Observadoras religiosas internacionales denuncian militarización y persecución para defensores en Honduras
Ellos son campesinos, gente humilde y trabajadora, no son criminales como la hacen ver las autoridades. No son una banda de criminales, detalló la defensora de derechos humanos, Claire White, en conferencia de prensa ofrecida en las afueras del y juzgado de jurisdicción nacional donde desde el jueves se celebra la Audiencia Inicial, en Tegucigalpa.
White, declaró que es una vergüenza que sus impuestos sean destinados a armamento y militarización en Honduras, un país con gente noble y luchadora, tal es el caso de los hoy criminalizados del Comité ambiental por la defensa del Río Guapinol.
A continuación el comunicado
DELEGACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DENUNCIA CRIMINALIZACIÓN Y EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS
3 de marzo de 2019
La Delegación de Estados Unidos vinimos de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales, quienes han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol.
Reiteramos nuestra profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la embajada de los Estados Unidos.
Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado.
El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada.
También constatamos la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una “banda organizada”, construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.
Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos a la vida de los defensores.
La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol.
* Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de la Hermanas de San José de Boston, hija del gran luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White.
* Pastora Kathleen McTigue, Directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EEUU, dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Honduras: más de 100 organizaciones nacionales e internacionales condenamos la criminalización y detención de personas defensoras del río Guapinol
Estas detenciones se dan en un contexto de tensión incesante, el 7 de setiembre del año anterior se realizaron las acusaciones, de manera posterior el 27 de octubre aproximadamente 1500 policías y militares desalojaron de manera violenta el Campamento de la Resistencia de Guapinol, donde manifestantes protestaban por su derecho al agua ante el desarrollo del proyecto minero de la empresa Inversiones Pinares. Desde entonces, 31 personas han sido sometidas a proceso.
Las comunidades han denunciado la ilegalidad de este proyecto por su afectación al Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, área protegida en la cual está prohibida la realización de actividades mineras, por el riesgo que implica para las zonas de recarga hídrica.
Quienes suscribimos el presente pronunciamiento también denunciamos que estos casos están siendo conocidos por los Juzgados de Jurisdicción Nacional, los cuales no tienen competencia para el conocimiento de este tipo de delitos, violentando el debido proceso legal. A esto se suma el agravante de la incorporación de una acusación por un tipo penal que –en contravención de estándares internacionales– no admite otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva, como la asociación ilícita.
Además de la criminalización, las personas han sufrido campañas de desprestigio, hostigamiento, amenazas y a la fecha se han producido seis asesinatos en el marco de este conflicto. En contraste, no se han considerado ni investigado diligentemente estos hechos ni las denuncias sobre la ilegalidad del proyecto, los abusos de autoridad y los desalojos ocurridos, demostrando la arbitrariedad en el funcionamiento del sistema penal.
Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, condenamos la criminalización de las personas defensoras, utilizada por el Estado de Honduras como una herramienta para obstaculizar el trabajo de defensa de derechos humanos y de los bienes naturales. A su vez, identificamos que el uso indebido del derecho penal en estos casos pretende señalar a los y las defensoras ante la opinión pública como una amenaza al bien común y así deslegitimar su lucha. Observamos además que situaciones de conflictividad como la que existe en Guapinol tienen en su origen el desarrollo de proyectos extractivos sin respetar el derecho de consulta ni obtener de las comunidades el consenso previo, libre e informado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación al respecto por el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, y ha destacado la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y lideres y lideresas sociales como contextos en los que se hace uso indebido del derecho penal.
Recordamos además que recientemente el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, reconoció que, en Honduras, “Los defensores y periodistas se enfrentan a acusaciones penales por su labor, la defensa de los derechos humanos y la amenaza de su uso es una práctica generalizada, con afectación particular a los que defienden la tierra y el medio ambiente, así como a los que denuncian e informan sobre las irregularidades o violaciones del Estado y de las empresas”.
Exhortamos al Estado de Honduras a que tome las medidas necesarias para garantizar los derechos de su población, y particularmente el derecho a defender derechos humanos. Tal como lo ha reiterado la CIDH, el Estado, a través de todas sus instituciones, debe “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores”.
En particular, hacemos un llamado al aparato de justicia para que desista de la ilegítima judicialización de las y los defensores de derechos humanos y bienes naturales de Guapinol y se dé un cese inmediato a la criminalización de quienes han ejercido su derecho a la protesta social.
Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los pobladores de Guapinol y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 28 de febrero a las 09:00 hrs y exigir justicia.
Alemania
Oekumenisches Netz
SONED Berlin
Asociación Nicaragua en Duesseldorf
Goddard College, Plainfield Vermont
Iniciativa Cristiana Romero (ICR)
Adveniat
Argentina
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Brasil
FASE
Associação de Combate aos Poluentes (ACPO)
CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL
Canadá
Comité por los Derechos Humanos en América Latina
United for Mining Justice
Canadian Jesuits International (CJI)
Colombia
Ambiente y Sociedad
Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
El Salvador
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
España
Fundación ALBOAN
Plataforma por Honduras en Madrid
Confederación General del Trabajo
Comunidad Hondureña en Madrid
Estados Unidos
Alianza Hondureña USA (Norcal)
Alianza por la Justicia Global (AFGJ)
Guatemala Human Rights Comission (GHRC)
Interfaith Movement for Human Integrity
La Voz de los de Abajo (Chicago)
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
UU College of Social Justice
Guatemala
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
PROCLADEGUA
Prensa Comunitaria KM1
Honduras
ACI Participa
Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG)
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
C-Libre
Coalición contra la Impunidad, compuesta por: Asociación Arcoiris, Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH), Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Comité por la Libre Expresión C-Libre, Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental Crisálidas de Villanueva, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Feministas Universitarias Frente Amplio del COPEMH, Foro de Mujeres por la Vida, Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Red de Mujeres Jóvenes de Cortés, Red de Mujeres Unidas de Colonia Ramón Amaya Amador, Red Nacional de Defensoras, Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
Grupo Sociedad Civil (GSC)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
México
Mujeres Libres COLEM, AC
Bios Iguana A.C
Procesos Integrales para la Autogestion de los Pueblos
Tlalij A.C
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Nicaragua
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
República Dominicana
Centro de Reflexión y Acción Padre Juan Montalvo
Perú
Red MUQUI
Regionales e Internacionales
AWO International
Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS)
Asociación de Investigacion y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
Alianza Centroamericana frente a la Minería
Brücke Le pont
Centro Educacional Tanesque A.C
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR)
Centro por la Justicia y los Derechos Humanos (CEJIL)
CIVICUS
CNCD-11.11.11 Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo
DIAKONIA
EA Ecoversity
EarthRights International
Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte
FIAN Internacional
Fondo de Acción Urgente para América Latina (FAU)
Foro Honduras-Suiza
Free Home University
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Honduras Delegation
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Interfaith Movement for Human Integrity
JPIC Claretianos
KM2017 Guatemala Genève Suisse
Mundubat
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Raíces Colectivas
Red de hondureñas migradas (REDHMI)
Red Europea de Comités Oscar Romero
Red Guatemala – Zúrich/Suiza
Solidaridad con Guatemala de Austria
Solidaridad Suecia-América Latina (Latinamerikagrupperna/Solidar
Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de América (SOMI MICLA)
The Initiative for Self-Discovery and Development
Trocaire
We Effect América Latina
MILPAH denuncia que existe una lista perfilando a líderes que podrían ser ejecutados
Felipe Benítez, Coordinador General del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPAH)
Por Marvin PalaciosTegucigalpa.- El Coordinador General del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Felipe Benítez, denunció que existe una lista con nombres de líderes y lideresas lencas, que podrían ser víctimas mortales a manos de sicarios o grupos paramilitares, que operan en el departamento de La Paz.
“A nosotros nos han informado, de algunas fuentes, que hay una lista que la han levantado esta gente de paramilitares y miembros del ejército, para en su momento asesinarnos, y que ellos ya tienen sicarios para hacerlo, y que tarde o temprano va a caer más de alguno; por eso nosotros ponemos la alerta ante este medio de comunicación y ante esta organización de derechos humanos”.
“Ya desde ahorita responsabilizamos al gobierno de la República, si un compañero o compañera indígena lenca o de otras organizaciones es asesinado”, afirmó Benítez.
Benítez aseguró que el estado cuenta con un órgano represivo, que es el ejército, y es el que se ha dedicado a levantar perfiles. “Tenemos información que el ejército tiene a civiles, que son militares activos y que andan metidos en las organizaciones para sacar información, para saber qué decimos, qué comemos y con quién nos reunimos”.
El anuncio ha encendido alarmas, ya que en el pasado, antes del golpe de estado de 2009, circuló igualmente, una lista que contenía nombres de defensoras de derechos humanos, líderes sindicales y lideresas de organizaciones feministas, comunitarias e indígenas, que figuraban como objetivo para ser asesinadas.
En aquella oportunidad aparecieron los nombres de Berta Cáceres, Coordinadora de del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el 2 de marzo de 2016, y el de la dirigenta campesina, Margarita Murillo, asesinada el 27 de agosto de 2014. Estos casos, se exponen sólo para citar ejemplos de la seriedad con que debe tomarse cuando trascienden listas de personajes vinculados a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los territorios.
Benítez informó a www.defensoresenlinea.com que hace algunos días se han registrado una serie de incidentes que preocupan a la comunidad indígena lenca del municipio de Santa Elena, en el departamento de La paz.
“Queremos poner en alerta nosotros que en el departamento de La Paz hemos sido objeto de amenazas, de discriminación, desde que se concesionó el río Chinacla y todos los ríos de La Paz, porque son 12 concesiones las que hay. Entonces cuando nosotros hemos empezado a oponernos, hemos tenido problemas”, dijo Benítez.
El líder lenca citó el caso de la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, quien recientemente brindó declaraciones en un medio televisivo en contras de las comunidades indígenas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos.
En aquella oportunidad Elsia Paz vertió “expresiones racistas”, al señalar que “en las comunidades no piensan bien porque no comen los tres tiempos”.
Amenazas, seguimientos y campañas de odio
“Es una forma discriminativa y es una campaña de odio que está contra los pueblos indígenas, entonces hemos tenido información que en Santa Elena hay un grupo de activistas del partido Nacional que supuestamente con miembros del ejército del Décimo Batallón, se están reuniendo para levantar perfiles y de ser posible; sacarnos de circulación, ya sea asesinándonos o no se qué, entonces nosotros tenemos ese temor”, sostuvo.
El
represamiento de ríos en comunidades indígenas lencas ha traído,
división, amenazas a muerte , persecución y criminalización en contra de
los defensores y defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
Benítez dijo que esta denuncia ya fue colocada ante el Mecanismo de
Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y ante la fiscalía
regional, pero hasta el momento, no se han tomado acciones.
El Coordinador General de MILPAH indicó que Emilia Ventura, miembra del Consejo Municipal Indígena de Nahuaterique e integrante de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Coordinación Nacional de MILPAH, ha estado siendo seguida por un sujeto (que no es de la comunidad) y que el día lunes 25 de febrero le manifestó a ella: ¡A vos te he estado esperando, perra vení para acá!. Frente a la amenaza verbal Emilia se fue del lugar para colocar la denuncia en la Policía y Fiscalía del municipio de Marcala y ante los Juzgados del municipio de Santa Elena.
Según el denunciante, el sujeto que amenazó a Emilia Ventura, estaría siendo investigado por los entes encargados, ya que no es de la zona, pero supuestamente es miembro del partido Nacional.
La Coordinadora General de la Mujer, María Felícita López, también ha recibido amenazas por parte de activistas del partido Nacional. En cierta ocasión en la comunidad de El Potrero, desconocidos dibujaron una calavera con su nombre.
Sobre estos hechos se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía, “pero las autoridades se hacen de oídos sordos, porque en el caso del agresor de Emilia, ahí anda tranquilo y después intentó violar a una mujer”, relató.
Benítez añadió que “este régimen dictatorial, ilegítimo y espurio que está ahorita, está utilizando una estrategia de criminalizar a los defensores y defensoras del cuerpo, tierra y territorio, que estamos en defensa de nuestros bienes comunes para sacarnos de circulación y que los proyectos hidroeléctricos y mineros pasen”.
Estamos muy preocupados como organización y queremos poner en alerta a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las organizaciones de derechos humanos para que estén alertas de lo que está pasando con los pueblos indígenas, campesinos y los que estamos en las zonas rurales, defendiendo nuestra naturaleza, advirtió.
Las comunidades del municipio de Santa Elena han estado en permanente oposición a la construcción de un proyecto hidroeléctrico denominado Los Encinos, aunque se dice que dicho proyecto, ha cambiado de nombre en varias oportunidades. Lo que sí se afirma, es que el dueño de la concesión es Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista Gladys Aurora López.
