Más sangre tolupán se derrama por despojo territorial
27 de febrero de 2019
“René toma mi vida y que Dios te
perdone”, dijo de rodillas y mirando a su asesino el líder Tolupán José
Salomón Matute, uno de los hombres más firmes en la lucha que libra su
pueblo en defensa del bosque. Segundos después, el disparo de una
escopeta impactó en la cabeza del líder. El estruendo resonó en medio de
las montañas de Yoro. Pero ese no fue el único disparo, dos veces más
tuvo que sonar el arma para acabar con la vida de Juan Samael Matute,
quien acompañaba a su padre en la siembra de frijoles.
Sólo quienes conocen el pueblo Tolupán
pueden sentir como el corazón se hace pequeñito al mirar las imponentes
montañas de pino y los caudalosos ríos que bañan esa tierra de hombres y
mujeres luchadoras, quienes a pesar del abandono y la criminalización
estatal, han comprendido que cuidar sus bienes naturales es cuidar la
vida misma.
“Sólo estando allí, entonces, se puede
entender ese sentimiento que produce la lucha Tolupán”, dijo con un
nudo en la garganta Andrea Paz del Foro de Mujeres por la Vida, quien
dedicó sus primeros años de trabajo a los tolupanes, a través del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj.
A sembrar frijoles
La mañana del 25 de febrero, don Salomón
salió temprano de su casa acompañado de sus tres hijos, uno de ellos
Samael. Se disponían a sembrar frijoles en un terreno que durante años
ha pertenecido a la familia y por ende a la tribu. Sin embargo, esa
tierra había sido ocupada por René Córdova, un vecino de las víctimas
que según familiares se pretenden vender la tierra a un terrateniente de
la zona, a pesar que el territorio Tolupán cuenta con título
comunitario ancestral que impide la venta individual de la tierra.
Tomaron café y amarraron unas tortillas
para la faena del día. Caminaron al terreno sin imaginar que allí les
esperaban René Córdova y Melquín Javier Córdova, quienes un día antes
los habían amenazado a muerte.
Las agresiones y amenazas a muerte se
han convertido en el pan de cada día para los tolupanes que se oponen a
la venta de la tierra y el corte ilegal de madera según denuncia el
Madj, organización a la que pertenecen los indígenas de Locomapa.
Las víctimas eran beneficiarios de
Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Cidh, sin embargo, el Estado de Honduras una vez más demostró
su incapacidad de proteger a los amenazados, pese a los constantes
llamados que se han hecho a las autoridades.
El 31 de enero, la Policía de Yoro
reprimió con gas lacrimógeno a los indígenas que impedían el paso de
maquinaria cargada con madera de pino. La acción de protesta fue
realizada por las personas que desde febrero de 2018 permanecen en un
campamento de resistencia ejerciendo soberanía en su territorio.
En medio del dolor, Ramón Matute, hijo y
hermano de las víctimas, responsabilizó al Estado hondureño, a
terratenientes y madereros responsables de provocar el conflicto socio
ambiental en la zona, al extraer de forma ilegal madera de pino. “Esto
nos ha dejado 19 tolupanes asesinado desde el 2013”, dijo Ramón con
rostro enrojecido mientras esperaba a las afueras de la Morgue Judicial
de San Pedro Sula, los cuerpos sin vida de su padre y hermano.
Doña Cristina Ávila, se quedó en la
comunidad de El Palmar, Locomapa, Yoro, esperando el cuerpo de su esposo
e hijo. Ella lleva años viviendo con temor y angustia, esperando que
lleguen a su casa para informar que han asesinado a su hijo Ramón, quien
ha sufrido múltiples agresiones y amenazas por su lucha ambiental. Esa
mañana la noticia que tanto temía llegó, pero con doble dolor. Su
pequeño de apenas 24 años también dejó su sangre en la tierra que amó.
Samael era un joven amante de la
naturaleza, defensor de la vida, amigable y sencillo, de saludo fuerte
con su mano callosa de labrador de la tierra. En 2016, fue parte de la
Escuela de Formación Política y Ciudadana que impulsa el Equipo de
Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj.
“En este proceso le pudimos conocer por
su dedicación a aprender, su sencillez y la claridad política que tenía
sobre la necesidad de defender la vida, siendo consciente de los riesgos
que esta labor llevaba para su propia vida”, publicó el equipo
organizador de las escuelas en redes sociales.
Madera con color y olor a sangre
La situación que viven las familias
tolupanes es complicada. La tribu cuenta con un Consejo Directivo
responsable de garantizar los intereses de los indígenas. Sin embargo,
desde los años 90, buena parte de la población ha denunciado las malas
prácticas de dicho Consejo en el manejo de los recursos, así como la
alianza con los empresarios en el corte de madera. Estas denuncias han
cobrado la vida de algunos dirigentes. El caso más sangriento se
registró en 2013, cuando tres indígenas fueron asesinados mientras
realizaban una toma pacífica.
Buena parte del territorio Tolupán es
ocupado por el general del ejército hondureño en condición de retiro
Oscar Filánder Armijo Uclés, señalado como uno de los responsables de
violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, cuando
en Honduras se implementó la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Armijo Uclés también es acusado por los
delitos de daños, amenazas y allanamiento de Morada en perjuicio de
Darling Ermilio Soto y David Paz, miembros de una familia Tolupán
organizada en el Movimiento Amplio. A pesar del historial del general,
el Estado le otorgó un plan de manejo forestal que le permite talar
hectáreas de bosque para la comercialización de madera, según denuncian
los tolupanes.
Otras de las personas señaladas como
responsables de este conflicto es el empresario maderero Wilder
Domínguez, propietario de la empresa maderera Inmare. En 2017, el
Consejo Directivo de la Tribu y la Federación de Tribus Xicaques,
Fetrixi, firmaron un contrato de venta de madera en el cual, según
denuncias, se trata del otorgamiento de 5 mil metros de bosque, sin
embargo, recientemente ha salido a la luz pública que realmente firmaron
otorgando 17 mil metros cúbicos de madera, violentando el derecho a la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado del pueblo
indígena Tolupán.
Según Ramón Matute, las personas
responsables de asesinar a sus familiares son trabajadores del
terrateniente Uclés y del empresario maderero Domínguez.
“Esa madera que está saliendo de la
tribu va manchada con sangre indígena, ante el visto bueno de los
gobiernos que han decidido cerrar los ojos ante esos crímenes,
condenando a las comunidades indígenas a la indefensión y repetición de
hechos fatales como el asesinato de mi padre y hermano” dijo en
entrevista a Radio Progreso Ramón Matute.
¡URGENTE! ONU CONDENA ASESINATO DE INDÍGENAS TOLUPANES EN HONDURAS
- Publicado: 27 Febrero 2019
La
Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH), condenó y exigió pronta investigación
del asesinato de los líderes y defensores del pueblo Tolupán, Salomón
Matute (izq.) y su hijo Juan Samael Matute (der.), hecho suscitado el
pasado 25 de febrero en la comunidad de El Palmar, Locomapa, Yoro.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este
miércoles, a través de un comunicado, la Oficina en Honduras del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
condenó la muerte de los líderes y defensores del pueblo Tolupán,
Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute. Al tiempo, ha pedido una
pronta investigación puntual a las autoridades.
Ambos
indígenas, fueron acribillados con arma de fuego el pasado lunes, en la
comunidad de El Palmar, Locomapa, Yoro. De acuerdo a OACNUDH, ambos
eran beneficiarios de la Medida Cautelar MC 416-13 otorgada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de
2013.
El
documento, cita que, según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ), organización donde las victimas formaban parte, Juan
Samael Matute era parte del Consejo Preventivo de la comunidad indígena,
y su padre Salomón, fue un defensor permanente de los derechos de su
pueblo.
“La
OACNUDH expresa su preocupación frente a las reiteradas denuncias sobre
los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan miembros de la
tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa por la defensa de sus tierras
y recursos naturales ancestrales, razón por la cual la CIDH les había
otorgado las medidas cautelares”, enuncia el comunicado.
Además,
esta dependencia de la ONU, también recuerda que, en su informe sobre
su visita a Honduras en noviembre de 2015, la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó su
preocupación sobre la situación del pueblo Tolupán, debido a que en las
últimas décadas alrededor de 100 líderes tolupanes habían sido
asesinados.
La
Relatora también constató que miembros de la tribu Tolupán de San
Francisco de Locomapa, habían enfrentado persecución, criminalización y
asesinatos por oponerse a actividades madereras, mineras e
hidroeléctricas en sus tierras ancestrales.
