EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO FEB. 2019: HONDURAS DESPEDAZADA
- Publicado: 07 Febrero 2019
El
modelo presidencial debe suprimirse, eso se hará, es venenoso y suicida
para el desarrollo depositar excesiva autoridad y riqueza en una sola
persona, cuya salud mental nadie conoce ni nadie puede predecir.
Editorial
Honduras despedazada
Congela
el estómago, irrita al hondureño digno y causa vergüenza nacional mirar
cómo rueda el nombre de Honduras por el desnivel de la depravación
mundial.- Oír en la ONU a un pobre señor, común y corriente, sin más
motivo de mención que ejercer la función del ridículo de un gobierno sin
delegación para hablar a título de pueblo. Leónidas Rosa Bautista, le
dicen. Un nombre que suena a gris y mediocre.- Jamás tendría un asiento
en un gabinete brillante o en el renacer de una generación que construya
una nación fundada en el altruismo y la virtud.
Qué
decir de la cancillería que se presta para expulsar un diplomático
legítimo de un gobierno extranjero que en las urnas eligió la voluntad
de un pueblo, a cambio aceptó credenciales afiebradas de un tontuelo
golpista que a petición de EE.UU. se auto nombró presidente en cualquier
calle de Caracas; esta rastrera sumisión de la diplomacia hondureña
quedará para guasearse de la tragedia cuando en alguna noche del futuro
en una peña departan amigos.
Hoy
–sin elegirlo y sin serlo como población— somos el hazmerreír en
ambientes de otros territorios; es impostergable repensar cómo evitar
que decisiones personales de un agónico funcionario enturbien el honor
de toda nuestra sociedad, repleta de gente creadora, laboriosa,
inteligente, tan talentosa que muchos han dejado su huella universal en
ciencias y artes.
El
modelo presidencial debe suprimirse, eso se hará, es venenoso y suicida
para el desarrollo depositar excesiva autoridad y riqueza en una sola
persona, cuya salud mental nadie conoce ni nadie puede predecir. Eso no
admite duda, es inconcebible en política madura que alguien se aferre
como poseído a un cargo público cuando precisamente su presencia es el
problema, lo usual en una persona responsable es la renuncia inmediata y
el perdón a la ciudadanía, eso se llama pudor y carácter, no esperar la
humillación en estadios, en conciertos, en redes sociales, en el país
se ha llegado a mucho cansancio que hasta jóvenes católicos hace poco en
Panamá, en vigilia porque venía el papa y, mientras su maestría en
baile típico era aplaudida, protestaron por lo habitual, izaron una
manta con la marca país “Fuera JOH”.
Quedan
lecciones que los libros son inútiles en este país, que no diferencian
al sensible del indiferente y que la libertad del primer y viejo mundo
no existe en América, sin embargo, debíamos habitar este tiempo y este
averno hecho en casa para comprender ese silencio taimado de
representantes de organismos internacionales con pasaporte exclusivo.
Los filósofos del aire han callado esta tiranía y sus militares brutales
que aterran ciudades y golpean jóvenes de aldeas. Ni en privado aceptan
su aval solidario igual que Leónidas.
Piden
mil pruebas para concluir que aún no hay genocidio y que el concepto de
sufrimiento todavía no se ajusta a nuestro pueblo, aun viendo saltar al
vacío las caravanas, huyendo de todo ¿Dónde está la lectura de Europa?
¿Y los Derechos del Hombre? ¿Dónde está el Contrato Social de Rousseau,
dónde el Emilio o de la Educación? ¿Dónde el Fundamento Universal de
Derechos Humanos? ¿Dónde la Ética a Nicómaco? Páginas amarillas,
inservibles ¿Cuántos de estos funcionarios han pagado la cena turística
en Gracias o Villas Telamar justificando el indecible delito?
¿Escondiendo el informe criminal que da confianza al jefe de gobierno y
afianza la chamba de OEA?
Aprendimos
del extranjero que el camino es sin ellos, ya raya el discurso que la
“misión” no viene a resolver nuestros problemas, por supuesto que no,
viene a crearlos. Haití es ejemplo, fue el primer país del mundo que
abolió la esclavitud en 1803; no admiten que New York es aldeíta
comparada con lo cosmopolita de América Latina. Los que leen más libros
castigaron Haití hasta volverlo el más pobre del planeta. Esa ayuda
humanitaria hace pedazos el respeto de los pueblos, eso mismo pasa en
Honduras.
Hernández pedirá al Congreso ampliación del presupuesto para más policías y tropas militares
El gobernante dice que la población de Choluteca está clamando por más policías militares
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Las
estratosféricas sumas de dinero destinadas a la seguridad y la defensa
resultan insuficientes para el jefe de gobierno de Honduras, Juan
Hernández, quien en las últimas horas ha anunciado que pedirá al
Congreso Nacional una ampliación presupuestaria para contratar más
elementos en los órganos de seguridad del Estado.
Hernández
hizo el anuncio la noche del lunes en una comparecencia ante medios de
comunicación en la que presentó videos sobre supuestos crímenes y
delitos cometidos por miembros de maras y pandillas, a quienes llamó
“máquinas de matar” y que aprovechó para hacer sentir como una necesidad
imperiosa y así contar con más recursos económicos y con más elementos
de seguridad.
El goberante hondureño presentó vídeos de supuestos actos criminales y delitos cometidos por las maras y pandillas.
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea).- En el último día de la pasantía en derechos humanos, defensores indígenas criminalizados en el departamento de La Paz, compartieron con la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, la Tierra y Territorio (RENADETT), sobre la situación que viven en los procesos de recuperación de tierras.
Llegan policías y militares, no se fijan si hay menores de edad o personas mayores, queman las casas, los cultivos, disprand y gasean, es el panorama que expusieron en un conversatorio.
Uno de los ataques más recientes fue contra a base campesina Las Torres, municipio de San Pedro de Tutule, hace dos semanas, los desalojaron violentamente. “Lo más doloroso fue ver cómo nos cortaban los palitos de café con motosierra” para que vuelvan a dar cosecha, hay que esperar tres años, declaró Abil Ortiz.
Quienes ejecutan las órdenes de desalojo,van a lo que van, no dejan que nadie se acerque. Es algo que duele porque de ahí sacamos nuestras cosechas, agregó el campesino e indígena Lenca.
Yessenia Padilla y Nulman Maradiaga, integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas de La Paz- Honduras (REDHIL- Paz), expusieron cuándo una patrulla policial llegó hasta su vivienda a arrestar a la defensora, ella hizo uso del conocimiento legal, y evitó ser capturada.
Yesenia grabó con su teléfono móvil lo que decían los policías, y cuando ella les pidió la orden de captura, estos expresaron no andarla, y ellas les expresó que eso era ilegal y violentaba sus derechos, basándose en la Constitución de la República.
Tiempo después, con las apoderadas legales del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se presentó voluntariamente, y actualmente tiene un proceso legal acusada, supuestamente, por usurpación.
Escuchar la experiencia de lo que han vivido en La Paz, nos pone en alerta, para enfrentar situaciones similares, reaccionó Nelson Alfaro, quien participó en la formación de esta semana.
En Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a la tierra, y al menos 5,200 personas han sido criminalizados por exigir su derecho a una parcela para cultivos, 700 de ellos son de La Paz. El Instituto Nacional Agrario (INA), ha afirmado que no hay dinero para comprar tierras.
De
antemano, Hernández no cuantificó el monto de la ampliación
presupuestaria ni la cantidad de los nuevos efectivos militares y
policiales a contratar, porque dijo que ese tema está en análisis y se
dará a conocer hasta finales de esta semana o en los primeros días de la
próxima semana.
“Hemos
llegado a la conclusión de que es más que necesario terminar la
revisión con Fusina esta semana para identificar la necesidad de nuevos
miembros de la Policía Nacional, de la Fuerza Tigres; nuevos en adición
de los que ya existen de la Policía Militar y de la Fuerza Nacional Anti
Maras y Pandillas, para tener la capacidad suficiente de dar las
respuestas que se requieren en este momento”, dijo el gobernante.
Hernández
apuntó que la ampliación del presupuesto como de las “tropas” de
seguridad, requiere de la aprobación en el Congreso Nacional, donde
remitirá dichas solicitudes.
Necesidad
Argumentó
que la necesidad de más policías y tropas militares, se evidenció este
fin de semana, específicamente, en el departamento de Choluteca donde
sus pobladores han solicitado mayor presencia de la policía militar para
combatir la delincuencia y criminalidad.
El
argumento de Hernández contradice la postura de las organizaciones
sociales y populares de la ciudad de Choluteca que han denunciado abusos
cometidos por parte de elementos de la Policía Militar del Orden
Público. La semana pasada, el movimiento social “Bastión del Sur”
denunció que se ha tendido una persecución política contra sus líderes
por protestar por los abusos del régimen y luchar por sus derechos.
Presupuesto
El
anuncio de solicitar la ampliación del presupuesto en seguridad y
defensa, surgió casualmente luego que Hernández sostuviera una reunión
con una delegación de congresistas de los Estados Unidos, con quienes de
acuerdo a un tuit de la encargada de negocios de la embajada de la
nación del norte Heide Fulton, habló sobre “esfuerzos para mejorar la
seguridad ciudadana, reducir la corrupción e impunidad, y abordar los
impulsores de la migración irregular”.
Hernández
ha sido seriamente cuestionado por economistas independientes y por el
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) por
incrementar de manera desproporcionada los presupuestos de seguridad y
defensa y por reducir los orientados a la salud, educación e inversión
pública.
Noticia Relacionada: ¿Cuál es el costo de la seguridad y la defensa en Honduras?
De
acuerdo a los análisis de la organización de sociedad civil, el
crecimiento presupuestario en seguridad y defensa viene en ascenso desde
2010 a la fecha. Este año los recursos destinados a seguridad
representan el 2.51% del total del presupuesto y los orientados a
defensa el 3.26 %.
Desde
el año 2012 en Honduras existe un impuesto adicional al Impuesto Sobre
la Renta que se destina a la seguridad y que se denomina Tasa de
Seguridad Poblacional o “tasón”, que en su mayoría sirve para los
programas de seguridad. El destino de estos fondos, más de 2.000
millones de lempiras solo en el 2018, no se conoce por encontrase
protegidos por la ley de secretos, que establece una reserva de 25 años,
prorrogables por igual periodo de tiempo.
En
enero de 2018 se dijo que la Tasa de seguridad había generado desde
2012, 10.900 millones de lempiras, adicionales a 5,364 millones de
lempiras que el gobierno había pactado mediante préstamos con la banca
privada, supuestamente para atender la seguridad.
A
las sumas antes señaladas se debe agregar además el presupuesto
asignado al gabinete de prevención, seguridad y defensa que este año es
de 18,603 millones de lempiras y que representa un incremento de 7.1 %,
con respecto al 2018.
¿Cuál es el costo de la seguridad y la defensa en Honduras?
