y su viaje a Calexico implica que su mensaje llegue a los titulares.
"Recién llegué a Calexico, en California", dijo en Twitter el presidente estadounidense tras aterrizar en la localidad situada a unos 300 kilómetros al sur de Los Ángeles, una semana después de que amenazara con cerrar la frontera.
En una reunión con una patrulla fronteriza, Trump dijo que "el sistema está lleno".
"Ya no los podemos acoger (...) nuestro país está lleno", afirmó el presidente estadounidense, que sostiene que las llegadas de migrantes y refugiados que huyen de América Central constituyen una emergencia nacional. "Den media vuelta, así es la cosa", añadió.
Trump visitó después una sección del muro que está siendo remodelada y que él busca que se extienda por los 3.000 kilómetros de frontera con México. "Es muy, muy difícil de escalar", dijo.
Del otro lado de la frontera, en Mexicali, unas 200 personas protestaron contra el presidente estadounidense con carteles como "Si tú construyes el muro mi generación lo va a tirar" o "Deja de separar a las familias".
Trump provocó un revuelo en sectores políticos y empresariales el viernes pasado al advertir a México que cerraría la frontera común "la próxima semana" y "durante mucho tiempo" si no detenía las caravanas de migrantes que se dirigen hacia el norte.
El presidente reculó el jueves y le dio un año a México para frenar el narcotráfico en la frontera antes de imponer aranceles a sus vehículos, aunque sin aclarar si la contención de los inmigrantes indocumentados también tenía ese plazo.
Horas después, Trump volvió el viernes a advertir a los periodistas que no ha cambiado de opinión, a pesar de que celebró en Twitter que México esté "por primera vez en décadas realizando arrestos importantes de ilegales en su frontera sur, antes de que los migrantes inicien su largo periplo hacia Estados Unidos".
"México ha hecho un trabajo fantástico en los últimos cuatro días, están deteniendo a todo el mundo, ayer detuvieron a 1.400 personas", dijo a los periodistas antes de volar hacia California, aunque en Twitter reiteró las amenazas de imponer aranceles del 25% a los coches procedentes de México en caso de incumplimiento.
Un 80% de las exportaciones de automóviles fabricados en México, importante pilar de su producción manufacturera, tienen como destino Estados Unidos y Canadá.
"Si eso no funciona, voy a cerrar la frontera", amenazó, señalando también que está evaluando establecer sanciones económicas por cerca de 500.000 millones de dólares por las drogas que entran a Estados Unidos.
Un terremoto económico
Este viernes un grupo de 20 fiscales generales de distintos estados anunciaron que presentaron una moción ante un tribunal en Oakland, California, para bloquear el desvío de 1.600 millones de dólares de fondos federales para erigir el muro que Trump quiere construir en la frontera.
El presidente asegura que hay una emergencia nacional por la afluencia de inmigrantes indocumentados y drogas y que se necesita una acción drástica, pero sus amenazas de un cierre de la frontera generaron preocupación incluso en su propio Partido Republicano, que advirtió sobre las graves consecuencias económicas que acarrearía semejante medida.
"Cerrar la frontera tendría un impacto potencialmente catastrófico para nuestro país y espero que no haga nada por el estilo", advirtió el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.
La frontera entre Estados Unidos y México es de las más transitadas del mundo, con una circulación diaria de cientos de miles de personas y 1.700 millones de dólares en bienes agrícolas, industriales y otros productos de consumo.
Economistas, legisladores y empresarios dijeron esta semana que un cierre sería un terremoto económico que podría provocar miles de despidos, dejar vacías las góndolas de los supermercados en pocos días, clausurar plantas de automóviles y hacer pudrir cargamentos enteros de frutas y verduras.
Desde la puesta en marcha del Tratado Comercial de América del Norte en 1994, renegociado el año pasado a petición de Trump, las economías de los tres países están profundamente imbricadas.
México es la mayor fuente de importaciones agrícolas de Estados Unidos, con cerca de 2,7 millones de toneladas métricas de envíos hacia el norte que nutren al país de alimentos en los meses más fríos en los que los consumidores pueden seguir comiendo sandías, tomates y aguacates.
Pese a las amenazas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la relación es "muy buena" y llamó a los inversores a que estén "tranquilos".
AFP
ÉXODO: DIFICULTADES PARA EL ASILO Y BURLAS DE TRUMP NO FRENAN MIGRACIÓN
A
pesar que el proceso de obtención de asilo político en Estados Unidos,
es “una lucha cuesta arriba”, los migrantes centroamericanos,
especialmente hondureños, continúan llegando a Tijuana y otras ciudades
fronterizas, reconoce el director de Ángeles de la Frontera, Hugo
Castro.
Agencias / EL LIBERTADOR.
Tijuana.
Son pocas las esperanzas que tienen los migrantes de obtener asilo
político en los Estados Unidos, pese a ello, centroamericanos; en
especial hondureños, siguen llegando a Tijuana y otras ciudades
fronterizas. Forzados a salir por la violencia y bajos salarios que
imperan en sus países de origen.
Para
el director de Ángeles de la Frontera, Hugo Castro, la movilización de
miles de migrantes como las que se presentaron en la pasada caravana
(noviembre 2018) ya no son visibles; sin embargo, día con día continúan
arribando pequeños grupos de centroamericanos; teniendo muchos de ellos
una característica en común, la falta de asesoría jurídica que les
permita acceder al asilo.
“La
posibilidad de obtener asilo son muy bajas; no llegan alrededor del 30
por ciento, y es menos el porcentaje cuando no tienen ninguna asesoría.
Muchos de ellos creen que el haber experimentado violencia ya es
suficiente para el asilo y no es cierto. Muchos creen que la violencia
económica extrema es suficiente para el asilo, y no”.
Amplía
que: "De los que he visto en los últimos quince días, ninguno me ha
dicho que han tenido asesoría migratoria, y nosotros les decimos que se
esperen, pero no lo hacen; están sumamente desesperados".
