GUAPINOL:
Reseña de la criminalización contra 31 pobladores que se han movilizado por la defensa del derecho al agua (SEGUNDA PARTE)
Ambientalistas de Guapinol sobreseídos por delitos de usurpación y daños
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La madruga de este sábado el juez Víctor Méndez resolvió dictar sobreseimiento definitivo por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Los Pineras, a 13 defensores del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que permanecen con la medida de detención judicial
El sobreseimiento se dictó a eso de las 2:30 de la madrugada y corresponde al primer requerimiento presentado por el Ministerio Público, quedando pendiente la audiencia inicial para resolver un segundo requerimiento fiscal por los delitos de privación injusta libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.
La audiencia inicial para dilucidar el segundo requerimiento inició a las 9:00 de la mañana de este sábado, mientras los ambientalistas continúan con la medida de detención judicial.
Todas las resoluciones son contrarias a derecho sobre todo las recusaciones presentadas por la defensa por violación de derechos
Omar Menjívar, abogado defensor de los ambientalistas e integrante del equipo legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, manifestó que el juicio tiene muchos vicios desde el inicio. Asimismo, que todas las resoluciones son contrarias a derecho, especialmente las impugnaciones y recusaciones presentadas por la defensa por violación de derechos, falta de acción, nulidad de actuaciones y por la incompetencia del tribunal, las que él mismo juez declaró sin lugar.
Como parte de los vicios, Menjívar citó que la acusación por el delito de incendio de un vehículo no ha sido individualizada y que la existencia de 47 mil lempiras y dos celulares no ha sido acreditada para imputar el delito de robo.
Los abogados defensores de los ambientalistas de Guapinol, que integran la Coalición Contra la Impunidad, han referido que sus defendidos son víctimas de tráfico de influencias en beneficio del empresario minero Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
Tegucigalpa.-La madruga de este sábado el juez Víctor Méndez resolvió dictar sobreseimiento definitivo por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Los Pineras, a 13 defensores del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que permanecen con la medida de detención judicial
El sobreseimiento se dictó a eso de las 2:30 de la madrugada y corresponde al primer requerimiento presentado por el Ministerio Público, quedando pendiente la audiencia inicial para resolver un segundo requerimiento fiscal por los delitos de privación injusta libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.
La audiencia inicial para dilucidar el segundo requerimiento inició a las 9:00 de la mañana de este sábado, mientras los ambientalistas continúan con la medida de detención judicial.
Noticia Relacionada:A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol
El caso de los ambientalistas está siendo abordado en un juzgado con jurisdicción nacional territorial en Tegucigalpa, especializado en crimen organizado. Es decidir que los defensores del medio ambiente están siendo juzgados como criminales de alta peligrosidad.Todas las resoluciones son contrarias a derecho sobre todo las recusaciones presentadas por la defensa por violación de derechos
Omar Menjívar, abogado defensor de los ambientalistas e integrante del equipo legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, manifestó que el juicio tiene muchos vicios desde el inicio. Asimismo, que todas las resoluciones son contrarias a derecho, especialmente las impugnaciones y recusaciones presentadas por la defensa por violación de derechos, falta de acción, nulidad de actuaciones y por la incompetencia del tribunal, las que él mismo juez declaró sin lugar.
Como parte de los vicios, Menjívar citó que la acusación por el delito de incendio de un vehículo no ha sido individualizada y que la existencia de 47 mil lempiras y dos celulares no ha sido acreditada para imputar el delito de robo.
Los abogados defensores de los ambientalistas de Guapinol, que integran la Coalición Contra la Impunidad, han referido que sus defendidos son víctimas de tráfico de influencias en beneficio del empresario minero Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
Por fin en libertad definitiva defensores de Guapinol criminalizados
Tuesday, 05 March 2019 21:34 Written by German Reyes Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: Acción Ecuménica por los Derechos Humanos
Luego de los cuestionamientos que van desde la incompetencia y
falta de independencia del juez, hasta la presentación de pruebas falsas
por parte del Ministerio Público, un Tribunal con Jurisdicción
Nacional, dictó sobreseimiento definitivo, para los 12 ambientalistas de
Guapinol, que por oponerse a la extracción de minerales en la reserva
ecológica, Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras, habían sido acusados
de delitos graves.
El fallo, que deja en libertad a Lourdes Elizabeth Gómez, Marco Tulio
Ramos, Reynaldo Domínguez, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel,
Juventino Cruz, Alí Magdaleno Domínguez, Juan Manuel Cruz, Juan
Francisco Cruz, José Santos Hernández, Carlos Leonel George y José
Adalid Cecilio Mendoza, fue dictado por el juez, con jurisdicción
nacional, Víctor Méndez, en la madrugada de este lunes, cuatro de marzo,
pero hasta el martes 05 del mismo mes pudieron salir de la cárcel por
retardo en la entrega de los documentos para su liberación por parte del
tribunal mencionado.
Ellos forman parte de los 32 vecinos de varias comunidades de Tocoa Colón, que fueron criminalizados por defender los ríos, Guapinol y San Pedro, afectados por contaminación que les provoca la empresa minera, Inversiones Los Pinares, una compañía instalada ilegalmente en la zona, pero que es protegida por funcionarios de los tres poderes del Estado.
Inversiones Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, con su esposa, Ana Facussé Madrid, hija de Miguel Facussé, el eterno persecutor de campesinos en la zona del Aguán. Ellos también son los propietarios de EMCO Construcciones, la empresa encargada de construir el aeropuerto de Palmerola y otras obras de infraestructura que ejecuta el gobierno.
Tienen mucho poder económico y político y, además, demostrada capacidad de controlar a los operadores de justicia, según lo han denunciado diversos sectores, tal es el caso, de los ambientalistas de Guapinol, opositores de la empresa minera, a quienes el Ministerio Público acusó de los delitos de usurpación, robo, incendio agravado y asociación ilícita, acusaciones que no pudo sustentar en el juicio porque fueron inventadas.
A juicio de la defensa, sin sustento alguno el Ministerio Público presentó como prueba la creación de una estructura criminal, denominada por la Policía de Investigación la “Banda del Guapinol”, con la que buscaron vincular a los ambientalistas con acciones del crimen organizado.
El abogado, Joaquín Mejía, responsabilizó a los fiscales Sayda Yackelin Vallecillo García y Wilberto Israel Sánchez, por presentar en el juicio la prueba fraudulenta con que acusaron de banda criminal a los defensores del ambiente de Guapinol.
Además, Mejía acusó que el responsable directo es el “Fiscal 5 estrellas”, Oscar Chinchilla, gracias a los que promovieron su reelección ilegal”, escribió en su página de Facebook.
En la misma dirección se pronunció el abogado Omar Menjivar, uno de los defensores de los ambientalistas, cuestionando a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI), entidad que según él, de nuevo solo tiene el nombre, porque sigue con las mañas de una policía represiva y presta para criminalizar a los más vulnerables.
El juez que pide permiso
El juicio contra los ambientalistas inició en la mañana del pasado jueves, 28 de febrero y desde el comienzo, la defensa denunció irregularidades de la justicia hondureña. Al principio, acusaron al juez con jurisdicción nacional de no ser competente para conocer la causa de los defensores del ambiente, una versión que no está alejada de la verdad.
