Abogado de la familia de Berta Cáceres: "Está probado que la mandó matar una estructura empresarial"
Victor Fernández y Martín Hernández, impulsores del
movimiento Causa Berta Cáceres, que busca justicia sobre el asesinato de
la activista hondureña, hablan con 'Público' sobre los constantes
ataques que sufre el activismo medioambiental en América Latina.
Martín Hernández y Víctor Fernández, abogados e impulsores de la Causa Berta Cáceres. ERLY QUIZHPE
madrid
13/04/2019 19:54 - jose carmona - PÚBLICO
Víctor Fernández y Martín Hernández son abogados e integrantes de Movimiento Amplio, un colectivo que pretende luchar contra la corrupción en Honduras e impulsores de la Causa Berta Cáceres que lanzó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
para buscar justicia sobre el asesinato de la activista hondureña.
Víctor Fernández, además, es abogado de la familia de Cáceres.
Ambos son luchadores de la causa medioambiental y atienden a Público tras recibir el premio Solidaridad, otorgado por la ciudad de Bremen al Movimiento Amplio en el que reconocen su lucha contra la corrupción en el país centroamericano.
Dan voz a la causa de Berta Cáceres y a las luchas de
los indígenas y activistas medioambientales contra las empresas
"neocoloniales", donde mencionan a ACS, la empresa de Florentino Pérez, y
Elecnor.
¿Ha habido justicia para Berta Cáceres?
Víctor Fernández, abogado de la familia de Berta Cáceres. ERLY QUIZHPE
- Víctor Fernández: No. No hay justicia
porque el sistema está jugando todavía en su cancha. Está probado a
estas alturas que a Berta la mandaron matar una estructura empresarial
–la empresa DESA– que en la práctica es una estructura criminal. Hubo
gente que sostuvo esa decisión, más allá de los siete detenidos, y no
han sido condenados.
Tras su asesinato está el sistema financiero, está la
banca multilateral a través del Banco Centroamericano de Integración
Económica, que financió el proyecto de la empresa DESA. Este banco
debería responder ante sus actos.
También están detrás todos los funcionarios que bajo
prácticas de corrupción cedieron ante la concesión de este proyecto. Al
final, el movimiento se ha hecho tan grande que una cosa es el caso
Berta Cáceres y otra cosa es la Causa Berta Cáceres, que supera al
asesinato y es más global.
Hubo una verdad que quisieron implantar y no les ha
salido bien. A Berta Cáceres la mataron el 2 de marzo de 2016; pues el 3
de marzo, el ministro de seguridad aseguró en rueda de prensa que a
Berta la habían matado por un conflicto pasional o interno del sindicato.
¿Os sentís presionados en vuestro día a día al defender el medio ambiente?
- Víctor Fernández: Todos los días hay
algo que te importuna, que trastoca tu vida. El anuncio de que llegó
una nueva empresa con toda su maquinaria, o que la tierra donde vives ha
sido vendida con derechos de explotación sin que te des cuenta...
Es una preocupación cotidiana, pero también es un
trabajo construyendo la resistencia y la alternativa. Aunque también es
verdad que en medio de lo adverso, lo que no nos hace falta es sentido
de vida, porque lo hemos encontrado a través de estas luchas.
Dos de cada tres activistas asesinados forman parte de movimientos medioambientalistas...
Martín Hernández, integrante de Movimiento Amplio. ERLY QUIZHPE.
- Víctor Fernández: Sí, estamos muy
perseguidos. Los movimientos históricos de lucha popular en nuestros
pueblos están a la baja: el obrero, el nacional, la industria… no tienen
el desarrollo que tuvieron en otros momentos. Muchos, además, se
convirtieron en sectores en defensa del sistema. Ahora hay un cambio y
la resistencia se produce a través movimientos territoriales, sobre todo
desde los años 90 y las recientes avanzadas del neoliberalismo.
Lo que pone en riesgo el avance del capital son los movimientos territoriales, por eso se producen prácticas violentas.
La primera práctica violenta es la corrupción, que somete a los poderes
públicos y los convierte en un instrumento al servicio del capital.
Cuando atraviesan esa primera barrera se enfrentan a los movimientos
populares; intentan persuadirte y cuando no lo consiguen, te
criminalizan y estigmatizan. Si nada de eso funciona, te matan. Como
resultado, toda esta maquinaria configura una cantidad de activistas y
luchadores asesinados en Honduras y en América Latina.
- Martín Hernández: Para que nos hagamos a la idea de la violencia que hay en nuestro país, Global Witness publicó un informe en el que colocaba en 2016 a Honduras, solo después de Brasil, como país donde es más peligroso defender el medio ambiente.
¿La situación en Honduras sería diferente si no se hubiera producido el Golpe de Estado contra Zelaya en 2009?
- Martín Hernández: De alguna manera,
habría habido una mayor contención a todo lo que pasa ahora. Además,
viendo cómo está el país en términos financieros y en un proceso de
violencia instaurado desde 2009 hasta la fecha... Ahora mismo Honduras
es un país en vaivén y depende de la ola económica mundial.
- Víctor Fernández: El Golpe no solo modificó las condiciones en Honduras, supuso una avanzada de las derechas
y el Imperio norteamericano frente a las tendencias de izquierdas en
América Latina. Para Honduras fue duro, aunque en realidad siempre hemos
tenido un proceso de movilización muy importante, aunque en Europa se
hable más de otros países.
Aquí en España se habla sobre todo de Venezuela…
-Víctor Fernández: Venezuela ha sido
la dignidad de los pueblos latinoamericanos. Es quien ha podido hacer
contrapeso a EEUU, con sus equivocaciones incluidas. Es el país que tuvo
claramente la postura antiimperialista, impulsando una alternativa
latinoamericana. Digo eso sin desconocer las imperfecciones de la
propuesta.
Venezuela es la antítesis del imperialismo; en
nuestro caso, Honduras históricamente apareció como el país sometido al
yugo gringo, desde que en los años cincuenta se produjera un golpe de
estado. Desde entonces sentaron sus bases allí y fueron operando en el
resto de países.
¿Qué significa ACS y Florentino Pérez para el movimiento indígena y el medio ambiente en América Latina?
- Martín Hernández: Para los
compañeros de Guatemala es una amenaza permanente. En realidad, por la
misma cercanía histórica con España, vemos un patrocinio más cercano en
torno a la política. Vemos además que para España es un facilitador de
la neocolonización que está viviendo el país, y tenemos claro como
organización que vamos a pelear esas batallas.
Sí sabemos de algunas empresas, como Elecnor –de
origen bilbaíno–, que también es un problema para la región. Las empresa
españolas tienen sus tentáculos por América Latina y el caso más
grosero es el de Florentino Pérez y ACS en Guatemala.
¿Estáis de acuerdo con López Obrador en que España debería pedir perdón por los crímenes cometidos tras el 'descubrimiento' de América?
- Víctor Fernández: Es lo menos que
pueden hacer, además de devolver todo lo robado. Si lo administraron mal
es su problema… Hubo una imposición de cultura, violencia y un
etnocidio terrible. Las reglas básicas de convivencia pasan por eso.
