Por: Oscar Miguel Marroquín
Todo lo que sube cae, parece que esta ley no solo es para la gravedad, también puede ser utilizada entre otras cosas, como por ejemplo para mafiosos como el colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán y el narcotraficante hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado conocido en el bajo mundo como Tony Hernández, estos tres personajes tienen como característica común la acumulación de poder económico producto del narcotráfico. Pero ese poderío ha caído ya.
También esta misma ley se aplica para políticos y dictadores, en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN tumbó por la vía de la lucha armada al dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez fue sacado del poder mediante una huelga de brazos caídos y el dictador cubano Fulgencio Batista y Zaldívar fue echado violentamente del poder mediante la revolución que encabezó Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna conocido como el Che Guevara, aquí también encontramos una característica en común, estos tres dictadores dominaban a sus pueblos mediante la utilización del poder de las armas. Pero finalmente su poder sucumbió ante la fuerza de los pueblos.
El poder entonces no es infinito.
Sin embargo, parece que esta vieja conclusión ha sido olvidada por los Hernández, quienes desde las mieles del poder han hecho y desecho a su antojo, por ejemplo, saquearon económicamente muchas instituciones del estado hondureño a vista y paciencia de los organismos judiciales, con miras a afianzar la presidencia de la república, en un afán de controlar básicamente todas las instituciones del Estado y así, consolidar todo un proyecto de corrupción y narcotráfico que les permitiera convertirse en la familia más poderosa económicamente de Honduras.
Vistas las cosas de esa manera, podría suponerse de manera hipotética que Tony Hernández burló a su propio hermano, y demostró tener mucho más poder que el Estado mismo, naturalmente que esto es nada creíble, la confabulación de los hermanos Hernández para llevar a cabo semejante acción criminal es mucho más cercana a la realidad, sin embargo, hasta hoy los Estados Unidos han tratado infructuosamente de separar responsabilidades, es decir, continúan presentando a Juan Orlando Hernández como un verdadero jefe de Estado al margen de todo tipo de vinculación criminal con el narcotráfico, la corrupción, crímenes contra la población, y por otro lado, presentan a Tony Hernández como el único responsable de introducir enormes cantidades de droga hacia ese país, naturalmente que detrás de esta pretendida desvinculación familiar por parte de los EE. UU. hay fuertes intereses geopolíticos que por el momento no pueden romperse, y que el gobierno norteamericano hará todo lo posible por mantener a salvo de cualquier vinculación criminal a Juan Hernández mientras este siga siendo una pieza útil, sin embargo, cabe recordar aquella frase tan conocida de John Foster Dulles, secretario de Estado de Dwight Eisenhower “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”.
¿Pero hasta cuando Estados Unidos mantendrá su incondicional respaldo a Juan Hernández?
La información periodística conocida más recientemente sobre sendos actos criminales por parte de la familia de los Hernández, divulgada por el periodista David Romero desde la clandestinidad, hace pensar muy seriamente que el poderío de estos y otros colaboradores podría estarse acercando a su final, en otras palabras, tarde o temprano Estados Unidos ya no podrá mantener el respaldo a Juan Hernández, y entonces, el fin de la mafia de los Hernández habrá terminado.
RED CRIMINAL CREADA POR JOH, ESPOSA Y HERMANOS. Para poder limpiar el dinero sucio o subterráneo, proveniente del saqueo institucional y del narcotráfico, JOH y sus compinches montaron toda una estructura empresarial, con complicidad de algunos bancos del sistema financiero nacional que, conscientes o no, facilitaban multimillonarias sumas de dinero, considerados como préstamos inusuales
debido a que el solicitante no tenía las garantías de créditos que
exige el sistema. Bajo este método, Hernández y sus socios construyeron
compejos holdings o conglomerados de empresas, cuya empresa matriz es Inversiones del Río, constituido
el 1 de diciembre de 2010 -a un año de la presidencia de su marido-,
teniendo como gerente general a Ana Rosalinda García, y cuyas
actividades van desde desarrolladoras urbanísticas, agroindustrias,
ganadería, comunicaciones y hasta líneas aéreas, todas dedicadas al lavado de dinero de la corrupción y criminalidad organizada. Esa sociedad también fue integrada por Juan Antonio Hernández, según la documentación.
Gran parte de los fondos sucios, provenían de dinero sustraído de las arcas del Estado mediante un complejo sistemas de oenegés que fueron habilitadas y, para ello, utilizaron a varios personajes, entre estos, a Geovanny Castellanos, quien manejaba firmas en cuentas de distintas organizaciones no gubernamentales. El jefe del Ejecutivo, recién estrenado en su gestión enero 2014-enero 2018, lanzó una sistemática campaña de culpar a sus antecesores de la grave crisis que atraviesa el país. Esta excusa le sirvió para decir que todos eran culpables, menos él, pero el objetivo de ese discurso estaba encaminado a seguir sosteniendo la estructura de corruptela que lo llevó al gobierno y, para vender esa idea, cooptó a la mayoría de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que se convirtieron en correa de transmisión del mensaje.
El proceso de enajenación de compañías estatales como la ENEE, Hondutel, Empresa Portuaria y la creación de Coalianza más la cacería de brujas en contra de capos y otros empresarios a quienes les aseguraron bienes, fue el escenario útil para que JOH y sus cómplices instalaran un complejo holding para el lavado de dinero.
CODICIA Y PILLAJE. Mientras JOH, en el proceso electoral, con miras a ganar la presidencia, anunciaba los nuevos dogmas de la economía y que él llamó el nuevo paradigma para
gobernar un país, que al final fueron una suerte de mentiras
encaminadas a ocultar las verdaderas intenciones del entonces candidato
y, a un año de asumir la presidencia del Congreso 2010-2014, junto con
su hermano Tony Hernández, quien para esa fecha, según afirmaciones del Departamento de Justicia de EE.UU., era un gran narcotraficante (explica el documento 5215 Cr. 379, PKC) constituyeron la empresa Inversiones del Río S. de R.L. ante el notario Abraham Alvarenga, bajo registro 262 y que está debidamente certificado.
Inversiones del Río se convirtió en la sociedad mercantil y de allí se crearon empresas satélites constituidas para lavar más de cuatro mil millones de lempiras provenientes del saqueo al Estado mediante oenegés y el narcotráfico.
Ya siendo presidente del Congreso y a pocos meses de las elecciones generales que lo llevarían a la presidencia de Honduras, JOH, su hermana Hilda Hernández y Ana Rosalinda García Carías, esposa del jefe del Ejecutivo, acudieron ante el mismo notario, o sea, Alvarenga Urbina –nombrado a la postre como procurador general de la república– y según el instrumento 159, constituyeron la empresa Inmobiliaria Monte Verde S. de R.L. El control de la empresa la mantiene Inversiones del Río ya que fue esta empresa, dirigida por la primera dama, aportó 60 mil lempiras de los 100 mil de constitución de sociedad y los otros 40 mil los desembolsó, según la escritura, la fallecida hermana del presidente.
Segunda parte: Los Hernández García blanquearon capitales en agroindustria, medios y oenegés
Con esta inmobiliaria, JOH y su parentesco pretendió desarrollar una urbanización en dos etapas, en Gracias, Lempira, además del proyecto urbanístico, la empresa desarrolló un proyecto de construcción en el sitio denominado Jícaro Río Grande, siempre en Gracias; unos corrales con bebederos, comida para ganado en la propiedad de Hernández.
BORRAR HUELLAS. Ambas partes, de acuerdo al contrato
de la compraventa, firmada el 30 de noviembre de ese año –y formalizado
varios meses después, o sea 3 de febrero de 2017 por el notario José
Walter Bodden Joyay– afirma que ambos “manifiestan que es su
voluntad celebrar el contrato privado en arrendamiento (por 25 mil 500
lempiras) en relación al mismo, por un plazo definido” y que la
finalidad será para la “explotación de un negocio ganadero, de ganado
bovino y equino”. Respecto a la formalización de la compraventa y que
se agregó una adenda por “alquiler”, se señala que el monto total de la
transacción será de un millón 552 mil 086 dólares (36 millones 327 mil
lempiras). En esa época, el presidente de Honduras era Juan Orlando
Hernández.
Previamente, el promitente comprador (Ana García) –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– de que “no se encuentran en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.
El documento, que es de carácter estrictamente confidencial y que data del 1 de diciembre de 2016 entre las empresas San Martín y Del Río, expresa que ninguna de sus partes “podrá ser duplicada ni pondrá a disposición verbalmente, ni físicamente, ni por medios electrónicos” ya que pondría en evidencia los turbios negocios de la empresa. Este periódico logró ubicar la matrícula del terreno, cuya clave es 1649511 – 00000, de naturaleza rural y está situada en el área denominada San Francisco de Juticalpa y cuyas medidas son 458 manzanas de tierra que, a fin de cuentas, pasó a control del clan de los Hernández Alvarado-García y que sería destinado para la ganadería, pero vendía de manera misteriosa maíz blanco a procesadoras de harina ubicadas en la región norte de Honduras. En cuanto a esa compra, el vendedor, es decir Inversiones San Martín, solicitó la cancelación del total de la deuda mediante un cheque de caja emitido por Banco Atlántida a favor del Banco del País por un total de un millón 474 mil 246 dólares con 78 centavos para la compra de las 458 manzanas de tierra y que fue adjuntada la adenda respecto al arrendamiento del predio.
La empresa permaneció durante varios años sin operar y de pronto comenzó a operar adquiriendo tierras, bienes y activos que procedían de manera expresa del saqueo institucional y la narcoactividad.
El préstamo 10130109272 autorizado por Banco Atlántida, detalla que
se destinó a la compra de un sistema de riego y capital de trabajo para
la producción de granos básicos, aunque –explica un correo
girado por el oficial de créditos Rogelio Flores el miércoles 17 de mayo
de 2017 a las 5:41 de la tarde y enviado a Ivonne Hernández, hija del
presidente– de que resta el préstamo de 10 millones 051 mil 800
lempiras para la compra de un sistema de riego y que apenas resta la
entrega de la cotización para el desembolso.
Además, la gerente general de Inversiones del Río firmó un pagaré por dos millones de lempiras a favor de la entidad bancaria, “obligándonos a mantener la provisión de fondos necesario para tal fin”. El documento fue firmado el 24 de febrero de 2017 por García de Hernández. Todos estos procesos de gestión del préstamo –que sería para pagar el terreno, pero terminó destinándose a otros fines no relacionados con el tema– y del cual la fallecida exsecretaria de comunicaciones Hilda Hernández supo de estos movimientos y dio el visto bueno.
El periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720, por lo que pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Para efectos de comprensión y exactitud, los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.
PRÉSTAMO FABULOSO A HIJA DEL PRESIDENTE. En esta modalidad de lavado de dinero, se
usaron otros bancos para obtener préstamos pagaderos a largo plazo; una
entidad financiera desembolsó 11 millones 118 mil 420 lempiras a Ivonne
Hernández y cuyo destino fue un canal de televisión del occidente,
a una tasa de interés del 11 por ciento anual y cada mes se aporta
entre 86 mil 945 lempiras con 52 centavos y hasta 210 mil 571 lempiras,
por lo que la dama terminará de pagar el 20 de julio de 2026 unos 18
millones 375 mil 116 lempiras con 35 centavos.
El equipo de investigación de ConfidencialHN logro determinar que el lavado de dinero, procedente del saqueo de las arcas públicas y el narcotráfico en que incurrió la estructura dirigida por el mismísimo presidente Juan Orlando Hernández.
Asimismo, un préstamo efectuado por Banco de Occidente al canal Televisión de Occidente S. de R.L., por 12 millones 627 mil 719 lempiras, señala que el propio mandatario administra las firmas de la cuenta para las empresas Servicios de Seguridad Lempira, Comité Departamental nacionalista de Lempira, Programa de Becas y Ayudas y el hotel La posada de don Juan, asignada a las cuentas 104-000342-8, 104-000412-2, 104-000544-7, 401-007716-9 y 104-007643-2, las cuales manejan líneas de crédito por cuatro millones 127 mil 719 lempiras y los intereses alcanzan los 249 mil 097 lempiras.
Aunque, en teoría, esta operación podría ser lícita, en la práctica, la zona occidental de Honduras es una de las más empobrecidas y la existencia de los canales de televisión y radios depende de la pauta publicitaria privada y, de cuando en cuando, de la asistencia estatal, dependiendo la filiación política de los propietarios o periodistas que les permite subsistir.
NEGOCIOS REDONDOS, MILLONARIOS Y FABULOSOS. Algunas empresas, como Derivados del Maíz S.A. (Demahsa) también jugaron al juego de los Hernández en su “diversificación” industrial que es meramente lavado de capitales de procedencia dudosa. Esta compañía dio el visto bueno el 20 de diciembre de 2016 a Inversiones del Río en
la compra de maíz blanco “que resulte de la cosecha de 400 manzanas de
maíz ubicadas en Finca Cayos Blancos, en Juticalpa y “cuya producción
estimada es de dos toneladas métricas”.