Los tribunales con jurisdicción nacional fueron creados para juzgar casos del crimen organizado (narcotráfico, extorsión y terrorismo) y para enjuiciar a las personas que defienden la vida y los recursos naturales.
Más adelante, entrando la noche de ese jueves, en conferencia de prensa realizada en las afueras del tribunal, la defensa, denunció la falta de independencia y la parcialidad del juez con la empresa.
La defensa dio a conocer que el juez no solo se mostraba parcial en favor de la empresa sino que además le solicitaba permiso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para resolver recursos los planteados en el juicio. "No es imparcial", sentenció molesto Menjivar
Observación
La criminalización por parte del Estado contra los defensores de Guapinol, ha llamado la atención de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos nacionales y extranjeras que llegaron hasta el tribunal para observar el juicio.
Por ejemplo, de Estados Unidos llegó una Delegación integrada por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social, de la Iglesia Universalista, entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos y Claire White, hija del defensor de los derechos humanos, Robert White, quienes se solidarizaron con los ambientalistas y mostraron preocupación por la criminalización de que son objeto los defensores de la vida en Honduras.
Ellas también manifestaron preocupación por las acciones de criminalización contra los defensores del ambiente y los defensores de los derechos humanos que realizan el poder judicial y del Ministerio Público, órganos que son apoyados por la embajada de los Estados Unidos.
“La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol”, dijeron las integrantes de la delegación estadounidense, en comparecencia ante los medios de comunicación.
Solidaridad popular
Durante el juicio, los ambientalistas también fueron respaldados por centenas de representantes de organizaciones sociales del país que esperaron en las afueras gritando consignas y clamando su liberación.
Desde el jueves por la mañana, organizaciones de mujeres, indígenas, negros, campesinos, sindicalistas y grupos religiosos, entre otros, se apostaron frente al Tribunal Antiextorsión, donde se desarrolló el juicio.
Además, organizaciones de derechos humanos y una delegación de la comunidad de Guapinol, tuvo la oportunidad presentar ante el Consejo Nacional de Protección, la denuncia de la violación del Debido Proceso de que estaban siendo objeto los defensores de derechos humanos en ese juicio.
Ellos forman parte de los 32 vecinos de varias comunidades de Tocoa Colón, que fueron criminalizados por defender los ríos, Guapinol y San Pedro, afectados por contaminación que les provoca la empresa minera, Inversiones Los Pinares, una compañía instalada ilegalmente en la zona, pero que es protegida por funcionarios de los tres poderes del Estado.
Inversiones Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, con su esposa, Ana Facussé Madrid, hija de Miguel Facussé, el eterno persecutor de campesinos en la zona del Aguán. Ellos también son los propietarios de EMCO Construcciones, la empresa encargada de construir el aeropuerto de Palmerola y otras obras de infraestructura que ejecuta el gobierno.
Tienen mucho poder económico y político y, además, demostrada capacidad de controlar a los operadores de justicia, según lo han denunciado diversos sectores, tal es el caso, de los ambientalistas de Guapinol, opositores de la empresa minera, a quienes el Ministerio Público acusó de los delitos de usurpación, robo, incendio agravado y asociación ilícita, acusaciones que no pudo sustentar en el juicio porque fueron inventadas.
A juicio de la defensa, sin sustento alguno el Ministerio Público presentó como prueba la creación de una estructura criminal, denominada por la Policía de Investigación la “Banda del Guapinol”, con la que buscaron vincular a los ambientalistas con acciones del crimen organizado.
El abogado, Joaquín Mejía, responsabilizó a los fiscales Sayda Yackelin Vallecillo García y Wilberto Israel Sánchez, por presentar en el juicio la prueba fraudulenta con que acusaron de banda criminal a los defensores del ambiente de Guapinol.
Además, Mejía acusó que el responsable directo es el “Fiscal 5 estrellas”, Oscar Chinchilla, gracias a los que promovieron su reelección ilegal”, escribió en su página de Facebook.
En la misma dirección se pronunció el abogado Omar Menjivar, uno de los defensores de los ambientalistas, cuestionando a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI), entidad que según él, de nuevo solo tiene el nombre, porque sigue con las mañas de una policía represiva y presta para criminalizar a los más vulnerables.
El juez que pide permiso
El juicio contra los ambientalistas inició en la mañana del pasado jueves, 28 de febrero y desde el comienzo, la defensa denunció irregularidades de la justicia hondureña. Al principio, acusaron al juez con jurisdicción nacional de no ser competente para conocer la causa de los defensores del ambiente, una versión que no está alejada de la verdad.
Los tribunales con jurisdicción nacional fueron creados para juzgar casos del crimen organizado (narcotráfico, extorsión y terrorismo) y para enjuiciar a las personas que defienden la vida y los recursos naturales.
Más adelante, entrando la noche de ese jueves, en conferencia de prensa realizada en las afueras del tribunal, la defensa, denunció la falta de independencia y la parcialidad del juez con la empresa.
La defensa dio a conocer que el juez no solo se mostraba parcial en favor de la empresa sino que además le solicitaba permiso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para resolver recursos los planteados en el juicio. "No es imparcial", sentenció molesto Menjivar
Observación
La criminalización por parte del Estado contra los defensores de Guapinol, ha llamado la atención de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos nacionales y extranjeras que llegaron hasta el tribunal para observar el juicio.
Por ejemplo, de Estados Unidos llegó una Delegación integrada por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social, de la Iglesia Universalista, entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos y Claire White, hija del defensor de los derechos humanos, Robert White, quienes se solidarizaron con los ambientalistas y mostraron preocupación por la criminalización de que son objeto los defensores de la vida en Honduras.
Ellas también manifestaron preocupación por las acciones de criminalización contra los defensores del ambiente y los defensores de los derechos humanos que realizan el poder judicial y del Ministerio Público, órganos que son apoyados por la embajada de los Estados Unidos.
“La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol”, dijeron las integrantes de la delegación estadounidense, en comparecencia ante los medios de comunicación.
Solidaridad popular
Durante el juicio, los ambientalistas también fueron respaldados por centenas de representantes de organizaciones sociales del país que esperaron en las afueras gritando consignas y clamando su liberación.
Desde el jueves por la mañana, organizaciones de mujeres, indígenas, negros, campesinos, sindicalistas y grupos religiosos, entre otros, se apostaron frente al Tribunal Antiextorsión, donde se desarrolló el juicio.
Además, organizaciones de derechos humanos y una delegación de la comunidad de Guapinol, tuvo la oportunidad presentar ante el Consejo Nacional de Protección, la denuncia de la violación del Debido Proceso de que estaban siendo objeto los defensores de derechos humanos en ese juicio.
Presión nacional e internacional aportó al sobreseimiento definitivo para defensores de Guapinol
Los
gritos de solidaridad, los tambores garífunas, las guitarras, la poesía,
las botellas de plástico con arena, pancartas, mantas, pinceles y
pinturas lograron su objetivo: “Resiste Guapinol” “De aquí no nos vamos,
si no los llevamos”.