Hemos escuchado las posturas de la gente de poder en España y parece que
tenemos que agradecer lo que hicieron en América Latina.
- Martín Hernández: Mientras España no reconozca todas las atrocidades del franquismo, estará en involución.
Las victorias de Bolsonaro y Trump, con mensajes reaccionarios contra las políticas medio ambientales y cargando contra el activismo indígena, ¿cómo las interpretáis?
- Víctor Fernández: Son amenazas para
el mundo, más allá de nuestros territorios. Estos dos personajes tienen
el mérito de que son unos bárbaros francos, no esconden su barbarie. Eso
te puede animar a saber que son una clara amenaza, pero
desafortunadamente les han votado. Ojalá sirva para volver a la
reflexión de los conceptos más básicos y el momento crítico que vivimos
como pueblos.
No me gusta decir que estamos amenazados por este
tipo de discursos, porque ya sufrimos las consecuencias. Y además, vemos
que se convierten en referencia del resto del mundo. Europa no es
contrapeso a las tendencias de Trump, y lejos de eso, hay un encuentro
de esas tendencias.
En América, con lo que pasa de Bolsonaro, se
reproduce en Ecuador, en Paraguay… Está en riesgo la humanidad, está en
riesgo el planeta.
Por vuestras reflexiones, entiendo que no creéis que las cosas puedan cambiar con simples cambios en los gobiernos
- Martín Hernández: Definitivamente.
Si no se rompe con este modelo extractivista que subyuga a otros estados
la salvación del planeta es cada vez más difícil.
-Víctor Fernández: La alternativa en
la que nosotros creemos es una alternativa popular, y eso puede tener
distintos enfoques y pasos que deben seguir. El responsable es el
sistema capitalista en su nueva fase. Si logramos entender que ese es el
problema, podremos entrar a la construcción de una alternativa.
Expertos preocupados por demora en sentencia caso Berta Cáceres
Organizaciones Internacionales que conforman la Misión de Observación
Calificada , Expertos en Derechos Humanos que siguen el caso de
asesinato de Berta Cáceres expresan preocupación por demora en la
sentencia del fallo condenatorio de hace 4 meses donde 7 hombres fueron
juzgados y condenados por el femicidio de Berta No hay sentencia
todavia
#JusticiaParaBerta
#JusticiaParaBerta
Este 1 de abril celebramos 6 años de resistencia y lucha de Río Blanco (+ FOTOS)
Este 1 de abril celebramos 6 años de resistencia y lucha de la
comunidad de La Tejera, Río Blanco; 6 años de la toma del Roble, en
defensa del Río Gualcarque y los bienes comunes de la naturaleza.
El encuentro comenzó con una ceremonia en agradecimiento a nuestrxs ancestros y ancestras, continuando con la juramentación del Concejo de Mujeres de Río Blanco, finalizando con una visita al Río Gualcarque.
A 6 años de la primera toma del Roble, la comunidad de Río Blanco sigue en pie de lucha, recordando el legado de la compañera Berta Cáceres en defensa de la tierra y siguiendo levantando la voz para exigir justicia a 37 meses de su asesinato.
Abrazamos la lucha y resistencia de la comunidad de Río Blanco y las demás comunidades en defensa de los territorios.
El encuentro comenzó con una ceremonia en agradecimiento a nuestrxs ancestros y ancestras, continuando con la juramentación del Concejo de Mujeres de Río Blanco, finalizando con una visita al Río Gualcarque.
A 6 años de la primera toma del Roble, la comunidad de Río Blanco sigue en pie de lucha, recordando el legado de la compañera Berta Cáceres en defensa de la tierra y siguiendo levantando la voz para exigir justicia a 37 meses de su asesinato.
Abrazamos la lucha y resistencia de la comunidad de Río Blanco y las demás comunidades en defensa de los territorios.
Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (I)
Monday, 04 September 2017 00:00 Published in Apartheid garífuna - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Dos canadienses parecen haberse convertido
en la punta de lanza para implementar la política fáctica del Apartheid
mientras otros canadienses compran terrenos que le pertenecen a la
comunidad garífuna.
“Los garífunas no son un pueblo originario”, dijo el Estado en un juicio.
El Poder Ejecutivo de Honduras publicó el
16 de abril de 2005, en el Diario Oficial La Gaceta de Honduras, la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen
deApartheid que había sido adoptada y abierta a la firma y ratificación
por la Asamblea General de la ONU en su resolución 3068(XXVIII),de 30 de
noviembre de 1973.
Santa Fe, Colón.Es viernes por la tarde. El aire
roza con suavidad la arena blanca. Las casas de la comunidad de
Guadalupeestán casi pegadas, dispuestas de frente a las calles de
tierra, detrás de sus paredes a pocos metros está la playa azul.
No hay oficinas estatales en la zona, para cualquier trámite con el gobierno se debe viajar una hora en buses amarillos, importados del extranjero después de varios años de uso.
El concepto de prosperidad es distinto para la cosmovisión garífuna y no está necesariamente lígado al materialismo, pero aún así el Estado con un modelo de desarrollo neoliberal parece no haber llegado para invertir en acceso a condiciones de salubridad, infraestructura y necesidades básica para esta comunidad.
Según el documento de programa de país 2012-2016 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las tasas más bajas de matrícula y retención escolar se dan en los niños de pueblos indígenas.
El informe Más Allá de los Promedios:Afrodescendientes en América Latina, Los Afrohondureños, financiado por el Banco Mundial, estableció que “de igual manera Colón, con presencia de Garífunas, seencuentra clasificado en el tercer grupo con un rango de índices de necesidades básicas nosatisfechas que oscilan entre el 56.6 y el 66.7%”.
“El Departamento de Colón se encuentra entre unos de los que registran el tercer lugar por debajode la línea de pobreza,rango que oscila entre 73.8% y 78.1%. En esteDepartamento tambiénexiste un predominio dela población “otra”(92%), pero asimismoun aproximado de un7% del total de lapoblación es Garífuna”. Es decir, con ocho de cada 10 habitantes, viven bajo la línea de la pobreza.
“Resulta evidente que la falta de oportunidades la está combatiendo
el afrohondureño medianteuna estrategia de supervivencia (coping
strategies) de emigración al extranjero”, cita este documento que
advierte que aun con esos indicadores, los garífunas viven mejores
condiciones que los demás pueblos indígenas.
No obstante, la realidad muestra que aunque tienen escrituras ancestrales que los declaran dueños de la tierra, viven en hacinamiento cerca del mar cuya serenidad contrasta con una serie de hechos documentados que dan indicios de que el pueblo garífuna de Hondurassufre una política estatal con rasgos similares al Apartheid consistentes en crear deliberadamente condiciones que impiden su pleno desarrollo, en especial denegando a los miembros de este grupo racial sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En la zona hay cercas de cemento en residenciales construidas por canadienses, con un modelo occidental, con confort y placer y con la servidumbre de garífunas. Las residencias y hoteles funcionan en sus territorios ancestrales, en cambio no hay escuelas ni hospitales que puedan comprender la cosmovisión y la cultura garífuna o su lengua.