Y las condiciones de comercialización, tanto en precio como en calidad se establecen en los contratos de promesa recíproca y que será del ciclo agrícola 2017-2018. En otras palabras, Demahsa entabló negocios con el holding que apenas estaba comprando las 458 manzanas de tierra y estaba gestionando el multimillonario préstamo en Atlántida y habría pagado una indeterminada suma de dinero.
En el caso de una cadena de tiendas de abarrotería, recibió una propuesta de venta de novillos de engorde firmado por el gerente de la unidad agrícola ganadera de Inversiones del Río, Marcos Deras, a un precio de 26 mil 578 lempiras. Los envíos de los novillos provenían de una planta instalada en Siguatepeque y los gastos asumidos por la empresa en el transporte desde Gracias a la planta ubicada en la región central y luego a Tegucigalpa. También resulta raro de que instalaran en tiempo récord el plantel de cría de ganado en Lempira cuando, precisamente, no tenían predios y tecnología para el destace de las reses.
Primera parte: JOH y su esposa lavaron más de cuatro mil millones de la corrupción y narcotráfico
En esas transacciones, la cadena de tiendas llegó a pagar a la cuestionada empresa casi 700 mil lempiras, cuya fecha de registro es del 17 de enero de 2017, casualmente, cuando se estaban negociando terrenos en una zona muy alejada de la planta de producción y cría de ganado vacuno.
Cabe recordar que el presidente Juan Orlando Hernández acudió en febrero a EE.UU., donde recibió una palmada en el hombro por la DEA por su lucha contra el narcotráfico, a pesar de que su hermano Tony es calificado por ese país como un gran capo; asimismo, ha estado a favor de la confiscación de las propiedades de los jefes de los cárteles que fueron extraditados al país del norte.
Sin embargo, al cierre de esta investigación, el Ministerio Público de Honduras no ha procedido a la quita de bienes de Tony, a sabiendas que ha sido uno de los mayores transportistas de estupefacientes hacia EE.UU., según investigaciones del Departamento de Justicia y la DEA.
En total, Fundeimh -cuyo expediente es 21122005-822- y Fundeih llegaron a capitalizar entre 2014 y 2017 alrededor de 2 mil 041 millones 683 mil 599 lempiras con 18 centavos, procedentes de la Sedis.
En conclusión, las dos organizaciones no gubernamentales consumieron en
los últimos cuatro años el 68 por ciento del total de presupuesto del
fondo de solidaridad que fue creado a iniciativa del mismo Hernández.
En los estados financieros que consiguieron investigadores de Radio Globo y ConfidencialHN se pudo determinar que hasta mayo de 2018, no se habían liquidado ante la Secretaría de Finanzas unos 260 millones 446 mil 563 lempiras y en las cuentas por cobrar habían 119 millones 483 mil 737 lempiras con 76 centavos, desglosados en varios renglones asignados única y exclusivamente al programa Vida Mejor.
Otra organización que también resultó beneficiada en este proceso de saqueo de capitales es la denominada Fundación Juan Manuel Gálvez, dirigido por el exsecretario de Educación Marcial Solís.
Este exfuncionario mandó a pedir 10 millones de lempiras para la capacitación de guías familiares por la referida fundación “a través de la incorporación, réplica y para el manejo de recurso humano impulsado por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis)”.
Solís recibió la fuerte suma de dinero entre el 18 de marzo de 2016 y 11 de enero de 2017; aunque Solís asegura haber liquidado siete millones 726 mil 842 lempiras y habría logrado extender el convenio ya que también forma parte del entramado de Vida Mejor que dirige de manera personal la primera dama.
Estas oenegés, muy vinculadas al Partido Nacional y a la pareja presidencial han visto engrosadas sus ganancias por las conexiones políticas y la poca cultura de transparencia que ha aplicado la actual administración en los últimos cinco años. A la fecha, el Ministerio Público se resiste a emprender una persecución penal contra estos cuadros de confianza.
Lo que ya estaba en boca de todos se ha hecho oficial: el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado formalmente a
Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, de
traficar toneladas de cocaína hacia el país del norte.
“El excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos”, pronunció el fiscal Geoffrey Berman, de Manhattan, Nueva York.
De acuerdo al fiscal estadounidense, Tony Hernández “estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos”.
Tony Hernández, quien también ocupó el cargo de diputado en el Congreso Nacional, bajo el mandato de su hermano el presidente de Honduras, fue detenido por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), siguiendo una orden emitida por la Corte de Nueva York, en donde será juzgado como le ha tocado a narcos de la talla de los Cachiros, con quien se presume que habría trabajado íntimamente.
Mientras países sin ejércitos como Panamá y Costa Rica
decomisaron en el 2017 unas 34 toneladas de droga, resulta “sospechoso”
que un país altamente militarizado como Honduras solo reportara la
incautación de unas 4 toneladas, mencionó el analista Raúl Pineda.
Las reacciones de Pineda fueron vertidas en el marco de las tardías acciones del Ministerio Público contra los bienes del hermano del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), es decir hacia Antonio Tony Hernández quien se encuentra preso en Estados Unidos tras ser acusado de traficar droga a gran escala hacia la nación del norte.
En sus declaraciones, el doctor Alvarado explicó que el aseguramiento de bienes —derivado por factores exógenos tras el arresto del exdiputado ahora preso en EEUU— representó un problema para las autoridades hondureñas ya que tuvieron que decidir, quedar bien con JOH o con los norteamericanos.
“Esto nos pone a pensar en el contexto”, declaró mientras destacaba que en Honduras el crimen organizado ha sido parte del gobierno y que un hermano del presidente está siendo enjuiciado por supuestos nexos con la narcoactividad.
“En un país con corrupción con sociedad tolerante, pobreza, es un caldo de cultivo para que ese tipo de actividades (narcotráfico) crezcan”, mencionó antes de señalar que otro problema del país es la falta de institucionalidad y que aunque hay leyes, no se vive en un Estados de derecho.
Para el entrevistado Honduras —con un gobierno contaminado y con una sociedad muy tolerante—, ya no es solo un país de tránsito de droga y podría definirse como un lugar que ha sido “santuario para narcotraficantes”.
“Una mujer podría dirigir los destinos de nuestro país en
las próximas elecciones”, pronosticó el martes el presidente del Partido
Nacional de Honduras, Reinaldo Sánchez.
Luego de una reunión con el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, para discutir las reformas electorales, Sánchez hizo énfasis en la participación de las mujeres en la política.
“El partido Nacional cree que entre más participación haya de las mujeres en la política mayor será la participación de los escenarios”, comentó.
Estas declaraciones compaginan con la estrategia del régimen de lavar la cara a la dictadura imponiendo a la esposa del dictador como presidenta de Honduras.
Reinaldo Sánchez, continuó diciendo, que las mujeres deben ser las cabezas visibles en cargos públicos “y por qué no pensar en la próxima presidenta que pueda ser una mujer la que pueda participar en la dirección de los destinos de nuestra querida Honduras”.
A pesar que la cúpula nacionalista intenta mantener una aparente unidad dentro de las filas oficialistas, prima la división surgida entre las agrias acusasiones sostenidas entre el expresidente Porfirio Lobo y su sucesor Juan Orlando Hernández.
Con información de: ConfidencialHN
Todo lo que sube cae, parece que esta ley no solo es para la gravedad, también puede ser utilizada entre otras cosas, como por ejemplo para mafiosos como el colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán y el narcotraficante hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado conocido en el bajo mundo como Tony Hernández, estos tres personajes tienen como característica común la acumulación de poder económico producto del narcotráfico. Pero ese poderío ha caído ya.
También esta misma ley se aplica para políticos y dictadores, en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN tumbó por la vía de la lucha armada al dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez fue sacado del poder mediante una huelga de brazos caídos y el dictador cubano Fulgencio Batista y Zaldívar fue echado violentamente del poder mediante la revolución que encabezó Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna conocido como el Che Guevara, aquí también encontramos una característica en común, estos tres dictadores dominaban a sus pueblos mediante la utilización del poder de las armas. Pero finalmente su poder sucumbió ante la fuerza de los pueblos.
El poder entonces no es infinito.
Sin embargo, parece que esta vieja conclusión ha sido olvidada por los Hernández, quienes desde las mieles del poder han hecho y desecho a su antojo, por ejemplo, saquearon económicamente muchas instituciones del estado hondureño a vista y paciencia de los organismos judiciales, con miras a afianzar la presidencia de la república, en un afán de controlar básicamente todas las instituciones del Estado y así, consolidar todo un proyecto de corrupción y narcotráfico que les permitiera convertirse en la familia más poderosa económicamente de Honduras.
Nota relacionada Juan Hernández es el autor detrás del saqueo al Estado de Honduras (+vídeo)
Traficar a gran escala droga hacia los Estados Unidos implica una enorme estructura material, pero además, supone la participación de altos funcionarios del Estado, tales como militares y policías de alto rango, funcionarios públicos con poder de decisión para evitar cualquier problema jurídico; básicamente es imposible pensar que Tony Hernández logró introducir enormes cantidades de droga a los Estados Unidos únicamente con la pericia personal o con la ayuda de unos cuantos trabajadores y al margen de la colaboración institucional del Estado, sobre todo cuando su hermano ocupa la primera magistratura, quien además, ha mantenido un férreo y total control de todas las instituciones estatales.Vistas las cosas de esa manera, podría suponerse de manera hipotética que Tony Hernández burló a su propio hermano, y demostró tener mucho más poder que el Estado mismo, naturalmente que esto es nada creíble, la confabulación de los hermanos Hernández para llevar a cabo semejante acción criminal es mucho más cercana a la realidad, sin embargo, hasta hoy los Estados Unidos han tratado infructuosamente de separar responsabilidades, es decir, continúan presentando a Juan Orlando Hernández como un verdadero jefe de Estado al margen de todo tipo de vinculación criminal con el narcotráfico, la corrupción, crímenes contra la población, y por otro lado, presentan a Tony Hernández como el único responsable de introducir enormes cantidades de droga hacia ese país, naturalmente que detrás de esta pretendida desvinculación familiar por parte de los EE. UU. hay fuertes intereses geopolíticos que por el momento no pueden romperse, y que el gobierno norteamericano hará todo lo posible por mantener a salvo de cualquier vinculación criminal a Juan Hernández mientras este siga siendo una pieza útil, sin embargo, cabe recordar aquella frase tan conocida de John Foster Dulles, secretario de Estado de Dwight Eisenhower “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”.
¿Pero hasta cuando Estados Unidos mantendrá su incondicional respaldo a Juan Hernández?
La información periodística conocida más recientemente sobre sendos actos criminales por parte de la familia de los Hernández, divulgada por el periodista David Romero desde la clandestinidad, hace pensar muy seriamente que el poderío de estos y otros colaboradores podría estarse acercando a su final, en otras palabras, tarde o temprano Estados Unidos ya no podrá mantener el respaldo a Juan Hernández, y entonces, el fin de la mafia de los Hernández habrá terminado.
JOH y su esposa lavaron más de cuatro mil millones de la corrupción y narcotráfico
TEGUCIGALPA, HONDURAS
(Por equipo de investigación – primera parte) Nadie se imaginó que la advertencia que hizo en 2013 la exembajadora de EE.UU. en Honduras, Lisa Kubiske, al entonces presidente Porfirio Lobo de no apoyar a un candidato a la presidencia –a thief (ladrón)– que después de cinco años en el poder dirigiría la más grande de las redes criminales en el país, con la complicidad del sistema financiero nacional.
Para llegar a la titularidad del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, más conocido con el mote de JOH, articuló desde el Parlamento una serie de mecanismos que le permitieron una vez siendo presidente de la república mantener el control absoluto de los tres poderes estatales y, para ello, tanto JOH y su estructura criminal comenzó corrompiendo a los diputados al darles millonarias cantidades de dinero drenado del Estado mediante una red de oenegés operadas por cuadros de confianza del actual gobernante.
“Sé que en la campaña se sacrificaron y hay que compensarlos”, dijo el jefe de la red criminal a los diputados nacionalistas y que hoy están siendo enjuiciados por varios casos de corrupción, entre ellos, la denominada Red de diputados, Pandora, Planeta Verde y otras que serán ventiladas en el futuro. La verdad es que Hernández no quería compensarlos, sino corromperlos y cooptarlos a fin de someterlos a chantajes para que les aprobara todo lo que quisiera.
(Por equipo de investigación – primera parte) Nadie se imaginó que la advertencia que hizo en 2013 la exembajadora de EE.UU. en Honduras, Lisa Kubiske, al entonces presidente Porfirio Lobo de no apoyar a un candidato a la presidencia –a thief (ladrón)– que después de cinco años en el poder dirigiría la más grande de las redes criminales en el país, con la complicidad del sistema financiero nacional.
Para llegar a la titularidad del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, más conocido con el mote de JOH, articuló desde el Parlamento una serie de mecanismos que le permitieron una vez siendo presidente de la república mantener el control absoluto de los tres poderes estatales y, para ello, tanto JOH y su estructura criminal comenzó corrompiendo a los diputados al darles millonarias cantidades de dinero drenado del Estado mediante una red de oenegés operadas por cuadros de confianza del actual gobernante.