Tegucigalpa, Honduras. –
La madrugada de este lunes se dictó sobreseimiento definitivo para los y
la defensora del Río Guapinol, quienes permanecían bajo prisión
preventiva desde el sábado 23 de febrero, tras la decisión del juez de
jurisdicción nacional, Víctor Méndez.
Los y la defensora se presentaron
voluntariamente para responder por las acusaciones de usurpación y daños
-supuestamente- en perjuicio de una empresa minera en Ceibita, Tocoa,
departamento de Colón, el viernes 22 de febrero. Hasta ese momento, el
juez Carlos Irías de León, les informó de un segundo requerimiento, por
lo que no podía dictar medidas sustitutivas a la prisión, y al ser
recusado por la defensa, los ambientalistas fueron enviados en un
camión policial a Tegucigalpa.
Este lunes se está a la espera que liberen de los centros penitenciarios a Lourdes
Elizabeth Gómez Rodas, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos,
Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz
Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández,
Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George
George y José Adalid Cedillo Mendoza.
Fueron cuatro días de Audiencia Inicial
con más de 50 horas de litigio, según defensores y acompañantes que han
permanecido atentos y atentas al proceso de criminalización por defender
los bienes comunes de la Naturaleza.
Sin embargo, el grito de “No están
Solos” permaneció desde el momento que los y la defensora fueron
presentados ante el Juzgado de la ciudad de La Ceiba, Atlántida; en el
Juzgado de Letras de lo Penal en el barrio La Granja en Comayagüela,
donde se continuó la audiencia de presentación de imputado; y el Juzgado
de Jurisdicción Nacional en la avenida La Paz, de Tegucigalpa, hasta
recibir a eso de las dos de la mañana, la buena noticia.
El juez Víctor Méndez, quien había
mostrado parcialidad con la parte acusadora, según declaraciones de
abogados del equipo de defensa, Omar Menjívar y Edy Tábora, y a quien
habían recusado en dos ocasiones, dictó sobreseimiento definitivo para
los 12 líderes comunitarios de la comunidad de Guapinol en dos
expedientes, uno del mes de octubre y el más reciente de enero donde se
les acusaba por varios delitos.
Delitos sobreseídos:
1.Usurpacion 2.Daños 3.Detentacion de espacios públicos 4.Incendio agravado en perjuicio de la empresa minera 5.Incendio agravado en perjuicio de un empleado de la empresa 6.Robo 7.Privación injusta de la libertad 8.Asociación Ilícita
Una matriz que demuentra negligencia en la investigación
Parte del equipo legal, acompañantes y observadores de DDHH.
Como parte de las pruebas presentadas
por el Ministerio Público, fue una matriz que señala a los integrantes
de “La Banda de la Aldea de Guapinol”, la que fue desechada por el Juez
ante la carencia de fundamentos, entre los integrantes del supuesto
grupo criminal y por lo tanto requerido en el segundo expediente,
aparecía la fotografía y nombre de Antonio Martínez Ramos, un
octogenario que falleció en el 2015.
Hemos logrado con la propia prueba de la
fiscalía se emita sobreseimiento definitivo, detalló el abogado Edy
Tábora, porque esos delitos con los que se les acusaba no existieron,
realmente hemos visto con preocupación la actuación arbitraria de la Fiscalía,
afortunadamente hubo buena reacción de las comunidades a nivel nacional
e internacional, así como la conformación de un excelente equipo de
defensa e incidencia, lo que permitió la resolución judicial apegada a
los derechos fundamentales, la Constitución de la República, el Código
Procesal Penal y tratados internacionales.
En cuanto al accionar del Ministerio
Público, el ex fiscal de derechos humanos aseveró que, basan sus
requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo, consideran a
las comunidades que están defendiendo los bienes comunes, como enemigo, y
eso es preocupante porque alrededor de esta concepción del derecho
penal construyen pruebas y eso ha pasado en muchos casos.
El tratado, adoptado en Escazú, Costa Rica, reconoce que el trabajo de los defensores ambientales es importante para la democracia y el desarrollo sostenible. Exige que las partes garanticen que las personas que defiendan su medioambiente y sus comunidades puedan trabajar de manera segura y sin restricciones ni amenazas.
Además, busca que los Estados que lo ratifiquen tomen medidas tendientes a reconocer y promover la labor de los defensores ambientales, así como medidas para prevenir e investigar ataques o amenazas contra ellos.
En esta ocasión se logró demostrar que
las pruebas contra los y las defensoras son construidas, y los fiscales
no tienen la mínima intención de apegarse a la legalidad, por lo que la
sociedad hondureña debe exigir que este Ministerio Público que se
convierte en instrumento de criminalización para las personas que
defienden derechos fundamentales en Honduras, debe cambiar.
Este debe ser un caso paradigmático que
permita desnudar lo que sucede en el Ministerio Público. Si bien, éste
no el primer caso ni el último, tenemos pruebas de las decisiones
arbitrarias de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público, como
la presentación de la supuesta estructura criminal, un documento que
realizó un miembro de la Dirección Policial de Investigación (DPI), no
hay ni la más mínima diligencia para investigar los hechos, esto refleja
una investigación mal intencionada, construida para criminalizar a
personas que están defendiendo el derecho al agua y a la vida.
El Fiscal General, Óscar Chinchilla,
debe proceder de manera inmediata a investigar la conducta de fiscales
abusivos que han procedido a tener varios días privados de libertad a
compañeros y una compañera, y que son responsables penal, civil y
administrativamente, declaró Tábora, mediante redes sociales como ser el
sitio GuapinolDespierta.
Juana Esquivel, coordinadora de la
Fundacion San Alonso Rodríguez (FSAR), expresó que si en algún momento
dudaron fue por el sistema de justicia, no por la inocencia de ellos
(compañeros y compañera), estamos muy contentas de que haya llegado la
justicia y que ellos estén libres y puedan llegar a sus comunidades,
municipio, casa, familia y nosotros también. Cabe señalar que Juan López
es su compañero de organización.
Campamento en apoyo a criminalizados de Guapinol (Tegucigalpa)
Hemos visto la manifestación y presión de la lucha pacífica, que significa Guapinol, desde el canto, la oración, la resistencia, la música, la pintura,
hemos visto como las comunidades desde ese clamor popular exige
libertad para los compañeros, ante la acusación falsa contra ellos y
ella.
El abogado defensor Carlo Jiménez,
declaró que, con la evacuación de pruebas se pudo demostrarle al juez
-Víctor Méndez- que no se cometió delito y que se basaron en las mismas
pruebas presentadas por el Ministerio Público, entidad que no actuó como
un representante del pueblo, sino de la sociedad mercantil como es este
caso.
La fiscalía tenía documentos que podían
probar la inocencia de los defensores y no las presentó -al contrario-
manipuló e inventó medios de pruebas, que con sólo poner fotos y unirlas
con líneas, decía que son una banda criminal, el caso llegó al punto
que el fiscal, cuándo presentamos el acta de defunción de don Antonio,
más bien se burló, arguyendo que no debían presentar esa prueba porque
no tenían poder la víctima, detalló Jímenez, del Comité por La Libre
Expresión (C-Libre) .