Por: FOSDEH
El
presente documento complementa el contenido abordado en las dos alertas
que precedieron sobre el tema del gasto público en seguridad y defensa;
elaborados por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
(FOSDEH); en el primer documento lanzado en agosto del presente año se
incluyó aspectos contextuales en materia socioeconómica, la tendencia
presupuestaria de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa
durante el periodo 2002-junio 2018, así como la inclusión valorativa de
indicadores relacionados con la incidencia delictiva, entre otras.
Para
el segundo documento publicado en septiembre del presente año, se
abordó la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Seguridad y la
Secretaría de Defensa por programas, en comparación con los objetivos de
su Plan Operativo Anual (POA), también, la Tasa de Seguridad
Poblacional (desembolsos, recaudación y proyectos realizados) y los
gastos en armas y municiones del Estado de Honduras, entre otros
aspectos.
En
términos específicos, este trabajo presenta la tendencia presupuestaria
de otras instituciones públicas adscritas al Gabinete Sectorial de
Defensa y Seguridad. Adicionalmente se describe el presupuesto asignado
a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa para el año
2019 y las proyecciones de recaudación por concepto de la Tasa de
Seguridad Poblacional (plasmado en el anteproyecto de Presupuesto
General de la República aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de
Ministros, y presentado al Congreso Nacional por la Secretaría de
Finanzas). Y finalmente se incluyen algunos elementos de percepción
ciudadana sobre la seguridad pública del país.
Durante
el transcurso del período post huracán Mitch, Honduras se ha
consolidado como un Estado altamente empobrecido y desigual. Al año 2017
el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró 6,079,082 personas
en pobreza (68.8% de la población), de las cuales 3,902,122 se
encuentran en pobreza extrema. La precariedad en la percepción de
ingresos (de las personas que perciben ingresos, el 80.1% recibe por
debajo de un salario mínimo) y el desmejoramiento en la calidad,
cobertura y acceso a servicios públicos fundamentales como la educación y
la salud propician el crecimiento de la pobreza, consecuentemente, se
propagan otros fenómenos sociales perjudiciales para la calidad de vida
de la población como la inseguridad ciudadana, violencia, migración
(causal entre otros aspectos, de desintegración familiar) entre otros.
La
precaria situación socioeconómica de la mayoría de la población
hondureña, se agudiza con la carga de sostener las finanzas del país, a
través del sistema impositivo vigente (sistema altamente regresivo;
quien menos ingresos tiene es quien mayor recursos paga, de manera
proporcional), sin un retorno real e incluyente en calidad y cobertura
de los servicios básicos, por ese sacrificio ciudadano.
Bajo
este contexto, se resalta que el Presupuesto Público; debe enfocarse en
disminuir pobreza y desigualdades socioeconómicas a través de su
distribución y posterior ejecución; de manera prioritaria en los
sectores más desposeídos. El Presupuesto General de la República de
Honduras, ha sido utilizado bajo estándares desenfocados de una visión
de desarrollo de país, y orientado en la atención superficial de
problemas coyunturales y de interés político partidario, en lugar de
soluciones integrales, estratégicas y sostenibles. Es por ello, que el
presupuesto público no ha significado la reversión de la precariedad
socioeconómica del país. Aunado a lo anterior, este instrumento público
es formulado y manejado sin criterios estrictos de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana (informada, crítica y
deliberante), situación que da cabida a la discrecionalidad, opacidad, y
en el peor de los casos; desvió de fondos públicos para causas ajenas a
las necesidades sociales.
Elementos
como la debilidad y casi ausencia de planificación nacional,
institucionalidad y marcos legislativos, afectan el sano desarrollo del
ciclo evolutivo presupuestario (formulación, aprobación, ejecución y
liquidación). Y de manera más especifica el gasto e inversión de cada
una de las instituciones públicas que operan en el país.
Nota relacionada Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: corazón de la dictadura en Honduras
Para
el caso del gasto público de las Secretarías de Seguridad y Defensa, el
FOSDEH señaló la segunda alerta (agosto, 2018); “Seguimiento y
Evaluación del Gasto Público en Seguridad y Defensa, Tomo II”, que las
prioridades de los planes operativos anuales y las prioridades
presupuestarias de estas instituciones están desvinculadas. En relación a
la Secretaría de Seguridad, la prevención es uno de los elementos
prioritarios en su Plan Operativo Anual. Sin embargo, el presupuesto
destinado a actividades de prevención en el transcurso del tiempo ha
decrecido significativamente. En el año 2011, a los servicios policiales
preventivos se les asignó un monto de L. 2,541 millones y para el año
2018 esta área cuenta con un presupuesto de L 1,135.9 millones, pese a
que el crecimiento del presupuesto para seguridad en este lapso de
tiempo (2011- 2017), creció en un 112%. (Presupuesto asignado en el año
2011: L 3,110.5 millones – presupuesto asignado en 2018: L 6,583.5
millones). Respecto a la Secretaría de Defensa, su Plan Operativo Anual,
está orientado al apoyo y colaboración a otras instituciones públicas y
privadas, así como la defensa de la integridad territorial y soberanía
nacional, en su presupuesto asignado se refleja que esta última tiene
mayor peso presupuestario. Pero en la práctica, la presencia militar en
asuntos de seguridad pública ha incrementado, a pesar de que en su POA
no aparece de manera explícita esta función. En términos generales, el
enfoque de la seguridad ciudadana en el país, se orienta principalmente a
acciones punitivas. De hecho, este enfoque de seguridad ciudadana
coincide con la mayoría de los países latinoamericanos.
Una
reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID,
2018) “Mejor gasto mejores vidas; como América Latina” se señala que
“históricamente, el debate sobre seguridad ciudadana tiende a oscilar
entre dos polos: por un lado, “mano dura” contra la delincuencia y, por
otro, el enfoque social de las “causas estructurales de los delitos”. El
BID indica que en América Latina y el Caribe la mayoría de los
gobiernos han empleado el primer enfoque para obtener resultados
rápidos; implementando principalmente medidas como: la militarización de
la seguridad pública, aumento de encarcelamientos y condenas más
largas, esperando con tales acciones una reducción de la incidencia
delictiva. Sin embargo, existen otros enfoques con miradas más
integrales y estructurales; como el enfoque preventivo (programas
gubernamentales para la reducción de desigualdades y exclusión social;
factores que propician la delincuencia y violencia) y el enfoque
smart-on-crime que para el BID éste último es más completo porque
combina tanto el enfoque preventivo como el punitivo.
En
Honduras el gasto público en materia de seguridad y defensa se ha
incrementado de manera importante, no obstante, prevalecen las causas
que propician la delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana, como
la pobreza, desigualdad, deterioro de servicios públicos como la
educación y la salud, bajo poder adquisitivo de la población, etc.
convirtiendo este gasto en un esfuerzo superficial para atacar problemas
arraizados. El enfoque gubernamental en erradicar la problemática
anteriormente expuesta, se basa en la centralización de visiones y
decisiones, derivado de ello se implementan programas y políticas sin
retornos a largo plazo, evidenciando que la planificación del Estado en
materia socioeconómica se reduce a una planificación gubernamental con
duración similar a la de una administración de gobierno constitucional.
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No hay tierra para los campesinos
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea). –
Recordando el título de la película hondureña (2003), “No hay tierra
sin dueño”, hoy procuradoras del Instituto Nacional Agrario (INA),
manifestaron a defensores de la tierra y el terrario que, no hay tierra
para los campesinos, ni dinero para comprarlas.
Honduras es un país con leyes e
instituciones que deberían ayudar a los y las campesinas en cuanto a la
adquisición y producción agrícola. Sin embargo, más de 300 mil familias
no tienen acceso a las mismas. “Nosotros ocupamos la tierra para
producirla”, detalló el defensor campesino Marco Dubón.
Así como la producción cinematográfica
de Sami Kafati, donde está el personaje del alcalde y el terrateniente,
en contraste al campesino que no quiere deshacerse de la parcela
heredada de generación en generación, la historia se repite cada día en
este país que tiene una extensión territorial de 112,492 kilómetros
cuadrados con más de ocho millones 500 mil habitantes.
La charla sobre el acceso a la tierra
tuvo lugar esta tarde en las instalaciones de La Vía Campesina
(LVC-Honduras), donde la procuradora Suyapa Ulloa, habló sobre la
situación física y legal de la tierra, si está ociosa, si no está
cumpliendo su labor social, y lo establece las leyes y reformas.
La
procuradora del INA repitió, al igual que otros empleados de la
instrucción, que no hay dinero para comprar tierras, refiriéndose a
zonas en recuperación campesina y que se supone son tierras con dueños,
sean privados o estatales.
Más de 12 mil hectáreas están en proceso
de recuperación, según datos de La Vía Campesina, aunque según
defensores del territorio, la cifra se queda corta, porque hay nuevas
bases. Solo en el Valle de Sula hay unas 19 mil manzanas de tierra en
proceso de recuperación, detalló el defensor Marco Dubón, de la
Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), e integrante de
la Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Tierra y
Territorio (RENADETT).
Si los y las campesinas inicien procesos
para producir la tierra y que cumpla su labor social, sembrando en su
mayoría: frijoles, maíz y arroz, el resultado es que los desalojan
violentamente, persiguen, estigmatizan y, hay más de 5,200 personas
criminalizadas por el delito de defender el derecho a la tierra, según
estimaciones de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), concertó esta charla, en el marco
de la pasantía en derechos humanos que desarrolla esta semana con once
integrantes de la RENADETT, cuyas bases campesinas son parte de la CNTC y
LVC.
Miriam Sánchez, expresó que la
información recibida este día de parte de las procuradoras del INA, será
de importancia para lo que puedan enfrentar en la base campesina,
especialmente en términos legales y a que instancias recurrir.
Mientras que Dubón, agregó que “al
parecer esconden pequeñas informaciones” sobre cosas que se dieron entre
2009 y 20012, en cuanto a resoluciones extendidas a favor de los
campesinos. Y como es que se incumple la ley de dar tierras a sobre
techo a empresas extranjeras.
La procuradora les explicó que, si una
tierra es propiedad del INA, es propiedad privada ¿Pero de quien es el
INA? Se preguntó Sergio Godínez. Entonces, como dicen que no hay
tierras, si se menciona que hay tierras compradas por el INA, reflexionó
el joven, integrante de la RENADETT.
Los pasantes fueron acomáñados por las
procuradoras de derechos humanos del COFADEH, Dora Oliva y Meri Agurcia,
con quienes han revisado expedientes y tomado denuncias por su accionar
en las bases campesinas.
RENADETT: Criminalización en La Paz, nos pone alertas
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea).- En el último día de la pasantía en derechos humanos, defensores indígenas criminalizados en el departamento de La Paz, compartieron con la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, la Tierra y Territorio (RENADETT), sobre la situación que viven en los procesos de recuperación de tierras.
Llegan policías y militares, no se fijan si hay menores de edad o personas mayores, queman las casas, los cultivos, disprand y gasean, es el panorama que expusieron en un conversatorio.