Sobre
si existe una alerta por parte de los grupos migrantes de Centroamérica
hacía las personas que se aventuran en busca del asilo, dijo que sí la
hay, pero que la situación de El Salvador, Honduras, y Guatemala los
obliga a salir sin importar las circunstancias; a la par de ello, un
elevado sentimiento de fe los hace pensar que lograrán su meta.
"Es
tanta la desesperación y nosotros nos hemos enterado de casos muy
fuertes de violencia extrema, gente que está viviendo un estado de
sobrevivencia y dicen que es mejor tratar de llegar, aunque se mueran en
el intento, a terminar muerto en Honduras; eso lo escuchamos
constantemente cuando les decimos que no corran el riesgo", finalizó.
Desde
hace varias semanas atrás, el Gobierno de México ha reconocido que de
Honduras está por salir la “madre de todas las caravanas”, formada por
20 mil personas. Hasta el momento, no se ha identificado una nueva
congregación de migrantes; sin embargo, según expertos, en Honduras,
cada día salen del país 300 personas que buscan llegar a Estados Unidos.
Esta petición se suma a una similar presentada recientemente por varias organizaciones civiles.
Obreros construyen un muro en la frontera de EE.UU. con México. Otay Mesa (California, EE.UU.) 22 de febrero de 2019
Sandy Huffaker / AFP
Una
coalición de 20 estados de EE.UU. ha solicitado al juez de distrito
Haywood Gilliam, en Oakland (California), impedir que el presidente
Donald Trump destine 6.000 millones dólares –en su mayoría provenientes de presupuestos militares–, para financiar el proyecto de construcción del muro en la frontera con México.
Los abogados que conducen esta iniciativa argumentan que la solución financiera con la que Trump pretende sufragar el proyecto de construcción es ilegal y anticonstitucional. Los estados de California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Vermont solicitan además que la orden judicial tenga carácter inmediato.
Este movimiento se suma al que llevaron a cabo este jueves varias organizaciones civiles, al presentar una moción ante un tribunal federal de EE.UU. para lograr la imposición de una orden judicial para detener la construcción del muro.
La declaración de emergencia actúa como un veto presidencial, que tiene la capacidad de anular la sanción de leyes y disposiciones votadas por el Congreso, y permite a Trump desviar fondos de otros presupuestos para financiar el muro.
Tal como señalaron las asociaciones civiles involucradas en la mencionada petición al juez, una orden judicial evitaría el intento del Gobierno de usurpar poderes. Desde el punto de vista de los solicitantes, ni la declaración de emergencia ni los estatutos invocados para desviar los fondos "permiten al presidente ignorar la legislación de apropiaciones promulgada por el Congreso".
Los abogados que conducen esta iniciativa argumentan que la solución financiera con la que Trump pretende sufragar el proyecto de construcción es ilegal y anticonstitucional. Los estados de California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Vermont solicitan además que la orden judicial tenga carácter inmediato.
Este movimiento se suma al que llevaron a cabo este jueves varias organizaciones civiles, al presentar una moción ante un tribunal federal de EE.UU. para lograr la imposición de una orden judicial para detener la construcción del muro.
La controvertida financiación del muro
El pasado 15 de febrero, el presidente estadounidense declaró una emergencia nacional en la frontera sur del país, después de que el Congreso se negara a refrendar su solicitud de 8.600 millones de dólares para financiar la construcción del muro. El Congreso asignó finalmente 1.400 millones de dólares para este proyecto de seguridad fronteriza.Tal como señalaron las asociaciones civiles involucradas en la mencionada petición al juez, una orden judicial evitaría el intento del Gobierno de usurpar poderes. Desde el punto de vista de los solicitantes, ni la declaración de emergencia ni los estatutos invocados para desviar los fondos "permiten al presidente ignorar la legislación de apropiaciones promulgada por el Congreso".
Juez pone un alto a Trump en su política de enviar a México a solicitantes de asilo
Publicado: 8 abr 2019 23:34 GMT | Última actualización: 9 abr 2019 00:00 GMT - RT
El juez federal Richard Seeborg dio plazo
hasta el viernes para que las autoridades presenten una apelación a su
orden.
Un juez federal suspendió este lunes la política del presidente Donald Trump, de enviar a México a los migrantes que solicitan asilo en el sur de EE.UU. mientras un tribunal revisa sus casos.
El juez Richard Seeborg, de San Francisco, dictó una orden preliminar que suspende temporalmente el denominado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), ya que, según argumentó, el programa de devolución de migrantes implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece de la protección necesaria para evitar que los solicitantes de asilo sean devueltos a lugares en donde enfrentarían riesgo.
Se espera que esta orden entre en vigor el viernes y que tenga alcance nacional, según informó la agencia AP.
El juez Seeborg puso en duda que el programa MPP sea "una política inteligente o humana, o si es el mejor enfoque para enfrentar las circunstancias", reportaron los medios.
En respuesta, el Gobierno mexicano rechazó convertirse en un 'tercer país' seguro y "responsabilizarse"
de lleno por la situación jurídica de los migrantes devueltos, aunque
estipuló una serie de condiciones para el retorno de algunas personas
que cruzaron por su territorio y que cuentan con visas humanitarias otorgadas por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
El Gobierno de EE.UU. ha acusado a México de "no hacer nada" para detener el flujo de migrantes.
Ante lo que consideró "puras palabras y cero acción", Trump incluso amenazó con cerrar la frontera sur si México no impedía el flujo de migrantes y de drogas.
Por Sandra Rodríguez
El juez Richard Seeborg, de San Francisco, dictó una orden preliminar que suspende temporalmente el denominado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), ya que, según argumentó, el programa de devolución de migrantes implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece de la protección necesaria para evitar que los solicitantes de asilo sean devueltos a lugares en donde enfrentarían riesgo.
Se espera que esta orden entre en vigor el viernes y que tenga alcance nacional, según informó la agencia AP.
El juez Seeborg puso en duda que el programa MPP sea "una política inteligente o humana, o si es el mejor enfoque para enfrentar las circunstancias", reportaron los medios.