Por su parte el agente de la DPI
asignado a Tocoa, que llegó a dar declaración, demostró que no
investigan, sino lo que hacen lo que les encarga la policía, medios de
prueba para incriminar a las personas, agregó.
Desde la Policía de Investigación
pasando por el Ministerio Público, y en su gran mayoría los jueces,
parece que son un solo bloque, un solo cuerpo que está trabajando como
un solo equipo, que no tienen que contradecirse, sino “nosotros somos los buenos y tenemos que meter a los malos presos”,
hay una denuncia y automáticamente la persona es el villano, y lo que
hay que investigar es la forma de meterlo preso y no la verdad.
Don
Ramón, aparece primero de la izquierda en segunda fila en esta matriz
realizada por la DPI recientemente, falleció en el 2015.
La en el caso de la matriz que pretendía
incriminar a los defensores y defensoras de Guapinol, constituye
falsificación de documentos públicos, y la fiscal al presentarlo en
audiencia judicial pretendiendo hacerla valer, también es autora de
falsificación de documentos públicos, según la ley penal hondureña, por
lo que es lamentable que los operadores de justicia se encargan de
operar la injusticia, consideran y tratan como enemigos a los opositores del sistema, valiéndose de los órganos del Estado que están más bien para proteger a las personas.
Cabe recordar que en algún momento el
Juez Víctor Méndez, expresó que debía llamar al presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Rolando Argueta, pero hubo un momento en que el
togado empezó a escuchar a la defensa -detalló el abogado Jímenez- por
lo que la presión del pueblo,
especialmente los que permanecían fuera del juzgado, las organizaciones
defensoras de derechos humanos, observación internacional y la denuncia
pública, fue fundamental para lograr con los argumentos legales, el
sobreseimiento definitivo.
Leonel
Geoge, Berta Oliva, Juan López e Ismael Moreno s.j. durante una visita
de la Convergencia Contra el Continuismo al Bajo Aguán, en septimbre del
2018. Foto: Lucy Edwars
Al cierre de esta nota, el comunicador social, César Obando, informó que hasta mañana martes, los y las compañeras saldrán de prisión.
Este día, defensores y defensoras de
derechos humanos, entre ellas la coordinadora general del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta
Oliva; la directora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del
Aguán (COPA); feministas y periodistas han estado pendientes de la
liberación y salida de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” y
el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), en el caso de Lourdes
Gómez. Espera que se ha alargado este día, informó Banegas.
El último día de audiencia, los y la
defensora del río Guapinol, no fueron trasladados al juzgado de
Tegucigalpa, un recorrido de 32 kolómetros desde Támara, y a 500
kilómetros de distancia con respecto a Guapinol, por lo que, no
presenciaron el resultado de cuatro días, donde finalmente se comprobó
su inocencia y quedó demostrado que su lucha la basan en la defensa de
los bienes comunes de la naturaleza, su hermana la tierra y su prójimo
el río.
La resolución a favor de la defensa de
los bienes comunes de la naturaleza, específicamente del Parque Nacional
“Carlos Escaleras”, en memoria del ambientalista asesinado, se dió en
el cumpleaños 48 de la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres, asesinada el 02 de marzo del 2016, cuando libraba la defensa del Río Gualcarque, en el occidente de Honduras.
Listado de compas del II requerimiento fiscal.- José Daniel Márquez Márquez
- Kelvin Alejandro Romero Martínez
- Obdulio Cruz Portillo
- Jeremías Martínez
- José Abelino Cedillo Cantarero
- Ramon Diaz Martínez
- Marco Tulio Ramos
- Antonio Martínez Ramos
- Trinidad Domínguez Ramos
- Porfirio Sorto Cedillo.
- Reinaldo Domínguez Ramos
- Juan Antonio López
- José Alexis Cedillo Hernández
- Ewer Alexis Cedillo Cruz
- Mario Enrique Rosales Sánchez
- José Eugenio Esquivel Villeda
- Juventino Cruz Hernández
- Ally Magdaleno Domínguez Ramos
- Juan Ángel López Solís.
- Juan Manuel Cruz Hernández
- Juan Francisco Cruz Hernández
- José Santos Hernández
- Miriam Janeth Mejía Cruz
- Arnold Javier Alemán Soriano
- Juan Carlos López
- 26.Orvin Nahún Hernández
- Carlos Leonel George George
- José Adalid Cedillo Mendoza
- Arnold Joaquín Morazán Erazo.
- Roberto Antonio Argueta Tejada
- LourdesElizabeth Gomez Rodas.
Al cierre de esta nota, el comunicador social, César Obando, informó que hasta mañana martes, los y las compañeras saldrán de prisión.
Campamento de Pajuiles: dos años construyendo soberanía popular
Dos años han pasado desde que un grupo
de ciudadanas y ciudadanos tomaron la decisión de instalar un campamento
en el sector de Pajuiles, Tela, Atlántida, en defensa del río Mezapa,
amenazado con la instalación de una represa por parte de la empresa
Hidroeléctrica Centrales de El Progreso Hidrocep, del empresario
progreseño Jason Hawit.
A pesar de la criminalización de la
protesta pacífica y legítima; del hostigamiento; la represión y
desalojos, el campamento de Pajuiles permanece allí, está vivo, en un
acto continúo de resistencia al extractivismo.
En el Día Mundial del Agua, resaltamos
la lucha de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia en defensa del agua, quienes desde la
colectividad construyen soberanía, y marcan el camino en defensa del
agua.
Día Mundial del Agua 2019: “No dejar a nadie atrás”
El
Día Internacional del Agua se lleva a cabo este viernes 22 de marzo,
una fecha señalada en el calendario, que pretende llamar la atención
sobre la importancia del agua dulce y la Gestión Sostenible de este
recurso.
Para
celebrar este día la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invita a
todos a realizar actividades que fomenten la conservación y desarrollo
de los recursos hídricos. Es una ocasión perfecta para aprender más
sobre el agua y solventar los problemas relacionados.
El agua dulce es un bien escaso y necesario para el fundamento de la vida en el planeta. Es indispensable su protección y conservación para mantener el equilibrio de los diversos ecosistemas. El 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo el 2% es potable.
Cada año ONU establece un tema para el Día del Agua. El tema para este 2019 es “No dejar a nadie atrás” (Leaving No One Behind).
En el Día Mundial del Agua surge la oportunidad de aprender sobre los problemas relacionados con su carencia. Durante esta jornada se fomenta la conciencia pública gracias a la difusión de documentales, la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones que explican la conservación de los recursos hídricos.
El agua es clave para el bienestar humano y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionada. Más de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales sobreexplotadas y para 2025 dos tercios de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua. Por ello es preciso tomar medidas para revertir este panorama.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.
Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable -en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica- y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan.
Cuando se habla de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cnumad) de 1992, se recomendó celebrar un día internacional dedicado a los recursos de agua dulce. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió mediante la designación del día 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.
En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.
Los “motivos de discriminación” por los que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son: el sexo y el género; la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la nacionalidad; la discapacidad, la edad y el estado de salud; la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social.
Otros factores como la degradación del medioambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos.
