JOH “es el hombre atrás del saqueo del Estado”: Omar Menjívar
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-De
manera lenta pero va avanzando, quizás no como nosotros quisiéramos y
no hablo tanto como abogado sino como ciudadano, dijo este lunes a
CRITERIO Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, testigo
clave del caso Pandora.
Suárez
se entregó a la justicia hondureña el 23 de noviembre de 2018, por
estar involucrado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bautizó como
caso Pandora.
En
declaraciones brindadas a los medios de comunicación en diciembre de
2018, Menjívar contó que su cliente había confesado en los tribunales de
justicia y ante el Ministerio Público que había formado parte de una
estructura criminal constituida para saquear varias instituciones del
Estado y que dicha estructura era dirigida por la Hilda Hernández, por
delegación y conocimiento de su hermano, el jefe de gobierno, Juan
Hernández.
Noticia Relacionada: Revelan que Hilda Hernández pagó L 2.5 millones para controlar a fiscales del caso Pandora
El
profesional del derecho manifestó hoy que las revelaciones que ha hecho
Suárez tienen que ver con la integridad del Estado, porque ha develado
la existencia de un Estado criminal, gobernado por una organización
criminal que se ha dedicado simplemente a saquear al Estado, que se
ampara bajo el ropaje de partido político, pero en la dirección del
Estado lo que hace es dilapidar, saquear, que pareciera ser su función
principal.
Según
Menjívar, la evidencia presentada por Suárez es abundante y ha estado
siendo analizada por el Ministerio Público, proceso para el cual se
requiere tiempo, “pero lo importante es que se avanza, no como
quisiéramos, pero va avanzando”, insistió.
Noticia Relacionada: Actor clave en caso Pandora declara que JOH es el cabecilla de los saqueos en varias instituciones del Estado
Consultado
sobre qué confianza hay en el Ministerio Público para que llegue a los
autores intelectuales del saqueo del Estado, respondió que se debe
diferenciar en lo que debe ser y lo que es. “Lo que debe ser y lo que
debe ocurrir es que el Ministerio Público presente acciones penales
contra el presidente de la República, eso es lo ideal y eso es lo que
esperaríamos los ciudadanos, si pensamos que funciona correctamente el
Estado”, expresó.
El
abogado sostuvo que las pruebas contra Hernández son contundentes, pero
que requieren de análisis y de hacer la relación necesaria entre un
indicio y otro, porque claramente el gobernante nunca estuvo al frente y
nunca firmó una cosa que lo pudiera comprometer y ese es el reto que
tiene el Ministerio Público.
“El
presidente es el autor detrás del autor, en la doctrina penal así se le
llama, el autor detrás del autor, el hombre de atrás del saqueo del
Estado”: Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, actor clave
del caso Pandora.
Insistió
que el gobernante está detrás de toda la trama del saqueo porque los
fondos sirvieron para beneficiar su candidatura presidencial en la
primera ocasión cuando lanzó su candidatura interna bajo las filas del
Partido Nacional, después para hacerlo presidente y finalmente para
reelegirlo presidente de la República.
Consultado
por qué su cliente pidió la protección de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC) para preservar su integridad física,
respondió que se tenía que escoger al menos peor de los órganos de
seguridad del Estado, pero que se está consiente que el riesgo continúa
latente.
De
acuerdo a las revelaciones de Suárez hubo saqueo en el Congreso
Nacional, Secretaría de Desarrollo Social, Patronato Nacional de la
Infancia, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y otras
instituciones del Estado, supuestamente, justificado en proyectos
dirigidos para la gente pobre, campesinos, mujeres y niños.
Juan Hernández es el autor detrás del saqueo al Estado de Honduras
Juan Hernández, ” es el autor detrás del autor” como se le denomina en la doctrina penal. y no solo es del caso Pandora sino del saqueo al Estado de HondurasPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El titular del régimen de Honduras es el autor detrás del saqueo al Estado, dijo este día, Omar Menjívar, profesional del derecho que defiende a Fernando Suárez, principal testigo en el caso denominado Pandora.
Menjívar señaló que el saqueo se hizo para hacerlo candidato, después presidente en el año 2013 y después para reelegirlo en el año 2017.
El profesional de las leyes apuntó que Suárez ha develado la existencia de un estado criminal que está gobernado por una organización criminal que se ampara bajo el ropaje de un partido político, llamado Partido Nacional.
Aquí dijo Menjívar, hay una paradoja, ya que el Estado mismo tiene que dar una respuesta a través del Ministerio Público, ejerciendo las acciones legales que corresponden.
El profesional del derecho dijo que su cliente señaló que Juan Hernández y su fallecida hermana eran los directores del saqueo al Estado y aquí lo que queda es esperar entre lo que debe ser y lo que es. Lo que debe ocurrir es que el Ministerio Público presente acciones penales con el presidente de Honduras.
Eso es lo que esperaríamos los ciudadanos si pensamos que funciona correctamente el Estado. Las pruebas son suficientes y contundentes y requieren de análisis y de hacer la relación necesaria entre un indicio y otro, porque Juan Hernández no estuvo al frente, pero es evidente que participó y ese es el reto que tiene el MP.
Actor clave en caso Pandora declara que JOH es el cabecilla de los saqueos en varias instituciones del Estado
Fernando José Suarez Ramírez declaró ante el Ministerio Público y tribunales de justicia que, además de la SAG se saqueó, el Congreso Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, el PANI y el Infop.Según el abogado Omar Menjívar, su defendido Fernando José Suarez Ramírez, le ha planteado un reto al Ministerio Público y a la MACCIH, para que acusen a los verdaderos responsables del desastre que hay en Honduras.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Fernando José Suarez Ramírez, uno de los actores claves del caso
Pandora, ha revelado ante el Ministerio Público y ante los tribunales de
justicia que el jefe de Estado de Honduras, Juan Hernández y la difunta
hermana de éste, Hilda Hernández, son los cabecillas de una red
criminal que saqueó varias instituciones del Estado.
Lo
anterior fue revelado este domingo por Omar Menjívar, abogado defensor
de Suarez Ramírez, durante una entrevista proporcionada a la local Radio
América.
Añadió
que su cliente ha delatado que “lo ocurrido fue producto de la
decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización
criminal que lamentablemente es la que dirige al Estado de Honduras y
esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva y esa dirección
ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por
delegación, conocimiento del presidente actual de la República. Ellos
son los cabecillas de esto”, dijo Menjívar.
El
profesional del derecho se refirió al tema tras conocer la resolución
de la jueza natural que conoce el caso Pandora, Lidia Álvarez Sagastume.
La madrugada de este domingo la jueza determinó dejar a Fernando José
Suarez Ramírez bajo la custodia de la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC) al valorar que su vida corre riesgo.
La
Defensa alegó que mafias del caso Pandora pueden atentar contra la vida
del imputado, logrando acreditar que ha sido víctima de amenazas a
muerte contra su vida, la de su esposa, e hija de apenas tres años y de
su familia en general.
Menjívar
sostuvo que las amenazas recobran mayor fuerza luego que su defendido
ha proporcionado información clave ante el Ministerio Público y ante la
misma justicia.
El
procurador privado enfatizó que su conducta ética y profesional no le
permite argumentar que su cliente es inocente, porque tiene
responsabilidad clave, “él fue un participante de todos estos hechos,
que consistieron nada más y nada menos que el saqueo de 282 millones de
lempiras solo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero se
saqueó fondos del Congreso, saquearon fondos de otras instituciones del
Estado”.
Añadió
que hubo saqueo en el Congreso Nacional, Secretaría de Desarrollo
Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de
Formación Profesional (Infop) y todos, supuestamente, justificados en
proyectos dirigidos para la gente pobre, campesinos, mujeres y niños.
Amplió
que su cliente no ha llegado a los tribunales de justicia a decir que
es inocente, sino que a aceptar su culpabilidad para que se le aplique
la ley en la medida que corresponde.
También
“ha venido a delatar que los hechos que ocurrieron no fueron hechos
aislados que se le ocurrieron a él o a Jacobo Regalado” como se ha
manejado por los medios de comunicación e incluso por la misma Fiscalía,
dijo Menjívar.
Añadió
que su cliente ha delatado que lo ocurrido fue producto de la decisión,
planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal que
lamentablemente es la que dirige al Estado de Honduras y esa
organización criminal tenía una dirección ejecutiva y esa dirección
ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por
delegación, conocimiento del presidente actual de la República. Ellos
son los cabecillas de esto”, expresó.
Amplió
que Fernando Suárez, fue una pieza, a quien se le asignó un rol que “lo
cumplía o lo cumplía”. Una vez que se metió a eso, zafarse no está tan
fácil; se metió a eso y ahora asume las consecuencias y desde luego ha
recibido amenazas a muerte serias”, anfatizó.
Menjívar
identificó como cabecillas de la red criminal al jefe de Gobierno de
Honduras, Juan Hernández y a la difunta hermana de éste, Hilda
Hernández, quienes—aseveró— de acuerdo a las evidencias utilizaron los
recursos para financiar campañas políticas.
Apuntó
que es reprochable que su defendido haya participado en los actos
ilícitos y que se le debe castigar por lo que hizo, pero que hay que
reconocerle que está tratando de redimirse y de colaborar para que el
Ministerio Público, en primera instancia conozca la verdad y para que la
justicia se realice conforme a esa verdad demostrable, “porque no es
que son pablaras simplemente de él, sino que hay evidencias suficiente
que demuestra lo que está diciendo”.
En
conclusión, el abogado dijo que Suárez Ramírez le ha planteado un reto
al Ministerio Público y para que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción
y la Impunidad en Honduras (MACCIH) “ahora sí tomen la decisión de
acusar a los verdaderos responsables del desastre de este país”.
El
abogado sostuvo que su defendido ha declarado ante los tribunales que
casi la totalidad de los fondos saqueados en todas las instituciones del
Estados, sirvieron para pagar la campaña política de Hernández, tanto
desde la campaña interna bajo el Movimiento Azules Unidos en 2012 y
después, en la campaña de cara a las elecciones generales de 2013 y la
campaña general de 2017.
Además
de gastar los fondos en las campañas del Partido Nacional y también del
Partido Liberal, Menjívar manifestó que los líderes de las mafias
aprovechaban los recursos para enriquecerse personalmente. “Este pequeño
grupo orquestador de todo esto. Se compró bienes, casas, terrenos, aquí
y en el extranjero, vehículos y se pagaban lujos”.
Durante
la audiencia inicial, que finalizó en horas de la madrugada de este
domingo, la jueza natural Lidia Álvarez Sagastume, dictó sobreseimiento
definitivo a Suárez Ramírez por los delitos de asociación ilícita,
lavado de activos y prevaricato y le dictó auto de formal procesamiento
por fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos
públicos falsos.
Se
conoce como caso Pandora a la conformación de una red criminal de 38
personas, entre políticos, empresarios y particulares que, entre los
años 2010 y 2013, saqueó 282 millones de lempiras de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG).