En el Censo número 27 del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE) , relacionado con población y el sexto para conocer cuántas viviendas hay a nivel de municipios, reveló que el municipio de Santa Fé tiene un analfabetismo de 15 por ciento en 2013. El municipio tiene 5 mil 390 habitantes, un kilómetro cuadrado es habitado por un promedio de 28 personas.
La situación de sus territorios se agravó a partir del golpe de Estado de 2009 y se recrudeció con la oleada de canadienses que buscan un paraíso trópical. Vea: El rey porno canadiense y el paraíso caribeño
El 107 garantiza la propiedad de la tierra para los hondureños.
En 2013, nuevamente el pueblo garífuna denunció que la ley para crear Ciudades Modelo o Zedes, como se les llamó después, también es un intento por despojarles de su territorio, esta ley ya está en vigencia en el país, se suma a estas legislaciones que promueven el despojo la recién aprobada Ley de Fomento al Turismo.
“Las organizaciones de la sociedad civil participantes indicaron que
las comunidades garífunas siguen siendo víctimas de apropiación ilegal
de sus territorios y que se está criminalizando a mujeres, hombres y a
comunidades completas con requerimiento fiscales por usurpación para
despojarlas de sus tierras. Informaron que habrían 15 requerimientos
fiscales contra garífunas en La Ceiba, 12 requerimientos fiscales en los
juzgados de Trujillo, y 6 requerimientos fiscales en los juzgados de
Tela contra miembros de la comunidad garífuna”, cita el documento.
Agrega la CIDH, “el estado del derecho a la educación y a la salud de los pueblos indígenas y afrohondureños también fue objeto de preocupación por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.Organizaciones de la sociedad civil señalan que la esperanza de vida en los pueblos originarios de Honduras es de 36 años para las mujeres y 43 años para los hombres”.
“Autoridades de la Base Naval de Puerto Castilla y equipos de
busqueda de informacion confirman que la zona es considerada caliente en
lo relacionado al tráfico de drogas y que hay un grupo de personas
ligadas a actividades ilícitas que manipulan e incitan a la población
de Iriona, Colón, a enfrentarse a la autoridad que cumple con la misión
de garantizar el orden y la seguridad en el sector” (sic).La comunidad
se manifestó indignada y desmintió que este asesinato fuera resultado de
un enfrentamiento con la autoridad, por su parte las Fuerzas Armadas
emitieron un comunicado con discurso estigmatizante que señaló:
Otro municipio vecino es Limón. El 9 de abril de 2016, los pobladores del municipio de Limón, en Colón, quemaron una sede militar ,
aseguraron que hubo abuso de autoridad, fuerza desproporcionada y
disparos contra civiles por parte de los uniformados en contra de los
indígenas.
El discurso público de las Fuerzas Armadas, divulgado a través de la prensa, fue que el conficto se originó porque los garífunas desatendieron una orden militar de tránsito y los soldados dispararon contra civiles por este hecho.
A través del periódico Resumen Latinoamericano, el 20 de junio de 2017, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció que “Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en la costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes:
El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explicó Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.
( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS )
( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS)
las denuncias y comunicaciones con entes estatales por parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
También se descubrió analizando el discurso público de funcionarios de alto nivel y por medio de la consultoría investigativa Sobre situación Actual de Tierra y Territorio Colon Uno () desarrollada en las comunidades de Trujillo, Guadalupe, Santa Fe, San Antonio por el consultor Celso Alberto Guillén Mejía, expresidente del patronato de Guadalupe.
Los garífunas han venido sufriendo aprobación de legislaciones que
les afectan su cultura y sobrevivencia, traslado forzoso de población, amenazas, asesinato, encarcelación, tortura, discriminación racial , vulneraciones del derecho a la libertad de expresión relacionada con el uso de su lenguaje y con la persecucíón de sus radios comunitarias,
les han violentado el derecho a la libertad de reunión, de
asociación pacífica y sufren por conflictos internos con los miembros de
su mismo grupo etnico, alentados por inversionistas que prometen
beneficios laborales a cambio de apoyo en la zonas.
«“…La Comunidad Garífuna de Punta Piedra no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerad[a] como un pueblo indígena”…“por el hecho de no ser un pueblo originario no pueden invocar el derecho a tierras ancestrales” », alegó el Estado hondureño en el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs.Honduras.
«“El Estado, en sus alegatos finales orales en la audiencia pública que se realizó en el presente caso, se refirió a que el pueblo originario ubicado en la Bahía de Tela fue el
pueblo Hicaque” y que “Honduras sí ha cumplido dándole [a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz] un derecho a pesar de no ser un pueblo originario”. Posteriormente, en sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que la referida Comunidad “no [sería un] pueblo originario”, pero un pueblo “que conserv[a] el estado comunal”, por lo que “no tienen el derecho a propiedad ancestral que pretenden en [determinadas] tierras”», cita una parte del caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. y sus miembros vs. Honduras.
En este caso se constató claramente el desplazamiento de territorio, en su Informe de Fondo la Comisión indicó que a partir de agosto de 2005 se estaríaejecutando un megaproyecto turístico en la Bahía de Tela denominado “[l]os Micos Beach &Golf Resort” o “Bahía de Tela”. Los representantes indicaron que la denominación actual deese proyecto es “Indura Beach and Golf Resort” y que fue “realizado de forma inconsulta”.
Por otra parte, la CorteIDH constata que el 6 de agosto de 2014 los representantessolicitarona la Corte ordenar medidas provisionales a favor de la Comunidad Garífuna deBarra Vieja, en razón de que dicha Comunidad estaría “a punto de ser desalojada porelementos asignados al Ministerio de Seguridad de Honduras” y afirmaron que “estasituación se enc[ontraría] interconectada con el caso de [la Comunidad Garífuna] Triunfo dela Cruz y demás [C]omunidades [G]arífunas en la Bahía de Tela”. Según indicaron en dichasolicitud, la Comunidad de Barra Vieja se encontraría ubicada “en la entrada” del proyectoturístico Bahía de Tela, alegadamente “uno de los mayores promotores del despojo de lascomunidades garífunas”.
Como parte de la misma política, el 10 de agosto pasado, el Estado hondureño aprobó una Ley de Incentivos al Turismo que según los garífunas generara expropiaciones y riesgo de desplazamiento forzoso en sus territorios.A través de los medios de comunicación del monopolio mediático, el discurso es promover los beneficios de la nueva Ley de Incentivos al Turismo.
El 1 de agosto de 2017, la OFRANEH envió una carta al Congreso Nacional para expresar que "la Ley de Fomento al Turismo…solo generará más acoso sobre nuestras tierras y territorios y por ende nos coloca ante una situación de mayor indefensión, habida cuenta que en la actualidad los operadores de justicia a quienes criminalizan y judicializan son a los líderes y dirigentes Garífunas que luchan y defienden los derechos ancestrales colectivos territoriales y culturales del pueblo garífuna".
