Estados Unidos coordina acciones militares para América Latina desde Palmerola, Honduras
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Publicado el 30 Enero, 2019
Desde 1983, «en Palmerola, Comayagua, funciona la Base Aérea Hondureña Coronel José Enrique Soto Cano, donde se encuentra destacada la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos», dice un el documento con registro AJMFFAA-23-017, del expediente 1129, del 16 de agosto de 2017.
El oficio sugiere avocarse a la embajada de Estados Unidos si se requiere más información sobre sus bases militares en Honduras.
La información se obtuvo luego de solicitar a las Fuerzas Armadas acceso a la información pública siguiente:
El listado de las bases militares de Estados Unidos, ubicadas en el territorio de Honduras, con el número, nombre ciudad, año de instalación.
La información pública se solicitó para conocer si el Estado invocaba la Ley de Secretos para negar esta información, sin embargo respondieron con base en la Constitución de la República y del Artículo 19 de la Declaración Universal de DD. HH.
El Pentágono ha convertido Soto Cano en su centro regional de actividades, con alcance de acción más allá que Honduras», cita el documento Diluyendo las divisiones Tendencias de los Programas Militares de EE UU para América Latina.
De acuerdo con este análisis, «el Pentagono ha designando a la Fuerza de Tarea Conjunta (Joint Task Force) Bravo como “la autoridad central coordinadora de las fuerzas militares de los Estados Unidos actuando en la región (de Centroamérica)”.
Agrega que «la fuerza de tarea “mantiene reservas previamente situadas para operaciones militares en una área extensa. Durante el año fiscal 2010, más de una tercera parte de los proyectos del Cuerpo Militar de Ingenieros de toda la América Latina fueron realizados en Honduras», cita esta publicación.
El documento fue realizado por el Fondo para la Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF), del Centro para la Política Internacional (CIP) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Según su sitio oficial, el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo «…lleva a cabo una variedad de misiones en Centro y Sur América que van desde apoyar las operaciones del Gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar el crimen organizado transnacional, a la asistencia humanitaria, apoyo en desastres naturales y el desarrollo de las capacidades de apoyo», dice el sitio oficial.
La FTB está compuesta por más de 500 militares estadounidenses y 500 civiles hondureños y estadounidenses.
Opera con el 612 Escuadrón Aéreo (612th Air Base Squadron), El Batallón de Fuerzas del Ejército (Army Forces Battalion), el 1er Batallón, 228 Regimiento de Aviación (1st Batalion, 228th Aviation Regiment), las Fuerzas de Seguridad Conjuntas (JSF), el Elemento Médico (MEDEL), Actividad de Apoyo del Ejército (Army Support Activity) es un Comando de Administración de Instalación expedicionario.
La información es reafirmada por un tercer análisis, titulado Honduras y el Complejo Militar de los EEUU, Producido por la Fellowship of Reconciliation, en septiembre de 2011:
«Honduras se convierte cada vez más en el centro de operaciones militares de los Estados Unidos en Centroamérica. Se centran en la base aérea de Soto Cano (conocida en sus alrededores como Palmerola), la cual, desde 2009, ha recibido una infusión de hasta 45 millones de dólares en fondos para la construcción Honduras y el Complejo Militar de los EEUU».Las cuentas del pentágono…
«Las cuentas antidrogas del Pentágono han cubierto la construcción de bases militares en Guanaja, Mocorón, El Aguacate y Puerto Castilla. Durante la segunda mitad del 2012, las Fuerzas Especiales Navales de los EE.UU. ayudaron a la Marina Hondureña a crear su primera unidad de fuerzas especiales, un cuerpo conformado por 45 efectivos conocido como las Fuerzas Especiales Navales, o FEN46», cita el documento de Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe.
Fue publicado en septiembre de 2013 por el Centro para Políticas Internacionales (CIP), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Ese mismo año, tres antes de su asesinato, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, declaró que el gobierno ocultaba los planes de Estados Unidos para establecer en este país de Centro América la base militar más grande de toda Latinoamérica, según informó la televisora RT Actualidad.
La base no se instaló sin embargo, sólo dos años antes en 2011 hay «un dato muy llamativo para Honduras: la transferencia de US$ 1,388 millones ese año para “Equipos Electrónicos de Uso Militar”, una categoría que incluye radares, equipos electrónicos para combate, radios, equipos electrónicos para vigilancia, y artículos similares. Este monto empequeñece a cualquier otra transferencia de los EE.UU. hacia América Latina, y equivale a un tercio del PBI anual de Honduras, pero no hemos podido determinar qué se ha financiado con ese dinero», dice el mismo informe.
Además revela que las demás tropas policiales y militares estadounidenses que operan en Honduras son JIATF-S; Fuerzas Navales Sur (también conocidas como la 4ta 2 Flota), y las Fuerzas de la Marina Sur. Las agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos incluyen la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP). La Dirección de Fiscalización de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia cumple una función en el terreno. La Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Fiscalización (INL) del Departamento de Estado, apoya a las fuerzas de seguridad en América Central a través de su Iniciativa para la Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).
Además, «Los FAST han sido destacados al menos en 15 oportunidades en América Latina, y han estado presentes en cinco países: Haití, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice34. El programa de las Unidades de Investigación Confidencial (SIU) de la DEA también ha estado incrementando su alcance en la región. El Congreso continúa invocando una expansión del programa SIU, especialmente en América Central y el Caribe».
Con información de: reporterosdeinvestigacion.com
¡LOCURA! GOBIERNO DE HONDURAS RECONOCE A FALSO PRESIDENTE DE VENEZUELA
- Publicado: 25 Enero 2019
A
través de un documento, firmado por los 14 países que conforman el
grupo Lima, el Gobierno de Honduras reconoció, insólitamente, como
presidente de Venezuela a Juan Guaidó (foto), tildando de “ilegal” al
régimen constitucional de Nicolás Maduro.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Gobierno de Honduras, insólitamente, ha dicho el mandato constitucional
del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es ilegitimo, y en ese
contexto, ha firmado junto a otros once países que forman el grupo Lima,
un documento dando apoyo al diputado opositor Juan Guaidó.
El
insólito pronunciamiento de Honduras, se suma a los de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, Guatemala y
Paraguay, además de Estados Unidos, quien es el principal promotor de lo
que se califica en Venezuela como un golpe de Estado.
Según
el documento, los once países apoyan un “proceso de transición
democrática”, siguiendo la línea impuesta desde Washington, que por
varios años ha intentado poner al presidente de Venezuela. En ese
contexto, se prevé que el conflicto tenga consecuencias hasta de guerra
civil.
Ayer,
“bendecido” por EE.UU., el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Guaidó, se autoproclamó presidente interino del país,
basándose en el artículo 233 de la Constitución de la República
Bolivariana.
Sin
embargo, analistas constitucionales de ese país, advierten que Maduro
esa validación no tiene sentido, ya que Nicolás Maduro, ejerce sus
funciones según lo mandado por la Carta Magna.
De
momento, la respuesta de Maduro ante lo que cataloga como golpe de
Estado, ha ordenado la ruptura de las relaciones diplomáticas con
EE.UU., y ha dado un plazo de 72 horas para que los diplomáticos
estadounidenses abandonen el país.
Los
otros países de grupo Lima, México, Guyana y Santa Lucía, no se sumaron
a esa decisión, de hecho, el presidente mexicano reafirmó su apoyo a
Maduro; asimismo, Rusia, Turquía, Bolivia, Cuba, San Vicente, Uruguay,
Irán y la República Popular China.
Cabe
destacar que en el caso de Honduras, con un proceso electoral manchado
por múltiples fallas en el sistema de conteo de votos, la oposición
política, con el conocimiento de la Unión Europea y la Organización de
Estados Americanos (OEA), denunció un fuerte fraude electoral.
A
pesar de las pruebas que se presentaron, EE.UU. y OEA, no presionaron
por repetir los comicios, tampoco declararon a Salvador Nasralla como
presidente, tal y como lo han hecho con Guaidó.
Además
el secretario de la OEA, Luis Almagro, todavía no ha reconocido
públicamente el cuestionado mandato de Juan Hernández, que en un año, ha
ahondado la crisis humanitaria de Honduras, provocando dos éxodos en
varias caravanas migrantes.
Régimen de Honduras expulsa embajador de Venezuela
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
El Régimen de Honduras que el pasado 31 de enero reconoció a Claudio
Sandoval como embajador de Venezuela, anoche le giró un ultimátum al
embajador Filinto Durán para que abandone el país junto a su familia en
un plazo de cinco días a partir de esta fecha.
El
diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, fue citado a la
Cancillería de Honduras donde le leyeron la resolución que el régimen de
Juan Hernández le da cinco días para abandonar el país porque no lo
reconoce como embajador de su país.
En
febrero de 2015, el entonces canciller de Honduras, Arturo Corrales
Álvarez, recibe las cartas credenciales al embajador de
Venezuela,Filinto Durán
Durán
se comunicó de inmediato y consultó con el Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, donde le indicaron
que regrese a su país ya que el régimen hondureño no respeta ninguna ley
internacional, ni los protocolos establecidos.