De
acuerdo a las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC, los recursos
económicos sirvieron para el financiamiento de campañas políticas de los
Partidos Nacional, Liberal y del Frente Amplio.
Fernando
José Suarez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones
Dibattista y Todos Somos Honduras, desde donde se drenaron más de 282
millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG),
se entregó en el pasado jueves a la ATIC.
Noticia relacionada: Dejan bajo protección de la ATIC a saqueador de la SAG
Suárez
Ramírez, quien se encontraba prófugo de la justicia, es uno de los 38
señalados en el famoso caso Pandora, que en su mayoría se encuentran en
libertad tras ser beneficiados por la justicia hondureña con medidas
distintas a la prisión, pese haber sido acusados por la MACCIH de haber
defraudado al Estado.
De
acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal
Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público
(UFECIC-MP) y la MACCIH, Suárez Ramírez habría sido el principal socio
del exsecretario de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG),
Jacobo Regalado, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.
El
requerimiento establece además que era “el encargado de los fondos
públicos, los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de 55
millones de lempiras para su propio beneficio”.
¡ATENCIÓN! EXTRADITABLE ES FAMILIAR DE ALTO FUNCIONARIO DE JOH
- Publicado: 16 Febrero 2019
En
las últimas horas, ha trascendido que el extraditable José Cálix
Hernández (foto en texto), es cuñado del actual vicesecretario de la
Presidencia, Feryd Bascha (foto), hombre clave en el segundo mandato de
Juan Hernàndez.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este
viernes, trascendió que uno de los hombres clave del gabinete de Juan
Hernández, es cuñado del extraditable José Cálix Hernández. Se trata del
subsecretario de Estado, Feryd Bascha, quien está casado con Iris
Patricia Cálix, hermana del hondureño pedido en extradición.
Según
el certificado de matrimonio 937, folio 97, la pareja contrajo nupcias
en 2014. En ese año, fungió al frente del Instituto Nacional de la
Juventud (INJ), trabajando por la recuperación de espacios para la
juventud, a través de la construcción de parques de recreación. Para
2018, Bascha fue juramentado en marzo como subsecretario de Integración y
Desarrollo Humano de la Presidencia.
Luego
de su nombramiento, el 20 de mayo de ese mismo año, recibió lo que se
llamó “megapoderes”, recibiendo la potestad de firmar sobre asuntos
relacionados con partida presupuestaria a las instituciones suscritas a
la presidencia.
Ocho
días más tarde, la mano derecha de Hernández, Ebal Díaz, derogó el
acuerdo ejecutivo 016-B-SP-2018 mediante decreto ejecutivo, quitando
todas las atribuciones a Bascha, que por ende, quedaron sin valor y
efecto. Sin embargo, Feryd Bascha, sigue siendo uno de los nombres
claves para el jefe de Estado.
Sin luces de solución conflicto en alcaldía de Talanga, Francisco Morazán
Las
denuncias de corrupción realizada por la ciudadanía de Talanga,
Francisco Morazán contra el alcalde Rooselvelt Eduardo Avilés López no
se han resuelto pese al clamor de justicia por los pobladores.
Como acción de protesta un grupo de
regidores y líderes locales se tomaron el edificio municipal desde el 6
de noviembre del año pasado cumpliéndose ya 100 días de toma y aún las
autoridades no resuelven el conflicto.
A pesar de que ha interpuesto la
denuncia formal ante el Ministerio Público en especial en la Fiscalía de
Lucha Contra la Corrupción, la ciudadanía de Talanga no ve avance en la
investigación y temen por su vida ya que por la lucha ya suman dos
personas asesinadas.
Dennis Varela es un habitante de
Talanga, Francisco Morazán, integra la lucha contra la corrupción en el
municipio razón por la cual ha recibido dos atentados, hechos de los que
responsabiliza al alcalde Avilés López.
“Es un mensaje directo, dejan la toman o van a morir más personas”, dijo Varela.
Además agregó que tienen las pruebas de
las personas que asesinaron a sus compañeros, dichas pruebas ya fueron
presentadas a las autoridades de justicia, pero no han actuado en la
investigación de dichos casos.
El alcalde Rooselvelt Eduardo Avilés
López es acusado por malversación de caudales público, además de una
reparación de 5.3 millones de lempiras en su primera administración
(2006-2010) y otro reparo por 30 millones de lempiras en su segundo
período (2010-2014).
Estos hechos indignaron a la población
de Talanga y demandan una investigación responsable contra el alcalde
del Partido Nacional, Rooselvelt Eduardo Avilés.
Mario Moncada, regidor miembro del
partido Libertad y Refundación, Libre asegura que no hay avances en la
solución del conflicto. “En síntesis estamos igual que como comenzamos.
El Ministerio Público no ha hecho nada, estamos exigiendo al Tribunal
Superior de Cuentas que actué, ellos pueden suspender o inhabilitar al
alcalde por todas las denuncias presentadas, estamos esperando una
respuesta de la abogada Helen Cruz que encabezó el operativo de la Atic
(Agencia Técnica de Investigación) en el secuestro de documentos”, dijo
Moncada.
Mario Moncada, regidor miembro del partido Libertad y Refundación entrevistado por Gerardo Chévez, periodista de Radio Progreso.
El regidor inició una campaña fuerte en
contra de lo actos de corrupción y por la NO transparencia municipal
durante de la primera gestión Avilés López, pero esta vez ha sido la
población que tomó la iniciativa de frenar la supuesta tiranía del
alcalde.
“No respeta la ley, aquí se hace lo que
él quiere, él se cree el rey y su esposa la reina del pueblo porque son
los que han gobernado durante todo el tiempo, los que han mandado y
manipulado”, relató.
Como ejemplo, Moncada dijo que en las
reuniones de Corporación Municipal ellos llegaban acuerdo y
resoluciones, pero que al final Avilés López realizaba otras acciones.
“Decidimos que se apruebe un proyecto y
él sale con otro proyecto. Ejecuta proyecto sin haber sido aprobados por
la corporación y eso es un delito, es un irrespeto a la ley”, manifestó
el regidor de Libre Mario Moncada.
En los primeros días de la próxima
semana, los regidores deberán presentarse a la Secretaría de Gobernación
y Justicia para una audiencia de descargo.
“Si Gobernación decidiera suspendernos o
castigarnos a los regidores que presentamos la denuncia, que se
abstenga Gobernación a lo que pueda pasar en este pueblo. Este pueblo no
es el mismo de antes. Este pueblo se va desbordar en ira, cólera,
descontento por una decisión que se ha tomado llevándose en encuentro la
realidad que vive un pueblo” dijo Mario Moncada.
Jugada maestra: Con el Chapo en juicio, el Cártel de Sinaloa podría fusionarse con el CJNG
Por
Publicado el 9 Enero, 2019
El
Chapo es acusado por las autoridades de EU del envío de 155 toneladas
de cocaína a territorio estadounidense durante un cuarto de siglo, de
posesión de armas y lavado de dinero.
En la sombra, tras bambalinas del espectacular juicio contra Joaquín el ChapoGuzmán
en Nueva York, su hegemónico Cártel de Sinaloa maquina un jaque mate en
el ajedrez del narcotráfico en México: tras lograr someter a su
poderosísimo rival Cártel Jalisco Nueva Generación… ahora podría
unírsele.
Los reflectores del mundo están puestos sobre el mayor proceso por narcotráfico en la historia de Estados Unidos, que durante meses dilucidará si el Chapo, considerado el capo más peligroso del mundo, es acusado del envío de 155 toneladas de cocaína a territorio estadounidense durante un cuarto de siglo, de posesión de armas y lavado de dinero.
Cofundador del trasnacional Cártel de Sinaloa, el Chapo, de 61 años, se juega la cadena perpetua.
Pero este maestro de las cortinas de humo, protagonista de dos espectaculares fugas de prisiones de máxima seguridad en México, podría tener un as bajo la manga lejos de este juicio de costo multimillonario, y que se desarrolla bajo extrema seguridad y secretismo.
Al contrario, Zambada goza de una fama de hombre de negocios con cabeza fría, más que de matón. Además, su negocio “tiene una estructura horizontal, como un McDonalds”, con subsidiarias independientes en más de 40 países que no se verían afectadas por el arresto del jefe en turno del cártel, asegura Vigil.
El septuagenario Zambada “es un hombre supremamente inteligente, muy capaz, que ha estado en el narcotráfico toda su vida y nunca ha pasado un solo día en una cárcel”, gracias a que -contrariamente al Chapo- guarda un bajo perfil y nunca sale de la sierra, explica el experto.
Desde su trono, Zambada sigue moviendo las fichas.
“Me pueden agarrar en cualquier momento… o nunca”, desafió el capo en 2010, en una inusual entrevista para el semanario Proceso.
Los reflectores del mundo están puestos sobre el mayor proceso por narcotráfico en la historia de Estados Unidos, que durante meses dilucidará si el Chapo, considerado el capo más peligroso del mundo, es acusado del envío de 155 toneladas de cocaína a territorio estadounidense durante un cuarto de siglo, de posesión de armas y lavado de dinero.
Cofundador del trasnacional Cártel de Sinaloa, el Chapo, de 61 años, se juega la cadena perpetua.
Pero este maestro de las cortinas de humo, protagonista de dos espectaculares fugas de prisiones de máxima seguridad en México, podría tener un as bajo la manga lejos de este juicio de costo multimillonario, y que se desarrolla bajo extrema seguridad y secretismo.
La captura y extradición de Guzmán fue bueno para la justicia mexicana y de Estados Unidos, pero en realidad es más simbólico porque el Cártel de Sinaloa sigue siendo el más potente del mundo”, gracias al liderazgo del también cofundador Ismael el Mayo Zambada, último capo veterano en México, comentó para la AFP Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia estadounidense antidrogas DEA.Javier Oliva, investigador en temas de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que “ese juicio realmente parece más un espectáculo que algo de fondo”.
Mientras no se realice una fiscalización de dinero, los juicios no tienen mucha utilidad. La esposa, los hijos, los cómplices podrán seguir usando las decenas de millones de dólares que dejó este delincuente”,Aunque la extradición del Chapo debilitó al Cártel de Sinaloa en un principio, la DEA asegura en su última Evaluación de Amenazas Nacionales por Narcóticos que nuevamente “mantiene el mayor dominio en Estados Unidos”, mientras que el rival que le viene pisando los talones, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “ha expandido significativamente su presencia en los últimos años”.
Jaime Oliva, investigador de la UNAM
Considerando que los hijos del Chapo son unos juniors que nunca trabajaron en su vida y no saben hacer ese negocio, Zambada ha podido imponerse hasta ahora sin mucho afán al frente del Cártel de Sinaloa, explica Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.En contraste, el CJNG de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, padece una cruenta lucha intestina, que ha debilitado el vertiginoso avance que logró a punta de extrema violencia y un temible arsenal que incluso derrumbó un helicóptero militar.