La política de Trump
En diciembre pasado, la Administración de Donald Trump informó que presentaría a 20 migrantes cada día en los puertos de entrada a México, comenzando con la garita de San Ysidro, ubicada en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, para que sea México quien se encargue de tramitar las solicitudes de asilo o refugio.El Gobierno de EE.UU. ha acusado a México de "no hacer nada" para detener el flujo de migrantes.
Ante lo que consideró "puras palabras y cero acción", Trump incluso amenazó con cerrar la frontera sur si México no impedía el flujo de migrantes y de drogas.
“No es casualidad, es persecución” denuncia periodista Bartolo Fuentes
No me persiguen por estar en las caravanas, sino por desmentir al gobierno de Honduras, afirmó Bartolo Fuentes
Tegucigalpa, Honduras.-
El periodista y defensor de derechos humanos, Bartolo Fuentes, denunció
este miércoles, que su nombre está en una lista de 59 personas en su
mayoría de Estados Unidos, además de México, Guatemala, Nicaragua, El
Salvador y de Honduras, que los involucran en el tema de migración
forzada.
Fuentes teme que de las palabras de estigmatización se llegue a las acciones de criminalización,
pues se sabe que en Honduras los que están presos no es porque cometen
delitos, sino por la decisión de un juez al emitir condena sin tener
ninguna prueba y los manda a la cárcel, dijo en conferencia de prensa
realizada ayer en el Comité por la Libre Expresión (C-Libre),
Tegucigalpa.
En octubre del año pasado se auto
convocó una caravana de migrantes, la que sumó al menos cinco mil
personas saliendo desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte
de Honduras, y como es el tema que el periodista ha cubierto desde hace
más 20 años, acompañó la gran movilización.
La muchedumbre tras varias horas de
retención policial-miliatar, pasó la aduana de Agua Caliente,
Ocotepeque, al abrirse la tranca frontertiza, y en Chiquimula,
Guatemala, Bartolo fue detenido y por algunas horas desaparecido, hasta
que se supo que era llevado en patrulla (por entrar sin chequeo
migratorio) a la ciudad Guatemala, donde estuvo cuatro días prisionero, y
retornado vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toncontín,
Tegucigalpa, el 19 de octubre.
De acuerdo a The New York Times, por instrucciones de Trump, el Departamento de Estado (DOS) inició el viernes el proceso de informar al Congreso que tenía la intención de terminar con la ayuda a los países del llamado Triángulo del Norte.
Después de todos esos atropellos donde
se le asociaba como organizador de la caravana, estuvo fuera del país
por temor a ser capturado, y estar en una cárcel dos años, para que
después le digan que es inocente, como están muchos compañeros incluso
en cárceles de máxima seguridad, detalló a la prensa.
“He regresado al país, para defenderme,
pero resulta que es el mismo gobierno de Estados Unidos que está
haciendo investigaciones de defensores de derechos humanos y periodistas
a escondidas”, aseveró el ex diputado al Congreso Nacional, Bartolo
Fuentes.
Un vocero del DOS le aseguró a la cadena ABC que, siguiendo las instrucciones del Secretario de Estado, Mike Pompeo, finalizaron “los programas de asistencia al extranjero” para los tres países correspondientes a los montos asignados durante el año fiscal 2017 y 2018.
Además denunció que el gobierno de
Donald Trump, está deteniendo gente en los puestos migratorios, ha
impedido a fotógrafos y periodistas estadounidenses salir hacia México
cubrir actividades de los migrantes, y que ha cancelado visas a
periodistas y defensores de derechos humanos.
Por lo que hizo un llamado a los medios
de comunicación para que continúen con la investigación del tema
migratorio y que denuncien lo que está sucediendo en la frontera entre
México y Estados Unidos, donde al menos cinco mil personas están a la
espera de solicitar refugio, después de huir de la pobreza y falta de
oportunidades en sus países de origen.
¿Quién me paga los pasajes?
Una
de las preguntas en aduanas migratorias de El Salvador, México y
Honduras, donde Fuentes ha permanecido hasta cuatro horas en
interrogatorios, es ¿Quién le paga sus pasajes? Y eso persecución,
afirmó el periodista.
Bartolo junto a su esposa -también
periodista- dirige la revista Vida Laboral y el sitio
honduraslaboral.org, producciones de Común Noticias, con sede la ciudad
de El Progreso, Yoro.
Cabe señalar que no tiene “visa
americana” pero sí una constancia de la Secretaria de Migración y
Extranjería de Honduras donde afirma que él no tiene alerta migratoria
alguna, sin embargo, el hostigamiento persiste.
Hay una confabulación entre los
gobiernos de Estados Unidos y Honduras, y este último el que se ha
inventado de la nada que las caravanas migrantes son organizadas por
alguna persona, es toralmente falso, las caravanas han existido siempre.
Según datos de migración, ha reiterado
Bartolo, trescientas personas emigran diariamente en Honduras, por lo
que la masiva caravana de mediados de octubre, equivalía a las que
emigran en un mes, pero en una sola vez.
Discurso de odio
En
su momento se dijo que Bartolo Fuentes recibía pagos por llevar a los
migrantes, y una campaña mediática estatal repetía frases para
desacreditar el derecho a migrar.
Ahora se inventan que hay financiamiento
o que se lucran algunas personas por el movimiento migratorio, este
discurso estatal es falso y le cae como anillo al dedo a Donald Trump,
que está en campaña para reelegirse y ganar, porque mete miedo diciendo
que hay una avalancha de criminales y terroristas en estos movimientos, y
hay que levantar un muro, para eso necesita dinero, relató el experto
en cubrir temas migratorios.
Lo peligroso aquí, es que el gobierno de
los EE. UU. Basado en la mentira de Honduras puede emitir una orden de
extradición y, hacer el mismo trámite que hace con los traficantes de
droga a los “supuestos” traficantes de personas.
Lo único que he hecho aquí, es acompañar a los migrantes y orientarlos como obligación de un comunicador social, además de informar y orientar. Bartolo Fuentes
Lamentó que otras personas sí pueden escribir sus columnas en los periódicos, radio y televisoras, pero él no puede.
Esa criminalización puede pasar de mentiras en los medios a acciones judiciales, y es lo que trama el gobierno de Hernández.