Uno de los ataques más recientes fue contra a base campesina Las Torres, municipio de San Pedro de Tutule, hace dos semanas, los desalojaron violentamente. “Lo más doloroso fue ver cómo nos cortaban los palitos de café con motosierra” para que vuelvan a dar cosecha, hay que esperar tres años, declaró Abil Ortiz.
Quienes ejecutan las órdenes de desalojo,van a lo que van, no dejan que nadie se acerque. Es algo que duele porque de ahí sacamos nuestras cosechas, agregó el campesino e indígena Lenca.
Yessenia Padilla y Nulman Maradiaga, integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas de La Paz- Honduras (REDHIL- Paz), expusieron cuándo una patrulla policial llegó hasta su vivienda a arrestar a la defensora, ella hizo uso del conocimiento legal, y evitó ser capturada.
Yesenia grabó con su teléfono móvil lo que decían los policías, y cuando ella les pidió la orden de captura, estos expresaron no andarla, y ellas les expresó que eso era ilegal y violentaba sus derechos, basándose en la Constitución de la República.
Tiempo después, con las apoderadas legales del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se presentó voluntariamente, y actualmente tiene un proceso legal acusada, supuestamente, por usurpación.
Escuchar la experiencia de lo que han vivido en La Paz, nos pone en alerta, para enfrentar situaciones similares, reaccionó Nelson Alfaro, quien participó en la formación de esta semana.
En Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a la tierra, y al menos 5,200 personas han sido criminalizados por exigir su derecho a una parcela para cultivos, 700 de ellos son de La Paz. El Instituto Nacional Agrario (INA), ha afirmado que no hay dinero para comprar tierras.
Corre peligro regidor marcalino que denunció gran deforestación en zona protegida
Extracción de madera en reserva el Jilguero
Por Marvin PalaciosMarcala, La Paz.- El regidor por la Alianza-PINU de la Corporación Municipal de Marcala, Marlon Calles, está siendo víctima de amenazas y seguimientos por parte de desconocidos, por denunciar actividades de tala de bosque en la reserva ecológica conocida como El Jilguero.
En la denuncia presentada recientemente ante el Ministerio Público local de Marcala, el joven regidor Calles, expuso que el pasado 15 de enero, presentó en sesión de corporación; una moción encaminada a exhortar a la Fiscalía General de la República, al instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y a la Fiscalía del Ambiente, para que inicien una pronta investigación relacionada a la deforestación que se está ejecutando en contra de los recursos madereros de la Reserva El Jilguero.
Marlon Calles, regidor por la Alianza-PINU de la Municipal de Marcala
El Jilguero es una zona de reserva de agua y de biodiversidad que se
encuentra entre los municipios de Marcala, Chinacla y Opatoro, con una
extensión de 47 mil hectáreas, de las cuales, 5 mil componen la zona
núcleo.
La moción presentada expuesta por Calles, fue aprobada por unanimidad de votos, por parte de los miembros de Corporación Municipal de Marcala, departamento de La Paz. El acuerdo ya fue remitido a las instituciones mencionadas para que de manera inmediata, investiguen qué empresa o qué personas están involucradas en la deforestación de la Reserva El Jilguero.
A partir de ahí, reveló el regidor, es que se han reanudado los mensajes amenazantes, los seguimientos y las situaciones de peligro que podrían poner en riesgo su integridad física y la de su familia.
El pasado 20 de enero, alrededor de las 9:00 de la mañana, Calles recibió una llamada al teléfono fijo de su casa, en la que un hombre, al que no le identificó la voz, le decía que era una llamada de advertencia, que dejara de tocar el tema de la deforestación.
Luego, el 21 de enero, a las 8:00 de la mañana, recibió nuevamente una llamada al teléfono fijo, en la cual la voz de un hombre le dijo: “Ya tenemos la dirección de tu madre, así que calláte”.
Ese mismo día, a las 4:07 de la tarde, recibió un mensaje de texto de un celular, cuyo número, ya tiene conocimiento la fiscalía, en el cual se lee: “Ya deja de denunciar y subir fotos de la tala de la madera, nos estás afectando el negocio y hay gente enojada; te estamos avisando con tiempo”.
El regidor recibió otra llamada a su teléfono fijo el 22 de enero a las 8:50 am, en la que le decían que no pusiera la denuncia, que le están siguiendo los pasos a los distintos lugares a donde se dirige, y que la llamada solo era una advertencia de lo que viene.
Ante el peligro que corre la vida del regidor Marlon Calles, un equipo del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se desplazó a Marcala, para sostener una reunión con el regidor marcalino.
El COFADEH conoce desde hace tiempo, una serie de intimidaciones, amenazas y seguimientos, de los que está siendo víctima el regidor Calles y ha realizado varias diligencias, tanto en el Ministerio Público (MP) como en el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el fin de reducir el riesgo que corre el edil.
Si bien, la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad, para brindar protección al denunciante, la misma sólo se aplica a las actividades que como representante del pueblo, realiza Calles en la Corporación Municipal de Marcala.
La actual situación que enfrenta Calles, demanda del “Mecanismo de Protección”, un análisis de riesgo mucho más profundo que permita la protección del regidor y su señora madre.
En el reciente pasado, el Bajo Aguán fue sacrificada por un conflicto
de tierras que dejó a su paso más de un centenar y medio de campesinos
asesinados supuestamente por agentes del gobierno y guardias de
seguridad de la Corporación Dinant, propiedad del fallecido
terrateniente, Miguel Facussé.
Los campesinos asesinados eran miembros del MUCA y del Movimiento Auténtico reivindicador Campesino del Aguan,(MARCA).
Según Rivas, la situación de los derechos humanos se agudiza en esa región, pese a que Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le han recomendado al Estado de Honduras realizar acciones para investigar y condenar a los violadores de los derechos humanos en la zona.
En noviembre del 2010 justificando la represión contra los campesinos que luchaban en la recuperación de sus tierras, el expresidente Porfirio Lobo, militarizó la zona del Aguán y argumentó la existencia de un grupo armado para desestabilizar su gobierno. Implantó el terror aunque nunca dio a conocer decomisos de armas en la operación, pero al finalizar su mandato, las tropas quedaron allí permitiendo y siendo parte de las violaciones a los derechos humanos.
Y según el vocero del MUCA a partir del 2010, tiempo en que fue militarizada esa región, han ocurrido 154 asesinatos contra campesinos, mismos que en un 99% se mantienen en la impunidad por falta de investigación.
La situación “es terrible”, lamenta el dirigente campesino, quien además, asegura que la policía y el ejército desplegados en ese lugar, solo obedecen a los intereses de los empresarios y no al derecho común de la comunidad, a la que tienen la obligación de servir y proteger.
Denunció que ante tal situación las empresas mineras y
agroindustriales instaladas en la zona tienen vía libre para la
organización de grupos armados, paramilitares que de manera encubierta
asesinan a la gente y se mantienen con altos niveles de impunidad.
Y como ejemplo de ese contexto Rivas mencionó a José Ángel Flores, ex presidente del MUCA, asesinado en la aldea La Confianza, en Tocoa Colón, el 17 de octubre del 2016.
Pero a los asesinatos suscitados en el marco de la lucha por la tierra también se suman las muertes violentas de seis personas por la defensa de los recursos naturales que mantienen en Guapinol los vecinos de varias comunidades que se oponen a la instalación de la empresa minera, Los Pinares.
Esta empresa minera es propiedad de Lenir Pérez Solís y de su esposa, Ana Facusse. Ella es hija del empresario Miguel Facusse, señalado de ser el precursor de la represión que emprendió el gobierno de Porfirio Lobo contra los movimientos campesinos del Aguán y que ahora se ha extendido a la comunidad que lucha en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro.
El marco del rechazo contra la minería también vale recordar que 18 pobladores de Guapinol han sido criminalizados y amenazados de muerte, por lo que varios de ellos han tenido que abandonar la comunidad para refugiarse en alguna ciudad del país.
Deuda impagable
Pese a que las tierras del MUCA y MARCA fueron bañadas con la sangre de los campesinos asesinados ahora están en riesgo porque la deuda contraída con el gobierno se vuelve impagable por los intereses y bajo precio de la fruta.
Las tierras de MARCA y MUCA están cultivadas de palma africana producto que en los últimos años ha caído en su precio. Actualmente una tonelada métrica palma africana ronda en 2 mil 800 lempiras en el mercado internacional.
Rivas dijo que juntos el MUCA y el MARCA mantienen una deuda que sobrepasa los 560 millones de lempiras y que el gobierno se resiste a negociar con ellos una readecuación que les permita salvar sus tierras.
Sostuvo que desde el 2015 han estado solicitando la readecuación pero en respuesta lo único que han encontrado del gobierno son presiones para obligarlos a firmar convenios con la banca privada. “El Estado es el responsable de un atropello mayor que pueda darse en contra de MUCA y MARCA”, puntualizó, Rivas.
En el marco del seguimiento a la situación de las personas
acogidas en el Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos, una Delegación Vasca ha visitado el país desde el
domingo 27 de enero hasta el viernes 1 de febrero.
La Delegación, liderada por la Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha contado con la participación de representantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco (Ana Oregi, Presidenta de la Comisión; Iñigo Iturrate, PNV; Oihana Etxebarrieta, EH Bildu; Eukene Arana, Elkarrekin Podemos; Rafaela Romero, PSE; Carmelo Barrio, PP; y Eduardo Mancisidor, Letrado), de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Noemí de la Fuente y Maite Garmendia), y las organizaciones de derechos humanos, Mundubat (Eneko Gerrikabeitia, Presidente) y CEAR-Euskadi (Patricia Bárcena, Directora; y Leire Lasa, Coordinadora del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos).
Durante su estancia en el país se ha desarrollado una agenda de reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales, entre ellas: el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), al que pertenece la defensora acogida en 2018 en el Programa Vasco de Protección, La Vía Campesina (LVC) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); además, se ha compartido con comunidades campesinas indígenas lencas en el Departamento de La Paz y visitado la comunidad campesina Nuevo Amanecer. También se han mantenido espacios de encuentro con organizaciones feministas defensoras de los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, de defensa de la libertad de expresión e información y con organizaciones internacionales de cooperación, así como con la familia de Berta Cáceres.
Asimismo, se ha conversado con instituciones hondureñas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, así como con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y con la Embajada de España.
Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación:
MANIFIESTA:
PRIMERO: Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, desalojos forzados, criminalización, judicialización, estigmatización y la situación de desplazamiento forzado, consecuencia de estas violencias que padecen las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las defensoras de la tierra y el territorio, de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres, y de la diversidad funcional. Y expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con su defensa pacífica de los derechos humanos.
SEGUNDO: Ante este contexto, es también preocupante el alto grado de impunidad frente a estas violencias, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes; y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas LGTBI y de las mujeres. En este sentido, instamos al Ministerio Público, órgano competente para iniciar las investigaciones, a que potencie dicha labor.
Así mismo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales pueden ser un paso fundamental para su protección y reconocimiento.