Quien fuera el brazo derecho del Mencho, Carlos Enrique Sánchez, alias el Cholo, conspira para quedarse con el trono del sanguinario cártel. Sánchez se ha aliado con el cártel de Sinaloa, que lo está apoyando con fondos y con sicarios para que pelee contra el Mencho y entonces, si logra obtener el liderazgo, se va a aliar con el cártel de Sinaloa. Lo va a tener que hacer para poder sobrevivir”,Durante esta guerra interna, Sinaloa aprovechará para también arrebatarle a su rival un máximo de territorio. Así, sea cual sea el desenlace de la guerra entre el Mencho y el Cholo, ya “es beneficio para el cártel de Sinaloa”, subraya Vigil.
Mike Vigil, exagente de la DEA
Al contrario, Zambada goza de una fama de hombre de negocios con cabeza fría, más que de matón. Además, su negocio “tiene una estructura horizontal, como un McDonalds”, con subsidiarias independientes en más de 40 países que no se verían afectadas por el arresto del jefe en turno del cártel, asegura Vigil.
El septuagenario Zambada “es un hombre supremamente inteligente, muy capaz, que ha estado en el narcotráfico toda su vida y nunca ha pasado un solo día en una cárcel”, gracias a que -contrariamente al Chapo- guarda un bajo perfil y nunca sale de la sierra, explica el experto.
Desde su trono, Zambada sigue moviendo las fichas.
“Me pueden agarrar en cualquier momento… o nunca”, desafió el capo en 2010, en una inusual entrevista para el semanario Proceso.
En Honduras, Guatemala y El Salvador: Sistemas de justicia colapsados son incapaces de condenar a los asesinos de periodistas
Friday, 08 February 2019 23:13 Written by German Reyes Published in Monitoreo de compromisos internacionales - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Las muertes violentas contra los periodistas de Honduras,
Guatemala y El Salvador, así como los ataques y amenazas hacia este
sector, considerado de mucha importancia para el fortalecimiento de la
democracia en estos países, encienden las alarmas de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
y por primera vez incorpora el tema en su quehacer en la defensa de los
derechos humanos.
En un documento denominado “La seguridad de los periodistas en las
agendas de los derechos humanos y desarrollo sostenible: Oportunidad
para mejorar los mecanismos de reporte sobre violaciones de derechos
humanos en Guatemala, Honduras y El Salvador, la UNESCO llama la
atención sobre los graves obstáculos que enfrentan las personas que
ejercen la profesión para lo cual tienen que lidiar con ataques
reiterados que en algunos casos terminan hasta con la muerte.
Señala el documento que la UNESCO, incluyó en su Agenda Global 2030 el indicador, 16.10.1, creado para darle seguimiento a los homicidios, secuestros, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, información que hasta ahora es difícil de conseguir, por la debilidad en el sistema de justicia y por la displicencia de los operadores.
Solo en Honduras suman 75 los periodistas asesinados, centenares de amenazas sin investigar, infinidad de detenidos arbitrariamente por agentes del Estado y muchos que han sido agredidos por ellos, cuando realizan sus laborares periodísticas. Sin embargo, son estadísticas reservadas ilegalmente, porque las autoridades se niegan a dar información cuando se les solicita.
A lo anterior se suman las acciones de intimidación, hostigamiento, campañas de desprestigio, seguimientos en vehículos, robo y destrucción de equipos y juicios penales, con propósitos de callarles y generar impunidad en los casos de corrupción que denuncian. Y como producto de las amenazas, para salvaguardar sus vidas, varios optan por desplazarse a otro lugar.
Esa situación la considera la UNESCO como actos de violación a los derechos humanos colectivos, que le impiden a la sociedad dar y recibir información.
Honduras es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 19, señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y recibir informaciones y opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión”. Sin embargo, en este país centroamericano, desde el poder se violenta este precepto y buscan ponerle bozales a la sociedad a fin de esconder la verdad.
Además, la muerte violenta de periodistas, y demás violaciones a la libertad de expresión provocan terror en la población y pérdida de los espacios para revelar la corrupción y los demás abusos de los grupos empresariales y del poder político.
Y “los periodistas que no son directamente atacados ejercen la autocensura como respuesta”, señala la UNESCO, en su documento.
También, detalla, que los casos contra periodistas ingresan a sistemas de justicia penal colapsados, debido a los volúmenes de criminalidad existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los tres países se han sometido al Examen Periódico Universal (EPU) y según la UNESCO, son preocupantes los datos por violaciones a los derechos de los defensores y periodistas, que dieron a conocer ante el Consejo de las Naciones Unidas.
Como miembros de la Organización de las Naciones y de la Organización de Estados Americanos, los tres países están obligados a reportar la situación y las medidas de prevención que están implementando. El Salvador debe remitir su próximo informe en el segundo semestre de este año y Honduras en el primer semestre del 2020. Guatemala ya lo hizo a finales del 2017.
En cada ciclo del EPU, los Estados deben rendir cuentas del cumplimiento de las recomendaciones que aceptaron.
Guatemala y Honduras, particularmente, a partir de sus acuerdos con la ONU y la OEA, también han establecido organismos de investigación en apoyo de sus sistemas de justicia, mediante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por lo que deben de reportar el número de homicidios investigados, los secuestros, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura de periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, para la UNESCO, sus informes sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas son demasiado débiles. Y pese a que la gravedad de los ataques, llega incluso al asesinato, los responsables de investigar siempre manifiestan desconocimiento de la realidad.
Acabar con la impunidad
Ante la debilidad que muestran los tres países en sus sistemas de prevención investigación y judicialización de los delitos contra defensores y periodistas, la UNESCO recomienda emprender acciones para acabar con la impunidad y la adopción de planes nacionales para la seguridad de este sector.
La medida incluye acciones de reparación de los daños a las víctimas y sus familiares.
Con relación a los delitos menos graves, también recomienda soluciones alternativas a partir de criterios de oportunidad y bajo parámetros de la justicia restaurativa que permitan la reparación de las víctimas, tales como, disculpas públicas y resarcimientos monetarios.
El informe destaca que Guatemala y Honduras ya cuentan con leyes e instrumentos de las políticas respectivas, aunque su efectividad y uso sistemático todavía sigue pendiente de ser incorporado a la práctica.
Afirma la UNESCO, que la investigación de los crímenes, aparte de ser diligente, debe ser capaz de determinar quiénes son los autores materiales, intelectuales, los móviles y los grupos de poder que los promueven.
Recomienda, además, la despenalización de las leyes que castigan con cárcel los delitos contra el honor. Como es el caso de Honduras, donde muchos defensores de los derechos humanos y periodistas son procesados penalmente por difamación, injuria y calumnia.
Señala el documento que la UNESCO, incluyó en su Agenda Global 2030 el indicador, 16.10.1, creado para darle seguimiento a los homicidios, secuestros, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, información que hasta ahora es difícil de conseguir, por la debilidad en el sistema de justicia y por la displicencia de los operadores.
Solo en Honduras suman 75 los periodistas asesinados, centenares de amenazas sin investigar, infinidad de detenidos arbitrariamente por agentes del Estado y muchos que han sido agredidos por ellos, cuando realizan sus laborares periodísticas. Sin embargo, son estadísticas reservadas ilegalmente, porque las autoridades se niegan a dar información cuando se les solicita.
A lo anterior se suman las acciones de intimidación, hostigamiento, campañas de desprestigio, seguimientos en vehículos, robo y destrucción de equipos y juicios penales, con propósitos de callarles y generar impunidad en los casos de corrupción que denuncian. Y como producto de las amenazas, para salvaguardar sus vidas, varios optan por desplazarse a otro lugar.
Esa situación la considera la UNESCO como actos de violación a los derechos humanos colectivos, que le impiden a la sociedad dar y recibir información.
Honduras es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 19, señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y recibir informaciones y opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión”. Sin embargo, en este país centroamericano, desde el poder se violenta este precepto y buscan ponerle bozales a la sociedad a fin de esconder la verdad.
Además, la muerte violenta de periodistas, y demás violaciones a la libertad de expresión provocan terror en la población y pérdida de los espacios para revelar la corrupción y los demás abusos de los grupos empresariales y del poder político.
Y “los periodistas que no son directamente atacados ejercen la autocensura como respuesta”, señala la UNESCO, en su documento.
También, detalla, que los casos contra periodistas ingresan a sistemas de justicia penal colapsados, debido a los volúmenes de criminalidad existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los tres países se han sometido al Examen Periódico Universal (EPU) y según la UNESCO, son preocupantes los datos por violaciones a los derechos de los defensores y periodistas, que dieron a conocer ante el Consejo de las Naciones Unidas.
Como miembros de la Organización de las Naciones y de la Organización de Estados Americanos, los tres países están obligados a reportar la situación y las medidas de prevención que están implementando. El Salvador debe remitir su próximo informe en el segundo semestre de este año y Honduras en el primer semestre del 2020. Guatemala ya lo hizo a finales del 2017.
En cada ciclo del EPU, los Estados deben rendir cuentas del cumplimiento de las recomendaciones que aceptaron.
Guatemala y Honduras, particularmente, a partir de sus acuerdos con la ONU y la OEA, también han establecido organismos de investigación en apoyo de sus sistemas de justicia, mediante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por lo que deben de reportar el número de homicidios investigados, los secuestros, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura de periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, para la UNESCO, sus informes sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas son demasiado débiles. Y pese a que la gravedad de los ataques, llega incluso al asesinato, los responsables de investigar siempre manifiestan desconocimiento de la realidad.
Acabar con la impunidad
Ante la debilidad que muestran los tres países en sus sistemas de prevención investigación y judicialización de los delitos contra defensores y periodistas, la UNESCO recomienda emprender acciones para acabar con la impunidad y la adopción de planes nacionales para la seguridad de este sector.
La medida incluye acciones de reparación de los daños a las víctimas y sus familiares.
Con relación a los delitos menos graves, también recomienda soluciones alternativas a partir de criterios de oportunidad y bajo parámetros de la justicia restaurativa que permitan la reparación de las víctimas, tales como, disculpas públicas y resarcimientos monetarios.
El informe destaca que Guatemala y Honduras ya cuentan con leyes e instrumentos de las políticas respectivas, aunque su efectividad y uso sistemático todavía sigue pendiente de ser incorporado a la práctica.
Afirma la UNESCO, que la investigación de los crímenes, aparte de ser diligente, debe ser capaz de determinar quiénes son los autores materiales, intelectuales, los móviles y los grupos de poder que los promueven.
Recomienda, además, la despenalización de las leyes que castigan con cárcel los delitos contra el honor. Como es el caso de Honduras, donde muchos defensores de los derechos humanos y periodistas son procesados penalmente por difamación, injuria y calumnia.