Unos días antes, el 18 de julio de 2017, el gobernante del Poder Ejecutivo de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a los congresistas hondureños aprobar la Ley de Incentivo al Turismo que tiene como meta generar 250,000 empleos en los próximos dos años. «Queremos que Honduras sea repotenciada en el turismo y para ello tenemos que construir más plataformas, como hotel y sitios de diversión y placer, a fin de ponernos en un lugar de primer mundo», dijo Hernández.
Sólo dos días antes de sus declaraciones, el 16 de julio de 2017, Hernández, había iniciado su programa estatal “Honduras Actívate”, desde el Muelle de Cruceros Banana Coast. El programa “Honduras Actívate” también consiste en “poner un lugar en el mapa del país como destino turístico…Esa bahía que ustedes tienen, esa diversidad de colores de las estrellas de mar, eso no se encuentra en cualquier lugar del mundo y está en Trujillo”, señaló entonces Hernández.
“La atmósfera de anticipación era casi palpable en Trujillo el 15 de
octubre de 2014. La noruega Jewel, un buque noruego de 2.376 pasajeros
con más de 1.000 tripulantes estaba a punto de llegar. La joya y los
barcos de otras empresas de cruceros se llamará a la Costa del Plátano
toda la temporada, a través de abril de 2015. Banana Coast es propiedad y
dirigido por Grande Trujillo Autoridad, de la cual la fuerza motriz,
propietario principal y presidente es Randy Jorgensen”. (Traducción
libre).
“Hubo escasas razones para celebrar en Cristales y Río Negro, dos comunidades Garífunas históricas en la costa en los bordes occidental y oriental de Trujillo, respectivamente. La terminal de cruceros de la Costa de Banana y complejo comercial se encuentra en Río Negro”, dice el sitio.
Relata: "Era una comunidad. Eso era parte de su hábitat. Ahí es donde dejarían sus cayucos, donde irían pescado. Ahora no pueden ir a dejar sus cayucos en la playa. La entrada de los miembros de la comunidad de Río Negro está estrictamente prohibida allí porque ahora es una zona privada ", dice Víctor García, miembro del consejo comunitario Cristales y Río Negro.
“Cuando algunos miembros de la comunidad garífuna se negaron a entregar sus tierras, el municipio de Trujillo declaró que el proyecto de la Costa del Banano era de interés público en diciembre de 2009. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial en febrero de 2010 permitiendo al Estado ejercer el derecho de eminente dominio. A través de la amenaza de expropiación forzada, los desarrolladores de los puertos de cruceros pudieron adquirir las tierras restantes”, reveló Ricochet.media.
“Pero el disputado proyecto de la Costa del Banano sigue estando dentro de uno de los dos títulos de tierras colectivas inalienables Cristales y Río Negro. Los títulos de 1886 y 1901 cubren casi 100 kilómetros cuadrados en varios sectores de la región, incluyendo algunos de desarrollo inmobiliario de Jorgensen”.
El Banana Coast es considerado por OFRANEH como un proyecto turístico de “expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo”; el Banana Coast es un proyecto impulsado por el empresario canadiense, Randy Jorgensen.
Desde el día de su toma de posesión, el 27 de enero de 2014, Hernández relacionó la idea de desarrollo y de inversión con la de generación de empleos.
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, publicada en el Diario Oficial La Gaceta de Honduras el 16 de abril de 2005,
fue aprobada observando que en la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio ciertos actos que pueden calificarse
también de actos de apartheid constituyen un delito de derecho
internacional.
«La naturaleza punitiva del genocidio tiene facilidad para sustraerse a la observación», cita en su obra Hacer Sufrir, el doctor en Ciencias Penales, Alejandro Alagia que ha estudiado el genocidio en América Latina bajo dictaduras militares, así como violaciones sistemáticas a derechos humanas cometidas en democracias, por fuerzas policiales y de seguridad bajo el argumento de guerra al delito.
Es precisamente la etiqueta de delincuentes la que han enfrentado los garífunas de la comunidad de Guadalupe en los últimos años. Las principales víctimas han sido mujeres arrestadas por usurpación en sus propias tierras con títulos comunitarios y ahora están acusadas por delitos contra el honor.
«El Tribunal concluye que el Estado es responsable por haber violado el deber de garantizar el derecho a la propiedad de la Comunidad Triunfo de la Cruz…por haber permitido la adjudicación de un título de propiedad sobre un predio que se encuentra situado sobre el territorio que fuera reconocido por un ente estatal como tradicional y que estaba en parte ocupado por los miembros de la Comunidad».
También el Estado permitió el desplazamiento de los territorios porque debió «haber consultado a la Comunidad sobre los proyectos “Marbella” y “Playa Escondida” previamente a su realización, toda vez que se desarrollaron dentro de su territorio tradicional y no fueron aportadas pruebas de que dichas consultas hayan tenido lugar. En consecuencia, la Corte constata que el derecho a la consulta de la Comunidad y sus miembros ha sido violado por el Estado».
Por otra parte, el mismo Tribunal constató que «los supuestos asesinatos de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales forman parte del marco fáctico del caso, ya que la Comisión en el capítulo de “[h]echos probados” de su Informe de Fondo se refirió a que “la información obrante en el expediente ante la C[omisión] da cuenta del asesinato de al menos cuatro miembros de la Comunidad por causas relacionadas con la defensa de la tierra” e identificó a las cuatro personas referidas.
En virtud a lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado hondureño no habría garantizado un recurso adecuado y efectivo para responder a las reclamaciones de territorio ancestral y las reivindicaciones de las tierras tituladas a favor de la Comunidad, ni habríarealizado las investigaciones correspondientes en relación a las denuncias interpuestas por los daños a la propiedad y los actos de amenazas, agresiones, hostigamiento y persecución sufridos, impidiéndoles por tanto ser oídos en un proceso con las debidas garantías. El Estado es responsable porque debió investigar los hechos denunciados por laComunidad y sus miembros, y por no haber iniciado de oficio las investigaciones relativas a las muertes de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales», dijo la CorteIDH.
Estos no son casos aislados, el mismo modo de operar se puede encontrar en el litigio judicial por la comunidad de Guadalupe, Santa Fé, Colón, por el que fueron acusados de usurpación los garífunas que cuentan con un título ancestral y posteriormente quedaron con cartas de libertad provisional y con un recurso de apelación interpuesto para reabrir el juicio contra una de las lideresas garífunas.
El litigio judicial de los canadienses Randy Jorgesen y Daniel Patrick Forseth contra garífunas por disputas de territorios comunitarios, deja en evidencia una serie de irregularidades que dieron lugar a encarcelamiento, frases racistas, tortura sicológica.
Al mismo tiempo, existen documentos que evidencian presuntas falsificaciones para desplazar forzadamente a los garífunas y un discurso que intenta colocar la visión de desarrollo de los inversionistas extranjeros por encima de la cosmovisión indígena tal como lo demuestran documentos obtenidos en el transcurso de esta investigación.
ü El 10% del total de la población es Garífuna y el 2.8% del total es Negro Inglés.