TERCERO: Destacamos los avances observados en materia de Derechos Humanos, tales como el desarrollo de nuevas metodologías y protocolos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos de Honduras (SIMOREH), y esperamos su consolidación.
CUARTO: Instamos a las instituciones hondureñas a continuar desarrollando mecanismos de protección y acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las comunidades y colectivos que trabajan en defensa de la vida y de los derechos humanos, así como a reforzar la articulación interinstitucional y el apoyo político y presupuestario para el desarrollo de su labor.
QUINTO: Agradecemos la acogida recibida por parte de las organizaciones, movimientos sociales, instituciones públicas hondureñas y organismos internacionales. Y nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y a velar para que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a los compromisos asumidos por la Delegación, entre los que se encuentra el seguimiento a la situación del COFADEH y el apoyo en la búsqueda de justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
En Tegucigalpa 1 febrero de 2019
Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos
Bilbao, España.-
Representantes de CEAR-Euskadi acaban de regresar de Honduras, tras
participar en la misión de la Delegación Vasca para la observación de la
situación de los derechos humanos en Honduras (desde el 27 de enero
hasta el 1 de febrero de 2019). Este viaje se ha realizado en el marco
del seguimiento a las personas acogidas en el Programa Vasco de
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Una de las
personas que participó en el programa en 2018 forma parte del Comité de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH). Durante
esa semana la delegación ha desarrollado una serie de reuniones con
instituciones, ONGs de derechos humanos y movimientos sociales, con el
fin de analizar cuál es la situación de los derechos humanos en el país
centroamericano.
En la Delegación Vasca han participado miembros de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y las ONGs Mundubat y CEAR-Euskadi.
Previo a la visita de la Delegación Vasca CEAR-Euskadi también ha participado en la misión de Solidaridad Feminista “El abrazo”, integrada por 52 defensoras de derechos humanos de más de 13 países que forman parte de 28 organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y negras y de la comunidad LGTBI, y organizada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Conclusiones
Constatamos la difícil situación de miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares huyendo del empobrecimiento generalizado, la violencia feminicida, la violencia contra la población LGTBI, la violencia generada por las maras, la persecución a la oposición política y el despojo territorial por el impacto de industrias extractivas.
La mayoría de estas personas salen cada día de manera individual o colectiva en las caravanas, la última convocada para el próximo 16 de febrero desde San Pedro Sula, bajo el lema “Buscamos refugio, en Honduras nos matan”.
Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, criminalización, judicialización, estigmatización y la situación de desplazamiento forzado, consecuencia de estas violencias, que padecen las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las defensoras de la tierra y el territorio, de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres y de la diversidad funcional.
También es preocupante el alto grado de impunidad que existe frente a estas violencias, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes; y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas LGTBI y de las mujeres.
Desde CEAR-Euskadi demandamos a las instituciones hondureñas que:
· Cumplan con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y reconozcan sus luchas en defensa de la vida y su aporte a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
· Apliquen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
· Ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
Agradecimientos
Desde CEAR-Euskadi queremos agradecer al COFADEH, la Vía Campesina, la Coordinación Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la Iniciativa Mesoamericana y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras por su incansable lucha y por su acogida y generosidad a la hora de compartir sus dolores y sus esperanzas de transformación social. Un agradecimiento especial al pueblo indígena lenca y maya chortí, así como a la familia de Berta Cáceres, muestra fehaciente de que “el mayor acto de rebeldía e insurrección, es conservar la alegría”.
El convenio señala que podrá prorrogarse por canje de notas entre las partes y podrá terminarse de mutuo consentimiento o podrá darse por terminado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita a la otra con una antelación no mayor a los sesenta días.
Por lo tanto, se anuncia que la suerte del Convenio se decidirá el mes de septiembre o en los últimos dos meses del año. Algunos voceros oficialistas hablan que la posibilidad que mayor fuerza cobra es que el gobierno de Juan Orlando Hernández tomará la decisión de no renovar dicho Convenio.
“Como Acción Ciudadana Contra la Dictadura hemos advertido un plan contra el mandato de la OEA-MACCIH, los sospechosos de siempre, los corruptos, los pandoros, los de las redes de corrupción que no quieren que esta misión cumpla eficazmente con su mandato”, dijo a Radio Progreso Guillermo Valle, presidente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Pinu SD.
Eduardo Martell, integrante del Partido Liberal, manifiesta que tiene información que en septiembre próximo no se estaría prorrogando el mandato de la MACCIH.
“Hay acuerdos para que en septiembre se vaya la Maccih. Le hemos ratificado al doctor Guimarães nuestro respaldo, nuestra colaboración y nuestra disposición, hemos tenido intercambio de criterio, de visiones, felicitamos su accionar, ha dicho una frase que es categórica y que refleja lo que está pasando en Honduras, ha dicho textualmente que en Honduras hay corrupción a cielo abierto, no podemos seguir tolerando todo eso”, dijo Martell.
El líder político Guillermo Valle agregó que desde la Acción Ciudadana Contra la Dictadura demandan más apoyo y fiscales para la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción, Ufecic.
“Como Acción Ciudadana Contra la Dictadura, exigimos que haya más apoyo para la Ufecic, más fiscales y que dejen de conspirar contra el pueblo de Honduras que fue el que logró que viniera esta misión al país cuando los indignados, ahora “encachimbados”, protestaban pacíficamente en las calles con las antorchas”, dijo Valle.
“A pesar de los errores de la Maccih, que nosotros no lo podemos ocultar, queremos que la Maccih permanezca porque es lo único que medio garantiza aquí que haya, por lo menos, una investigación, aunque la Corte le regresa todo, una investigación sobre desfalco, saqueos, actos de corrupción que se han hecho en la historia de Honduras. Mi voto y el voto de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, 30 propietarios y 30 suplentes, es para que permanezca”, dijo Zelaya.
El ex presidente de Honduras aseguró que no está de acuerdo con lo expresado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien aseguró que la Maccih ya cumplió su función. Zelaya es de la idea que no la ha cumplido porque apenas comienza su tarea.
“Voy a pedir una reunión con la Embajada Americana porque es con la OEA que se firmó la Maccih para que presionen a Juan Orlando Hernández y permanezca la Maccih”, aseguró Mel Zelaya.
“Hasta el momento no han dicho que la van a cortar o no la van a renovar sino que están tirando por allí mensajitos, sondeos de opinión a ver si la gente se levanta o no, si ellos sienten que el pueblo va a levantarse y protestar como los indignados no la van a tocar”, analizó García.
“Si la Maccih se va estaríamos completamente desamparados, y algo hace y algo ayuda, quisiéramos ver una Maccih más fuerte, más dinámica, protestando más y con dientes, pero bueno, hay que tomar lo que tenemos, hay que cuidarla porque la Maccih, a pesar de sus deficiencias y liderazgo con un perfil tan bajo, algo está haciendo y estamos tan mal que eso es bueno para Honduras”, aseguró Tony García.
Manifestó que el gobierno quiere que se vaya, aún con lo poco que hace les gustaría que no estuviera. “Porque no es lo mismo que la Maccih diga que la Ley de Colaboración Eficaz debe de implementarse, eso molesta a los corruptos que desean que se vaya”, dijo García.
Amapala, Valle.- La amenaza que enfrentan las comunidades de la Península de Zacate Grande, con el despojo de sus tierras, la privatización de las playas del litoral pacífico y los efectos nocivos para la salud humana y animal, que causan los parques solares instalados en la zona sur, fueron expuestas ante un grupo de defensores y defensoras de los territorios lencas que visitaron la zona, los días 13 y 14 de febrero de 2019.
La visita se enmarca en un programa de intercambio de experiencias entre redes, financiado por el País Vasco, a través de la organización Mundubat y coordinado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea).- Con mucha satisfacción once defensores/as de la tierra, recibieron un diploma de participación de manos de Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), anoche, al concluir una pasantía en derechos humanos.
Oliva les manifestó su alegría y exhortó a continuar defendiendo sus derechos y denunciando las violaciones a derechos humanos, con la seguridad que tienen el conocimiento y apoyo de más personas.
Además, les expresó la satisfacción de ver a los y las integrantes de la Red Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos, la Tierra y Territorio (RENADETT), en las actividades comprendidas durante la pasantía que inició el martes 12 con una inducción sobre el trabajo en el COFADEH, continuaron con el área de comunicación y prensa y concluyeron con el área de Acceso a la Justicia.
Miriam Sánchez agradeció al personal del Comité, por la disponibilidad, atención y compartir sus conocimientos.
“Estamos más que agradecidas y agradecidos por estos días, la formación y la información es bastante, y el tiempo es poco para todo lo que debemos conocer, pero tratamos de aprovechar al máximo”.
Nos alegró mucho que doña Berta estuvo pendiente de lo que hacíamos, y nos expresaron que hicimos un buen trabajo agregó la campesina.
Al grupo de la RENADETT se le entregó también, un libro sobre Tomás Nativí, del escritor e histórico defensor de derechos humanos, Óscar Aníbal Puerto, cuya edición se publicó en el 36 aniversario del COFADEH, el 30 de noviembre del 2018.
Entre los detalles, los y las defensoras recibieron una camiseta y taza de la campaña “Mi voz habla por vos” que impulsa el COFADEH.
Esta es una experiencia diferente, conocer expedientes, testimonios, víctimas y poder analizar legalmente lo que puede proceder en un caso determinado, ha sido nuevo, detalló don Abelino Rodríguez.
La RENADETT está integrada por su defensores y defensoras provenientes de bases campesinas en procesos de recuperación de tierras en Santa Bárbara, Cortés y Comayagua, afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y La Vía Campesina- Honduras.
Desde el año 2012 el COFADEH realiza estas pasantías con pequeños grupos de integrantes de redes de Defensores/as de DDHH que forma y acompaña a nivel nacional, reforzando capacidades instaladas para que desde sus comunidades denuncien las violaciones ejecutadas por agentes de seguridad pública y entes estatales.
La moción presentada expuesta por Calles, fue aprobada por unanimidad de votos, por parte de los miembros de Corporación Municipal de Marcala, departamento de La Paz. El acuerdo ya fue remitido a las instituciones mencionadas para que de manera inmediata, investiguen qué empresa o qué personas están involucradas en la deforestación de la Reserva El Jilguero.
A partir de ahí, reveló el regidor, es que se han reanudado los mensajes amenazantes, los seguimientos y las situaciones de peligro que podrían poner en riesgo su integridad física y la de su familia.
El pasado 20 de enero, alrededor de las 9:00 de la mañana, Calles recibió una llamada al teléfono fijo de su casa, en la que un hombre, al que no le identificó la voz, le decía que era una llamada de advertencia, que dejara de tocar el tema de la deforestación.
Luego, el 21 de enero, a las 8:00 de la mañana, recibió nuevamente una llamada al teléfono fijo, en la cual la voz de un hombre le dijo: “Ya tenemos la dirección de tu madre, así que calláte”.