Tribunal se declara incompetente de conocer caso de los presos políticos
Legalmente se allana el camino de la libertad
Militantes del partido Libre protestaron hoy frente al Poder Judicial, exigiendo la liberación de Edwin Espinal y Raúl Álvarez.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Juzgado de lo Penal con Jurisdicción Nacional emitió este lunes una
resolución mediante la cual se declara incompetente para conocer la
causa de los presos políticos, Edwin Espinal y Raúl Álvarez.
“Con
la resolución de hoy lo que ha quedado claro es que Edwin y Raúl han
sido privados de su libertad por una autoridad que no tenía autoridad y
la Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad si no es
por orden de autoridad competente, de un juez competente”, dijo el
abogado penalista, Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Espinal.
Noticia Relacionada: CIDH exhorta al Estado de Honduras respetar el principio de legalidad de los presos políticos
Espinal,
de 42 años, y Álvarez, de 25 años, fueron detenidos el 16 y 19 de enero
de 2018, respectivamente, acusados de ser responsables de los daños que
ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de
2018, durante una manifestación pública que denunciaba un fraude
electoral.
Los
imputados están recluidos desde enero de 2018 en la cárcel de máxima
seguridad, más conocida como “La Tolva”, ubicada en el municipio de
Morocelí, El Paraíso, acusados por los delitos de incendio y daño
agravado, luego de participar en las protestas que denunciaban un fraude
electoral y donde resultó con daños la estructura física de un hotel
capitalino.
Por
el tipo de delitos, (comunes) la causa de Álvarez y Espinal debió
conocerse desde un inicio por un juzgado común y no por un juzgado con
juriscción nacional, ya que éstos últimos se encargan de casos de alta
criminalidad.
Hasta
el momento las autoridades hondureñas no han admitido que los jóvenes
sean presos políticos como lo aseveran las organizaciones defensoras de
los derechos humanos, al argumentar que los delitos imputados no
corresponden a esa categoría.
Sin
embargo, Menjívar y Benedicto Santos—apoderado legal de Raúl Álvarez—
insisten que sus defendidos son presos políticos del régimen de
Honduras, que encabeza el gobernante, Juan Hernández.
Los
abogados sostienen que los jóvenes fueron apresados por protestar
contra el fraude electoral de noviembre de 2017, una motivación de
carácter político, aunque los delitos correspondan a otra categoría.
También
señalan que este caso es un mensaje para el resto de los ciudadanos,
para que vean y entiendan lo que les puede pasar si se atreven a
protestar.
Responsabilidad internacional
En
virtud de la violación al procedimiento, el abogado penalista apuntó
que existe responsabilidad internacional por parte del Estado de
Honduras, porque el Estado tiene obligación de garantizar, promover y
respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
En
ese sentido, Menjívar dijo que una vez que se agote el proceso
internamente, las víctimas están en su derecho de proceder a demandar al
Estado de Honduras por violación a sus derechos.
Menjívar
apuntó que la jurisdicción especial con competencia territorial a nivel
nacional y el aparato militar que funciona a su alrededor, a la que han
sido sometidos Espinal y Álvarez, fue creada para perseguir al crimen
organizado y no para perseguir a ciudadanos que protestan.
Añadió
que dicho tribunal es para enfrentar a un enemigo muy peligroso, que es
el crimen organizado, donde se ha clasificado a Edwin Espinal y a Raúl
Álvarez, sin ser tan siquiera responsables de algún delito, porque hasta
el momento no ha existido ninguna prueba que incrimine a los imputados
por los delitos atribuidos.
Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Espinal.
El
Tribunal de Competencia Territorial remitirá entre hoy y mañana el
expediente al tribunal ordinario de justicia penal, que es al que
eventualmente le habría correspondido conocer del caso.
En
aplicación de la Constitución, la defensa de Edwin Espinal y Raúl
Álvarez pidió la anulación del proceso y por consiguiente la libertad de
los mencionados, sin embargo, eso no fue aceptado y ahora lo que
procede es que un juez ordinario conozca la causa.
En
virtud que el Ministerio Público no ha presentado las pruebas que
incriminen a los inculpados, estará en manos del juez ordinario la
aplicación de medidas distintas a la prisión.
Legalmente
hoy se ha allanado el camino de la libertad para los dos presos
políticos, “pero desde luego estos casos tienen otra serie de
ingredientes, de circunstancias que lo rodean, que casi siempre hacen
que la ley no se aplique como debe ser”, manifestó Menjívar.
Persecución política
El
abogado Benedicto Santos, cuantificó que en el marco de la crisis
postelectoral de noviembre de 2017, alrededor de 3.000 hondureños que
protestaban contra el fraude electoral fueron detenidos por las fuerzas
de seguridad del Estado. De estos, 180 fueron judicializados y alrededor
de 60 penalizados.
Santos, apuntó que muchas personas fueron acusadas por delitos de extorsión, sin presentar ninguna prueba.
El
coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales,
dijo que los militares no quieren que se libere a Edwin Espinal y a
Raúl Álvarez.
Por Riccy Ponce
Choluteca, Choluteca.- Los feligreses que asisten a la iglesia de El Triunfo, Choluteca, llevan varios días con la toma de ese templo, ya que se conoció que por razones no especificadas quieren trasladar en contra de su voluntad a los sacerdotes Eulogio Álvarez y Florentino Hernández, por lo que miembros de la Red de Defensores y Defensoras de derechos Humanos del Sur REDEHSUR se mantienen vigilantes ante esta situación.
José Luis Carías de la REDEHSUR dijo que “la iglesia se encuentra tomada por los feligreses y el Consejo Parroquial como tal, esto ha sucedido por las situaciones ajenas a la institución religiosa a la que pertenece , están vinculadas con la política; también podemos decirlo de esa manera en donde hoy en día se conoce perfectamente de que el dinero, más que todo, incentiva mucho a alejarnos en el caso de la iglesia de las cosas del señor, e irnos por las cuestiones de poder, del bienestar propio de cada quien”.
“Estamos prestos y atentos a defender los derechos que les corresponden como feligreses de la parroquia, ya que están siendo violentados porque no estamos trabajando tranquilamente, nos están hostigando demasiado, por estar a favor del pueblo, esto es una lucha que se viene arraigando desde hace mucho tiempo que no podemos resolver porque no se qué pasa con el obispo de la diócesis de Choluteca, que en cuanto nos dice una cosa nos dice otra, no mantiene una postura firme, como para terminar con esto, nos están hostigando a los sacerdotes, añadió Carías.
También dijo que “están violentando sus derechos, ya que no se estipula de parte de la diócesis, ni de los obispo de Honduras de la conferencia episcopal, en este caso no hay un lineamiento o un reglamento que estipule que el sacerdote va estar tanto tiempo en parroquia, no lo hay, entonces pensamos que se les está violentando, porque el derecho canónico dice lo contrario”.
El defensor del sur dijo que “es clara, es evidente la persecución Política hacia los sacerdotes, porque él, por mucho tiempo ha estado sometido al pueblo de El Triunfo por el mandato nacionalista, que no hay oportunidad de crecimiento en el pueblo. El Triunfo sigue siendo el mismo, abatido siempre por las violaciones de derechos humanos y estamos luchando contra ellos para contrarrestar este tipo de situaciones que se están viviendo en el municipio”.
La REDEHSUR tiene más de 7 años trabajando por la defensa de los derechos humanos y luchando por disminuir las mismas en la zona sur, y siempre se mantiene vigilante ante cualquier emergencia en derechos humanos para documentar y acompañar a quien lo necesite.
Choluteca.- La comunidad de Los Prados 1, en el municipio de Namasigue, que se ha opuesto a la instalación de proyectos fotovoltaicos (energía solar) desde hace 3 años, recibió la visita de un grupo de defensores y defensoras de los territorios lencas de La Paz y ambientalistas del municipio de Choluteca..
Esta visita constituyó una nueva jornada de intercambio que se produce entre redes de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido constituidas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Este
lunes en el marco de la audiencia del Tribunal con Jurisdicción
Nacional, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre),
encabezados por diputados y el coordinador de este instituto político y
expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, realizaron un mitin en
las afueras del Poder Judicial, para exigir la liberación de Edwin
Espinal y Raúl Álvarez.
Zelaya
Rosales dijo que Espinal y Álvarez tienen derecho a defenderse en
libertad y demostrar su inocencia, “pero este es un régimen represivo y
creo que ha habido información, que los militares se oponen a su
liberación”, expresó.
Defensores de la REDEHSUR están alerta ante las violaciones a los derechos humanos que se puedan dar en El Triunfo
Choluteca, Choluteca.- Los feligreses que asisten a la iglesia de El Triunfo, Choluteca, llevan varios días con la toma de ese templo, ya que se conoció que por razones no especificadas quieren trasladar en contra de su voluntad a los sacerdotes Eulogio Álvarez y Florentino Hernández, por lo que miembros de la Red de Defensores y Defensoras de derechos Humanos del Sur REDEHSUR se mantienen vigilantes ante esta situación.
José Luis Carías de la REDEHSUR dijo que “la iglesia se encuentra tomada por los feligreses y el Consejo Parroquial como tal, esto ha sucedido por las situaciones ajenas a la institución religiosa a la que pertenece , están vinculadas con la política; también podemos decirlo de esa manera en donde hoy en día se conoce perfectamente de que el dinero, más que todo, incentiva mucho a alejarnos en el caso de la iglesia de las cosas del señor, e irnos por las cuestiones de poder, del bienestar propio de cada quien”.
“Estamos prestos y atentos a defender los derechos que les corresponden como feligreses de la parroquia, ya que están siendo violentados porque no estamos trabajando tranquilamente, nos están hostigando demasiado, por estar a favor del pueblo, esto es una lucha que se viene arraigando desde hace mucho tiempo que no podemos resolver porque no se qué pasa con el obispo de la diócesis de Choluteca, que en cuanto nos dice una cosa nos dice otra, no mantiene una postura firme, como para terminar con esto, nos están hostigando a los sacerdotes, añadió Carías.
También dijo que “están violentando sus derechos, ya que no se estipula de parte de la diócesis, ni de los obispo de Honduras de la conferencia episcopal, en este caso no hay un lineamiento o un reglamento que estipule que el sacerdote va estar tanto tiempo en parroquia, no lo hay, entonces pensamos que se les está violentando, porque el derecho canónico dice lo contrario”.
El defensor del sur dijo que “es clara, es evidente la persecución Política hacia los sacerdotes, porque él, por mucho tiempo ha estado sometido al pueblo de El Triunfo por el mandato nacionalista, que no hay oportunidad de crecimiento en el pueblo. El Triunfo sigue siendo el mismo, abatido siempre por las violaciones de derechos humanos y estamos luchando contra ellos para contrarrestar este tipo de situaciones que se están viviendo en el municipio”.