Nota relacionada El gobierno de Honduras no tiene la calidad moral para condenar a Venezuela: Víctor Meza
El
propio embajador Durán hizo del conocimiento público en su pagina de
Facebbok, lo actuado por el régimen nacionalista y escribió lo
siguiente:
Buenos
días, Camaradas. Les informo que en horas de la noche de ayer fui
citado por la Cancillería hondureña para escuchar la lectura de un guión
en el cual se me notificaba el cese del reconocimiento como Embajador y
se me conminaba a salir del país, junto a mi familia, en un plazo de
cinco días. Consultado
al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de
Venezuela, se me indicó que debo regresar en el plazo dado, habida
cuenta que el gobierno de Honduras, lamentablemente, no respeta ninguna
ley internacional ni los protocolos establecidos. Por
medio de la presente no solo quiero comunicar lo señalado sino
agradecerles toda la solidaridad, el afecto, la militancia y el
compromiso por la construcción de otro mundo posible y necesario. Gracias pueblo Morazánico. Filinto Durán. ¡Hasta la victoria siempre!
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Publicado el 29 Enero, 2019
Según Transparencia Internacional, Honduras obtiene la puntuación de 29, ubicándolo en los país donde la corrupción es alarmante.
El índice, que clasifica a 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio.
Más de dos tercios de los países obtienen puntajes por debajo de 50 en el IPC de este año, con un puntaje promedio de sólo 43. Revela que el continuo fracaso de la mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una crisis en la democracia en todo el mundo. Si bien hay excepciones, los datos muestran que a pesar de algunos avances, la mayoría de los países no logran incursiones serias contra la corrupción
El régimen de JOH obtuvo la puntuación de 29. Cabe recordar que se utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio.
El régimen repitió la puntuación del 2017 con los mismo 29 puntos. Importante mencionar que en el 2016 Honduras obtuvo la puntuación de 30 y en el 2015 de 31. Es decir, se ha retrocedido en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Una de las principales acciones que realizó Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional fue aprobar la Ley de Secretos y derogar la Ley de Transparencia creada durante la administración del ex presidente Zelaya.
Los resultados de este año ponen de relieve la conexión entre la corrupción y la desigualdad, que se alimentan mutuamente para crear un círculo vicioso entre la corrupción, la distribución desigual del poder en la sociedad y la distribución desigual de la riqueza.
¡ALERTA! EXDIRECTOR DE POLICÍA ACUSA QUE QUIERE ASESINARLO EL GOBIERNO DE HONDURAS
- Publicado: 25 Enero 2019
Así
narra el que fue número uno de la policía hondureña, Ricardo Ramírez
del Cid, en la denuncia que ayer interpuso en el Ministerio Público, en
la que señala directamente al jefe del gobierno, Juan Hernández, de
conspirar contra su vida valiéndose del crimen organizado. Y a él
responsabiliza también de cualquier daño contra su familia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El General de Policía y extitular de la Policía Nacional en el periodo
2011-2012, Ricardo Ramírez del Cid, que días atrás compareció ante
medios de comunicación del país para hacer pública la presunta
conspiración del gobierno hondureño contra oficiales de policía, afín de
distraer la sociedad de los verdaderos problemas del país, ayer
denunció amenazas contra su vida ante organismos de derechos humanos y
el Ministerio Público.
El
jefe policial señala que el autor intelectual de un posible atentado
contra su integridad física es el propio gobernante de Honduras, Juan
Hernández, eso dijo y quedó escrito en la institución acusadora del
Estado, Ministerio Público, además, en el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y en el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
EL LIBERTADOR accedió al testimonio de Ricardo Ramírez en el Ministerio Público, y publicamos de manera íntegra.
“En la narración de hechos que este jueves rindió en el Ministerio Público, declara:
“Narra
el denunciante que en el año 2011 tomé la Dirección de la Policía
Nacional por orden constitucional, y me desempeñé por un espacio de 7
meses hasta el mes de mayo del año 2012. Y mi salida de la misma fue por
la investigación del caso de la muerte de Alfredo Villatoro
(periodista) ese día de mi salida en horas de la mañana, llamé al
ministro Pompeyo Bonilla para informarle que tenía un caso especial que
plantearle, el cual llegó a mi oficina para escuchar el planteamiento,
se lo expuse de forma digital con todos los pormenores de la
investigación. Manifestándome él que se debía exponer en Consejo de
Seguridad y le manifesté que no, que era un caso delicado, que lo tenía
que conocer el Presidente de la República y el Fiscal General. Y él
manifestó que estaba bien.
Es
así que nos dirigimos a la presidencial en horas de la mañana a asistir
al Consejo de Seguridad. En la reunión miré antagonismo hacia mí
excepto el Fiscal, y viendo todo eso, intuí cuál era el problema. Me
levanté de mi asiento y le pregunté a Bonilla y le pregunté que a qué
hora íbamos a exponer el caso, y él me contestó “pendiente” de una
manera desagradable, a raíz de eso comprendí lo que estaba sucediendo y
al finalizar la reunión me dirigí al abogado Rubí Ávila y le pedí que me
acompañara para plantearle un caso de suma importancia. Y nos dirigimos
a las instalaciones de la Policía ubicado en frente al aeropuerto
Toncontín donde funcionó lo que fue la Dirección Nacional de Servicios
Especiales de Investigación. Y con los investigadores y mí persona le
planteamos todos los pormenores de la investigación, y procedimos
entregarle los mismos, para que hiciera lo correspondiente en Derecho.
Al salir de allí me dirigí a mi oficina y posteriormente llegó el
ministro Pompeyo a comunicarme que cesaba en mi cargo de Director por
orden del Presidente de la República.
Días
después el Ministerio Público ejecutó la operación y capturó a todos
los denunciados en la investigación, los cuales guardan prisión en la
Penitenciaría Nacional. Y en el mes de febrero del año 2013 asesinan a
mi hijo de 17 años Óscar Ramírez Umaña y a sus dos escoltas miembros de
la Policía Nacional. Por los medios querían dar a entender que era un
asalto donde sucedió el problema, situación que no era cierto, siendo
los fines el secuestro de mi hijo. Denuncié en la Fiscalía de Derechos
Humanos el hecho. Emigré del país por salud mental de mis hijos y para
protección de los mismos, desde esa fecha hasta el año 2018 que
regresaron de Managua, Nicaragua. Y en todo este tiempo siguieron los
problemas como mi separación de una manera alevosa, cancelándome de la
institución por unas publicaciones del periódico “americano” New York
Times, de alto impacto en el país.
Es
así que en el mes de noviembre del año 2018 me doy cuenta que el
gobierno pretende capturarme a través de sus órganos competentes para
desprestigiarme y desviar la atención de otros problemas del país, como
la captura de “Tony” Hernández. Es así que yo procedo a desbaratar ese
plan a través de los medios de comunicación, y se me podrá cuestionar el
porqué no denuncié esto antes para evitar problemas como el que estoy
enfrentando ahora, que es que a mis oídos ha llegado la información que
el gobierno pretende asesinarme usando la delincuencia común y
autoridades, por lo cual me abocó al Ministerio Público para su
respectiva investigación y protección de mi persona y de mi familia”.
Gobierno de Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad
La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, blindó mediante dos acuerdos ministeriales todo tipo de información concerniente al manejo de los fondos del Estado
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
gobierno de Honduras aprobó en diciembre pasado un nuevo “pacto de
impunidad”, ahora mediante dos auerdos de la Secretaría de Finanzas que
blindan la información concerniente al manejo de los fondos públicos.
El 8 de enero pasado fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los acuerdos 842-2018 y 843-2018.
Dicho marco legal impide que las élites políticas y económicas sean
objeto de investigación y auditoría por parte de la prensa y de
organizaciones independientes que trabajan en los temas de transparencia
y rendición de cuentas.
Con
las nuevas disposiciones, que llevan la rubrica de la secretaria de
Finanzas, Rocío Izabel Tábora Morales, se blinda toda la información
concerniente a los ingresos y egresos del Estado y se protege a las
élites económicas porque de ahora en adelante nadie podrá saber el monto
o quiénes o qué empresas gozan de exoneraciones fiscales, ni el nombre
de los inversionistas de los valores gubernamentales.
Los
funcionarios públicos también son parte del blindaje porque la
ciudadanía ya no tiene acceso a las declaraciones juradas ni a los pagos
que reciban a través del Sistema SIAFI en lo relativo a sueldos, ya sea
al nombre del empleado y deducciones personales.
La
aprobación de este nuevo pacto de impunidad, que se suma a los otros
tantos aprobados en el Poder Legislativo para favorecer la corrupción,
atenta contra los bienes y los intereses del Estado, porque dentro de
los reservas se incluye los nombres de los integrantes de las comisiones
de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno y los
saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por
la Tesorería General de la República.
PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS
Algo
alarmante es que el nuevo marco legal, determina como información
reservada lo relacionado a las transferencias a los tres Poderes del
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “para pagos que garanticen
Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional”.
