sábado, 9 de febrero de 2019

HONDURAS: Radio Progreso: Oposición sigue demandando salida inmediata de Juan Orlando Hernández // Régimen de JOH, entre las notas más altas de corrupción mundial: 29/100 // La corrupción, una constante en Honduras, llega ahora al envilecimiento político // Deuda de Honduras superó los 15 mil millones de dólares en 2018 // DÍAS CONTADOS, JOH YA NO SE FÍA DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS // “Tony” empezó a “cantar” y no perdonó a su primo ex alcalde de Gracias ¿perdonará a su hermano JOH? // Jefa DLCN (Dirección de Lucha contra el Narcotráfico) Honduras resultó ser hermana de extraditable y prima de JOH // Ex Comisionado Policía: “Me separaron por descubrir laboratorio de hermano de JOH” // Copinh ahora va tras la captura de los autores intelectuales de asesinato de Berta Cáceres Flores (vídeo) // Radio Progreso: Con reformas electorales políticos se reparten instituciones del Estado


Radio Progreso

Oposición sigue demandando salida inmediata de Juan Orlando Hernández

En el marco del primer año del gobierno ilegal, instalado a partir del fraude electoral de 2017, la Acción Ciudadana Contra la Dictadura sigue demandando la salida inmediata de Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo.
Las acciones de demandan se han desarrollado en las principales ciudades del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En ese sentido y ante las acusaciones en la Corte de Nueva York, por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, la Acción Ciudadana Contra la Dictadura solicitó al Ministerio Público una investigación criminal para el mandatario nacionalista.
“Todo relacionado con la actividad  de Tony Hernández y con  declaraciones de oficiales de policía y militar, donde hablan de un helicóptero que detuvieron que era propiedad de Tony Hernández, y el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en el departamento de Lempira”, explica el abogado Melvin López Herrera, abogado e integrante de Acción Ciudadana Contra la Dictadura.
Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras e integrante de Acción Ciudadana, señala que la Fiscalía debe tomar en cuenta que Juan Orlando Hernández presidía el Consejo Nacional de Defensa, cuando su hermano Tony Hernández realizó las actividades del narcotráfico que le imputa la justicia estadounidense.
Por su parte, el ex candidato presidencial, Salvador Nasralla, considera que las acciones ante el Ministerio Público sólo están evidenciando ante la comunidad internacional quien es Juan Orlando Hernández, puesto que el ente investigativo está controlado por él.
“El Ministerio público no actúa porque es manejado por Juan Orlando Hernández, que es el jefe de la pandilla que maneja el narcotráfico en Honduras”, manifestó Nasralla.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares, Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) e integrante de la Acción Ciudadana Contra la dictadura, comenta que la solicitud de investigación a Juan Orlando Hernández deja un mensaje de esfuerzos colectivos en nombre del país.
“Vamos a seguir sin tener temor y sin pensar que las esfuerzas del Estado de Honduras, los policías y los militares y los que infiltran hagan uso y abuso con nosotras”, dijo Oliva.
Rasel Tomé, ex diputado del Congreso Nacional y militante del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), opina que el camino legal para seguir demandando la salida de Juan Orlando Hernández es la unidad de la oposición.
“Yo llamo a sectores sociales, campesinos, mujeres, jóvenes y los pueblos originarios a entender este mensaje de unidad, si seguimos fragmentados continuará usufructuando el poder, continuará afectando a una sociedad, llevando al pueblo a violencia y miseria”, reiteró Tomé.
La Acción Ciudadana Contra la Dictadura plantea que, luego de la salida de Juan Orlando Hernández, se conforme e instale un gobierno de transición multipartidario que implemente un plan de retorno al orden constitucional y la reactivación económica para impulsar el desarrollo.

Régimen de JOH, entre las notas más altas de corrupción mundial: 29/100


La corrupción es marca país de Honduras, cualidad que queda firme cuando se analiza el último informe de Transparencia Internacional, que, según el representante de ese organismo en el país, Carlos Hernández, refleja que en el último año no hubo ningún paso opuesto a la corrupción en Honduras.
Reporte de Transparencia Internacional (TI) revela el impacto negativo de la corrupción en la crisis política y social de Honduras.
De 2017 a 2018, Honduras, subió dos escalones en el ranking, de 135 a 132; aunque mantiene la puntuación de 29.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Los grandes problemas de corrupción en Honduras son evidencia de las fallas en nuestra democracia. Hasta que no fortalezcamos nuestras instituciones y combatamos la impunidad, la corrupción seguirá”, expresó al respecto Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de Transparencia Internacional Honduras. 
Transparencia Internacional (TI), presentó este martes los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, el cual revela el continuo fracaso de muchos países para el control de la corrupción, lo que contribuye a la crisis democrática alrededor del mundo. 
Hernández dijo que el IPC 2018, percibe a Honduras como un país con altos niveles de corrupción, en el último año no hubo ninguna variación, lo que considera una situación lamentable y un desafío enorme, ahí se refleja la imposición de la reelección, por eso afirma, “debemos provocar cambios para que tengamos instituciones confiables y transparentes”.
En el último informe de Transparencia, se hace un vinculo entre corrupción y democracia, entre más débil es la participación de la sociedad en la decisiones nacionales, mayor es la corrupción, casualmente es lo que pasa en Honduras, por eso, dijo Hernández, “pedimos que no tengamos miedo a las reformas electorales, ni a las demás reformas que necesita el país”.
El análisis de TI, se basa en 13 encuestas y evaluaciones de expertos para medir la corrupción del sector público en 180 países y territorios, otorgando a cada uno una puntuación de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).
Los resultados de 2018 muestran que en más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación por debajo de los 50 puntos, con un promedio de 43.
"Nuestra investigación establece un vínculo claro entre tener una democracia saludable y combatir con éxito la corrupción en el sector público", dijo Delia Ferreira Rubio, presidenta de la organización de sociedad civil líder en la lucha contra la corrupción.
Y añadió que "la corrupción es mucho más probable que florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los políticos antidemocráticos y populistas pueden usarla en su beneficio".
TI, apunta además que desde 2012, solo 20 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, incluyendo Argentina y Costa de Marfil, y 16 han disminuido considerablemente, entre ellos Australia, Chile y Malta. 
El IPC 2018 está encabezado por Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 puntos en las posiciones uno y dos del ranking respectivamente; mientras en el otro extremo se ubican Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 10, 13 y 13 puntos (180, 178 y 178).
En América, Canadá se posiciona como el más transparente con 81 puntos (9 en ranking), seguido de Estados Unidos con 71 (22) y Uruguay con 70 (23), mientras entre los más corruptos de la región destacan Venezuela con 18 puntos (168), Haití con 20 (161) y Nicaragua con 25 (152).
En Centroamérica, Costa Rica figura como el más transparente con 56 puntos (48), seguido de Panamá con 37 (93) y El Salvador con 35 (105). En la cuarta posición del istmo se ubica Honduras con 29 puntos (132), solo por encima de Guatemala con 27 (144) y Nicaragua con 25 (152).