La REDEHSUR tiene más de 7 años trabajando por la defensa de los derechos humanos y luchando por disminuir las mismas en la zona sur, y siempre se mantiene vigilante ante cualquier emergencia en derechos humanos para documentar y acompañar a quien lo necesite.
Comunidad Los Prados 1 recibe el respaldo de defensores de los territorios de La Paz
Un campesino de la comunidad Los Prados 1 señala las tierras donde se pretende instalar un enorme proyecto solar
Por Marvin PalaciosCholuteca.- La comunidad de Los Prados 1, en el municipio de Namasigue, que se ha opuesto a la instalación de proyectos fotovoltaicos (energía solar) desde hace 3 años, recibió la visita de un grupo de defensores y defensoras de los territorios lencas de La Paz y ambientalistas del municipio de Choluteca..
Esta visita constituyó una nueva jornada de intercambio que se produce entre redes de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido constituidas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Leonardo Amador presidente del patronato de Prados 1
Los intercambios entre redes se enmarcan en un proyecto financiado
por el País Vasco, a través de la organización de derechos humanos
denominada Mundubat, en la cual actúan como facilitadores el COFADEH,
La Vía Campesina y la CNTC.
En esta oportunidad participaron hombres y mujeres, representantes de La Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) y la Red de Defensores y Defensoras de la Zona Sur (Redehsur).
La primera visita se realizó el miércoles 13 de febrero a los caseríos de La Llave y Agua Fría, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, donde está instalado el mayor complejo de paneles solares de la región centroamericana.
Más tarde la delegación visitó la comunidad Los Prados 1, localizado en el municipio de Namasigue, departamento de Choluteca, con el propósito de conocer la situación existente y compartir experiencias.
El periódico digital www.defensoresenlinea.com dialogó con el presidente del patronato de la comunidad Los Prados 1, Leonardo Amador, que por defender el territorio de su comunidad; enfrenta un proceso judicial acusado del delito de cohecho.
Junto a Amador, hay otras 9 personas acusadas del mismo delito, a quienes los tribunales les han dictado medidas sustitutivas a la prisión y deben presentarse cada mes, a firmar el libro de registro de los acusados.
Los vecinos y vecinas de Los Prados 1 y 2, libran desde el año 2016 una férrea oposición frente a las pretensiones de que se instale un gran “parque fotovoltaico” (paneles soalres) en un terreno de 85 manzanas que se localiza a pocos metros de sus casas.
Amador dijo que en esta lucha siempre hay personas que pretenden desequilibrar a los líderes, o hacer ofrecimientos económicos a quienes dirigen los movimientos con el fin de sofocar la oposición hacia los proyectos.
En esta oportunidad participaron hombres y mujeres, representantes de La Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) y la Red de Defensores y Defensoras de la Zona Sur (Redehsur).
La primera visita se realizó el miércoles 13 de febrero a los caseríos de La Llave y Agua Fría, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, donde está instalado el mayor complejo de paneles solares de la región centroamericana.
Más tarde la delegación visitó la comunidad Los Prados 1, localizado en el municipio de Namasigue, departamento de Choluteca, con el propósito de conocer la situación existente y compartir experiencias.
El periódico digital www.defensoresenlinea.com dialogó con el presidente del patronato de la comunidad Los Prados 1, Leonardo Amador, que por defender el territorio de su comunidad; enfrenta un proceso judicial acusado del delito de cohecho.
Junto a Amador, hay otras 9 personas acusadas del mismo delito, a quienes los tribunales les han dictado medidas sustitutivas a la prisión y deben presentarse cada mes, a firmar el libro de registro de los acusados.
Los vecinos y vecinas de Los Prados 1 y 2, libran desde el año 2016 una férrea oposición frente a las pretensiones de que se instale un gran “parque fotovoltaico” (paneles soalres) en un terreno de 85 manzanas que se localiza a pocos metros de sus casas.
Amador dijo que en esta lucha siempre hay personas que pretenden desequilibrar a los líderes, o hacer ofrecimientos económicos a quienes dirigen los movimientos con el fin de sofocar la oposición hacia los proyectos.
Al fondo de la comunidad La LLave, no hay un lago, es un megaproyecto de plantas solares
“Otras veces hay frases amenazantes como que vas a aparecer
encostalado, entonces todas esas cosas lo vienen a uno a intimidar, pero
nosotros nos hemos mantenido, creyendo que lo que defendemos es justo,
como defender nuestros derechos, defender el territorio, defender
nuestro medio ambiente y el agua”.
El líder comunitario cuestionó que tanto las autoridades municipales y nacionales “no se tomaron el costo de hacer una consulta previa para llevar estos proyectos a nuestras comunidades, porque hoy el tiempo cambió y la gente ha despertado, y hay que hacer estas consultas para no llevarse estos enredos”.
Amador explicó que los beneficios que traen los proyectos fotovoltaicos son mínimos y a corto plazo, puesto que el empleo que ofrecen es temporal, apenas 3 meses; y una vez terminados, los inversionistas proceden a cercar los predios y muy pocos pueden entrar.
Expertos consideran que los paneles solares a gran escala, deben instalarse en zonas alejadas de los asentamientos humanos y los criaderos de animales domésticos.
Las altas temperaturas que generan los parques solares, afectan la salud humana, y perjudica el ecosistema en donde viven animales, insectos y pájaros de diversas especies.
“Se pierden los árboles de jícaro, impera la insolación, que ha venido a incomodar a mucha gente por la calor y lo otro es que los pozos no tienen agua. Los pajaritos y otras especies como el venado, el garrobo y el pitero; han desaparecido o han emigrado, y eso pasaría con nosotros como seres humanos, el día que permitamos estos proyectos, tendríamos que emigrar del lugar donde vivimos; porque no vamos a soportar la inclemencia de estos proyectos que son tan nocivos para nuestra vida”, comentó Amador.
Medarda Hernández, vecina de Los Prados 1, se mostró alegre y agradecida por la visita de los defensores y defensoras, “porque a través de ellos vamos aprendiendo más nosotras y tenemos que ser fuertes para defender nuestros derechos”.
Nosotros nos hemos opuesto a la minería y a las plantas solares, desde el mes de enero de 2016, cuando se unió el pueblo para evitar que nos siguieran talando los árboles, “y peor los jícaros que de ahí sostenemos nuestras vidas”.
La instalación de enormes plantas solares en los departamentos del sur del país, ha arrasado con miles de árboles de jícaro, cuyo fruto se utiliza para sacar el morro y elaborar una refrescante bebida.
Además las plantas de jícaro son un fijador de carbono y emisor de oxígeno, que las convierte en el hábitat de varias especies animales como el garrobo y la iguana.
“Yo siempre lo dije, esto es de años atrás, pasa que allí se
involucraron miembros de las Fuerzas Armadas, y yo exterioricé que la
dr0ga salía en helicópteros en lanchas de las Fuerzas Armadas, se
utilizaron comandos, batallones para guardar las drogas, entonces ¿Será
parte el jefe del Estado Mayor Conjunto de esto? O ¿Por qué no han dicho
nada de eso? Porque quienes los tienen en los puestos son los
políticos, son puro favor político”, dijo Rodríguez.
“Tony Hernández controlaba una organización que tenía control de todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, Congreso, hay diputados que actualmente están en el cargo, entonces ellos llegaron al mando y controlaban todas esas estructuras, usaron medios de las fuerzas Armadas, la droga llegaba a La Mosquitia y también en Gracias Lempira, la construcción del aeropuerto en el que los aviones llegaban a las dos, tres de la mañana, entonces usted ve que eso viene de 10 a 12 años atrás, cuando empezaron en política, ellos tenían contacto con operativos policiales, militares y todo.”
Esto fue un extracto de una entrevista realizada a el capitán Santos Rodríguez Orellana, entre esto y otros temas, manifestó y dejó claro que no es posible que el jefe de las Fuerzas Armadas, Rene Orlando Ponce Fonseca, no se haya percatado de la narc0actividad y el tráfico de armas que era realizado por Juan Antonio Hernández.
Descabellado gasto se realizó en el gobierno de Pepe Lobo
hace 6 años en momentos en que el Estado permaneció sumido en su peor
crisis financiera.
Pese a que se denunció que se obvió la Ley de Contratación del Estado y que la erogación era multimillonaria y descabellada en momentos en que no habían suficientes fondos ni para pagar salarios, nadie fue capaz de detener el leonino contrato del lanchas por un monto de 61.4 millones de dólares (más de 1,228 millones de lempiras al cambio actual de la fecha).
El inusual convenio fue firmado el 25 de agosto de 2012 por el ministro de Defensa, Marlon Pascua Cerrato, y el ciudadano holandés y cónsul honorario Florentius Antonius Hubertus Kluck, en su condición de presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil Servicios Marítimos Internacionales S.A de C.V, que actúa como representante de B.V Scheepswerf Damen Gorinchem.
Esta sociedad también la integra el ciudadano hondureño Jeroen Gerardus Johanes Kluck Baas, en calidad de administrador, según consta en el acta constitutiva de sociedad del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.
En declaraciones recientes, el capitán Santos Orellana expresó que
Tony Hernández hermano del actual representante del régimen utilizó
lanchas rápidas de las FFAA para sus acciones ilícitas.
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- “En ese momento Olivia Marcela hizo y dijo lo que su corazón, su dolor y sus ansías de justicia, le exigió”.
Con estas palabras, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, inició su comparecencia en el programa radial Voces contra el Olvido, en su emisión del sábado 16 de febrero de 2019.
Oliva mostró de esta manera su solidaridad para Olivia Marcela Zúniga Cáceres, defensora de derechos humanos, lideresa de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), diputada por el departamento de Intibucá e hija de la ambientalista Berta Cáceres.
Zúniga Cáceres fue expulsada por guardias de seguridad pertenecientes a la Misión de la Organización de Naciones Unidas ( ONU) en Honduras, después de protagonizar su repudio al usurpador del poder en Honduras, Juan Orlando Hernández, durante un evento realizado en esta capital, la semana recién pasada.
“En la época de los ochentas trataban igual a las madres de los detenidos desaparecidos. Nosotras sabemos lo que es sentir el dolor de las víctimas, y nos solidarizamos con la compañera, mujer, madre, nieta, diputada, defensora de derechos humanos e hija que exige justicia para Berta Cáceres”, sostuvo la coordinadora del COFADEH.
Al tiempo que expresó: Nos solidarizamos con cientos de mujeres y niñas asesinadas en un país que vive bajo la dictadura de un hombre que en ese evento, se refería al lanzamiento de una campaña, supuestamente para velar por la seguridad de las mujeres.
En un comunicado posteado en su perfil de Facebook y viralizado en la red social, Olivia Marcela Zúniga Cáceres (hija mayor de la lideresa indígena lenca, Bertha Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016) , manifestó que durante el lanzamiento de la campaña Spotligth, organizado por la misión de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, que contó con la presencia del jefe del régimen actual, Juan Orlando Hernández, “hice uso de mi derecho a la libertad de expresión y a la protesta no violenta en el lanzamiento de Spotligth”.