Lo
anterior implica que las transferencias que se hagan para gastos
policiales y militares, superarán lo establecido en el Presupuesto
General de la República. Es decir que además de no rendir cuentas, como
ocurre en la actualidad, estos dos rubros tendrán a su disposición
dineros a manos llenas y todo será en el marco de la legalidad.
PRESUPUESTO
La
reserva de información también abarca al Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones
Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al
Congreso Nacional de la República para su aprobación.
Lo
antes mencionado implica que de ahora en adelanta se sepulta el derecho
a la participación ciudadana durante la etapa de la formulación y
socialización.
SEGURIDAD DEL ESTADO
Paradójicamente
en los considerandos de los acuerdos anti transparencia se justifica el
ocultamiento de la información por “la seguridad del Estado”, cuando ya
la Constitución de la República y la misma Ley de Acceso a la
Información Pública, establece los parámetros de lo que es
verdaderamente ese principio, sin atentar contra la transparencia y la
rendición de cuentas.
Los
decretos, que son acuerpados por la Secretaría de Finanzas, se suman
además a la ya cuestionada Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación
de la Información Pública que establece reservas de hasta 50 años.
Noticia Relacionada: Presupuesto de 2019 es un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas: Fosdeh
Sobre
el tema, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
(Fosdeh) emitió una alerta este jueves denunciando la transgresión a la
transparencia y rendición de cuentas y exigiendo la derogación de los
acuerdos aprobados por el gobierno.
Mauricio Díaz Burdet, director del Fosdeh.
Para
el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdet, las medidas adoptadas
afectarán no solo la función periodística, sino que además el trabajo
técnico que realiza dicha organización y otras que pretenden la mejor
toma de decisiones sobre las políticas públicas, mediante la
transparencia y la rendición de cuentas.
Conozca a detalle las reservas aprobadas mediante cada uno de los acuerdos.
El acuerdo 842-2018 establece reservas para la información siguiente:
- Las Resoluciones emitidas por esta Secretaría de Estado (Finanzas) que contienen información de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y demás tributos del Sistema Tributario y Aduanero que estén relacionados para la determinación del patrimonio de los contribuyentes;
- El contenido de las Declaraciones Juradas determinativas, declaraciones Juradas Informativas, Informes solicitados a terceros por la Administración Tributaria, Administración Aduanera o por esta Secretaría de Estado en el ámbito de sus competencias,
- Los datos indicados en el Artículo 55 numeral 3 del Código Tributario, informes y antecedentes tributarios y aduaneros, así como la información contenida en las declaraciones, informes y estudios de los obligados tributarios presentados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Superintendencia Tributaria Aduanera, Administración Tributaria y Administración Aduanera, en los términos previstos en Ley;
- Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria y Administración Aduanera concerniente a las declaraciones de Impuestos o Tasas Administrativas, así como los datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización en términos del Artículo 70 numeral 1 del Código Tributario;
- La información de los obligados tributarios que obran en la Plataforma Administradoras del Módulo de Exoneraciones de Honduras (PAMEH);
- Durante el proceso de evaluación de ofertas y/o propuestas, se mantiene la confidencialidad de todo el proceso de evaluación y adjudicación, incluida el acceso a las ofertas por parte de cualquier persona no perteneciente al comité evaluador;
- Configuraciones y detalles técnicos de componentes y equipos de seguridad, servidores, comunicaciones de redes y demás arquitectura tecnológica de uso exclusivo para sistemas de información y servicio de tecnología ofrecidos por la Secretaría de Finanzas.
El acuerdo 843-2018 establece reclasificar con carácter de reservado la siguiente información:
- Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno;
- Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República;
- Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional;
- Registro de beneficiario: Todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él ya que es de carácter personal;
- Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales;
- Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva;
- Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en lo se refiere a embargos decretados sobre personas naturales;
- Los nombres de los embargados;
- Constancia de: Pagos de sueldos de planilla de años anteriores, únicamente en lo concerniente al nombre de favorecidos por dichos sueldos;
- Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación;
- El nombre de los Inversionistas de los valores gubernamentales; y,
- Los Productos de las Consultorías, Sistemas Informáticos y Bases de Datos de Uso exclusivo para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
FE DE ERRATAS:
CRITERIO
pide disculpas a sus lectores ya que por una imprecisión, el titular de
esta noticia decía inicialmente: “Congreso de Honduras aprueba un nuevo
y escandaloso pacto de impunidad”. Sin embargo, al cotejar la
información se encontró que fue la Secretaría de Finanzas la que
incurrió en la irregularidad, por lo que se procedió a cambiar el
titular de la noticia, leyéndose de la siguiente manera: “Gobierno de
Honduras aprueba un nuevo y escandaloso pacto de impunidad”.
¡ÚLTIMA HORA!: GOBIERNO DECLARA “SECRETA” INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE HONDURAS
- Publicado: 01 Febrero 2019
El
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha
alertado este jueves a la ciudadanía sobre el Acuerdo No. 843-2018
publicado por la Secretaría de Finanzas en el Diario Oficial La Gaceta
No. 34,839 el pasado 8 de enero, que manda “Reclasificar con carácter de reservado” el Presupuesto General de la República.
El
Foro advierte que esta medida es un retroceso en transparencia y
rendición de cuentas de la gestión pública; promueve la corrupción y la
impunidad en el País. Por estas acciones, es alto el Índice de
Percepción de Corrupción de Honduras, dijo esta semana Transparencia
Internacional.
Igual
hizo el régimen Hernández hace unos meses al blindar para los
hondureños información de la Secretaría de Ambiente sobre informes
técnicos y estudios de impacto ambiental, otorgamiento de licencias para
explotación y exploración de recursos naturales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Como un “retroceso en la transparencia y rendición de cuentas de la
gestión pública; específicamente en el Presupuesto General de la
República de Honduras”, ha alertado a la sociedad hondureña este día el
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). Esta
postura surge del Acuerdo No. 843-2018 publicado en el Diario Oficial La
Gaceta No. 34,839 el anterior 8 de enero por la Secretaría de Finanzas.
En
el Artículo 1 expone “Reclasificar con carácter de reservado...” varios
elementos, en este caso nosotros abordaremos específicamente; numeral
10 “Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no
haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para
su aprobación”.- En este sentido el FOSDEH expresa:
1.
El “Acuerdo” constituye un retroceso a la transparencia, rendición de
cuentas y la débil participación ciudadana hasta ahora construida, en el
diseño y formulación del Presupuesto General de la República.
2.
Facilita la corrupción y la impunidad en el uso de recursos públicos,
dando lugar a varios “Pactos de Impunidad”.- Debido que, a mayores
niveles de opacidad y secretividad, se propicia la discrecionalidad en
el uso de los fondos públicos para intereses particulares.
3.
Se percibe un nuevo mecanismo para encubrir la falta planificación,
visión estratégica institucional, e indebido uso de los recursos
públicos sin deducir responsabilidades a las autoridades.
4.
No existen razones técnicas o de seguridad nacional que sustenten el
encubrimiento del anteproyecto del Presupuesto como un documento de
“carácter reservado”. Este hecho va en contra de todos los convenios
internacionales de acceso a la información suscritos por Honduras y,
además, puede catalogarse como una violación explicita a los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas.
5.
Si la ciudadanía no conoce el Presupuesto General de la República
formulado ¿cómo hará sus demandas a las autoridades económicas?, ¿cómo
sabrá hacia donde van las prioridades del Presupuesto?
6.
Este tipo de acciones no abona a la democracia, ni gobernanza económica
y social, ni a una política fiscal sana que aspiramos tener.
7.
Posteriormente, el FOSDEH hará referencia de otras aprobaciones del
Congreso Nacional como las contenidas en Acuerdo No. 842-2018 que hacen
reservas especiales relacionadas a las Exoneraciones Fiscales,
Tranferencias a los Tres Poderes del Estado sobre gastos de Seguridad
del Estado y Seguridad Nacional.
Las
acciones y decisiones aprobadas en el país, como la actual, promueven
el crecimiento de la corrupción y la impunidad. No es en vano que
cataloguen a Honduras como un país altamente corrupto. Según
Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción
ubica en el puesto 132 con una puntuación de 29 para el 2018.
Adicionalmente
la Encuesta de Presupuesto Abierto de International Budget Partnership
para el año 2017 arrojó en materia de Participación Ciudadana; 7 puntos
de 100.- El Presupuesto General de la República son nuestros impuestos
presentes y futuros, es decir, nuestros recursos ¿por qué esconder la
formulación y diseño del Presupuesto? Los ciudadanos merecemos conocer
por qué, cómo, en qué, a donde, y quienes manejan nuestros recursos.
Por
el fortalecimiento a la transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana, el Fosdeh, demanda: ¡Exigimos la derogación del
Acuerdo No 843-2018!
¡ALARMANTE! HONDURAS REGISTRÓ DIEZ MASACRES EN ENERO
- Publicado: 02 Febrero 2019
Un
sangriento inició alertó a los hondureños, el primer mes de 2019
registró un total de diez masacres, donde han perdido la vida 35
personas, según los reportes oficiales. En ese contexto, el jefe del
Estado Mayor Conjunto, general René Ponce, declaró que estos eran “casos
aislados”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un
total de diez masacres, que cobraron la vida de 35 personas dejó el
primer mes de 2019. La violencia sigue arriba y no para, estos hechos
violentos, incluso, intentaron ser degradados con declaraciones como las
del jefe de las Fuerzas Armadas, general René Ponce, quien argumentó
que las masacres eran “casos aislados” y que no podían empañar los
trabajos en seguridad.