Ese mismo día, a las 4:07 de la tarde, recibió un mensaje de texto de un celular, cuyo número, ya tiene conocimiento la fiscalía, en el cual se lee: “Ya deja de denunciar y subir fotos de la tala de la madera, nos estás afectando el negocio y hay gente enojada; te estamos avisando con tiempo”.
El regidor recibió otra llamada a su teléfono fijo el 22 de enero a las 8:50 am, en la que le decían que no pusiera la denuncia, que le están siguiendo los pasos a los distintos lugares a donde se dirige, y que la llamada solo era una advertencia de lo que viene.
Ante el peligro que corre la vida del regidor Marlon Calles, un equipo del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se desplazó a Marcala, para sostener una reunión con el regidor marcalino.
El COFADEH conoce desde hace tiempo, una serie de intimidaciones, amenazas y seguimientos, de los que está siendo víctima el regidor Calles y ha realizado varias diligencias, tanto en el Ministerio Público (MP) como en el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el fin de reducir el riesgo que corre el edil.
Si bien, la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad, para brindar protección al denunciante, la misma sólo se aplica a las actividades que como representante del pueblo, realiza Calles en la Corporación Municipal de Marcala.
La actual situación que enfrenta Calles, demanda del “Mecanismo de Protección”, un análisis de riesgo mucho más profundo que permita la protección del regidor y su señora madre.
De defensores a sicarios, según detractores en el Bajo Aguán
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea).-
Esta mañana la defensora de derechos humanos y representante de la
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas,
fue a la oficina del Ministerio Público, de Tocoa, departamento de
Colón, para solicitar información sobre las campañas de desprestigio a
través de redes sociales, en el Ministerio Público si bien le aceptaron
la nota, le respondieron que no tienen la logística.
Son
varios nombres de defensoras, defensores y organizaciones sociales que
se mencionan en perfiles de redes sociales como supuestos responsables
de crímenes cometidos en el departamento de Colón, costa norte de
Honduras, dónde hay una lucha constante por la defensa de los bienes
comunes y el territorio, actualmente 18 defensores de derechos humanos
tienen un requerimiento judicial, y se presentarán voluntariamente en
los próximos días.
En un
perfil se lee “COPA y las páginas que están al servicio de ella pagados
con el dinero de COPA, LA FUNDACIÓN SAN ALONZO Y LA LIMOSNA DE LOS
FELIGRESES DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR” en un perfil de la red
social Facebook, que se hace llamar “Tocoeño del alma”.
Menciona
que la coordinadora de COPA manipula algunos medios y espacios de
comunicación “son una caja de resonancia de ESLY BANEGAS” y que es “LA
AUTORA INTELECTUAL DE LAS 6 MUERTES QUE SE CONTABILIZAN HASTA EL MOMENTO
(Lester Bonilla, los dos militares, Silvano Fuentes, Gerson Leiva,
Lucas Bonilla)”.
Sí
bien, el texto no tiene remitente “CÓMO DIJE AL PRINCIPIO NO ME GUSTA
RESPONDER ACUSACIONES ABSURDAS PERO ESTA VEZ POR ALUSIÓN ME VI OBLIGADO A
HACERLO”
La defensora solicitó al Ministerio Público que investigue dónde se origina esta publicación, que desprestigia la labor en defensa de los derechos humanos y del pueblo en el Bajo Aguán.
Ese es
un estigma más que se le hace a quienes procuran la defensa del
territorio, los bienes comunes de la naturaleza, y luchan por mantener
vigente y activa organizaciones defensoras de derechos humanos para
hacer reclamación colectiva, declaró Oliva, coordinadora general del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La
realidad que plantea Oliva, es a nivel nacional, pero en esta
oportunidad se enfocó en el Bajo Aguán, dónde a los y las defensoras de
derechos humanos ahora son señaladas cómo criminales.
Por lo
que el Ministerio Público y demás entidades encargadas de investigar,
deben proceder a realizar las pesquisas pertinentes con lo expresado en
esas redes que dicen que, Esly Banegas es responsable de crímenes en el
Aguán.
Porque si lo que dicen es verdad, quien loafirma
se convierte en cómplice, ya que debió acudir a las instancias
correspondientes a presentar las pruebas necesarias y así hubiera
evitado que continuará el accionar de la gente sicaria, agregó Berta
Oliva.
Ella aseguró que, esta es una forma de atacar a la mujer organizada y la dignidad de una defensora de derechos humanos.
Son
mujeres que conocen la realidad en Colón, organizaciones que han
trabajado por la reinvindicación de derechos y que han acompañado al
pueblo en sus demandas de Justicia, y puede ser que estén preparando
muertes colocándolas en banjedas, para que ya no sólo se les persiga
judicialmente como es el caso del defensor Juan López (pastoral social).
Para el
COFADEH es preocupante la situación que enfrentan en la región,
conociendo los antecedentes del Bajo Aguán. El Estado debe velar por la
protección que los y las defensoras de derechos humanos del Aguán
demandan en este momento.
Hay que
tomar en cuenta que, agregó la coordinadora del Cofadeh,que estos
ataques surgen cuando se va a presentar ante los juzgados 18 defensores
de los bienes comunes, supuestamente vinculados al campamento por la
defensa del agua y la vida “Guapinol”. Cabe señalar que esa comunidad ha
sido militarizada, según denuncias de defensoras en Tocoa.
Por lo
que, si funciona la articulación de trabajo de las entidades del Estado,
para perseguir y actuar contra defensores/as y que se resisten a las
políticas devastadoras en el país, debe actuar para investigar estas
denuncias que atentan contra los defensores y defensoras de derechos
humanos, puntualizó Oliva.
Todos los derechos compartidos I Sí hace uso de esta información, favor citar la fuente web defensoresenlinea.comCampaña de criminalización y desprestigio denuncian defensoras de los derechos humanos de Colón
Thursday, 07 February 2019 22:10 Written by German Reyes Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Organizaciones sociales y pobladores de la aldea de Guapinol de
Tocoa, Colon, en el caribe hondureño, denunciaron la violación a los
derechos humanos que esa comunidad viene sufriendo a partir de la
concesión minera otorgada por el Estado a la empresa, Inversiones Los
Pinares.
La denuncia fue formulada en conferencia de prensa, realizada este
jueves 07 de febrero, por la Coordinadora de Organizaciones Populares
del Aguan,(COPA)¸ la Fundación San Alonso Rodríguez y varios vecinos de
Guapinol, organizados en el Comité Municipal de Defensa de Bienes
Comunes.
Estas personas llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa, señalando que la empresa minera, Inversiones Los Pinares, provoca daños ambientales en los ríos, Tocoa, Guapinol y San Pedro, que abastecen de agua potable al 70% de la población del municipio de Tocoa, donde hay un aproximado de de105 mil habitantes.
Indudablemente los daños son enormes. Y esa situación mantiene a toda una la población en pie de lucha, para evitar la instalación de este proyecto minero, que según matricula 0805 del Registro Mercantil de San Pedro Sula, al inicio fue ingresado como Emco Mining, S, A.
La empresa es propiedad de Lenir Alexander Pérez Solís y Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido terrateniente, Miguel Facusse, quien entre el 2011 y 2013 mantuvo una fuerte cacería humana, contra los grupos campesinos que luchan por la recuperación de la tierra en el Bajo Aguan, zona muy cercana de Guapinol, donde trata de instalarse la empresa, Los Pinares.
Cabe decir que desde el 2011, en el periodo de gobierno de Porfirio Lobo, la zona de Colón se mantiene militarizada, con el pretexto de darle seguridad a la población. Sin embargo, la muerte de líderes sociales y de campesinos sigue a la orden del día, como ocurrió el pasado 04 de febrero con el acribillamiento de que fueron objeto, Gerson Leiva y Lucas Bonilla, en la comunidad de La Ceibita.
Vecinos de Guapinol aseguran que Leiva era el presidente de un Comité de Vigilancia, formado por un grupo de personas armadas que operan en esta zona, pese a que desde el 2014 en ese departamento es prohibida la portación de armas, según un decreto aprobado por el Congreso Nacional.
De acuerdo con los vecinos, Gerson Leiva también era empleado de Inversiones Pinares.
Nos quieren criminalizar
La defensora de derechos humanos y coordinadora de COPA, Esly Banegas,asegura que la lucha que mantienen para evitar la destrucción de los recursos naturales, por parte de la empresa, ha provocado represalias en contra de las organizaciones sociales y populares a las que tratan de incriminar por el asesinato de Gerson Leiva.
“Hay una campaña de desprestigio, calumnia, criminalización y amenazas levantada contra el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes”, sostuvo Banegas, quien además remarcó que la parroquia San isidro Labrador, la Fundación San Alonso Rodríguez y COPA, tienen décadas de existir en el municipio con mucho prestigio y reconocimiento por su trabajo y no por generar violencia.
Banegas hizo un llamado para que el Ministerio Público le ponga atención a la intención que tiene la empresa de inculpar de un crimen a los defensores del ambiente y defensores de los derechos humanos para no resolver un conflicto que afecta a toda una población.
Esly Banegas es beneficiaria desde el 2014 de las medidas cautelares otorgadas la Comisión Interamericana de los Derechos humanos, (CIDH), por lo que les exigió a las autoridades investigar quiénes están detrás de las páginas en redes sociales que buscan incriminar a los líderes de las organizaciones y a los dirigentes comunales.
Mencionó que desde una página de Facebook, denominada,”El Tocoeño del Alma” y otras, tratan de criminalizar a varios líderes de organizaciones y de las comunidades de Guapinol, San Pedro y Abisinia.
Esly lamentó que el Mecanismo y la Fiscalía de Protección para los defensores y periodistas no le den la importancia adecuada a este caso, donde ya se ha registrado como antecedente, la muerte de seis personas, entre ellos dos militares.
Dieciocho desplazados
Para Gabriela Sorto, vecina de Guapinol, la situación se torna difícil por las amenazas de muerte y demás violaciones a los derechos humanos que allí se registran desde la llegada de la empresa minera.
“Nuestra lucha es pacífica y siempre será pacífica, pero la comunidad está siendo criminalizada”, indicó Gabriela.
Sostuvo que como producto de la criminalización y las amenazas de muerte que están recibiendo ya se registra el desplazamiento forzado de 18 miembros de la comunidad de Guapinol.
Este es el comunicado emitido por el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes:
Estas personas llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa, señalando que la empresa minera, Inversiones Los Pinares, provoca daños ambientales en los ríos, Tocoa, Guapinol y San Pedro, que abastecen de agua potable al 70% de la población del municipio de Tocoa, donde hay un aproximado de de105 mil habitantes.
Indudablemente los daños son enormes. Y esa situación mantiene a toda una la población en pie de lucha, para evitar la instalación de este proyecto minero, que según matricula 0805 del Registro Mercantil de San Pedro Sula, al inicio fue ingresado como Emco Mining, S, A.