Debido
a esa situación, miembros de esta tribu han tenido que huir de sus
comunidades en 2013. La OACNUDH puntualiza que “exhorta a las
autoridades competentes a realizar las diligencias investigativas de
forma pronta e imparcial, que permitan el esclarecimiento de las
múltiples violaciones a derechos humanos que sufren las y los
defensores”.
A continuación el documentó de forma íntegra:
La OACNUDH-Honduras condena la muerte de dos miembros de la Tribu Indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro.
Tegucigalpa,
27 de febrero de 2019 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la muerte de los
líderes y defensores de los derechos humanos del pueblo Tolupán, Salomón
Matute y su hijo Juan Samael Matute, quienes fallecieron como
consecuencia de heridas de armas de fuego, el día 25 de febrero en la
comunidad de El Palmar, Locomapa, Yoro. Ambos eran beneficiarios de la
Medida Cautelar MC 416-13 otorgada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en diciembre del 2013.
Según
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización
de la que las victimas formaban parte, Juan Samael Matute era parte del
Consejo Preventivo de la comunidad indígena, y su padre Salomón fue un
defensor permanente de los derechos de su pueblo.
La
OACNUDH expresa su preocupación frente a las reiteradas denuncias sobre
los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan miembros de la
tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa por la defensa de sus tierras
y recursos naturales ancestrales, razón por la cual la CIDH les había
otorgado las medidas cautelares.
La
OACNUDH también recuerda que, en su informe sobre su visita a Honduras
en noviembre de 2015, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas expresó su preocupación sobre la
situación del pueblo indígena Tolupán debido a que en las últimas
décadas alrededor de 100 líderes tolupanes habían sido asesinados. La
Relatora también constató que miembros de la tribu Tolupán de San
Francisco de Locomapa habían enfrentado persecución, criminalización y
asesinatos por oponerse a actividades madereras, mineras e
hidroeléctricas en sus tierras ancestrales.
Debido a esa situación, miembros de esta tribu han tenido que huir de sus comunidades en 2013.
La
OACNUDH exhorta a las autoridades competentes a realizar las
diligencias investigativas de forma pronta e imparcial, que permitan el
esclarecimiento de las múltiples violaciones a derechos humanos que
sufren las y los defensores de derechos humanos, incluso los defensores
de los pueblos indígenas, así como la criminalización, las amenazas de
muerte y en particular los recientes asesinatos de Salomón Matute y Juan
Samuel Matute.
De
igual manera, la OACNUDH insta al Estado hondureño a brindar justicia y
reparación integral a las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta
su pertenencia a un pueblo indígena.
La
debida protección y garantía de los derechos de la tribu Tolupán de San
Francisco de Locomapa y de otros pueblos indígenas del país sobre sus
tierras y recursos naturales ancestrales representa una importante
medida para prevenir estos sucesos de violencia.
Por
tanto, OACNUDH también insta a las autoridades del Estado
correspondientes a que, de manera integral y de conformidad con los
estándares internacionales de derechos humanos en materia de pueblos
indígenas, tomen medidas decisivas para resolver la problemática de
conflictos sociales sobre tierras y recursos naturales que afecta a la
tribu de San Francisco de Locomapa.
La
OACNUDH expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, con
el pueblo Tolupan y con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia.
CIDH repudia asesinato de indígenas tolupanes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiestó su repudio ante el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro.
Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 19 de diciembre de 2013, tras analizar la situación de riesgo que enfrentaba junto a otros integrantes del MADJ producto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensores del medio ambiente y pueblos indígenas.
En su Resolución 12/2013 la Comisión determinó que miembros del MADJ, y entre ellos, Salomón Matute, se encontraban en una situación de grave riesgo. Por ello, la CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal y que investigaran las fuentes de riesgo, entre otros aspectos.
Mediante una nota de prensa, la CIDH recalca que tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado y que la implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado.
Según información pública, el 25 de febrero de 2019, Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute habrían fallecido producto de heridas con armas de fuego. De acuerdo con lo informado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) se iniciaron investigaciones de oficio y realizaron diligencias de seguimiento del caso, entre las cuales se informó que la Policía Nacional Preventiva detuvo a una persona que sería sospechosa del crimen.
La Comisión refiere que no cuenta con información concreta que indique que al momento que se perpetuó el asesinato, Salomón Matute contara con medidas implementadas por el Estado para su protección.
Los indígenas tolupanes han repudiado el crimen de sus compañeros que luchaban por la defensa del bosque.“En
2018 la Comisión convocó al Estado de Honduras en los periodos de
sesiones 167o en Bogotá, Colombia, y 169o en Boulder, Estados Unidos, a
efectos de monitorear la implementación de las medidas cautelares. Según
había sido informado por el Estado a la Comisión, se había solicitado
el 20 de octubre de 2017 a la Dirección General del Sistema de
Protección que considerara el traslado de la situación de los
beneficiarios de la medida cautelar al Mecanismo de Protección. Según
informó el Estado, dicho traslado se habría realizado el 23 de marzo de
2018 dado que los beneficiarios serían población objeto de la Ley de
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. La Comisión ha
procedido a solicitar información de manera inmediata a Honduras para
conocer sus observaciones en relación con los hechos ocurridos, reza el
texto del organismo de las Naciones Unidas.
En la parte final del comunicado la CIDH hace un llamado al Estado de Honduras a investigar la muerte de los líderes indígenas de manera diligente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que el crimen haya tenido como móvil sus actividades como defensores de derechos humanos. Asimismo, urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de estas medidas cautelares.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión insta a Honduras a que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, integridad y la seguridad de todas las personas defensoras derechos humanos en el país. En este sentido, la CIDH urge al Estado a realizar los ajustes al Mecanismo de Protección de Honduras que resulten necesarios con miras a garantizar una protección idónea y efectiva de las personas defensoras, cierra el documento.
Nahuaterique, La Paz.- La red de Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL-Paz) a través de sus integrantes, Felícita Ávila y Tesla García, con el apoyo de procuradoras de derechos humanos del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizaron el 15 de marzo, una jornada de socialización y asesoría legal con representantes de 8 consejos indígenas lencas de La comunidad de Nahuaterique, el Bolsón recuperado por Honduras mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (Holanda) en 1992.
La visita de REDHIL y COFADEH se programó, atendiendo una invitación del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Milpah, organización aliada que capacita y asesora a las comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz.
En la parte final del comunicado la CIDH hace un llamado al Estado de Honduras a investigar la muerte de los líderes indígenas de manera diligente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que el crimen haya tenido como móvil sus actividades como defensores de derechos humanos. Asimismo, urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de estas medidas cautelares.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión insta a Honduras a que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, integridad y la seguridad de todas las personas defensoras derechos humanos en el país. En este sentido, la CIDH urge al Estado a realizar los ajustes al Mecanismo de Protección de Honduras que resulten necesarios con miras a garantizar una protección idónea y efectiva de las personas defensoras, cierra el documento.
Consejos Indígenas Lencas de Nahuaterique están plenamente empoderados de sus derechos
Representantes
de 8 Consejos Indígenas Lencas de Nahauterique escuchan informes de
Milpah y la intervención de REDHIL y COFADEH el 15 de marzo de 2019
Por Marvin PalaciosNahuaterique, La Paz.- La red de Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL-Paz) a través de sus integrantes, Felícita Ávila y Tesla García, con el apoyo de procuradoras de derechos humanos del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizaron el 15 de marzo, una jornada de socialización y asesoría legal con representantes de 8 consejos indígenas lencas de La comunidad de Nahuaterique, el Bolsón recuperado por Honduras mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (Holanda) en 1992.
La visita de REDHIL y COFADEH se programó, atendiendo una invitación del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Milpah, organización aliada que capacita y asesora a las comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz.
Madre e hijo lenca caminan hacia la comunidad de Nahuaterique, municipio de Santa Elena
La defensora del municipio de Marcala, Fidelina Avila, habló a los
presentes sobre el trabajo de la REDHIL-PAZ, que consiste en documentar
denuncias de violaciones a derechos humanos, el acompañamiento a
víctimas, y la incidencia ante las autoridades locales y medios de
comunicación.
Por su parte, el Coordinador de MILPAH, Felipe Benítez, dedicó un espacio de la reunión para continuar instruyendo a los representantes de los 8 Consejos Indígenas de Nahuaterique, acerca de los contenidos del Convenio 169 de la OIT, relativos a los derechos de los pueblos indígenas y sobre la autonomía que corresponde a estos pueblos, para decidir sobre proyectos extractivos, represamiento de ríos o cortes de madera.