La corrupción, una constante en Honduras, llega ahora al envilecimiento político

El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández (archivo)
© REUTERS / Jorge Cabrera
00:52 19.12.2017(actualizada a las 01:00 19.12.2017) SPUTNIK NEWS
MONTEVIDEO (Sputnik) — La corrupción siempre estuvo presente en Honduras, pero en el último Gobierno de Juan Orlando Hernández la impunidad llegó a niveles exagerados, dijo a Sputnik la integrante del Comité Directivo del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Centroamérica, Leticia Salomón.
"La corrupción en nuestro país siempre estuvo ahí, en una dimensión manejable, pero en los últimos años, justo en los años que Hernández dirigió el Poder Legislativo (2010-2014) y el Ejecutivo (2014-2018) la corrupción y la impunidad asociada han adquirido niveles sobredimensionados llegando a un envilecimiento político y social generalizado", dijo Salomón.
Esta situación ha movilizado a la ciudadanía, como lo demuestra la manifestación realizada el pasado viernes, comentó Salomón, socióloga e investigadora del Centro de Documentación de Honduras.
El 17 de diciembre, tras tres semanas de un polémico escrutinio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras dio la victoria al actual presidente Hernández, con el 42,95% de los votos frente al 41,24% del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. "El TSE y Hernández tomaron una decisión desesperada el domingo 17 de diciembre, apresurándose a dar a conocer oficialmente los resultados que le daban el respectivo triunfo", comentó Salomón.
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Para la investigadora, esto no fue "casual ni fortuito", dado que “intuían o conocían de primera mano que la OEA no reconocería los resultados del TSE y se preocuparon por el viaje del candidato de la Alianza de Oposición a Washington a reunirse con la OEA, el Departamento de Estado y otras organizaciones, y temieron que les obligaran a revertir los resultados o a repetir las elecciones”.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA (Organización de los Estados Americanos) sostuvo el domingo en un segundo informe preliminar que el proceso estuvo plagado de irregularidades y recomendó celebrar nuevas elecciones. "El único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos", dijo la OEA en un comunicado de prensa.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió este lunes con Nasralla para presentarle las conclusiones del informe preliminar de la MOE, recibir sus denuncias y ratificar “la necesidad de un llamado a nuevas elecciones, al diálogo, la reconciliación y a la no violencia”, según dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.
Protestas
Desde el 26 de noviembre, día de las elecciones, el ambiente político y social "está en crispación creciente, volviendo confusas y complejas las perspectivas inmediatas y mediatas", dijo la experta.
El hecho de que se haya declarado triunfador Hernández hace que se vea afectada la “gobernabilidad del país y se impone un control social muy fuerte, afectando la situación de los derechos humanos, de por sí muy precaria, utilizando para ello a los militares, la policía militar y la policía nacional, todos ellos al servicio del presidente”. "Hoy solo queda esperar; la gente está en las calles protestando por la declaratoria del Tribunal y por la coordinación de la Alianza, dispuesta a presionar para obligar al presidente Hernández a aceptar la repetición de las elecciones, intuyendo de antemano que esa será una decisión difícil de obtener", opinó la directiva de CLACSO.
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La Alianza de Oposición de Honduras convocó para este lunes una nueva manifestación en apoyo de Nasralla.
"La gente está en las calles y los militares también: nada bueno puede salir de esta combinación peligrosa, mucho más cuando se ha evidenciado el fraude", advirtió la experta.
Crisis institucional
Las sospechas de fraude desataron una ola de protestas en las que al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas, según denuncia Amnistía Internacional.
Salomón sostiene que en los comicios existieron diversas irregularidades, comenzando por "la ilegalidad de la reelección de Hernández (2014-2018), quien manipuló a las instituciones para violar una prohibición constitucional al respecto". Por otro lado, se encontró "manipulación partidaria del TSE, con tradición de arreglos internos para resolver los resultados electorales a su manera, y evidencia concreta de fabricación de un fraude electoral improvisado para arrebatarle el triunfo al candidato de la Alianza Opositora, principal adversario de Hernández", dijo la socióloga hondureña.
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Salomón considera que uno de los problemas más graves de Honduras es la debilidad de sus instituciones y esto se expresa en la "manipulación político-partidaria de las mismas, vía incondicionalidad a los líderes de sus partidos o vía corrupción que asegura la incondicionalidad a quien paga".
Honduras es uno de los países más pobres de América Central y ha estado sumido en la violencia desde el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009), ahora aliado de Nasralla en la Alianza de Oposición. Desde el golpe de Estado a Zelaya comenzó un descreimiento progresivo en las instituciones, lo cual “complementa la indefensión de la ciudadanía frente a las mismas”, dijo.
"Estoy segura de que hubo fraude electoral, por dos razones: porque siempre lo han hecho y porque un Tribunal controlado por el presidente de la República no iba a permitir que ganara el candidato de la Alianza Opositora", concluyó la investigadora.
El 26 de noviembre más de seis millones de hondureños fueron convocados a votar para elegir al presidente, a tres vicepresidentes, 128 diputados y suplentes, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.