Por eso la declaración del diputado
Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional que pide a EE. UU.
Investigue el coyotaje de Bartolo Fuentes, y por eso las declaraciones
de Hernández de colaborar con la investigar a los organizadores e
instigadores ¿para qué investigar? si no es para actuar en contra de
ellos, cuestionó el periodista.
“Yo no soy coyote, yo jamás le cobrado a nadie por llevarlo a ninguna frontera, si acompaño a los migrantes y no lo hago desde ahorita, lo hago desde hace 20 años, me ha tocado acompañar a madres de migrantes desaparecidos y traer cuerpos desde México”, Bartolo Fuentes
Desde el año pasado, Trump ha amenazado
con cortar la ayuda económica a los países del Triángulo norte de
Centroamérica, porque esos fondos del “Plan para la Prosperidad” en parte son para detener la migración combatiendo la pobreza, pero Guatemala, El Salvador y Honduras no han hecho mucho.
En 2016, Estados Unidos proporcionó
aproximadamente US$131,2 millones en ayuda a Guatemala, US$98,3 millones
a Honduras y US$67,9 millones a El Salvador, según datos oficiales,
detalló el portal de la BBC.
Pero para 2019, se proyectó que esas
sumas se reducirían a US$69,4 millones para Guatemala, US$65,8 millones
para Honduras y US$45,7 millones para El Salvador.
En conjunto, equivalen a una reducción de casi el 40% para las tres naciones.
Foto Gilda Silvestrucci
El 95.7 por ciento de la población encuestada en el Sondeo de Opinión
Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-sj,
asegura que la gente que migra se va por la falta de empleo y
oportunidades para generar ingresos, además de la situación de
inseguridad y violencia. A penas el 1 por ciento dice que por estudio y
reunificación familiar.
“El último trimestre de 2018 estuvo marcado por las caravanas de migrantes que se convirtieron en auténticos éxodos de hondureños y hondureñas. Aunque la migración ya tiene sus décadas de estar siendo uno de los principales “productos de exportación”, el año pasado golpeó fuertemente la opinión pública nacional e internacional”, dice el análisis del sondeo sobre el fenómeno migratorio.
Rosa Nelly Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Cofamipro, se refiero sobre estos resultados de la novena edición del Sondeo de Opinión Pública.
“Sí, la verdad el sondeo tiene gran sentido. Aquí se están yendo porque no tienen comida, no tienen vivienda, no tenemos medicinas en los hospitales mucho menos en los centros de salud”, expresó Rosa Nelly Santos.
Además, detalló que la gente se va por tanta impunidad, corrupción, inseguridad y violencia que sufre la mayoría de jóvenes, y el poco interés del gobierno en resolver estos problemas.
“La mayoría de las familias lo que dicen, mi hijo se tiene que ir porque lo están amenazando, tiene que ser parte de la mara. Le están diciendo que si pone una tienda tiene que pagar el impuesto de guerra y están obligados a pagar sino hasta la vida puede perder”, enfatizó.
Mucho se dijo que las caravanas estaban siendo manipuladas, que estaban siendo financiadas y coordinadas por actores sociales internos y externos, pero la gente tiene sobra razones para irse del país. El dato sobre esa percepción demuestra que un 62.5 por ciento piensa que las caravanas son inducidas por grupos y personas, por las campañas mediáticas promovidas desde estructuras gubernamentales y acompañado de los grandes medios de comunicación han hecho pensar de esa manera a la población, así lo confirmó Rosa Nelly Santos.
“Hay muchos medios de comunicación que son tarifado, que son pagados por el gobierno, donde te dicen no te vayas, el coyote no es tu amigo, no lleves a tus niños, pero aquí ¿qué están haciendo por lo niños?, entonces nadie está induciendo a nadie, pero ¿cuánto están pagando en esas campañas sucias?, ¿cuántos han dejado de irse?
Alrededor de más de 17 mil personas entre hombre, mujeres y niños han salido en los últimos meses datos que maneja el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Cofamipro.
“No sabemos qué pasará con ellos, el gobierno no hace nada para detener a nadie. Lo que le interesa es el dinero que viene por la Alianza para la Prosperidad, para mantener a sus policías, bien asistido y para que lo cuiden que no lo puedan sacar de donde lo tienen que sacar”, manifestó Santos.
Según las cifras del Banco Central de Honduras, BCH, al día ingresan un promedio de 13,5 millones a 15,5 millones de dólares al país por concepto de remesas familiares. El economista Hugo Noé Pino, detalló que las remesas son la principal fuente de divisas, lo que representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, y es la principal fuente de ingreso para algunos familiares.
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo hoy que con la libertad de los 11 defensores y una defensora de los ríos y la reserva biológica de la Montaña Botaderos, más conocido como el caso “Guapinol” se ha dado un pequeño paso, ya que las acciones de represión, intimidación o amenazas en contra de la integridad física de los y las ambientalistas, podrían presentarse en los próximos días.
“El tema de Guapinol no es un tema cerrado, es un tema que debemos llamar al mundo a que se ocupe de él y que nos ocupemos de él; porque están en riesgo la vida y la libertad de muchos y muchas compatriotas. No debemos decir que se ganó el caso, se ha dado un pequeño paso porque está a medias, faltan los otros compañeros, pero también están las acciones que pueda hacer el Ministerio Público (MP) para no darse por vencido en su manipulación de justificar el caso”, advirtió.
Oliva indicó que el Poder Judicial puede ejercer un poder absoluto y declarar cárcel para el resto de compañeros acusados. A final de cuentas, el tema de la privación de la libertad no es lo grave, lo grave son las acciones de represión que puedan venir en contra de la vida de los compañeros y la compañera, que han hecho todo este trabajo, por eso es que nuestro llamado al mundo es que nos ocupemos de defender el territorio de Guapinol y la montaña de Botaderos (rebautizada como Reserva Biológica Carlos Escaleras)”.
“Es necesario que demandemos a los inversionistas locales e internacionales que es tiempo de iniciar un proceso de respeto al derecho de los pueblos y de las comunidades. Es tiempo de tomar en cuenta que donde hay un pueblo con dignidad no es fácil de someterlo a través de la brutalidad y sólo de los intereses económicos”, sostuvo la Coordinadora General del COFADEH.