En el escrito, Zúniga Cáceres se preguntó: ¿Cómo puede ser posible que la misión de la ONU en Honduras, haya mandado a sus guardias hombres, a sacarme de un evento supuestamente para abordar la problemática que sufren las mujeres de Honduras, caracterizada por los femicidios, la violencia política contra las mujeres, entre otros, coartándome el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta que me permite la Constitución de la República, con la excusa de proteger a Juan O. Hernández de mis expresiones: FUERA JOH, ASESINO?
En otro párrafo del comunicado, la también diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) apuntó que: ¿Cómo es posible que la Misión de la ONU en Honduras me haya mandado a sacar del evento, realizado supuestamente para abordar la violencia contra las mujeres patrocinado por la misma ONU y por la Unión Europea, solo por gritarle FUERA JOH y ASESINO, a quien ha violentado la Constitución de la República para reelegirse, y quien tampoco respetó la voluntad popular con el visto bueno de los Estados Unidos y la Unión Europea?
Me pregunto ¿por qué me mandó a sacar la misión de la ONU en Honduras solo para proteger a un dictador de mis gritos, los gritos de una mujer víctima, cuya madre fue asesinada por poderosos que son protegidos por el régimen porque son multimillonarios, tal es el caso de los Atala Zablah, quienes ordenaron el asesinato de mi madre y se mantienen impunes?, escribió Olivia Macerla Zúniga Cáceres.
“De qué hablamos, de Naciones Unidas, o de Naciones Unidas o vendidas al sistema o a países, entonces de qué estamos hablando por Dios santo, y esto debemos grabarlo, porque para COFADEH, para mí, no es fácil realmente tener que estar viendo, tener que estar diciendo lo que debemos decir; porque es una obligación”, subrayó la reconocida defensora de derechos humanos.
Bertha Oliva dijo en el programa radial “Voces contra el Olvido”, que se transmite todos los sábados por radio Globo, que la ciudadanía está en una absoluta indefensión y yo les aseguro que van a sobrar razones para decir que no tenía razón Olivia Marcela, que fue un exabrupto, que fue un acto de mala crianza, y eso lo va a decir mucha gente y es posible que ya lo estén manejando así.
¿Pero cómo es posible que se nos quiera imponer a los y a las hondureñas una investidura ilegal, ilegítima y que lo estén impulsando desde las Naciones Unidas, desde la Unión Europea?, cuestionó Oliva.
Y más adelante dijo: “Deben de respetar que aquí hay hondureños y hondureñas que no aceptamos más humillación, más imposición; que tienen que respetar nuestra determinación, nuestra decisión de hacer valer la Constitución de la República”.
La tarea es reconstruir la nación, y la reconstrucción de la nación, no va a ser haciendo actos como los que se dieron esta semana, cuando las mismas organizaciones de mujeres están denunciando periódicamente las cifras, los datos de las agresiones, de los femicidios, nosotras mismas estamos empecinadas en ver qué nuevas categorías las mujeres estamos siendo víctimas y fundamentalmente en el sur del país.
“El tema aquí es que no podemos dejar sola a ninguna mujer que sienta en sus extrañas, el dolor y la herida de la patria, porque al final de cuentas, cuando la patria está herida, cuando la patria no deja de sangrar, es como que nuestras entrañas, nuestro vientre, lo tengamos herido”, dijo Oliva.
Durante el programa de radio, la Coordinadora General del COFADEH se solidarizó con los jóvenes Roger Cervantes Inestroza y Allan Josué Alas, acusados por el delito de “atentado”, durante una serie de capturas indiscriminadas que practicaran agentes policiales y efectivos militares, durante protestas surgidas al cumplirse un año del fraude electoral en Taulabé, departamento de Comayagua.
Asimismo, Oliva mostró su apoyo a Nelson Álvarez, y los hermanos Ovidio y Faustino Guillén Enamorado, que fueron privados de su libertad durante 90 días en la cárcel de máxima seguridad conocida como el Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
Los 3 hombres están acusados de “incendio agravado”, al suponerlos responsables de la quema de unas oficinas de la municipalidad de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara. Tanto Ovidio como Faustino, son reconocidos defensores de derechos humanos.
También la Coordinadora General del COFADEH, patentizó su apoyo a 18 personas (entre ellas a defensores y defensoras de derechos humanos) de Tocoa, departamento de Colón, que han sido acusados criminalmente y siendo víctimas de campañas de desprestigio en redes sociales por defender el medio ambiente en Guapinol.
Entre los acusados figuran la dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, el defensor de derechos humanos Leonel George, la directora de la Fundación San Alonso, Juana Esquivel, y el líder ambientalista Juan López, que han luchado contra proyectos mineros que amenazan la reserva ecológica Carlos Escaleras en el departamento de Colón.
Tegucigalpa.- Las mujeres socialistas de Honduras condenaron enérgicamente “el proceder del Sistema de Naciones Unidas, al actuar desde la concepción del mundo vertical y machista, que se evidencio al momento en que ordenó al gendarme de su seguridad, sacar por la fuerza del evento a la congresista Olivia Zúniga Cáceres”.
Además Condenaron el comunicado de la ONU –Honduras, por considerarlo burdo, lesivo y atentatorio al derecho humano de la libre expresión de pensamientos, y además escrito desde la arrogancia y la ineptitud.
En su pronunciamiento señalan que consideran que si Spotlight pretende aportar a la eliminación de las condicionantes que fomenta las desigualdades y la opresión de las mujeres, debió comenzar con un lanzamiento inclusivo, igualitario, horizontal, guiado por un tipo de liderazgo ético y mora
PRONUNCIAMIENTO
¡Calla, mujer; habla un hombre!
Evento de Lanzamiento Spotlight -Honduras
Ante los acontecimientos ocurridos el día 13 de Febrero del 2019, en el lanzamiento del “Spotlight” en nuestro país, donde se pretendió callar a la Diputada Olivia Marcela Zuniga, quien protesto pacíficamente exigiendo justicia para Berta Cáceres, su madre, heroína y mártir nacional por la defensa y soberanía de los pueblos originarios, sus recursos naturales y de todas y todos en esta maltratada matria hondureña.
Las Mujeres Socialistas de Honduras, reflejando el sentir de todas las mujeres hondureñas que recogemos la siembra de Berta Cáceres y la de muchas otras mujeres luchadoras de este país, hoy ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional condenamos enérgicamente el proceder del Sistema de Naciones Unidas, al actuar desde la concepción del mundo vertical y machista, que se evidencio al momento en que ordenó al gendarme de su seguridad, sacar por la fuerza del evento a la congresista hondureña.
Nos solidarizamos totalmente con la diputada Olivia Marcela Zuniga Cáceres y consideramos que si Spotlight pretende aportar a la eliminación de las condicionantes que fomenta las desigualdades y la opresión de las mujeres, debió comenzar con un lanzamiento inclusivo, igualitario, horizontal, guiado por un tipo de liderazgo ético y moral, debió ser un evento dialógico, un espacio donde se reconozca la problemática de las mujeres, y no con discursos mentirosos que justifica la deficiente política pública hacia la mujeres.
Condenamos el comunicado de la ONU –Honduras, por considerarlo burdo, lesivo y atentatorio al derecho humano de la libre expresión de pensamientos, y además escrito desde la arrogancia y la ineptitud. Este organismo internacional creado para mantener la paz y garantizar los derechos humanos en el mundo, nuevamente hoy y aquí, da triste muestra de inoperancia, insensibilidad y alejamiento de sus más básicos principios, en el incidente de elemental manejo de los derechos de una mujer hondureña representante de todas nosotras en el congreso nacional, donde se destaca por su lucha en beneficio de las mayorías y no del poder, la corrupción y la narco actividad. La ONU urge de nuevo rumbo en el mundo y aquí en nuestra Honduras!
Condenamos y nos oponemos firmemente a este gobierno ilegal, totalmente permeado por la corrupción, delincuencia, el narco tráfico, liderado por JOH. Gobierno antipopular sostenido por la fuerza militar, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y los organismos internacionales.
Estamos presentes y apoyamos fervientemente la lucha de nuestro pueblo y específicamente de todas las mujeres en la búsqueda por transformar esta sociedad capitalista, patriarcal que nos oprime y subyuga injustamente! Buena Olivia: “FUERA JOH”
“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” -Rosa Luxemburgo-
Tegucigalpa, Honduras 15 de febrero del 2019
El líder comunitario cuestionó que tanto las autoridades municipales y nacionales “no se tomaron el costo de hacer una consulta previa para llevar estos proyectos a nuestras comunidades, porque hoy el tiempo cambió y la gente ha despertado, y hay que hacer estas consultas para no llevarse estos enredos”.
Amador explicó que los beneficios que traen los proyectos fotovoltaicos son mínimos y a corto plazo, puesto que el empleo que ofrecen es temporal, apenas 3 meses; y una vez terminados, los inversionistas proceden a cercar los predios y muy pocos pueden entrar.
Expertos consideran que los paneles solares a gran escala, deben instalarse en zonas alejadas de los asentamientos humanos y los criaderos de animales domésticos.
Las altas temperaturas que generan los parques solares, afectan la salud humana, y perjudica el ecosistema en donde viven animales, insectos y pájaros de diversas especies.
“Se pierden los árboles de jícaro, impera la insolación, que ha venido a incomodar a mucha gente por la calor y lo otro es que los pozos no tienen agua. Los pajaritos y otras especies como el venado, el garrobo y el pitero; han desaparecido o han emigrado, y eso pasaría con nosotros como seres humanos, el día que permitamos estos proyectos, tendríamos que emigrar del lugar donde vivimos; porque no vamos a soportar la inclemencia de estos proyectos que son tan nocivos para nuestra vida”, comentó Amador.
Medarda Hernández, vecina de Los Prados 1, se mostró alegre y agradecida por la visita de los defensores y defensoras, “porque a través de ellos vamos aprendiendo más nosotras y tenemos que ser fuertes para defender nuestros derechos”.
Nosotros nos hemos opuesto a la minería y a las plantas solares, desde el mes de enero de 2016, cuando se unió el pueblo para evitar que nos siguieran talando los árboles, “y peor los jícaros que de ahí sostenemos nuestras vidas”.
La instalación de enormes plantas solares en los departamentos del sur del país, ha arrasado con miles de árboles de jícaro, cuyo fruto se utiliza para sacar el morro y elaborar una refrescante bebida.
Además las plantas de jícaro son un fijador de carbono y emisor de oxígeno, que las convierte en el hábitat de varias especies animales como el garrobo y la iguana.