La empresa es propiedad de Lenir Alexander Pérez Solís y Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido terrateniente, Miguel Facusse, quien entre el 2011 y 2013 mantuvo una fuerte cacería humana, contra los grupos campesinos que luchan por la recuperación de la tierra en el Bajo Aguan, zona muy cercana de Guapinol, donde trata de instalarse la empresa, Los Pinares.
Cabe decir que desde el 2011, en el periodo de gobierno de Porfirio Lobo, la zona de Colón se mantiene militarizada, con el pretexto de darle seguridad a la población. Sin embargo, la muerte de líderes sociales y de campesinos sigue a la orden del día, como ocurrió el pasado 04 de febrero con el acribillamiento de que fueron objeto, Gerson Leiva y Lucas Bonilla, en la comunidad de La Ceibita.
Vecinos de Guapinol aseguran que Leiva era el presidente de un Comité de Vigilancia, formado por un grupo de personas armadas que operan en esta zona, pese a que desde el 2014 en ese departamento es prohibida la portación de armas, según un decreto aprobado por el Congreso Nacional.
De acuerdo con los vecinos, Gerson Leiva también era empleado de Inversiones Pinares.
Nos quieren criminalizar
La defensora de derechos humanos y coordinadora de COPA, Esly Banegas,asegura que la lucha que mantienen para evitar la destrucción de los recursos naturales, por parte de la empresa, ha provocado represalias en contra de las organizaciones sociales y populares a las que tratan de incriminar por el asesinato de Gerson Leiva.
“Hay una campaña de desprestigio, calumnia, criminalización y amenazas levantada contra el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes”, sostuvo Banegas, quien además remarcó que la parroquia San isidro Labrador, la Fundación San Alonso Rodríguez y COPA, tienen décadas de existir en el municipio con mucho prestigio y reconocimiento por su trabajo y no por generar violencia.
Banegas hizo un llamado para que el Ministerio Público le ponga atención a la intención que tiene la empresa de inculpar de un crimen a los defensores del ambiente y defensores de los derechos humanos para no resolver un conflicto que afecta a toda una población.
Esly Banegas es beneficiaria desde el 2014 de las medidas cautelares otorgadas la Comisión Interamericana de los Derechos humanos, (CIDH), por lo que les exigió a las autoridades investigar quiénes están detrás de las páginas en redes sociales que buscan incriminar a los líderes de las organizaciones y a los dirigentes comunales.
Mencionó que desde una página de Facebook, denominada,”El Tocoeño del Alma” y otras, tratan de criminalizar a varios líderes de organizaciones y de las comunidades de Guapinol, San Pedro y Abisinia.
Esly lamentó que el Mecanismo y la Fiscalía de Protección para los defensores y periodistas no le den la importancia adecuada a este caso, donde ya se ha registrado como antecedente, la muerte de seis personas, entre ellos dos militares.
Dieciocho desplazados
Para Gabriela Sorto, vecina de Guapinol, la situación se torna difícil por las amenazas de muerte y demás violaciones a los derechos humanos que allí se registran desde la llegada de la empresa minera.
“Nuestra lucha es pacífica y siempre será pacífica, pero la comunidad está siendo criminalizada”, indicó Gabriela.
Sostuvo que como producto de la criminalización y las amenazas de muerte que están recibiendo ya se registra el desplazamiento forzado de 18 miembros de la comunidad de Guapinol.
Este es el comunicado emitido por el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes:
Concesión minera otorgada por el gobierno agudiza la crisis en el Bajo Aguán
Tuesday, 12 February 2019 23:30 Written by German Reyes Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: Dick y Miriam Emanuelsson
La terquedad del gobierno en mantener vigente la concesión minera a
favor de la empresa Inversiones Los Pinares provoca un repunte en las
violaciones de los derechos humanos en la Región del Bajo Aguán, informó
Johnny Rivas, vocero del Movimiento Campesino del Aguan,(MUCA) y
miembro de la Plataforma Agraria.
Unos 154 asesinatos de campesinos no investigados
en El Aguán.
Foto Elheraldo.hn
|
Los campesinos asesinados eran miembros del MUCA y del Movimiento Auténtico reivindicador Campesino del Aguan,(MARCA).
Según Rivas, la situación de los derechos humanos se agudiza en esa región, pese a que Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le han recomendado al Estado de Honduras realizar acciones para investigar y condenar a los violadores de los derechos humanos en la zona.
En noviembre del 2010 justificando la represión contra los campesinos que luchaban en la recuperación de sus tierras, el expresidente Porfirio Lobo, militarizó la zona del Aguán y argumentó la existencia de un grupo armado para desestabilizar su gobierno. Implantó el terror aunque nunca dio a conocer decomisos de armas en la operación, pero al finalizar su mandato, las tropas quedaron allí permitiendo y siendo parte de las violaciones a los derechos humanos.
Y según el vocero del MUCA a partir del 2010, tiempo en que fue militarizada esa región, han ocurrido 154 asesinatos contra campesinos, mismos que en un 99% se mantienen en la impunidad por falta de investigación.
La situación “es terrible”, lamenta el dirigente campesino, quien además, asegura que la policía y el ejército desplegados en ese lugar, solo obedecen a los intereses de los empresarios y no al derecho común de la comunidad, a la que tienen la obligación de servir y proteger.
Minera Los Pinares agudizó los conflictos en El Aguán.
Foto: Comunicaciones Aliadas
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Y como ejemplo de ese contexto Rivas mencionó a José Ángel Flores, ex presidente del MUCA, asesinado en la aldea La Confianza, en Tocoa Colón, el 17 de octubre del 2016.
Pero a los asesinatos suscitados en el marco de la lucha por la tierra también se suman las muertes violentas de seis personas por la defensa de los recursos naturales que mantienen en Guapinol los vecinos de varias comunidades que se oponen a la instalación de la empresa minera, Los Pinares.
Esta empresa minera es propiedad de Lenir Pérez Solís y de su esposa, Ana Facusse. Ella es hija del empresario Miguel Facusse, señalado de ser el precursor de la represión que emprendió el gobierno de Porfirio Lobo contra los movimientos campesinos del Aguán y que ahora se ha extendido a la comunidad que lucha en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro.
El marco del rechazo contra la minería también vale recordar que 18 pobladores de Guapinol han sido criminalizados y amenazados de muerte, por lo que varios de ellos han tenido que abandonar la comunidad para refugiarse en alguna ciudad del país.
Deuda impagable
Pese a que las tierras del MUCA y MARCA fueron bañadas con la sangre de los campesinos asesinados ahora están en riesgo porque la deuda contraída con el gobierno se vuelve impagable por los intereses y bajo precio de la fruta.
Las tierras de MARCA y MUCA están cultivadas de palma africana producto que en los últimos años ha caído en su precio. Actualmente una tonelada métrica palma africana ronda en 2 mil 800 lempiras en el mercado internacional.
Rivas dijo que juntos el MUCA y el MARCA mantienen una deuda que sobrepasa los 560 millones de lempiras y que el gobierno se resiste a negociar con ellos una readecuación que les permita salvar sus tierras.
Sostuvo que desde el 2015 han estado solicitando la readecuación pero en respuesta lo único que han encontrado del gobierno son presiones para obligarlos a firmar convenios con la banca privada. “El Estado es el responsable de un atropello mayor que pueda darse en contra de MUCA y MARCA”, puntualizó, Rivas.
Comunicado delegación vasca: Misión de observación a la situación de los derechos humanos en Honduras
La Delegación, liderada por la Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha contado con la participación de representantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco (Ana Oregi, Presidenta de la Comisión; Iñigo Iturrate, PNV; Oihana Etxebarrieta, EH Bildu; Eukene Arana, Elkarrekin Podemos; Rafaela Romero, PSE; Carmelo Barrio, PP; y Eduardo Mancisidor, Letrado), de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Noemí de la Fuente y Maite Garmendia), y las organizaciones de derechos humanos, Mundubat (Eneko Gerrikabeitia, Presidente) y CEAR-Euskadi (Patricia Bárcena, Directora; y Leire Lasa, Coordinadora del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos).
Durante su estancia en el país se ha desarrollado una agenda de reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales, entre ellas: el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), al que pertenece la defensora acogida en 2018 en el Programa Vasco de Protección, La Vía Campesina (LVC) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); además, se ha compartido con comunidades campesinas indígenas lencas en el Departamento de La Paz y visitado la comunidad campesina Nuevo Amanecer. También se han mantenido espacios de encuentro con organizaciones feministas defensoras de los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, de defensa de la libertad de expresión e información y con organizaciones internacionales de cooperación, así como con la familia de Berta Cáceres.
Asimismo, se ha conversado con instituciones hondureñas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, así como con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y con la Embajada de España.
Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación:
MANIFIESTA:
PRIMERO: Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, desalojos forzados, criminalización, judicialización, estigmatización y la situación de desplazamiento forzado, consecuencia de estas violencias que padecen las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las defensoras de la tierra y el territorio, de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres, y de la diversidad funcional. Y expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con su defensa pacífica de los derechos humanos.
SEGUNDO: Ante este contexto, es también preocupante el alto grado de impunidad frente a estas violencias, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes; y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas LGTBI y de las mujeres. En este sentido, instamos al Ministerio Público, órgano competente para iniciar las investigaciones, a que potencie dicha labor.
Así mismo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales pueden ser un paso fundamental para su protección y reconocimiento.
TERCERO: Destacamos los avances observados en materia de Derechos Humanos, tales como el desarrollo de nuevas metodologías y protocolos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos de Honduras (SIMOREH), y esperamos su consolidación.
CUARTO: Instamos a las instituciones hondureñas a continuar desarrollando mecanismos de protección y acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las comunidades y colectivos que trabajan en defensa de la vida y de los derechos humanos, así como a reforzar la articulación interinstitucional y el apoyo político y presupuestario para el desarrollo de su labor.
QUINTO: Agradecemos la acogida recibida por parte de las organizaciones, movimientos sociales, instituciones públicas hondureñas y organismos internacionales. Y nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y a velar para que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a los compromisos asumidos por la Delegación, entre los que se encuentra el seguimiento a la situación del COFADEH y el apoyo en la búsqueda de justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
En Tegucigalpa 1 febrero de 2019
Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos
CEAR-Euskadi muestra su preocupación por los desplazamientos forzados de poblaciones y la persecución que sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras
En la Delegación Vasca han participado miembros de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y las ONGs Mundubat y CEAR-Euskadi.
Previo a la visita de la Delegación Vasca CEAR-Euskadi también ha participado en la misión de Solidaridad Feminista “El abrazo”, integrada por 52 defensoras de derechos humanos de más de 13 países que forman parte de 28 organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y negras y de la comunidad LGTBI, y organizada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Conclusiones
Constatamos la difícil situación de miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares huyendo del empobrecimiento generalizado, la violencia feminicida, la violencia contra la población LGTBI, la violencia generada por las maras, la persecución a la oposición política y el despojo territorial por el impacto de industrias extractivas.
La mayoría de estas personas salen cada día de manera individual o colectiva en las caravanas, la última convocada para el próximo 16 de febrero desde San Pedro Sula, bajo el lema “Buscamos refugio, en Honduras nos matan”.
Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, criminalización, judicialización, estigmatización y la situación de desplazamiento forzado, consecuencia de estas violencias, que padecen las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las defensoras de la tierra y el territorio, de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres y de la diversidad funcional.
También es preocupante el alto grado de impunidad que existe frente a estas violencias, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes; y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas LGTBI y de las mujeres.
Desde CEAR-Euskadi demandamos a las instituciones hondureñas que:
· Cumplan con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y reconozcan sus luchas en defensa de la vida y su aporte a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
· Apliquen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
· Ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
Agradecimientos
Desde CEAR-Euskadi queremos agradecer al COFADEH, la Vía Campesina, la Coordinación Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la Iniciativa Mesoamericana y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras por su incansable lucha y por su acogida y generosidad a la hora de compartir sus dolores y sus esperanzas de transformación social. Un agradecimiento especial al pueblo indígena lenca y maya chortí, así como a la familia de Berta Cáceres, muestra fehaciente de que “el mayor acto de rebeldía e insurrección, es conservar la alegría”.
Sectores sociales y políticos en alerta por futuro incierto de la Maccih
Con una duración de cuatro años prorrogable, en el 2016 se aprobó el convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americano, OEA, para darle vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, producto de la presión popular en las calles, tras el robo al Instituto Hondureños de Seguridad Social, IHSS.El convenio señala que podrá prorrogarse por canje de notas entre las partes y podrá terminarse de mutuo consentimiento o podrá darse por terminado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita a la otra con una antelación no mayor a los sesenta días.
Por lo tanto, se anuncia que la suerte del Convenio se decidirá el mes de septiembre o en los últimos dos meses del año. Algunos voceros oficialistas hablan que la posibilidad que mayor fuerza cobra es que el gobierno de Juan Orlando Hernández tomará la decisión de no renovar dicho Convenio.
¡En alerta!
Integrantes de la Acción Ciudadana Contra la Dictadura ya sostuvieron una reunión con el vocero de la Maccih, Luiz Antonio Guimarães, para informarle que respaldan su gestión.“Como Acción Ciudadana Contra la Dictadura hemos advertido un plan contra el mandato de la OEA-MACCIH, los sospechosos de siempre, los corruptos, los pandoros, los de las redes de corrupción que no quieren que esta misión cumpla eficazmente con su mandato”, dijo a Radio Progreso Guillermo Valle, presidente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Pinu SD.
Eduardo Martell, integrante del Partido Liberal, manifiesta que tiene información que en septiembre próximo no se estaría prorrogando el mandato de la MACCIH.
“Hay acuerdos para que en septiembre se vaya la Maccih. Le hemos ratificado al doctor Guimarães nuestro respaldo, nuestra colaboración y nuestra disposición, hemos tenido intercambio de criterio, de visiones, felicitamos su accionar, ha dicho una frase que es categórica y que refleja lo que está pasando en Honduras, ha dicho textualmente que en Honduras hay corrupción a cielo abierto, no podemos seguir tolerando todo eso”, dijo Martell.
El líder político Guillermo Valle agregó que desde la Acción Ciudadana Contra la Dictadura demandan más apoyo y fiscales para la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción, Ufecic.
“Como Acción Ciudadana Contra la Dictadura, exigimos que haya más apoyo para la Ufecic, más fiscales y que dejen de conspirar contra el pueblo de Honduras que fue el que logró que viniera esta misión al país cuando los indignados, ahora “encachimbados”, protestaban pacíficamente en las calles con las antorchas”, dijo Valle.
Irán a la Embajada
El expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación, Libre, José Manuel Zelaya Rosales, dijo que pedirá una reunión con la embajada de los Estados Unidos para solicitar que presionen a Juan Orlando Hernández para que permanezca la Maccih en el país.“A pesar de los errores de la Maccih, que nosotros no lo podemos ocultar, queremos que la Maccih permanezca porque es lo único que medio garantiza aquí que haya, por lo menos, una investigación, aunque la Corte le regresa todo, una investigación sobre desfalco, saqueos, actos de corrupción que se han hecho en la historia de Honduras. Mi voto y el voto de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, 30 propietarios y 30 suplentes, es para que permanezca”, dijo Zelaya.
El ex presidente de Honduras aseguró que no está de acuerdo con lo expresado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien aseguró que la Maccih ya cumplió su función. Zelaya es de la idea que no la ha cumplido porque apenas comienza su tarea.
“Voy a pedir una reunión con la Embajada Americana porque es con la OEA que se firmó la Maccih para que presionen a Juan Orlando Hernández y permanezca la Maccih”, aseguró Mel Zelaya.
Los desamparados
El asesor del partido político en formación Salvador de Honduras, Tony García, aseguró que la administración nacionalista solo está sondeando si la población está de acuerdo o no está de acuerdo con la MACCIH.“Hasta el momento no han dicho que la van a cortar o no la van a renovar sino que están tirando por allí mensajitos, sondeos de opinión a ver si la gente se levanta o no, si ellos sienten que el pueblo va a levantarse y protestar como los indignados no la van a tocar”, analizó García.
“Si la Maccih se va estaríamos completamente desamparados, y algo hace y algo ayuda, quisiéramos ver una Maccih más fuerte, más dinámica, protestando más y con dientes, pero bueno, hay que tomar lo que tenemos, hay que cuidarla porque la Maccih, a pesar de sus deficiencias y liderazgo con un perfil tan bajo, algo está haciendo y estamos tan mal que eso es bueno para Honduras”, aseguró Tony García.
Manifestó que el gobierno quiere que se vaya, aún con lo poco que hace les gustaría que no estuviera. “Porque no es lo mismo que la Maccih diga que la Ley de Colaboración Eficaz debe de implementarse, eso molesta a los corruptos que desean que se vaya”, dijo García.
Régimen de Honduras neutraliza a la disidencia con tres cercos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La disidencia política y social en Honduras está siendo neutraliza por tres fuerzas que se convierten en cercos de presión que buscan eliminar a toda costa a la oposición.
Lo anterior es un análisis del director del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-SJ) el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, más conocido el padre Melo.
LOS TRES CERCOS, SEGÚN LA VISIÓN DEL PADRE MELO:
1.-El cerco militar y de los cuerpos armados, que tienen la orientación de implementar la represión e imponer el miedo en la sociedad. “Cuanto más miedo tenga la sociedad hondureña, entonces menos capacidad va a tener para movilizarse en defensa de sus derechos”.
2.-El cerco mediático: “Tenemos una estructura de medios de comunicación que claramente cumplen con el objetivo de orientar la noticia conforme a los intereses particulares en contra de los intereses de la oposición e ,incluso, identificar a la oposición como que fuera solo revoltosa , enemiga del desarrollo, enemiga del bien en contra de la democracia”.
3.-El cerco jurídico: “La ley está siendo utilizada cada vez más, junto con lo militar y lo mediático, para imponer el miedo y para disuadir cualquier tipo de respuesta opositora que no controle el régimen hondureño”.
“Vivimos en un Estado que violenta y viola los derechos humanos”, expresó al manifestar que la única forma de romper con los cercos que agobian a la ciudadanía, es el camino de la identidad y construcción de una propuesta desde los sectores sociales y populares.
Finalmente, manifestó que los enemigos de los pobres saben perfectamente cuál es el camino y por eso invierten enormemente para dividir, llenar de desconfianza y desarticular al pueblo.
Tegucigalpa.-La disidencia política y social en Honduras está siendo neutraliza por tres fuerzas que se convierten en cercos de presión que buscan eliminar a toda costa a la oposición.
Lo anterior es un análisis del director del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-SJ) el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, más conocido el padre Melo.
LOS TRES CERCOS, SEGÚN LA VISIÓN DEL PADRE MELO:
1.-El cerco militar y de los cuerpos armados, que tienen la orientación de implementar la represión e imponer el miedo en la sociedad. “Cuanto más miedo tenga la sociedad hondureña, entonces menos capacidad va a tener para movilizarse en defensa de sus derechos”.
2.-El cerco mediático: “Tenemos una estructura de medios de comunicación que claramente cumplen con el objetivo de orientar la noticia conforme a los intereses particulares en contra de los intereses de la oposición e ,incluso, identificar a la oposición como que fuera solo revoltosa , enemiga del desarrollo, enemiga del bien en contra de la democracia”.
3.-El cerco jurídico: “La ley está siendo utilizada cada vez más, junto con lo militar y lo mediático, para imponer el miedo y para disuadir cualquier tipo de respuesta opositora que no controle el régimen hondureño”.
Lea además: Los líderes políticos hondureños padecen del mal del cálculo particularista
El sacerdote jesuita concluyó que en Honduras hay una institucionalidad de derecho, pero no es un Estado de Derecho, por lo tanto la democracia es una de los elementos más ausentes.“Vivimos en un Estado que violenta y viola los derechos humanos”, expresó al manifestar que la única forma de romper con los cercos que agobian a la ciudadanía, es el camino de la identidad y construcción de una propuesta desde los sectores sociales y populares.
Finalmente, manifestó que los enemigos de los pobres saben perfectamente cuál es el camino y por eso invierten enormemente para dividir, llenar de desconfianza y desarticular al pueblo.
Lencas de La Paz y ambientalistas de Amapala intercambian experiencias
Pedro Canales, de lentes oscuros, guía el recorrido en lancha
Por Marvin PalaciosAmapala, Valle.- La amenaza que enfrentan las comunidades de la Península de Zacate Grande, con el despojo de sus tierras, la privatización de las playas del litoral pacífico y los efectos nocivos para la salud humana y animal, que causan los parques solares instalados en la zona sur, fueron expuestas ante un grupo de defensores y defensoras de los territorios lencas que visitaron la zona, los días 13 y 14 de febrero de 2019.
La visita se enmarca en un programa de intercambio de experiencias entre redes, financiado por el País Vasco, a través de la organización Mundubat y coordinado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Las mejores playas están en poder de ricos y famosos de Honduras
El miércoles 13 de febrero el COFADEH dirigió al grupo de defensores y
defensoras a través de un recorrido por las comunidades de La Llave y
Agua Fría, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, lugar
donde está instalado el más grande parque solar de la región
centroamericana.
Ese mismo día, la delegación visitó al Comité de Defensa Natural de Namasigue, en el departamento de Choluteca, organización que se opone desde hace 3 años, a la instalación de un megaproyecto fotovoltaico.
El jueves 14 de febrero, el grupo se encontró con el reconocido defensor de las playas y los territorios de la Península de Zacate Grande, Pedro Canales, quien fue el encargado de guiar al grupo en lancha a través de la zona costera de la Bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca.
De esta manera, agregó, ellos ya no van a decir me contaron, sino que han visto y han hecho un recorrido como muy pocos lo han hecho, en el territorio marítimo del municipio de Amapala, en el Golfo de Fonseca.
“Yo creo que este intercambio son como los primeros pasos para que los defensores y defensoras de derechos humanos se acerquen al Golfo de Fonseca y conozcan principalmente la realidad de las 10 aldeas de la península de Zacate Grande”.