Deuda de Honduras superó los 15 mil millones de dólares en 2018

Honduras ha llegado a la frontera de endeudamiento tolerable para el sostenimiento de las finanzas del país, correspondiente al 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa. – El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), desmiente en sus informes que no es cierto que el endeudamiento de Honduras es de 11 mil millones de dólares como lo asegura el gobierno nacionalista de Juan Hernández, sino que subió a 15 mil millones de dólares (más de 366 mil millones de lempiras). 
Los informes del Banco Central señalan que, al tercer trimestre de 2018, la deuda pública de la Administración Central ascendía a 11 mil millones de dólares, (unos 269 mil millones de lempiras). 
La deuda externa rondaba para este tiempo siete mil millones de dólares, el 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras los compromisos internos llegaban a 4 mil 200 millones de dólares, cerca del 18 por ciento de todos los bienes y servicios producidos en el país.
En el año 2017, el presupuesto aprobado para cumplir con el servicio de deuda pública fue de 28 mil 600 millones de lempiras; en 2018, ascendió a 33 mil 800 millones; y, en 2019, la asignación prevista alcanza los 40 mil millones.    
El año recién pasado, las autoridades gubernamentales dijeron que la mayoría de deuda se contrajo para temas de infraestructura productiva, escolar y hospitalaria, y sostuvieron que era de 11 mil millones de dólares. 
Entre 2014 y el tercer trimestre de 2018, la deuda externa pasó de 5,400 a 6,700 millones de dólares, mientras que la interna se trasladó de 3 mil 100 a 4 mil 200 millones de dólares.

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Con base en un trabajo de investigación elaborado con los mismos datos oficiales, el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), establece que no es cierto que el endeudamiento de Honduras es de 11,000 millones de dólares, sino que sube a 15,000 millones de dólares.
El Fosdeh calcula que el servicio de la deuda previsto para el presente año, no será 40 mil millones de lempiras como dicen los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, sino que superará un poco más arriba de los 45 mil millones de lempiras.

Salario mínimo aprobado hoy en Honduras está descontextualizado del costo de vida

Tegucigalpa.-Un salario mínimo descontextualizado del costo de vida fue pactado este martes en Honduras para los próximos dos años, entre el gobierno, empresa privada y la representación del sector obrero.
El acuerdo firmado entre las partes, establece un aumento del salario mínimo para 2019 y 2020, que va de 4.77 al 7 %, según la cantidad de empleados del centro de trabajo. El promedio del aumento es de 532,53 lempiras ($ 21.00) de aumento en relación a 2018, resultando un salario mínimo promedio de 9.443,24 lempiras ($ 385.28) en 2019.
Organismos defensores de los consumidores y especialistas en cálculos económicos y financieros, sostienen que la canasta básica completa en Honduras está valorada en más de 12 mil lempiras ($ 489.60) lo que supera el salario mínimo.
En honduras más del 65 % de la población vive en condiciones de pobreza y más del 43 % de éstos en pobreza extrema. En estos hogares el ingreso es inferior al salario mínimo.
Honduras
De acuerdo a los cálculos del Fosdeh, el costo de la canasta básica en Honduras anda en casi 13.000 lempiras.

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Un informe del Banco Mundial (BM) revelado en julio de 2018 estableció que los costos de la canasta básica habrían aumentado más de 5 mil lempiras a los ya 8,326 lempiras que costaba anteriormente, ubicando a Honduras entre los países con la canasta básica más cara del mundo.
El Colegio de Economistas de Honduras (CEH) calculó en aquel entonces que el costo sobrepasaba los 13 mil lempiras mensuales (unos 540 dólares).
SALARIO MÍNIMO
El acuerdo sobre el aumento al salario mínimo establece que para el presente año las empresas que tengan de uno a 10 empleados deberán otorgar un incremento salarial del 4.77 por ciento; las empresas que tengan de 11 a 50 trabajadores, deberán establecer un aumento del 4.77 por ciento.
Entre tanto las empresas con 51 a 150 empleados deberán aprobar un aumento salarial del 6.40 por ciento y las empresas con más de 151 trabajadores el incremento salarial deberá ser del siete por ciento.
Incrementos para 2020
Para el 2020 el alza salarial en las empresas que tengan de uno a 10 empleados será del cinco por ciento; de 11 a 50 empleados, el aumento será del cinco por ciento; de 51 a 150 trabajadores, el aumento deberá ser de 6.75 por ciento y donde haya arriba de 151 empleados, el aumento será del siete por ciento.
El documento, que plasma el acuerdo del salario mínimo, fue firmado por el jefe del gobierno, Juan Hernández; el secretario de Trabajo, Carlos Madero; el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sikaffy, y el representante del sector obrero, Mario Sales.


DÍAS CONTADOS, JOH YA NO SE FÍA DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

En las últimas horas ha trascendido que Coalianza estaría llegando a sus últimos días, luego de la fuerte presión de la Sociedad Civil que ha cuestionado la deuda que deja el Corredor Turístico, aun sin terminar, más la insistencia del COHEP en tener otra institución más beligerante, y la constante presión popular antiprivatización.
Además, de boca del titular de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, se ha descubierto el total abandono de la Secretaría de Finanzas y de Casa Presidencial, comandada por Juan Hernández, no han enviado más proyectos a la institución y apenas emiten fondos para el pago de planillas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza), tendría los días contados, según el titular de esa institución, Miguel Ángel Gámez.

Todo parece indicar que las fuertes críticas de los sectores donde están representados los “poderosos” de Honduras, han llevado al gobernante Juan Hernández a plantear la liquidación de esta comisión.

Cerrando 2018, Coalianza había pedido unos 40 millones de lempiras a la Secretaría de Finanzas, para pagar los salarios de los 62 empleados de la institución, además, trascendió que la sede de San Pedro Sula, cerró porque no podían pagar alquiler y en Tegucigalpa, no se paga desde septiembre.

Finanzas, solo otorgó 14 millones, llevando a sus directivos a rogar para poder pagar las prestaciones de sus empleados. A esto se suma que hoy, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se apersonó a sus oficinas para secuestrar documentos.

Según Gámez, esto responde a “intereses” de grupos que no quieren ver que Coalianza siga funcionando. En ese contexto, hay tres sectores que han manifestado su descontento con la institución.

El primero, ha sido el pueblo, quien se ha indignado porque en las carreteras más importantes del país, construidas con fondos del Presupuesto General de la República, y de la última vez que Honduras accedió a la cuenta del Milenio.