La Subcoordinadora del Consejo Indígena Municipal de Nahuaterique y encargada del Comité de Acompañamiento Local de Defensa de Derechos Humanos (CLAD), Emilia Ventura dijo a www.defensoresenlinea.com que las principales amenazas que se ciernen sobre su comunidad es la influencia del partido Nacional en el poder.
“Ellos han tratado la manera de que nosotros no desarrollemos nuestro trabajo, siempre han traído la división, el partidismo y a veces se han avocado más a los líderes que ha habido para poder dividirnos. Esto lo hacen a través de los gobiernos locales como los alcaldes y los que trabajan en el programa Vida Mejor”, explicó Ventura.
La dirigencia indicó que los activistas del Programa Vida Mejor y la Bolsa Solidaria impulsado por el jefe del régimen, Juan Orlando Hernández, tratan de cautivar a los pobladores prometiéndoles que les van a hacer pisos, pilas y otras cosas. Entonces cuando uno habla de que eso no es un beneficio sino compra de conciencias y que vienen a engañar, entonces van organizando la revuelta con la gente afirmando que uno no quiere el desarrollo.
“El desarrollo no se da con una hornilla, sino defendiendo el territorio, cuidando el bosque, cuidando el agua y con proyectos sostenibles. Lo que buscamos es que haya proyectos con proyección para la comunidad, no una bolsa solidaria”, afirmó Ventura.
Por su parte, el Coordinador de MILPAH, Felipe Benítez, dedicó un espacio de la reunión para continuar instruyendo a los representantes de los 8 Consejos Indígenas de Nahuaterique, acerca de los contenidos del Convenio 169 de la OIT, relativos a los derechos de los pueblos indígenas y sobre la autonomía que corresponde a estos pueblos, para decidir sobre proyectos extractivos, represamiento de ríos o cortes de madera.
La Subcoordinadora del Consejo Indígena Municipal de Nahuaterique y encargada del Comité de Acompañamiento Local de Defensa de Derechos Humanos (CLAD), Emilia Ventura dijo a www.defensoresenlinea.com que las principales amenazas que se ciernen sobre su comunidad es la influencia del partido Nacional en el poder.
“Ellos han tratado la manera de que nosotros no desarrollemos nuestro trabajo, siempre han traído la división, el partidismo y a veces se han avocado más a los líderes que ha habido para poder dividirnos. Esto lo hacen a través de los gobiernos locales como los alcaldes y los que trabajan en el programa Vida Mejor”, explicó Ventura.
La dirigencia indicó que los activistas del Programa Vida Mejor y la Bolsa Solidaria impulsado por el jefe del régimen, Juan Orlando Hernández, tratan de cautivar a los pobladores prometiéndoles que les van a hacer pisos, pilas y otras cosas. Entonces cuando uno habla de que eso no es un beneficio sino compra de conciencias y que vienen a engañar, entonces van organizando la revuelta con la gente afirmando que uno no quiere el desarrollo.
“El desarrollo no se da con una hornilla, sino defendiendo el territorio, cuidando el bosque, cuidando el agua y con proyectos sostenibles. Lo que buscamos es que haya proyectos con proyección para la comunidad, no una bolsa solidaria”, afirmó Ventura.
Pedro Amaya, líder del Consejo Indígena Lenca de Nahuaterique
Ventura añadió nosotras lo que siempre hemos pedido es apoyo en la
agricultura, porque aquí somos productoras de café, es una gran cantidad
que se produce, también hay ganado y producimos maíz, pero son cosas
que el gobierno no las toma en cuenta, aquí lo que vienen es a
engañarnos con nuestros propios recursos.
Es tan palpable el abandono del régimen en esta zona, que los pueblos lencas de Nahuaterique, por razones especiales, cuentan con doble nacionalidad (hondureña y salvadoreña) y prefieren enviar a sus hijos e hijas a escuelas de El Salvador, hacer sus compras en mercados del vecino país o enviar a sus enfermos a centros de salud; recorriendo una polvorienta carretera hacia sectores del municipio de San Miguel en la república salvadoreña, donde son bien atendidos.
Pedro Amaya, coordinador del Consejo Municipal Indígena Lenca de Nahuaterique denunció la pretensión de políticos y de empresas, para descombrar los bosques en la región, apropiarse del agua y los minerales.
“Por tres ocasiones hemos tenido el control territorial, en Azucualpa estuvimos más de 60 días haciendo control, también en Palo Blanco en 2014 contra la repartición del territorio por parte de 4 municipios aledaños a Nahuaterique y tuvimos otro control territorial por la cuestión de la represa Río Chinacla, La campana, donde agarraba parte del territorio de Nahuaterique”, dijo Amaya.
El líder indígena señaló que a la comunidad llegaron varios ingenieros a ofrecerles una carretera que comunicaría Nahuaterique con territorio salvadoreño, pero que al final no se trataba de eso, sino que la pretensión era, la construcción de una represa sobre el Río Chinacla, un proyecto de la diputada nacionalista Gladys Aurora López, que opera la represa Aurora 1 en el municipio de San José, departamento de La Paz.
“Arnold Castro que es el esposo de Gladys Aurora, era el dueño de la compañía, y aquí vino a Nahuaterique y cuando vino yo le pregunté el nombre de la empresa y él me dijo que se llamaba Los Encinos, entonces nosotros fuimos a Tegucigalpa y pusimos demandas en la Fiscalía de Las etnias, y se detuvo la construcción; no se ha hecho y no se hará tan fácil por la oposición que existe”, afirmó.
Finalmente y en torno a la vista que realizaron representantes de REDHHIL y COFADEH a la zona, Pedro Amaya dijo que “para nuestro pueblo indígena es un gran apoyo, tener aquí a abogadas, tener periodistas, es como nosotros podemos divulgar toda la situación que a nosotros nos afecta, eso es salir de Nahuaterique, es un gran apoyo”
Hacer prevalecer la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, son los estandartes jurídicos en los cuales se fundamentan las luchas de las comunidades para exigir el respeto de su autonomía frente a la amenaza de los proyectos extractivos y represadores que buscan la apropiación de los bienes comunes.
Asimismo las familias que residen en este remoto lugar, no abandonan su deseo de que el Estado declare a Nahuaterique como un nuevo municipio, en vista de las pretensiones de las corporaciones municipales de Santa Elena, Yarula y Marcala.
Situado en la zona fronteriza con El Salvador, Nahuaterique cuenta con una extensión territorial de 160 kilómetros cuadrados, y colinda con el municipio de Perquín, departamento de Morazán, en territorio salvadoreño.
El Cedro, Opatoro.- Cuatro indígenas lencas de la comunidad El Cedro, en el municipio de Opatoro, recibieron cartas de libertad mediante diligencias practicadas ante los tribunales, por parte de un equipo del área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que visitó la zona el 14 de marzo en horas de la tarde.
Los campesinos indígenas no ocultaron su alegría al recibir la carta de libertad que los libera del delito de “robo agravado”, acusación promovida por la terrateniente Silvia Elizabeth Rodríguez ante la fiscalía.
Sin embargo, el acompañamiento de COFADEH no termina ahí. Todavía pesan acusaciones contra 18 miembros de este grupo campesino lenca, por los delitos de usurpación y daños a la propiedad a través de la utilización de recursos forestales.
Cabe señalar que Silvia Elizabeth Rodríguez, que reclama como suyas las tierras recuperadas por los campesinos, es cuñada de la alcaldesa del municipio de Opatoro, Dunia Patricia Rodríguez, de filiación nacionalista; quien ha excluido a la comunidad El Cedro, de todos los servicios que proporciona la corporación municipal a sus habitantes.
Desde el año 2005, el grupo indígena El Cedro, recuperó las tierras localizadas en la cima de uno de los picos montañosos más altos de Opatoro
Desde ese tiempo han existido persecuciones y hostigamientos en contra de las 24 familias que sobreviven gracias a sus cultivos. No hay energía eléctrica ni agua potable.
En 2011 continuó el hostigamiento de parte de las autoridades policiales a instancias de Silvia Elizabeth Rodríguez quien reside en Tegucigalpa.
El primer proceso judicial se produjo en 2005, cuando un contingente de policías quemó sus viviendas. Los indígenas se dispersaron, pero volvieron a la recuperación del territorio; por lo que en 2012 fueron nuevamente acusados de usurpación.