“Entonces estos señores tienen un grupo de activistas del partido Nacional en Santa Elena, que eran los orejas en el ejército antes, en la década de los ochenta, ahí hay unos señores que pertenecieron a grupos paramilitares, y del cual yo fui víctima de eso porque me hicieron malos informes y estuve secuestrado por los militares y me ligaban con la guerrilla y me acusaron de tener marihuana, pero Dios me ha protegido”.
Benítez señaló que cuando comenzó la lucha como indígena con el movimiento MILPAH, desde el cual se ha opuesto a la instalación de represas, es que se han recrudecido las amenazas y las campañas de odio por parte de activistas del partido Nacional que se reúnen con militares para levantar perfiles.
“En el ejército no podemos confiar porque ya sabemos el tipo de militares que tenemos, y son aliados al 100 por ciento de Juan Orlando Hernández, pero hay militares que son buenos y que no están a favor de lo que se está haciendo; pero lastimosamente están renunciando del ejército o los sacan, como le pasó al capitán Santos Orellana, entonces el ejército vive en un descrédito que hoy mirar un militar, primero da odio de ver esos militares vendidos y lo otro es que da miedo, porque sabemos que ellos son cuadrados”, explicó .
El líder lenca apuntó que en la Policía hay gente buena también, pero lastimosamente muchos jefes están coludidos con el crimen y con el mismo gobierno y por eso nosotros estamos en un estado horrible.
Por la defensa de los bienes comunes, ya hay varios mártires entre las comunidades indígenas, como fue el caso entre 2014 y 2015, cuando asesinaron a Juan Francisco Martínez, Javier Vásquez y Silvestre Manueles, o el crimen perpetrado contra la dirigenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, acontecido el 2 de marzo de 2016.
Por Marvin Palacios y Riccy Ponce
Tegucigalpa.- La militarización de diversos espacios de la sociedad hondureña es vista como una estrategia de control, sometimiento, inteligencia estatal y vigilancia de liderazgos juveniles y magisteriales. En suma, es una política del régimen para la restricción de los derechos ciudadanos.
Como pieza clave en la ruptura del orden constitucional de 2009, los militares aumentaron su radio de acción, de tal manera que ahora, controlan por decreto, instituciones estatales como la Marina Mercante, Migración y Extranjería, centros penales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y Dirección de Aeronáutica Civil, entre otras.
Y lo más grave aún, es que dictan políticas de seguridad ciudadana, un papel que suplanta la labor de la Policía Nacional, donde no poseen la formación y destrezas para tratar con la ciudadanía y desde 2010 han implementado un programa para niños, niñas y jóvenes denominado “Guardianes de La Patria”, fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, porque viola legislación nacional y tratados internacionales relacionados a los derechos de la niñez.
Además los gobiernos nacionalistas recientes, repotenciaron a las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgándoles el poder de decisión sobre la información que no puede publicarse. Reactivaron el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y crearon cuerpos militares-policiales como La Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), que ejercen ahora la seguridad interna del país.
Solo en 2018, el régimen destinó casi 100 millones de lempiras para la compra de armamento, drones, gases lacrimógenos, escudos y cascos, entre otros implementos. Todo esto, en medio de un contexto de inseguridad en el país, por lo que “no se descarta que la presencia militar en los centros educativos públicos, esté orientada a inmovilizar las manifestaciones estudiantiles y del gremio magisterial; en especial de aquellos colegios, que han sido centros de protestas y en el que se ejerce un mecanismo de control”, sostuvo la maestra Lucía Granados, directora del Instituto Patria del municipio de la Lima, departamento de Cortés.
No se descarta que sea una estrategia de control que va en consonancia a las políticas de sometimiento como país, por ser un país geopolíticamente estratégico para los intereses del gobierno estadounidense, comentó Granados.
Por otro lado, a medida que crecía el otorgamiento de las concesiones de los proyectos extractivos y de generación de energía eléctrica en el país, en esa medida ha aumentado la militarización, trayendo consigo graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra las comunidades indígenas que luchan por los territorios y los bienes comunes de la naturaleza.
Otros espacios dedicados a la enseñanza y a la cultura se han visto amenazados por la presencia de los militares. Se trata de la militarización de las escuelas y colegios a nivel nacional. Bajo la consigna de que brindan seguridad, su presencia genera temor y desconfianza. Según la Secretaría de Educación, los militares “brindan seguridad” a unos 40 escuelas y colegios a nivel nacional, la mayoría en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán (los más violentos del país).
Algunas personas piensan que dentro de esos pelotones de efectivos verde olivo, se esconden agentes de inteligencia, encargados de identificar a líderes estudiantiles, o a quienes alzan sus voces en protesta contra el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández.
Después del golpe militar de estado en 2009, hemos ido perdiendo cada día el respeto a los derechos humanos y todo ha sido provocado por las acciones de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dijo Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“La militarización cada vez camina más, está posicionada y si no hacemos un frente común, volveremos a los viejos tiempos, volverán las viejas prácticas y tendremos los mismos resultados de los años ochenta; eso es lo que nosotras estamos viendo”, advirtió la destacada defensora de los derechos humanos.
Como hemos conocido los efectos de la militarización, cuando se implantó en los años ochenta, nos han colocado y nos han instalado el terror como un medio de agresión. Me pregunto ¿cuántas denuncias vendrán con la intervención que han hecho en las escuelas, en los colegios; los militares?. Hay escuelas y hay colegios, y no me lo han contado sino que he ido y visitado, donde los militares están dentro de los recintos, donde no pueden hablar mucho los maestros, peor los alumnos y alumnas y eso es terror, eso es militarización”, aseguró Oliva.
Para el pedagogo Javier Rivera, la militarización en los centros educativos afecta a los alumnos y a los docentes, tanto en la parte psicológica como en la parte emocional, una porque los alumnos y alumnas, no están acostumbrados a ver militares dentro o fuera de los centros educativos, y también que el proceso educativo de dar clases, que tiene el docente en cuanto a la libertad de cátedra, también se limita, porque “ahí están los policías escuchando, y usted sabe, que los policías también son miembros represivos de este gobierno”.
Rivera sostuvo que la presencia militar genera en los jóvenes una cierta aspiración para ingresar en los batallones o a la Policía Nacional, porque no hay fuentes de trabajo para la juventud y se vuelve tentador, se vuelve una opción favorable de ganar 12 mil o 13 mil lempiras y sin hacer mucho trabajo.
“He visto a muchos de mis alumnos, a muchos a los que yo les di clases, que ahora son policías de tránsito, policías de carreteras, de oficina; entonces no buscaron otra opción más que el de ser policía o militar”, comentó el maestro.
La militarización no debería darse en los centros escolares, porque con lo sucedido después del golpe de estado en Honduras, tanto la población como los maestros tenemos miedo y pavor, porque ellos no están para servir ni proteger a la población, ni en escuelas ni colegios, porque se ha visto que por cualquier cosa están preparados para reaccionar violentamente en contra de las personas con bombas lacrimógenas, con sus toletes y sus escudos.
El Coordinador General de MILPAH indicó que Emilia Ventura, miembra del Consejo Municipal Indígena de Nahuaterique e integrante de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Coordinación Nacional de MILPAH, ha estado siendo seguida por un sujeto (que no es de la comunidad) y que el día lunes 25 de febrero le manifestó a ella: ¡A vos te he estado esperando, perra vení para acá!. Frente a la amenaza verbal Emilia se fue del lugar para colocar la denuncia en la Policía y Fiscalía del municipio de Marcala y ante los Juzgados del municipio de Santa Elena.
Según el denunciante, el sujeto que amenazó a Emilia Ventura, estaría siendo investigado por los entes encargados, ya que no es de la zona, pero supuestamente es miembro del partido Nacional.
La Coordinadora General de la Mujer, María Felícita López, también ha recibido amenazas por parte de activistas del partido Nacional. En cierta ocasión en la comunidad de El Potrero, desconocidos dibujaron una calavera con su nombre.
Sobre estos hechos se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía, “pero las autoridades se hacen de oídos sordos, porque en el caso del agresor de Emilia, ahí anda tranquilo y después intentó violar a una mujer”, relató.
Benítez añadió que “este régimen dictatorial, ilegítimo y espurio que está ahorita, está utilizando una estrategia de criminalizar a los defensores y defensoras del cuerpo, tierra y territorio, que estamos en defensa de nuestros bienes comunes para sacarnos de circulación y que los proyectos hidroeléctricos y mineros pasen”.
Estamos muy preocupados como organización y queremos poner en alerta a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las organizaciones de derechos humanos para que estén alertas de lo que está pasando con los pueblos indígenas, campesinos y los que estamos en las zonas rurales, defendiendo nuestra naturaleza, advirtió.
Las comunidades del municipio de Santa Elena han estado en permanente oposición a la construcción de un proyecto hidroeléctrico denominado Los Encinos, aunque se dice que dicho proyecto, ha cambiado de nombre en varias oportunidades. Lo que sí se afirma, es que el dueño de la concesión es Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista Gladys Aurora López.
“Entonces estos señores tienen un grupo de activistas del partido Nacional en Santa Elena, que eran los orejas en el ejército antes, en la década de los ochenta, ahí hay unos señores que pertenecieron a grupos paramilitares, y del cual yo fui víctima de eso porque me hicieron malos informes y estuve secuestrado por los militares y me ligaban con la guerrilla y me acusaron de tener marihuana, pero Dios me ha protegido”.
Benítez señaló que cuando comenzó la lucha como indígena con el movimiento MILPAH, desde el cual se ha opuesto a la instalación de represas, es que se han recrudecido las amenazas y las campañas de odio por parte de activistas del partido Nacional que se reúnen con militares para levantar perfiles.
“En el ejército no podemos confiar porque ya sabemos el tipo de militares que tenemos, y son aliados al 100 por ciento de Juan Orlando Hernández, pero hay militares que son buenos y que no están a favor de lo que se está haciendo; pero lastimosamente están renunciando del ejército o los sacan, como le pasó al capitán Santos Orellana, entonces el ejército vive en un descrédito que hoy mirar un militar, primero da odio de ver esos militares vendidos y lo otro es que da miedo, porque sabemos que ellos son cuadrados”, explicó .
El líder lenca apuntó que en la Policía hay gente buena también, pero lastimosamente muchos jefes están coludidos con el crimen y con el mismo gobierno y por eso nosotros estamos en un estado horrible.
Por la defensa de los bienes comunes, ya hay varios mártires entre las comunidades indígenas, como fue el caso entre 2014 y 2015, cuando asesinaron a Juan Francisco Martínez, Javier Vásquez y Silvestre Manueles, o el crimen perpetrado contra la dirigenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, acontecido el 2 de marzo de 2016.
La estrategia del régimen para ejercer control, terror y restricción de derechos en Honduras
Tegucigalpa.- La militarización de diversos espacios de la sociedad hondureña es vista como una estrategia de control, sometimiento, inteligencia estatal y vigilancia de liderazgos juveniles y magisteriales. En suma, es una política del régimen para la restricción de los derechos ciudadanos.
Como pieza clave en la ruptura del orden constitucional de 2009, los militares aumentaron su radio de acción, de tal manera que ahora, controlan por decreto, instituciones estatales como la Marina Mercante, Migración y Extranjería, centros penales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y Dirección de Aeronáutica Civil, entre otras.
Y lo más grave aún, es que dictan políticas de seguridad ciudadana, un papel que suplanta la labor de la Policía Nacional, donde no poseen la formación y destrezas para tratar con la ciudadanía y desde 2010 han implementado un programa para niños, niñas y jóvenes denominado “Guardianes de La Patria”, fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, porque viola legislación nacional y tratados internacionales relacionados a los derechos de la niñez.
Además los gobiernos nacionalistas recientes, repotenciaron a las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgándoles el poder de decisión sobre la información que no puede publicarse. Reactivaron el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y crearon cuerpos militares-policiales como La Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), que ejercen ahora la seguridad interna del país.
Solo en 2018, el régimen destinó casi 100 millones de lempiras para la compra de armamento, drones, gases lacrimógenos, escudos y cascos, entre otros implementos. Todo esto, en medio de un contexto de inseguridad en el país, por lo que “no se descarta que la presencia militar en los centros educativos públicos, esté orientada a inmovilizar las manifestaciones estudiantiles y del gremio magisterial; en especial de aquellos colegios, que han sido centros de protestas y en el que se ejerce un mecanismo de control”, sostuvo la maestra Lucía Granados, directora del Instituto Patria del municipio de la Lima, departamento de Cortés.
No se descarta que sea una estrategia de control que va en consonancia a las políticas de sometimiento como país, por ser un país geopolíticamente estratégico para los intereses del gobierno estadounidense, comentó Granados.
Por otro lado, a medida que crecía el otorgamiento de las concesiones de los proyectos extractivos y de generación de energía eléctrica en el país, en esa medida ha aumentado la militarización, trayendo consigo graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra las comunidades indígenas que luchan por los territorios y los bienes comunes de la naturaleza.