A estos se ha sumado la Sociedad Civil, más precisamente la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuyos representantes trabajan en pro de la transparencia y han cuestionado que los hondureños deberán pagar más de tres mil millones de lempiras por el fracaso del Corredor Turístico.

Proyecto que según Gámez, no fracasó, sino que “simple y sencillamente por la estructuración fracasó porque no hay fuente de repago”, contradiciéndose. Además, culpó a la población que hizo valer su derecho constitucional a la libre locomoción, llamándoles de forma despectiva “ñangaras”.

“Los revoltosos, estos ñangaras, quemaron las casetas de peaje y al quemarlas y no haber fuentes de repago, ningún contratista le va a hacer de regalo una obra”, dijo Gámez, quien omitió mencionar que en 2017, la Concesionaria Vial (Covi), que administra las casetas de peaje, se embolsó 600 millones de lempiras.

Cerrando 2018, el Gobierno precisó que se haría cargo de terminar el Corredor Turístico, carretera que cruza por Tela, La Ceiba y Trujillo entre los departamentos de Atlántida y Colón, zona norte de Honduras. Para luego, concesionarla e instalar más peajes.

El otro sector que pide el cierre de Coalianza, es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que puntualmente pide crear otra institución con mayor beligerancia, porque la institución tiene muchas irregularidades, además de “tratos especiales” y al final repercute en la producción nacional.  
 

Libertad Digital

“Tony” empezó a “cantar” y no perdonó a su primo ex alcalde de Gracias ¿perdonará a su hermano JOH?

Mario José Cálix Hernández es acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.
El Departamento de Justicia mediante la Oficina Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York acusó este día al ex alcalde de Gracias, Lempira por el Partido Nacional, Mario José Cálix Hernández por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Este individuo también es primo del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado pertenecientes al mismo instituto político en su natal Gracias Lempiras.
El comunicado de prensa dice lo siguiente: 
Mario Hernández es el segundo ex alcalde hondureño acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Christopher Tersigni, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy que se han presentado cargos en el tribunal federal de Manhattan contra el ex alcalde hondureño Amilcar Alexander Ardon Soriano y, en una acusación adicional, Mario José Calix Hernández. Los cargos en cada acusación incluyen conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos está buscando las extradiciones de los acusados de Honduras y Guatemala.
El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como alegaron, Amilcar Alexander Ardon Soriano y Mario José Calix Hernández conspiraron para importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos y usaron armas pesadas para proteger los envíos de drogas. Ardon Soriano supuestamente usó su posición como alcalde hondureño para facilitar su propio tráfico de drogas y para imponer un ‘impuesto’ a otros traficantes, ganando millones de dólares en el proceso. Gracias a la DEA, ambos hombres ahora enfrentan cargos criminales en los Estados Unidos “.
Como se alega en las acusaciones presentadas en un tribunal federal: 
Desde al menos en o alrededor de 2004, hasta e inclusive en o alrededor de 2016, varias organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cientos de cientos de kilogramos de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos algunos alcaldes y miembros del Congreso Nacional de Honduras.
Ardon Soriano fue previamente alcalde de El Paraíso, Copán, en Honduras. Entre aproximadamente 2000 y aproximadamente 2015, incluso en momentos en que actuaba como alcalde de El Paraíso, ARDON SORIANO realizó actividades de tráfico de drogas a gran escala con traficantes ubicados en, entre otros lugares, Colombia, Honduras, Guatemala y México. Ardon Soriano es el segundo ex alcalde de Honduras acusado en el Distrito Sur de Nueva York de delitos relacionados con el narcotráfico. En julio de 2018, Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde de Yoro, Honduras, fue acusado en una acusación por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.  Ver Estados Unidos v. Urbina Soto, et al. , 18 cr. 497 (DLC).
Como se alega en la Acusación, ARDON SORIANO participó en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de grandes cargas de cocaína que llegaron a Honduras a través de aviones y buques rápidos. En Honduras, ARDON SORIANO tuvo acceso a al menos un laboratorio de cocaína, así como una pista de aterrizaje clandestina que se utilizó para recibir aviones cargados de cocaína enviados desde Sudamérica. ARDON SORIANO y otros participaron en la provisión de seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con, entre otras armas, ametralladoras. ARDON SORIANO también aprovechó su poder en El Paraíso mediante el cobro de un impuesto por kilogramo a la cocaína transportada por otros traficantes a través del área que él controlaba. Como resultado de estas actividades ilegales, ARDON SORIANO ganó millones de dólares por la distribución y venta de la cocaína que él trabajó con otros para importar a los Estados Unidos. ARDON SORIANO utilizó parte de los beneficios de la droga para financiar campañas políticas en Honduras para él y para uno o más de sus asociados.
Como se alega en una acusación adicional anexa, entre aproximadamente 2005 y aproximadamente 2016, CALIX HERNANDEZ participó en el tráfico de drogas a gran escala con traficantes ubicados en, entre otros lugares, Colombia, Honduras, Guatemala y México. Al igual que ARDON SORIANO, CALIX HERNÁNDEZ y otros participaron en la provisión de seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluidos miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados, entre otras armas, con ametralladoras. El coacusado y presunto cómplice de CALIX HERNANDEZ es Juan Antonio Hernández Alvarado, a / k / a “Tony Hernández”, ex miembro del Congreso Nacional de Honduras y hermano del actual presidente de Honduras. El 23 de noviembre de 2018, Hernández Alvarado fue arrestado en Miami.  
ARDON SORIANO, de 43 años, ciudadano de Honduras, está acusado de tres cargos: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración para la importación de cocaína, y (3) conspiración para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 
CALIX HERNÁNDEZ, de 36 años, ciudadano de Honduras, está acusado de tres cargos en una acusación adicional sustitutiva: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y destructivos dispositivos para promover la conspiración para la importación de cocaína, y (3) conspiración para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 
Si son declarados culpables, ARDON SORIANO y CALIX HERNANDEZ enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una vida cadena perpetua en el Conde Uno, una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una vida máxima en prisión en la cuenta Dos, y un plazo máximo de vida en el Conde Tres.
Las sentencias máximas posibles en estos casos las prescribe el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por un juez.
El Sr. Berman elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Huelga de Nueva York y la Oficina de País de Tegucigalpa. El Sr. Berman también agradeció a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. Y las Oficinas del Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia y el Distrito Sur de Florida.
Estos casos están siendo manejados por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III y Mathew J. Laroche están a cargo de los procesos judiciales.
Los cargos contenidos en las Acusaciones son meramente alegatos, y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. 