Pero las tierras recuperadas han fructificado. Las familias han cosechado con éxito: café, maíz, frijoles, hortalizas y frutas diversas. Sin embargo, quienes reclaman las 34 manzanas están ligadas al poder político, de tal manera que la comunidad ha sido excluida de servicios básicos como la energía eléctrica o programas sociales que impulsa la municipalidad de Opatoro, denunciaron las familias.
Norbert Rodríguez, uno de los cuatro beneficiados con la carta de libertad dijo a www.defensoresenlinea.com que “me siento contento con el apoyo de COFADEH por salir libre de este proceso que hemos tenido por 13 años”.
Rodríguez dijo que fue importante la labor desarrollada por Douglas Ariel Suazo, miembro de la Red de Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL-Paz), quien fue quien los visitó y alertó al COFADEH de la situación de indefensión.
“Por medio de la red, tuvimos un logro que no habíamos podido lograr durante varios años”, sostuvo el líder indígena.
Como parte de su labor de campo y acompañamiento, Felícita Avila y Douglas Ariel Suazo, de la Red de Defensores Indígena Lenca de la Paz (REDHIL-PAZ) en coordinación con el Área de Acceso a Justicia del COFADEH, visitaron nuevamente la región.
Fidelina Avila expresó su alegría de poder acompañar a comunidades tan remotas como El Cedro, en las montañas de Opatoro y comentó que como “REDHIL nosotras damos acompañamiento con el apoyo de COFADEH a las familias que necesitan empoderarse de sus derechos, y ese es algo muy importante”.
En la REDHIL-Paz estamos pendientes de cualquier caso, de cualquier problema para hacer alertas al COFADEH, porque son violaciones de derechos humanos que no debemos de dejar pasar, dijo Avila.
REDHIL es una de las redes capacitadas y organizadas por el COFADEH con el propósito de brindar acompañamiento y documentar casos de violaciones a los derechos humanos que se producen a nivel nacional.
COFADEH cuenta con redes de defensores y defensoras de derechos humanos en la zona sur, oriente, norte y zona central del país.
La visita el 14 de marzo de 2019 del equipo de Acceso a Justicia del COFADEH y miembros de REDHIL a la zona, se desarrolló como parte el proyecto “Mejorando el Acceso a Justicia de la Población Lenca en el departamento de La Paz”, que se impulsa con el apoyo de Trocaire-UE.
Es tan palpable el abandono del régimen en esta zona, que los pueblos lencas de Nahuaterique, por razones especiales, cuentan con doble nacionalidad (hondureña y salvadoreña) y prefieren enviar a sus hijos e hijas a escuelas de El Salvador, hacer sus compras en mercados del vecino país o enviar a sus enfermos a centros de salud; recorriendo una polvorienta carretera hacia sectores del municipio de San Miguel en la república salvadoreña, donde son bien atendidos.
Pedro Amaya, coordinador del Consejo Municipal Indígena Lenca de Nahuaterique denunció la pretensión de políticos y de empresas, para descombrar los bosques en la región, apropiarse del agua y los minerales.
“Por tres ocasiones hemos tenido el control territorial, en Azucualpa estuvimos más de 60 días haciendo control, también en Palo Blanco en 2014 contra la repartición del territorio por parte de 4 municipios aledaños a Nahuaterique y tuvimos otro control territorial por la cuestión de la represa Río Chinacla, La campana, donde agarraba parte del territorio de Nahuaterique”, dijo Amaya.
El líder indígena señaló que a la comunidad llegaron varios ingenieros a ofrecerles una carretera que comunicaría Nahuaterique con territorio salvadoreño, pero que al final no se trataba de eso, sino que la pretensión era, la construcción de una represa sobre el Río Chinacla, un proyecto de la diputada nacionalista Gladys Aurora López, que opera la represa Aurora 1 en el municipio de San José, departamento de La Paz.
“Arnold Castro que es el esposo de Gladys Aurora, era el dueño de la compañía, y aquí vino a Nahuaterique y cuando vino yo le pregunté el nombre de la empresa y él me dijo que se llamaba Los Encinos, entonces nosotros fuimos a Tegucigalpa y pusimos demandas en la Fiscalía de Las etnias, y se detuvo la construcción; no se ha hecho y no se hará tan fácil por la oposición que existe”, afirmó.
Finalmente y en torno a la vista que realizaron representantes de REDHHIL y COFADEH a la zona, Pedro Amaya dijo que “para nuestro pueblo indígena es un gran apoyo, tener aquí a abogadas, tener periodistas, es como nosotros podemos divulgar toda la situación que a nosotros nos afecta, eso es salir de Nahuaterique, es un gran apoyo”
Hacer prevalecer la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, son los estandartes jurídicos en los cuales se fundamentan las luchas de las comunidades para exigir el respeto de su autonomía frente a la amenaza de los proyectos extractivos y represadores que buscan la apropiación de los bienes comunes.
Asimismo las familias que residen en este remoto lugar, no abandonan su deseo de que el Estado declare a Nahuaterique como un nuevo municipio, en vista de las pretensiones de las corporaciones municipales de Santa Elena, Yarula y Marcala.
Situado en la zona fronteriza con El Salvador, Nahuaterique cuenta con una extensión territorial de 160 kilómetros cuadrados, y colinda con el municipio de Perquín, departamento de Morazán, en territorio salvadoreño.
Sigue vivo conflicto minero en Azacualpa, La Unión, Copán
Desde
el 2013, las comunidades del municipio de La Unión, Copán iniciaron una
lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que
realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A, en su misión de extraer
el oro de la zona.
A mediados del 2018 el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de
amparo interpuesto por el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia, Madj, en favor de los habitantes de la
comunidad.
Mediante el recurso se ordenó cesar de
inmediato las exhumaciones de cadáveres en el cementerio comunitario
porque violenta a los pobladores y pobladoras su derecho a la soberanía
comunitaria, a la cultura, la integridad personal, física, psíquica y
moral, y el derecho a la familia y del resto de las habitantes de la
comunidad de Azacualpa.
Camino a la agudización
Sin embargo, la problemática lejos de
resolverse se agudiza. Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No
Gubernamentales, Asonog, expresa que la empresa Minerales de Occidente
S.A, Minosa, después de varios meses de mantener suspendidos los
trabajos, reanudó la operación el pasado lunes 18 de febrero.
Lara detalló que la explotación minera
continúa en áreas donde no existen personas enterradas, sin embargo
explica que la municipalidad de la Unión otorgó permisos a la empresa
para explorar otros sectores.
Ramiro Lara señala que la ciudadanía
está alarmada porque recientemente el Instituto Hondureño de Geología y
Minas, Inhgeomin, a través de un comunicado, detalló que la empresa
Minerales de Occidente S.A, Minosa, solicitó más de 3 mil hectáreas de
terreno para la exploración y posterior explotación.
“Estas concesiones abarcan los
municipios de San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y se amplía para el
municipio de la Unión”, dijo Ramiro Lara.
Explicó que las comunidades temen que la
empresa, en complicidad con autoridades locales y nacionales, amplíe su
área de explotación. El ambientalista aseguró que la lucha de
oposición de la ciudadanía ha dejado al menos 19 personas con procesos
judiciales.
Datos irrefutables
Una investigación realizada por el Madj,
revela que 13 fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y
otras están contaminadas con los químicos que usa la empresa Minosa en
la extracción del oro.
En Santa Rosa de Copán, una de las
ciudades principales del occidente hondureño, toman agua del río Higuito
que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro de
la empresa según la investigación del Madj en coordinación con Asonog.
Producto de la grave contaminación, en
el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente,
donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y
sangre de las personas.
Juan Mejía, investigador del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, explicó que las aguas del
Río Higuito presentan contaminación por metales pesados como el
mercurio, además de cianuro, por lo que no pueden ser utilizadas para el
consumo humano porque significaría la muerte.
Señaló que el Estado Hondureño es
responsable por dos razones; primero por ser la máxima autoridad en un
país por lo que debe garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos, y concretamente el derecho a la vida, y es lo que se violenta
en estas comunidades.
Y segundo, la complicidad porque
sabiendo de las contaminaciones que se generan, el Estado guarda
silencio y no deduce responsabilidades a la minera analizó Mejía.
Habla Minosa
Ante el rechazo y las acusaciones por
parte de la ciudadanía que se opone a la extracción de minerales en la
comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, Mario Alberto España,
supervisor de Proyectos Comunitarios de Minosa, en una entrevista
concedida a Radio Progreso, dijo que están llevando todo en orden y en
respeto a la ley y a los Derechos Humanos por lo que no entienden las
razones por las que la ciudadanía se opone.