“Sé que en la campaña se sacrificaron y hay que compensarlos”, dijo el jefe de la red criminal a los diputados nacionalistas y que hoy están siendo enjuiciados por varios casos de corrupción, entre ellos, la denominada Red de diputados, Pandora, Planeta Verde y otras que serán ventiladas en el futuro. La verdad es que Hernández no quería compensarlos, sino corromperlos y cooptarlos a fin de someterlos a chantajes para que les aprobara todo lo que quisiera.
Gran parte de los fondos sucios, provenían de dinero sustraído de las arcas del Estado mediante un complejo sistemas de oenegés que fueron habilitadas y, para ello, utilizaron a varios personajes, entre estos, a Geovanny Castellanos, quien manejaba firmas en cuentas de distintas organizaciones no gubernamentales. El jefe del Ejecutivo, recién estrenado en su gestión enero 2014-enero 2018, lanzó una sistemática campaña de culpar a sus antecesores de la grave crisis que atraviesa el país. Esta excusa le sirvió para decir que todos eran culpables, menos él, pero el objetivo de ese discurso estaba encaminado a seguir sosteniendo la estructura de corruptela que lo llevó al gobierno y, para vender esa idea, cooptó a la mayoría de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que se convirtieron en correa de transmisión del mensaje.
El proceso de enajenación de compañías estatales como la ENEE, Hondutel, Empresa Portuaria y la creación de Coalianza más la cacería de brujas en contra de capos y otros empresarios a quienes les aseguraron bienes, fue el escenario útil para que JOH y sus cómplices instalaran un complejo holding para el lavado de dinero.
Inversiones del Río se convirtió en la sociedad mercantil y de allí se crearon empresas satélites constituidas para lavar más de cuatro mil millones de lempiras provenientes del saqueo al Estado mediante oenegés y el narcotráfico.
Ya siendo presidente del Congreso y a pocos meses de las elecciones generales que lo llevarían a la presidencia de Honduras, JOH, su hermana Hilda Hernández y Ana Rosalinda García Carías, esposa del jefe del Ejecutivo, acudieron ante el mismo notario, o sea, Alvarenga Urbina –nombrado a la postre como procurador general de la república– y según el instrumento 159, constituyeron la empresa Inmobiliaria Monte Verde S. de R.L. El control de la empresa la mantiene Inversiones del Río ya que fue esta empresa, dirigida por la primera dama, aportó 60 mil lempiras de los 100 mil de constitución de sociedad y los otros 40 mil los desembolsó, según la escritura, la fallecida hermana del presidente.
Segunda parte: Los Hernández García blanquearon capitales en agroindustria, medios y oenegés
Con esta inmobiliaria, JOH y su parentesco pretendió desarrollar una urbanización en dos etapas, en Gracias, Lempira, además del proyecto urbanístico, la empresa desarrolló un proyecto de construcción en el sitio denominado Jícaro Río Grande, siempre en Gracias; unos corrales con bebederos, comida para ganado en la propiedad de Hernández.
Los Hernández García blanquearon capitales en agroindustria, medios y oenegés
TEGUCIGALPA, HONDURAS
(Por equipo de investigación – segunda parte) Esta asociación natural del clan Hernández Alvarado-García Carías, para blanquear capitales de hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de macabro movimiento de dinero procedente de las entidades estatales y la narcoactividad, los llevó al establecimiento de un conglomerado de empresas y el uso de oenegés para aparentar que todo operaba de manera legal, aunque en el fondo no era así. Para el movimiento atípico de capitales, este grupo colocó gente de su estricta confianza para evitar cualquier fuga de información que pudiera comprometerlos a futuro.
La empresa Inversiones del Río, creada el 1 de diciembre de 2010, un año después que Juan Orlando Hernández fuera elegido como titular del Congreso, comenzó a mover dinero en la agroindustria, ganadería y lo desvió para la compra de otros activos, con el consentimiento de los operadores clave del blanqueo de capitales. Tres años después, precisamente, el 8 de agosto, se constituyó la inmobiliaria Villa Verde y se dedica a proyectos de urbanización; en ese periodo, Hernández ya era el candidato oficial a la presidencia por el Partido Nacional. En este proceso, el propio mandatario fue articulando de manera meticulosa este entramado para mover dinero. En la referida ocasión se logró “convencer” a algunas empresas y entidades del sistema financiero nacional para que les realizaran fabulosos préstamos sin los mínimos controles que ya exige la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), de acuerdo a esta entrega de una amplia serie de trabajos de investigación que está realizando ConfidencialHN.
Inversiones del Río, cuya gerente general es la actual primera dama Ana García Carías de Hernández, se fue capitalizando con dinero subterráneo, canalizado a través de las organizaciones no gubernamentales, por lo que la sociedad contó con uno de los colaboradores efectivos, identificado como Geovanny Castellanos Deras, quien llegó a manejar más de media docena de oenegés que estuvieron movilizando dinero procedente de ilícitos. Entre las organizaciones que ha mantenido control están Bital (involucrada en la Red de Diputados), Ajopadih, Vosoacs, Apap, Asociación Planeta Verde, Misca, Fundahcapi y otras que están en la mira de las agencias de investigación por su presunta participación en actos de corrupción.
Un reporte de la CNBS enviado por una entidad bancaria de que Castellanos Deras se declaró gerente de cuatro organizaciones sin fines de lucro y gerente de operaciones y desarrollo en la empresa Marisco Oriental. El 10 de octubre de 2013 pretendió engañar al sistema financiero al pretender colocar a dos personas ya que presentó información falsificada de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC). El operador, a grandes rasgos, era el poder detrás del trono de las oenegés, a pesar de no estar vinculado en ninguna directiva, pero manejaba las firmas a fin de trasegar dinero a favor del clan gobernante.
NEGOCIOS MENTIROSOS Y MAFIOSOS. En este crecimiento desproporcionado de capital procedente de actividades ilícitas relacionadas con la corrupción y criminalidad organizada, la sociedad Inversiones del Río, dirigido personalmente por García Carías, diversificó sus acciones en poco tiempo, llegando a adquirir sendas extensiones de terreno en varias zonas como Juticalpa, en Olancho y Gracias, en Lempira, en esta última ciudad, se instalaron proyectos como la urbanización Villa Verde y también se construyó una caballeriza con sus respectivos bebederos, comederos y una cerca perimetral para realizar labores de ganadería.
De hecho, un presupuesto elaborado por la inmobiliaria Villa Verde especifica que la construcción del corral, para unos 200 animales, se invirtieron alrededor de un millón 278 mil 364 lempiras para el área de trabajo. Junto al referido potrero, se está edificando un lujoso proyecto habitacional, consistente en unas 48 casas y con su respectiva área social, de acuerdo al dossier al que accedió ConfidencialHN.
En el caso del otro lote del departamento de Olancho, según un contrato privado y de carácter confidencial, suscrito el 1 de diciembre de 2016 entre Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río, es decir, por la primera dama, en una promesa de compraventa de diez caballerías de tierra, treinta manzanas y quince séptimos de caballería en San Francisco del Corral, tanto en Juticalpa como en San Francisco de Becerra.
(Por equipo de investigación – segunda parte) Esta asociación natural del clan Hernández Alvarado-García Carías, para blanquear capitales de hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de macabro movimiento de dinero procedente de las entidades estatales y la narcoactividad, los llevó al establecimiento de un conglomerado de empresas y el uso de oenegés para aparentar que todo operaba de manera legal, aunque en el fondo no era así. Para el movimiento atípico de capitales, este grupo colocó gente de su estricta confianza para evitar cualquier fuga de información que pudiera comprometerlos a futuro.
La empresa Inversiones del Río, creada el 1 de diciembre de 2010, un año después que Juan Orlando Hernández fuera elegido como titular del Congreso, comenzó a mover dinero en la agroindustria, ganadería y lo desvió para la compra de otros activos, con el consentimiento de los operadores clave del blanqueo de capitales. Tres años después, precisamente, el 8 de agosto, se constituyó la inmobiliaria Villa Verde y se dedica a proyectos de urbanización; en ese periodo, Hernández ya era el candidato oficial a la presidencia por el Partido Nacional. En este proceso, el propio mandatario fue articulando de manera meticulosa este entramado para mover dinero. En la referida ocasión se logró “convencer” a algunas empresas y entidades del sistema financiero nacional para que les realizaran fabulosos préstamos sin los mínimos controles que ya exige la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), de acuerdo a esta entrega de una amplia serie de trabajos de investigación que está realizando ConfidencialHN.
Inversiones del Río, cuya gerente general es la actual primera dama Ana García Carías de Hernández, se fue capitalizando con dinero subterráneo, canalizado a través de las organizaciones no gubernamentales, por lo que la sociedad contó con uno de los colaboradores efectivos, identificado como Geovanny Castellanos Deras, quien llegó a manejar más de media docena de oenegés que estuvieron movilizando dinero procedente de ilícitos. Entre las organizaciones que ha mantenido control están Bital (involucrada en la Red de Diputados), Ajopadih, Vosoacs, Apap, Asociación Planeta Verde, Misca, Fundahcapi y otras que están en la mira de las agencias de investigación por su presunta participación en actos de corrupción.
Un reporte de la CNBS enviado por una entidad bancaria de que Castellanos Deras se declaró gerente de cuatro organizaciones sin fines de lucro y gerente de operaciones y desarrollo en la empresa Marisco Oriental. El 10 de octubre de 2013 pretendió engañar al sistema financiero al pretender colocar a dos personas ya que presentó información falsificada de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC). El operador, a grandes rasgos, era el poder detrás del trono de las oenegés, a pesar de no estar vinculado en ninguna directiva, pero manejaba las firmas a fin de trasegar dinero a favor del clan gobernante.
NEGOCIOS MENTIROSOS Y MAFIOSOS. En este crecimiento desproporcionado de capital procedente de actividades ilícitas relacionadas con la corrupción y criminalidad organizada, la sociedad Inversiones del Río, dirigido personalmente por García Carías, diversificó sus acciones en poco tiempo, llegando a adquirir sendas extensiones de terreno en varias zonas como Juticalpa, en Olancho y Gracias, en Lempira, en esta última ciudad, se instalaron proyectos como la urbanización Villa Verde y también se construyó una caballeriza con sus respectivos bebederos, comederos y una cerca perimetral para realizar labores de ganadería.
De hecho, un presupuesto elaborado por la inmobiliaria Villa Verde especifica que la construcción del corral, para unos 200 animales, se invirtieron alrededor de un millón 278 mil 364 lempiras para el área de trabajo. Junto al referido potrero, se está edificando un lujoso proyecto habitacional, consistente en unas 48 casas y con su respectiva área social, de acuerdo al dossier al que accedió ConfidencialHN.
En el caso del otro lote del departamento de Olancho, según un contrato privado y de carácter confidencial, suscrito el 1 de diciembre de 2016 entre Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río, es decir, por la primera dama, en una promesa de compraventa de diez caballerías de tierra, treinta manzanas y quince séptimos de caballería en San Francisco del Corral, tanto en Juticalpa como en San Francisco de Becerra.
Previamente, el promitente comprador (Ana García) –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– de que “no se encuentran en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.
El documento, que es de carácter estrictamente confidencial y que data del 1 de diciembre de 2016 entre las empresas San Martín y Del Río, expresa que ninguna de sus partes “podrá ser duplicada ni pondrá a disposición verbalmente, ni físicamente, ni por medios electrónicos” ya que pondría en evidencia los turbios negocios de la empresa. Este periódico logró ubicar la matrícula del terreno, cuya clave es 1649511 – 00000, de naturaleza rural y está situada en el área denominada San Francisco de Juticalpa y cuyas medidas son 458 manzanas de tierra que, a fin de cuentas, pasó a control del clan de los Hernández Alvarado-García y que sería destinado para la ganadería, pero vendía de manera misteriosa maíz blanco a procesadoras de harina ubicadas en la región norte de Honduras. En cuanto a esa compra, el vendedor, es decir Inversiones San Martín, solicitó la cancelación del total de la deuda mediante un cheque de caja emitido por Banco Atlántida a favor del Banco del País por un total de un millón 474 mil 246 dólares con 78 centavos para la compra de las 458 manzanas de tierra y que fue adjuntada la adenda respecto al arrendamiento del predio.
La empresa permaneció durante varios años sin operar y de pronto comenzó a operar adquiriendo tierras, bienes y activos que procedían de manera expresa del saqueo institucional y la narcoactividad.
Además, la gerente general de Inversiones del Río firmó un pagaré por dos millones de lempiras a favor de la entidad bancaria, “obligándonos a mantener la provisión de fondos necesario para tal fin”. El documento fue firmado el 24 de febrero de 2017 por García de Hernández. Todos estos procesos de gestión del préstamo –que sería para pagar el terreno, pero terminó destinándose a otros fines no relacionados con el tema– y del cual la fallecida exsecretaria de comunicaciones Hilda Hernández supo de estos movimientos y dio el visto bueno.
El periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720, por lo que pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Para efectos de comprensión y exactitud, los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.
El equipo de investigación de ConfidencialHN logro determinar que el lavado de dinero, procedente del saqueo de las arcas públicas y el narcotráfico en que incurrió la estructura dirigida por el mismísimo presidente Juan Orlando Hernández.
Asimismo, un préstamo efectuado por Banco de Occidente al canal Televisión de Occidente S. de R.L., por 12 millones 627 mil 719 lempiras, señala que el propio mandatario administra las firmas de la cuenta para las empresas Servicios de Seguridad Lempira, Comité Departamental nacionalista de Lempira, Programa de Becas y Ayudas y el hotel La posada de don Juan, asignada a las cuentas 104-000342-8, 104-000412-2, 104-000544-7, 401-007716-9 y 104-007643-2, las cuales manejan líneas de crédito por cuatro millones 127 mil 719 lempiras y los intereses alcanzan los 249 mil 097 lempiras.
Aunque, en teoría, esta operación podría ser lícita, en la práctica, la zona occidental de Honduras es una de las más empobrecidas y la existencia de los canales de televisión y radios depende de la pauta publicitaria privada y, de cuando en cuando, de la asistencia estatal, dependiendo la filiación política de los propietarios o periodistas que les permite subsistir.
Y las condiciones de comercialización, tanto en precio como en calidad se establecen en los contratos de promesa recíproca y que será del ciclo agrícola 2017-2018. En otras palabras, Demahsa entabló negocios con el holding que apenas estaba comprando las 458 manzanas de tierra y estaba gestionando el multimillonario préstamo en Atlántida y habría pagado una indeterminada suma de dinero.
En el caso de una cadena de tiendas de abarrotería, recibió una propuesta de venta de novillos de engorde firmado por el gerente de la unidad agrícola ganadera de Inversiones del Río, Marcos Deras, a un precio de 26 mil 578 lempiras. Los envíos de los novillos provenían de una planta instalada en Siguatepeque y los gastos asumidos por la empresa en el transporte desde Gracias a la planta ubicada en la región central y luego a Tegucigalpa. También resulta raro de que instalaran en tiempo récord el plantel de cría de ganado en Lempira cuando, precisamente, no tenían predios y tecnología para el destace de las reses.
Primera parte: JOH y su esposa lavaron más de cuatro mil millones de la corrupción y narcotráfico
En esas transacciones, la cadena de tiendas llegó a pagar a la cuestionada empresa casi 700 mil lempiras, cuya fecha de registro es del 17 de enero de 2017, casualmente, cuando se estaban negociando terrenos en una zona muy alejada de la planta de producción y cría de ganado vacuno.
Cabe recordar que el presidente Juan Orlando Hernández acudió en febrero a EE.UU., donde recibió una palmada en el hombro por la DEA por su lucha contra el narcotráfico, a pesar de que su hermano Tony es calificado por ese país como un gran capo; asimismo, ha estado a favor de la confiscación de las propiedades de los jefes de los cárteles que fueron extraditados al país del norte.
Sin embargo, al cierre de esta investigación, el Ministerio Público de Honduras no ha procedido a la quita de bienes de Tony, a sabiendas que ha sido uno de los mayores transportistas de estupefacientes hacia EE.UU., según investigaciones del Departamento de Justicia y la DEA.
Oenegés de la primera dama drenaron 68 por ciento del fondo de solidaridad creado por JOH
TEGUCIGALPA, HONDURAS
(Por equipo de investigación – tercera parte) En la red instalada por la familia Hernández Alvarado, en asociación con los García Carías, obtuvieron fuertes ganancias del dinero procedente de las arcas públicas y que fueron blanqueados a través de oenegés y otras organizaciones fachadas destinadas, supuestamente, a servicios de asistencia social.
Esta asociación que colinda con la criminalidad organizada también contó con el apoyo de prominentes políticos, influyentes colaboradores en la estructura gubernamental y hasta insípidos personajes para hacer aparentar que todo operaba con normalidad.
En esta nueva serie de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN, apunta hacia Victoria Isabel Madison de Chávez, madre del actual congresista David Chávez Madison, quien usó la oeengé Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh) y la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih) -ambos controlados por la actual primera dama Ana Rosalinda García Carías- para drenar hasta mil 200 millones de lempiras y una parte de esos recursos fue entregado en su momento por el gobierno de Taiwán en calidad de donación.
Asimismo, la cónyuge del mandatario es la representante legal de la Fundación Para el Desarrollo Comunitario Cinthia Marina (Fundecima), la cual estuvo involucrada en 2012 en un escándalo respecto al decomiso de un vehículo que conducía Suyapa Arámbarri, esposa exdiputado nacionalista Héctor Tito Guillén, pues transportaba un millón de lempiras en unas bolsas, cuyo destino no pudo justificar.
Este caso fue asignado a la fiscalía contra el crimen organizado y en fecha reciente se dictó sentencia y ordenó la confiscación de la fuerte suma de dinero.
No obstante, este periódico corroboró que tanto la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y la MACCIH allanaron en 2018 las sedes de ambas organizaciones “sin fines de lucro” y de existir información fehaciente y concluyente, han optado por no librar requerimiento fiscal para que tanto la esposa del actual gobernante Juan Orlando Hernández, su madre Carlota Carías y Lotti García no sufran persecución penal.
Ambas organizaciones, de acuerdo a los datos de la incursión que realizó la Misión Anticorrupción de la OEA, laSecretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) otorgó miles de millones de lempiras que fueron facilitados a la oenegé de la esposa del presidente Hernández, cuyos ingresos eran para el desarrollo comunitatrio.
Además, se pudo confirmar que estas entidades han recibido “preferencias” por el entonces titular del organismo Ricardo Cardona -una de las manos derechas del mandatario- ya que se entregó dinero sin los mínimos requisitos a favor tanto a Fundeih como Fundeimh.
Cardona firmó contratos con Rebeca Andrea Tercero Lizardo, en representación de Fundeimh y Eva Yaqueline Collier Chávez por Fundeih para la supuesta distribución de ecofogones e instalación de microempresas de alimentos, las cuales no se realizaron o, en el mejor de los casos, su paradero es desconocido.
En los convenios suscritos entre ambas partes, se incorporaron casi diez adendas a las mismas; en el caso de Fundeimh, se justificó tal hecho en el sentido de que llegarian a cuantificables familias por sumas superiores a los 52 millones de lempiras, según los documentos analizados por el equipo de investigación de ConfidencialHN.
Los acuerdos que fueron aprobados por la Secretaría de Estado están supeditados a la adquisición de los ecofogones, serie MH400, y cuya entrega estaba “orientada a mejorar los estándares de calidad de vida y crecimiento del sector menos beneficiado y de escasos recursos económicos del país a través del programa Vida Mejor”.
Se tenía previsto que este proyecto debía alcanzar unas 15 mil familias que viven aún en la miseria y contaría con expertos que llegarían a cada comunidad a instalar tales artefactos que debían ser activados con leña.
Según el dictamen, este costo -solamente para Fundeih- fue de 87 millones 660 mil lempiras, procedente del fideicomiso denominado Fondos de solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema que fue aprobado por el Legislativo que presidió Hernández, que llegó hasta los tres mil millones de lempiras y aún es administrado por el Banco Central de Honduras.
En aquella ocasión, el actual titular del Ejecutivo nacionalista decidió junto a 71 diputados azules modificar el decreto 87-2011, para transferir un 25 por ciento de los presupuestos no ejecutados y que fueron a parar a la partida 0449, asignado a la Unidad de Servicios Financieros de la Administración Central y administrado por la Secretaría de Finanzas y en el cual también tienen una interesante participación del Casa Presidencial y “supervisado” por la cooperación internacional.
(Por equipo de investigación – tercera parte) En la red instalada por la familia Hernández Alvarado, en asociación con los García Carías, obtuvieron fuertes ganancias del dinero procedente de las arcas públicas y que fueron blanqueados a través de oenegés y otras organizaciones fachadas destinadas, supuestamente, a servicios de asistencia social.
Esta asociación que colinda con la criminalidad organizada también contó con el apoyo de prominentes políticos, influyentes colaboradores en la estructura gubernamental y hasta insípidos personajes para hacer aparentar que todo operaba con normalidad.
En esta nueva serie de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN, apunta hacia Victoria Isabel Madison de Chávez, madre del actual congresista David Chávez Madison, quien usó la oeengé Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh) y la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih) -ambos controlados por la actual primera dama Ana Rosalinda García Carías- para drenar hasta mil 200 millones de lempiras y una parte de esos recursos fue entregado en su momento por el gobierno de Taiwán en calidad de donación.
Asimismo, la cónyuge del mandatario es la representante legal de la Fundación Para el Desarrollo Comunitario Cinthia Marina (Fundecima), la cual estuvo involucrada en 2012 en un escándalo respecto al decomiso de un vehículo que conducía Suyapa Arámbarri, esposa exdiputado nacionalista Héctor Tito Guillén, pues transportaba un millón de lempiras en unas bolsas, cuyo destino no pudo justificar.
Este caso fue asignado a la fiscalía contra el crimen organizado y en fecha reciente se dictó sentencia y ordenó la confiscación de la fuerte suma de dinero.
No obstante, este periódico corroboró que tanto la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y la MACCIH allanaron en 2018 las sedes de ambas organizaciones “sin fines de lucro” y de existir información fehaciente y concluyente, han optado por no librar requerimiento fiscal para que tanto la esposa del actual gobernante Juan Orlando Hernández, su madre Carlota Carías y Lotti García no sufran persecución penal.
Ambas organizaciones, de acuerdo a los datos de la incursión que realizó la Misión Anticorrupción de la OEA, laSecretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) otorgó miles de millones de lempiras que fueron facilitados a la oenegé de la esposa del presidente Hernández, cuyos ingresos eran para el desarrollo comunitatrio.
Además, se pudo confirmar que estas entidades han recibido “preferencias” por el entonces titular del organismo Ricardo Cardona -una de las manos derechas del mandatario- ya que se entregó dinero sin los mínimos requisitos a favor tanto a Fundeih como Fundeimh.
Cardona firmó contratos con Rebeca Andrea Tercero Lizardo, en representación de Fundeimh y Eva Yaqueline Collier Chávez por Fundeih para la supuesta distribución de ecofogones e instalación de microempresas de alimentos, las cuales no se realizaron o, en el mejor de los casos, su paradero es desconocido.
En los convenios suscritos entre ambas partes, se incorporaron casi diez adendas a las mismas; en el caso de Fundeimh, se justificó tal hecho en el sentido de que llegarian a cuantificables familias por sumas superiores a los 52 millones de lempiras, según los documentos analizados por el equipo de investigación de ConfidencialHN.
Los acuerdos que fueron aprobados por la Secretaría de Estado están supeditados a la adquisición de los ecofogones, serie MH400, y cuya entrega estaba “orientada a mejorar los estándares de calidad de vida y crecimiento del sector menos beneficiado y de escasos recursos económicos del país a través del programa Vida Mejor”.
Se tenía previsto que este proyecto debía alcanzar unas 15 mil familias que viven aún en la miseria y contaría con expertos que llegarían a cada comunidad a instalar tales artefactos que debían ser activados con leña.
Según el dictamen, este costo -solamente para Fundeih- fue de 87 millones 660 mil lempiras, procedente del fideicomiso denominado Fondos de solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema que fue aprobado por el Legislativo que presidió Hernández, que llegó hasta los tres mil millones de lempiras y aún es administrado por el Banco Central de Honduras.
En aquella ocasión, el actual titular del Ejecutivo nacionalista decidió junto a 71 diputados azules modificar el decreto 87-2011, para transferir un 25 por ciento de los presupuestos no ejecutados y que fueron a parar a la partida 0449, asignado a la Unidad de Servicios Financieros de la Administración Central y administrado por la Secretaría de Finanzas y en el cual también tienen una interesante participación del Casa Presidencial y “supervisado” por la cooperación internacional.
En los estados financieros que consiguieron investigadores de Radio Globo y ConfidencialHN se pudo determinar que hasta mayo de 2018, no se habían liquidado ante la Secretaría de Finanzas unos 260 millones 446 mil 563 lempiras y en las cuentas por cobrar habían 119 millones 483 mil 737 lempiras con 76 centavos, desglosados en varios renglones asignados única y exclusivamente al programa Vida Mejor.
Otra organización que también resultó beneficiada en este proceso de saqueo de capitales es la denominada Fundación Juan Manuel Gálvez, dirigido por el exsecretario de Educación Marcial Solís.
Este exfuncionario mandó a pedir 10 millones de lempiras para la capacitación de guías familiares por la referida fundación “a través de la incorporación, réplica y para el manejo de recurso humano impulsado por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis)”.
Solís recibió la fuerte suma de dinero entre el 18 de marzo de 2016 y 11 de enero de 2017; aunque Solís asegura haber liquidado siete millones 726 mil 842 lempiras y habría logrado extender el convenio ya que también forma parte del entramado de Vida Mejor que dirige de manera personal la primera dama.