ü Aproximadamente el 84% de la población Garífuna reside en Atlántida, Colón y Cortés
ü Los afrohondureños cuentan con un mayor porcentajede hogares con jefas mujer
Fuente: Más Allá de los Promedios: Afrodescendientes en América Latina (Banco Mundial)
No hay oficinas estatales en la zona, para cualquier trámite con el gobierno se debe viajar una hora en buses amarillos, importados del extranjero después de varios años de uso.
El concepto de prosperidad es distinto para la cosmovisión garífuna y no está necesariamente lígado al materialismo, pero aún así el Estado con un modelo de desarrollo neoliberal parece no haber llegado para invertir en acceso a condiciones de salubridad, infraestructura y necesidades básica para esta comunidad.
Según el documento de programa de país 2012-2016 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las tasas más bajas de matrícula y retención escolar se dan en los niños de pueblos indígenas.
El informe Más Allá de los Promedios:Afrodescendientes en América Latina, Los Afrohondureños, financiado por el Banco Mundial, estableció que “de igual manera Colón, con presencia de Garífunas, seencuentra clasificado en el tercer grupo con un rango de índices de necesidades básicas nosatisfechas que oscilan entre el 56.6 y el 66.7%”.
“El Departamento de Colón se encuentra entre unos de los que registran el tercer lugar por debajode la línea de pobreza,rango que oscila entre 73.8% y 78.1%. En esteDepartamento tambiénexiste un predominio dela población “otra”(92%), pero asimismoun aproximado de un7% del total de lapoblación es Garífuna”. Es decir, con ocho de cada 10 habitantes, viven bajo la línea de la pobreza.
Vea infografia aquí |
No obstante, la realidad muestra que aunque tienen escrituras ancestrales que los declaran dueños de la tierra, viven en hacinamiento cerca del mar cuya serenidad contrasta con una serie de hechos documentados que dan indicios de que el pueblo garífuna de Hondurassufre una política estatal con rasgos similares al Apartheid consistentes en crear deliberadamente condiciones que impiden su pleno desarrollo, en especial denegando a los miembros de este grupo racial sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En la zona hay cercas de cemento en residenciales construidas por canadienses, con un modelo occidental, con confort y placer y con la servidumbre de garífunas. Las residencias y hoteles funcionan en sus territorios ancestrales, en cambio no hay escuelas ni hospitales que puedan comprender la cosmovisión y la cultura garífuna o su lengua.
En el Censo número 27 del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE) , relacionado con población y el sexto para conocer cuántas viviendas hay a nivel de municipios, reveló que el municipio de Santa Fé tiene un analfabetismo de 15 por ciento en 2013. El municipio tiene 5 mil 390 habitantes, un kilómetro cuadrado es habitado por un promedio de 28 personas.
La situación de sus territorios se agravó a partir del golpe de Estado de 2009 y se recrudeció con la oleada de canadienses que buscan un paraíso trópical. Vea: El rey porno canadiense y el paraíso caribeño
El antecedente más cercano de amenaza estatal de desplazamiento forzado de sus territorios fue antes del golpe de Estado.
Un año después de la crisis del Huracán Mitch, en 1999, durante el gobierno de Carlos Flores Facussé, bajo el argumento del potencial turístico, el Congreso Nacional reformó el artículo 107 de la Constitución de la República de Honduras, mediante Decreto No. 294-98, de fecha 4 de diciembre de 1998, publicado en elDiario Oficial "La Gaceta" el 15 de enero de 1999; al no ser ratificado en la siguiente legislatura debido a la protestas garífunas, nunca entró en vigencia.El 107 garantiza la propiedad de la tierra para los hondureños.
En 2013, nuevamente el pueblo garífuna denunció que la ley para crear Ciudades Modelo o Zedes, como se les llamó después, también es un intento por despojarles de su territorio, esta ley ya está en vigencia en el país, se suma a estas legislaciones que promueven el despojo la recién aprobada Ley de Fomento al Turismo.
Peligro inminente de ser expulsados
En su informe sobre el cumplimiento de recomendaciones hechas al Estado de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), informó en 2016 que “la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico,(Zedes), habría colocado al pueblo Garífuna en un peligro inminente de ser expulsado de la costa norte de Honduras, entre otros, mediante la creación de “ciudades modelo”, de las cuales cinco abarcarían comunidades Garífunas, las cuales no habrían sido consultadas al respecto”.Agrega la CIDH, “el estado del derecho a la educación y a la salud de los pueblos indígenas y afrohondureños también fue objeto de preocupación por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.Organizaciones de la sociedad civil señalan que la esperanza de vida en los pueblos originarios de Honduras es de 36 años para las mujeres y 43 años para los hombres”.
Asesinatos
A unos kilómetros de Santa Fé está el municipio de Iriona, en Colón también habitado por garífunas. El domingo 27 de diciembre de 2015, soldados de la Policía Militar asesinaron a Jostin Palacios de 24 años de edad y Elvis García de 19 años de edad . El día de la tragedia los pobladores denunciaron que reciben en forma permanente maltratos de militares.
Fue la mañana del domingo 27 de diciembre, cuando dos carros express que viajaban de Iriona a Tocoa, Colón fueron interceptados por militares de la Fuerza Naval, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar. |
Los pobladores garifunas del municipios de Limón están enardecidos por la accionar militar. |
El discurso público de las Fuerzas Armadas, divulgado a través de la prensa, fue que el conficto se originó porque los garífunas desatendieron una orden militar de tránsito y los soldados dispararon contra civiles por este hecho.
A través del periódico Resumen Latinoamericano, el 20 de junio de 2017, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció que “Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en la costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes:
El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explicó Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.
Apartheid
Las evidencias de una política con rasgos de Apartheid fueron descubiertas por pasosdeanimalgrande.com al analizar testimonios, expedientes en los tribunales de justicia hondureños, los hechos descritos en dos condenas. contra el Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH),( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS )
( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS)
las denuncias y comunicaciones con entes estatales por parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
También se descubrió analizando el discurso público de funcionarios de alto nivel y por medio de la consultoría investigativa Sobre situación Actual de Tierra y Territorio Colon Uno () desarrollada en las comunidades de Trujillo, Guadalupe, Santa Fe, San Antonio por el consultor Celso Alberto Guillén Mejía, expresidente del patronato de Guadalupe.
Discurso público de funcionarios de alto nivel. |
Alfredo López, subcoordinador de OFRANEH manifestó que ellos escuchan expresiones a través de mensajes cuando están transmitiendo en sus radios como “te vamos a matar”, “dejen de hablar mier….”. Ver más aquí |
“Los garífunas no son un pueblo originario” dijo el Estado hondureño
El 12 de mayo de 2016 salió publicada en el Diario Oficial La Gaceta la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, sin embargo, ante la Corte In teramericana de Derechos Humanos, CorteIDH, el Estado alegó que los garífunas no son un pueblo originario por lo tanto no pueden ser considerados un pueblo indígena.«“…La Comunidad Garífuna de Punta Piedra no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerad[a] como un pueblo indígena”…“por el hecho de no ser un pueblo originario no pueden invocar el derecho a tierras ancestrales” », alegó el Estado hondureño en el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs.Honduras.