El directivo negó los señalamientos que
realizan las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente en
torno a la contaminación que dicha empresa está generando en la zona.
“Minerales de Occidente S.A está
enfocada en el crecimiento responsable y sostenible, y lo hace por medio
de los más rígidos estándares de seguridad y medio ambiente nacionales e
internacionales, interactuando siempre de una manera socialmente
responsable”, argumentó el representante de la empresa.
El conflicto en Azacualpa, es reflejo de
todas las arbitrariedades y abusos que comenten las empresas
extractivas. Según datos del Equipo de Reflexión Investigación y
Comunicación ERIC, en Honduras existen 364 proyectos mineros aprobados.
Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos
proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de al menos de
950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero.
COFADEH logra avances en apoyo legal a Comunidad El Cedro
En
la foto 3 de los 4 indígenas lenca de la comunidad de El Cedro,
municipio de Opatoro, reciben de manos de la abogada Cynthia Turcios de
COFADEH, sus cartas de libertad
Por Marvin PalaciosEl Cedro, Opatoro.- Cuatro indígenas lencas de la comunidad El Cedro, en el municipio de Opatoro, recibieron cartas de libertad mediante diligencias practicadas ante los tribunales, por parte de un equipo del área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que visitó la zona el 14 de marzo en horas de la tarde.
Los campesinos indígenas no ocultaron su alegría al recibir la carta de libertad que los libera del delito de “robo agravado”, acusación promovida por la terrateniente Silvia Elizabeth Rodríguez ante la fiscalía.
Sin embargo, el acompañamiento de COFADEH no termina ahí. Todavía pesan acusaciones contra 18 miembros de este grupo campesino lenca, por los delitos de usurpación y daños a la propiedad a través de la utilización de recursos forestales.
Cabe señalar que Silvia Elizabeth Rodríguez, que reclama como suyas las tierras recuperadas por los campesinos, es cuñada de la alcaldesa del municipio de Opatoro, Dunia Patricia Rodríguez, de filiación nacionalista; quien ha excluido a la comunidad El Cedro, de todos los servicios que proporciona la corporación municipal a sus habitantes.
Desde el año 2005, el grupo indígena El Cedro, recuperó las tierras localizadas en la cima de uno de los picos montañosos más altos de Opatoro
Desde ese tiempo han existido persecuciones y hostigamientos en contra de las 24 familias que sobreviven gracias a sus cultivos. No hay energía eléctrica ni agua potable.
En 2011 continuó el hostigamiento de parte de las autoridades policiales a instancias de Silvia Elizabeth Rodríguez quien reside en Tegucigalpa.
El primer proceso judicial se produjo en 2005, cuando un contingente de policías quemó sus viviendas. Los indígenas se dispersaron, pero volvieron a la recuperación del territorio; por lo que en 2012 fueron nuevamente acusados de usurpación.
Pero las tierras recuperadas han fructificado. Las familias han cosechado con éxito: café, maíz, frijoles, hortalizas y frutas diversas. Sin embargo, quienes reclaman las 34 manzanas están ligadas al poder político, de tal manera que la comunidad ha sido excluida de servicios básicos como la energía eléctrica o programas sociales que impulsa la municipalidad de Opatoro, denunciaron las familias.
Norbert Rodríguez, uno de los cuatro beneficiados con la carta de libertad dijo a www.defensoresenlinea.com que “me siento contento con el apoyo de COFADEH por salir libre de este proceso que hemos tenido por 13 años”.
Rodríguez dijo que fue importante la labor desarrollada por Douglas Ariel Suazo, miembro de la Red de Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL-Paz), quien fue quien los visitó y alertó al COFADEH de la situación de indefensión.
“Por medio de la red, tuvimos un logro que no habíamos podido lograr durante varios años”, sostuvo el líder indígena.
Como parte de su labor de campo y acompañamiento, Felícita Avila y Douglas Ariel Suazo, de la Red de Defensores Indígena Lenca de la Paz (REDHIL-PAZ) en coordinación con el Área de Acceso a Justicia del COFADEH, visitaron nuevamente la región.
Fidelina Avila expresó su alegría de poder acompañar a comunidades tan remotas como El Cedro, en las montañas de Opatoro y comentó que como “REDHIL nosotras damos acompañamiento con el apoyo de COFADEH a las familias que necesitan empoderarse de sus derechos, y ese es algo muy importante”.
En la REDHIL-Paz estamos pendientes de cualquier caso, de cualquier problema para hacer alertas al COFADEH, porque son violaciones de derechos humanos que no debemos de dejar pasar, dijo Avila.
REDHIL es una de las redes capacitadas y organizadas por el COFADEH con el propósito de brindar acompañamiento y documentar casos de violaciones a los derechos humanos que se producen a nivel nacional.
COFADEH cuenta con redes de defensores y defensoras de derechos humanos en la zona sur, oriente, norte y zona central del país.
La visita el 14 de marzo de 2019 del equipo de Acceso a Justicia del COFADEH y miembros de REDHIL a la zona, se desarrolló como parte el proyecto “Mejorando el Acceso a Justicia de la Población Lenca en el departamento de La Paz”, que se impulsa con el apoyo de Trocaire-UE.
En “Estado de Alerta” se declaran comunidades hondureñas que se oponen al modelo extractivo
28 de febrero de 2019
Más de 40 comunidades a nivel nacional
se declaran en “Estado de Alerta“, frente a los abusos cometidos por la
institucionalidad pública al concesionar el territorio sin hacer
consulta previa, libre e informada sobre la presencia de empresas
extractivas.
Está acción se enmarca en la exigencia
de justicia para los ambientalistas de Tocoa, Colón, quienes están
siendo criminalizados por los delitos de usurpación, privación injusta
de la libertad, incendio, daños y asociación ilícita en un juzgado de
jurisdicción nacional, especializado en crimen organizado.
Doce de las 31 personas acusadas se
presentaron voluntariamente a los juzgados de La Ceiba, el 22 de
febrero. Ese mismo día fueron trasladados a la capital donde se les
dictó detención judicial por el tiempo que se realiza la audiencia
inicial. Hasta la fecha han guardado prisión en la Penitenciaría
Nacional de Támara. Entre los detenidos están 4 delegados de la Palabra
de Dios, una mujer de 28 años y un comunicador social de Radio Progreso y
la Radio Popular del Aguán.
Los conflictos suman y siguen
El modelo extractivista que, impulsa el
gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández, multiplica los conflictos
en las comunidades; significa la militarización en los territorios,
destrucción de los bienes comunes, la ruptura del tejido social, la
persecución y criminalización de la protesta social y el derramamiento
de sangre.
“Venimos de tierra adentro, desde los
cuatro puntos cardinales de nuestra patria, cargados y cargadas de
indignación y rebeldías, para confrontar con nuestra denuncia, con
nuestras voces potentes, las decisiones autoritarias de un gobierno”,
manifestaron a través de un comunicado las comunidades en resistencia
que se juntaron en las instalaciones del Sitibys en la capital.
Durante la conferencia hubo
participación de líderes comunitario de La Paz y El Valle de Siria, este
último lugar fuertemente afectado con la actividad minera a cielo
abierto que durante años hizo la trasnacional Entre Mares. Aquí también
se tuvo presente a los indígenas asesinados en Locomapa, Yoro, días
atrás.
Esly Banegas de la Coordinadora de
Organizaciones Populares del Aguán, Copa, dijo que estas acciones vienen
a animar y dar fuerza a los hombres y mujeres que están defendiendo la
patria, en un contexto de militarización y muerte.
Luego de la conferencia, las comunidades
declaradas en Estado de Alerta, salieron en caminata rumbo a los
juzgados con competencia territorial ubicado en el boulevard Los
Próceres, donde se realiza la audiencia contra los ambientalistas.
Comunidades declaradas en alerta: - Atima, Santa Bárbara
- Barranco Blanco, Trujillo, Colón.