Estas oenegés, muy vinculadas al Partido Nacional y a la pareja presidencial han visto engrosadas sus ganancias por las conexiones políticas y la poca cultura de transparencia que ha aplicado la actual administración en los últimos cinco años. A la fecha, el Ministerio Público se resiste a emprender una persecución penal contra estos cuadros de confianza.
Por débil defensa posponen audiencia de Tony Hernández
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Debido a que el abogado defensor de Juan Antonio alias “Tony” Hernández fue incapaz de defender a su cliente, el juez Kevin Castel suspendio la audiencia y la traslado para una nueva fecha.
Este viernes con la presencia de 4 de sus familiares y su abogado defensor, el juez que conoce la causa por narcotrafico en contra del hermano del titular del régimen de Honduras Juan Hernández, decidió suspender la audiencia porque a pesar que fue agendada para la presentación de pruebas, el abogado defensor, Omar Malone, no presentó pruebas en favor de su defendido
La nueva audiencia fue establecida para el próximo viernes 22 de Marzo a las dos de la tarde del presente año.
Tegucigalpa.- Debido a que el abogado defensor de Juan Antonio alias “Tony” Hernández fue incapaz de defender a su cliente, el juez Kevin Castel suspendio la audiencia y la traslado para una nueva fecha.
Este viernes con la presencia de 4 de sus familiares y su abogado defensor, el juez que conoce la causa por narcotrafico en contra del hermano del titular del régimen de Honduras Juan Hernández, decidió suspender la audiencia porque a pesar que fue agendada para la presentación de pruebas, el abogado defensor, Omar Malone, no presentó pruebas en favor de su defendido
La nueva audiencia fue establecida para el próximo viernes 22 de Marzo a las dos de la tarde del presente año.
Nota relacionada Fiscalía de EE.UU. pide reservas para proteger pruebas contra Tony Hernández
Días
atrás el abogado defensor de Tony Hernandez, Manuel Retureta renunció a
seguir defendiendo al hermano del presidente de Honduras y se nombró a
Omar Malone quien este día demostró que al parecer no conoce mucho el
caso o no tiene argumentos para defenderlo.
En
la audiencia el defensor Malone demostró que le interesa más irse de
vacaciones de primavera (spring break), con su familia que ir a corte en
los siguientes días, tal como lo muestra el documento de Pro-Honduras
Network hizo llegar a Criterio.hn
“Toneladas” de cocaína traficó Tony Hernández a EEUU según fiscalía
Por
Publicado el 26 Noviembre, 2018
“El excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos”, pronunció el fiscal Geoffrey Berman, de Manhattan, Nueva York.
De acuerdo al fiscal estadounidense, Tony Hernández “estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos”.
Tony Hernández, quien también ocupó el cargo de diputado en el Congreso Nacional, bajo el mandato de su hermano el presidente de Honduras, fue detenido por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), siguiendo una orden emitida por la Corte de Nueva York, en donde será juzgado como le ha tocado a narcos de la talla de los Cachiros, con quien se presume que habría trabajado íntimamente.
Según analistas Honduras se convirtió en un santuario para narcotraficantes
Por
Publicado el 20 Diciembre, 2018
Las reacciones de Pineda fueron vertidas en el marco de las tardías acciones del Ministerio Público contra los bienes del hermano del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), es decir hacia Antonio Tony Hernández quien se encuentra preso en Estados Unidos tras ser acusado de traficar droga a gran escala hacia la nación del norte.
En sus declaraciones, el doctor Alvarado explicó que el aseguramiento de bienes —derivado por factores exógenos tras el arresto del exdiputado ahora preso en EEUU— representó un problema para las autoridades hondureñas ya que tuvieron que decidir, quedar bien con JOH o con los norteamericanos.
“Esto nos pone a pensar en el contexto”, declaró mientras destacaba que en Honduras el crimen organizado ha sido parte del gobierno y que un hermano del presidente está siendo enjuiciado por supuestos nexos con la narcoactividad.
“En un país con corrupción con sociedad tolerante, pobreza, es un caldo de cultivo para que ese tipo de actividades (narcotráfico) crezcan”, mencionó antes de señalar que otro problema del país es la falta de institucionalidad y que aunque hay leyes, no se vive en un Estados de derecho.
Para el entrevistado Honduras —con un gobierno contaminado y con una sociedad muy tolerante—, ya no es solo un país de tránsito de droga y podría definirse como un lugar que ha sido “santuario para narcotraficantes”.
Entre líneas Cachurecos anuncian candidatura de Ana Hernandez esposa de JOH
Por
Publicado el 6 Marzo, 2019
Luego de una reunión con el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, para discutir las reformas electorales, Sánchez hizo énfasis en la participación de las mujeres en la política.
“El partido Nacional cree que entre más participación haya de las mujeres en la política mayor será la participación de los escenarios”, comentó.
Estas declaraciones compaginan con la estrategia del régimen de lavar la cara a la dictadura imponiendo a la esposa del dictador como presidenta de Honduras.
Reinaldo Sánchez, continuó diciendo, que las mujeres deben ser las cabezas visibles en cargos públicos “y por qué no pensar en la próxima presidenta que pueda ser una mujer la que pueda participar en la dirección de los destinos de nuestra querida Honduras”.
A pesar que la cúpula nacionalista intenta mantener una aparente unidad dentro de las filas oficialistas, prima la división surgida entre las agrias acusasiones sostenidas entre el expresidente Porfirio Lobo y su sucesor Juan Orlando Hernández.
Con información de: ConfidencialHN
Comisionado de bancos usó entidad financiera a fin de lavar y sustraer dinero para campañas
TEGUCIGALPA,
HONDURAS
La red criminal que asaltó el Estado de Honduras supo penetrar el sistema financiero nacional, aprovechando los excelentes y fabulosos contactos en la administración pública para acceder a cuantiosos recursos que fueron entregados sin las mínimas condiciones, por lo que se incurrió en presunto lavado de dinero.
En esta trama, hay altos funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Superintendencia de Concesiones de las Alianzas Públicas y Privadas, quienes crearon un esquema de movilización de capitales, uso de testaferros y entidades privadas, que se configuraron como lavado de dinero.
Gran parte de estos recursos que los operadores supieron movilizar mediante transferencias supuestamente honestas fueron a parar campaña del Partido Nacional de Honduras durante las elecciones generales de noviembre de 2013.
Este hecho tomó connotaciones similares al megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya que se sacó dinero del sistema financiero, se pagaron cheques a nombre de connotados líderes del nacionalismo quienes, aprovechando sus rimbombantes apellidos, supieron simular operaciones que si bien despertaron sospechas, pero fueron silenciadas por ‘órdenes superiores’.
CALLA FISCALÍA Y LAVAIRE EN LA CNBS. Un reporte de
operaciones atípicas de la CNBS indica cómo un retiro de 693 mil 690
lempiras puso en la mira al también exsecretario de Industria y
Comercio, Adonis Lavaire, quinen justificó al Banco de los Trabajadores,
más conocido como Bantrab, que los recursos eran para “el pago de transporte y alimentación de marcha política”.
El monto fue sustraído de la cuenta 21-101-120478-2 el 24 de mayo de 2013, según el documento que tiene en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN. A su vez, el señalado autorizó al banco un débito mediante un cheque de caja a la Cooperativa Chorotega por 403 mil 333 lempiras.
Resulta que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, a través del oficio FESCCO-UCDLAP-1308-2014 y la Unidad de Información Financiera de la CNBS que se “determinó proceder al cierre administrativo relacionado con el reporte de transacción atípica, remitido por esa institución codificado en esta unidad con el caso #13-06-273-AT relacionados con la empresa Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción (Sisco) y José Adonis Lavaire Fuentes…no se encontró atipicidad por la comisión del delito de lavado de activos”.
Alrededor de cuatro cheques de la empresa
Sisco fueron cobrados por el superintendente de Concesiones David Ignacio
Williams el 24 de mayo de 2013, por sumas que van desde los 200 mil hasta los
395 mil lempiras. Estos, a su vez, fueron depositados a la cuenta 21-101-120478-2
de Adonis Lavaire, según las conciliaciones bancarias que se realizaron y que
este periódico tiene sn su poder. En el
legajo de los cheques, se establece que los mismos van con la leyenda “páguese
por este cheque a David Ignacio Williams”.
Resulta interesante que el cierre administrativo de la causa contra el empresario haya ocurrido en 2014 por la FESCCO y la Comisión de Bancos…meses antes, Lavaire era juramentado junto a la exprocuradora general Ethel Deras como miembros propietarios del organismo supervisor del sistema financiero nacional.
SACAR
DINERO A GRANEL DE BANTRAB. Según la investigación
de Radio Globo y ConfidencialHN, se pudo establecer que en este proceso de drenaje
de recursos del banco, se giraron depósitos para empresas de construcción y
diseño de interiores, así como compañías hoteleras a pesar de que se
encendieron las alarmas dentro de los aparatos de control, pero fueron
desestimadas sin explicaciones convincentes.
El hecho de que Adonis Lavaire haya accedido a grandes cantidades de dinero demuestra hubo una clara premeditación, alevosía y ventaja, en contubernio con los principales directivos y comisarios de Bantrab, para superar cualquier escollo sin apenas sudar la camisa.
A la vista están sendos informes de auditoría en la que se describen las falencias del proceso de entrega de préstamos a varias sociedades mercantiles como Inversiones Turísticas del Campo SA, propiedad de Lavaire, quien apenas la conformó con 25 mil lempiras, según las escrituras y estados financieros analizados.
Un comprometedor informe de auditoría explica que los oficiales bancarios y comité de créditos de Bantrab dieron, sin cumplir muchos requisitos, 12 millones de lempiras para la empresa hotelera propiedad del comisionado de Bancos que jamás pudo desarrollarse porque fue imposible el repago del capital e intereses por el monto cedido, provocando por ende una fortísima pérdida; alrededor de 14 recomendaciones fueron pasadas por alto y “el financiamiento a Inversiones Turísticas del Campo SA fueron fue otorgado en condiciones favorables significativas, incumpliendo en algunos casos la política de crédito del banco y las condiciones descritas en las resoluciones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva, situación que puede exponer al banco requerimientos adicionales de reserva”.
DIRECTIVOS
SOSPECHOSOS. Es más, el auditor halló en la
investigación que el análisis crediticio practicado a la empresa deudora jamás
concluyó si era procedente conceder el préstamo, así como la política de
crédito vigente en esa fecha no faculta al comité ejecutivo la aprobación de
préstamos superiores a los 10 millones de lempiras.
Un hecho que levantó las sospechas en los auditores de Bantrab es que el desembolso que se realizó el 18 de febrero de 2016, fue aprobado por el comité ejecutivo 57 días después, es decir, el 15 de abril del mismo año. Además, llamó la atención el hallazgo de hasta cuatro tipos de inconsistencias, a decir que “existen dos resoluciones para la aprobación del crédito, una de Junta Directiva del 19 de diciembre de 2015 y otra del Comité Ejecutivo del 15 de abril de 2016…” que concluyó que no se cumplieron las comisiones por desembolso, no se entregaron las facturas proforma, mucho menos se cumplió la condición de que “los desembolsos para el equipamiento del hotel se harán directamente a la empresa vendedora, previo a la presentación proforma”.
Los oficiales crediticios, por su parte, encontraron que Lavaire abrió la cuenta de ahorros 21-604-000325 con apenas mil lempiras y por ser una empresa nueva “no cuenta con historial crediticio en el banco y burós de crédito”. También determinaron que los socios no contaban con la experiencia en el ramo hotelero y que los ingresos de la compañía no ajustaban para el pago de intereses mensuales.
Uno de los estados financieros a los que
tuvo acceso este periódico pudo determinar que la empresa del comisionado Lavaire
puso en serios aprietos a Bantrab ya
que todo el riesgo recaía sobre la entidad, en el sentido que no contaba con el
dinero suficiente para hacer frente a los pagos que se deberían realizarse
durante 15 años, a razón de 83 mil 333 lempiras con 33 centavos mensuales.
MILLONARIAS RAZONES PARA PERDER. El Banco de los Trabajadores, ya sea por acción, omisión o complicidad, optó por regalar el dinero tomado de otros clientes a empresas que no reunían las condiciones para asumir los compromisos respecto al pago de capital e intereses. Al respecto, la resolución del comité ejecutivo de Bantrab CE-58-28-04-2015 del 28 de abril de 2015 revela que prestó dos millones 300 mil dólares (50 millones 830 mil 690 lempiras) a la empresa Diseño de interiores y proyectos S. de R.L. de C.V, cuyos accionistas son Cintia Martell Fiallos y Jorge Mauricio Massieu,y que jamás fue pagado.