«“El Estado, en sus alegatos finales orales en la audiencia pública que se realizó en el presente caso, se refirió a que el pueblo originario ubicado en la Bahía de Tela fue el
pueblo Hicaque” y que “Honduras sí ha cumplido dándole [a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz] un derecho a pesar de no ser un pueblo originario”. Posteriormente, en sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que la referida Comunidad “no [sería un] pueblo originario”, pero un pueblo “que conserv[a] el estado comunal”, por lo que “no tienen el derecho a propiedad ancestral que pretenden en [determinadas] tierras”», cita una parte del caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. y sus miembros vs. Honduras.
En este caso se constató claramente el desplazamiento de territorio, en su Informe de Fondo la Comisión indicó que a partir de agosto de 2005 se estaríaejecutando un megaproyecto turístico en la Bahía de Tela denominado “[l]os Micos Beach &Golf Resort” o “Bahía de Tela”. Los representantes indicaron que la denominación actual deese proyecto es “Indura Beach and Golf Resort” y que fue “realizado de forma inconsulta”.
Por otra parte, la CorteIDH constata que el 6 de agosto de 2014 los representantessolicitarona la Corte ordenar medidas provisionales a favor de la Comunidad Garífuna deBarra Vieja, en razón de que dicha Comunidad estaría “a punto de ser desalojada porelementos asignados al Ministerio de Seguridad de Honduras” y afirmaron que “estasituación se enc[ontraría] interconectada con el caso de [la Comunidad Garífuna] Triunfo dela Cruz y demás [C]omunidades [G]arífunas en la Bahía de Tela”. Según indicaron en dichasolicitud, la Comunidad de Barra Vieja se encontraría ubicada “en la entrada” del proyectoturístico Bahía de Tela, alegadamente “uno de los mayores promotores del despojo de lascomunidades garífunas”.
Como parte de la misma política, el 10 de agosto pasado, el Estado hondureño aprobó una Ley de Incentivos al Turismo que según los garífunas generara expropiaciones y riesgo de desplazamiento forzoso en sus territorios.A través de los medios de comunicación del monopolio mediático, el discurso es promover los beneficios de la nueva Ley de Incentivos al Turismo.
El 1 de agosto de 2017, la OFRANEH envió una carta al Congreso Nacional para expresar que "la Ley de Fomento al Turismo…solo generará más acoso sobre nuestras tierras y territorios y por ende nos coloca ante una situación de mayor indefensión, habida cuenta que en la actualidad los operadores de justicia a quienes criminalizan y judicializan son a los líderes y dirigentes Garífunas que luchan y defienden los derechos ancestrales colectivos territoriales y culturales del pueblo garífuna".
Unos días antes, el 18 de julio de 2017, el gobernante del Poder Ejecutivo de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a los congresistas hondureños aprobar la Ley de Incentivo al Turismo que tiene como meta generar 250,000 empleos en los próximos dos años. «Queremos que Honduras sea repotenciada en el turismo y para ello tenemos que construir más plataformas, como hotel y sitios de diversión y placer, a fin de ponernos en un lugar de primer mundo», dijo Hernández.
Sólo dos días antes de sus declaraciones, el 16 de julio de 2017, Hernández, había iniciado su programa estatal “Honduras Actívate”, desde el Muelle de Cruceros Banana Coast. El programa “Honduras Actívate” también consiste en “poner un lugar en el mapa del país como destino turístico…Esa bahía que ustedes tienen, esa diversidad de colores de las estrellas de mar, eso no se encuentra en cualquier lugar del mundo y está en Trujillo”, señaló entonces Hernández.
Desplazamiento forzado
El sitio electrónico canadiense Ricochet.media por medio de un artículo que inicia con la frase “Pequeña Canadá…”, informó en diciembre de 2014 sobre la llegada de cruceros a Honduras, en inglés y francés:“Hubo escasas razones para celebrar en Cristales y Río Negro, dos comunidades Garífunas históricas en la costa en los bordes occidental y oriental de Trujillo, respectivamente. La terminal de cruceros de la Costa de Banana y complejo comercial se encuentra en Río Negro”, dice el sitio.
Relata: "Era una comunidad. Eso era parte de su hábitat. Ahí es donde dejarían sus cayucos, donde irían pescado. Ahora no pueden ir a dejar sus cayucos en la playa. La entrada de los miembros de la comunidad de Río Negro está estrictamente prohibida allí porque ahora es una zona privada ", dice Víctor García, miembro del consejo comunitario Cristales y Río Negro.
“Cuando algunos miembros de la comunidad garífuna se negaron a entregar sus tierras, el municipio de Trujillo declaró que el proyecto de la Costa del Banano era de interés público en diciembre de 2009. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial en febrero de 2010 permitiendo al Estado ejercer el derecho de eminente dominio. A través de la amenaza de expropiación forzada, los desarrolladores de los puertos de cruceros pudieron adquirir las tierras restantes”, reveló Ricochet.media.
“Pero el disputado proyecto de la Costa del Banano sigue estando dentro de uno de los dos títulos de tierras colectivas inalienables Cristales y Río Negro. Los títulos de 1886 y 1901 cubren casi 100 kilómetros cuadrados en varios sectores de la región, incluyendo algunos de desarrollo inmobiliario de Jorgensen”.
El Banana Coast es considerado por OFRANEH como un proyecto turístico de “expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo”; el Banana Coast es un proyecto impulsado por el empresario canadiense, Randy Jorgensen.
Desde el día de su toma de posesión, el 27 de enero de 2014, Hernández relacionó la idea de desarrollo y de inversión con la de generación de empleos.
¿Y qué actos inhumanos denota el crimen Apartheid?
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid establece que las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el África meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente:
a) La denegación a uno o
más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la
libertad de la persona:i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más
grupos raciales;ii) Mediante atentados graves contra la
integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los
miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a
torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;iii)
Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de
uno o más grupos raciales…
c) Cualesquiera medidas
legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o
más grupos raciales la participación en la vida política,
social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente
condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o
tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o
más grupos raciales los derechos humanos y libertades
fundamentales…
Vea infografia aquí |
«La naturaleza punitiva del genocidio tiene facilidad para sustraerse a la observación», cita en su obra Hacer Sufrir, el doctor en Ciencias Penales, Alejandro Alagia que ha estudiado el genocidio en América Latina bajo dictaduras militares, así como violaciones sistemáticas a derechos humanas cometidas en democracias, por fuerzas policiales y de seguridad bajo el argumento de guerra al delito.
Es precisamente la etiqueta de delincuentes la que han enfrentado los garífunas de la comunidad de Guadalupe en los últimos años. Las principales víctimas han sido mujeres arrestadas por usurpación en sus propias tierras con títulos comunitarios y ahora están acusadas por delitos contra el honor.