Cada año, el Día Mundial del Agua hace especial hincapié en un aspecto específico de los recursos hídricos.
Tegucigalpa.-Luego de visitar varias comunidades donde hay conflictos por el modelo extractivo, una delegación de religiosos de los Estados Unidos concluyó que este país centroamericano se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, por lo tanto sobran las razones para que su población migre o se desplace internamente, huyendo de la miseria, violencia y de las violaciones a los derechos humanos.
Los y las religiosas brindaron una comparecencia de prensa en las afueras de la embajada de los Estados Unidos, en Avenida La Paz de Tegucigalpa, en la que comenzaron diciendo que la principal causa de la migración está siendo generada por la imposición de proyectos del modelo extractivo y las violaciones de los derechos humanos, por parte del régimen de Juan Hernández.
Lamentaron que el gobierno de Donald Trump esté apoyando a Hernández pese a sus altos niveles de corrupción, y que este, a su vez con sus políticas represivas, esté obligando a los hondureños a salir huyendo. En ese orden repudiaron el apoyo que su país está dando al proceso de militarización de la sociedad hondureña.
La delegación, integrada por unos 75 líderes lideresas religiosas y defensores de los derechos humamos, llegó al país el 18 de marzo, para reunirse con organizaciones de base y aliados religiosos, para entender con mayor profundidad las causas de la migración.
En su estadía en Honduras, los y las religiosas visitaron la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, donde actualmente hay un conflicto por la imposición de un proyecto hidroeléctrico, sobre el río del mismo nombre, que ha dejado hasta el momento la muerte violenta de al menos seis pobladores, la criminalización de varios defensores del medio ambiente y la contaminación del agua potable proveniente de la cuenta hidrográfica donde se construye la represa.
Durante la visita al río Guapinol, los religiosos contaron que fueron testigos de la militarización.
“Caminamos con la gente Guapinol a visitar al río que no pertenece a nadie, que pertenece a la gente. Mujeres niños, abuelitas, abuelitos, caminamos hacia el río y en medio de este bello momento llegaron las fuerzas militares al otro lado del río, con sus armas apuntando hacia nuestra dirección, en la dirección de la delegación y en dirección del pueblo”, narró la Rabina, Lynn Gottlieb.
Además de la comunidad de Guapinol, visitaron comunidades del departamento de Santa Bárbara y San Pedro Sula.
La religiosa apuntó que en su recorrido por las comunidades se percataron de la criminalización de las personas y activistas que defienden los territorios, los bosques y el agua. Sin embargo, expresó: “Estamos aquí para llamar a los Estados Unidos para que pare el envío de dinero para la militarización, para armas y para la policía”.
“La caravana de migrantes centroamericanos es un éxodo moderno. Como personas de fe, no podemos cerrar nuestros corazones al Dios de la vida, sino que debemos caminar con ellos, aprender de ellos y buscar las causas de raíz que obligan a tantas personas a enfrentar riesgos inimaginables por el bien de sus familias, dijo Ann Scholz, directora para la Misión Social de la Conferencia de Liderazgos de Mujeres Religiosas.
Marie Desjarlais de la orden franciscana, manifestó que durante su visita conoció testimonios de abusos de medio ambiente y de derechos humanos, especialmente la criminalización que los y las defensoras enfrentan de manera generalizada para quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
“Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Los ataques, desalojos forzados, hostigamiento y criminalización, están a la orden del día”, expresó la religiosa.
Desjarlais señaló que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la embajada, le está dando un “respaldo público a un gobierno violador de los derechos” y están más preocupados porque haya más policías que justicia.
Las y los religiosos expusieron, ante la embajada de los Estados Unidos, la necesidad urgente de abordar de manera efectiva, las causas de raíz de la migración y de cambiar las estrategias que se han implementado, que a su juicio no han funcionado, porque la migración y las caravanas siguen y al parecer seguirán ocurriendo.
Asimismo, platearon su preocupación por los mensajes de altos funcionarios del régimen que no quieren la continuidad de la Unidad Fiscal Especial de Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y de la Misión Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
El agua dulce es un bien escaso y necesario para el fundamento de la vida en el planeta. Es indispensable su protección y conservación para mantener el equilibrio de los diversos ecosistemas. El 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo el 2% es potable.
Cada año ONU establece un tema para el Día del Agua. El tema para este 2019 es “No dejar a nadie atrás” (Leaving No One Behind).
En el Día Mundial del Agua surge la oportunidad de aprender sobre los problemas relacionados con su carencia. Durante esta jornada se fomenta la conciencia pública gracias a la difusión de documentales, la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones que explican la conservación de los recursos hídricos.
El agua es clave para el bienestar humano y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionada. Más de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales sobreexplotadas y para 2025 dos tercios de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua. Por ello es preciso tomar medidas para revertir este panorama.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.
Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable -en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica- y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan.
Cuando se habla de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cnumad) de 1992, se recomendó celebrar un día internacional dedicado a los recursos de agua dulce. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió mediante la designación del día 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.
En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.
Los “motivos de discriminación” por los que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son: el sexo y el género; la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la nacionalidad; la discapacidad, la edad y el estado de salud; la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social.
Otros factores como la degradación del medioambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos.
Cada año, el Día Mundial del Agua hace especial hincapié en un aspecto específico de los recursos hídricos.
Delegación internacional acompaña a comunidades que resisten a modelo extractivo
La presencia de más de 75 personas representantes
de varias organizaciones de derechos humanos, religiosas y religiosas de
Estados Unidos, es una muestra de la preocupación que muchos sectores
internacionales tienen sobre lo que ocurre en Honduras.
Esta semana la denominada Delegación de embajadores por la paz visitó varias regiones del país, para compartir con las comunidades que viven en medio de la violencia generalizada, la violencia que provoca el modelo extractivo y la pobreza en que se vive en Honduras, donde 6 de cada 10 familias se encuentra en estas condiciones, tal como lo confirman datos del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, Fosdeh.
En un comunicado publicado el día de su llegada, la delegación ecuménica aseguró que estaba integrada por espacios que trabajan por los derechos de las personas migrantes, y que busca conocer los factores que están obligando a las personas a huir, entre ellos, la violencia, la degradación ambiental; y los efectos del golpe de Estado de 2009, el cual acentuó la entrada de los cárteles de la droga, el crimen organizado, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la casi total impunidad ante las violaciones a derechos humanos.
Luego de una visita a las instalaciones de Radio Progreso-ERIC en la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras salieron en rutas que los condujeron al departamento de Santa Bárbara, Colón, Cortés y Yoro.
Por su rechazo a la construcción de la represa, los líderes y pobladores de la comunidad enfrentan hostigamiento, amenazas a muerte y militarización de la zona. La delegación puedo constatar esta realidad que se repite en otras comunidades de Honduras, quienes rechazan la presencia de la industria extractiva por ser una amenaza directa para la ciudadanía.
Las comunidades del municipio de Tocoa han sido víctimas de desalojos, asesinatos y criminalización, así lo comprueba la acusación que existe para 32 defensores del río Guapinol, 13 de ellos declarados inocentes por un juez nacional.