Otros espacios dedicados a la enseñanza y a la cultura se han visto amenazados por la presencia de los militares. Se trata de la militarización de las escuelas y colegios a nivel nacional. Bajo la consigna de que brindan seguridad, su presencia genera temor y desconfianza. Según la Secretaría de Educación, los militares “brindan seguridad” a unos 40 escuelas y colegios a nivel nacional, la mayoría en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán (los más violentos del país).
Algunas personas piensan que dentro de esos pelotones de efectivos verde olivo, se esconden agentes de inteligencia, encargados de identificar a líderes estudiantiles, o a quienes alzan sus voces en protesta contra el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández.
Después del golpe militar de estado en 2009, hemos ido perdiendo cada día el respeto a los derechos humanos y todo ha sido provocado por las acciones de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dijo Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“La militarización cada vez camina más, está posicionada y si no hacemos un frente común, volveremos a los viejos tiempos, volverán las viejas prácticas y tendremos los mismos resultados de los años ochenta; eso es lo que nosotras estamos viendo”, advirtió la destacada defensora de los derechos humanos.
Como hemos conocido los efectos de la militarización, cuando se implantó en los años ochenta, nos han colocado y nos han instalado el terror como un medio de agresión. Me pregunto ¿cuántas denuncias vendrán con la intervención que han hecho en las escuelas, en los colegios; los militares?. Hay escuelas y hay colegios, y no me lo han contado sino que he ido y visitado, donde los militares están dentro de los recintos, donde no pueden hablar mucho los maestros, peor los alumnos y alumnas y eso es terror, eso es militarización”, aseguró Oliva.
Para el pedagogo Javier Rivera, la militarización en los centros educativos afecta a los alumnos y a los docentes, tanto en la parte psicológica como en la parte emocional, una porque los alumnos y alumnas, no están acostumbrados a ver militares dentro o fuera de los centros educativos, y también que el proceso educativo de dar clases, que tiene el docente en cuanto a la libertad de cátedra, también se limita, porque “ahí están los policías escuchando, y usted sabe, que los policías también son miembros represivos de este gobierno”.
Rivera sostuvo que la presencia militar genera en los jóvenes una cierta aspiración para ingresar en los batallones o a la Policía Nacional, porque no hay fuentes de trabajo para la juventud y se vuelve tentador, se vuelve una opción favorable de ganar 12 mil o 13 mil lempiras y sin hacer mucho trabajo.
“He visto a muchos de mis alumnos, a muchos a los que yo les di clases, que ahora son policías de tránsito, policías de carreteras, de oficina; entonces no buscaron otra opción más que el de ser policía o militar”, comentó el maestro.
La militarización no debería darse en los centros escolares, porque con lo sucedido después del golpe de estado en Honduras, tanto la población como los maestros tenemos miedo y pavor, porque ellos no están para servir ni proteger a la población, ni en escuelas ni colegios, porque se ha visto que por cualquier cosa están preparados para reaccionar violentamente en contra de las personas con bombas lacrimógenas, con sus toletes y sus escudos.
Mario Argeñal, maestro del Instituto Departamental de oriente (IDO)
Castillo añadió que “últimamente pues ya no respetan la vida porque
hasta disparan bala viva, por eso yo, en lo particular no estoy de
acuerdo que se militaricen los centros educativos. Es cierto que estamos
bajo una política de militarización donde se ve a militares en las
calles para disuadir, pero en realidad no hacen nada, pasan en lugares
con sombra, chateando con sus teléfonos y no vigilan para ver si asaltan
a la población”.
Entretanto, Edwin Hernández presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) dijo que “en primer lugar, se nos reducen las posibilidades de dar una educación de calidad, puesto que se pierde la escuela en el sentido de que ya el profesor por temor al orejismo o a la presencia militar, entonces hay algunos temas que no los aborda porque podría parecer de interés del estado y que incomoden al mismo; en la forma en la que se imparte la clase”.
Hernández añadió que la militarización de la sociedad, pretende hacer creer que en la medida en que haya más elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA), en esa medida es mejor para la población. “Lo que buscan en realidad es crear una cultura militarista y sobre todo con favoritismos hacia la cultura militar”.
Otra reflexión que resulta también importante, es la expresada por el Secretario de Formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Daniel Esponda quien expresó: Yo creo que esto es una política del terror, en alguna medida de tener amedrentada a la población civil, porque no solamente es un amedrentamiento hacia los profesores si no también hacia los educandos, sobretodo en el nivel medio.
“Pero más allá de ello, creo yo, que la población está en una encrucijada, por un lado, la ola terrible de violencia que vivió el país y por otro lado; buscando mecanismos de protección, lógicamente en algunos tramos y en algunos pequeños sectores podrían pensar que las Fuerzas Armadas (FFAA) y que la policía, serían garantes de la seguridad en los centros educativos, pero lo que hemos podido ver al interior de los centros; es que ni los policías y los militares, están preparados para atender a los jóvenes”, declaró Esponda.
Según informes del monitoreo que realiza el Observatorio de Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras, que divulga periódicamente la organización Casa Alianza-Honduras, los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante diciembre de 2018, reportan la muerte en forma violenta de 9 personas, que ocurrieron en 3 matanzas. Desde enero de 2016 a diciembre de 2018, se reportaran 186 matanzas, con un saldo de 669 decesos.
Sólo en el mes de enero de 2019, se han registrado 11 masacres, con un saldo de 39 víctimas mortales.
Sin embargo, para el maestro Ruy Díaz, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) se maquillan los resultados, este año ha sido horrible en cuanto a masacres, es decir el hecho de que se estén reacomodando los cárteles del narcotráfico, ha implicado por un lado esa violencia exacerbada y por otro lado ese intento desde hace diez años de limpieza social, igual ha generado ese tipo de situaciones, es decir se suman esos dos elementos, el reacomodamiento de narcotraficantes y la limpieza social, para agudizar el problema de la violencia en este país, que obviamente no se va a resolver con más policías ni con más militares, que es lo que quiere Juan Orlando Hernández.
El profesor Mario Argeñal, es docente en el Instituto Departamental de Oriente (IDO), es además comunicador social y líder de su comunidad. Argeñal aseguró que el propósito del régimen en militarizar las escuelas y colegios públicos, “está diseñado en los mecanismos de control, de reconocimiento, de intimidación y de edificación de miedos en contra de un sector organizado que, en el pasado, representó una de las fuerzas más importantes en materia de movilización en este país, sobre todo el papel jugado en contra el golpe de estado de 2009”.
Argeñal dijo a www.defensoresenlinea.com que el mensaje de la presencia militar en escuelas y colegios es “intimidatorio”, y el profesor percibe en ese marco que lo tienen identificado, se siente amenazado, se siente reconocido, vigilado. Y lo mismo pasa con los estudiantes, se sienten igualmente intimidados por la presencia de ese uniforme militar en los espacios escolares, de ese fusil militar que alcanza algunos objetivos como el tratar de instalar la cultura precisamente que, “lo militar es natural”.
Y otro elemento básico es acostumbrarse, o acostumbrarnos al control. Que ese control, que esa militarización se convierta en algo natural desde la perspectiva de los jóvenes, advirtió el maestro de educación media.
Por su parte, el director del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, Comayagua, Melvin Martínez, comentó que “ahora estamos viendo esta parte del proceso, donde son los militares los que sostienen un régimen dictatorial, porque la verdad es que si no fuera por el apoyo de los militares el régimen hubiese caído hace mucho tiempo, si los militares hubiesen tenido espíritu democrático verdadero; no hubieran tomado el régimen dictatorial que tenemos en Honduras”.
Entretanto, Edwin Hernández presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) dijo que “en primer lugar, se nos reducen las posibilidades de dar una educación de calidad, puesto que se pierde la escuela en el sentido de que ya el profesor por temor al orejismo o a la presencia militar, entonces hay algunos temas que no los aborda porque podría parecer de interés del estado y que incomoden al mismo; en la forma en la que se imparte la clase”.
Hernández añadió que la militarización de la sociedad, pretende hacer creer que en la medida en que haya más elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA), en esa medida es mejor para la población. “Lo que buscan en realidad es crear una cultura militarista y sobre todo con favoritismos hacia la cultura militar”.
Otra reflexión que resulta también importante, es la expresada por el Secretario de Formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Daniel Esponda quien expresó: Yo creo que esto es una política del terror, en alguna medida de tener amedrentada a la población civil, porque no solamente es un amedrentamiento hacia los profesores si no también hacia los educandos, sobretodo en el nivel medio.
“Pero más allá de ello, creo yo, que la población está en una encrucijada, por un lado, la ola terrible de violencia que vivió el país y por otro lado; buscando mecanismos de protección, lógicamente en algunos tramos y en algunos pequeños sectores podrían pensar que las Fuerzas Armadas (FFAA) y que la policía, serían garantes de la seguridad en los centros educativos, pero lo que hemos podido ver al interior de los centros; es que ni los policías y los militares, están preparados para atender a los jóvenes”, declaró Esponda.
Según informes del monitoreo que realiza el Observatorio de Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras, que divulga periódicamente la organización Casa Alianza-Honduras, los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante diciembre de 2018, reportan la muerte en forma violenta de 9 personas, que ocurrieron en 3 matanzas. Desde enero de 2016 a diciembre de 2018, se reportaran 186 matanzas, con un saldo de 669 decesos.
Sólo en el mes de enero de 2019, se han registrado 11 masacres, con un saldo de 39 víctimas mortales.
Sin embargo, para el maestro Ruy Díaz, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) se maquillan los resultados, este año ha sido horrible en cuanto a masacres, es decir el hecho de que se estén reacomodando los cárteles del narcotráfico, ha implicado por un lado esa violencia exacerbada y por otro lado ese intento desde hace diez años de limpieza social, igual ha generado ese tipo de situaciones, es decir se suman esos dos elementos, el reacomodamiento de narcotraficantes y la limpieza social, para agudizar el problema de la violencia en este país, que obviamente no se va a resolver con más policías ni con más militares, que es lo que quiere Juan Orlando Hernández.
El profesor Mario Argeñal, es docente en el Instituto Departamental de Oriente (IDO), es además comunicador social y líder de su comunidad. Argeñal aseguró que el propósito del régimen en militarizar las escuelas y colegios públicos, “está diseñado en los mecanismos de control, de reconocimiento, de intimidación y de edificación de miedos en contra de un sector organizado que, en el pasado, representó una de las fuerzas más importantes en materia de movilización en este país, sobre todo el papel jugado en contra el golpe de estado de 2009”.
Argeñal dijo a www.defensoresenlinea.com que el mensaje de la presencia militar en escuelas y colegios es “intimidatorio”, y el profesor percibe en ese marco que lo tienen identificado, se siente amenazado, se siente reconocido, vigilado. Y lo mismo pasa con los estudiantes, se sienten igualmente intimidados por la presencia de ese uniforme militar en los espacios escolares, de ese fusil militar que alcanza algunos objetivos como el tratar de instalar la cultura precisamente que, “lo militar es natural”.
Y otro elemento básico es acostumbrarse, o acostumbrarnos al control. Que ese control, que esa militarización se convierta en algo natural desde la perspectiva de los jóvenes, advirtió el maestro de educación media.
Por su parte, el director del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, Comayagua, Melvin Martínez, comentó que “ahora estamos viendo esta parte del proceso, donde son los militares los que sostienen un régimen dictatorial, porque la verdad es que si no fuera por el apoyo de los militares el régimen hubiese caído hace mucho tiempo, si los militares hubiesen tenido espíritu democrático verdadero; no hubieran tomado el régimen dictatorial que tenemos en Honduras”.
Ruy Díaz, directivo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH)
Martínez añadió que a la par del fortalecimiento al militarismo está
el golpe fuerte al magisterio que pierde la capacidad de movilización,
es sometido por los mismos militares, y entonces en la formación de
valores, quienes deben hacerlo son los padres y maestros; pero en este
sometimiento, salen los militares con este proyecto de Guardianes de la
Patria, como sustituyendo a padres, madres y a las maestros y maestros,
como queriendo aparecer ellos; como los grandes de la película, cuando
todo mundo sabe que eso no es cierto.
“Algo más grave en el tema de la militarización que tenemos es que hace 10 años se ha creado un programa conocido como Guardianes de la Patria, que es otro mecanismo de militarizar y además de adoctrinar a la juventud desde temprana edad al servicio y a la acción militar”, aseguró la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.