Desplazamientos forzados con asesinatos
Otra evidencia de la política estatal de discriminación se encuentra en las dos citadas sentencias de la CorteIDH que ordenanal Estado de Honduras, por medio de dos condenas, remover cualquier tipo deinterferencia sobre los territorios conmunitarios ocupados por terceros. «el Estado tuvo noticia en diversasocasiones más de la continua y creciente ocupación de terceros en parte del territoriotitulado y reclamado, sin que el mismo actuara con la debida diligencia para tutelardicho territorio y/o arribar a una solución definitiva», sentenció la CorteIDH.«El Tribunal concluye que el Estado es responsable por haber violado el deber de garantizar el derecho a la propiedad de la Comunidad Triunfo de la Cruz…por haber permitido la adjudicación de un título de propiedad sobre un predio que se encuentra situado sobre el territorio que fuera reconocido por un ente estatal como tradicional y que estaba en parte ocupado por los miembros de la Comunidad».
También el Estado permitió el desplazamiento de los territorios porque debió «haber consultado a la Comunidad sobre los proyectos “Marbella” y “Playa Escondida” previamente a su realización, toda vez que se desarrollaron dentro de su territorio tradicional y no fueron aportadas pruebas de que dichas consultas hayan tenido lugar. En consecuencia, la Corte constata que el derecho a la consulta de la Comunidad y sus miembros ha sido violado por el Estado».
Por otra parte, el mismo Tribunal constató que «los supuestos asesinatos de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales forman parte del marco fáctico del caso, ya que la Comisión en el capítulo de “[h]echos probados” de su Informe de Fondo se refirió a que “la información obrante en el expediente ante la C[omisión] da cuenta del asesinato de al menos cuatro miembros de la Comunidad por causas relacionadas con la defensa de la tierra” e identificó a las cuatro personas referidas.
En virtud a lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado hondureño no habría garantizado un recurso adecuado y efectivo para responder a las reclamaciones de territorio ancestral y las reivindicaciones de las tierras tituladas a favor de la Comunidad, ni habríarealizado las investigaciones correspondientes en relación a las denuncias interpuestas por los daños a la propiedad y los actos de amenazas, agresiones, hostigamiento y persecución sufridos, impidiéndoles por tanto ser oídos en un proceso con las debidas garantías. El Estado es responsable porque debió investigar los hechos denunciados por laComunidad y sus miembros, y por no haber iniciado de oficio las investigaciones relativas a las muertes de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales», dijo la CorteIDH.
Estos no son casos aislados, el mismo modo de operar se puede encontrar en el litigio judicial por la comunidad de Guadalupe, Santa Fé, Colón, por el que fueron acusados de usurpación los garífunas que cuentan con un título ancestral y posteriormente quedaron con cartas de libertad provisional y con un recurso de apelación interpuesto para reabrir el juicio contra una de las lideresas garífunas.
El litigio judicial de los canadienses Randy Jorgesen y Daniel Patrick Forseth contra garífunas por disputas de territorios comunitarios, deja en evidencia una serie de irregularidades que dieron lugar a encarcelamiento, frases racistas, tortura sicológica.
Al mismo tiempo, existen documentos que evidencian presuntas falsificaciones para desplazar forzadamente a los garífunas y un discurso que intenta colocar la visión de desarrollo de los inversionistas extranjeros por encima de la cosmovisión indígena tal como lo demuestran documentos obtenidos en el transcurso de esta investigación.
Artículo 107 de la Constitución de
Honduras:Los terrenos del Estado, ejidales comunales o de propiedad
privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el
litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el
interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros,
peñones, sirtes y bancos de arena, sólo podrán ser adquiridos o poseídos
o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por
sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las
instituciones del Estado bajo pena de nulidad del respectivo acto o
contrato.
La adquisición de bienes urbanos comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una legislación especial.
Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones.
La adquisición de bienes urbanos comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una legislación especial.
Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones.
La población indígena y afrohondureña,
800.000 personas, constituye el 10% de la población total del país,
según la estimación del INE en 2008. Está conformada por 9 pueblos
autóctonos, siete de ellos indígenas: Maya Chortí y Lencas en la zona
occidental del país, Pech, en los departamentos de Gracias a Dios,
Olancho y Yoro, Tolupanes en las zonas de bosque tropical húmedo de
Olancho, Yoro y Francisco Morazán, Nahua, ubicado también en Olancho,
Miskito y Tawahka, establecidos en 3 la zona Moskitia, departamento de
Gracias a Dios, y dos pueblos afrohondureños, Garífunas, en la Costa
Atlántica, y población de habla inglesa, en Islas de la Bahía.
ü La población afrohondureña está compuesta por Garífunas y Negro Ingleses.ü El 10% del total de la población es Garífuna y el 2.8% del total es Negro Inglés.
ü Aproximadamente el 84% de la población Garífuna reside en Atlántida, Colón y Cortés
ü Los afrohondureños cuentan con un mayor porcentajede hogares con jefas mujer
Fuente: Más Allá de los Promedios: Afrodescendientes en América Latina (Banco Mundial)
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
A los 222 años de presencia Garífuna, arrecia el racismo
La Ceiba 15 de abril de 2019.
En el marco
de la conmemoración de los 222 años de la presencia en Honduras, el
alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, el Sr Armando Caledonio, denegó
el derecho a utilizar el parque central de esa ciudad, como el escenario
que ha sido habitualmente utilizado por nuestro pueblo el 12 de abril,
situación que ha causado un enorme resquemor entre los Garinagu.
El desprecio demostrado por ese alcalde
nacionalista, es una muestra más del evidente racismo instaurado en
Honduras, el que es palpable en todas las esferas sociales y culturales
del país. Siendo el despojo territorial y cultural un leit motiv
del actual partido en el gobierno, el que no tuvo reparos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, donde el ex procurador y actual
magistrado de la Corte Suprema, el Sr Abilio Serrano, no tuvo reparos
para denegar nuestra condición de Hondureños, ademas de desconocer el
territorio ancestral que ocupamos, alegando su pertenencia al pueblo
Tolupan y Miskito.
A partir del golpe de estado en Honduras se
recrudeció la ofensiva en contra del territorio del pueblo Garífuna,
siendo las “ciudades modelo”, conocidas actualmente como ZEDE, una de
las más agresivas estrategias de despojo del pueblo Garífuna. No
obstante durante la funesta administración de Pepe Lobo, participaron de
forma activa los afrodescendientes que configuraban el Concejo de
Ministros del cuestionado. Bajo el lema de “calladitos se ven mas
bonitos”, los afrodescendientes no musitaron palabra alguna en cuanto a
defender el territorio Garífuna.
El precio de la inserción promovida por las
organizaciones de afroderecha ha sido la entrega del territorio a cambio
de la participación en los rituales de poder, donde usualmente los
líderes progubernamentales terminan bailando punta con los gestores del
desastre que sacude a Honduras.