La delegación tuvo la oportunidad de conocer la comunidad de Guapinol, donde platicó con su gente, escuchó sus argumentos para defender la fuente de agua, pero también pudieron ver el proceso de militarización que existe en la región.
El día que la delegación visitó la comunidad y pretendía celebrar un acto espiritual en honor al agua limpia y pura del río Guapinol, los militares de la zona lo imposibilitaron a través de la amenaza e intimidación, alegando que esa zona era propiedad de la empresa minera Inversiones Los Pinares. Ante esta situación la comunidad en un comunicado dijo: “Seguiremos defendiendo nuestro derecho de forma pacífica como siempre lo hemos hecho, porque la empresa se victimiza haciendo quedar mal a la comunidad en resistencia, que lo único que hace es defender el derecho al agua”.
Otra parte de la delegación compartió con la población abandonada y excluida de la denominada ciudad industria de Honduras, San Pedro Sula. Se escuchó a los hombres y mujeres a quienes se les niega un pedazo de tierra, y que se han visto obligados a vivir en casas improvisadas a las orillas de los ríos, en los denominados bordos. Otra de las realidades que conocieron fue lo que viven niños, niñas y jóvenes en las colonias calificadas de violentas, exactamente el sector Rivera Hernández, en el programa socioeducativo Paso a Paso.
En su paso por Tegucigalpa, capital hondureña, la delegación realizó una vigilia en las afueras de la embajada de Estado Unidos, para luego mantener una reunión con la representación de este gobierno.
Entre los puntos y peticiones que realizaron a esta embajada está el daño que para los defensores de derechos humanos y del ambiente significa que el gobierno de Estados Unidos y su embajada esté dando respaldo público a un gobierno violador de derechos humanos.
Realidad que seguirá provocando migración y Caravanas que salen huyendo de la realidad, por lo que urge abordar de manera efectiva las causas de raíz de la migración, y la realidad que demuestra que las estrategias hasta ahora no han funcionado. Un tercer tema fue la demanda de apoyo de la embajada a la UFECIC y a la MACCIH, y la preocupación de los mensajes de altos funcionarios que no quieren la continuidad de la misma.
“Vamos a Honduras con el espíritu de San Oscar Romero y Berta Cáceres, en el aniversario de su martirio. Ambos exigieron el fin de la represión”, dijo José Artiga, director de la Fundación Share, que tiene 40 años de experiencia acompañando y defendiendo los derechos humanos en El Salvador. “San Romero está hoy con los hondureños y hondureñas que luchan por tener una vida digna y un futuro y medioambiente sostenible para el país entero”.
El padre Ismael Moreno, director del ERIC y Radio Progreso dijo que la presencia de la Delegación es una muestra de solidaridad que existe con Honduras y su gente. “Una presencia internacional de embajadores por la paz y la justicia que vienen en solidaridad con Honduras y en recuerdo al legado de monseñor Romero”.
Tegucigalpa.- Una jornada de oración y actos
culturales se desarrolló frente a la embajada de los Estados Unidos en
Tegucigalpa, denominada “Vigilia Ecuménica por los presos y perseguidos
políticos en Honduras”.
En la actividad, organizada por la Convergencia contra el Continuismo y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, participó una delegación religiosa internacional de Estados Unidos conformada por unas de 75 personas, entre líderes y lideresas religiosas y defensores de los derechos de las personas migrantes.
La delegación internacional, que finaliza su visita al país el domingo 24 de marzo, visitó distintas regiones, donde conocieron la realidad que enfrentan las comunidades a las industrias extractivas y a las violaciones de derechos humanos, que están obligando a las personas a huir de sus hogares y del país.
La delegación internacional, que acompañó en la vigilia ecuménica a la Convergencia contra el Continuismo y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, escuchó testimonios de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por el régimen de Juan Orlando Hernández.
La crisis política post electoral de 2017 dejó al menos 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado y al menos 175 criminalizados, de los cuales tres aún permanecen privados de libertad.
La vigilia comenzó a eso de las 6:30 de la tarde con actuaciones artísticas, como la cantante Karla Lara, el grupo de la Iglesia Ágape y el poeta y pintor Roger Robelo, para luego darle paso al acto religioso que estuvo a cargo del padre jesuita Ismael Moreno y del pastor de la Iglesia Ágape, David del Cid.
“Invocamos por nuestros hermanos que están privados de libertad por su compromiso con la justicia aquí en Honduras y por eso gritamos con más fuerza libertad para los presos políticos”, señaló el padre jesuita Ismael Moreno.
Los asistentes se hicieron acompañar con velas encendidas, incienso, con pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos, principalmente de Raúl Álvarez, Edwin Espinal y Gustavo Cáceres, únicos que aún permanecen privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva y en el centro penal de El Progreso, respectivamente.
En las mantas y carteles se podían leer mensajes como “Libertad para los presos políticos”, “En Solidaridad con los defensores”, “Protejamos el agua, la tierra y la comunidad”, “Libertad Ya”, entre otros.
Asimismo al unísono, y con música de fondo que proclama la lucha de los pueblos, se escuchaban las consignas de exigencia de justicia y repudio al gobierno de Juan Orlando Hernández por violentar los derechos humanos de las personas que se manifiestan en contra de su régimen.
En su intervención el padre Ismael Moreno expresó que “yo estoy aquí para exigir que salga ese régimen usurpador y estoy feliz de estar con ustedes porque me siento parte de la comunidad de la rebeldía hondureña”.
Añadió “me siento más hermano de los que son parte de la Iglesia Evangélica que están aquí, que de un montón de católicos y católicas de que no me siento identificado”.
Por su parte la coordinadora del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembra de la coordinación general de la Convergencia contra el Continuismo señaló “estamos aquí para decirle al gobierno de los Estados Unidos que cese el apoyo económico para seguridad y defensa, porque en el país lo que menos tenemos es seguridad y defensa”.
Agregó la defensora de los derechos humanos que no queremos más militarización porque solo nos dejan más dolor.
Asimismo sostuvo que habían llegado hasta ese lugar para protestar porque “la dictadura de Juan Orlando Hernández se ha consolidado por la determinación del gobierno de Estados Unidos con nuestro país”.
La Reverenda Deborah Lee, Directora Ejecutiva del Movimiento Inter religioso para la Integridad Humana, comenzó su intervención con el grito “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Seguidamente indicó que es una fuerza grande la que ustedes tienen aquí en la calle, en los campos, que hay en los valles y en las montañas; nos han inspirado y vamos a llevar un mensaje fuerte a nuestro Gobierno”.
Añadió que “estamos aquí para aprender del pueblo y no de lo que dice el Gobierno; estamos aquí para escuchar sus historias y sus testimonios, las que vamos a llevar a los líderes de nuestro Gobierno porque juntos a su lado podemos amplificar sus voces allá en los Estados Unidos”.
Expresó su solidaridad con el pueblo hondureño que está sufriendo por la violencia económica, la violencia política, la militar y la violencia de la destrucción y el robo de sus territorios, de sus ríos y su bienestar.
Tenemos el compromiso de estar con ustedes, finalizó diciendo la religiosa.