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Publicado el 16 Febrero, 2019
“Tony Hernández controlaba una organización que tenía control de todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, Congreso, hay diputados que actualmente están en el cargo, entonces ellos llegaron al mando y controlaban todas esas estructuras, usaron medios de las fuerzas Armadas, la droga llegaba a La Mosquitia y también en Gracias Lempira, la construcción del aeropuerto en el que los aviones llegaban a las dos, tres de la mañana, entonces usted ve que eso viene de 10 a 12 años atrás, cuando empezaron en política, ellos tenían contacto con operativos policiales, militares y todo.”
Esto fue un extracto de una entrevista realizada a el capitán Santos Rodríguez Orellana, entre esto y otros temas, manifestó y dejó claro que no es posible que el jefe de las Fuerzas Armadas, Rene Orlando Ponce Fonseca, no se haya percatado de la narc0actividad y el tráfico de armas que era realizado por Juan Antonio Hernández.
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Publicado el 16 Febrero, 2019
Pese a que se denunció que se obvió la Ley de Contratación del Estado y que la erogación era multimillonaria y descabellada en momentos en que no habían suficientes fondos ni para pagar salarios, nadie fue capaz de detener el leonino contrato del lanchas por un monto de 61.4 millones de dólares (más de 1,228 millones de lempiras al cambio actual de la fecha).
El inusual convenio fue firmado el 25 de agosto de 2012 por el ministro de Defensa, Marlon Pascua Cerrato, y el ciudadano holandés y cónsul honorario Florentius Antonius Hubertus Kluck, en su condición de presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil Servicios Marítimos Internacionales S.A de C.V, que actúa como representante de B.V Scheepswerf Damen Gorinchem.
Esta sociedad también la integra el ciudadano hondureño Jeroen Gerardus Johanes Kluck Baas, en calidad de administrador, según consta en el acta constitutiva de sociedad del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.
En declaraciones recientes, el capitán Santos Orellana expresó que
Tony Hernández hermano del actual representante del régimen utilizó
lanchas rápidas de las FFAA para sus acciones ilícitas.
“Olivia Marcela hizo y dijo, lo que su corazón, su dolor y sus ansias de justicia, le exigió”: Bertha Oliva
Tegucigalpa.- “En ese momento Olivia Marcela hizo y dijo lo que su corazón, su dolor y sus ansías de justicia, le exigió”.
Con estas palabras, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, inició su comparecencia en el programa radial Voces contra el Olvido, en su emisión del sábado 16 de febrero de 2019.
Oliva mostró de esta manera su solidaridad para Olivia Marcela Zúniga Cáceres, defensora de derechos humanos, lideresa de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), diputada por el departamento de Intibucá e hija de la ambientalista Berta Cáceres.
Zúniga Cáceres fue expulsada por guardias de seguridad pertenecientes a la Misión de la Organización de Naciones Unidas ( ONU) en Honduras, después de protagonizar su repudio al usurpador del poder en Honduras, Juan Orlando Hernández, durante un evento realizado en esta capital, la semana recién pasada.
“En la época de los ochentas trataban igual a las madres de los detenidos desaparecidos. Nosotras sabemos lo que es sentir el dolor de las víctimas, y nos solidarizamos con la compañera, mujer, madre, nieta, diputada, defensora de derechos humanos e hija que exige justicia para Berta Cáceres”, sostuvo la coordinadora del COFADEH.
Al tiempo que expresó: Nos solidarizamos con cientos de mujeres y niñas asesinadas en un país que vive bajo la dictadura de un hombre que en ese evento, se refería al lanzamiento de una campaña, supuestamente para velar por la seguridad de las mujeres.
En un comunicado posteado en su perfil de Facebook y viralizado en la red social, Olivia Marcela Zúniga Cáceres (hija mayor de la lideresa indígena lenca, Bertha Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016) , manifestó que durante el lanzamiento de la campaña Spotligth, organizado por la misión de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, que contó con la presencia del jefe del régimen actual, Juan Orlando Hernández, “hice uso de mi derecho a la libertad de expresión y a la protesta no violenta en el lanzamiento de Spotligth”.
El 30 de noviembre de 2018, los tribunales condenaron a 7 hombres por el asesinato de Berta Cáceres, pero no enjuiciaron a los autores intelectuales de la dirigenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).¿Cómo puede ser posible que la misión de la ONU en Honduras, haya mandado a sus guardias hombres, a sacarme de un evento supuestamente para abordar la problemática que sufren las mujeres de Honduras, caracterizada por los femicidios, la violencia política contra las mujeres, entre otros, coartándome el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta…”: Olivia Marcela Zúniga Cáceres
En el escrito, Zúniga Cáceres se preguntó: ¿Cómo puede ser posible que la misión de la ONU en Honduras, haya mandado a sus guardias hombres, a sacarme de un evento supuestamente para abordar la problemática que sufren las mujeres de Honduras, caracterizada por los femicidios, la violencia política contra las mujeres, entre otros, coartándome el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta que me permite la Constitución de la República, con la excusa de proteger a Juan O. Hernández de mis expresiones: FUERA JOH, ASESINO?
En otro párrafo del comunicado, la también diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) apuntó que: ¿Cómo es posible que la Misión de la ONU en Honduras me haya mandado a sacar del evento, realizado supuestamente para abordar la violencia contra las mujeres patrocinado por la misma ONU y por la Unión Europea, solo por gritarle FUERA JOH y ASESINO, a quien ha violentado la Constitución de la República para reelegirse, y quien tampoco respetó la voluntad popular con el visto bueno de los Estados Unidos y la Unión Europea?
Me pregunto ¿por qué me mandó a sacar la misión de la ONU en Honduras solo para proteger a un dictador de mis gritos, los gritos de una mujer víctima, cuya madre fue asesinada por poderosos que son protegidos por el régimen porque son multimillonarios, tal es el caso de los Atala Zablah, quienes ordenaron el asesinato de mi madre y se mantienen impunes?, escribió Olivia Macerla Zúniga Cáceres.
Berta Oliva se preguntó también ¿qué hacen los organismos internacionales que están en el país?. Yo a veces digo por lo que pasó la semana pasada contra Olivia Marcela Zúniga, convocando para un acto dedicado a la lucha contra los femicidios, hacen esta acción de sacarla, porque ella hace esta demostración de repudio porque tiene cifras, porque tiene información; porque es víctima de todo eso y entonces uno dice de qué hablamos”.¿Pero cómo es posible que se nos quiera imponer a los y a las hondureñas una investidura ilegal, ilegítima y que lo estén impulsando desde las Naciones Unidas, desde la Unión Europea?: Bertha Oliva
“De qué hablamos, de Naciones Unidas, o de Naciones Unidas o vendidas al sistema o a países, entonces de qué estamos hablando por Dios santo, y esto debemos grabarlo, porque para COFADEH, para mí, no es fácil realmente tener que estar viendo, tener que estar diciendo lo que debemos decir; porque es una obligación”, subrayó la reconocida defensora de derechos humanos.
Bertha Oliva dijo en el programa radial “Voces contra el Olvido”, que se transmite todos los sábados por radio Globo, que la ciudadanía está en una absoluta indefensión y yo les aseguro que van a sobrar razones para decir que no tenía razón Olivia Marcela, que fue un exabrupto, que fue un acto de mala crianza, y eso lo va a decir mucha gente y es posible que ya lo estén manejando así.
¿Pero cómo es posible que se nos quiera imponer a los y a las hondureñas una investidura ilegal, ilegítima y que lo estén impulsando desde las Naciones Unidas, desde la Unión Europea?, cuestionó Oliva.
Y más adelante dijo: “Deben de respetar que aquí hay hondureños y hondureñas que no aceptamos más humillación, más imposición; que tienen que respetar nuestra determinación, nuestra decisión de hacer valer la Constitución de la República”.
La tarea es reconstruir la nación, y la reconstrucción de la nación, no va a ser haciendo actos como los que se dieron esta semana, cuando las mismas organizaciones de mujeres están denunciando periódicamente las cifras, los datos de las agresiones, de los femicidios, nosotras mismas estamos empecinadas en ver qué nuevas categorías las mujeres estamos siendo víctimas y fundamentalmente en el sur del país.
“El tema aquí es que no podemos dejar sola a ninguna mujer que sienta en sus extrañas, el dolor y la herida de la patria, porque al final de cuentas, cuando la patria está herida, cuando la patria no deja de sangrar, es como que nuestras entrañas, nuestro vientre, lo tengamos herido”, dijo Oliva.
Durante el programa de radio, la Coordinadora General del COFADEH se solidarizó con los jóvenes Roger Cervantes Inestroza y Allan Josué Alas, acusados por el delito de “atentado”, durante una serie de capturas indiscriminadas que practicaran agentes policiales y efectivos militares, durante protestas surgidas al cumplirse un año del fraude electoral en Taulabé, departamento de Comayagua.
Asimismo, Oliva mostró su apoyo a Nelson Álvarez, y los hermanos Ovidio y Faustino Guillén Enamorado, que fueron privados de su libertad durante 90 días en la cárcel de máxima seguridad conocida como el Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
Los 3 hombres están acusados de “incendio agravado”, al suponerlos responsables de la quema de unas oficinas de la municipalidad de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara. Tanto Ovidio como Faustino, son reconocidos defensores de derechos humanos.
También la Coordinadora General del COFADEH, patentizó su apoyo a 18 personas (entre ellas a defensores y defensoras de derechos humanos) de Tocoa, departamento de Colón, que han sido acusados criminalmente y siendo víctimas de campañas de desprestigio en redes sociales por defender el medio ambiente en Guapinol.
Entre los acusados figuran la dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, el defensor de derechos humanos Leonel George, la directora de la Fundación San Alonso, Juana Esquivel, y el líder ambientalista Juan López, que han luchado contra proyectos mineros que amenazan la reserva ecológica Carlos Escaleras en el departamento de Colón.
Mujeres socialistas condenan accionar de Naciones Unidas en Spotlight
Spotlight con solo el nombre refleja la lejanía de nuestra realidad latinoamericana y su connotación extranjerizantePor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Las mujeres socialistas de Honduras condenaron enérgicamente “el proceder del Sistema de Naciones Unidas, al actuar desde la concepción del mundo vertical y machista, que se evidencio al momento en que ordenó al gendarme de su seguridad, sacar por la fuerza del evento a la congresista Olivia Zúniga Cáceres”.
Además Condenaron el comunicado de la ONU –Honduras, por considerarlo burdo, lesivo y atentatorio al derecho humano de la libre expresión de pensamientos, y además escrito desde la arrogancia y la ineptitud.
En su pronunciamiento señalan que consideran que si Spotlight pretende aportar a la eliminación de las condicionantes que fomenta las desigualdades y la opresión de las mujeres, debió comenzar con un lanzamiento inclusivo, igualitario, horizontal, guiado por un tipo de liderazgo ético y mora
PRONUNCIAMIENTO
¡Calla, mujer; habla un hombre!