Oliva se preguntó ¿Por qué no mandar notas, por qué no hacer un trabajo, toda una hora de recolección de firmas, para mandar al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que revise el programa de Guardianes de la Patria?, “que ahorita lo están vendiendo como la estrella, como lo mejor, porque los militares hondureños les enseñan “principios y valores”, y uno de esos principios es usar las armas, para dentro de poco ya, tener niños sicarios, ya no son jóvenes sicarios, sino niños sicarios. ¿A qué nos están llevando?, a un país en guerra sin declaratoria de guerra y sin que el pueblo y la ciudadanía deseamos pelear con armas, pero hacia ahí nos están llevando”.
¿Guardianes de la Patria o pupilos para el militarismo?
La Secretaría de Defensa a través de la Dirección de Planes, Políticas, Programas y Asuntos Civiles (C5) ejecuta desde el años 2010, el programa “Guardianes de la Patria” en centenares de escuelas y colegios de todo el país.
Dicho programa, tiene el acompañamiento de las secretarás de Salud y Educación, el Cuerpo de Bomberos, Scouts de Honduras, instructores militares, psicólogos, sacerdotes y pastores evangélicos.
Concebido como un proceso de capacitación de 3 meses, el programa que se desarrolla en 17 unidades militares a nivel nacional, está dirigido a niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 a 23 años, que proceden de escuelas y colegios que sobreviven en un ambiente de violencia en zonas marginales, tanto urbanas como rurales de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, La Paz, Olancho, Valle, Choluteca, Colón, Copán, Gracias a Dios, y Atlántida. Para la formación se ha creado un Manual de Procedimiento.
Según las Fuerzas Armadas, con el proceso se busca que los jóvenes se alejen de las maras y pandillas, del consumo de drogas y de la violencia. Con 8 horas de actividades durante los fines de semana, los menores de 7 a 9 años, reciben clases de formación espiritual, juegos, lectura de cuentos, valores, autoestima y motivación.
Mientras que los niños y niñas en edades de 10 a 14 años, son formados en habilidades para la vida, prevención del VIH/SIDA, principios y valores, creatividad, educación ambiental, trabajo en equipo, autoestima, planes de vida, logros de metas y salud sexual y reproductiva.
Entre las edades comprendidas entre los 15 a 18 años (que incluye hasta menores de 23), los jóvenes y las jóvenes son instruidos en liderazgo, orientación laboral, orientación vocacional, orientación emprendedora, competencias socio-laborales, autoestima, logro de metas y VIH/SIDA.
Asimismo reciben Entrenamiento de Ejercicios de Orden Cerrado (EDOC), de “orden estrictamente militar” y las pruebas de confianza. El manual establece instrucción sobre caminatas, pista de obstáculos, paso de comando, descenso de la torre, pruebas de supervivencia, torre de paracaidismo y hasta estilo de corte de cabello.
Sin embargo para los educadores, como el maestro Daniel Esponda, Secretario de Formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUM) expuso que: Yo creo que lo que hay allí es un claro proceso de reclutamiento, un claro proceso cargado de mucha ideología militar, aquí en Honduras pareciera que estuviéramos en estado de guerra y que desde temprana edad, se está preparando al personal para las acciones bélicas.
Esponda agregó que “a nosotros nos parece desde nuestra organización, que para tener alejada a la juventud de la violencia, no es con más violencia, porque la policía y sobre todo el ejército, lo que promueven es más violencia. Deberíamos de estar contratando profesores de arte, de actividades prácticas, que puedan desarrollar en jornadas contrarias, actividades lúdicas o deportes, eso deberíamos estar haciendo, no estar llevando armas, deberíamos de estar llevando instrumentos musicales, insumos para artes plásticas, para deportes y no pensar entonces que militares con actividades bélicas van a sacar de la violencia a muchachos donde normalmente la policía y el ejército son vistos como enemigos prácticamente”.
Se estima que desde su creación, Guardianes de la Patria “ha formado” hasta agosto de 2018, a 134 mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
La extensión del proyecto de la militarización de Honduras a través del adoctrinamiento militar a niños y adolescentes por medio de prácticas encaminadas al control social de forma influyente, eliminando el pensamiento crítico, y orientado al uso de las armas está en contraposición a los objetivos de la educación, que busca el desarrollo pleno del ciudadano en convivencia pacífica de compartir y de convivir en fraternidad, en gozo y en paz, expuso la directora Lucía Granados, directora del Instituto Patria del municipio de la Lima, departamento de Cortés.
“Guardianes de la Patria violenta conceptos constitucionales, que es la laicidad de la educación”, aseguró la educadora.
He escuchado sobre ese programa, y creo que es algo que no debería pasar en nuestro país, porque al contrario de eso, se debe promover la paz y los fundamentos morales y cristianos que podamos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes, comentó Sara Sauceda.
“Los militares no son los más idóneos para brindar valores y principios a la juventud, yo creo que las primeras personas que debemos crear valores y principios somos nosotras como madres, padres, abuelas y tíos que estamos a cargo de nuestra niñez y los jóvenes”, afirmó Sara Sauceda que ha criado a sus hijos hasta llegar a la universidad y que ahora vela por sus sobrinos que estudian en escuelas públicas.
El programa, me parece que es una clara violación a los derechos humanos de los niños, porque los niños tienen el derecho de elegir sus espacios, su futuro, el derecho a decidir qué es lo que van a hacer y qué es lo que no, van a hacer, entonces eso; lo que está fomentando en los niños, es una consciencia de que sólo se puede ser militar, que sólo con una arma se es más hombre, se fomenta el machismo, se fomenta más la violencia, y vamos a tener al fin un país donde habrá más militares que ciudadanos comunes, comentó el profesor y padre de familia, Javier Rivera.
“Lo más lamentable es que muchos docentes se prestan para que estos militares entren a impartir y engañan a los niños con camisetas, con gorras, con medallas que les regalan a los niños como un premio, que es el mismo prototipo que usa la policías, donde, si hizo las cosas bien; le dan una medalla, lo mismo hacen en las escuelas”, sostuvo.
La Coordinadora de instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) durante el Examen Periódico Universal (EPU) del 8 de mayo de 2015, cuando el estado de Honduras se sometió a una evaluación ante las Naciones Unidas, expuso que el proyecto impulsado por las Fuerzas Armadas (FFAA) con el apoyo del Poder Ejecutivo, contraviene el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionados a la participación de niños y niñas en los conflictos armados.
“Algo más grave en el tema de la militarización que tenemos es que hace 10 años se ha creado un programa conocido como Guardianes de la Patria, que es otro mecanismo de militarizar y además de adoctrinar a la juventud desde temprana edad al servicio y a la acción militar”, aseguró la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.
Oliva se preguntó ¿Por qué no mandar notas, por qué no hacer un trabajo, toda una hora de recolección de firmas, para mandar al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que revise el programa de Guardianes de la Patria?, “que ahorita lo están vendiendo como la estrella, como lo mejor, porque los militares hondureños les enseñan “principios y valores”, y uno de esos principios es usar las armas, para dentro de poco ya, tener niños sicarios, ya no son jóvenes sicarios, sino niños sicarios. ¿A qué nos están llevando?, a un país en guerra sin declaratoria de guerra y sin que el pueblo y la ciudadanía deseamos pelear con armas, pero hacia ahí nos están llevando”.
¿Guardianes de la Patria o pupilos para el militarismo?
La Secretaría de Defensa a través de la Dirección de Planes, Políticas, Programas y Asuntos Civiles (C5) ejecuta desde el años 2010, el programa “Guardianes de la Patria” en centenares de escuelas y colegios de todo el país.
Dicho programa, tiene el acompañamiento de las secretarás de Salud y Educación, el Cuerpo de Bomberos, Scouts de Honduras, instructores militares, psicólogos, sacerdotes y pastores evangélicos.
Concebido como un proceso de capacitación de 3 meses, el programa que se desarrolla en 17 unidades militares a nivel nacional, está dirigido a niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 a 23 años, que proceden de escuelas y colegios que sobreviven en un ambiente de violencia en zonas marginales, tanto urbanas como rurales de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, La Paz, Olancho, Valle, Choluteca, Colón, Copán, Gracias a Dios, y Atlántida. Para la formación se ha creado un Manual de Procedimiento.
Según las Fuerzas Armadas, con el proceso se busca que los jóvenes se alejen de las maras y pandillas, del consumo de drogas y de la violencia. Con 8 horas de actividades durante los fines de semana, los menores de 7 a 9 años, reciben clases de formación espiritual, juegos, lectura de cuentos, valores, autoestima y motivación.
Mientras que los niños y niñas en edades de 10 a 14 años, son formados en habilidades para la vida, prevención del VIH/SIDA, principios y valores, creatividad, educación ambiental, trabajo en equipo, autoestima, planes de vida, logros de metas y salud sexual y reproductiva.
Entre las edades comprendidas entre los 15 a 18 años (que incluye hasta menores de 23), los jóvenes y las jóvenes son instruidos en liderazgo, orientación laboral, orientación vocacional, orientación emprendedora, competencias socio-laborales, autoestima, logro de metas y VIH/SIDA.
Asimismo reciben Entrenamiento de Ejercicios de Orden Cerrado (EDOC), de “orden estrictamente militar” y las pruebas de confianza. El manual establece instrucción sobre caminatas, pista de obstáculos, paso de comando, descenso de la torre, pruebas de supervivencia, torre de paracaidismo y hasta estilo de corte de cabello.
Sin embargo para los educadores, como el maestro Daniel Esponda, Secretario de Formación del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUM) expuso que: Yo creo que lo que hay allí es un claro proceso de reclutamiento, un claro proceso cargado de mucha ideología militar, aquí en Honduras pareciera que estuviéramos en estado de guerra y que desde temprana edad, se está preparando al personal para las acciones bélicas.
Esponda agregó que “a nosotros nos parece desde nuestra organización, que para tener alejada a la juventud de la violencia, no es con más violencia, porque la policía y sobre todo el ejército, lo que promueven es más violencia. Deberíamos de estar contratando profesores de arte, de actividades prácticas, que puedan desarrollar en jornadas contrarias, actividades lúdicas o deportes, eso deberíamos estar haciendo, no estar llevando armas, deberíamos de estar llevando instrumentos musicales, insumos para artes plásticas, para deportes y no pensar entonces que militares con actividades bélicas van a sacar de la violencia a muchachos donde normalmente la policía y el ejército son vistos como enemigos prácticamente”.
Se estima que desde su creación, Guardianes de la Patria “ha formado” hasta agosto de 2018, a 134 mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
La extensión del proyecto de la militarización de Honduras a través del adoctrinamiento militar a niños y adolescentes por medio de prácticas encaminadas al control social de forma influyente, eliminando el pensamiento crítico, y orientado al uso de las armas está en contraposición a los objetivos de la educación, que busca el desarrollo pleno del ciudadano en convivencia pacífica de compartir y de convivir en fraternidad, en gozo y en paz, expuso la directora Lucía Granados, directora del Instituto Patria del municipio de la Lima, departamento de Cortés.
“Guardianes de la Patria violenta conceptos constitucionales, que es la laicidad de la educación”, aseguró la educadora.
He escuchado sobre ese programa, y creo que es algo que no debería pasar en nuestro país, porque al contrario de eso, se debe promover la paz y los fundamentos morales y cristianos que podamos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes, comentó Sara Sauceda.
“Los militares no son los más idóneos para brindar valores y principios a la juventud, yo creo que las primeras personas que debemos crear valores y principios somos nosotras como madres, padres, abuelas y tíos que estamos a cargo de nuestra niñez y los jóvenes”, afirmó Sara Sauceda que ha criado a sus hijos hasta llegar a la universidad y que ahora vela por sus sobrinos que estudian en escuelas públicas.
El programa, me parece que es una clara violación a los derechos humanos de los niños, porque los niños tienen el derecho de elegir sus espacios, su futuro, el derecho a decidir qué es lo que van a hacer y qué es lo que no, van a hacer, entonces eso; lo que está fomentando en los niños, es una consciencia de que sólo se puede ser militar, que sólo con una arma se es más hombre, se fomenta el machismo, se fomenta más la violencia, y vamos a tener al fin un país donde habrá más militares que ciudadanos comunes, comentó el profesor y padre de familia, Javier Rivera.
“Lo más lamentable es que muchos docentes se prestan para que estos militares entren a impartir y engañan a los niños con camisetas, con gorras, con medallas que les regalan a los niños como un premio, que es el mismo prototipo que usa la policías, donde, si hizo las cosas bien; le dan una medalla, lo mismo hacen en las escuelas”, sostuvo.
La Coordinadora de instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) durante el Examen Periódico Universal (EPU) del 8 de mayo de 2015, cuando el estado de Honduras se sometió a una evaluación ante las Naciones Unidas, expuso que el proyecto impulsado por las Fuerzas Armadas (FFAA) con el apoyo del Poder Ejecutivo, contraviene el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionados a la participación de niños y niñas en los conflictos armados.