Los
homicidios múltiples empezaron a registrarse desde el 1 de enero, el
último suscitado, sucedió cuando ya agonizaba el mes, el día 30. Entre
las víctimas, se registran 32 hombres, con edades entre los 16 y 21
años.
Además,
tres mujeres perdieron la vida, una de ellas de 24 y el resto menores
de edad, manteniendo la alarmante tendencia de que en Honduras, los
jóvenes entre 15 y 30 años, son vulnerables ante la ola de violencia.
Cabe
destacar, que Tegucigalpa, capital de Honduras, fue la zona más
afectada, documentando dos masacres, uno en la colonia Villa Nueva y
otro en el sector de El Carrizal, salida norte.
Los
otros sucesos, se reportaron dos en Cortés: Puerto Cortés, San Pedro
Sula; dos en Olancho: Patuca, Salamá; dos en Atlántida: La Ceiba y Tela;
y, finalmente en Yoro y Copán.
En
tanto, el 2018 cerró con 39 masacres, mientras que el discurso del
régimen continua su celebración porque según su apreciación, “ya vivimos
más seguros”, porque se redujo a 40 asesinatos por cada 100 mil
habitantes.
Documento recoge las crecientes violaciones de DDHH en la zona sur
La directora de HEKS/EPER, Leticia Flores en la presentación del documento.
Por Marvin PalaciosCholuteca, Choluteca.- La Asociación de Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza (HEKS/EPER), presentó el jueves 31 de enero, el documento titulado: “De la Mano con el Sur: Defensa del territorio y derechos humanos”, ante una audiencia conformada por defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones que trabajan en comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
“…A partir de marzo de 2018, acompañantes de Suiza (PWS) empezaron a recorrer el territorio del sur del país, en solidaridad con quienes luchan por defender su derecho a la tierra, al agua, al bosque, al buen vivir y, por ello, enfrentan amenazas, juicios y violencia…”
Este párrafo, resume la vulnerabilidad y la indefensión que experimentan muchas comunidades que viven en el denominado “corredor seco” de Honduras, localizado en la zona sur.
El documento recoge además, las investigaciones y las experiencias que varias organizaciones de derechos humanos que actúan como organizaciones socias de la agencia de cooperación HEKS/ERP, han realizado en la zona sur de Honduras, donde las comunidades luchan contra el extractivismo, los proyectos fotovoltáicos, el represamiento de ríos, la lucha por los territorios y los ecosistemas del Golfo de Fonseca, entre otras acciones de resistencia frente a la voracidad de grupos de poder políticos y económicos.
“De la Mano con el Sur: Defensa del territorio y derechos humanos”, aborda temas como la lucha contra la desigualdad en la Península de Zacate Grande y la minería como grave amenaza para las fuentes de agua.
También aborda el despojo de los territorios en la Península de Zacate Grande, el represamiento del Río Petacón, en el municipio de Reitoca y el peligro que afrontan los ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Se analiza la amenaza de la explotación minera no metálica en Pespire y la reserva biológica en Yerba Buena, así como la resistencia de las comunidades en Namasigue, Choluteca, con la instalación de mega -proyectos fotovoltáicos (energía solar) en la zona.
El documento también aborda las consecuencias de la militarización en la zona sur y su impacto en los derechos humanos.
Todos estos tópicos fueron investigados y documentados y han servido como insumos para la publicación del documento.
Gracias al trabajo investigativo y acompañamiento del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Peace Watch, se logró la publicación del documento que es un reflejo de la realidad que experimentan muchas comunidades en el país.
En Santa Bárbara hay varios defensores de DDHH que enfrentan la condición de “presos políticos”
La
protesta pacífica habría sido infiltrada por grupos de choque y de
hombres encapuchados y armados, a quienes se señala como los autores del
incendio.
Palacio Judicial de Santa Bárbara
Por Marvin PalaciosSanta Bárbara, Santa Bárbara.- El Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), asumirá la defensa legal de 4 santabarbarenses, entre ellos, 2 defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas, acusados por el Ministerio Público (MP) por el delito de “incendio agravado”, en un hecho que se produjo contra las instalaciones de la municipalidad de Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara.
Los cuatro ciudadanos, forman parte de un grupo de 31 personas que fueron acusadas por suponerlos responsables de la quema de la Municipalidad de Las Vegas, ocurrida el pasado 18 de junio de 2018.
Palacio Municipal de Las Vegas después del incendio
El incendio se produjo en medio de una protesta popular realizada
frente a las instalaciones de dicha corporación, en la que, según
testigos, participaron hombres encapuchados y armados, que fueron
señalados como los ejecutores del incendio que dañó al menos 5 oficinas
donde se custodiaban documentos y equipos de administración.
El 18 de junio de 2018, se escenificó una protesta pacífica protagonizada por simpatizantes de la Alianza de Oposición, quienes protestaron ante las autoridades edilicias por la entrega de las reservas de agua del municipio, el otorgamiento de concesiones mineras, cortes de madera y el fraude electoral de noviembre de 2017.
Sin embargo la protesta pacífica habría sido infiltrada por grupos de choque y de hombres encapuchados y armados, a quienes se señala como los autores del incendio.
Las primeras capturas se produjeron el jueves 30 de agosto de 2018, en la que 12 personas fueron detenidas, entre ellas 3 mujeres, a quienes se les otorgaron medidas distintas a la prisión, mientras que 9 personas, todos hombres) fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad localizada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”.
Existe “una línea” para acallar las voces de los defensores de derechos humanos
Los 9 hombres, entre los que se encuentran 2 defensores de derechos humanos, permanecieron recluidos tres meses en El Pozo (de agosto a noviembre de 2018). Ellos aseguraron a www.defensoresenlinea.com que experimentaron situaciones que pusieron en riesgo su integridad física y emocional.
Los 9 hombres que son considerados como “presos políticos”, por oponerse al fraude electoral perpetrado en noviembre de 2017, siguen un proceso judicial en libertad.
Sin embargo, en una reciente gira realizada por procuradoras de derechos humanos y periodistas del COFADEH a la zona, varios de los imputados, que por razones obvias, no se revelan sus nombres, han expresado que experimentan un ambiente de zozobra, que son víctimas de amenazas, seguimientos y vigilancia por parte de desconocidos y de personal de la alcaldía de Las Vegas, situación que los coloca en situación de riesgo y que temen por sus vidas.
Cabe señalar que la corporación municipal de Las Vegas está bajo el control de la alcaldesa Petrona Afdonifia Pineda, conocida como Mila de Lara, del Partido Nacional, esposa de Ramón Lara Bueso, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA), vinculado al caso Pandora.
El caso Pandora implica el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que fueron destinados para el financiamiento de campañas políticas y que involucra a unas 120 personas, entre políticos de los partidos Liberal y Nacional, funcionarios, activistas y personas particulares.
Aparte de varios defensores que enfrentan la condición de “presos políticos”, también hay líderes, reconocidos por las comunidades, por su trabajo honesto y dirigido hacia el bien común.
El proceso judicial se encuentra actualmente estancado en la Corte de Apelaciones, por las acciones realizadas tanto por el Ministerio Público (MP) como por la parte defensora de los imputados, por lo que aún no se cuenta con una fecha precisa para la celebración del juicio oral y público.
La Corte de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el juzgado de primera instancia en la que dictó el auto de prisión por incendio agravado y confirmó también el sobreseimiento provisional por daños.
En el expediente se encuentra una autorización que fue otorgada por el apoderado legal de la Alcaldía de Las Vegas, en la que autoriza al Ministerio Público para que promueva la acción penal. También consta en el expediente de mérito la declaración “como prueba anticipada”, de varios testigos protegidos que aseguran haber visto a los ahora representados por el COFADEH, que participaron en el incendio contra la corporación municipal de Las vegas, extremo que puede ser desvirtuado por testimonios de otras personas.
Se percibe que las declaraciones expresadas por los testigos protegidos estarían siguiendo una especie de “guión ”, con el fin de dañar la imagen de los imputados que son opositores al régimen de Juan Orlando Hernández y en consecuencia opositores al gobierno municipal de Las Vegas, que está en manos del partido Nacional.
Es imposible que un testigo haya identificado a personas específicas en medio de una multitud que participó en una protesta, dijo una vecina de Las Vegas que pidió omitir su nombre.
Por otro lado se puede palpar que existe mala fe hacia defensores de derechos humanos de reconocida trayectoria en Las Vegas y cuyo trabajo consiste en denunciar violaciones, acompañar y observar procesos comunitarios.
El expediente revela que las versiones expresadas por “testigos protegidos”, estarían destinadas a afectar directamente a los defensores, para acallar sus voces y cerrar los espacios de denuncias.