En el préstamo, que ascendió a 61 millones 800 mil lempiras y que fue calificado como “perdido” establece que la línea de crédito fue otorgado de forma fiduciaria sin contar con el con el debido soporte de garantías. La resolución del Comité Ejecutivo CE-58-28-04-2015, del 28 de abril de 2015 explica que fue autorizado por varios directivos, se firmó el contrato de compromiso y proceso de entrega y pago de productos firmado entre Massieu y Marco Antonio Cano y no se cumplió con su finalidad de asegurar el pago del préstamo, tampoco hubo interés manifiesto del banco en exigir su cumplimiento a pesar que el dinero fue desembolsado dos tramos y esto provocó el despido inmediato de los directivos y gerentes que fueron responsables del hecho.
Un reporte de la CNBS expresa que se pidió
que se clasificara el crédito entregado a Diseño
de interiores y proyectos y la creación de la reserva por el 100 por ciento
del saldo adeudado “indicando que el préstamo fue otorgado sin la debida
diligencia crediticia y con grandes debilidades en el aseguramiento de la fuente
de pago”.
“Cabe señalar que la aprobación anterior es una excepción muy especial de la CNBS a Bantrab, en vista que en términos normales, el ente regulador, solicita la creación del 100% de la reserva en forma inmediata. Además, el préstamo se encuentra en ejecución judicial, tanto en la vía civil como penal, con escasas posibilidades de recuperación y el impacto de la reserva se dividió en dos porciones, afectando los resultados financieros en 2016 y 2017 en partes aproximadas de 30 millones de lempiras en cada uno”, explica uno de los sumarios hechos por los auditores del banco.
Los analistas indicaron en el informe que estos hechos no han sido comunicados a la junta de accionistas, es decir, a los clientes de Bantrab y apenas lo saben los altos ejecutivos de la cuestionada institución.
La red criminal que asaltó el Estado de Honduras supo penetrar el sistema financiero nacional, aprovechando los excelentes y fabulosos contactos en la administración pública para acceder a cuantiosos recursos que fueron entregados sin las mínimas condiciones, por lo que se incurrió en presunto lavado de dinero.
En esta trama, hay altos funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Superintendencia de Concesiones de las Alianzas Públicas y Privadas, quienes crearon un esquema de movilización de capitales, uso de testaferros y entidades privadas, que se configuraron como lavado de dinero.
Gran parte de estos recursos que los operadores supieron movilizar mediante transferencias supuestamente honestas fueron a parar campaña del Partido Nacional de Honduras durante las elecciones generales de noviembre de 2013.
Este hecho tomó connotaciones similares al megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya que se sacó dinero del sistema financiero, se pagaron cheques a nombre de connotados líderes del nacionalismo quienes, aprovechando sus rimbombantes apellidos, supieron simular operaciones que si bien despertaron sospechas, pero fueron silenciadas por ‘órdenes superiores’.
CALLA FISCALÍA Y LAVAIRE EN LA CNBS. Un reporte de
operaciones atípicas de la CNBS indica cómo un retiro de 693 mil 690
lempiras puso en la mira al también exsecretario de Industria y
Comercio, Adonis Lavaire, quinen justificó al Banco de los Trabajadores,
más conocido como Bantrab, que los recursos eran para “el pago de transporte y alimentación de marcha política”.
El monto fue sustraído de la cuenta 21-101-120478-2 el 24 de mayo de 2013, según el documento que tiene en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN. A su vez, el señalado autorizó al banco un débito mediante un cheque de caja a la Cooperativa Chorotega por 403 mil 333 lempiras.
Resulta que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, a través del oficio FESCCO-UCDLAP-1308-2014 y la Unidad de Información Financiera de la CNBS que se “determinó proceder al cierre administrativo relacionado con el reporte de transacción atípica, remitido por esa institución codificado en esta unidad con el caso #13-06-273-AT relacionados con la empresa Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción (Sisco) y José Adonis Lavaire Fuentes…no se encontró atipicidad por la comisión del delito de lavado de activos”.
Alrededor de cuatro cheques de la empresa
Sisco fueron cobrados por el superintendente de Concesiones David Ignacio
Williams el 24 de mayo de 2013, por sumas que van desde los 200 mil hasta los
395 mil lempiras. Estos, a su vez, fueron depositados a la cuenta 21-101-120478-2
de Adonis Lavaire, según las conciliaciones bancarias que se realizaron y que
este periódico tiene sn su poder. En el
legajo de los cheques, se establece que los mismos van con la leyenda “páguese
por este cheque a David Ignacio Williams”.
Resulta interesante que el cierre administrativo de la causa contra el empresario haya ocurrido en 2014 por la FESCCO y la Comisión de Bancos…meses antes, Lavaire era juramentado junto a la exprocuradora general Ethel Deras como miembros propietarios del organismo supervisor del sistema financiero nacional.
SACAR
DINERO A GRANEL DE BANTRAB. Según la investigación
de Radio Globo y ConfidencialHN, se pudo establecer que en este proceso de drenaje
de recursos del banco, se giraron depósitos para empresas de construcción y
diseño de interiores, así como compañías hoteleras a pesar de que se
encendieron las alarmas dentro de los aparatos de control, pero fueron
desestimadas sin explicaciones convincentes.
El hecho de que Adonis Lavaire haya accedido a grandes cantidades de dinero demuestra hubo una clara premeditación, alevosía y ventaja, en contubernio con los principales directivos y comisarios de Bantrab, para superar cualquier escollo sin apenas sudar la camisa.
A la vista están sendos informes de auditoría en la que se describen las falencias del proceso de entrega de préstamos a varias sociedades mercantiles como Inversiones Turísticas del Campo SA, propiedad de Lavaire, quien apenas la conformó con 25 mil lempiras, según las escrituras y estados financieros analizados.
Un comprometedor informe de auditoría explica que los oficiales bancarios y comité de créditos de Bantrab dieron, sin cumplir muchos requisitos, 12 millones de lempiras para la empresa hotelera propiedad del comisionado de Bancos que jamás pudo desarrollarse porque fue imposible el repago del capital e intereses por el monto cedido, provocando por ende una fortísima pérdida; alrededor de 14 recomendaciones fueron pasadas por alto y “el financiamiento a Inversiones Turísticas del Campo SA fueron fue otorgado en condiciones favorables significativas, incumpliendo en algunos casos la política de crédito del banco y las condiciones descritas en las resoluciones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva, situación que puede exponer al banco requerimientos adicionales de reserva”.
DIRECTIVOS
SOSPECHOSOS. Es más, el auditor halló en la
investigación que el análisis crediticio practicado a la empresa deudora jamás
concluyó si era procedente conceder el préstamo, así como la política de
crédito vigente en esa fecha no faculta al comité ejecutivo la aprobación de
préstamos superiores a los 10 millones de lempiras.
Un hecho que levantó las sospechas en los auditores de Bantrab es que el desembolso que se realizó el 18 de febrero de 2016, fue aprobado por el comité ejecutivo 57 días después, es decir, el 15 de abril del mismo año. Además, llamó la atención el hallazgo de hasta cuatro tipos de inconsistencias, a decir que “existen dos resoluciones para la aprobación del crédito, una de Junta Directiva del 19 de diciembre de 2015 y otra del Comité Ejecutivo del 15 de abril de 2016…” que concluyó que no se cumplieron las comisiones por desembolso, no se entregaron las facturas proforma, mucho menos se cumplió la condición de que “los desembolsos para el equipamiento del hotel se harán directamente a la empresa vendedora, previo a la presentación proforma”.
Los oficiales crediticios, por su parte, encontraron que Lavaire abrió la cuenta de ahorros 21-604-000325 con apenas mil lempiras y por ser una empresa nueva “no cuenta con historial crediticio en el banco y burós de crédito”. También determinaron que los socios no contaban con la experiencia en el ramo hotelero y que los ingresos de la compañía no ajustaban para el pago de intereses mensuales.
Uno de los estados financieros a los que
tuvo acceso este periódico pudo determinar que la empresa del comisionado Lavaire
puso en serios aprietos a Bantrab ya
que todo el riesgo recaía sobre la entidad, en el sentido que no contaba con el
dinero suficiente para hacer frente a los pagos que se deberían realizarse
durante 15 años, a razón de 83 mil 333 lempiras con 33 centavos mensuales.
MILLONARIAS RAZONES PARA PERDER. El Banco de los Trabajadores, ya sea por acción, omisión o complicidad, optó por regalar el dinero tomado de otros clientes a empresas que no reunían las condiciones para asumir los compromisos respecto al pago de capital e intereses. Al respecto, la resolución del comité ejecutivo de Bantrab CE-58-28-04-2015 del 28 de abril de 2015 revela que prestó dos millones 300 mil dólares (50 millones 830 mil 690 lempiras) a la empresa Diseño de interiores y proyectos S. de R.L. de C.V, cuyos accionistas son Cintia Martell Fiallos y Jorge Mauricio Massieu,y que jamás fue pagado.
En el préstamo, que ascendió a 61 millones 800 mil lempiras y que fue calificado como “perdido” establece que la línea de crédito fue otorgado de forma fiduciaria sin contar con el con el debido soporte de garantías. La resolución del Comité Ejecutivo CE-58-28-04-2015, del 28 de abril de 2015 explica que fue autorizado por varios directivos, se firmó el contrato de compromiso y proceso de entrega y pago de productos firmado entre Massieu y Marco Antonio Cano y no se cumplió con su finalidad de asegurar el pago del préstamo, tampoco hubo interés manifiesto del banco en exigir su cumplimiento a pesar que el dinero fue desembolsado dos tramos y esto provocó el despido inmediato de los directivos y gerentes que fueron responsables del hecho.
Un reporte de la CNBS expresa que se pidió
que se clasificara el crédito entregado a Diseño
de interiores y proyectos y la creación de la reserva por el 100 por ciento
del saldo adeudado “indicando que el préstamo fue otorgado sin la debida
diligencia crediticia y con grandes debilidades en el aseguramiento de la fuente
de pago”.
“Cabe señalar que la aprobación anterior es una excepción muy especial de la CNBS a Bantrab, en vista que en términos normales, el ente regulador, solicita la creación del 100% de la reserva en forma inmediata. Además, el préstamo se encuentra en ejecución judicial, tanto en la vía civil como penal, con escasas posibilidades de recuperación y el impacto de la reserva se dividió en dos porciones, afectando los resultados financieros en 2016 y 2017 en partes aproximadas de 30 millones de lempiras en cada uno”, explica uno de los sumarios hechos por los auditores del banco.
Los analistas indicaron en el informe que estos hechos no han sido comunicados a la junta de accionistas, es decir, a los clientes de Bantrab y apenas lo saben los altos ejecutivos de la cuestionada institución.
Falsos positivos: Gobierno sigue con campaña para justificar más policías y militares
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El gobierno de Honduras, en medio de contradicciones y evidentes mentiras, emprende una masiva campaña para presionar al Parlamento a fin de que se le autorice una masiva contratación de policías y militares en su desenfrenada lucha contra la violencia, al recurrir a falsos positivos, tal como lo hizo en 2017 en su “afán” por combatir el terrorismo.
Resulta hasta interesante que en estas últimas semanas se han viralizado vídeos sobre crímenes ocurridos en San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades, buscando crear necesidad en la población sobre engrosar las filas de las fuerzas de seguridad y defensa, a costa de multimillonarios recursos aportados por el público.
Mediante la aplicación de la estrategia problema-reacción-solución, se han lanzado a las redes sociales numerosos vídeos donde se habla, incluso, con atentar contra el presidente Juan Orlando Hernández, ya que se busca victimizarlo y colocarlo en una posición de vulnerabilidad en el sentido que es sujeto de amenazas por su “postura” de combatir la criminalidad organizada.
Si bien las amenazas contra los presidentes del mundo son una costumbre, en Honduras se ha visto como una forma para justificar una injustificada carrera armamentista dirigida única y exclusivamente por Hernández, aunque suele decir que la escalada ha bajado de manera sorprendente.
El hecho de mandar a sus cuadros de confianza a decir que contratarán más policías y militares demuestra que no ha podido combatir el flagelo…por ello se reporta una tasa diaria superior a las 11 muertes, llegando hasta las 20 y más durante los fines de semana.
En esta ocasión, se busca a través de publicaciones -supuestamente hechas- de la banda de Mito Padilla generar un espíritu de cuerpo en la sociedad, incluyendo a incautos opositores, de que el presidente podría ser sujeto de un atentado criminal en su contra.
“Para JOH y Fusina” se lee en un mensaje amenazante elaborado supuestamente por miembros de la estructura criminal que comandaba el ya extinto Mito Padilla según la policía desde 2005.
La advertencia surge a varios días de la muerte de Mito, quien expiró junto a dos miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) durante un enfrentamiento en Guayape.
“La muerte de nuestro padre Mito Padilla, no quedará así, gracias a nuestras amistades por apoyarnos”, se lee en la pancarta.
Asimismo se le advierte a Hernández “con todos los que querrás, con todos tus perros policías que tenás, que ya verás cómo es la cosa”.
Tal publicación dará por descontado que el Congreso, dominado por el Partido Nacional, apruebe en un solo debate darle dinero para el gobernante. Alegarán extrema necesidad de erradicar el crimen y la agrupación criminal apenas será un conejillo de indias para los propósitos del Ejecutivo nacionalista.