- Betulia, Colón
- Calta Vista, Campa Vista y Campamento, Trujillo, Colón
- Cedros, Francisco Morazán
- Corozal y Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida
- Danlí, El Paraíso
- Dulce Nombre de Culmí, Olancho
- Eastend,Chachahuate, y Bolaños, Cayos Cochinos
- El Porvenir, Atlántida
- El Porvenir, Francisco Morazán
- El Tránsito, Valle
- El Triunfo, Choluteca
- Guadalupe y San Antonio, Colón
- Jacaleapa, El Paraíso
- La Ensenada, Tela, Atlántida
- La Unión, Olancho
- Limón y Vallecito, Colón
- Marcala, La Paz
- Masca, Omoa, Cortés
- Miami, Tela, Atlántida
- Minas de Oro, Comayagua
- Nahuaterique, La Paz
- Namasigüe, Choluteca
- Olanchito, Yoro
- Orocuina, Choluteca
- Prados, Namasigüe, Choluteca
- Reitoca, Francisco Morazán
- Río Negro, Santa Fe, Colón
- San Ignacio, Francisco Morazán
- San José, La Paz
- San Nicolás, Santa Bárbara
- Santa Elena, La Paz
- Santa Rosa de Aguán, Colón
- Tornabé y Barra Vieja, Tela, Atlántida
- Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida
- Zacate Grande, Amapala, Valle
- Gualala, Santa Bárbara
- San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara
- El Progreso, Yoro.
Continúa persecución contra ambientalistas de Reitoca e impunidad para detractores
Consejo Indígena de Reitoca exige respeto a sus bienes comunes
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
A dos años de la defensa del Río Grande, entre los departamentos de
Francisco Morazán y Choluteca, el pueblo de Reitoca exige respeto a sus
derechos indígenas ancestrales y justicia ante las violaciones de las
cuales han sido victimas de parte de militares y autoridades
gubernamentales.
Al menos 20 integrantes del Consejo
Indígena Lenca de Reitoca, Francisco Morazán (CILRF), se
manifestaron en conferencia de prensa, este jueves 14 de de marzo, en
Tegucigalpa, para denunciar la usurpación de su territorio por “la
empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A de C.V.
(PROGELSA), a través de la concesión otorgada por el ex viceministro
de la extinta Secretaría de Recursos Naturales, Marco Jonathan
Laínez Ordoñez, mediante el decreto 73-2016, y que se publicó en el
Diario Oficial “La Gaceta” el 13 de Octubre del 2016, en el que
se da permiso para la construcción del proyecto hidroeléctrico
Petacón, sobre el Río Grande o Reitoca.
Aunque el municipio de Reitoca a lo lago
de 400 años ha sido parte de diferentes departamentos como ser:
Comayagua, Choluteca y La Paz, hoy forma parte de la “Ruta del Sur”, una
zona en la que se puesto el interés de empresas transnacionales y a la
que el mismo gobierno usurpador de Juan Orlando Hernández ha llamado “La
hora del sur”, los y las defensoras poseen un arrariagado sentido de
pertenencia a esta región, ubicada al sur de Francisco Morazán.
Por lo que no están dispuestos a que se
intale una represa hidroeléctrica, ya que esta concesión le privaría y
encarcelaría la fuente de agua más importante para la subsistencia de
dicho pueblo Lenca.
Los pobladores afirman que el río grande de Reitoca habría sido contaminado
El proyecto no había sido socializado
mediante consultada a la población y se supo del mismo cuando el río
Grande-Reitoca presentaba signos de contaminación en sus aguas, como
el cambio de color y la muerte de varias especies de peces.
Expresaron que el 16 de febrero del
2017, denunciaron estos hechos ante el Ministerio Público y con ello la
violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), tomando en consideración que se trata de una zona indígena.
También denunciaron ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e
Impunidad en Honduras (MACCIH), por la falta de transparencia en el
manejo de la información sobre la obtención de la licencia ambiental
número 1362-2011 otorgado PROGELSA.
Ante la falta de respuestas, el pueblo
se organizó y el 15 de enero del 2018 decidieron tomar control
territorial donde se determinó la instalación del CAMPAMENTO POR LA
DEFENSA DEL RÍO Y POR LA VIDA, pero el 30 de enero llegaron empleados de
la empresa acompañados por un contingente militar “bajo mando del
Coronel Salgado y el Teniente Coronel Murillo”, -detalló una carta
pública- los miliares se referían a la población con amenazas,
estigmatización y el discurso racista y de odio.
“mencionando que nos iban a desalojar
sin presentar ninguna orden por un Juez competente, de inmediato
comenzaron un desalojo violento, lanzando bombas lacrimógenas
incendiarias contra la humanidad de la población y atentaron contra la
vida de un compañero y una compañera, heridos con armas de fuego a manos
de militares”, recordó el grupo ambientalista-indígena.
En ese momento, las bombas lacrimógenas
provocaron un incendio que terminó afectando gran parte del bosque.
Este fatal incidente se registra en la denuncia número
151-751-7305-2018 ante el Ministerio Público, por el cual no existe
nungún requerimiento fiscal contra los actores materiales por omisión o
acción de los altos mandos militares que estaban en ese momento,
lamentó el grupo denunciante.
Reitoca
es un municipio declarado libre de proyectos extractivos,
hidroeléctricos, mineros, eólicos y fotovoltaicos, desde el 26 de
febrero del 2018, mendiante Cabildo Abierto, el documento está
firmado por toda la Corporación Municipal y la Unidad Municipal
Ambiental de Reitoca. Cabe señalar que el 14 de mayo del 2018 se
realizó un informe que plasma los severos daños ambientales causados
por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Petacón.
La empresa hidroeléctrica interpuso
denuncia por los delitos de usurpación, daños a la propiedad
privada, detentación del espacio público, y el Ministerio Público
beligerantemente, realizó las investigaciones de la denuncia, y por
ello hay seis personas con medidas sustitutivas a la prisión.
La carta expresa que, a raíz de una
de las denuncias que hemos presentado y la presión que hemos
ejercido manifestándonos frente al Ministerio Público, el 8 de
diciembre del 2018, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio
Cultural presentó Requerimiento Fiscal contra el señor ex Vice
Ministro MARCO JONATHAN LAÍNEZ ORDÓÑEz por el delito de
abuso de autoridad, por haber otorgado de forma irregular la
licencia ambiental para la construcción de la represa sobre el
río Petacón.
“Hacemos un llamado al Juez que conoce la causa en contra del Señor Ordóñez que haga justicia en apego a los Tratados y Convenios de los derechos de los pueblos indígenas”, detallarón en la conferecnia.
Y le reiteramos que, como pueblo
afectado seguiremos atentos denunciando todos los atropellos a nuestra
dignidad, sobretodo quedamos a la expectativa de una resolución
favorable al pueblo, este 18 de marzo donde Usted deberá dar a
conocer la resolución en la audiencia inicial.
Con la certeza que
seguiremos resistiendo en nuestro territorio
sosteniendo el digno Campamento por la Defensa del Río
y la Vida, con el trabajo comprometido de nuestro equipo
Legal, la mano solidaria del resto del pueblo hondureño
y el internacionalismo solidario que siempre nos acompaña
en la denuncia, el pueblo Lenca organizado en el
Consejo Indígena Lenca de Reitoca sigue en pie de
lucha exigiendo la salida de este proyecto de PROGELSA
que mata el río y nuestras vidas, puntualizaron en el documento
leidos por varias personas que forman parte del Campamento por la
defensa del Río Reitoca.
Autoritarismo judicial se impone en audiencia contra ambientalistas de Colón
Lourdes
Gómez y los once defensores del ambiente de Tocoa, Colón, están siendo
objeto de un juicio político más que penal, en un juzgado con
jurisdicción nacional territorial, especializado en crimen organizado.
Los ambientalistas son víctimas de tráfico de influencias en beneficio
del empresario minero Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé. Dejando en
evidencia una clara violación a los derechos fundamentales de los
acusados, según denuncia el equipo técnico de la defensa.
El juez de jurisdicción nacional, Víctor
Méndez, está empecinado en mantener este caso bajo su conocimiento, a
pesar que la ley no le da autoridad para hacerlo. Las acusaciones contra
los ambientalistas debería conocerlas el juzgado de Tocoa en el
departamento de Colón.
“No es una cuestión personal, él sólo
está cumpliendo órdenes”, afirma el abogado defensor Omar Menjivar,
asegurando que al juez no le importa quedar en ridículo al evidenciar su
falta de competencia para llevar el caso, y su arbitrariedad en las
decisiones que hasta el momento ha tomado bajo ningún argumento legal.
¿De dónde podrían venir esas órdenes?
La gente que se opone a los proyectos
extractivos dice que en Honduras “Se vale dudar de todo”, especialmente
de un sistema de justicia cuestionado por favorecer a quienes tienen el
poder político y económico. Y parafraseando al poeta hondureño Roberto
Sosa; en la casa de la justicia de mi país todo se consuma bajo esa
sensación de ternura que produce el dinero.