Libertad Digital

Jefa DLCN (Dirección de Lucha contra el Narcotráfico) Honduras resultó ser hermana de extraditable y prima de JOH

Las casualidades de la vida.
Tony Hernández, ex diputado y hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de facto de Honduras, es uno de los grandes capos de la región, según la DEA.
Mario José Cálix Hernández, ex alcalde de Gracias y primo de Tony y Juan Orlando Hernández, es pedido en extradición por Estados Unidos por conspirar para importar cantidades masivas de cocaína a ese país.
Tony Hernández y Juan Orlando Hernández son primos de Soraya Cálix, titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, quien a su vez es hermana de Mario José Cálix Hernández.
Juan Orlando Hernández preside el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que aglutina a todas las agencias de inteligencia e investigación del Estado.
Soraya Cálix está al frente del organismo del Ministerio Público que lucha contra el tráfico de drogas.
Estando al frente de tan poderosas instituciones, ¿no sabían nada sobre las actividades de sus familiares?
Indudablemente, si sabían son cómplices y si no sabían son incompetentes.
Abr. Joaquín Mejía

Libertad Digital

Ex Comisionado Policía: “Me separaron por descubrir laboratorio de hermano de JOH”

El comisionado de policía en condición de retiro, Leandro Osorio, señaló que fue separado de la policía nacional por descubrir el laboratorio de procesamiento de dr0gas en el municipio de Iguala, departamento de Lempira.
Recordó que la operación bajo su mando se realizó en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira donde estaba el laboratorio que tenía más de una manzana de terreno y que todo mundo sabe de quién era y los capturados ahí, no estuvieron ni dos semanas presas.
A raíz de ese operativo el mando policial lo comenzó a ver como un estorbo para el trabajo policial y comenzó el hostigamiento y el marginamiento, hasta que lo sacaron de la policía.
Osorio quien llegó “como un ciudadano más” a manifestarse señaló que el robo de las elecciones a Salvador Nasrralla debe motivar a todos los hondureños, sin distingo de colores políticos, para manifestarse y protestar contra un gobierno ilegal como el de Juan Hernández.
“La reelección está prohibida por la Constitución de Honduras por lo tanto la reelección de Juan Hernández es ilegal y por eso ando en las calles para protestar por esa ilegalidad”, dijo Osorio.
Osorio señaló que en el gobierno de Juan Hernández casi todo es incorrecto y señaló que la depuración policial es algo nefasto para el país y eso lo utilizaron para hacerle creer al país que lo que pasaba era producto de la policía.
Aceptó que había corrupción en la institución policial, pero no era más del 10%, pero no la cantidad de personas que ellos depuraron.
Osorio manifestó que la idea que tenían al instalar la depuradora policial era cerrar la policía y crear la policía militar y elevarla a rango constitucional para manejarla a su antojo y colocar su gente.
Fuente: criterio.hn

Copinh ahora va tras la captura de los autores intelectuales de asesinato de Berta Cáceres Flores (vídeo)

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa.- Tras conocer el informe presentado por el Grupo Asesor Independiente de Personas Expertas (GAIPE), sobre el caso del asesinato de Berta Cáceres, su hija Bertha Zúniga Cáceres habló con Criterio.hn y manifestó que el Consejo Coordinador de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras (Copinh), asumirá las acciones jurídicas que se derivan de la información hasta ahora sistematizada, o sea ir tras la captura de los autores intelectuales.
Además señaló que irán por la cancelación total del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque es un proyecto violador de los derechos de las comunidades indígenas de la zona.
Zuniga agregó que seguirán organizando el Copinh en las comunidades indígenas lencas, fortaleciendo las estructuras de base porque no solo se están enfrentando a ese proyecto sino que hay muchos otras empresas que tienen el mismo patrón de instalación, criminalización y persecución contra los pueblos.

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Sobre la campaña de desprestigio contra ellas como familia y contra los defensores de derechos humanos que apoyan su lucha, “son una expresión de miedo de estas estructuras criminales que temen por los pasos efectivos y exitosos que vamos dando en la búsqueda de justicia de este hecho criminal que involucra una estructura criminal muy compleja, donde se articulan agentes del Estado y funcionarios públicos”.   
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COPINH mantiene toma en Aduana por rechazo al régimen Hernández


Tegucigalpa.- En el segundo día de acciones contra la dictadura de Juan Orlando Hernández, el Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), mantiene tomado el punto fronterizo de El Florido en el departamento de Copán, entre Honduras y Guatemala.
Esta acción es en el marco de la convocatoria hecha por la Convergencia contra el Continuismo (CCC) y la Acción Ciudadana Contra la Dictadura (ACCD), para exigir la salida de Hernández, reelecto ilegalmente mediante un fraude electoral el 26 de noviembre del 2017 e impuesto en la presidencia el 27 de enero del 2018.
A la manifestación organizada por el COPINH se han unido pobladores vecinos que exigen respeto para los compatriotas que se ven obligado a abandonar la patria en caravanas de migrantes hacia Estado Unidos, las cuales son más visibles desde octubre pasado, y que según los y las desplazadas se van porque en Honduras no hay políticas de Estado que garanticen la vida en lo económico, social y político.
Otro punto en las protestas es exigir la libertad para cinco presos políticos que están en las cárceles de máxima seguridad: La Tolva (Morocelí, El Paraíso); El Pozo (Ilama, Santa Bárbara); y la granja penal de El progreso, Yoro.
Se suma la exigencia de justicia por el asesinato de la lideresa indígena Lenca, Berta Cáceres, el 02 de marzo del 2016, y cuya causa están en diferentes etapas junciales.
Esta es una acción pacífica y la presencia policial no se ha hecho esperar, mientras en Tegucigalpa se realiza un plantón frente al Ministerio Público. (SR)

OEA urge a Congreso de Honduras aprobar voto electrónico y segunda vuelta en tres meses


A través de un comunicado, la OEA, ha dicho que confía en que el proceso de “reformas electorales secundarias”, continúen durante los próximos tres meses, luego de que el pasado jueves, el Congreso Nacional aprobara el primer paquete de reformas, que no eliminan el flagelo del fraude en los comicios.