Esta política se usó a gran escala durante 2017, cuando casualmente, las cámaras de los noticieros afines al gobierno grababan las quemas de carros repartidores, sus reporteros exigían el “combate al terorrismo”, aun cuando sus connotaciones distaban del mismio significado.
Por tanto, se aprobó en tiempó récord una Ley antiterrorista y las quemas desaparecieron por arte de magia. No obstante, se conculcaron otros derechos que, de manera indirecta, fueron vistos con buenos ojos por la población.
El gobierno de Honduras, en medio de contradicciones y evidentes mentiras, emprende una masiva campaña para presionar al Parlamento a fin de que se le autorice una masiva contratación de policías y militares en su desenfrenada lucha contra la violencia, al recurrir a falsos positivos, tal como lo hizo en 2017 en su “afán” por combatir el terrorismo.
Resulta hasta interesante que en estas últimas semanas se han viralizado vídeos sobre crímenes ocurridos en San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades, buscando crear necesidad en la población sobre engrosar las filas de las fuerzas de seguridad y defensa, a costa de multimillonarios recursos aportados por el público.
Mediante la aplicación de la estrategia problema-reacción-solución, se han lanzado a las redes sociales numerosos vídeos donde se habla, incluso, con atentar contra el presidente Juan Orlando Hernández, ya que se busca victimizarlo y colocarlo en una posición de vulnerabilidad en el sentido que es sujeto de amenazas por su “postura” de combatir la criminalidad organizada.
Si bien las amenazas contra los presidentes del mundo son una costumbre, en Honduras se ha visto como una forma para justificar una injustificada carrera armamentista dirigida única y exclusivamente por Hernández, aunque suele decir que la escalada ha bajado de manera sorprendente.
El hecho de mandar a sus cuadros de confianza a decir que contratarán más policías y militares demuestra que no ha podido combatir el flagelo…por ello se reporta una tasa diaria superior a las 11 muertes, llegando hasta las 20 y más durante los fines de semana.
En esta ocasión, se busca a través de publicaciones -supuestamente hechas- de la banda de Mito Padilla generar un espíritu de cuerpo en la sociedad, incluyendo a incautos opositores, de que el presidente podría ser sujeto de un atentado criminal en su contra.
“Para JOH y Fusina” se lee en un mensaje amenazante elaborado supuestamente por miembros de la estructura criminal que comandaba el ya extinto Mito Padilla según la policía desde 2005.
La advertencia surge a varios días de la muerte de Mito, quien expiró junto a dos miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) durante un enfrentamiento en Guayape.
“La muerte de nuestro padre Mito Padilla, no quedará así, gracias a nuestras amistades por apoyarnos”, se lee en la pancarta.
Asimismo se le advierte a Hernández “con todos los que querrás, con todos tus perros policías que tenás, que ya verás cómo es la cosa”.
Tal publicación dará por descontado que el Congreso, dominado por el Partido Nacional, apruebe en un solo debate darle dinero para el gobernante. Alegarán extrema necesidad de erradicar el crimen y la agrupación criminal apenas será un conejillo de indias para los propósitos del Ejecutivo nacionalista.
Esta política se usó a gran escala durante 2017, cuando casualmente, las cámaras de los noticieros afines al gobierno grababan las quemas de carros repartidores, sus reporteros exigían el “combate al terorrismo”, aun cuando sus connotaciones distaban del mismio significado.
Por tanto, se aprobó en tiempó récord una Ley antiterrorista y las quemas desaparecieron por arte de magia. No obstante, se conculcaron otros derechos que, de manera indirecta, fueron vistos con buenos ojos por la población.
Gobierno perdió toda vergüenza al pedir más militares y fondos para seguridad, asegura socióloga Leticia Salomón
En
Honduras los corredores de la violencia no han parado a pesar de
dedicar grandes cantidades de dinero y extraditar a los supuestos capos
de la droga acusados incluso de provocar tanta criminalidad en el país.
El gobierno de Juan Orlando Hernández está solicitando más fondos
públicos para aumentar el número de militares en las calles.
“Ya perdió toda la vergüenza este
gobierno porque no es posible que esté pidiendo más recursos para crear
más policías militares o más policías si tienen un presupuesto
exagerado, que no ha dado los resultados correspondientes a la magnitud
de su inversión”, dijo en Radio Progreso la socióloga e investigadora,
Leticia Salomón.
Los últimos datos del año señalan que se
ha presentado el asesinato de unas 49 personas en 14 masacres
perpetradas en distintos puntos del territorio nacional sin sumar las
muertes individuales que se registran en el país.
“Prácticamente es el 70% de la Tasa de Seguridad se les está asignado a ellos, entonces qué están haciendo con ese dinero, realmente lo están invirtiendo en seguridad”, se preguntó Salomón.Radio Progreso (RP) conversó con Leticia Salomón (LS) sobre la violencia y criminalidad que arropa al país.
- ¿Qué reflejan estos números?
- Indican lo mal que anda como país. A pesar que el gobierno ha utilizado el tema de la violencia y la reducción de los homicidios como su quehacer fundamental la verdad es que en materia de criminalidad e inseguridad nosotros andamos todavía muy mal. Una cosa es que se haya dedicado a combatir el narcotráfico. y por lo tanto hay una cierta explicación de la reducción de homicidio atribuidos al narcotráfico, y por otro lado ver qué es lo que están haciendo con el otro tipo de violencia originada por delincuencia común o delincuencia organizada, maras y pandillas, sicariato y otros delitos similares.
- Los departamentos con más violencia son Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Atlántida, Yoro y Copán, ¿qué hay en estos corredores?
- La concentración de criminalidad es natural que sea en los dos departamentos más grandes por eso no es de extrañarnos que sea precisamente Cortés y Francisco Morazán, el detalle es que estos son fenómenos que cada vez se van volviendo más complejos y se van expandiendo de una u otra manera, el hecho de que aparezcan ya otros departamentos presentando índices bastante altos en materia de criminalidad y violencia justifica esta tendencia que se está dando y que parece ser irreversible hasta tanto el gobierno no tome medidas realmente adecuadas para ello.
- La extorsión sigue siendo el pan de cada día de gente luchadora de este país, ¿se normalizó la extorsión en Honduras?
- Sí, yo creo que ese es un fenómeno que empezó en pequeño, de forma aislada y quizá concentrado en uno que otro barrio, pero hoy se fue generalizando tanto que podemos decir que la extorsión y el sicariato son problemas gravísimos en nuestro país. Y esto no es casual, precisamente la extorsión es un fenómeno que se maneja de la mano entre criminalidad y violencia. En la medida que la extorsión funciona y las víctimas responden a la extorsión.
- ¿Es la extorsión un asunto de maras y pandillas?
- La verdad que no. Es indudable que al tener una estructura organizativa mucho más amplia, organizada y cimentada estos dos elementos pueden jugar un papel central en torno a un delito tan grave como la extorsión, pero tienen que haber otros, y lo primero que uno piensa es que se involucran allí tanto a nivel de autoridad, estamos hablando de la policial o militares, como de delincuentes comunes o individuales que pueden sumarse a esta actividad en su condición de empleados o subordinados de las personas que controlan este fenómeno en el país.
- ¿Qué frutos cree usted ha dado la Fuerza Nacional Antiextorsión?
- Si nosotros vemos la cantidad de recursos invertidos en toda la política de combate a la criminalidad y la violencia, y vemos los resultados que tenemos, allí hay un déficit muy grande, y lo primero que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos si vale la pena estar invirtiendo cantidades tan grandes para obtener tan pobres resultados.
- ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
- No hay una causa, es indudable que se cruzan varias, digamos que los más fuertes son: la pobreza y falta de oportunidades que arroja a la gente desesperada a utilizar cualquier medio para sobrevivir, pero esta explicación se mira más en la criminalidad menor que en la criminalidad mayor. Pero también tenemos que ver una debilidad institucional del Estado, un nivel generalizado de impunidad que hace que cada vez más individuos o sectores se involucren en estas actividades, porque no tienen miedo a ser condenados, porque la institucionalidad no funciona.
- Las extradiciones y las entregas de los capos de la droga a Estados Unidos, ¿en qué ha impactado en la vida del país?
- Yo creo que este es un elemento positivo, vamos a decirlo así porque en la medida que desaparecen del escenario público los capos de la droga y todos los circuitos cercanos a máximos dirigentes de núcleos de drogas, entonces vemos que eso se traduce en menos enfrentamientos entre ellos y en menos enfrentamientos con las personas que trabajan para ellos. Entonces es positivo que se los hayan llevado, aunque eso nos ponga en cuestionamiento a todo el sistema judicial, que vergüenza deberían de tener de estar aceptando la extradición, porque aquí no es posible aplicar la ley, no es posible garantizar el justo castigo para las personas que la infringen.
- ¿Por qué gente cercana y del círculo familiar de los presidentes están salpicados con el narcotráfico?
- Creo que a este país nos ha caído de tanto y de tantas cosas que hemos quedado como anonadados, petrificados y nos vamos acostumbrando a que esas cosas sean normales, en otros países por lo menos está la capacidad de indignación, de saber que personajes que llegaron a ocupar la más alta magistratura del país están involucrados en actos delictivos de esa naturaleza o que simplemente se han apropiado de los recursos públicos vía corrupción o que han establecido redes clientelares con narcotráfico o con otro tipo de delitos.
- ¿Ha podido el narcotráfico poner a un presidente?
- Yo no creo que hayan llegado hasta tanto. Es de recordar que los narcotraficantes necesitan un clima de seguridad cercana que tiene que ver con seguridad jurídica y eso se relaciona con compra de policías, de militares, compra de jueces y de repente compra de magistrados. Entonces esos niveles que están allí les permiten sentirse más seguros de que sus actividades se van a realizar sin el riesgo de ser aprehendidos o sin el riesgo de que les caigan de la noche a la mañana sin enterarse.
- ¿Se han cumplido las frases de JOH: caiga quien caiga y nadie está por encima de la ley?
- No. La verdad es que tanto en el combate a la corrupción como en el combate al narcotráfico y a los homicidios se están realizando hacia a todo lo que no sea el gobierno, eso significa que combate a la corrupción sí, pero a todos los que estén en la base de la pirámide, van a ser investigados y castigados pero el círculo cercano al Presidente no está siendo investigados, inclusive no han llegado a ser tocados directamente a pesar de los señalamientos, en países tan serios el Presidente ya hubiera presentado su renuncia, avergonzado por que los niveles de señalamiento han llegado tan cerca de él y de su familia.
- ¿Usted cree que JOH no sabía que su hermano era un capo importante del narcotráfico?
- No se necesita ser un genio ni haber estudiado mucho para darse cuenta de eso, si el Presidente ha fincado toda su política de combate al narcotráfico y tiene en una mano a la policía y en la otra a los militares y está activando el Consejo Nacional de Seguridad en donde los máximo jefes de las Fuerzas Armadas están allí, cómo es que no iba a saber que su hermano estaba metido, cómo es que los demás no iban saberlo, y seguramente volteaban a ver para otro lado porque como le digo nunca se investigan a sí mismo sino a los demás, y si son oposición mucho mejor todavía.
- ¿Qué piensa usted del proceso de depuración policial?
- Tengo una opinión muy lamentable de ese proceso porque no es posible que se están dando estos niveles de denuncia y de auto denuncia de varios oficiales y ex oficiales de la Policía sin que la Comisión de Depuración no se haya dado cuenta de eso, por favor, lo que están haciendo es simple trámites administrativos de retiro de estas personas de la institución policial, asegurándoles todas sus prestaciones pero ninguno de ellos ha llegado al Ministerio Público para iniciar procesos de investigación por su involucramiento en actividades delictivas.
- El gobierno asegura que está creando un nuevo cuerpo policial, ¿qué piensa usted?
- Por favor. La verdad que yo desconfío de eso, y es indudable que se está utilizando como una mampara como un eslogan para darle una cierta concreción a la imagen de combate al narcotráfico, a la corrupción, teniendo instrumentos policiales y militares. No creo que ese proceso sea el adecuado, puede ser que estén avanzando en algunas cosas pero la gravedad del problema exige un avance mucho mayor del que se ha tenido en la actualidad.
- El gobierno está pidiendo más fondos porque necesita tener más militares en las calles, ¿son necesarios más militares?
- LS. Ya perdió toda la vergüenza este gobierno porque no es posible que se esté pidiendo más recursos para crear más policías militares o policías si tienen un presupuesto exagerado del país que no ha dado los resultados correspondientes a la magnitud de su inversión y, por otro lado, prácticamente es el 70% de la Tasa de Seguridad se les está asignado a ellos, entonces qué están haciendo con ese dinero, realmente lo están invirtiendo en seguridad.
Asesinan a crítico periodista en el sur de Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- La prensa hondureña se viste de luto, al registrar el asesinato del comunicador social, Gabriel Hernández, en horas del mediodía de este domingo, cuando regresaba a su vivienda en Nacaome, departamento de Valle.