En audiencia de declaración de imputados
realizada en los juzgados de la Granja en la capital el 23 de febrero,
el juez Méndez reconoció públicamente estar en comunicación con el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para seguir
instrucciones. A pesar que la Constitución de la República establece
que los jueces deben tener independencia.
Toda persona acusada por un supuesto
delito debe ser juzgada por un juez independiente, imparcial e idóneo,
que conozca de la materia que va a juzgar, que sepa el derecho que va
aplicar apegado al debido proceso. “Evidentemente este juez no reúne
ninguna de esas condiciones”, apunta el abogado Menjivar. Durante la
audiencia, la defensa ha rebatido los argumentos del juez y no de la
fiscalía, cuando la confrontación debería ser con el Ministerio Público
por naturaleza.
“Es claro que están cumpliendo
instrucciones de la empresa” dice el abogado. La empresa Minera
Inversiones Los Pinares de la familia Pérez Facussé está siendo señalada
de manipular la justicia a través del presidente de la Corte Suprema de
Justicia. “Cada vez que algo le molesta, el juez suspende la audiencia y
se va hacer llamadas telefónicas”, indicó el abogado defensor afirmando
que les da el derecho de dudar, salvo que el juez les demuestre lo
contrario.
La audiencia está siendo vigilada por
organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes
también han manifestado su preocupación por la forma en que se
desarrolla la audiencia. En su cuenta de twitter el Relator Especial de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michael Forst, dijo que
está siguiendo el caso de Guapinol y que le preocupa que no se respete
el debido proceso.
La coordinadora de la Organización
Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, Miriam Miranda, denuncia que esto
se trata de un juicio político, donde las autoridades pretenden sentar
un precedente que les permita criminalizar toda lucha o protesta social
en defensa de la tierra y la vida. La lideresa garífuna hizo un llamado a
las comunidades a estar en “Estado de Alerta”, y a emprender acciones
articuladas en solidaridad con los ambientalistas de Guapinol.
Las familias del caso Guapinol
A pesar del dolor y la indignación, las
familias de los ambientalistas han permanecido a las afueras de los
Tribunales en Materia de Extorsión en Tegucigalpa, exigiendo justicia
para Lourdes y los once defensores. A ellos, se han sumado las
comunidades garífunas de Colón y Atlántida. Así como las organizaciones
comunitarias y sociales de El Progreso, Yoro.
Cada familiar guarda en su corazón la
ilusión de regresar a casa con su ser amado. Hay mujeres que a pesar de
la distancia viajaron desde Colón a la capital con sus hijos menores.
Hay hijos que tuvieron que renunciar a sus trabajos para acompañar a sus
padres de forma ininterrumpida. Hay hermanas que sobre sus hombros
cargan una doble cruz; decidieron acompañar a sus hermanos
criminalizados dejando en Colón a sus madres enfermas, a raíz de estas
acusaciones.
Rosibel Domínguez no pudo evitar
quebrarse en llanto junto a su hermana al escuchar la denuncia que hizo
el equipo legal de la defensa. Ella tiene dos hermanos acusados:
Magdaleno y Reynaldo Domínguez. Ella reconoce que no sabe cómo
explicarle a su madre cómo va el caso cada vez que le llama por
teléfono.
Sara Vásquez es otra mujer plantada
frente a los tribunales. A ella le acompaña su hija mayor, hermanos y
cuñadas. Ella es la esposa del corresponsal de Radio Progreso, Leonel
George, uno de los acusados. En una entrevista confesó que ha vivido
días muy difíciles pues es madre de cuatro menores de edad. También
confesó estar más enamorada de su esposo, a quien define como un hombre
honesto, luchador y maravilloso, que vive para hacer feliz a su familia y
para servir a su comunidad.
También compartió su testimonio Kevin
Esquivel, hijo de José Eugenio, a quien la madrugada del viernes, en
medio de la audiencia, fue trasladado a un hospital de emergencia por
hipertensión arterial. Esa madrugada los acusados durmieron en el
tribunal, en el suelo.
Kevin cuenta que desde que llegó la
minera la vida les cambió radicalmente. Su padre es delegado de la
palabra de Dios y siempre ha asumido cargos en las organizaciones
comunitarias. Antes de someterse a la justicia, la familia Esquivel
sufrió un atentando por parte de supuestos simpatizante de la empresa.
Su hermano menor salió lastimado, y tanto él y como su padre fueron
encañonados bajo amenazas.
El joven de 23 años denuncia que el
responsable de este conflicto es el gobierno de Juan Orlando Hernández
que ha concesionado las comunidades por encima de la vida sus
pobladores. Kevin, tuvo que dejar su trabajo para acompañar a su padre.
Hoy asegura que él asume la lucha que comenzó el hombre que más admira y
ama.
La concesión de los territorios ha
multiplicado los conflictos en territoriales condenando a las familias a
vivir en el dolor y el miedo ante los procesos de criminalización.
También, las concesiones han revivido la solidaridad y lucha de las
comunidades organizadas y en movimiento que hoy, exigen justicia para
los ambientalistas de Guapinol.
COPINH: NO A LA INJERENCIA GRINGA EN VENEZUELA.
En la
jornada internacional de solidaridad con el pueblo venezolano y la Revolución
Bolivariana, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras COPINH envía un abrazo solidario al pueblo de Bolívar y de Chávez, a
las mujeres revolucionarias de Venezuela que resisten día a día los embates de
un bloqueo económico y defienden la vida cotidiana de la revolución
Bolivariana.
En estos momentos de arremetida de las fuerzas ultra reaccionarias en Nuestra América, con la profundización del modelo neoliberal de dominación imperial para el saqueo de nuestros bienes comunes naturales y la explotación de nuestros pueblos, cuerpos y territorios, el COPINH y el pueblo Lenca hacemos un llamado a las organizaciones y pueblos del mundo a solidarizarnos con el pueblo venezolano, víctima de una agresión descarada por parte del gobierno de los EEUU.
Entendemos hoy al suelo venezolano como la trinchera fundamental del antiimperialismo en el continente. Una acción militar extranjera en territorio venezolano significaría la violación de la soberanía de todo el pueblo latinoamericano y caribeño, y desataría una inexorable etapa de destrucción y muerte en el continente.
Recordando el papel fundamental del gobierno de los EEUU en el golpe de Estado en Honduras, hace ya 10 años, con el que se inició la etapa cruenta que vivimos en el país y la región, debemos cerrar puertas contra la intervención militar extranjera y contra el bloqueo económico y comercial.
La difícil situación que vive el pueblo venezolano la debe solucionar el mismo pueblo venezolano con la profundización del proyecto político de inclusión y participación popular. Rememorando al comandante Chávez hacemos un llamado a la profundización del ideario de “Comuna o Nada” y a la unión de las fuerzas populares por la construcción, desde la base, del socialismo comunal y antipatriarcal.
Rechazamos rotundamente la amenaza del uso, y el uso de la fuerza contra el pueblo venezolano de parte de los EEUU.
Demandamos se respete la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano, que cesen las medidas represivas por parte del gobierno de EEUU y los gobiernos títeres de la región como el gobierno de Honduras.
#TrumpHandsOffVenezuela
#LosPueblosConVenezuela
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado en la ciudad de La Esperanza a los 16 días del mes de marzo de 2019.
En estos momentos de arremetida de las fuerzas ultra reaccionarias en Nuestra América, con la profundización del modelo neoliberal de dominación imperial para el saqueo de nuestros bienes comunes naturales y la explotación de nuestros pueblos, cuerpos y territorios, el COPINH y el pueblo Lenca hacemos un llamado a las organizaciones y pueblos del mundo a solidarizarnos con el pueblo venezolano, víctima de una agresión descarada por parte del gobierno de los EEUU.
Entendemos hoy al suelo venezolano como la trinchera fundamental del antiimperialismo en el continente. Una acción militar extranjera en territorio venezolano significaría la violación de la soberanía de todo el pueblo latinoamericano y caribeño, y desataría una inexorable etapa de destrucción y muerte en el continente.
Recordando el papel fundamental del gobierno de los EEUU en el golpe de Estado en Honduras, hace ya 10 años, con el que se inició la etapa cruenta que vivimos en el país y la región, debemos cerrar puertas contra la intervención militar extranjera y contra el bloqueo económico y comercial.
La difícil situación que vive el pueblo venezolano la debe solucionar el mismo pueblo venezolano con la profundización del proyecto político de inclusión y participación popular. Rememorando al comandante Chávez hacemos un llamado a la profundización del ideario de “Comuna o Nada” y a la unión de las fuerzas populares por la construcción, desde la base, del socialismo comunal y antipatriarcal.