Ciertamente el factor racial es acuciante,
pero la discriminación social hacia los sectores más pobres de
Honduras, sirve de catalizador en ese proceso de expulsión interna que
agita a los países del triángulo de la muerte (norte). El éxodo masivo
que asuela a Hondura, no es nada nuevo para nuestro pueblo, el que
desde hace décadas viene emigrando hacia los Estados Unidos en búsqueda
de nuevos horizontes económicos, ante la ausencia de fuentes de trabajo
en Honduras y la destrucción sistemática de los recursos marinos y
terrestres a manos de la clase “empresarial”.
Es indudable que el racismo en la última
de´cada se ha incrementado en todo el planeta, siendo alarmante como la
derecha se ha quitado la máscara de la corrección política sacando a
flote el fascismo, que ha aflorado en los movimientos populistas que
sacuden tanto Europa, Estados Unidos y el resto del planeta. El
fortalecimiento de los “libertarios” estadounidenses, con sus diversas
manifestaciones: partido del te, alt right, ilustración oscura, etc; han
logrado permear el imaginario colectivo de los blancos, demostrando que
el Ku Klux Klan está más que activo.
El pueblo Garífuna ha sobrevivido a
despojos, destierros y múltiples traiciones, que nos han dotado de una
enorme resilencia. Sin embargo la actual crisis exige dotarnos de una
enorme capacidad de análisis ante las múltiples agresiones, que muchas
veces provienen de aquellos que se presentan como supuestos aliados pero
que han sucumbido a la narrativa de dominación disfrazada de
participación en la actual encrucijada.
La pérdida del territorio ancestral Garífuna y el implacable éxodo,
dejan entrever el racismo y la aporofobia, instauradas tanto en las
estructuras del gobierno como entre la elite dominante del país.Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
¿Quién pierde más si Trump cierra la frontera con México?
©
REUTERS / José Luis González
18:35 04.04.2019(actualizada a las 21:11 04.04.2019) SPUTNIK NEWS
Emboscan a caravana migrante y detienen a cientos de hondureños
Por
Publicado el 23 Abril, 2019
Redada a caravana migrante deja cientos de de detenidos en México.
Cientos de decenas de personas fueron capturadas por la Policía y agentes de migración en México durante una emboscada a una caravana migrante en el estado del sur de México, Chiapas.
Hombres, mujeres y niños tomaban un descanso afuera de la ciudad dr Pijijiapan cuando los agentes policiales y migratorios que patrullaban la zona les obligaron a través de la fuerza a subirse a los vehículos policiales.
ÉXODO: EN ARIZONA DECLARAN EMERGENCIA POR HACINAMIENTO DE MIGRANTES
El
alcalde de la ciudad de Yuma, Estado de Arizona, Douglas Nichols, ha
declarado “estado de emergencia”, debido al imparable aumento en el
número de migrantes hacinados en albergues, que según el edil
estadounidense, han sido rebasados en más del 200 por ciento de su
capacidad.
Agencias / EL LIBERTADOR.
Arizona. En
más del 200 por ciento han sido rebasados los albergues de la
demarcación fronteriza en la ciudad de Yuma, Estado de Arizona, punto
fronterizo con México. Razón por la que el alcalde estadounidense,
Douglas Nichols, haya declarado “estado de emergencia”.
El
edil hizo oficial la declaración en conferencia de prensa, donde
declaró que los albergues estaban sobrepoblados, lo que ha representado
un problema para su administración, si se toma en cuenta que el destino
de los migrantes no es esa ciudad.
Nichols
refirió que incluso el sistema de transporte de los indocumentados, que
proceden de Centroamérica, mayoritariamente de Honduras, está
funcionando de manera ineficiente.
“Los
migrantes son liberados en la comunidad más rápido de lo que se están
yendo, y los refugios y el personal para administrarlos están a su
máxima capacidad. Se declara un estado de emergencia", publicó el
Ayuntamiento de Yuma en redes sociales.
Por
su parte, la Patrulla Fronteriza en Arizona, indicó que en los últimos
tres días más de mil migrantes fueron arrestados en el límite
internacional, la mayoría constituidos en unidades familiares y menores
no acompañados.
En
tanto, El Gobierno de México ha reconocido que al nuevo éxodo de
hondureños, que partió el pasado 10 de abril, se han sumado migrantes de
otros países y ya se estima un número de más de cinco mil personas.
Además,
según reporta el periódico “El Sol de México”, el Instituto Nacional de
Migración de ese país, en conjunto con Gobernación, han extendido
permisos laborales a casi 2,000 migrantes en Chiapas.
Hasta
febrero pasado, el Gobierno mexicano extendió más de 13 mil “tarjetas
de visitante” a las personas de las primeras caravanas. Se prevé que a
mediados de mayo, se retome este programa ante la imparable llegada de
personas exiliadas por la crisis social, política y económica de sus
países.
Muro en la frontera con México: Trump firma el primer veto de su mandato para salvar el estado de emergencia nacional
El Congreso rechazó a través de una resolución la
emergencia nacional del presidente estadounidense para financiar la
construcción del muro en la frontera con México. Ahora Trump hace uso
por primera vez de un veto.
El
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma el veto a una
medida del Congreso que quería para poner fin a la declaración de
emergencia en la Casa Blanca en Washington. / REUTERS - JONATHAN ERNST
washington
15/03/2019 21:55 - efe - PÚBLICO
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, firmó este viernes el veto a la resolución
aprobada por el Congreso que insta a la Casa Blanca a poner fin a la emergencia nacional que decretó en febrero para financiar la construcción del muro en la frontera con México.
"Hoy veto esta resolución. El Congreso tiene
la libertad de aprobarla y yo tengo la obligación de vetarla", dijo el
mandatario instantes antes de rubricar el documento durante una
ceremonia que tuvo lugar en el Despacho Oval.
Trump argumentó que cuenta con el "abrumador" apoyo
de los votantes republicanos y que tanto el Senado como la Cámara de
Representantes, que aprobó de manera unánime esa resolución la semana
pasada, habían emitido un voto "contrario a la realidad".
El mandatario volvió a insistir en la necesidad de ampliar el muro que
separa Estados Unidos de México debido a la cantidad "de criminales"
que entran por la frontera sur de su país, en lo que volvió a calificar
de "invasión". "La gente odia la palabra invasión, pero eso es lo que
es", recalcó.
La resolución pasó a la Casa Blanca tras ser aprobada
este jueves por la Cámara Alta en una votación de 59 votos a favor y 41
en contra, en la que doce senadores republicanos apoyaron la moción.
El mandatario volvió a insistir en la necesidad de ampliar el muro que separa EEUU de México
Ante
la imposibilidad de que el Congreso aprobara los fondos que deseaba
para el proyecto del muro, Trump firmó el pasado 15 de febrero una
declaración de emergencia nacional, una medida extraordinaria que permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis.
Por ese motivo, el mandatario aseguró que se podría
evitar que esta situación si los legisladores cambiaran de postura a la
hora de pactar el próximo presupuesto federal: "En quince minutos
podríamos alcanzar un acuerdo", sostuvo.
Con la emergencia nacional, Trump pretende reunir 6.600 millones de dólares desviados de distintas partidas
ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1.375 otorgados
por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.