En ese contexto, el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, dijo ayer ante el pleno que la reelección, la segunda vuelta, el voto electrónico, integración de mesas electrónicas, serán abordados a futuro.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó en un comunicado que confía en que el Congreso Nacional, apruebe en un lapso de tres meses, el paquete de reformas electorales secundarias. El pasado jueves, el Parlamento dio el sí al primer proceso de reformas, que incluyó ciertas observaciones de la Misión Especial que envió la OEA.

Textualmente, el comunicado dice que: “La Secretaría General confía que el proceso de reformas electorales secundarias continúe durante los próximos meses. Para ello, la Secretaría General continuará apoyando con el Grupo de Expertos en las reformas legales y reglamentarias que se emprendan”.


Cabe destacar que, ayer ante el pleno de diputados, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, dijo que como poder del Estado y por deber patriótico, los temas de voto electrónico, segunda vuelta, reelección, integración de mesas electorales, “solo para mencionar algunos”, serán abordados en los próximos meses con “templanza y madurez política”, confirmando que son estas las que OEA pide aprobar urgentemente.

Oliva, mencionó que para mayo próximo, el trabajo del Congreso, con relación a las reformas, se efectuará en pro de crear la ley del Tribunal de Justicia Electoral, y del Consejo Nacional Electoral, éste último, suplantará al cuestionado Tribunal Supremo Electoral.

En el comunicado, la OEA consideró grato que el Congreso tomara en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral desplegada para las elecciones generales de 2017, “y, particularmente, valoramos que propuestas y consideraciones del informe del Grupo de Expertos conformado por la OEA para contribuir con propuestas de reforma electoral se hayan plasmado en la modificación constitucional”.


PARTIDO LIBERAL NO APOYARÁ “REFORMAS COSMÉTICAS” DE MAURICIO OLIVA


Luego de una extensa reunión especial, el Consejo Central del Partido Liberal, decidió que no apoyará la intención del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de realizar reformas electorales que no incluyen puntos clave como la segunda vuelta y la creación de instituciones que garanticen la democracia.  

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En reunión especial, hoy el Partido Liberal, juntó a su Consejo Central Ejecutivo, autoridades de la Asociación de alcaldes y diputados al Congreso Nacional, para definir que no apoyaran el proceso de reformas electorales que en los últimos días ha pujado el presidente de los parlamentarios, Mauricio Oliva, ya que las consideran "reformas cosméticas".

De acuerdo con los liberales, las reformas que se proponen, no son profundas y “no garantizan un sistema electoral confiable”. En ese contexto, este instituto político, cuestiona que “por el contrario es un proceso de reformas cosméticas que mantienen al país sumido en una profunda crisis humanitaria”.  

En un comunicado, el PL informó que solo aceptaran reformas electorales si estas incluyen: la aprobación de una segunda vuelta electoral a nivel presidencial, la celebración de un plebiscito “para que el soberano, único facultado, defina lo relativo a la aprobación o no de la reelección presidencial”.

Asimismo, piden la fundación de un “Consejo Nacional Electoral”, institución que no tendrá intervención de partidos políticos, será autónoma y deberá garantizar el respeto a la voluntad soberana; en otro punto, exigen crear un Tribunal especialísimo “que tenga la atribución exclusiva de impartición de justicia electoral, que no sea parte de la Corte Suprema de Justicia”.

También, solicitan crear un registro civil técnico, que garantice la identificación de todos los ciudadanos; otro punto, reclama un Tribunal Constitucional que vele por el cumplimiento de la Constitución.

Y por último, “Asignar a la Ley Electoral responsabilidades y funciones de responsabilidad electoral a los Tribunales Electores municipales para que puedan resolver reclamos de carácter local en un plazo razonable, no mayor a cinco (5) días”.

El comunicado concluye ratificando que el PL, no va a acompañar al Congreso con las reformas sin ratificaciones constitucionales que no cumplan las aspiraciones de los hondureños.

A continuación el documento de forma íntegra:    



Radio Progreso

Con reformas electorales políticos se reparten instituciones del Estado

El primer paquete de reformas electorales es un hecho. En ese contexto los partidos políticos mayoritarios negociaron un conjunto de reformas específicamente en el Registro Nacional de las Personas (RNP), la creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral.
Con más de 110 votos a favor, 17 en contra y una abstención, el pleno cerró la primera legislatura aprobando este paquete de reformas que obliga a los legislativos a iniciar una discusión a la mayor brevedad para crear los reglamentos del nuevo Consejo Nacional Electoral.
Las reformas se centraron en estos aspectos, el primero relacionado al RNP, el que consistió en oficializar el nombramiento de tres comisionados titulares y dos suplentes, los que ostentarán el cargo por cinco años, además la presidencia de esta entidad será rotatoria entre los comisionados titulares. Los actuales interventores serán ratificados en el cargo de comisionados en las primeras sesiones de Congreso correspondiente a la segunda legislatura que se instaló este viernes 25 de enero.
Además, el paquete aprobado incluye la transición del Tribunal Supremo Electoral que ahora se convertirá en un Consejo Nacional Electoral con dos funciones: la primera en el área de aplicación y administración electoral, que tendrá a tres magistrados titulares y dos suplentes, y la segunda un Tribunal de Justicia Electoral, adscrito al Consejo Nacional Electoral, el mismo contará con tres magistrados titulares y dos suplentes.
Tanto el RNP como el Consejo Nacional Electoral estará compuesto por representantes políticos, el nombramiento tendrá la misma lógica que el RNP, en el que el Partido Nacional, Libre y Liberal ocuparán las magistraturas titulares, y las suplencias serán repartidas entre partidos como la Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y Unificación Democrática.
“Creo que es correcto que esta sea la forma de conformar estas instituciones, pero ahora mismo debió quedar claro cómo será la composición a futuro, es decir que deben definir que siempre se debe estructurar de acuerdo a los votos que saque cada partido”, expresó sobre el tema el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar.
Por su parte el vocero de Libre en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, asegura que este es un paso importante para reformar el sistema electoral, aseguró que la creación de este Tribunal y que además en teoría será independiente de la Corte Suprema de Justicia, viene a darle una nueva dinámica electoral al país.
Asimismo, Cálix dijo que a la situación se suma la nueva representación de Libre en estas estructuras, conquista que se ha ganado en las calles e incluso perdiendo por fraude algunos procesos electorales.
Por su parte la diputada del PINU, Doris Gutiérrez, criticó la elección, dijo que es más de lo mismo, que, a pesar de estas reformas, los temas de fondo no se tocaron, entre ellos la segunda vuelta, la despartidización de los entes del Estado, por lo que dijo que el tiempo demostrará que no habrá ningún cambio distinto.
Osman Chávez, diputado del Partido Anticorrupción, votó en contra de las reformas, su argumento es que los partidos políticos se siguen repartiendo las instituciones y no con el fin de rescatarlas sino de mantenerlas en la misma situación que tiene al país en ingobernabilidad.
Chávez lamentó que esto se haya concretado y que sean pocos diputados los que tienen la dignidad para decir no a propuestas de este tipo.