Profesor Daniel Esponda
La institución militar está exponiendo a prácticas militares, a las
armas y a una disciplina que no es propia para las niñas, niños y
adolescentes; estigmatiza a las y los participantes como personas
proclives o vulnerables al crimen. El Movimiento Mundial por la Infancia
de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC), exhortó el año pasado (2014) al
gobierno de Honduras a revisar el proyecto “Guardianes de la Patria”, y
le recordó lo dicho por la Relatora Najat Maalla M’jid: “la mejor forma
de combatir la violencia y la inseguridades es aplicar nuevas
oportunidades y alternativas para las niñas y familias en situación de
vulnerabilidad”, expuso COIPRODEN.
“Nosotros creemos que con ese programa, las Fueras Armadas quieren llegar a volver como algo normal la militarización, volverlo fundamentalmente un fenómeno culturalmente aceptado, la intimidación aceptada, la edificación de la vida militar, aceptada”, indicó el maestro del Instituto Departamental de oriente (IDO), Mario Argeñal.
Desde su creación unos 135 mil niños y niñas han pasado por este programa. Las capacitaciones se realizan en los batallones militares, bajo la supervisión de las madres y padres de familia, según el órgano castrense.
Las Fuerzas Armadas (FFAA) sostienen que aquellos críticos del programa que afirman que es un plan que busca militarizar la conciencia de la niñez, no es así, porque para ellos, no es más que un proyecto de proyección, para evitar que ingresen a maras y pandillas. El programa es apoyado por la Secretarías y Educación, el cuerpo de Bomberos y médicos voluntarios. Y afirman que no incluye el uso de armas.
La Pedagogía del Garrote
Para Melvin Martínez, director del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, Comayagua, “este programa Guardianes de La Patria no es otra cosa más que sensibilizar la mente de los niños y también la mente de los padres, recuérdese que los niños que tenemos hoy, son los hijos de padres que no sufrieron la persecución del militarismo, la persecución de la cacería en los reclutamientos militares, entonces es como más fácil hacer parecer bueno el militarismo o la acción militar”.
En ese sentido yo considero que este proyecto, guardianes de la patria es parte de ese proceso de reposicionamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA), penetrando la mente de los niños, hijos de jóvenes que ahora tienen de 20 a 30 años, que no sufrieron el proceso del reclutamiento militar obligatorio y entonces como que se les hace más fácil a ellos entrar por ahí, comentó el director del Instituto Genaro Muñoz.
Hace algunos años, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) practicó una encuesta a más de 400 personas, en su mayoría a niños y jóvenes para conocer su opinión en torno al programa.
Sobre las actividades del programa que más captan su “preferencia” y que son relevantes en orden de prioridad para los niños, niñas y jóvenes que participan del proceso, aparece en primer lugar, las charlas sobre temas de prevención de violencia, principios y valores. En segundo lugar, colocaron los juegos infantiles, ejercicios físicos y caminatas. En tercer lugar los jóvenes situaron los servicios religiosos y en cuarto lugar, “los ejercicios militares”.
Y en torno a lo que no les gusta del programa “Guardianes de la Patria”, los jóvenes encuestados respondieron que “no les gustan los entrenamientos pesados, la duración prolongada de las charlas, los panes duros durante los refrigerios, que si no están “firmes”, los obligan a hacer pechadas o culucas (ponerse en cuclillas), que están mucho tiempo expuestos al sol, que siempre dan la misma comida, que deben llegar muy temprano a las instalaciones militares y que no desayunan.
Al respecto, “desde la perspectiva pedagógica, eso es total mente negativo, que ya hace más de 15 años más o menos en Honduras, se suprimió el castigo corporal como mecanismo de formación, y de hecho, hay un código de la niñez que trata de explicar, que el castigo corporal no forma individuos libres ni en la casa, ni en el centro escolar”, así lo expresó el maestro Ruy Díaz, directivo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH).
Díaz apuntó que “ la presencia de estos organismos , es la continuación de esa pedagogía del garrote, que no lleva más que al amedrentamiento y a la formación de un ciudadano adulto temeroso, pero al mismo tiempo temeroso-agresivo, de allí que nuestra sociedad sea altamente agresiva con homicidios, muy desagradables por decir lo menos, en algunos casos”.
Si las Fuerzas Armadas aseguran que con este programa se busca rescatar a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social, entonces habría que preguntarse ¿cuál es la función de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y familia (Dinaf), del Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud (COPREV), del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), y de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de este tema?
Los militares, “no conocen prácticamente nada sobre derechos humanos por no decir nada y los centros educativos en realidad deberían ser recintos de paz y de ciencia, es impensable siquiera la situación de creer , que un espacio donde hay un tipo en la puerta con una ametralladora, con pertrechos militares; se puede ejercer normalmente el ejercicio de aprendizaje, es absurdo”, comentó el profesor Daniel Esponda.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
“Nosotros creemos que con ese programa, las Fueras Armadas quieren llegar a volver como algo normal la militarización, volverlo fundamentalmente un fenómeno culturalmente aceptado, la intimidación aceptada, la edificación de la vida militar, aceptada”, indicó el maestro del Instituto Departamental de oriente (IDO), Mario Argeñal.
Desde su creación unos 135 mil niños y niñas han pasado por este programa. Las capacitaciones se realizan en los batallones militares, bajo la supervisión de las madres y padres de familia, según el órgano castrense.
Las Fuerzas Armadas (FFAA) sostienen que aquellos críticos del programa que afirman que es un plan que busca militarizar la conciencia de la niñez, no es así, porque para ellos, no es más que un proyecto de proyección, para evitar que ingresen a maras y pandillas. El programa es apoyado por la Secretarías y Educación, el cuerpo de Bomberos y médicos voluntarios. Y afirman que no incluye el uso de armas.
La Pedagogía del Garrote
Para Melvin Martínez, director del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, Comayagua, “este programa Guardianes de La Patria no es otra cosa más que sensibilizar la mente de los niños y también la mente de los padres, recuérdese que los niños que tenemos hoy, son los hijos de padres que no sufrieron la persecución del militarismo, la persecución de la cacería en los reclutamientos militares, entonces es como más fácil hacer parecer bueno el militarismo o la acción militar”.
En ese sentido yo considero que este proyecto, guardianes de la patria es parte de ese proceso de reposicionamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA), penetrando la mente de los niños, hijos de jóvenes que ahora tienen de 20 a 30 años, que no sufrieron el proceso del reclutamiento militar obligatorio y entonces como que se les hace más fácil a ellos entrar por ahí, comentó el director del Instituto Genaro Muñoz.
Hace algunos años, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) practicó una encuesta a más de 400 personas, en su mayoría a niños y jóvenes para conocer su opinión en torno al programa.
Sobre las actividades del programa que más captan su “preferencia” y que son relevantes en orden de prioridad para los niños, niñas y jóvenes que participan del proceso, aparece en primer lugar, las charlas sobre temas de prevención de violencia, principios y valores. En segundo lugar, colocaron los juegos infantiles, ejercicios físicos y caminatas. En tercer lugar los jóvenes situaron los servicios religiosos y en cuarto lugar, “los ejercicios militares”.
Y en torno a lo que no les gusta del programa “Guardianes de la Patria”, los jóvenes encuestados respondieron que “no les gustan los entrenamientos pesados, la duración prolongada de las charlas, los panes duros durante los refrigerios, que si no están “firmes”, los obligan a hacer pechadas o culucas (ponerse en cuclillas), que están mucho tiempo expuestos al sol, que siempre dan la misma comida, que deben llegar muy temprano a las instalaciones militares y que no desayunan.
Al respecto, “desde la perspectiva pedagógica, eso es total mente negativo, que ya hace más de 15 años más o menos en Honduras, se suprimió el castigo corporal como mecanismo de formación, y de hecho, hay un código de la niñez que trata de explicar, que el castigo corporal no forma individuos libres ni en la casa, ni en el centro escolar”, así lo expresó el maestro Ruy Díaz, directivo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH).
Díaz apuntó que “ la presencia de estos organismos , es la continuación de esa pedagogía del garrote, que no lleva más que al amedrentamiento y a la formación de un ciudadano adulto temeroso, pero al mismo tiempo temeroso-agresivo, de allí que nuestra sociedad sea altamente agresiva con homicidios, muy desagradables por decir lo menos, en algunos casos”.
Si las Fuerzas Armadas aseguran que con este programa se busca rescatar a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social, entonces habría que preguntarse ¿cuál es la función de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y familia (Dinaf), del Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud (COPREV), del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), y de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de este tema?
Los militares, “no conocen prácticamente nada sobre derechos humanos por no decir nada y los centros educativos en realidad deberían ser recintos de paz y de ciencia, es impensable siquiera la situación de creer , que un espacio donde hay un tipo en la puerta con una ametralladora, con pertrechos militares; se puede ejercer normalmente el ejercicio de aprendizaje, es absurdo”, comentó el profesor Daniel Esponda.
GOBERNANTE HONDUREÑO ASPIRA A CONSTRUIR MÁS CÁRCELES
- Publicado: 25 Febrero 2019
Según
el jefe de Estado de Honduras, Juan Hernández, las cárceles que
actualmente funcionan en el país, “son insuficientes para tanto criminal
capturado”, haciendo énfasis en que pronto se ordenará levantar nuevos
centros penitenciarios, buscando solventar los problemas de
hacinamiento.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
jefe de Estado de Honduras, Juan Hernández, ha dicho hoy que las
cárceles que funcionan actualmente en el país, “son insuficientes para
tanto criminal capturado”, dejando entrever que su Gobierno urge de
construir más espacios para recluir a más personas e intentar solventar
el problema de hacinamiento.
En
ese sentido, comentó que hay centros penales como el que está situado
en el Barrio Inglés, en La Ceiba, Atlántida, está generando problemas,
pero, que al concluir las obras de la nueva cárcel en Naco, será un
alivio.
Anunció
además, que se plantea construir una penitenciaria de “alta seguridad”,
donde serán llevados los más peligrosos, en una zona remota y sin
posibilidades de comunicación satelital.
En
Honduras, ya hay dos prisiones de “máxima seguridad” y según reportes
de la prensa tradicional, en febrero de 2018 se dijo que el tercer
centro de esta clase será construido en una hacienda incautada a la
banda de los Cachiros, presos en Estados Unidos, señalados por
narcotráfico.
El
plan de Hernández, es ir identificando y separando a los reos de
tercera edad, a enfermos, los que están por cumplir sentencia y a los
que están encerrados por delitos “menores”, para así abrir más espacios.
Cabe
destacar, que en 2018, durante la visita in loco de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se enfatizó mucho en la figura de
prisión preventiva, que en Honduras, está siendo utilizada de forma
contraria a su naturaleza.
Desde
su primer mandato, los hondureños han cuestionado que las obras del
régimen de Hernández han cumplido “caprichos” y no han aportado en nada
como política social.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Del asesinato de Berta Cáceres al encarcelamiento de los defensores del agua en Guapinol
La defensa de la madre tierra en Honduras ha venido siendo motivo de
represión y criminalización hasta el punto que 120 defensores fueron
asesinados entre el 2010 al 2016, por fuerzas de seguridad o escuadrones
de la muerte al servicio de la élite político empresarial, que ha
controlado el país en las últimas décadas.
A partir del golpe de estado (2009) Honduras ha caído en una espiral de violencia y despojos en relación a los bienes comunes y la explotación de los mismos, efectuada por un grupúsculo de narcos y empresarios, dedicados al saqueo territorial, al mismo tiempo que desde el Congreso Nacional se legisla con el fin de conculcar derechos y enriquecer los allegados al actual gobierno dictatorial.
El caso de los defensores del agua en Guapinol corrobora la tendencia del actual régimen a fomentar conflictos sociales y anteponer las posibles ganancias económicas al derecho al agua y salud que posee el pueblo hondureño. El arresto de doce de los sindicados de defender el agua en Guapinol – quienes se presentaron voluntariamente en el juzgado de La Ceiba el viernes 22 de abril- es un indicador de la distorsión de leyes y decretos con el propósito de favorecer a la desprestigiada élite empresarial.
Los defensores del Agua de Guapinol, son acusados por diversos delitos contra la propiedad y supuestas amenazas de muerte. Las acciones emprendidas por el Poder Judicial demuestra la parcialización de los operadores de justicia a favor del clan económico Facussé-Perez.
El Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol- es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas plantaciones de palma africana.
El clan del extinto Miguel Facusse y sus herederos, han mantenido en jaque a Honduras, desde los inicios de los años 90, cuando el expresidente Callejas mediante sus políticas de privatizaciones dotó de enormes fortunas a los allegados al Partido Nacional, el que retornó al poder desde el 2009. Lenir Perez el propietario de la minera Pinares, esposo de Ana Facusse, se ha visto involucrado en una serie de delitos ambientales a lo largo de la costa norte, donde viene extrayendo óxido de hierro en una franja territorial de enorme biodiversidad.