“Quieren criminalizar a los defensores para detener la labor de estas personas, quieren causarles temor en el sentido de que si continúan haciendo su trabajo, van a ser criminalizados, que de hecho ya están criminalizados”, dijo un vecino de Las Vegas que pidió permanecer en el anonimato por temor a sufrir represalias.
El 18 de junio de 2018, se escenificó una protesta pacífica protagonizada por simpatizantes de la Alianza de Oposición, quienes protestaron ante las autoridades edilicias por la entrega de las reservas de agua del municipio, el otorgamiento de concesiones mineras, cortes de madera y el fraude electoral de noviembre de 2017.
Sin embargo la protesta pacífica habría sido infiltrada por grupos de choque y de hombres encapuchados y armados, a quienes se señala como los autores del incendio.
Las primeras capturas se produjeron el jueves 30 de agosto de 2018, en la que 12 personas fueron detenidas, entre ellas 3 mujeres, a quienes se les otorgaron medidas distintas a la prisión, mientras que 9 personas, todos hombres) fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad localizada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”.
Existe “una línea” para acallar las voces de los defensores de derechos humanos
Los 9 hombres, entre los que se encuentran 2 defensores de derechos humanos, permanecieron recluidos tres meses en El Pozo (de agosto a noviembre de 2018). Ellos aseguraron a www.defensoresenlinea.com que experimentaron situaciones que pusieron en riesgo su integridad física y emocional.
Los 9 hombres que son considerados como “presos políticos”, por oponerse al fraude electoral perpetrado en noviembre de 2017, siguen un proceso judicial en libertad.
Sin embargo, en una reciente gira realizada por procuradoras de derechos humanos y periodistas del COFADEH a la zona, varios de los imputados, que por razones obvias, no se revelan sus nombres, han expresado que experimentan un ambiente de zozobra, que son víctimas de amenazas, seguimientos y vigilancia por parte de desconocidos y de personal de la alcaldía de Las Vegas, situación que los coloca en situación de riesgo y que temen por sus vidas.
Cabe señalar que la corporación municipal de Las Vegas está bajo el control de la alcaldesa Petrona Afdonifia Pineda, conocida como Mila de Lara, del Partido Nacional, esposa de Ramón Lara Bueso, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA), vinculado al caso Pandora.
El caso Pandora implica el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que fueron destinados para el financiamiento de campañas políticas y que involucra a unas 120 personas, entre políticos de los partidos Liberal y Nacional, funcionarios, activistas y personas particulares.
Aparte de varios defensores que enfrentan la condición de “presos políticos”, también hay líderes, reconocidos por las comunidades, por su trabajo honesto y dirigido hacia el bien común.
El proceso judicial se encuentra actualmente estancado en la Corte de Apelaciones, por las acciones realizadas tanto por el Ministerio Público (MP) como por la parte defensora de los imputados, por lo que aún no se cuenta con una fecha precisa para la celebración del juicio oral y público.
La Corte de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el juzgado de primera instancia en la que dictó el auto de prisión por incendio agravado y confirmó también el sobreseimiento provisional por daños.
En el expediente se encuentra una autorización que fue otorgada por el apoderado legal de la Alcaldía de Las Vegas, en la que autoriza al Ministerio Público para que promueva la acción penal. También consta en el expediente de mérito la declaración “como prueba anticipada”, de varios testigos protegidos que aseguran haber visto a los ahora representados por el COFADEH, que participaron en el incendio contra la corporación municipal de Las vegas, extremo que puede ser desvirtuado por testimonios de otras personas.
Se percibe que las declaraciones expresadas por los testigos protegidos estarían siguiendo una especie de “guión ”, con el fin de dañar la imagen de los imputados que son opositores al régimen de Juan Orlando Hernández y en consecuencia opositores al gobierno municipal de Las Vegas, que está en manos del partido Nacional.
Es imposible que un testigo haya identificado a personas específicas en medio de una multitud que participó en una protesta, dijo una vecina de Las Vegas que pidió omitir su nombre.
Por otro lado se puede palpar que existe mala fe hacia defensores de derechos humanos de reconocida trayectoria en Las Vegas y cuyo trabajo consiste en denunciar violaciones, acompañar y observar procesos comunitarios.
El expediente revela que las versiones expresadas por “testigos protegidos”, estarían destinadas a afectar directamente a los defensores, para acallar sus voces y cerrar los espacios de denuncias.
“Quieren criminalizar a los defensores para detener la labor de estas personas, quieren causarles temor en el sentido de que si continúan haciendo su trabajo, van a ser criminalizados, que de hecho ya están criminalizados”, dijo un vecino de Las Vegas que pidió permanecer en el anonimato por temor a sufrir represalias.
Hija de Berta Cáceres: A María Luisa la quieren asesinar políticamente
Thursday, 31 January 2019 15:31 Written by German Reyes Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:laprensa.hn
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando
Argueta Pérez, en funciones como juez natural, ha declarado culpable del
delito de calumnias constitutivas de difamación a la diputada, María
Luisa Borjas, querellada por el empresario y banquero, Camilo Atala,
después de que ella le diera lectura públicamente a un informe de la
Policía Nacional, que vincula a los Atala con el crimen de Berta
Cáceres.
La sentencia ha causado revuelo en los círculos sociales y políticos
que reconocen en la parlamentaria el valor para referirse en los medios
de comunicación sobre ese tema espinoso en Honduras, por el económico
que representa esa familia.
Prevaricato y abuso de autoridad
La Red Nacional de Derechos Humanos, organismo que agrupa a diversas organizaciones sociales, en conferencia de prensa realizada este miércoles 30 de enero se solidarizó públicamente con la diputada Borjas y exigió investigar de manera urgente al Presidente de la CSJ, Rolando Argueta, por abuso de autoridad y prevaricato.
Mediante un comunicado elaborado para tal fin, la Red de Derechos Humanos, afirma que el fallo dictado por Argueta no es jurídico sino político, porque según ellos, previo al juicio de María Luisa Borjas, hubo acuerdos de los cuales aseguran tener información.
Sostiene la Red que el fallo carece de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e incluso de la resolución emitida por esa misma Corte, en el caso del también diputado de Libre, Jorge Calix, querellado por difamación y calumnia.
Para ellos las expresiones vertidas por la diputada María Luisa Borjas, no constituyen ataques conscientes ni intensiones de dañar el honor de Camilo Atala, sino de abrir el debate sobre la participación de policías, militares y empresarios, en las muertes violentas de Berta Cáceres, el fiscal Orlan Chávez y Alfredo Landaverde.
Para el defensor de los derechos humanos y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), doctor Juan Almendarez Bonilla, en este país las autoridades mantienen un sistema punitivo, persecutorio y militar, por lo que María Luisa Borjas ya estaba condenada desde el momento en que mencionó a los militares y policías.
Sostuvo, que el fallo no obedece a un acto constitutivo de difamación ni de acallarla como defensora de los derechos humanos sino que es un tema transversal que golpea a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos y a la ciudadanía que denuncia las irregularidades de los grupos de poder.
En el mismo sentido también se ha pronunciado el Director del Centro de Promoción de los derechos Humanos,(Ciprodeh), Wilfredo Méndez, quien califica la situación como una política de terror.
El fallo de María Luisa es otro de los tantos que se han dictado en Honduras contra periodistas y defensores de los derechos humanos que han sido acusados por difamación, calumnia o injurias, tres figuras delictivas contenidas en el Código Penal hondureño y contra las que ya se han pronunciado organismos nacionales y extranjeros que solicitan que estos delitos sean manejados a instancias jurídicas de lo civil.
Y ante tal situación, el director del Comité de la Libre Expresión (C-Libre),Edy Tábora, le apuesta a la conformación de una red que permita la ejecución de acciones de presión para separar la difamación, la injuria y la calumnia del Código Penal.
Quieren asesinarla políticamente
A la conferencia llegaron al menos diez de los treinta diputados que conforman el Colectivo Parlamentario del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), al que pertenece la diputada Borjas, y a juicio de ellos lo que buscan las autoridades es inhabilitarla políticamente.
Edgardo Castro, diputado del departamento de Cortés de ese partido político dijo que la dictadura quiere arrebatarle la diputación a su compañera de cámara, porque no le perdonan que en el pasado haya vinculado funcionarios de la policía y de la Secretaría de Seguridad con actos de corrupción y de narcotráfico.
María Luisa Borjas es una ex comisionada de la Policía Nacional de Honduras, que se graduó en la escuela de Carabineros de Chile y que estando en sus funciones policiales llegó a ocupar la Dirección de Asuntos Internos donde tuvo la oportunidad de investigar y denunciar a funcionarios de esa entidad, involucrados en corrupción y crimen organizado.
Por las denuncias que realizó a inicios de la década del 2000 fue separada de esa institución armada.
Y ahora la quieren asesinar políticamente, dijo la diputada de Libre e hija de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, asegurado que María Luisa cuenta con el respaldo y la solidaridad de su familia y del COPINH como organización.
“María Luisa fue la primera que tuvo el valor de develar ese informe de la ATIC y en ese momento mi familia se sintió respaldada”, dijo la hija de Berta Cáceres.