Pedro Canales es el fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que busca la legalización de las tierras que habitan decenas de familias desde hace un siglo y que luchan por la liberación de las playas de Amapala, que están en manos de ricos y poderosos.
Ese mismo día, la delegación visitó al Comité de Defensa Natural de Namasigue, en el departamento de Choluteca, organización que se opone desde hace 3 años, a la instalación de un megaproyecto fotovoltaico.
El jueves 14 de febrero, el grupo se encontró con el reconocido defensor de las playas y los territorios de la Península de Zacate Grande, Pedro Canales, quien fue el encargado de guiar al grupo en lancha a través de la zona costera de la Bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca.
Consultado acerca de la visita de este nuevo grupo de defensores y defensoras de derechos humanos, Canales expresó que “esto viene a fortalecer más la lucha de Zacate Grande y la reflexión que yo puedo hacer es que la gente que trabaja en derechos humanos y que ayuda a defender a los pueblos y los territorios, conozcan bien la zona”.“Yo creo que este intercambio son como los primeros pasos para que los defensores y defensoras de derechos humanos se acerquen al Golfo de Fonseca y conozcan principalmente la realidad de las 10 aldeas de la península de Zacate Grande”: Pedro Canales
De esta manera, agregó, ellos ya no van a decir me contaron, sino que han visto y han hecho un recorrido como muy pocos lo han hecho, en el territorio marítimo del municipio de Amapala, en el Golfo de Fonseca.
“Yo creo que este intercambio son como los primeros pasos para que los defensores y defensoras de derechos humanos se acerquen al Golfo de Fonseca y conozcan principalmente la realidad de las 10 aldeas de la península de Zacate Grande”.
Pedro Canales es el fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que busca la legalización de las tierras que habitan decenas de familias desde hace un siglo y que luchan por la liberación de las playas de Amapala, que están en manos de ricos y poderosos.
Luding Elizondo
Se habla que el propio Juan Orlando Hernández, el jefe del actual
régimen, ha obtenido la posesión de la playa denominada La Guayaba de
Oro, lugar que ha sido cercado y no se permite el ingreso de pobladores.
Otros lugares como el Novillo, Las Gaviotas o La Guayaba, también han sido adquiridos por familias de enorme capital económico en Honduras.
El grupo de defensores lencas de La Paz y ambientalistas de Choluteca realizó con la guía de Pedro Canales, un recorrido en lancha por las principales islas e islotes de la Bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca, que comparte fronteras con Nicaragua y El Salvador.
“En un principio nosotros decidimos que nuestra lucha sería más fácil si contábamos con aliados, y entonces yo siempre lo he dicho, que el COFADEH fue uno de los primeros aliados, pero tienen que acercarse otros que son nuestros aliados, pero tienen que venir a la zona para acompañarnos en esta lucha”, sostuvo el dirigente comunitario.
“Me siento contento de haber andado con gente de La Paz, con gente de Copán, con gente de El Triunfo, que tenemos los mismos problemas, porque usted sabe que las violaciones de derechos humanos por defender el territorio, eso se mantiene en todos los pueblos”, afirmó Canales.
Entonces, con esto de las ZEDES, lo que se vuelve es una situación difícil porque el rico quiere tener el territorio para ponerlo a la venta, advirtió el fundador de ADEPZA.
Luding Elizondo del Consejo Integral para el Desarrollo de la Mujer Campesina (Codimca) expresó que el intercambio de experiencias fue muy interesante, porque tuvo la oportunidad de conocer islas y playas, que ignoraba estaban en conflicto; por la privatización de las mismas.
“Se ve que casi todas las playas e islas las tienen privatizadas, donde los más adinerados las tienen acaparadas y aquí donde estamos ahorita (Playa Zope) también podría ser privatizada y podrían desalojar a la gente que vive de la pesca”, sostuvo Elizondo.
Para el presidente de la Base Campesina Las Torres, del municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz, Abis Emelec Ortíz, el intercambio fue una experiencia muy grande.
Otros lugares como el Novillo, Las Gaviotas o La Guayaba, también han sido adquiridos por familias de enorme capital económico en Honduras.
El grupo de defensores lencas de La Paz y ambientalistas de Choluteca realizó con la guía de Pedro Canales, un recorrido en lancha por las principales islas e islotes de la Bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca, que comparte fronteras con Nicaragua y El Salvador.
“En un principio nosotros decidimos que nuestra lucha sería más fácil si contábamos con aliados, y entonces yo siempre lo he dicho, que el COFADEH fue uno de los primeros aliados, pero tienen que acercarse otros que son nuestros aliados, pero tienen que venir a la zona para acompañarnos en esta lucha”, sostuvo el dirigente comunitario.
“Me siento contento de haber andado con gente de La Paz, con gente de Copán, con gente de El Triunfo, que tenemos los mismos problemas, porque usted sabe que las violaciones de derechos humanos por defender el territorio, eso se mantiene en todos los pueblos”, afirmó Canales.
En torno al futuro que avizora para Zacate Grande, tomando en cuenta el contexto socio-político del país, el líder comunitario dijo que desde el 2013, cuando se aprobó la ley de la ZEDE (Zona Especial de Desarrollo Económico), “hay una ambición enorme por acaparar la tierra, y usted sabe como lo hemos comentado cantidad de veces, que las escrituras las tienen los ricos de Zacate Grande, la posesión la tiene el pueblo; entonces eso nos indica que va a ser y sigue siendo, una situación difícil, por lo que los jueces deciden en las audiencias, el pobre tiene el derecho de posesión pero el documento lo tiene el rico”.“Se ve que casi todas las playas e islas las tienen privatizadas, donde los más adinerados las tienen acaparadas y aquí donde estamos ahorita (Playa Zope) también podría ser privatizada y podrían desalojar a la gente que vive de la pesca”: Luding Elizondo.
Entonces, con esto de las ZEDES, lo que se vuelve es una situación difícil porque el rico quiere tener el territorio para ponerlo a la venta, advirtió el fundador de ADEPZA.
Luding Elizondo del Consejo Integral para el Desarrollo de la Mujer Campesina (Codimca) expresó que el intercambio de experiencias fue muy interesante, porque tuvo la oportunidad de conocer islas y playas, que ignoraba estaban en conflicto; por la privatización de las mismas.
“Se ve que casi todas las playas e islas las tienen privatizadas, donde los más adinerados las tienen acaparadas y aquí donde estamos ahorita (Playa Zope) también podría ser privatizada y podrían desalojar a la gente que vive de la pesca”, sostuvo Elizondo.
Para el presidente de la Base Campesina Las Torres, del municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz, Abis Emelec Ortíz, el intercambio fue una experiencia muy grande.
Abis Emelec Ortíz CNTC
“Lo que me llamó la atención fue que las mejores casas de aquí son de
ministros, ex presidentes e incluso diputados, que aparentemente
compraron o agarraron las tierras y solo las utilizan para el turismo”.
Esta experiencia tenemos que compartirla y divulgarla porque nosotros allá en la zona alta de La Paz desconocíamos todo esto, “porque aquí se mira el poder con mansiones, y en estos lugares turísticos (los ricos tienen acaparados los mejores puestos”, señaló Ortíz.
La delegación visitó en lancha toda la costa de la Bahía de Chismuyo, los manglares, la isla San Carlos, la Isla del Tigre, el islote Conejo, la Isla Exposición y la línea divisoria marítima entre Honduras y El Salvador, donde se aprecia la Isla Meanguera, Conchaguita y el cerro de La Unión.
Esta visita constituyó una nueva jornada de “intercambio de experiencias” que se producen entre redes de defensores y defensoras de derechos humanos, formadas y constituidas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
En esta oportunidad participaron hombres y mujeres, representantes de La Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) y la Red de Defensores y Defensoras de la Zona Sur (Redehsur).
Esta experiencia tenemos que compartirla y divulgarla porque nosotros allá en la zona alta de La Paz desconocíamos todo esto, “porque aquí se mira el poder con mansiones, y en estos lugares turísticos (los ricos tienen acaparados los mejores puestos”, señaló Ortíz.
La delegación visitó en lancha toda la costa de la Bahía de Chismuyo, los manglares, la isla San Carlos, la Isla del Tigre, el islote Conejo, la Isla Exposición y la línea divisoria marítima entre Honduras y El Salvador, donde se aprecia la Isla Meanguera, Conchaguita y el cerro de La Unión.
Esta visita constituyó una nueva jornada de “intercambio de experiencias” que se producen entre redes de defensores y defensoras de derechos humanos, formadas y constituidas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
En esta oportunidad participaron hombres y mujeres, representantes de La Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) y la Red de Defensores y Defensoras de la Zona Sur (Redehsur).
Defensores de la tierra concluyen pasantía de derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea).- Con mucha satisfacción once defensores/as de la tierra, recibieron un diploma de participación de manos de Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), anoche, al concluir una pasantía en derechos humanos.
Oliva les manifestó su alegría y exhortó a continuar defendiendo sus derechos y denunciando las violaciones a derechos humanos, con la seguridad que tienen el conocimiento y apoyo de más personas.
Además, les expresó la satisfacción de ver a los y las integrantes de la Red Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos, la Tierra y Territorio (RENADETT), en las actividades comprendidas durante la pasantía que inició el martes 12 con una inducción sobre el trabajo en el COFADEH, continuaron con el área de comunicación y prensa y concluyeron con el área de Acceso a la Justicia.
Miriam Sánchez agradeció al personal del Comité, por la disponibilidad, atención y compartir sus conocimientos.
“Estamos más que agradecidas y agradecidos por estos días, la formación y la información es bastante, y el tiempo es poco para todo lo que debemos conocer, pero tratamos de aprovechar al máximo”.
Nos alegró mucho que doña Berta estuvo pendiente de lo que hacíamos, y nos expresaron que hicimos un buen trabajo agregó la campesina.
Al grupo de la RENADETT se le entregó también, un libro sobre Tomás Nativí, del escritor e histórico defensor de derechos humanos, Óscar Aníbal Puerto, cuya edición se publicó en el 36 aniversario del COFADEH, el 30 de noviembre del 2018.
Entre los detalles, los y las defensoras recibieron una camiseta y taza de la campaña “Mi voz habla por vos” que impulsa el COFADEH.
Esta es una experiencia diferente, conocer expedientes, testimonios, víctimas y poder analizar legalmente lo que puede proceder en un caso determinado, ha sido nuevo, detalló don Abelino Rodríguez.
La RENADETT está integrada por su defensores y defensoras provenientes de bases campesinas en procesos de recuperación de tierras en Santa Bárbara, Cortés y Comayagua, afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y La Vía Campesina- Honduras.
Desde el año 2012 el COFADEH realiza estas pasantías con pequeños grupos de integrantes de redes de Defensores/as de DDHH que forma y acompaña a nivel nacional, reforzando capacidades instaladas para que desde sus comunidades denuncien las violaciones ejecutadas por agentes de seguridad pública y entes estatales.