Esta semana la denominada Delegación de embajadores por la paz visitó varias regiones del país, para compartir con las comunidades que viven en medio de la violencia generalizada, la violencia que provoca el modelo extractivo y la pobreza en que se vive en Honduras, donde 6 de cada 10 familias se encuentra en estas condiciones, tal como lo confirman datos del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, Fosdeh.
En un comunicado publicado el día de su llegada, la delegación ecuménica aseguró que estaba integrada por espacios que trabajan por los derechos de las personas migrantes, y que busca conocer los factores que están obligando a las personas a huir, entre ellos, la violencia, la degradación ambiental; y los efectos del golpe de Estado de 2009, el cual acentuó la entrada de los cárteles de la droga, el crimen organizado, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la casi total impunidad ante las violaciones a derechos humanos.
Luego de una visita a las instalaciones de Radio Progreso-ERIC en la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras salieron en rutas que los condujeron al departamento de Santa Bárbara, Colón, Cortés y Yoro.
Occidente lucha contra las represas
Un grupo de la delegación llegó hasta Minas de Santa Cruz, una de las 10 comunidades en el municipio de Quimistán, que se oponen a la instalación de la empresa hidroeléctrica San Lucia I y II, proyecto que se pretende instalar sobre las aguas del río Cuyagual, principal afluente de agua para los vecinos y vecinas de la zona.Por su rechazo a la construcción de la represa, los líderes y pobladores de la comunidad enfrentan hostigamiento, amenazas a muerte y militarización de la zona. La delegación puedo constatar esta realidad que se repite en otras comunidades de Honduras, quienes rechazan la presencia de la industria extractiva por ser una amenaza directa para la ciudadanía.
Guapinol
Otro grupo de la delegación llegó hasta la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, una región que en los últimos años su población ha sido víctima de conflictos de tenencia de tierra, presencia del narcotráfico y más recientemente la amenaza que supone la instalación de una empresa minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, anteriormente Montaña Botadero.Las comunidades del municipio de Tocoa han sido víctimas de desalojos, asesinatos y criminalización, así lo comprueba la acusación que existe para 32 defensores del río Guapinol, 13 de ellos declarados inocentes por un juez nacional.
La delegación tuvo la oportunidad de conocer la comunidad de Guapinol, donde platicó con su gente, escuchó sus argumentos para defender la fuente de agua, pero también pudieron ver el proceso de militarización que existe en la región.
El día que la delegación visitó la comunidad y pretendía celebrar un acto espiritual en honor al agua limpia y pura del río Guapinol, los militares de la zona lo imposibilitaron a través de la amenaza e intimidación, alegando que esa zona era propiedad de la empresa minera Inversiones Los Pinares. Ante esta situación la comunidad en un comunicado dijo: “Seguiremos defendiendo nuestro derecho de forma pacífica como siempre lo hemos hecho, porque la empresa se victimiza haciendo quedar mal a la comunidad en resistencia, que lo único que hace es defender el derecho al agua”.
Otra parte de la delegación compartió con la población abandonada y excluida de la denominada ciudad industria de Honduras, San Pedro Sula. Se escuchó a los hombres y mujeres a quienes se les niega un pedazo de tierra, y que se han visto obligados a vivir en casas improvisadas a las orillas de los ríos, en los denominados bordos. Otra de las realidades que conocieron fue lo que viven niños, niñas y jóvenes en las colonias calificadas de violentas, exactamente el sector Rivera Hernández, en el programa socioeducativo Paso a Paso.
En su paso por Tegucigalpa, capital hondureña, la delegación realizó una vigilia en las afueras de la embajada de Estado Unidos, para luego mantener una reunión con la representación de este gobierno.
Entre los puntos y peticiones que realizaron a esta embajada está el daño que para los defensores de derechos humanos y del ambiente significa que el gobierno de Estados Unidos y su embajada esté dando respaldo público a un gobierno violador de derechos humanos.
Realidad que seguirá provocando migración y Caravanas que salen huyendo de la realidad, por lo que urge abordar de manera efectiva las causas de raíz de la migración, y la realidad que demuestra que las estrategias hasta ahora no han funcionado. Un tercer tema fue la demanda de apoyo de la embajada a la UFECIC y a la MACCIH, y la preocupación de los mensajes de altos funcionarios que no quieren la continuidad de la misma.
San Romero
La visita de la delegación coincide con el 39 aniversario del martirio de San Oscar Romero, que fue asesinado por su defensa de la mayoría empobrecida y por denunciar la represión por parte de las fuerzas del gobierno de El Salvador el 24 de marzo de 1980. La delegación conmemorará este fin de semana el aniversario con un foro de reflexión teológica sobre la vigencia del pensamiento y actuación de San Romero en la Honduras actual.“Vamos a Honduras con el espíritu de San Oscar Romero y Berta Cáceres, en el aniversario de su martirio. Ambos exigieron el fin de la represión”, dijo José Artiga, director de la Fundación Share, que tiene 40 años de experiencia acompañando y defendiendo los derechos humanos en El Salvador. “San Romero está hoy con los hondureños y hondureñas que luchan por tener una vida digna y un futuro y medioambiente sostenible para el país entero”.
El padre Ismael Moreno, director del ERIC y Radio Progreso dijo que la presencia de la Delegación es una muestra de solidaridad que existe con Honduras y su gente. “Una presencia internacional de embajadores por la paz y la justicia que vienen en solidaridad con Honduras y en recuerdo al legado de monseñor Romero”.
Frente a Embajada de EEUU se realizó Vigilia Ecuménica por los presos y perseguidos políticos en Honduras
En la actividad, organizada por la Convergencia contra el Continuismo y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, participó una delegación religiosa internacional de Estados Unidos conformada por unas de 75 personas, entre líderes y lideresas religiosas y defensores de los derechos de las personas migrantes.
La delegación internacional, que finaliza su visita al país el domingo 24 de marzo, visitó distintas regiones, donde conocieron la realidad que enfrentan las comunidades a las industrias extractivas y a las violaciones de derechos humanos, que están obligando a las personas a huir de sus hogares y del país.
La delegación internacional, que acompañó en la vigilia ecuménica a la Convergencia contra el Continuismo y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, escuchó testimonios de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por el régimen de Juan Orlando Hernández.
La crisis política post electoral de 2017 dejó al menos 30 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado y al menos 175 criminalizados, de los cuales tres aún permanecen privados de libertad.
La vigilia comenzó a eso de las 6:30 de la tarde con actuaciones artísticas, como la cantante Karla Lara, el grupo de la Iglesia Ágape y el poeta y pintor Roger Robelo, para luego darle paso al acto religioso que estuvo a cargo del padre jesuita Ismael Moreno y del pastor de la Iglesia Ágape, David del Cid.
“Invocamos por nuestros hermanos que están privados de libertad por su compromiso con la justicia aquí en Honduras y por eso gritamos con más fuerza libertad para los presos políticos”, señaló el padre jesuita Ismael Moreno.
Los asistentes se hicieron acompañar con velas encendidas, incienso, con pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos, principalmente de Raúl Álvarez, Edwin Espinal y Gustavo Cáceres, únicos que aún permanecen privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva y en el centro penal de El Progreso, respectivamente.