El caso de Guapinol, y la destrucción premeditada del Parque Nacional Carlos Escaleras es una muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino una política de estado, promovida por siniestros “nacionalistas”, que han utilizado el Congreso Nacional, el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), el aparato judicial y la fuerzas de seguridad para llevar a cabo ecocidios con el objetivo de obtener ganancias a toda costa, incluyendo la eliminación física de opositores al saqueo de la madre tierra.
La destrucción de las áreas protegidas en Honduras es parte del asalto a los bienes comunes que se viene dando en varios sectores del país. En el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, se utilizó al Congreso para modificar los límites de la zona núcleo del parque, acción que se efectuó en base al decreto legislativo 252-2013, además del apoyo irrestricto a la minera Pinares por parte del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez integrante del partido de oposición Libre.
Es evidente la destrucción del Corredor Biológico Mesoamericano en Hondurea, en donde tanto las zonas de amortiguamiento y núcleo están bajo la mira de inversionistas para destruir los recursos naturales que nos corresponden a todas, para lo cual MIAMBIENTE a través del Acuerdo ejecutivo 0008-2015 desahució las licencias ambientales y creo los Permisos Operativos con los que se elude cumplir el requisito básico para iniciar proyectos de grave impacto ambiental.
El asesinato de Berta Cáceres y el torbellino en que se convirtieron las investigaciones del caso, las que fueron manipuladas desde un inicio por las autoridades demostró las falencias del sistema en cuanto a la aplicación de justicia; ademas de sacar a flote las estrategias para encubrir a los autores intelectuales del crimen, y de como esos utilizan el sistema judicial para perseguir a quienes tienen el valor de señalarlos.
Honduras se ha convertido en un país sometido a una dictadura de corbatín, en el cual un grupúsculo de abogados han logrado apoderarse de la estructura de poder y cuentan con los medios de comunicación masivos para desinformar sobre la destrucción de la economía nacional y su entrega al crimen organizado. Basta ya de la persecución a las defensoras del agua de Guapinol y al encubrimiento de los crímenes ambientales perpetrados por la elite de poder en la república mafiosa de Honduras.
La Ceiba Atlantida, 27 de Febrero del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
A partir del golpe de estado (2009) Honduras ha caído en una espiral de violencia y despojos en relación a los bienes comunes y la explotación de los mismos, efectuada por un grupúsculo de narcos y empresarios, dedicados al saqueo territorial, al mismo tiempo que desde el Congreso Nacional se legisla con el fin de conculcar derechos y enriquecer los allegados al actual gobierno dictatorial.
El caso de los defensores del agua en Guapinol corrobora la tendencia del actual régimen a fomentar conflictos sociales y anteponer las posibles ganancias económicas al derecho al agua y salud que posee el pueblo hondureño. El arresto de doce de los sindicados de defender el agua en Guapinol – quienes se presentaron voluntariamente en el juzgado de La Ceiba el viernes 22 de abril- es un indicador de la distorsión de leyes y decretos con el propósito de favorecer a la desprestigiada élite empresarial.
Los defensores del Agua de Guapinol, son acusados por diversos delitos contra la propiedad y supuestas amenazas de muerte. Las acciones emprendidas por el Poder Judicial demuestra la parcialización de los operadores de justicia a favor del clan económico Facussé-Perez.
El Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol- es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas plantaciones de palma africana.
El clan del extinto Miguel Facusse y sus herederos, han mantenido en jaque a Honduras, desde los inicios de los años 90, cuando el expresidente Callejas mediante sus políticas de privatizaciones dotó de enormes fortunas a los allegados al Partido Nacional, el que retornó al poder desde el 2009. Lenir Perez el propietario de la minera Pinares, esposo de Ana Facusse, se ha visto involucrado en una serie de delitos ambientales a lo largo de la costa norte, donde viene extrayendo óxido de hierro en una franja territorial de enorme biodiversidad.
El caso de Guapinol, y la destrucción premeditada del Parque Nacional Carlos Escaleras es una muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino una política de estado, promovida por siniestros “nacionalistas”, que han utilizado el Congreso Nacional, el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), el aparato judicial y la fuerzas de seguridad para llevar a cabo ecocidios con el objetivo de obtener ganancias a toda costa, incluyendo la eliminación física de opositores al saqueo de la madre tierra.
La destrucción de las áreas protegidas en Honduras es parte del asalto a los bienes comunes que se viene dando en varios sectores del país. En el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, se utilizó al Congreso para modificar los límites de la zona núcleo del parque, acción que se efectuó en base al decreto legislativo 252-2013, además del apoyo irrestricto a la minera Pinares por parte del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez integrante del partido de oposición Libre.
Es evidente la destrucción del Corredor Biológico Mesoamericano en Hondurea, en donde tanto las zonas de amortiguamiento y núcleo están bajo la mira de inversionistas para destruir los recursos naturales que nos corresponden a todas, para lo cual MIAMBIENTE a través del Acuerdo ejecutivo 0008-2015 desahució las licencias ambientales y creo los Permisos Operativos con los que se elude cumplir el requisito básico para iniciar proyectos de grave impacto ambiental.
El asesinato de Berta Cáceres y el torbellino en que se convirtieron las investigaciones del caso, las que fueron manipuladas desde un inicio por las autoridades demostró las falencias del sistema en cuanto a la aplicación de justicia; ademas de sacar a flote las estrategias para encubrir a los autores intelectuales del crimen, y de como esos utilizan el sistema judicial para perseguir a quienes tienen el valor de señalarlos.
Honduras se ha convertido en un país sometido a una dictadura de corbatín, en el cual un grupúsculo de abogados han logrado apoderarse de la estructura de poder y cuentan con los medios de comunicación masivos para desinformar sobre la destrucción de la economía nacional y su entrega al crimen organizado. Basta ya de la persecución a las defensoras del agua de Guapinol y al encubrimiento de los crímenes ambientales perpetrados por la elite de poder en la república mafiosa de Honduras.
La Ceiba Atlantida, 27 de Febrero del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Oxfam urge a Honduras proteger derechos y autonomía de pueblos indígenas en memoria de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- A tres años del asesinato de Berta Cáceres, y ante la grave situación de conflictividad social y violencia causada por la ausencia de un proceso de consulta en la instalación de proyectos extractivos en Honduras, Oxfam urge al Estado asegurar medidas transparentes y efectivas para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Estas medidas deberán respetar el tiempo y las formas de organización y de toma de decisiones de los pueblos indígenas, para prevenir futuros casos de violaciones a los derechos.
En los meses previos a su asesinato, la activista indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres denunció que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), se construía sobre una base de ilegalidades y que su ejecución traía repercusiones negativas en la comunidad lenca.
En marzo del 2018, Olivia Zúniga Cáceres, hija de la defensora lenca, presentó ante el Congreso Nacional de Honduras un proyecto de ley para la anulación de los contratos de concesión otorgados a DESA para la explotación del río Gualcarque. A un año de esta importante iniciativa, la moción aún no es aceptada para debate en el pleno legislativo.
El anteproyecto, denominado “Ley Berta Cáceres”, establece que se anule por medio de un decreto legislativo los contratos y licencias adscritos al proyecto hidroeléctrico por un periodo de 50 años. La propuesta señala que la ampliación en el volumen de aprovechamiento de aguas, así como los plazos de la concesión, fueron modificados a favor de DESA sin ser discutidos y aprobados por el Congreso Nacional, según establece la Constitución de Honduras.
Respecto a esta situación, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentaron ayer un requerimiento fiscal contra 16 personas, quienes habrían cometido supuestos delitos contra la administración pública para lograr que la empresa DESA fuese beneficiada con contratos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). A este caso se le nombró “Fraude sobre el Gualcarque”.
Sumado a esto, la propuesta “Ley Berta Cáceres” sostiene que el otorgamiento de la concesión violentó el proceso de Consulta dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual confiere el derecho a los pueblos indígenas de decidir el uso de los territorios afectados por proyectos extractivos.
Sobre esa misma base, en marzo de 2017, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre los decretos Nos. 67-2011 y 68-2011 atribuidos al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La acción del COPINH se fundamentó en las violaciones al derecho a la propiedad colectiva de las tierras que los pueblos indígenas tradicionalmente han ocupado y utilizado, el derecho a determinar sus propias prioridades y estrategias para la utilización de sus territorios y recursos, y la obligación del Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Luego de siete meses, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la petición.
Para Olivia Zúniga Cáceres, diputada por el departamento de Intibucá, la anulación definitiva de la concesión significa hacer justicia para su madre, resarcir el daño causado a los habitantes de la comunidad indígena de Río Blanco y fortalecer la protección del río Gualcarque, considerado como un territorio sagrado para la comunidad lenca.
“Mi madre presentó la argumentación legal que evidencia todas las irregularidades efectuadas durante el otorgamiento de dicho contrato. Su asesinato es una prueba por sí misma de la falta de legalidad y legitimidad de este proyecto hidroeléctrico”, explicó Zúniga.
En noviembre de 2019, la Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras condenó a siete personas por el asesinato de Cáceres; dos de ellos fueron empleados de DESA. La captura más reciente fue la de Roberto David Castillo, quien fungía como presidente de la empresa desarrolladora, lo que vuelve necesaria y urgente la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.
Tegucigalpa.- A tres años del asesinato de Berta Cáceres, y ante la grave situación de conflictividad social y violencia causada por la ausencia de un proceso de consulta en la instalación de proyectos extractivos en Honduras, Oxfam urge al Estado asegurar medidas transparentes y efectivas para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Estas medidas deberán respetar el tiempo y las formas de organización y de toma de decisiones de los pueblos indígenas, para prevenir futuros casos de violaciones a los derechos.
En los meses previos a su asesinato, la activista indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres denunció que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), se construía sobre una base de ilegalidades y que su ejecución traía repercusiones negativas en la comunidad lenca.
En marzo del 2018, Olivia Zúniga Cáceres, hija de la defensora lenca, presentó ante el Congreso Nacional de Honduras un proyecto de ley para la anulación de los contratos de concesión otorgados a DESA para la explotación del río Gualcarque. A un año de esta importante iniciativa, la moción aún no es aceptada para debate en el pleno legislativo.
El anteproyecto, denominado “Ley Berta Cáceres”, establece que se anule por medio de un decreto legislativo los contratos y licencias adscritos al proyecto hidroeléctrico por un periodo de 50 años. La propuesta señala que la ampliación en el volumen de aprovechamiento de aguas, así como los plazos de la concesión, fueron modificados a favor de DESA sin ser discutidos y aprobados por el Congreso Nacional, según establece la Constitución de Honduras.
Respecto a esta situación, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentaron ayer un requerimiento fiscal contra 16 personas, quienes habrían cometido supuestos delitos contra la administración pública para lograr que la empresa DESA fuese beneficiada con contratos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). A este caso se le nombró “Fraude sobre el Gualcarque”.
Sumado a esto, la propuesta “Ley Berta Cáceres” sostiene que el otorgamiento de la concesión violentó el proceso de Consulta dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual confiere el derecho a los pueblos indígenas de decidir el uso de los territorios afectados por proyectos extractivos.
Sobre esa misma base, en marzo de 2017, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre los decretos Nos. 67-2011 y 68-2011 atribuidos al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La acción del COPINH se fundamentó en las violaciones al derecho a la propiedad colectiva de las tierras que los pueblos indígenas tradicionalmente han ocupado y utilizado, el derecho a determinar sus propias prioridades y estrategias para la utilización de sus territorios y recursos, y la obligación del Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Luego de siete meses, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la petición.
Para Olivia Zúniga Cáceres, diputada por el departamento de Intibucá, la anulación definitiva de la concesión significa hacer justicia para su madre, resarcir el daño causado a los habitantes de la comunidad indígena de Río Blanco y fortalecer la protección del río Gualcarque, considerado como un territorio sagrado para la comunidad lenca.
“Mi madre presentó la argumentación legal que evidencia todas las irregularidades efectuadas durante el otorgamiento de dicho contrato. Su asesinato es una prueba por sí misma de la falta de legalidad y legitimidad de este proyecto hidroeléctrico”, explicó Zúniga.
Nota relacionada La minería no es la solución a la pobreza y desigualdad en Honduras: Oxfam
Austraberta Flores, la madre de Berta Cáceres, sus hermanos y su hija Olivia Zúniga Cáceres presentaron en 2017 ante el Ministerio Público y la MACCIH-OEA una investigación realizada con el apoyo de Oxfam que evidencia la forma en que se otorgaron las concesiones del proyecto hidroeléctrico, factores que desencadenan una serie de sucesos que llevan al asesinato de la ambientalista.En noviembre de 2019, la Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras condenó a siete personas por el asesinato de Cáceres; dos de ellos fueron empleados de DESA. La captura más reciente fue la de Roberto David Castillo, quien fungía como presidente de la empresa desarrolladora, lo que vuelve necesaria y urgente la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.