Reelección y segunda vuelta

El jueves 24 de enero fue un día lleno de negociaciones, distractores y polémica, antes de someter el paquete completo de reformas al pleno legislativo, el presidente de la bancada liberal Mario Segura presentó una moción orientada a una consulta popular que deberá resolver el tema de la reelección y segunda vuelta.
“Esto parece que es una estrategia de este sector del liberalismo para evitar desde ya que en el cierre de la primera legislatura se discuta estos temas y se incluyan en las reformas electorales, ahora no sabemos si se le dará larga a la segunda vuelta o no”, interpretó la propuesta el diputado liberal Darío Banegas.
En el paquete de reformas solo se definieron criterios generales sobre la implementación del plebiscito, por ejemplo, que el mismo puede ser convocado por iniciativa ciudadana, por diputados en el Congreso y por el Presidente.
No hubo acuerdos concretos sobre la segunda vuelta y reelección, solo criterios informales de las bancadas partidarias las que coinciden que estos temas deben ser consultados a la población durante este 2019.
“Queremos destacar el nivel de acuerdos y voluntad de las bancadas en el Congreso, este es el primer paso para seguir definiendo reformas y sabemos que en los temas que no haya acuerdo, entonces será el pueblo el que decida mediante una consulta popular”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Por el ambiente que impera en el Congreso, parece que la consulta popular se hará realidad durante este 2019.

Segunda legislatura

Las reformas aprobadas no terminan allí, falta que el pleno ratifique en la segunda legislatura la aprobación de las mismas, y además que ponga en marcha la discusión y creación de los reglamentos del nuevo Consejo Nacional Electoral.
“Estamos obligados a crear dos nuevas normativas, la orientada al Consejo Electoral y la otra del Tribunal Electoral, esto debe ser resultado de un amplio proceso de discusión que cumpla con lo establecido previamente”, dijo el diputado Jorge Cálix.
Augusto Aguilar, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, manifestó sobre este tema que es necesario que se aclaren algunos puntos, y el mejor momento es esta nueva legislatura, pues la composición de estas estructuras, deben estar claras en su interpretación y aplicación.
El presidente del partido Unificación Democrática (UD), Alfonso Díaz Narváez, reaccionó sobre el nuevo Tribunal de Justicia Electoral, él considera que hay tiempo para entrar de lleno en esta legislatura a fortalecer lo que ya se aprobó.
La polémica sobre este Tribunal está vigente, algunos sectores consideran que es inconstitucional porque debe estar adscrita o en el mínimo de los casos dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Narváez es del criterio que este tema dará mucho debate y hay que estar pendiente de la creación de los reglamentos, pues es allí donde se le dará forma a esta nueva plataforma que aplicará la justicia electoral.
El diputado de Libre Yester Muñoz dijo que la creación de un Tribunal independiente es muy importante, porque las decisiones de conflictos electorales actualmente las toma un Tribunal que es dominado por el oficialismo y también por una Corte Suprema dominada por ellos.
Muñoz dice que van a presionar para que este Tribunal sea independiente y allí se pueda resolver cualquier problema que se presente antes, durante y después de los procesos electorales.
La segunda legislatura dará mucho de qué hablar en lo que corresponde a reformas electorales, la expectativa girará sobre estos reglamentos del Consejo Nacional Electoral, la elección de sus seis magistrados titulares y cuatro suplentes y la aprobación de una posible consulta popular que pregunte a la gente sobre la segunda vuelta y reelección presidencial.



Radio Progreso

La oposición pasó de ser una amenaza de desestabilización a un factor importante de estabilización, señala Eugenio Sosa

En el marco del primer año de la instalación de un gobierno cuestionado por la tan señalada reelección presidencial seguida del fraude electoral, los sectores que se dicen llamar oposición pasaron de ser considerados una amenaza para el gobierno a un actor con mucha importancia de estabilización del régimen según señala el sociólogo Eugenio Sosa.
“Pues yo creo que en los últimos meses y un poco atrás, Libre pasó de ser una amenaza de desestabilización a un factor importante de estabilización, esto es crítico, esto molesta. Y los amigos, de los cuales tenemos muchos allí porque de alguna manera sectores populares entraron allí, lo ven como una ingenuidad, pero no, uno lo ve como una realidad.
 Radio Progreso (RP) dialogó con el analista político, sociólogo Eugenio Sosa (ES) sobre el aniversario del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y los escenarios inmediatos.