Criticó que si la información que dio a conocer María Luisa se desprende de un informe de la ATIC y a ella la condenan por difamación por qué no investigan a la ATIC y meten a la cárcel a los responsables del informe.
Sostuvo que ella se encargará de realizar un lobby internacional para defender a su compañera de los atropellos que es víctima por parte de la justicia hondureña y de los poderes económico y político.
Por su parte la diputada y ex comisionada de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, sostiene que solo le dio lectura a un informe de la Policía y que no se retracta de lo que en su momento dio a conocer.
Aseveró que el informe tenía toda la apariencia de formalidad y legitimidad, como sellos, folios, logotipos y firmas. “Y no me podía quedar callada ante la magnitud del informe”, reiteró.
Para ella era un tema de interés público por tratarse del asesinato del Fiscal, Orlan Chávez, el de Alfredo Landaverde y Berta Cáceres.
Lamentó la actitud del Presidente de la Corte, Rolando Argueta, a quien se le ve la intensión de dañarla, pese a que en ese poder del estado se ventilan casos de mayor relevancia como el de la Caja chica de la Dama, el Pacto de Impunidad, Caso Pandora y la Red de Diputados, entre otros.
La Coalición contra la Impunidad emitió el siguiente comunicado de solidaridad con la afectada:
Comunicado
Las organizaciones presentes expresamos
a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1. Reconocemos la trayectoria de la Comisionada en condición de Retiro María Luisa Borjas, quien se ha destacado por su labor de denunciar públicamente hechos de trascendencia nacional e internacional relacionados con corrupción y abusos cometidos por altos funcionarios policiales y militares, así como por particulares relacionados a acciones delictivas de criminalidad organizada. Dicha denuncia pública ha conllevado la persecución y amenazas a muerte contra ella y su familia.
2. Consideramos que el fallo dictado por el magistrado presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, en su calidad de juez natural en el proceso penal contra María Luisa Borjas, fue político. ¿Por qué político? Porque el acuerdo de condena fue incluso previo al desarrollo del juicio, según información proporcionada por personas cercanas al poder fáctico.
3. Denunciamos que el señor Argueta no tomó nota de los aportes probatorios ni de los planteamientos realizados en las conclusiones de las partes durante todo el juicio. Esta labor fue realizada por el abogado Selvin López, quien consideramos participó en la redacción de la resolución, lo cual amerita una investigación administrativa y penal.
4. El fallo está alejado de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e, incluso, de la resolución emitida por el también magistrado Avilio Serrano en el caso contra el diputado Jorge Calix, por una querella incoada por delitos de calumnias por difamación.
5. Como fue acreditado en el juicio, las expresiones vertidas por la Comisionada Borjas no constituyeron ataques conscientes e intencionales al honor del señor Camilo Atala, ni tenían la malicia de provocar una afectación por sí mismas. Como defensora de derechos humanos, su intención fue colocar en el debate nacional la situación de impunidad y la participación de funcionarios policiales, militares, profesionales del derecho y empresarios en el asesinato de Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y la reconocida lideresa indígena Berta Cáceres. Para ello, la Comisionada utilizó un medio pertinente y proporcionado, como es la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
6. Esas denuncias se enmarcan en los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, de manera que el magistrado Argueta o la persona que haya redactado la resolución debió aplicar una eximente de responsabilidad penal. A la luz de la doctrina de la real malicia, no es suficiente que la información
difundida por la Comisionada María Luisa Borjas hubiese sido errónea o falsa, sino que, además, la parte querellante debió demostrar que la información, se difundió a sabiendas de su falsedad y con la única intención de dañar al punto que el demandante no acudió a ninguna etapa del proceso
7. La grave situación de secretividad oficial impuesta por el Estado para toda la información de las instituciones públicas, socaba el derecho de la ciudadanía para participar de los debates públicos y la exigencia de justicia. En el caso particular de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y el poder judicial impusieron secretividad aún para las víctimas, por lo que se hace necesario que las personas que se atreven a divulgar información, sean protegidas en vez de ser sancionadas.
8. Consideramos que la actual precariedad del principio de independencia judicial en Honduras provoca que ningún juez o magistrado del Poder Judicial se atreva a revocar una sentencia condenatoria emitida por el Presidente de la Corte Suprema, por lo que los recursos procesales de vuelven inefectivos.
9. Citando al magistrado Serrano Villanueva: “imponer sanciones a informadores o denunciantes que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar, en forma fehaciente, todos los aspectos de la información difundida, además de vulnerar el estándar de veracidad aplicable a la información de interés público, incitaría a ocultar la misma, socavando el debate” sobre temas de tan importantes como la lucha contra la impunidad.
Las organizaciones de derechos humanos demandamos:
1. Al Estado hondureño que cese con la censura judicial contra los periodistas y toda persona que denuncia u opina sobre hechos de interés nacional.
2. Que se proceda a investigar de manera urgente e inmediata al magistrado Rolando Argueta y al asesor legal Selvin Lopez, por abuso de autoridad y prevaricato.
3. Que se le garantice a la Comisionada en Condición de Retiro María Luisa Borjas el respeto a sus libertades públicas y la integridad física de ella y su familia, además de promover seguridad jurídica para las personas que denuncian hechos tan delicados como lo que de manera permanente ha realizado nuestra acompañada.
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de enero de 2019
Prevaricato y abuso de autoridad
La Red Nacional de Derechos Humanos, organismo que agrupa a diversas organizaciones sociales, en conferencia de prensa realizada este miércoles 30 de enero se solidarizó públicamente con la diputada Borjas y exigió investigar de manera urgente al Presidente de la CSJ, Rolando Argueta, por abuso de autoridad y prevaricato.
Mediante un comunicado elaborado para tal fin, la Red de Derechos Humanos, afirma que el fallo dictado por Argueta no es jurídico sino político, porque según ellos, previo al juicio de María Luisa Borjas, hubo acuerdos de los cuales aseguran tener información.
Sostiene la Red que el fallo carece de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e incluso de la resolución emitida por esa misma Corte, en el caso del también diputado de Libre, Jorge Calix, querellado por difamación y calumnia.
Para ellos las expresiones vertidas por la diputada María Luisa Borjas, no constituyen ataques conscientes ni intensiones de dañar el honor de Camilo Atala, sino de abrir el debate sobre la participación de policías, militares y empresarios, en las muertes violentas de Berta Cáceres, el fiscal Orlan Chávez y Alfredo Landaverde.
Para el defensor de los derechos humanos y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), doctor Juan Almendarez Bonilla, en este país las autoridades mantienen un sistema punitivo, persecutorio y militar, por lo que María Luisa Borjas ya estaba condenada desde el momento en que mencionó a los militares y policías.
Sostuvo, que el fallo no obedece a un acto constitutivo de difamación ni de acallarla como defensora de los derechos humanos sino que es un tema transversal que golpea a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos y a la ciudadanía que denuncia las irregularidades de los grupos de poder.
En el mismo sentido también se ha pronunciado el Director del Centro de Promoción de los derechos Humanos,(Ciprodeh), Wilfredo Méndez, quien califica la situación como una política de terror.
El fallo de María Luisa es otro de los tantos que se han dictado en Honduras contra periodistas y defensores de los derechos humanos que han sido acusados por difamación, calumnia o injurias, tres figuras delictivas contenidas en el Código Penal hondureño y contra las que ya se han pronunciado organismos nacionales y extranjeros que solicitan que estos delitos sean manejados a instancias jurídicas de lo civil.
Y ante tal situación, el director del Comité de la Libre Expresión (C-Libre),Edy Tábora, le apuesta a la conformación de una red que permita la ejecución de acciones de presión para separar la difamación, la injuria y la calumnia del Código Penal.
Quieren asesinarla políticamente
A la conferencia llegaron al menos diez de los treinta diputados que conforman el Colectivo Parlamentario del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), al que pertenece la diputada Borjas, y a juicio de ellos lo que buscan las autoridades es inhabilitarla políticamente.
Edgardo Castro, diputado del departamento de Cortés de ese partido político dijo que la dictadura quiere arrebatarle la diputación a su compañera de cámara, porque no le perdonan que en el pasado haya vinculado funcionarios de la policía y de la Secretaría de Seguridad con actos de corrupción y de narcotráfico.
María Luisa Borjas es una ex comisionada de la Policía Nacional de Honduras, que se graduó en la escuela de Carabineros de Chile y que estando en sus funciones policiales llegó a ocupar la Dirección de Asuntos Internos donde tuvo la oportunidad de investigar y denunciar a funcionarios de esa entidad, involucrados en corrupción y crimen organizado.
Por las denuncias que realizó a inicios de la década del 2000 fue separada de esa institución armada.
Y ahora la quieren asesinar políticamente, dijo la diputada de Libre e hija de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, asegurado que María Luisa cuenta con el respaldo y la solidaridad de su familia y del COPINH como organización.
“María Luisa fue la primera que tuvo el valor de develar ese informe de la ATIC y en ese momento mi familia se sintió respaldada”, dijo la hija de Berta Cáceres.
Criticó que si la información que dio a conocer María Luisa se desprende de un informe de la ATIC y a ella la condenan por difamación por qué no investigan a la ATIC y meten a la cárcel a los responsables del informe.