Oliva señaló que se ha hecho trascender las constantes violaciones a los derechos y que se han hecho visibles las luchas de los defensores y defensoras de la vida. “Y esas violaciones a derechos humanos han permitido que la población, que es la protagonista, empiece a descubrir la arbitrariedad y la ilegalidad de un proyecto que no sólo es que se sustrae el agua y les quita la vida, porque es como que a usted le corten las venas, sus venas se desangren y ya su cuerpo quede inerte”.
Si esto sucede en la Montaña Botaderos o Carlos Escaleras de Tocoa, entonces estamos ante un caso que es exactamente igual al de el Río Gualcarque, donde amenazaron, intentaron someter a Bertha Cáceres, la sometieron a través del sistema de justicia y luego al no lograr ese propósito, la asesinaron, comentó.
“En Guapinol está toda una comunidad en alerta, hay todo un poder local con la estructura del poder nacional y el poder transnacional, operando en contra de las comunidades”.
“Entonces el juicio que se llevó a cabo en contra de ellos y ella, es un juicio que rompe los paradigmas, y por qué rompe los paradigmas?, porque en ningún caso en que los imputados se presentan a los tribunales; son tratados como sujetos peligrosos. Ellos se presentaron ante el sistema que los está acusando para dilucidar los señalamientos, pero ahí entonces todo el poder opera y va más allá de lo normal. No sólo opera con los 12 que deciden presentarse sino que tienen en lista a otras 19 personas; que no se enteraban que estaban sujetas a persecución judicial o que tenían requerimiento fiscal”, explicó.
Bertha Oliva detalló que dentro de los acompañantes a la entrega son 11 hombres y una mujer, con eso ya teníamos un escenario no conocido y totalmente diferente, pero lo más grave es cuando en forma sorpresiva, meten otra acusación que por supuesto la defensa y los imputados desconocían.
El Comité por la Libre Expresión
(C-Libre), en relación con las campañas de odio y hostigamientos contra
periodistas que han cubierto las recientes caravanas de migrantes en
Honduras, Guatemala y México, expresó que la labor informativa ha tenido
como respuesta gubernamental campañas de estigmatización que buscan
profundizar el desconocimiento de la población y la desinformación.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en recientes comunicados expresó que la región “ha sido
testigo de la situación de miles de personas de países del Triángulo
Norte de Centroamérica que intentan llegar a México y Estados Unidos,
quienes se ven forzadas a migrar como consecuencia de múltiples causas
que incluyen, principalmente, la situación de violencia e inseguridad,
la violencia de pandillas y carteles del narcotráfico, la corrupción e
impunidad, violaciones de derechos humanos, los desastres ambientales,
la pobreza y la falta de oportunidades, y que recientemente han venido a
integrar las llamadas “caravanas de migrantes”.
El informe 2018 de la Oficina del Alto
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (OACNUD), establece que “la
narrativa estigmatizante de la caravana [contra] los migrantes que
comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales insinuó que el
movimiento estaba infiltrado por el crimen organizado, incluidos
yihadistas, maras y pandillas, así como también orquestado por la
oposición política con “propósitos políticos y criminales”.
Estas campañas de odio sostenidas por
altos funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Estados
Unidos, llevaron como primera acción la detención ilegal del periodista,
Bartolo Fuentes, en el Estado de Guatemala el 16 de octubre de 2018, la
cancelación de visas y otras sanciones, detalló el comunicado leído en
la conferencia de prensa.
Con estas acciones se violenta el
derecho a la información que tiene la ciudadanía, expresó el director de
C-Libre, Edy Tábora, por lo que exhortó a las entidades
correspondientes se garantice y reconozca la labor periodística de
quienes cubren el tema de migración, porque al culparlos de instigadores
lo que se hace es callar la denuncia.
“El último trimestre de 2018 estuvo marcado por las caravanas de migrantes que se convirtieron en auténticos éxodos de hondureños y hondureñas. Aunque la migración ya tiene sus décadas de estar siendo uno de los principales “productos de exportación”, el año pasado golpeó fuertemente la opinión pública nacional e internacional”, dice el análisis del sondeo sobre el fenómeno migratorio.
Rosa Nelly Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Cofamipro, se refiero sobre estos resultados de la novena edición del Sondeo de Opinión Pública.
“Sí, la verdad el sondeo tiene gran sentido. Aquí se están yendo porque no tienen comida, no tienen vivienda, no tenemos medicinas en los hospitales mucho menos en los centros de salud”, expresó Rosa Nelly Santos.
Además, detalló que la gente se va por tanta impunidad, corrupción, inseguridad y violencia que sufre la mayoría de jóvenes, y el poco interés del gobierno en resolver estos problemas.
“La mayoría de las familias lo que dicen, mi hijo se tiene que ir porque lo están amenazando, tiene que ser parte de la mara. Le están diciendo que si pone una tienda tiene que pagar el impuesto de guerra y están obligados a pagar sino hasta la vida puede perder”, enfatizó.
Mucho se dijo que las caravanas estaban siendo manipuladas, que estaban siendo financiadas y coordinadas por actores sociales internos y externos, pero la gente tiene sobra razones para irse del país. El dato sobre esa percepción demuestra que un 62.5 por ciento piensa que las caravanas son inducidas por grupos y personas, por las campañas mediáticas promovidas desde estructuras gubernamentales y acompañado de los grandes medios de comunicación han hecho pensar de esa manera a la población, así lo confirmó Rosa Nelly Santos.
“Hay muchos medios de comunicación que son tarifado, que son pagados por el gobierno, donde te dicen no te vayas, el coyote no es tu amigo, no lleves a tus niños, pero aquí ¿qué están haciendo por lo niños?, entonces nadie está induciendo a nadie, pero ¿cuánto están pagando en esas campañas sucias?, ¿cuántos han dejado de irse?
Alrededor de más de 17 mil personas entre hombre, mujeres y niños han salido en los últimos meses datos que maneja el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Cofamipro.