Hernández
era director del programa “El pueblo habla” transmitido por Canal 25
Valle tv, en la zona sur de Honduras, donde se existe una fuerte y
permanente oposición a la línea gubernamental del régimen de Juan
Hernández, y las empresas extractivistas.
El
departamento de Valle es parte de la “ruta del sur” expuesta ante el
mundo desde la vista de empresarios transnacionales que explotan los
bienes comunes de la naturaleza (ríos, playas, peces, metales preciosos,
hasta la energía fotovoltaica y eólica) y para lo que se ha creado el
programa estatal “la hora del sur”, desde el 2015.
Estos
temas conforman la agenda informativa de los pocos espacios -en su
mayoría- independientes y comunitarios, causasando criminalización a
periodistas y comunicadores sociales que denuncian violaciones a
derechos humanos.
Entre los casos de criminalización del derecho a la libertad de expresión
han sido contra integrantes de la Asociación por el Desarrollo de la
Península de Zacate Grande (ADEPZA) y su radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, en Amapala, Valle.
De igual forma, la condena contra Ariel D’Vicente,
luego de una querella presentada por denunciar actos de corrupción de
parte de un comisionado de policía (años después el Ministerio Público
confirmó estos hechos, y ahora Lorgio Tinoco es prófugo de la justicia).
Se suma Jairo López,
periodista de Choluteca, está bajo medidas sustitutivas a la prisión,
por supuestas denuncias que afectan a la estatal Empresa de Energía
Honduras (EEH); y, Melissa Hernández,
a quién la policía lanzó bombas lacrimógenas cuando denunciaba
agresiones después de una protesta social convocada por el grupo de
oposición “Bastión del Sur”.
Tambien Neptalí Rubí,
periodistas de Nacaome y cercano en la labor informativa con Gabriel
Hernández, ha sido víctima de amenazas, golpizas y detenciones por parte
de militares cuando daba cobertura a protestas contra el fraude
electoral en diciembre del 2017.
Gabriel Hernández (54), habria solicitado medidas de protección, sin repuesta positiva. Foto Facebook
El
programa televisivo de Gabriel Hernández era crítico al acontecer del
país, denunciaba lo que sucedía y exigía justicia por las y los
compañeros caídos por sus ideales, lamentamos que este hecho se dé en
esta zona, por lo que exigimos que no quede en la impunidad, expresaron
integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de
la zona Sur de Honduras (REDEHSUR).
Según
información preliminar, el periodista estudiaba en la Universidad
Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), saliendo se clases se
dirigía a tomar tomar el transporte público para su casa, cuando un
individuo a bordo de una bicicleta le infirió seis disparos, que
acabaron con su vida.
Al
instante fue auxiliado por otras personas, y a aborto de una vehículo
pick-up, lo trasladaron a un centro hospitalario, probablemente ya sin
vida.
El
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registra al menos 70 asesinatos
contra periodistas, comunicadores sociales y empleados de medios de
comunicación, desde el año 2003 a la fecha. De los que, el 90 por ciento
de casos en la impunidad, y que sitúa a Honduras en unos de los países
más peligrosos para ejercer el periodismo.
Gabriel
Hernández era un combativo periodista que acompañó el trabajo de la
Alianza de Oposición Contra la Dictadura (para sacar del poder a Juan
Hernández), y siempre estuvo del lado de las luchas sociales con sus
medios de comunicación, televisivo y redes sociales, detalló un
comunicador social con quién compartió faenas.
El periodista Gabriel Hernández afín al
partido Libertad y Refundación (LIBRE), mantenía una postura crítica
social contra el sistema gubernamental en general.
Magistrado suplente del TSE insta al MP investigue el fraude electoral del 2017
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, instó este martes al Ministerio Público que investigue todo lo que ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2017.
Ese día en Honduras se gestó una crisis política ante un fraude electoral montado para mantener en el poder al actual gobernante, Juan Hernández, y que desembocó en la muerte violenta de 23 hondureños que perdieron la vida durante las protestas, por armas de las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe de las Naciones Unidas.
“Uno cree que se debe hacer una investigación de lo que ocurrió en el proceso electoral del año 2017, lo que ocurrió esa noche”, dijo Ramiro Lobo, quien la noche del 26 de noviembre declaró ante medios de comunicación que el ganador del proceso era el candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla y que esa versión se la había plasmado el representante de la empresa que transmitía los resultados.
“Esa noche del proceso electoral ocurrieron muchas circunstancias que están todavía ocultas, pero que debe haber una profunda investigación de lo que se realizó. Ahí se paralizó el sistema, se alteró prácticamente un sistema que le costó al país casi 100 millones de lempiras…el resultado falló”, dijo Lobo.
El funcionario manifestó que todas las irregularidades deben ser investigadas por el Ministerio Público a efecto de deducirse responsabilidad “a quienes ordenaron parar el sistema para que no continuará el escrutinio y quienes hicieron que el sistema fallara porque ese fue uno de los aspectos más notables dentro del proceso electoral”.
El funcionario ha dicho en reiteradas ocasiones que quien ordenó que se parara el sistema para favorecer la reelección de Hernández, fue el magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson.
Pese a pedir la investigación, manifestó que el Ministerio Público ha perdido toda credibilidad porque hasta el momento no ha procedido en aquellos delitos evidentes, como falsificación de actas, adulteración de resultados, por lo que desde ya vaticinó que la institución no investigará nada que tenga que ver con lo ocurrido el día de las elecciones.
Tras las polémicas elecciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó la repetición de los comicios al considerar que sus resultados eran inciertos. Sin embargo, a las pocas semanas emitió un comunicado diciendo que estaba dispuesta a trabajar con las autoridades que habían sido declaradas por el TSE como ganadoras de la contienda.
Similar papel asumió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al propiciar un diálogo, supuestamente para superar la crisis post electoral. No obstante todas sus acciones estuvieron delineadas para alcanzar acuerdos políticos, soslayando el problema central del conflicto que era el fraude electoral.
Sobre lo anterior, Lobo manifestó que ambos organismos son variantes. “Una fue la posición de la OEA al momento en que se dieron los resultados electorales y otra fue la posición del secretario general, Luis Almagro”, cuestionó Lobo, al ampliar más adelante que, la Misión de Observación Electoral del organismo continental, bajo la dirección del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, estableció un criterio claro en relación a quien había ganado el proceso electoral, pero el secretario general emitió un criterio, totalmente diferente.
Elecciones primarias también fueron fraudulentas
Lobo apuntó que durante las elecciones primarias de 2017 hubo más de 11,000 actas alteradas, por parte de ciudadanos que iban en cargos de elección popular y que cometieron fraude.
Actualmente los delitos electorales están consignados en de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, cuando por lógica ningún delito puede estar consignado en una ley que no sea el Código Penal.
El magistrado suplente sugirió que se traslade al Código Penal los delitos electorales y hay que establecerlo con claridad, lo que es un fraude, una falsificación de un documento para que las personas sean enjuiciadas por los delitos establecidos en el Código Penal, y no por lo que se establece en la ley Electoral, porque ningún juez va a aplicar delitos que estén en la Ley Electoral.
Ante tantos vacíos legales, Lobo demandó la instauración de una Fiscalía Especial de Delitos Electorales de carácter permanente, que ejerza la acción pública. “Si usted ve, en este momento no hay nadie que esté siendo enjuiciado por haber cometido delito cuando muchos de los que estuvieron en mesas electorales o muchos que fueron candidatos a alcaldes o diputados, cometieron fraudes al movilizar ciudadanos de un municipio a otra a través de los famosos traslados electorales.
Segunda vuelta electoral
Sobre las reformas electorales, el magistrado suplente del TSE apuntó que en Honduras se requiere la segunda vuelta electoral.
De acuerdo a las características de nuestro sistema electoral, la segunda vuelta electoral se adapta de forma adecuada a la necesidad que presentamos nosotros porque los resultados son muy estrechos y obviamente, eso hace que los procesos electorales se vuelvan muy conflictivos, concluyó Marco Ramiro Lobo.
Tegucigalpa.-El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, instó este martes al Ministerio Público que investigue todo lo que ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2017.
Ese día en Honduras se gestó una crisis política ante un fraude electoral montado para mantener en el poder al actual gobernante, Juan Hernández, y que desembocó en la muerte violenta de 23 hondureños que perdieron la vida durante las protestas, por armas de las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe de las Naciones Unidas.
“Uno cree que se debe hacer una investigación de lo que ocurrió en el proceso electoral del año 2017, lo que ocurrió esa noche”, dijo Ramiro Lobo, quien la noche del 26 de noviembre declaró ante medios de comunicación que el ganador del proceso era el candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla y que esa versión se la había plasmado el representante de la empresa que transmitía los resultados.
Noticia Relacionada: Theodoro Dale Vukanovich me dijo que Salvador Nasralla ganó las elecciones: Marco Ramiro Lobo
El magistrado suplente del TSE en representación del Partido Unificación Democrática, se desligó en aquel entonces de las acciones adoptadas por los magistrados propietarios, David Matamoros Batson, Erick Rodríguez y Saúl Escobar, que se llamaron al silencio y a los 20 días después declararon al gobernante como el ganador de los comicios.“Esa noche del proceso electoral ocurrieron muchas circunstancias que están todavía ocultas, pero que debe haber una profunda investigación de lo que se realizó. Ahí se paralizó el sistema, se alteró prácticamente un sistema que le costó al país casi 100 millones de lempiras…el resultado falló”, dijo Lobo.
El funcionario manifestó que todas las irregularidades deben ser investigadas por el Ministerio Público a efecto de deducirse responsabilidad “a quienes ordenaron parar el sistema para que no continuará el escrutinio y quienes hicieron que el sistema fallara porque ese fue uno de los aspectos más notables dentro del proceso electoral”.
El funcionario ha dicho en reiteradas ocasiones que quien ordenó que se parara el sistema para favorecer la reelección de Hernández, fue el magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson.
Pese a pedir la investigación, manifestó que el Ministerio Público ha perdido toda credibilidad porque hasta el momento no ha procedido en aquellos delitos evidentes, como falsificación de actas, adulteración de resultados, por lo que desde ya vaticinó que la institución no investigará nada que tenga que ver con lo ocurrido el día de las elecciones.
Tras las polémicas elecciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó la repetición de los comicios al considerar que sus resultados eran inciertos. Sin embargo, a las pocas semanas emitió un comunicado diciendo que estaba dispuesta a trabajar con las autoridades que habían sido declaradas por el TSE como ganadoras de la contienda.
Similar papel asumió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al propiciar un diálogo, supuestamente para superar la crisis post electoral. No obstante todas sus acciones estuvieron delineadas para alcanzar acuerdos políticos, soslayando el problema central del conflicto que era el fraude electoral.
Sobre lo anterior, Lobo manifestó que ambos organismos son variantes. “Una fue la posición de la OEA al momento en que se dieron los resultados electorales y otra fue la posición del secretario general, Luis Almagro”, cuestionó Lobo, al ampliar más adelante que, la Misión de Observación Electoral del organismo continental, bajo la dirección del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, estableció un criterio claro en relación a quien había ganado el proceso electoral, pero el secretario general emitió un criterio, totalmente diferente.
Noticia Relacionada: “Misión de la OEA le dijo al TSE que Salvador Nasralla había ganado las elecciones”: Marco Ramiro Lobo
Apuntó que tanto la OEA como la ONU cambian sus posiciones de acuerdo a cómo vaya evolucionando la política internacional y esa es, obviamente la posición que han sentado en Honduras.Elecciones primarias también fueron fraudulentas
Lobo apuntó que durante las elecciones primarias de 2017 hubo más de 11,000 actas alteradas, por parte de ciudadanos que iban en cargos de elección popular y que cometieron fraude.
Actualmente los delitos electorales están consignados en de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, cuando por lógica ningún delito puede estar consignado en una ley que no sea el Código Penal.
El magistrado suplente sugirió que se traslade al Código Penal los delitos electorales y hay que establecerlo con claridad, lo que es un fraude, una falsificación de un documento para que las personas sean enjuiciadas por los delitos establecidos en el Código Penal, y no por lo que se establece en la ley Electoral, porque ningún juez va a aplicar delitos que estén en la Ley Electoral.
Ante tantos vacíos legales, Lobo demandó la instauración de una Fiscalía Especial de Delitos Electorales de carácter permanente, que ejerza la acción pública. “Si usted ve, en este momento no hay nadie que esté siendo enjuiciado por haber cometido delito cuando muchos de los que estuvieron en mesas electorales o muchos que fueron candidatos a alcaldes o diputados, cometieron fraudes al movilizar ciudadanos de un municipio a otra a través de los famosos traslados electorales.
Segunda vuelta electoral
Sobre las reformas electorales, el magistrado suplente del TSE apuntó que en Honduras se requiere la segunda vuelta electoral.
De acuerdo a las características de nuestro sistema electoral, la segunda vuelta electoral se adapta de forma adecuada a la necesidad que presentamos nosotros porque los resultados son muy estrechos y obviamente, eso hace que los procesos electorales se vuelvan muy conflictivos, concluyó Marco Ramiro Lobo.