Comunidades de Honduras en alerta ante crímenes y encarcelamiento de defensores de la tierra
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en estado de alerta ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
Unos 31 pobladores, que han participado en las protestas contra la explotación minera, enfrentan cargos y el jueves un juez de jurisdicción nacional decidirá si continúan o no en la cárcel 12 defensores de la tierra arrestados y enjuiciados.
El gobierno de Hernández impulsa un modelo que alienta concesiones para el establecimiento de explotaciones mineras, la construcción de proyectos hidroeléctricos, explotación petrolera, de energía solar y de turismo que desplazan de sus tierras ancestrales a etnias y poblados amenazando su hábitat y su capacidad para cultivar sus alimentos y acceder a agua para consumo humano.
“Hemos decidido juntarnos para detener colectivamente ese concesionamiento y defender a nuestros compañeras y compañeros perseguidos y criminalizados”, advirtieron en un comunicado los delegados de las comunidades reunidos en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS).
En este escenario, Honduras registra una creciente conflictividad por la tierra y sus recursos entre pobladores y empresas locales e internacionales a las que se les ha otorgado concesiones sin cumplir con la consulta previa de las comunidades, dicen activistas.
“Ese modelo de desarrollo extractivista y de muerte impuesto a sangre y fuego, ha significado para nosotros la militarización de nuestros territorios, la destrucción de los bienes comunes, la ruptura del tejido social y la criminalización de la protesta social”, agregaron los representantes de las comunidades de 12 departamentos.
Esta conflictividad provocó el asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, que luchaba contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en tierras de la etnia Lenca, el 3 de marzo de 2016 a manos de sicarios, en un episodio en el que se involucraron un militar activo y otro retirado y un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Siete de los participantes fueron condenados por el crimen pero los responsables intelectuales aún se encuentran impunes, según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares a Indígenas de Honduras (Copinh).
El gobierno ha enviado en reiteradas ocasiones tropas del ejército, policías militares y agentes de la policía nacional para sofocar protestas de pobladores organizados, que rechazan las explotaciones mineras, construcción de hidroeléctricos, parques de energía solar y proyectos de inversión en el rubro de turismo.
El 21 de febrero, la Coalición Contra la Impunidad (CCI) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos alrededor del proyecto minero de Guapinol y que involucra a funcionarios que participaron en el proceso de la entrega de la concesión.
De acuerdo a un análisis legal de la CCI, la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.
“La política extractivista y entreguista del régimen de Juan Orlando Hernández multiplica los conflictos por todo el país, en consecuencia responsabilizamos directamente a este régimen por los asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y nuevos conflictos que no dudamos se generarán, si no hay cambios radicales en la administración del Estado”, dijeron los delegados de las comunidades reunidos en Tegucigalpa.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”
Tegucigalpa.- Más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en estado de alerta ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
Noticia Relacionada:A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol
La concesión para la extracción de óxido de hierro en Tocoa, fue otorgada en principio por el gobierno de Porfirio Lobo en 2013 y cuando el presidente del Congreso Nacional era el actual gobernante, a una empresa de Javier Maradiaga, uno de los cabecillas del cartel de “Los Cahiros”, y la explota actualmente la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido empresario, Miguel Facussé, según informes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI).Unos 31 pobladores, que han participado en las protestas contra la explotación minera, enfrentan cargos y el jueves un juez de jurisdicción nacional decidirá si continúan o no en la cárcel 12 defensores de la tierra arrestados y enjuiciados.
El gobierno de Hernández impulsa un modelo que alienta concesiones para el establecimiento de explotaciones mineras, la construcción de proyectos hidroeléctricos, explotación petrolera, de energía solar y de turismo que desplazan de sus tierras ancestrales a etnias y poblados amenazando su hábitat y su capacidad para cultivar sus alimentos y acceder a agua para consumo humano.
“Hemos decidido juntarnos para detener colectivamente ese concesionamiento y defender a nuestros compañeras y compañeros perseguidos y criminalizados”, advirtieron en un comunicado los delegados de las comunidades reunidos en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS).
En este escenario, Honduras registra una creciente conflictividad por la tierra y sus recursos entre pobladores y empresas locales e internacionales a las que se les ha otorgado concesiones sin cumplir con la consulta previa de las comunidades, dicen activistas.
“Ese modelo de desarrollo extractivista y de muerte impuesto a sangre y fuego, ha significado para nosotros la militarización de nuestros territorios, la destrucción de los bienes comunes, la ruptura del tejido social y la criminalización de la protesta social”, agregaron los representantes de las comunidades de 12 departamentos.
Esta conflictividad provocó el asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, que luchaba contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en tierras de la etnia Lenca, el 3 de marzo de 2016 a manos de sicarios, en un episodio en el que se involucraron un militar activo y otro retirado y un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Siete de los participantes fueron condenados por el crimen pero los responsables intelectuales aún se encuentran impunes, según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares a Indígenas de Honduras (Copinh).
El gobierno ha enviado en reiteradas ocasiones tropas del ejército, policías militares y agentes de la policía nacional para sofocar protestas de pobladores organizados, que rechazan las explotaciones mineras, construcción de hidroeléctricos, parques de energía solar y proyectos de inversión en el rubro de turismo.
El 21 de febrero, la Coalición Contra la Impunidad (CCI) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos alrededor del proyecto minero de Guapinol y que involucra a funcionarios que participaron en el proceso de la entrega de la concesión.
De acuerdo a un análisis legal de la CCI, la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.
“La política extractivista y entreguista del régimen de Juan Orlando Hernández multiplica los conflictos por todo el país, en consecuencia responsabilizamos directamente a este régimen por los asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y nuevos conflictos que no dudamos se generarán, si no hay cambios radicales en la administración del Estado”, dijeron los delegados de las comunidades reunidos en Tegucigalpa.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”
Medios de prensa favorecen conspiración de corruptos contra la MACCIH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hm
Tegucigalpa.-Los medios de prensa favorecen una conspiración de redes de corrupción integradas por políticos, empresarios y religiosos dirigidas a frenar la lucha anticorrupción alentada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se advirtió en un foro el jueves.
Señalaron también sobre el peligro que las redes de corrupción logren su pretensión de impedir que no se renueve, a principios del año 2020, el convenio entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la continuidad de la Misión, lo que pondría fin a la lucha anticorrupción en Honduras, donde se estima que al menos 30.000 millones de lempiras del erario público se diluyen cada año en episodios de corrupción.
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público presentó en los últimos años, con el apoyo de la MACCIH, requerimientos por presunta corrupción contra una ex primera dama, funcionarios, ex funcionarios, diputados y ex diputados y personas particulares por el desvío de más de 1.600 millones de lempiras, en su mayoría destinados a programas sociales.
Las imputaciones se extienden en uno de los casos, a diputados del Partido Nacional por el desvío de fondos a la campaña que llevó al poder en su primer mandato en 2013 a Juan Hernández, cuyo hermano y ex diputado del Partido Nacional, Juan Antonio Hernández, alias “Tony”, es juzgado en los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
“No hay duda que hay un complot, una conspiración contra la lucha anticorrupción y eso se evidencia en los medios” de comunicación, dijo el ex Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, quien aseguró que hay un “Estado corrupto y narcotraficante” en Honduras.
“Los medios de comunicación le dan más credibilidad a las barbaridades que hacen los tribunales Ad hoc, que a la alta calidad que está demostrando UFECIC. Los titulares son: batearon otra vez a la UFECIC que no presenta bien los casos, y lo dicen reporteros que nunca han leído el requerimiento judicial, simplemente lo dicen porque el medio tiene esa línea”, sostuvo.
Orellana intervino en un hotel de Tegucigalpa en la presentación del libro “A un año de gobierno: Manejo, percepción e impacto de la impunidad, corrupción e inseguridad en Honduras”, publicado por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), bajo la coautoría de Víctor Meza, también director de dicha organización de sociedad civil.
En el libro, Orellana, quien es abogado y profesor universitario asegura que la prensa “mayoritariamente” ha descalificado los procesos judiciales de la UFECIC-MP-MACCIH, “tomando como válidos los argumentos esgrimidos por los tribunales para obstaculizar sus acciones contra la impunidad”, poniendo en duda la investigación y la pertinencia de los requerimientos.
La prensa “se hace eco además, de aquellos planteamientos que recurren a la supuesta defensa de la soberanía, cuestionando la presencia de la MACCIH y su colaboración con la UFECIC”, dijo Orellana. “Su incidencia en la población es efectiva porque, siendo adicta a los programas de radio y tv de noticias fácilmente la inducen a pensar en el sentido que se le da a la noticia o al comentario”.
Aseguró que el coordinador de la UFECIC, Luis Santos, “no está luchando contra una persona en particular, es contra las redes de corrupción y las redes de corrupción que se han puesto en evidencia hoy… están en todos los partidos y están en la empresa privada y están en todas partes hasta en las iglesias”.
“Están luchando, entonces con lo terrenal y lo espiritual y lo transcendental… están luchando contra todo… y seguramente esos ministros religiosos que se sienten amenazados, creen que Dios está del lado de ellos, y a saber si los de la UFECIC han de pensar lo mismo, así que más miedo han de tener”, comentó.
Tegucigalpa.-Los medios de prensa favorecen una conspiración de redes de corrupción integradas por políticos, empresarios y religiosos dirigidas a frenar la lucha anticorrupción alentada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se advirtió en un foro el jueves.
Señalaron también sobre el peligro que las redes de corrupción logren su pretensión de impedir que no se renueve, a principios del año 2020, el convenio entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la continuidad de la Misión, lo que pondría fin a la lucha anticorrupción en Honduras, donde se estima que al menos 30.000 millones de lempiras del erario público se diluyen cada año en episodios de corrupción.
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público presentó en los últimos años, con el apoyo de la MACCIH, requerimientos por presunta corrupción contra una ex primera dama, funcionarios, ex funcionarios, diputados y ex diputados y personas particulares por el desvío de más de 1.600 millones de lempiras, en su mayoría destinados a programas sociales.
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Pero los diputados en el Congreso Nacional han introducido reformas a la Ley de Presupuesto para evitar ser investigados legisladores y ex legisladores, funcionarios y ex funcionarios e impulsan otras iniciativas para evitar ser investigados por el Ministerio Público por el desvío de fondos públicos de asistencia social a cuentas personales y campañas políticasLas imputaciones se extienden en uno de los casos, a diputados del Partido Nacional por el desvío de fondos a la campaña que llevó al poder en su primer mandato en 2013 a Juan Hernández, cuyo hermano y ex diputado del Partido Nacional, Juan Antonio Hernández, alias “Tony”, es juzgado en los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
“No hay duda que hay un complot, una conspiración contra la lucha anticorrupción y eso se evidencia en los medios” de comunicación, dijo el ex Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, quien aseguró que hay un “Estado corrupto y narcotraficante” en Honduras.
“Los medios de comunicación le dan más credibilidad a las barbaridades que hacen los tribunales Ad hoc, que a la alta calidad que está demostrando UFECIC. Los titulares son: batearon otra vez a la UFECIC que no presenta bien los casos, y lo dicen reporteros que nunca han leído el requerimiento judicial, simplemente lo dicen porque el medio tiene esa línea”, sostuvo.
Orellana intervino en un hotel de Tegucigalpa en la presentación del libro “A un año de gobierno: Manejo, percepción e impacto de la impunidad, corrupción e inseguridad en Honduras”, publicado por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), bajo la coautoría de Víctor Meza, también director de dicha organización de sociedad civil.
En el libro, Orellana, quien es abogado y profesor universitario asegura que la prensa “mayoritariamente” ha descalificado los procesos judiciales de la UFECIC-MP-MACCIH, “tomando como válidos los argumentos esgrimidos por los tribunales para obstaculizar sus acciones contra la impunidad”, poniendo en duda la investigación y la pertinencia de los requerimientos.
La prensa “se hace eco además, de aquellos planteamientos que recurren a la supuesta defensa de la soberanía, cuestionando la presencia de la MACCIH y su colaboración con la UFECIC”, dijo Orellana. “Su incidencia en la población es efectiva porque, siendo adicta a los programas de radio y tv de noticias fácilmente la inducen a pensar en el sentido que se le da a la noticia o al comentario”.
ÉLITES CORRUPTAS VERSUS UFECIC-MACCIH
“La
UFECIC es la unidad fiscal que se enfrenta directamente con las élites
corruptas, políticas y empresariales de este país” sostuvo Orellana,
quien dijo que debido a sus acciones anticorrupción, debe pagar una
factura “que es en primer lugar escasos recursos” para personal técnico e
investigadores, necesarios para sus pesquisas.Aseguró que el coordinador de la UFECIC, Luis Santos, “no está luchando contra una persona en particular, es contra las redes de corrupción y las redes de corrupción que se han puesto en evidencia hoy… están en todos los partidos y están en la empresa privada y están en todas partes hasta en las iglesias”.