“No sabemos qué pasará con ellos, el gobierno no hace nada para detener a nadie. Lo que le interesa es el dinero que viene por la Alianza para la Prosperidad, para mantener a sus policías, bien asistido y para que lo cuiden que no lo puedan sacar de donde lo tienen que sacar”, manifestó Santos.
Según las cifras del Banco Central de Honduras, BCH, al día ingresan un promedio de 13,5 millones a 15,5 millones de dólares al país por concepto de remesas familiares. El economista Hugo Noé Pino, detalló que las remesas son la principal fuente de divisas, lo que representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, y es la principal fuente de ingreso para algunos familiares.
IMPARABLE VIOLENCIA: 56 HONDUREÑOS HAN MUERTO EN 17 MASACRES
- Publicado: 05 Abril 2019
Ayer,
en Santa Bárbara tres jóvenes fueron asesinados, en un nuevo homicidio
múltiple, registrando ya 17 masacres en lo que va de 2019, donde al
menos 56 hondureños han perdido la vida.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Nueva masacre en Honduras. Ayer tres jóvenes fueron ultimados en la
comunidad de Reina Protección, departamento de Santa Bárbara. Siendo la
décimo séptima masacre registrada en Honduras.
Las
víctimas fueron identificadas como Walter Villamil (27), conductor de
la unidad, José Melvin Lara (27) Y Wilmer Abrego (23). Según el reporte
policial, los occisos viajaban en una moto taxi cuando fueron
acribillados por desconocidos.
Varios
testigos afirmaron que dos de ellos eran pasajeros de la unidad 150,
también dijeron que el conductor trato de huir, esfuerzo que resulto en
vano ya que los ejecutores del crimen, lograron interceptarlo para
quitarle la vida. En tanto la Policía no dio más detalles a la espera de
Medicina Forenese.
Cabe
destacar que en lo que va del año, ya se registran 17 masacres, que han
quitado la vida a al menos 56 personas. En ese contexto de violencia,
enero fue el mes que más reportó hechos violentos, dando la bienvenida
al 2019 con un homicidio múltiple.
Gobierno practica escalada de criminalización contra organizaciones de sociedad civil
Ahora están recurriendo al cierre de cuentas bancarias de las organizaciones que no son afines con el gobierno de Juan Hernandez
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Hay una escalada del gobierno en contra de las organizaciones de
sociedad civil y medios de comunicación que no se amoldan a sus
políticas, dijo este día Edy Tábora, director del Comité por la Libre
Expresión (C-Libre).
Tabora
señaló que es parte de las expresiones del control hacia todas aquellas
voces críticas, voces disidentes, las voces que no replican el discurso
oficial.
Entonces
recurren a los mecanismos de control administrativos, a ponerles
obstáculos para inscribirse en la Unidad de Registro y Seguridad de
Asociaciones Civiles (URSAC), los temas fiscales y catalogar a las organizaciones disidentes como criminalidad organizada.
Ahora
están recurriendo al cierre de cuentas bancarias de las organizaciones
que no son afines con el gobierno de Juan Hernandez y muy pronto saldrá a
la luz publica quienes son las ONGs afectadas y cuales son los bancos
que están practicando estas actividades ilegales.Nota relacionada MADJ condena criminalización de la defensa a la educación pública y solidariza con estudiantes enjuiciados
Tábora
recordó el último ejemplo de luchadores y luchadoras de la comunidad de
Guapinol que fueron criminalizados por asociación ilícita y lo único
que habían formado fue un comité en defensa del agua.
Hay
una normativa grave que data del 2017, que es el decreto 06-2017 que
configura el delito de terrorismo y que puede ser aplicado a las
organizaciones que protestan. Y todo eso tiene una finalidad de
criminalización o de desmovilización de las organizaciones que luchas
por la democracia y por el Estado de derecho
COFADEH llama a mantener la atención constante sobre Guapinol
Tegucigalpa.- La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo hoy que con la libertad de los 11 defensores y una defensora de los ríos y la reserva biológica de la Montaña Botaderos, más conocido como el caso “Guapinol” se ha dado un pequeño paso, ya que las acciones de represión, intimidación o amenazas en contra de la integridad física de los y las ambientalistas, podrían presentarse en los próximos días.
“El tema de Guapinol no es un tema cerrado, es un tema que debemos llamar al mundo a que se ocupe de él y que nos ocupemos de él; porque están en riesgo la vida y la libertad de muchos y muchas compatriotas. No debemos decir que se ganó el caso, se ha dado un pequeño paso porque está a medias, faltan los otros compañeros, pero también están las acciones que pueda hacer el Ministerio Público (MP) para no darse por vencido en su manipulación de justificar el caso”, advirtió.
Oliva indicó que el Poder Judicial puede ejercer un poder absoluto y declarar cárcel para el resto de compañeros acusados. A final de cuentas, el tema de la privación de la libertad no es lo grave, lo grave son las acciones de represión que puedan venir en contra de la vida de los compañeros y la compañera, que han hecho todo este trabajo, por eso es que nuestro llamado al mundo es que nos ocupemos de defender el territorio de Guapinol y la montaña de Botaderos (rebautizada como Reserva Biológica Carlos Escaleras)”.
“Es necesario que demandemos a los inversionistas locales e internacionales que es tiempo de iniciar un proceso de respeto al derecho de los pueblos y de las comunidades. Es tiempo de tomar en cuenta que donde hay un pueblo con dignidad no es fácil de someterlo a través de la brutalidad y sólo de los intereses económicos”, sostuvo la Coordinadora General del COFADEH.
Oliva señaló que se ha hecho trascender las constantes violaciones a los derechos y que se han hecho visibles las luchas de los defensores y defensoras de la vida. “Y esas violaciones a derechos humanos han permitido que la población, que es la protagonista, empiece a descubrir la arbitrariedad y la ilegalidad de un proyecto que no sólo es que se sustrae el agua y les quita la vida, porque es como que a usted le corten las venas, sus venas se desangren y ya su cuerpo quede inerte”.