RP. ¿Cuál es su valoración inicial de la crisis que envuelve a Honduras?
ES. La sociedad hondureña tiene múltiples crisis, pero en términos políticos me parecen que hay tres factores que gravitan en una situación que está allí y que creo son los grandes “fantasmas” políticos que persiguen a Juan Orlando Hernández.
RP. ¿Cuáles serían esos “fantasmas”?
ES. El primero, que venía antes de las elecciones, es haber implantado con todas las tolerancias y aceptaciones la reelección. Esa reelección abrió un problema serio que ni siquiera con la negociación que están haciendo con las reformas políticas logran cerrarla. Y a eso se le puso el fraude, a estas alturas, eso lo coloca en una doble situación de ilegitimidad. Y el tercer elemento político que abona a esta crisis política, a esta situación nefasta para la Democracia, tiene que ver con vínculos totalmente directos, muy evidentes con su círculo más cercano, círculo político, círculos de amigos y familiares, un caso más cercano el de su hermano Antonio Hernández, que es un poder vinculado, contaminado con el crimen organizado y con corrupción.
RP. ¿Cómo han sido estos cinco años de JOH?
ES. Bueno podríamos hablar de esos años, pero podemos hablar de los 10 años del golpe. En realidad el golpe abre una nueva situación que tiene varios elementos pero uno de ellos es que hay una rearticulación de los grupos oligárquicos y de poder. Lo que lo caracteriza, de una manera, es que el gobierno de Lobo y el gobierno de Hernández, dio continuidad de manera radical a todo el tema de política neoliberal y una destrucción de lo social.
RP. ¿Qué le deja esto al pueblo hondureño?
ES. La tragedia para el pueblo hondureño, y la gran complicidad que logran los empresarios, es que los empresarios la han estado pasando bien porque Honduras es una economía que nunca ha sido de crecimiento medio, mucho menos de crecimiento alto, una economía que en sus mejores momentos, en términos promedios, nunca ha pasado del 3%, pero esa economía sigue siendo altamente rentable para generar ricos.
RP. ¿El grito de Fuera JOH es un grito de moda o cúal es el mensaje que se quiere mandar?
ES. Es un mensaje de inconformidad, de malestar, a veces mezclado con varios elementos folclóricos. El gran tema es que el Fuera JOH como consigna, construyó una especie de imaginario, pero lamentablemente han existido enormes dificultades para traducir el Fuera JOH de la consigna a la acción política, y a la acción social para traducirla en terminar con esa ilegitimidad y esa ilegalidad.
RP. ¿Se puede acabar con este gobierno tal como lo pregonan algunos sectores?
ES. En medio de todo lo que he dicho de esa crisis política social, es una crisis generalizada pero que no se traduce en una crisis de ingobernabilidad para poder terminar con un gobierno ilegítimo porque no hay de otra manera. La otra manera es que renuncie, lo que le han dicho algunos, pero alguien que hace un fraude descomunal como el que se hizo no va a renunciar porque un día amaneció pensando diferente y se convirtió en una buena persona para irse del gobierno.
RP. ¿Por qué se quedó JOH en el poder?
ES. Hay factores que le han generado esa posibilidad de quedarse y ser competidor en las elecciones, de hacer el fraude que para mí es un golpe electoral. También esa capacidad de construir desde los espacio de poder le permitió el copar y generar una especie de incapacidad de mínima de autonomía de los demás poderes, todo ese control ha sido un factor importante. Lo otro es que hay toda una matriz económica y empresarial que ante las candidaturas que estaban planteadas en 2017, algunas les simpatizaba, algunas que podría ser opción pero no le miraban posibilidades de ganar, entonces a JOH lo miraban de alguna manera, como alguien que le genera, sobre todo en los temas tributarios y fiscales que es lo único y lo principal que les preocupa a los empresarios, alguno problemas pero que en lo demás les deja hacer negocios totalmente de manera abierta y amplia, y con todas las garantías y las condiciones.
RP. ¿Qué piensa usted del pensamiento generalizado de que sólo USA puede acabar con la crisis?
ES. Yo converso con colegas, le estoy hablando de personas universitarias, de personas que incluso permanecen en los medios, y cuando usted le pregunta la posibilidad de Honduras, de alguna manera y un poco hasta sonrientes, nos dicen aquí hay que esperar a ver qué pasa si finalmente extraditan a Juan Orlando Hernández o si producto de que todo su círculo familiar este tan cercano que le vayan a pedir que se vaya, entonces yo creo que nosotros nunca vamos a poder construir un país diferente mientras sigamos creyendo que estamos en manos de una total externalidad, en este caso de los Estados Unidos, porque eso nos vacía de capacidad interna, de potencia, de rebelión emancipadora, de revolución.
RP. ¿Por qué los militares no actúan?
ES. Porque están cómodos, tienen presupuesto como nunca han tenido y tienen participación en puestos importantes de poder como nunca lo han tenido. Este factor es también una garantía de continuidad de este régimen.
RP. ¿Ha sabido JOH conducir esta crisis política?
ES. Yo creo que tiene mucha ineptitud, yo creo que no es un gran conductor de la crisis. Creo que todos los factores que he mencionado y más otros factores le han hecho esa posibilidad de mantenerse. Lo de la caravana es un reflejo de lo torpe que es este gobierno. Un ejemplo es con la caravana de migrantes, si uno agarra el discurso de relaciones exteriores es algo que trasciende la capacidad de análisis político y terminando dando pena que Honduras tenga ese tipo de funcionarios y funcionarias. La forma burda como atacaron a Bartolo, una persona para un fenómeno tan global, o a la oposición, no hallaban a quien culpar.
RP. ¿Y la oposición?
ES. A todo le llamamos oposición, formalmente son oposiciones, salvo el ex candidato Luís Zelaya y lo que hace él y su discurso, pero si le pongo el Partido Liberal, no sé cómo lo podemos poner oposición con el alineamiento de Elvin Santos y Carlos Flores, con unos alcaldes que no les miro nada, unos 80 alcaldes como mínimo. Usted no ve reclamando descentralización, y no les pido que vayan a las movilizaciones de Libre, estoy hablando como gobiernos locales haciendo planteamientos.
RP. Y Libertad y Refundación, Libre, ¿dónde se quedó?
ES. Yo creo que en los últimos meses y un poco atrás, Libre pasó de ser una amenaza de desestabilización a un factor importante de estabilización, esto es crítico, esto molesta. Y los amigos, de los cuales tenemos muchos allí, porque de alguna manera sectores populares entraron allí, lo ven como una ingenuidad, pero no, uno lo ve como una realidad. Los sectores de oposición pasaron de ser una amenaza de desestabilización a un factor importante de estabilización.