Evento de Lanzamiento Spotlight -Honduras
Ante los acontecimientos ocurridos el día 13 de Febrero del 2019, en el lanzamiento del “Spotlight” en nuestro país, donde se pretendió callar a la Diputada Olivia Marcela Zuniga, quien protesto pacíficamente exigiendo justicia para Berta Cáceres, su madre, heroína y mártir nacional por la defensa y soberanía de los pueblos originarios, sus recursos naturales y de todas y todos en esta maltratada matria hondureña.
Las Mujeres Socialistas de Honduras, reflejando el sentir de todas las mujeres hondureñas que recogemos la siembra de Berta Cáceres y la de muchas otras mujeres luchadoras de este país, hoy ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional condenamos enérgicamente el proceder del Sistema de Naciones Unidas, al actuar desde la concepción del mundo vertical y machista, que se evidencio al momento en que ordenó al gendarme de su seguridad, sacar por la fuerza del evento a la congresista hondureña.
Nos solidarizamos totalmente con la diputada Olivia Marcela Zuniga Cáceres y consideramos que si Spotlight pretende aportar a la eliminación de las condicionantes que fomenta las desigualdades y la opresión de las mujeres, debió comenzar con un lanzamiento inclusivo, igualitario, horizontal, guiado por un tipo de liderazgo ético y moral, debió ser un evento dialógico, un espacio donde se reconozca la problemática de las mujeres, y no con discursos mentirosos que justifica la deficiente política pública hacia la mujeres.
Nota relacionada Mujeres condenan violencia de parte de organismos internacionales y gubernamentales
¿Cómo puede spotlight, (que con solo el nombre refleja lejanía de nuestra realidad latinoamericana y su connotación extranjerizante!) pretender abordar el problema que sufren las mujeres de Honduras, tales como los femicidios, la violencia política contra las mujeres, ante el ejercicio de poder manifestado ayer en el cuerpo, en el pensamiento de la hija de Berta Cáceres? Ayer las Naciones Unidas en Honduras evidencio estar totalmente desconectada de la realidad y el sentir de la enorme mayoría de las mujeres y pueblo hondureño, mal manejando y coartando el derecho a la libre expresión y de la protesta de nuestra compañera. Más que spotlight, ese programa puede llamarse “mansplainning” (hombre explicando) ya que las mujeres presentes ayer tenían que callar y no objetar ante “el Hombre que estaba explicando/hablando”.Condenamos el comunicado de la ONU –Honduras, por considerarlo burdo, lesivo y atentatorio al derecho humano de la libre expresión de pensamientos, y además escrito desde la arrogancia y la ineptitud. Este organismo internacional creado para mantener la paz y garantizar los derechos humanos en el mundo, nuevamente hoy y aquí, da triste muestra de inoperancia, insensibilidad y alejamiento de sus más básicos principios, en el incidente de elemental manejo de los derechos de una mujer hondureña representante de todas nosotras en el congreso nacional, donde se destaca por su lucha en beneficio de las mayorías y no del poder, la corrupción y la narco actividad. La ONU urge de nuevo rumbo en el mundo y aquí en nuestra Honduras!
Condenamos y nos oponemos firmemente a este gobierno ilegal, totalmente permeado por la corrupción, delincuencia, el narco tráfico, liderado por JOH. Gobierno antipopular sostenido por la fuerza militar, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y los organismos internacionales.
Estamos presentes y apoyamos fervientemente la lucha de nuestro pueblo y específicamente de todas las mujeres en la búsqueda por transformar esta sociedad capitalista, patriarcal que nos oprime y subyuga injustamente! Buena Olivia: “FUERA JOH”
“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” -Rosa Luxemburgo-
Tegucigalpa, Honduras 15 de febrero del 2019
BRUTALIDAD POLICIAL
Víctor Meza, analista social, director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), especialista en temas de seguridad.Tegucigalpa.-Debo
confesar, a riesgo de parecer ingenuo, que creía en que la Policía, aun
de forma lenta y ambigua, estaba realmente experimentando un cambio.
Que su transformación, aunque difícil y gradual, realmente se estaba
llevando a cabo, modificando estructuras, métodos y, sobre todo,
patrones mentales en el funcionamiento de la institución policial y en
el comportamiento cotidiano de sus agentes, tanto de la llamada “escala
básica” como de sus oficiales y jefes. Creía, hasta no hace mucho, que
algo estaba modificándose al interior de la fuerza policial y de sus
instituciones adscritas.
Sin embargo, la conversación con algunas personas vinculadas por diferentes razones con el quehacer policial y, sobre todo, el testimonio de jóvenes que están cursando o lo han hecho ya la instrucción policial básica, me obliga a reconsiderar mis opiniones anteriores. Parece que las viejas prácticas siguen predominando en el desempeño y, por lo mismo, bloquean y cierran el paso a un nuevo modelo de conducta policial, tanto en su relación interna con los agentes, como en su relación externa con el resto de la sociedad.
Qué equivocados están. La brutalidad en el trato a los recién llegados no es nueva ni es invención propia de los policías. Es la herencia inevitable de la cultura castrense, de los hábitos y costumbres adquiridos por los policías durante los 35 años en que estuvieron subordinados a la “disciplina militar”, como una rama más, la cuarta, de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre los años 1963 y 1998. En ese año (1998) la sociedad hondureña tuvo la magnífica oportunidad de separar realmente a la policía de los militares y sentar las bases para crear una nueva policía. Pero no lo hicimos. El gobierno de entonces, timorato y vacilante, prefirió trasladar la vieja policía a los nuevos moldes del recién creado Ministerio de Seguridad. Algo así como dejar el nuevo sistema institucional a merced del viejo método funcional. ¡Un disparate!
Sucedió, lo que tenía que suceder: el viejo método, probado y consolidado ya, terminó, finalmente, absorbiendo al nuevo sistema, novedoso e inexperto. El reciente Ministerio de Seguridad acabó convirtiéndose en un viejo Ministerio de Policía. Esa es la consecuencia de legislar sobre temas que se desconocen e ignoran.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias: no creamos una nueva Policía cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, en 1998. Preferimos trasladar la vieja Policía a los nuevos moldes institucionales del recién creado Ministerio de Seguridad. En consecuencia, la vieja Policía terminó absorbiendo al nuevo Ministerio. El antiguo método operacional se impuso sobre la nueva estructura funcional. Así de simple.
Por eso, hoy, cada vez que un oficial salvaje y brutal arremete contra un indefenso novato en las filas de la institución, no hace más que cumplir con los postulados de la educación castrense y cuartelaria de la que él mismo ha sido víctima. Se comporta como un autómata, una especie de robot verdeolivo que reproduce de manera automática y sistemática las prácticas y procedimientos en las que fue, lamentablemente, “educado”. La Policía estuvo durante largos y controversiales 35 años dentro de la matriz militar, tiempo suficiente para formar, deformar y consolidar una “cultura castrense”, basada, en buena medida, en el abuso, la brutalidad y el irrespeto a los más elementales derechos de la persona humana.
Creía, lo confieso, que esa cultura estaba cambiando en la Policía. Parece que no es así. Y eso me reafirma en mi convicción de que una “depuración”, calculada y a medias, no es ni puede ser una verdadera reforma y transformación de la institución policial. Es triste, pero es así.
Sin embargo, la conversación con algunas personas vinculadas por diferentes razones con el quehacer policial y, sobre todo, el testimonio de jóvenes que están cursando o lo han hecho ya la instrucción policial básica, me obliga a reconsiderar mis opiniones anteriores. Parece que las viejas prácticas siguen predominando en el desempeño y, por lo mismo, bloquean y cierran el paso a un nuevo modelo de conducta policial, tanto en su relación interna con los agentes, como en su relación externa con el resto de la sociedad.
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La nociva costumbre de humillar a los agentes que ingresan a las filas policiales, la brutalidad en el trato personal, la ofensa, el agravio y el despreciable hábito de insultar y denigrar al novato hasta llegar a la ignominia y la degradación total, siguen siendo patrones de conducta de algunos oficiales que no han podido sacudir de sus atrofiadas mentes los viejos y desacreditados patrones de la cultura militar de la cual proceden. Se comportan como si fueran carceleros nazis, esbirros desmesurados que experimentan un placer casi erótico en la humillación de los demás, en la brutalidad y el escarnio. “¡Lústrame los botines, perro!” le gritan al atemorizado novato. “¡Tírate al suelo y haz tantas sentadillas!” “Haz esto, haz lo otro” gritan como energúmenos muchos oficiales que creen, de esa manera, educar a los jóvenes aspirantes a convertirse en nuevos policías.Qué equivocados están. La brutalidad en el trato a los recién llegados no es nueva ni es invención propia de los policías. Es la herencia inevitable de la cultura castrense, de los hábitos y costumbres adquiridos por los policías durante los 35 años en que estuvieron subordinados a la “disciplina militar”, como una rama más, la cuarta, de las Fuerzas Armadas de Honduras, entre los años 1963 y 1998. En ese año (1998) la sociedad hondureña tuvo la magnífica oportunidad de separar realmente a la policía de los militares y sentar las bases para crear una nueva policía. Pero no lo hicimos. El gobierno de entonces, timorato y vacilante, prefirió trasladar la vieja policía a los nuevos moldes del recién creado Ministerio de Seguridad. Algo así como dejar el nuevo sistema institucional a merced del viejo método funcional. ¡Un disparate!
Sucedió, lo que tenía que suceder: el viejo método, probado y consolidado ya, terminó, finalmente, absorbiendo al nuevo sistema, novedoso e inexperto. El reciente Ministerio de Seguridad acabó convirtiéndose en un viejo Ministerio de Policía. Esa es la consecuencia de legislar sobre temas que se desconocen e ignoran.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias: no creamos una nueva Policía cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, en 1998. Preferimos trasladar la vieja Policía a los nuevos moldes institucionales del recién creado Ministerio de Seguridad. En consecuencia, la vieja Policía terminó absorbiendo al nuevo Ministerio. El antiguo método operacional se impuso sobre la nueva estructura funcional. Así de simple.
Por eso, hoy, cada vez que un oficial salvaje y brutal arremete contra un indefenso novato en las filas de la institución, no hace más que cumplir con los postulados de la educación castrense y cuartelaria de la que él mismo ha sido víctima. Se comporta como un autómata, una especie de robot verdeolivo que reproduce de manera automática y sistemática las prácticas y procedimientos en las que fue, lamentablemente, “educado”. La Policía estuvo durante largos y controversiales 35 años dentro de la matriz militar, tiempo suficiente para formar, deformar y consolidar una “cultura castrense”, basada, en buena medida, en el abuso, la brutalidad y el irrespeto a los más elementales derechos de la persona humana.
Creía, lo confieso, que esa cultura estaba cambiando en la Policía. Parece que no es así. Y eso me reafirma en mi convicción de que una “depuración”, calculada y a medias, no es ni puede ser una verdadera reforma y transformación de la institución policial. Es triste, pero es así.