Si esto sucede en la Montaña Botaderos o Carlos Escaleras de Tocoa, entonces estamos ante un caso que es exactamente igual al de el Río Gualcarque, donde amenazaron, intentaron someter a Bertha Cáceres, la sometieron a través del sistema de justicia y luego al no lograr ese propósito, la asesinaron, comentó.
“En Guapinol está toda una comunidad en alerta, hay todo un poder local con la estructura del poder nacional y el poder transnacional, operando en contra de las comunidades”.
“Entonces el juicio que se llevó a cabo en contra de ellos y ella, es un juicio que rompe los paradigmas, y por qué rompe los paradigmas?, porque en ningún caso en que los imputados se presentan a los tribunales; son tratados como sujetos peligrosos. Ellos se presentaron ante el sistema que los está acusando para dilucidar los señalamientos, pero ahí entonces todo el poder opera y va más allá de lo normal. No sólo opera con los 12 que deciden presentarse sino que tienen en lista a otras 19 personas; que no se enteraban que estaban sujetas a persecución judicial o que tenían requerimiento fiscal”, explicó.
Bertha Oliva detalló que dentro de los acompañantes a la entrega son 11 hombres y una mujer, con eso ya teníamos un escenario no conocido y totalmente diferente, pero lo más grave es cuando en forma sorpresiva, meten otra acusación que por supuesto la defensa y los imputados desconocían.
Juan
López, uno de los acusados, que logró su libertad luego que le
decretaran sobreseimiento definitivo, junto a once defensores más.
“Ahí entonces estábamos ante un fenómeno de sorpresa para ver de qué
forma los ponían en condición de presos. Lo que nosotras no podíamos
entender es cómo los exhiben: como los peligrosos más grandes de la
historia, los que defienden la vida, porque al defender el agua están
defendiendo la vida, no sólo de ellos sino de toda la comunidad y además
defendiendo una área protegida como es la Montaña de Botaderos”,
aseguró la defensora de los derechos humanos.
La Coordinadora General del COFADEH apuntó que la defensa de los acusados actúo con astucia y estrategia para llevar al juez que conoció la causa, hasta una condición en la que no pudo justificar una detención, pero que además los abogados y abogadas de la defensa, desmantelaron la estrategia de la Fiscalía.
“Pero claro, nuestra ocupación en este momento va más allá de hacer una evaluación del caso de este día ,nuestra preocupación va en el sentido que no lo tenemos del todo ganado, porque eso sólo fue para los 12 que decidieron presentarse, pero ¿el resto de compañeros que no se han presentado?.
Otra de nuestras ocupaciones en este momento, es que ellos, a partir de la madrugada del lunes están detenidos ilegalmente, arbitrariamente, no es entendible cómo es que no hicieron llegar las cartas de libertad, pero hoy (martes 5 de marzo) hay un cateo de FUSINA al interior de la Penitenciaría Nacional (PN), en donde están nuestros compañeros, privados de libertad ilegalmente, comentó.
“Yo no creo que esa acción (la del cateo) no sea parte de la estrategia de tenerlos aún ilegalmente ahí detenidos, o sea enseñando el músculo del poder y el control en todo el sistema de justicia y en toda la institucionalidad del país, es lo que debemos ir viendo”, cuestionó Oliva.
“Yo sí creo que las comunidades ya empezaron a tomar consciencia y control de su derecho territorial y si bien es cierto, todos estos que invierten, los “inversionistas”, tienen el poder económico y tienen la institucionalidad del estado fallido de nuestro país, pero también es cierto que cuando los pueblos y las comunidades se levantan, pueden doblegar todo ese imperio que ha estado sometiendo los intereses de Honduras”, subrayó.
Es necesario ver cómo se recompone Honduras, porque al recomponerse en ese flagelo que es la corrupción, seguida de toda la influencia del poder económico y político, que es el que está en control de las instituciones del estado para legalizar una ilegalidad; entonces es tiempo que ya echen de ver que ya no van a poder continuar sustentando esta barbarie que hemos venido viviendo en el país, advirtió la defensora de derechos humanos.
Oliva dijo que “es tiempo que se entienda que las comunidades no es que están en contra del desarrollo, al contrario, pero el desarrollo no debe ser en volverlos parte de la corrupción a las comunidades, sino que ellas sean las máximas beneficiarias con el desarrollo que pueda haber, y el desarrollo no es una escuela o carretera que facilite el trasiego para ellos, no, no es eso, el desarrollo va más allá; como cuidar sus ríos, sus bienes comunes, el no desplazamiento; que tenga la comunidad el goce y el disfrute de la igualdad, en el interés o la ganancia bruta que tienen los que hacen este tipo de proyectos”.
¿Por qué ir a pisotear a una comunidad? Yo creo que ya es clarísimo que estamos viviendo en un momento de tragedia, pero es bueno que repensemos para que nos re-encontremos y que las comunidades tengan claro que el golpe de estado de 2009, se dio para repartir este país, someter a través de la fuerza bruta del ejército, del sistema judicial y de todo lo que han creado y lo que están por crear, para eso se dio.
“Los interese económicos eran mucho más fuertes de lo que nosotras habíamos imaginado, la consigna es entregar el país y con ello, la perdida de la soberanía y además hacer que los pueblos se sometan y que pierdan su dignidad. Entonces yo creo que ya llegó el momento de que a Guapinol podamos colocarlo como el centro de atención en la actualidad, porque ellos aún están presos ilegalmente, los 12 compañeros, y en el problema de Guapinol, no se ha tocado el problema de fondo que es la acción y el permiso ilegal y la destrucción que se va a generar ahí en un área totalmente protegida”,
La Coordinadora General del COFADEH apuntó que la defensa de los acusados actúo con astucia y estrategia para llevar al juez que conoció la causa, hasta una condición en la que no pudo justificar una detención, pero que además los abogados y abogadas de la defensa, desmantelaron la estrategia de la Fiscalía.
“Pero claro, nuestra ocupación en este momento va más allá de hacer una evaluación del caso de este día ,nuestra preocupación va en el sentido que no lo tenemos del todo ganado, porque eso sólo fue para los 12 que decidieron presentarse, pero ¿el resto de compañeros que no se han presentado?.