Rechazamos rotundamente la amenaza del uso, y el uso de la fuerza contra el pueblo venezolano de parte de los EEUU.
Demandamos se respete la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano, que cesen las medidas represivas por parte del gobierno de EEUU y los gobiernos títeres de la región como el gobierno de Honduras.
#TrumpHandsOffVenezuela
#LosPueblosConVenezuela
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado en la ciudad de La Esperanza a los 16 días del mes de marzo de 2019.
Ahora otro juicio contra Miriam Miranda: Incesante la cacería del Ministerio Público contra defensores y defensoras de los territorios
Wednesday, 06 March 2019 23:12 Written by German Reyes Published in Contexto Read - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras no
salen de una cuando ya las autoridades les han preparado otra.
Y ahora el Ministerio Público,(MP), se encarrila de nuevo contra Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), a quien ha citado para que se presente a la Fiscalía en Trujillo Colón, este 07 de marzo de 2019.
Y ahora el Ministerio Público,(MP), se encarrila de nuevo contra Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), a quien ha citado para que se presente a la Fiscalía en Trujillo Colón, este 07 de marzo de 2019.
Miriam Miranda, al frente de la OFRANEH, no solo ha sido amenazada,
hostigada y encarcelada ilegalmente, sino también perseguida y
criminalizada, por la defensa del territorio ancestral garífuna, del que
se quieren apoderar los empresarios de la industria turística y
agroindustrial del caribe hondureño, según ha denunciado su
organización.
Y como parte de esa persecución, la Fiscalía ha citado a la coordinadora de OFRANEH, para que se presente a sus instalaciones, este jueves, siete de marzo, a las 9 de la mañana. La citatoria no especifica el delito que Miranda pudo haber cometido en sus acciones para la defensa de los derechos humanos.
Miranda fue sorprendida con la cita que le giró el MP el 28 de febrero pasado. “¿Qué pretende el Ministerio Publico con esta citación donde ni siquiera es claro el propósito de la misma?, escribió la defensora de los derechos humanos en sus redes sociales.
“Soy defensora de los derechos de la naturaleza y defiendo la vida. No soy delincuente, no he saqueado el erario público, mientras se vacía nuestro país ésta dictadura nos criminaliza”, sigue diciendo Miranda en su publicación en la página de Facebook de la OFRANEH.
Ante el llamado de la Fiscalía, la OFRANEH emitió una alerta expresando preocupación por la criminalización y persecución que existe en el país contra los defensores de los derechos humanos.
Sostiene la alerta que hace tres semanas su coordinadora, Miriam Miranda fue advertida de un posible ataque, que podrían perpetrar en su contra personas ligadas al crimen organizado, que se quieren apoderar de las tierras de Vallecito.
Vallecito es una comunidad garífuna, con título comunitario, fundada en 1804, con 1,600 hectáreas de tierra en el municipio de Limón, departamento de Colón, se encuentra amenazada por los empresarios de la palma africana.
En reiteradas ocasiones esta comunidad ha enfrentado situaciones difíciles con los terratenientes interesados en expandir sus plantaciones, tal como sucedió cuando la Corporación Dinant, de Miguel Facussé, les invadió 100 hectáreas de tierra, colindantes con la finca Los Farallones. Los garífunas recuperaron estos terrenos en el 2004 mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Entre persecución y juicios
El 28 de marzo de 2011 la dirigente garífuna fue detenida y golpeada salvajemente por policías y militares cuando protestaba contra el golpe de Estado junto a varios de sus compañeros , se la llevaron a una posta policial en Tela, Atlántida, por la presión nacional e internacional logró la libertad .
El 17 de julio de 2014 en horas de la mañana un grupo de hombres fuertemente armados secuestraron a Miranda, quien es beneficiaria de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a varios compañeros de citada organización, en Vallecito, Colón.
Por la defensa de estos territorios Miriam Miranda fue querellada en mayo del 2017, por el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, quien la acusó a ella y a tres defensoras más de los delitos de difamación y calumnia.
Patrick Daniel Forseth es el gerente general y representante legal del complejo turístico, CARIVIDA S. de R.L.
En su lucha a través de OFRANEH, Miriam ha demandado la no construcción de las ciudades modelos, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández.
La OFRANEH fue fundada en 1978 con el propósito de defender los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna, residente en la zona norte de Honduras, tierras que enfrentan la amenaza der las empresas turísticas y agroindustriales que intentan despojarlos.
La población de Honduras ha vivido, durante los últimos 11
meses, la represión violenta, excesiva, ilegal, abusiva e innecesaria,
demostrando la intolerancia a la disidencia, lo que representa a todas
luces un indicador de la criminalización de la oposición política,
ignorando abiertamente sus compromisos internacionales en materia de
derechos humanos.
El informe fue preparado con información proveniente de diferentes fuentes, para verificar la lista de presos ha sido obligatorio estar actualizados a través de los medios de comunicación corporativos y alternativos, además de establecer contacto con algunas víctimas y sus organizaciones.
El Cofadeh pone a su disposición el INFORME: Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas selectivas de la estrategia contra el terrorismo y crimen organizado.
Descargar Informe aquí. INFORME PP final
Y como parte de esa persecución, la Fiscalía ha citado a la coordinadora de OFRANEH, para que se presente a sus instalaciones, este jueves, siete de marzo, a las 9 de la mañana. La citatoria no especifica el delito que Miranda pudo haber cometido en sus acciones para la defensa de los derechos humanos.
Miranda fue sorprendida con la cita que le giró el MP el 28 de febrero pasado. “¿Qué pretende el Ministerio Publico con esta citación donde ni siquiera es claro el propósito de la misma?, escribió la defensora de los derechos humanos en sus redes sociales.
“Soy defensora de los derechos de la naturaleza y defiendo la vida. No soy delincuente, no he saqueado el erario público, mientras se vacía nuestro país ésta dictadura nos criminaliza”, sigue diciendo Miranda en su publicación en la página de Facebook de la OFRANEH.
Ante el llamado de la Fiscalía, la OFRANEH emitió una alerta expresando preocupación por la criminalización y persecución que existe en el país contra los defensores de los derechos humanos.
Sostiene la alerta que hace tres semanas su coordinadora, Miriam Miranda fue advertida de un posible ataque, que podrían perpetrar en su contra personas ligadas al crimen organizado, que se quieren apoderar de las tierras de Vallecito.
Vallecito es una comunidad garífuna, con título comunitario, fundada en 1804, con 1,600 hectáreas de tierra en el municipio de Limón, departamento de Colón, se encuentra amenazada por los empresarios de la palma africana.
En reiteradas ocasiones esta comunidad ha enfrentado situaciones difíciles con los terratenientes interesados en expandir sus plantaciones, tal como sucedió cuando la Corporación Dinant, de Miguel Facussé, les invadió 100 hectáreas de tierra, colindantes con la finca Los Farallones. Los garífunas recuperaron estos terrenos en el 2004 mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Entre persecución y juicios
El 28 de marzo de 2011 la dirigente garífuna fue detenida y golpeada salvajemente por policías y militares cuando protestaba contra el golpe de Estado junto a varios de sus compañeros , se la llevaron a una posta policial en Tela, Atlántida, por la presión nacional e internacional logró la libertad .
El 17 de julio de 2014 en horas de la mañana un grupo de hombres fuertemente armados secuestraron a Miranda, quien es beneficiaria de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a varios compañeros de citada organización, en Vallecito, Colón.
Por la defensa de estos territorios Miriam Miranda fue querellada en mayo del 2017, por el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, quien la acusó a ella y a tres defensoras más de los delitos de difamación y calumnia.
Patrick Daniel Forseth es el gerente general y representante legal del complejo turístico, CARIVIDA S. de R.L.
En su lucha a través de OFRANEH, Miriam ha demandado la no construcción de las ciudades modelos, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández.
La OFRANEH fue fundada en 1978 con el propósito de defender los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna, residente en la zona norte de Honduras, tierras que enfrentan la amenaza der las empresas turísticas y agroindustriales que intentan despojarlos.
INFORME Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas selectivas de la estrategia contra el terrorismo y crimen organizado
El informe fue preparado con información proveniente de diferentes fuentes, para verificar la lista de presos ha sido obligatorio estar actualizados a través de los medios de comunicación corporativos y alternativos, además de establecer contacto con algunas víctimas y sus organizaciones.
El Cofadeh pone a su disposición el INFORME: Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas selectivas de la estrategia contra el terrorismo y crimen organizado.
Descargar Informe aquí. INFORME PP final