En las mantas y carteles se podían leer mensajes como “Libertad para los presos políticos”, “En Solidaridad con los defensores”, “Protejamos el agua, la tierra y la comunidad”, “Libertad Ya”, entre otros.
Asimismo al unísono, y con música de fondo que proclama la lucha de los pueblos, se escuchaban las consignas de exigencia de justicia y repudio al gobierno de Juan Orlando Hernández por violentar los derechos humanos de las personas que se manifiestan en contra de su régimen.
En su intervención el padre Ismael Moreno expresó que “yo estoy aquí para exigir que salga ese régimen usurpador y estoy feliz de estar con ustedes porque me siento parte de la comunidad de la rebeldía hondureña”.
Añadió “me siento más hermano de los que son parte de la Iglesia Evangélica que están aquí, que de un montón de católicos y católicas de que no me siento identificado”.
Por su parte la coordinadora del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembra de la coordinación general de la Convergencia contra el Continuismo señaló “estamos aquí para decirle al gobierno de los Estados Unidos que cese el apoyo económico para seguridad y defensa, porque en el país lo que menos tenemos es seguridad y defensa”.
Agregó la defensora de los derechos humanos que no queremos más militarización porque solo nos dejan más dolor.
Asimismo sostuvo que habían llegado hasta ese lugar para protestar porque “la dictadura de Juan Orlando Hernández se ha consolidado por la determinación del gobierno de Estados Unidos con nuestro país”.
La Reverenda Deborah Lee, Directora Ejecutiva del Movimiento Inter religioso para la Integridad Humana, comenzó su intervención con el grito “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Seguidamente indicó que es una fuerza grande la que ustedes tienen aquí en la calle, en los campos, que hay en los valles y en las montañas; nos han inspirado y vamos a llevar un mensaje fuerte a nuestro Gobierno”.
Añadió que “estamos aquí para aprender del pueblo y no de lo que dice el Gobierno; estamos aquí para escuchar sus historias y sus testimonios, las que vamos a llevar a los líderes de nuestro Gobierno porque juntos a su lado podemos amplificar sus voces allá en los Estados Unidos”.
Expresó su solidaridad con el pueblo hondureño que está sufriendo por la violencia económica, la violencia política, la militar y la violencia de la destrucción y el robo de sus territorios, de sus ríos y su bienestar.
Tenemos el compromiso de estar con ustedes, finalizó diciendo la religiosa.
Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, dicen religiosos de EE.UU.
Estamos aquí para llamar a los Estados Unidos para que pare el envío de dinero para la militarización, para armas y para la policía: Rabina, Lynn Gottlieb.Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Luego de visitar varias comunidades donde hay conflictos por el modelo extractivo, una delegación de religiosos de los Estados Unidos concluyó que este país centroamericano se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, por lo tanto sobran las razones para que su población migre o se desplace internamente, huyendo de la miseria, violencia y de las violaciones a los derechos humanos.
Los y las religiosas brindaron una comparecencia de prensa en las afueras de la embajada de los Estados Unidos, en Avenida La Paz de Tegucigalpa, en la que comenzaron diciendo que la principal causa de la migración está siendo generada por la imposición de proyectos del modelo extractivo y las violaciones de los derechos humanos, por parte del régimen de Juan Hernández.
Lamentaron que el gobierno de Donald Trump esté apoyando a Hernández pese a sus altos niveles de corrupción, y que este, a su vez con sus políticas represivas, esté obligando a los hondureños a salir huyendo. En ese orden repudiaron el apoyo que su país está dando al proceso de militarización de la sociedad hondureña.
Noticia Relacionada: Informe revela que Honduras es el país más peligroso para defender la tierra porque matan a sus defensores
“Estamos aquí porque sabemos que este es un problema que nuestro propio gobierno está respaldando”, dijo Deborah Lee.La delegación, integrada por unos 75 líderes lideresas religiosas y defensores de los derechos humamos, llegó al país el 18 de marzo, para reunirse con organizaciones de base y aliados religiosos, para entender con mayor profundidad las causas de la migración.
En su estadía en Honduras, los y las religiosas visitaron la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, donde actualmente hay un conflicto por la imposición de un proyecto hidroeléctrico, sobre el río del mismo nombre, que ha dejado hasta el momento la muerte violenta de al menos seis pobladores, la criminalización de varios defensores del medio ambiente y la contaminación del agua potable proveniente de la cuenta hidrográfica donde se construye la represa.
Durante la visita al río Guapinol, los religiosos contaron que fueron testigos de la militarización.
“Caminamos con la gente Guapinol a visitar al río que no pertenece a nadie, que pertenece a la gente. Mujeres niños, abuelitas, abuelitos, caminamos hacia el río y en medio de este bello momento llegaron las fuerzas militares al otro lado del río, con sus armas apuntando hacia nuestra dirección, en la dirección de la delegación y en dirección del pueblo”, narró la Rabina, Lynn Gottlieb.
Además de la comunidad de Guapinol, visitaron comunidades del departamento de Santa Bárbara y San Pedro Sula.
La religiosa apuntó que en su recorrido por las comunidades se percataron de la criminalización de las personas y activistas que defienden los territorios, los bosques y el agua. Sin embargo, expresó: “Estamos aquí para llamar a los Estados Unidos para que pare el envío de dinero para la militarización, para armas y para la policía”.
“La caravana de migrantes centroamericanos es un éxodo moderno. Como personas de fe, no podemos cerrar nuestros corazones al Dios de la vida, sino que debemos caminar con ellos, aprender de ellos y buscar las causas de raíz que obligan a tantas personas a enfrentar riesgos inimaginables por el bien de sus familias, dijo Ann Scholz, directora para la Misión Social de la Conferencia de Liderazgos de Mujeres Religiosas.
Marie Desjarlais de la orden franciscana, manifestó que durante su visita conoció testimonios de abusos de medio ambiente y de derechos humanos, especialmente la criminalización que los y las defensoras enfrentan de manera generalizada para quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
“Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Los ataques, desalojos forzados, hostigamiento y criminalización, están a la orden del día”, expresó la religiosa.
Desjarlais señaló que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la embajada, le está dando un “respaldo público a un gobierno violador de los derechos” y están más preocupados porque haya más policías que justicia.
“Como ciudadana de los Estados Unidos tengo vergüenza de mi gobierno por estas ventas de armas”: Marie Desjarlais.En tanto, Debra Avery, dijo que el pueblo hondureño está sufriendo por violencia política, violencia militar y la violencia de la destrucción y el robo de sus territorios, de sus ríos y de su bienestar, porque el gobierno, que debería trabajar para el pueblo, solo funciona para ejecutar decisiones de las élites.
Las y los religiosos expusieron, ante la embajada de los Estados Unidos, la necesidad urgente de abordar de manera efectiva, las causas de raíz de la migración y de cambiar las estrategias que se han implementado, que a su juicio no han funcionado, porque la migración y las caravanas siguen y al parecer seguirán ocurriendo.
Asimismo, platearon su preocupación por los mensajes de altos funcionarios del régimen que no quieren la continuidad de la Unidad Fiscal Especial de Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y de la Misión Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