“Están luchando, entonces con lo terrenal y lo espiritual y lo transcendental… están luchando contra todo… y seguramente esos ministros religiosos que se sienten amenazados, creen que Dios está del lado de ellos, y a saber si los de la UFECIC han de pensar lo mismo, así que más miedo han de tener”, comentó.
A
la presentación del libro “A un año de gobierno: Manejo, percepción e
impacto de la impunidad, corrupción e inseguridad en Honduras”,
asistieron académicos y profesionales de las ciencias sociales.La
Socióloga, Leticia Salomón, dijo que en Honduras “miden fuerzas dos
contendientes” por un lado la MACCIH y la UFECIC-MP y el Consejo
Nacional Anticorrupción, y por otro lado, “los corruptos que se
movilizan y se integran y tratan de dar una respuesta a esa iniciativa
anticorrupción”.
Aseguró que “la lucha contra la impunidad y la corrupción cuenta en este momento con su mejor momento en el contexto internacional, pero con muchas dificultades en contexto nacional” y que la respuesta de los corruptos ha sido “no solo asegurar el blindaje para protegerse a si mismos”.
“Si no tomar la iniciativa y asumir directamente el combate de lo que ellos consideran el origen de la principal amenaza en en materia de corrupción. Están identificando que esa amenaza proviene de la MACCIH”, dijo la coautora de la publicación del (CEDOH)
La académica e investigadora dijo que en el año 2019, en el escenario político el tema central “está apuntando a la posibilidad de que la MACCIH” salga de Honduras al no renovarse el convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA.
“Por supuesto, que eso no solamente sería un error sino que sería el fin de toda posibilidad de lucha contra la corrupción en nuestro país”, dijo Salomón, quien aseguró que el control político de la institucionalidad pública impide impulsar una iniciativa anticorrupción.
Por: Claudia Mendoza / Lucía Vijil
Como cada año, cientos de mujeres salen a conmemorar el día internacional de la mujer. Pero cada 8 de marzo demandan celeridad en el esclarecimiento de los asesinatos contra las mujeres. Demandas presupuesto el en Estado para atacar los problemas que enfrentan las mujeres. Demandan desarrollo productivo para las mujeres. La lista de deuda es interminable.
Les compartimos, en imágenes, la manifestación de diversas organizaciones, aglutinadas en plataformas y movimiento de mujeres que en Honduras, salieron a las calles a defensa de sus derechos.
Aseguró que “la lucha contra la impunidad y la corrupción cuenta en este momento con su mejor momento en el contexto internacional, pero con muchas dificultades en contexto nacional” y que la respuesta de los corruptos ha sido “no solo asegurar el blindaje para protegerse a si mismos”.
“Si no tomar la iniciativa y asumir directamente el combate de lo que ellos consideran el origen de la principal amenaza en en materia de corrupción. Están identificando que esa amenaza proviene de la MACCIH”, dijo la coautora de la publicación del (CEDOH)
La académica e investigadora dijo que en el año 2019, en el escenario político el tema central “está apuntando a la posibilidad de que la MACCIH” salga de Honduras al no renovarse el convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA.
“Por supuesto, que eso no solamente sería un error sino que sería el fin de toda posibilidad de lucha contra la corrupción en nuestro país”, dijo Salomón, quien aseguró que el control político de la institucionalidad pública impide impulsar una iniciativa anticorrupción.
8 de marzo: una conmemoración más con violencia e impunidad para las mujeres
marzo 8, 2019
Como cada año, cientos de mujeres salen a conmemorar el día internacional de la mujer. Pero cada 8 de marzo demandan celeridad en el esclarecimiento de los asesinatos contra las mujeres. Demandas presupuesto el en Estado para atacar los problemas que enfrentan las mujeres. Demandan desarrollo productivo para las mujeres. La lista de deuda es interminable.
Les compartimos, en imágenes, la manifestación de diversas organizaciones, aglutinadas en plataformas y movimiento de mujeres que en Honduras, salieron a las calles a defensa de sus derechos.
Paramos
para denunciar la discriminación que sufren las mujeres en todos los
ámbitos, ¡Contra la violencia machista, la desigualdad salarial y la
discriminación!
Sólo
con asignación presupuestaria pública efectiva será posible la defensa
de los derechos de las mujeres, por lo que exigimos el cumplimiento de
las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.
Mujer golpeada, ¡MEJOR SOLA QUE MAL ACOMPAÑADA!
¡Las asesinadas tienen nombre! ¡LOS ASESINOS TAMBIÉN! ¡ALTO A LA IMPUNIDAD!
Es
imperativo que el Congreso Nacional desengavete:1) Ley en contra del
Acoso Político hacia las mujeres, b) Ley de Eduación Integral para la
Sexualidad, c) Ley de Casas Refugio y la d) Ley de Trabajo Doméstico.
Paramos
para denunciar que las políticas gubernamentales de seguridad, ¡NO
PROTEGEN!
La política se seguridad está completamente militarizada,
utilizada para reprimir a las campesinas y judicializar a las defensoras
de los bienes comunes.
¡La justicia femenina, es un reloj que no camina!
Al Ministerio Público le gritamos: ¡USTEDES CALLARON CUANDO LAS ASESINARON!
Nos
paramos para denunciar este sistema patriarcal que nos oprime con sus
políticas neoliberales que profundizan la pobreza con la privatización
de los servicios públicos.
Paramos para protestar contra las agresiones sexuales y la despenalzación de las PAE.
Opinion · Otras miradas
Narcocrisis en Honduras
30/11/2018 - PÚBLICO
Juan
Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre
su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por
cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia
lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias
del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas
de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar
seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de
cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.
El
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visita la cárcel para
reos de alta peligrosidad conocida como El Pozo. EFE/Casa Presidencial
Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su
hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar
de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta
forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no
sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la
justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos
vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y
que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento,
la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias
toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas
rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar
que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la
inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?
De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).
Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?
Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.
Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.
En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.
Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.
La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.
De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).
Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?
Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.
Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.
En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.
Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.
La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.
Luego de proteger a su hermano Tony, la DEA felicita a Hernández
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas) felicitó y agradeció al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández, luego que éste protegiera a su hermano Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, recluido en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico. “En su vista a los Estados Unidos, el presidente Hernández se reunió con el administrador interino Dhillon para seguir desarrollando la relación con la DEA, ya que trabajamos conjuntamente para combatir el narcotráfico. Gracias Juan Orlando Hernández”, tuitió la DEA hace dos días tras una reunión con el gobernante hondureño.
De
acuerdo a una acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, el
hermano del gobernante “Tony” Hernández venía participando en el
narcotráfico, a gran escala, desde el año 2004. Sin embargo, fue
capturado en el aeropuerto de Miami hasta el 23 de noviembre de 2018,
catorce años después de haber comenzado sus actividades dentro del
crimen organizado. Juan
Hernández, fue diputado en los períodos 2002-2006, 2006-2010 y
2010-2014. En este último periodo se convirtió en presidente del
Congreso Nacional y en el 2014-2018 asumió la presidencia de la
República para un primer periodo de cuatro años, logrando en el 2018
reelegirse mediante un proceso ilegal y con denuncias evidentes de
fraude. Por su lado, su hermano “Tony” fue diputado por el departamento de Lempira durante 2014-2018.
Tegucigalpa.-La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas) felicitó y agradeció al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández, luego que éste protegiera a su hermano Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, recluido en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico. “En su vista a los Estados Unidos, el presidente Hernández se reunió con el administrador interino Dhillon para seguir desarrollando la relación con la DEA, ya que trabajamos conjuntamente para combatir el narcotráfico. Gracias Juan Orlando Hernández”, tuitió la DEA hace dos días tras una reunión con el gobernante hondureño.
El
23 de noviembre del año pasado, día en que se conoció de la captura de
“Tony”, el gobernante hondureño dijo a la prensa que su hermano tenía
que responder por sus actos y a la vez pidió a los periodistas
oficialistas que no le volvieran a preguntar sobre el tema.PROTECCIÓN “Tony”
Hernández se encuentra recluido en New York, luego de haber sido
capturado por agentes de la DEA en el aeropuerto de Miami el 23 de
noviembre pasado, acusado por fiscales federales en Estados Unidos de
traficar toneladas de cocaína, utilizar armas para proteger sus
cargamentos y brindar información falsa a agentes federales. El
analista político-social, Raúl Pineda Alvarado, ilustró que el caso de
Hernández no tiene nada que ver con el proceso de extradición vigente en
Honduras desde abril de 2014, luego de la reforma al artículo 102 de la
Constitución. Consultado por CRITERIO,
Alvarado refirió hace unos días, que en el caso del hermano del jefe de
gobierno de Honduras, Estados Unidos se ajustó al derecho penal interno
y a las convenciones de Palermo y de Viena, suscritas por las Naciones
Unidas—la primera contra la delincuencia organizada transnacional y la
segunda como fuente del derecho internacional— y no al convenio de
extradición suscrito con Honduras. Los
nexos de “Tony” Hernández con el narcotráfico fueron develados en el
2016 por el capitán del ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana,
quien posteriormente recibió la baja deshonrosa de la institución
castrense, como castigo por haber desenmascarado públicamente al hermano
del gobernante. En aquel entonces, el militar denunció que había sido
expulsado de la institución uniformada por órdenes del jefe de gobierno
de Honduras.
En
las últimas horas ha trascendido que el apoderado legal de Antonio
“Tony” Hernández (foto), Omar Malone, no presentó en la audiencia de
ayer las pruebas para ayudar a su cliente en el caso por narcotráfico.
El juez dictaminó posponer el juicio para el 28 de marzo, pero a pedido del abogado, se adelantó para el próximo viernes 22, para no interferir con sus vacaciones.
De acuerdo a múltiples reportes, cuatro familiares de “Tony” le acompañaron en el juicio, viéndolo con ropa carcelaria, que portará mientras su apoderado legal disfruta las vacaciones de primavera con su familia.
Noticia Relacionada:Ministerio Público tomará declaración a Tony Hernández y Samuel Reyes
Ante el posicionamiento mediático del tema, el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, declaró que esa institución tomaría declaración a Tony Hernández y al entonces secretario de Defensa, Samuel Reyes, también señalado por Rodríguez Orellana. Sin embargo, la institucionalidad hondureña nunca actuó y el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, confesó recientemente que EE.UU. nunca solicitó la extracción de “Tony” Hernández. Noticia Relacionada:EE.UU. nunca solicitó a Honduras la extradición de Tony Hernández: Rolando ArguetaPara el analista, Raúl Pineda Alvarado, el hecho que el gobierno estadounidense nunca haya pedido la extradición de Hernández, significa que no existe confianza por parte de la nación del norte en la institucionalidad hondureña. Inicialmente la fiscalía de los Estados Unidos pidió 40 años de prisión o cadena perpetua contra Tony Hernández."TONY" FUE PRESENTADO AYER CON ROPA CARCELARIA EN CORTE DE NEW YORK
- Publicado: 09 Marzo 2019
En
las últimas horas ha trascendido que el apoderado legal de Antonio
“Tony” Hernández (foto), Omar Malone, no presentó en la audiencia de
ayer las pruebas para ayudar a su cliente en el caso por narcotráfico. El juez dictaminó posponer el juicio para el 28 de marzo, pero a pedido del abogado, se adelantó para el próximo viernes 22, para no interferir con sus vacaciones.
De acuerdo a múltiples reportes, cuatro familiares de “Tony” le acompañaron en el juicio, viéndolo con ropa carcelaria, que portará mientras su apoderado legal disfruta las vacaciones de primavera con su familia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
apoderado legal de Antonio “Tony” Hernández, Omar Malone, quedó a deber
ayer durante la audiencia, ya que no presentó las pruebas ante el juez
Kevin Castel, para favorecer a su cliente, quien entró con la
caracteristica ropa carcelaria.
Ante
esta situación, el juez determinó reprogramar la audiencia para el 28
de marzo; sin embargo, el togado que defiende al hermano del Gobernante
de Honduras solicitó que el juicio se adelantará para el 22 de marzo,
porque no quiere que interfiera con sus vacaciones de primavera.
El
juez aceptó la petición de Malone quien tendrá hasta ese día a las 2:00
de la tarde en la Corte del Distrito Sur, para presentar documentación
como medio de prueba.
A
Hernández, lo acompañaron cuatro miembros de su familia, según se ha
reportado en distintos medios de prensa de Honduras, sin especificar de
quienes se tratan.
“Tony”
tendrá que esperar en prisión mientras su defensor disfruta con sus
familiares. Cabe destacar que Malone, tomó el caso de Hernández luego de
que se anunciara la renuncia el pasado 23 de febrero de Manuel
Retureta, quien defiende a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio
Lobo Sosa.