Otra de nuestras ocupaciones en este momento, es que ellos, a partir de la madrugada del lunes están detenidos ilegalmente, arbitrariamente, no es entendible cómo es que no hicieron llegar las cartas de libertad, pero hoy (martes 5 de marzo) hay un cateo de FUSINA al interior de la Penitenciaría Nacional (PN), en donde están nuestros compañeros, privados de libertad ilegalmente, comentó.
“Yo no creo que esa acción (la del cateo) no sea parte de la estrategia de tenerlos aún ilegalmente ahí detenidos, o sea enseñando el músculo del poder y el control en todo el sistema de justicia y en toda la institucionalidad del país, es lo que debemos ir viendo”, cuestionó Oliva.
Oliva indicó que el caso de Guapinol ha llamado la atención del pueblo en general, si no usted ve la declaratoria de alerta de las comunidades de todo el país que se hizo en Tegucigalpa, y esa declaratoria no se debe de tomar como un simple acto emotivo de las comunidades.“…Guapinol debe servir como ejemplo de cómo el poder económico tiene a su servicio el sistema institucional. Yo creo que Guapinol ha colocado al desnudo cómo funciona el poder económico y sobre todo las instituciones de nuestro país, donde la institucionalidad, especialmente la jurídica, está al servicio de los que manejan este tipo de proyectos, o sea que estamos ante una institucionalidad sometida a los dueños del poder económico y ni siquiera a los dueños del poder político…”: Bertha Oliva
“Yo sí creo que las comunidades ya empezaron a tomar consciencia y control de su derecho territorial y si bien es cierto, todos estos que invierten, los “inversionistas”, tienen el poder económico y tienen la institucionalidad del estado fallido de nuestro país, pero también es cierto que cuando los pueblos y las comunidades se levantan, pueden doblegar todo ese imperio que ha estado sometiendo los intereses de Honduras”, subrayó.
Es necesario ver cómo se recompone Honduras, porque al recomponerse en ese flagelo que es la corrupción, seguida de toda la influencia del poder económico y político, que es el que está en control de las instituciones del estado para legalizar una ilegalidad; entonces es tiempo que ya echen de ver que ya no van a poder continuar sustentando esta barbarie que hemos venido viviendo en el país, advirtió la defensora de derechos humanos.
Oliva dijo que “es tiempo que se entienda que las comunidades no es que están en contra del desarrollo, al contrario, pero el desarrollo no debe ser en volverlos parte de la corrupción a las comunidades, sino que ellas sean las máximas beneficiarias con el desarrollo que pueda haber, y el desarrollo no es una escuela o carretera que facilite el trasiego para ellos, no, no es eso, el desarrollo va más allá; como cuidar sus ríos, sus bienes comunes, el no desplazamiento; que tenga la comunidad el goce y el disfrute de la igualdad, en el interés o la ganancia bruta que tienen los que hacen este tipo de proyectos”.
¿Por qué ir a pisotear a una comunidad? Yo creo que ya es clarísimo que estamos viviendo en un momento de tragedia, pero es bueno que repensemos para que nos re-encontremos y que las comunidades tengan claro que el golpe de estado de 2009, se dio para repartir este país, someter a través de la fuerza bruta del ejército, del sistema judicial y de todo lo que han creado y lo que están por crear, para eso se dio.
“Los interese económicos eran mucho más fuertes de lo que nosotras habíamos imaginado, la consigna es entregar el país y con ello, la perdida de la soberanía y además hacer que los pueblos se sometan y que pierdan su dignidad. Entonces yo creo que ya llegó el momento de que a Guapinol podamos colocarlo como el centro de atención en la actualidad, porque ellos aún están presos ilegalmente, los 12 compañeros, y en el problema de Guapinol, no se ha tocado el problema de fondo que es la acción y el permiso ilegal y la destrucción que se va a generar ahí en un área totalmente protegida”,
Bertha
Oliva expresó que Guapinol debe servir como ejemplo de cómo el poder
económico tiene a su servicio el sistema institucional.
“Para mí lo que se ha dado ahorita es un pequeño avance, demostrar
jurídicamente que los defensores de la vida y los territorios no son
culpables de lo que los acusó el estado de Honduras, sino que son gente
que trabajan por la defensa de los ríos, pero el problema continúa, el
problema sigue y es ahí donde debemos tener la atención y hacer
estrategias para acompañar, para colocar denuncias y defender a los
defensores de su tierra y territorio”, sostuvo
Finalmente Bertha Oliva expresó que Guapinol debe servir como ejemplo de cómo el poder económico tiene a su servicio el sistema institucional. Yo creo que Guapinol ha colocado al desnudo cómo funciona el poder económico y sobre todo las instituciones de nuestro país, donde la institucionalidad, especialmente la jurídica, está al servicio de los que manejan este tipo de proyectos, o sea que estamos ante una institucionalidad sometida a los dueños del poder económico y ni siquiera a los dueños del poder político.
Al momento de la redacción de esta nota periodística, www.defensoresenlinea.com constató que alrededor de las 4:00 pm del martes 5 de marzo, los tribunales de justicia habían librado las cartas de libertadpara los 11 hombres recluidos en la Penitenciaría Nacional y que Lourdes Gómez que guardaba prisión en la cárcel de mujeres, había también recobrado su libertad.
Finalmente Bertha Oliva expresó que Guapinol debe servir como ejemplo de cómo el poder económico tiene a su servicio el sistema institucional. Yo creo que Guapinol ha colocado al desnudo cómo funciona el poder económico y sobre todo las instituciones de nuestro país, donde la institucionalidad, especialmente la jurídica, está al servicio de los que manejan este tipo de proyectos, o sea que estamos ante una institucionalidad sometida a los dueños del poder económico y ni siquiera a los dueños del poder político.
Al momento de la redacción de esta nota periodística, www.defensoresenlinea.com constató que alrededor de las 4:00 pm del martes 5 de marzo, los tribunales de justicia habían librado las cartas de libertadpara los 11 hombres recluidos en la Penitenciaría Nacional y que Lourdes Gómez que guardaba prisión en la cárcel de mujeres, había también recobrado su libertad.