Sostuvo que ella se encargará de realizar un lobby internacional para defender a su compañera de los atropellos que es víctima por parte de la justicia hondureña y de los poderes económico y político.
Por su parte la diputada y ex comisionada de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, sostiene que solo le dio lectura a un informe de la Policía y que no se retracta de lo que en su momento dio a conocer.
Aseveró que el informe tenía toda la apariencia de formalidad y legitimidad, como sellos, folios, logotipos y firmas. “Y no me podía quedar callada ante la magnitud del informe”, reiteró.
Para ella era un tema de interés público por tratarse del asesinato del Fiscal, Orlan Chávez, el de Alfredo Landaverde y Berta Cáceres.
Lamentó la actitud del Presidente de la Corte, Rolando Argueta, a quien se le ve la intensión de dañarla, pese a que en ese poder del estado se ventilan casos de mayor relevancia como el de la Caja chica de la Dama, el Pacto de Impunidad, Caso Pandora y la Red de Diputados, entre otros.
La Coalición contra la Impunidad emitió el siguiente comunicado de solidaridad con la afectada:
Comunicado
Las organizaciones presentes expresamos
a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1. Reconocemos la trayectoria de la Comisionada en condición de Retiro María Luisa Borjas, quien se ha destacado por su labor de denunciar públicamente hechos de trascendencia nacional e internacional relacionados con corrupción y abusos cometidos por altos funcionarios policiales y militares, así como por particulares relacionados a acciones delictivas de criminalidad organizada. Dicha denuncia pública ha conllevado la persecución y amenazas a muerte contra ella y su familia.
2. Consideramos que el fallo dictado por el magistrado presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, en su calidad de juez natural en el proceso penal contra María Luisa Borjas, fue político. ¿Por qué político? Porque el acuerdo de condena fue incluso previo al desarrollo del juicio, según información proporcionada por personas cercanas al poder fáctico.
3. Denunciamos que el señor Argueta no tomó nota de los aportes probatorios ni de los planteamientos realizados en las conclusiones de las partes durante todo el juicio. Esta labor fue realizada por el abogado Selvin López, quien consideramos participó en la redacción de la resolución, lo cual amerita una investigación administrativa y penal.
4. El fallo está alejado de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e, incluso, de la resolución emitida por el también magistrado Avilio Serrano en el caso contra el diputado Jorge Calix, por una querella incoada por delitos de calumnias por difamación.
5. Como fue acreditado en el juicio, las expresiones vertidas por la Comisionada Borjas no constituyeron ataques conscientes e intencionales al honor del señor Camilo Atala, ni tenían la malicia de provocar una afectación por sí mismas. Como defensora de derechos humanos, su intención fue colocar en el debate nacional la situación de impunidad y la participación de funcionarios policiales, militares, profesionales del derecho y empresarios en el asesinato de Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y la reconocida lideresa indígena Berta Cáceres. Para ello, la Comisionada utilizó un medio pertinente y proporcionado, como es la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
6. Esas denuncias se enmarcan en los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, de manera que el magistrado Argueta o la persona que haya redactado la resolución debió aplicar una eximente de responsabilidad penal. A la luz de la doctrina de la real malicia, no es suficiente que la información
difundida por la Comisionada María Luisa Borjas hubiese sido errónea o falsa, sino que, además, la parte querellante debió demostrar que la información, se difundió a sabiendas de su falsedad y con la única intención de dañar al punto que el demandante no acudió a ninguna etapa del proceso
7. La grave situación de secretividad oficial impuesta por el Estado para toda la información de las instituciones públicas, socaba el derecho de la ciudadanía para participar de los debates públicos y la exigencia de justicia. En el caso particular de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y el poder judicial impusieron secretividad aún para las víctimas, por lo que se hace necesario que las personas que se atreven a divulgar información, sean protegidas en vez de ser sancionadas.
8. Consideramos que la actual precariedad del principio de independencia judicial en Honduras provoca que ningún juez o magistrado del Poder Judicial se atreva a revocar una sentencia condenatoria emitida por el Presidente de la Corte Suprema, por lo que los recursos procesales de vuelven inefectivos.
9. Citando al magistrado Serrano Villanueva: “imponer sanciones a informadores o denunciantes que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar, en forma fehaciente, todos los aspectos de la información difundida, además de vulnerar el estándar de veracidad aplicable a la información de interés público, incitaría a ocultar la misma, socavando el debate” sobre temas de tan importantes como la lucha contra la impunidad.
Las organizaciones de derechos humanos demandamos:
1. Al Estado hondureño que cese con la censura judicial contra los periodistas y toda persona que denuncia u opina sobre hechos de interés nacional.
2. Que se proceda a investigar de manera urgente e inmediata al magistrado Rolando Argueta y al asesor legal Selvin Lopez, por abuso de autoridad y prevaricato.
3. Que se le garantice a la Comisionada en Condición de Retiro María Luisa Borjas el respeto a sus libertades públicas y la integridad física de ella y su familia, además de promover seguridad jurídica para las personas que denuncian hechos tan delicados como lo que de manera permanente ha realizado nuestra acompañada.
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de enero de 2019
Hidroeléctricas y mineras amenazan al departamento de Santa Bárbara
Montañas de encanto, paisajes espectaculares, ríos de aguas cristalinas y lugares llenos de cultura e historia se encuentran en cada rincón del departamento de Santa Bárbara. Sin embargo, toda esta riqueza natural y la armonía de sus habitantes, están amenazadas por más de 15 proyectos hidroeléctricos y 23 concesiones para la explotación minera.Santa Bárbara, está compuesto por 28 municipios. Todos son diferentes arquitectónicamente, pero tienen algo en común: están rodeados de riquezas naturales, y en cada uno de ellos existe tranquilidad, su gente vive sin prisas, sin relojes y sin malos humores. No obstante, los proyectos extractivos, tanto los que están en proceso, como los que están en construcción, poco a poco van arrebatando el buen vivir que por siglos su población ha venido construyendo.
“Los proyectos extractivos prácticamente nos dejarán sin fuentes de agua y contaminará por completo el medio ambiente. Hemos denunciado en reiteradas ocasiones los daños irreparables que estas compañías producen, las amenazas a muerte, persecuciones y ambiente hostil contra los que nos oponemos a este tipo de proyectos”, manifestó Wilfredo Rivera, del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, (MAS).
Por su parte el reconocido defensor ambientalista, Nolvin Sabillón, aseguró que en dicho departamento fundado el 28 de junio de 1825, la amenaza es latente porque aparte de los proyectos hidroeléctricos y mineros que están aprobados, se está cabildeando para la concesión más proyectos extractivos. “Esto traerá mayor oposición en las comunidades y con eso incrementará la división de su población”.
Conflictividad actual
Sabillón denunció que, en el caso de los proyectos hidroeléctricos, se están instalando en medio de una serie irregularidades e inconsistencias en sus permisos de operación. Las comunidades indígenas no han sido consultadas, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT. Citó como ejemplo la central hidroeléctrica El Rancho, sobre el río Jicatuyo, proyecto que afecta a los municipios de San Luís y Atima,Lo mismo pasa con las comunidades en la zona alta del municipio de Quimistán, donde existe un peligro inminente producto de la instalación de la represa hidroeléctrica Santa Lucía, que está avanzada en 90%. Y, a pesar que existe un fuerte rechazo por parte de la población, en la actualidad pretenden construir una segunda represa hidroeléctrica siempre sobre el río Cuyagual.
Este importante afluente abastece del vital líquido a centenares de comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés. La instalación de este proyecto hidroeléctrico tiene toda la colaboración de la alcaldía municipal contralada por la dinastía “cachureca” de apellido Guevara, misma que da la espalda al pueblo que exige protección a las fuentes de agua.
Mientras tanto, a pesar que los habitantes del municipio de Chinda, en cabildo abierto se auto-declararon territorio libre de proyectos hidroeléctricos; la represa hidroeléctrica “El Tornillito”, realiza operaciones para instalarse en el río Ulúa. La concesión y los permisos de operación se otorgaron a la empresa Hidrovolcán bajo el objetivo de generación de 150 megas de energía limpia, que representa la mitad de lo que produce la represa “El Cajón”.
“Las comunidades indígenas de Chinda ven con preocupación la instalación del proyecto, ya que el embalse de la represa impactará de forma irreversible en la mayor parte del municipio. Varias aldeas y barrios del caso urbano van a desaparecer, incluso centenares de manzanas de tierras productivas quedarán bajo las aguas”, aseguró la coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, Betty Vásquez.
Vásquez, reiteró que las hidroeléctricas alardean de producir energía limpia. Sin embargo, en realidad no es así, ya que incrementan la corrupción en las mismas comunidades, dividen a la población, manipulan a unos pocos empleados y corrompen a las autoridades edilicias para que les despejen de obstáculos las veredas jurídicas y administrativas por donde pasa su maquinaria empresarial.
En la actualidad en Honduras más de 30 municipios se han declarado libres de explotación minera y proyectos hidroeléctricos. El primero fue el municipio de El Negrito, Yoro, y entre los más recientes se encuentran: San José en La Paz; El Triunfo, Choluteca, y San Nicolás, Santa Bárbara.
Un país concesionado
El Estado de Honduras ha otorgado 302 concesiones para la explotación y exploración minera en una superficie territorial de 2.173 kilómetros cuadrados, dejando daños al medio ambiente y a la vida de las comunidades, según un informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos 2017.El estudio elaborado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), establece que aparte de las que ya están aprobadas, existían hasta septiembre de 2017 un promedio de 193 solicitudes de concesiones mineras, que están en proceso en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
También refiere que, de las 302 concesiones vigentes y de acuerdo a los datos de Inhgeomin, 85 son metálicas y el resto no metálicas. Sin embargo, en estas categorías no se incluye las concesiones de óxido de hierro, porque paradójicamente el gobierno no las considera actividades mineras.
“Con la instauración de proyectos mineros las personas se expones a ser desalojadas de sus comunidades, no habrá agua o la misma será contaminada con minerales, implicando serios problemas ambientales y de salud, señaló Betty Vásquez.
“Rechazamos los proyectos hidroeléctricos y mineros porque expresan corrupción del Gobierno central y gobiernos municipales, al poner en manos de Compañías nacionales y extranjeras la venta de nuestros bienes naturales, la soberanía de nuestro territorio y el destrozo del presente y el futuro de nuestras comunidades”, concluyó Vásquez.
Carlos H. Reyes | Fotos: Giorgio Trucchi
Con Carlos H. Reyes
“Para botar la dictadura debemos unirnos”
Este 27 de enero, a un año de la
toma de posesión de un presidente y un gobierno que son el resultado de
un colosal fraude electoral, concluyó la semana de protestas promovidas
por la Convergencia contra el Continuismo (CCC) y la Acción Ciudadana
contra la Dictadura, que culminó con movilizaciones a nivel nacional del
partido Libertad y Refundación (Libre).
Carlos H. Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, analizó para La Rel los alcances de esta semana de lucha.
“Ha sido una semana de plantones y movilizaciones con el propósito de denunciar la dictadura que se ha instalado en nuestro país. Se trata de una dictadura especial, porque además de ser oligárquica, tener el respaldo de los militares y del imperio gringo, hunde sus raíces en el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad”, dijo.
“Nuestra lucha es contra esta dictadura, para sacar a Juan Orlando Hernández del puesto que está usurpando, por la liberación de todos los presos políticos, de la captura y castigo de los autores de los crímenes post-electorales y para que se garantice la libertad de expresión”.
-¿Qué tipo de actividades se han realizado?
-Realizamos varios plantones, entre otros, frente a Radio Globo, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. También presentamos un escrito ante el Ministerio Público, con el propósito de que se investigue la relación de Juan Orlando Hernández con su hermano Tony Hernández, quien fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, visitamos a la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y realizamos un plantón frente a la embajada de Estados Unidos.
–Estados Unidos es el primer y más importante aliado de este régimen. Le ha dado su apoyo a pesar del descarado fraude electoral.
Rechazamos el injerencismo del gobierno estadounidense y de su embajada en Honduras, así como condenamos el hecho de que hayan sido ellos lo que decidieran quién iba a ser el presidente de nuestra nación.
Hemos visitado a la señora encargada de negocios de la embajada y, entre otras cosas, le hemos dicho claramente que lo que está pasando en Honduras es responsabilidad del gobierno estadounidense por haber reconocido a un gobierno ilegal e ilegítimo.
-Sacar a una dictadura nunca es tarea fácil. ¿Qué falta para alcanzar el objetivo?
-Las dictaduras no se caen solas, hay que botarlas. Es una tarea difícil y nunca lo vamos a lograr si no nos unimos todos. No podemos seguir con esta fractura de lo social con lo político.
La Convergencia contra el Continuismo y la Acción Ciudadana contra la Dictadura buscan la unidad y debemos seguir trabajando con otros espacios sociales y políticos para fortalecernos.
Agradecemos infinitamente a la Rel-UITA por estar siempre acompañándonos en esta lucha.
“Ha sido una semana de plantones y movilizaciones con el propósito de denunciar la dictadura que se ha instalado en nuestro país. Se trata de una dictadura especial, porque además de ser oligárquica, tener el respaldo de los militares y del imperio gringo, hunde sus raíces en el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad”, dijo.
“Nuestra lucha es contra esta dictadura, para sacar a Juan Orlando Hernández del puesto que está usurpando, por la liberación de todos los presos políticos, de la captura y castigo de los autores de los crímenes post-electorales y para que se garantice la libertad de expresión”.
-¿Qué tipo de actividades se han realizado?
-Realizamos varios plantones, entre otros, frente a Radio Globo, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. También presentamos un escrito ante el Ministerio Público, con el propósito de que se investigue la relación de Juan Orlando Hernández con su hermano Tony Hernández, quien fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, visitamos a la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y realizamos un plantón frente a la embajada de Estados Unidos.
Washington, el principal aliado de la dictadura
-¿Por qué la decisión de manifestarse frente a la embajada estadounidense?–Estados Unidos es el primer y más importante aliado de este régimen. Le ha dado su apoyo a pesar del descarado fraude electoral.
Rechazamos el injerencismo del gobierno estadounidense y de su embajada en Honduras, así como condenamos el hecho de que hayan sido ellos lo que decidieran quién iba a ser el presidente de nuestra nación.
Hemos visitado a la señora encargada de negocios de la embajada y, entre otras cosas, le hemos dicho claramente que lo que está pasando en Honduras es responsabilidad del gobierno estadounidense por haber reconocido a un gobierno ilegal e ilegítimo.
-Sacar a una dictadura nunca es tarea fácil. ¿Qué falta para alcanzar el objetivo?
-Las dictaduras no se caen solas, hay que botarlas. Es una tarea difícil y nunca lo vamos a lograr si no nos unimos todos. No podemos seguir con esta fractura de lo social con lo político.
La Convergencia contra el Continuismo y la Acción Ciudadana contra la Dictadura buscan la unidad y debemos seguir trabajando con otros espacios sociales y políticos para fortalecernos.
Agradecemos infinitamente a la Rel-UITA por estar siempre acompañándonos en esta lucha.
En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi
COMUNICADO DELEGACIÓN VASCA: MISION DE OBSERVACIÓN A LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
La Delegación, liderada por la Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha contado con la participación de representantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco (Ana Oregi, Presidenta de la Comisión; Iñigo Iturrate, PNV; Oihana Etxebarrieta, EH Bildu; Eukene Arana, Elkarrekin Podemos; Rafaela Romero, PSE; Carmelo Barrio, PP; y Eduardo Mancisidor, Letrado), de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Noemí de la Fuente y Maite Garmendia), y las organizaciones de derechos humanos, Mundubat (Eneko Gerrikabeitia, Presidente) y CEAR-Euskadi (Patricia Bárcena, Directora; y Leire Lasa, Coordinadora del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos).
Durante su estancia en el país se ha desarrollado una agenda de reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales, entre ellas: el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), al que pertenece la defensora acogida en 2018 en el Programa Vasco de Protección, La Vía Campesina (LVC) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); además, se ha compartido con comunidades campesinas indígenas lencas en el Departamento de La Paz y visitado la comunidad campesina Nuevo Amanecer. También se han mantenido espacios de encuentro con organizaciones feministas defensoras de los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, de defensa de la libertad de expresión e información y con organizaciones internacionales de cooperación, así como con la familia de Berta Cáceres.
Asimismo, se ha conversado con instituciones hondureñas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, así como con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y con la Embajada de España.
Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación:
MANIFIESTA:
PRIMERO: Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, desalojos forzados, criminalización, judicialización, estigmatización y la situación de desplazamiento forzado, consecuencia de estas violencias que padecen las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las defensoras de la tierra y el territorio, de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres, y de la diversidad funcional. Y expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con su defensa pacífica de los derechos humanos.
SEGUNDO: Ante este contexto, es también preocupante el alto grado de impunidad frente a estas violencias, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes; y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas LGTBI y de las mujeres. En este sentido, instamos al Ministerio Público, órgano competente para iniciar las investigaciones, a que potencie dicha labor.
Así mismo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales pueden ser un paso fundamental para su protección y reconocimiento.
TERCERO: Destacamos los avances observados en materia de Derechos Humanos, tales como el desarrollo de nuevas metodologías y protocolos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos de Honduras (SIMOREH), y esperamos su consolidación.
CUARTO: Instamos a las instituciones hondureñas a continuar desarrollando mecanismos de protección y acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las comunidades y colectivos que trabajan en defensa de la vida y de los derechos humanos, así como a reforzar la articulación interinstitucional y el apoyo político y presupuestario para el desarrollo de su labor.
QUINTO: Agradecemos la acogida recibida por parte de las organizaciones, movimientos sociales, instituciones públicas hondureñas y organismos internacionales. Y nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y a velar para que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a los compromisos asumidos por la Delegación, entre los que se encuentra el seguimiento a la situación del COFADEH y el apoyo en la búsqueda de justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
En Tegucigalpa, a 1 de febrero de 2019
Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos
