ACCIÓN GLOBAL 02 de Marzo 2019 – JUSTICIA PARA BERTA a 3 años de su siembra.
Frente a las embajadas de Honduras en el mundo:- Haz un altar
- Exige la captura de los autores intelectuales
- Exige la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”
- Tuitea #JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala #3AñosSinJusticia
1, 2 y 3 de marzo el Copinh conmemorará asesinato de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Actividades espirituales, culturales, paneles de reflexión y presentación del libro “Las Revoluciones de Berta”.
Domingo, 3 de marzo: Actividad de calle.
Tegucigalpa.- Con una actividad de tres días, denominada “El Camino de Berta”,
el Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), invita a los hondureños y a los pueblos hermanos a
conmemorar el tercer aniversario de la siembra de Berta Cáceres.
Han
pasado 3 años desde el clamor mundial en exigencia de justicia ante el
vil crimen contra nuestra hermana Berta Cáceres. A 3 años de su siembra
que ha multiplicado la lucha contra el proyecto de saqueo, muerte y
violencia que impone el modelo extractivo articulado al proyecto
represivo impuesto en nuestro país, nos conmemoramos a mantener vivo el
espíritu rebelde de quien llaman su hermana.
En
esta oportunidad dedicarán el encuentro a profundizar en el pensamiento
y lucha de nuestra Coordinadora General, Berta Cáceres, acercarnos a su
esencia. También será un momento para compartir la estrategia de
búsqueda de justicia ante un crimen que sigue impune sin tocar a quiénes
pagaron y planificaron su muerte y traer la luz y la fuerza espiritual
de nuestra hermana.
Invitan a los pueblos del mundo que se han mantenido hermanados en repudiar el crimen y acompañando contundentemente la lucha del pueblo Lenca y del pueblo hondureño a acompañarlos en esta jornada que sin duda será de resistencia ante la impunidad y por la vida digna de los pueblos.
Viernes, 1 de marzo: Llegada. Centro de Encuentros y Amistad “Utopía”. -La Esperanza, Intibucá-
Sábado, 2 de marzo:Actividades espirituales, culturales, paneles de reflexión y presentación del libro “Las Revoluciones de Berta”.
Domingo, 3 de marzo: Actividad de calle.
COPINH prepara tercer aniversario de la siembra de Berta Cáceres (+vídeo)
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
El Consejo Coordinador de Organizaciones indígenas y Populares de
Honduras (COPINH) conmemorará el tercer aniversario de lo que denominan
la siembre de Berta Cáceres y se tratará de reconstruir la memoria, la
lucha y el pensamiento de la lideresa indígena.Bertha Zúniga Cáceres, una de sus tres hijas y coordinadora del Copinh manifestó que muchos y muchas jóvenes conocieron más de Berta después de su asesinato y por esa razón darán a conocer quién es, como pensaba y hacia donde estaba dirigida su lucha en favor de las comunidades originarias.
Se tiene contemplado el lanzamiento del libro “Las Revoluciones de Berta”, donde se sintetizan muchas de las entrevistas realizadas a la protectora de los ríos.
Copinh conmemorará 3er aniversario de siembra de Berta Cáceres
Publicado el 18 feb. 2019
Nota relacionada 1, 2 y 3 de marzo el Copinh conmemorará asesinato de Berta Cáceres
Además, harán una actualización de la búsqueda de justicia ya que, con lo juzgado hasta ahora, quieren cerrar el proceso solo con el castigo a los autores materiales y hace falta el castigo para los autores intelectuales que todavía no caen.Habrá además varias actividades culturales, espirituales y conmemorativas para traer la luz, el pensamiento y la fuerza de Berta Cáceres que es tan necesaria para el pueblo hondureño en estos momentos.
Berthita manifestó que se siguen haciendo gestiones con algunos organismos internacionales y gobiernos amigos para que el asesinato no quede impune y se logre el castigo a los autores intelectuales.
Las actividades se desarrollarán en el municipio de Intibucá los días 1, 2 y tres de marzo con la participación de organismos nacionales e internacionales y los pueblos originarios de Honduras y de países hermanos.
Olivia Zúniga Cáceres denunciará agresiones en foro mundial de la ONU
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – La diputada del Partido Libre, Olivia Zúniga Cáceres, dijo este día a Criterio.hn que denunciará las agresiones que recibió la semana pasada y lo hará en el Foro Mundial de las Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos a celebrarse en México en los próximos días.
Zúniga Cáceres, quien es hija de la asesinada ambientalista Berta Cáceres Flores, dijo que no se debe callar ni ante la dictadura ni ante la opresión de los organismos como las Naciones Unidas o la Unión Europea.
La parlamentaria cuestionó: ¿Cómo es posible que se pongan a reunir victimarios con víctimas en un solo espacio? Y pretender que las víctimas callen ante sus victimarios.
“Cómo pudieron llevar al hombre más violento de Honduras, al hombre que más ha violado los derechos humanos a las mujeres y que ha propiciado la impunidad y que ha propiciado la protección a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres”, dijo la diputada.
Dijo que, como era posible que quisieran callar a una mujer cuya madre fue asesinada y que fue víctima de femicidio y querían que se callara para que el hombre hablara y no le estorbaran ni incomodaran su discurso.
Finalmente dijo que este 3 de marzo que se cumplen tres años de la muerte de Berta Cáceres y que están programando varias actividades para esa semana.
Tegucigalpa. – La diputada del Partido Libre, Olivia Zúniga Cáceres, dijo este día a Criterio.hn que denunciará las agresiones que recibió la semana pasada y lo hará en el Foro Mundial de las Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos a celebrarse en México en los próximos días.
Zúniga Cáceres, quien es hija de la asesinada ambientalista Berta Cáceres Flores, dijo que no se debe callar ni ante la dictadura ni ante la opresión de los organismos como las Naciones Unidas o la Unión Europea.
La parlamentaria cuestionó: ¿Cómo es posible que se pongan a reunir victimarios con víctimas en un solo espacio? Y pretender que las víctimas callen ante sus victimarios.
“Cómo pudieron llevar al hombre más violento de Honduras, al hombre que más ha violado los derechos humanos a las mujeres y que ha propiciado la impunidad y que ha propiciado la protección a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres”, dijo la diputada.
Dijo que, como era posible que quisieran callar a una mujer cuya madre fue asesinada y que fue víctima de femicidio y querían que se callara para que el hombre hablara y no le estorbaran ni incomodaran su discurso.
Nota relacionada ¿Por qué me mandó a sacar la ONU solo para proteger a un dictador?: Olivia Zúniga
Eso es condenable y por esa razón seguirá haciendo la denuncia en todas las instancias, porque también es condenable la hipocresía y la poca ética que tiene las Naciones Unidas y la Unión Europea y no porque la hayan sacado sino por llevar a un dictador.Finalmente dijo que este 3 de marzo que se cumplen tres años de la muerte de Berta Cáceres y que están programando varias actividades para esa semana.
¿Por qué no sacaron a las mujeres que gritaron “¡Viva JOH!”?, Pregunta Olivia Cáceres
- Publicado: 15 Febrero 2019
La
ONU informó que fueron sus miembros de seguridad los que expulsaron a
la diputada de Libre, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, quien gritó “Fuera
JOH” y “asesino”, al jefe de Estado de Honduras, a su vez exigió una
explicación del porqué no sacaron a las féminas que gritaron en apoyo al
gobernante.
“Me
pregunto ¿por qué me mando a sacar la Misión de la ONU en Honduras solo
para proteger a un dictador de mis gritos, los gritos de una mujer
victima cuya madre fue asesinada por poderosos que son protegidos por el
régimen porque son multimillonarios, tal es el caso de los Atala
Zablah, quienes ordenaron el asesinato de mi madre y se pasean
impunes?”, dijo en una carta pública.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Luego de que el pasado miércoles, fuera expulsada por gritar consignas
en contra del gobernante hondureño, Juan Hernández, la diputada de
Libertad y Refundación, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija de la
laureada ambientalista, Berta Cáceres, asesinada en 2016, cuestionó que
se le haya sacado a la fuerza de un evento donde se trató el tema de
violencia contra la mujer.
La
diputada, se indignó en el evento organizado por la Naciones Unidas,
“Iniciativa Spotlight”, al enterarse de que Hernández estaría presente,
ya que a éste, le acusó de ser uno de los responsables del crimen contra
su madre Berta Cáceres.
Al
grito de “Fuera JOH”, “asesino”, y, “soy la hija de Berta Cáceres y
exijo justicia”, Olivia Zúniga, interrumpió el discurso del jefe de
Estado, compareciendo afuera con medios de comunicación, a quienes les
recordó que Hernández funge en presidencial de forma ilegítima.
La
parlamentaria recordó el fraude electoral que denunció la oposición en
2017, y además las disposiciones constitucionales que prohíben la
reelección presidencial. Anoche, la prensa tradicional intentó degradar
lo acontecido, tras divulgar el comunicado de la ONU donde asume la
responsabilidad de la expulsión de Zúniga, quien respondió con una carta
que se reproduce de forma íntegra a continuación.
Quiero dirigirme a la Comunidad Nacional y a la Comunidad Internacional para expresar lo siguiente:
El
día miércoles 13 de febrero hice uso de mi derecho a la libre expresión
y a la protesta no violenta en el lanzamiento Spotlight realizado en
Honduras, lo que suscitó que la Misión de la ONU en Honduras mandara a
sus guardias a desalojarme (Acto reconocido en el comunicado de Prensa
que emitió hoy éste ente de las NU).
Me
pregunto ¿Como puede ser posible que la Misión de la ONU en Honduras
haya mandado a sus guardias, hombres a sacarme de un evento
supuestamente para abordar la problemática que sufren las mujeres de
Honduras caracterizada por los femicidios, la violencia política contra
las mujeres, entre otros, coartándome el derecho a la libre expresión y
al derecho a la protesta que me permite la Constitución de la República
con la excusa de proteger a Juan O. Hernández de mis expresiones: FUERA
JOH, ASESINO.
¿Acaso
no fueron las mismas Naciones Unidas a través del Alto Comisionado de
los Derechos Humanos que denunciaron en su informe el asesinato de mas
de 25 personas a manos de la Policía Militar del orden público al mando
de Juan Orlando Hernández, asesinados por el solo hecho de demandar
respeto a la voluntad popular?
¿Cómo
es posible que la Misión de la ONU en Honduras me haya mandado a sacar
del evento realizado supuestamente para abordar la violencia contra las
mujeres patrocinado por la misma ONU y por la Unión Europea, solo por
gritarle FUERA JOH y ASESINO a quien ha violentado la Constitución de la
República para reelegirse, y quien tampoco respetó la voluntad popular
con el visto bueno de los Estados Unidos y la Unión Europea?
¿Acaso
no es un crimen la violación a la Constitución y el robo de las
elecciones? ¿aunque ese crimen sea avalado por la Unión Europea y los
Estados Unidos de América?
Me
pregunto ¿por qué me mando a sacar la Misión de la ONU en Honduras solo
para proteger a un dictador de mis gritos, los gritos de una mujer
victima cuya madre fue asesinada por poderosos que son protegidos por el
régimen porque son multimillonarios, tal es el caso de los Atala
Zablah, quienes ordenaron el asesinato de mi madre y se pasean impunes?
¿Acaso le molesta a la Misión de la ONU en Honduras y a la Unión Europea que reclame justicia para Berta Cáceres?
Me
pregunto porque la Misión de la ONU me mandó a sacar por gritar asesino
a quien ha creado un clima de violencia generalizado, que es mas
sufrido por las mujere. Solo en el mes de enero hubieron 33 femicidios y
cada 18 horas matan a una mujer sin que al régimen le importe.
Y
por otra parte, ¿cómo no gritar FUERA JOH y ASESINO a quien entrega los
bienes comunes de los pueblos indígenas en clara violación al Convenio
169 de la OIT, generando asesinatos y otros actos de terror contra la
población indígena.
Se
molestó la Misión de la ONU y la Unión Europea en Honduras por reclamar
a quien impone un régimen corrupto y que mantiene en pobreza extrema a
la mayoría del pueblo hondureño y a la mayoría de mujeres, al grado que
hay continuos éxodos de mujeres que abandonan el país porque con la
dictadura se trunca cualquier esperanza y más cuando ésta es apoyada por
organismos multilaterales que supuestamente apoyan la democracia.
Quiero
aprovechar para pedir solidaridad, no para mi, sino para la causa de
las mujeres, ya que la violencia política del régimen usurpador esta a
todo dar. sino miremos el caso de la compañera Maria Luisa Borjas que
fué victima del sicariato judicial y el caso de tantas mujeres más que
sufren la violencia política del régimen.
Como
no reclamar a un régimen que mantiene a varios compañeros como presos
políticos, como parte de la represión contra el pueblo, mientras los
corruptos que han saqueado el país como en el caso Pandora, entre otros,
andan libres y protegidos.
Me
preguntó ¿por qué las personas que gritaron Viva Joh no fueron
expulsadas de ese lugar? ¿acaso la Misión de la ONU ya se posicionó y
parcializó del lado del régimen?
Me sacaron pero mientras tenga vida no me callarán.
14 de febrero del 2019
BERTA CÁCERES SIGUE
CLAMANDO JUSTICIA
por Rodolfo Cortés Calderón
Indudablemente que BERTA ISABEL CÁCERES fue una gran madre,
amiga, maestra, ciudadana y revolucionaria. Su espíritu guerrillero sigue
viviendo entre nosotros. El espíritu guerrero y combativo de sus hijas OLIVIA,
BERTA y LAURA lo han demostrado después del asesinato de esta gran revolucionaria
sucedido el 3 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá, HONDURAS siendo
presidente del régimen JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, impopularmente conocido como
“JOH”. Nos aproximamos al TERCER ANIVERSARIO DE IMPUNIDAD por su asesinato.
SUS HIJAS E HIJO
BERTA ISABEL CÁCERES FLORES hizo vida marital con SALVADOR
ZÚNIGA, líder indigenista y político, co-fundador de la Coordinadora de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. De su unión
matrimonial nacieron sus hijas OLIVIA MARCELA, BERTA y LAURA, además de su
menor hijo SALVADOR.
Desde el asesinato de su madre estas tres mujeres han
enfrentado con valentía y coraje—aun en contra de la poderosa maquinaria de
terror militar, policial, empresarial y mediática--al sistema, a las
transnacionales financieras, al gobierno de JOH y a los empresarios y banqueros
corruptos.
EL DESCARADO DICTADOR
JOH
Desde antes del asesinato de BERTA ISABEL el actual dictador
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ se encargó a través de sus puntas de lanza: la policía,
el ejército, los poderes estatales y las corporaciones mediáticas-- propiedad
de los poderes corruptos sistémicos--criminalizar, hostigar y perseguir a esta
imbatible e infatigable ciudadana de una formación sólida en diferentes campos
de lucha.
Hace unos cuatro meses, las autoridades judiciales de
HONDURAS, dictaminaron cárcel para 7 personas implicadas en el crimen de la
ambientalista CÁCERES FLORES, sin embargo, su familia (hijas, hijo, madre y
hermanos) no quedaron satisfechos con el veredicto porque suponen que los
autores intelectuales y dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.,
DESA, miembros de la familia ATALA, no han sido procesados.
LAS PAYASADAS DE LA UE
Y ONU
En una actitud que deja mucho que desear, tanto la ONU como
la UNIÓN EUROPEA, UE, vienen haciendo gala de manera hipócrita de estar en
contra de la violencia hacia las mujeres y de la niñez desvalida y vulnerada de
nuestra nación, del continente y del mundo, sin embargo, sus actitudes son muy alejadas
de la verdad.
La semana pasada ambos organismos internacionales convocaron
a la ciudadanía de Tegucigalpa a un evento “en favor” de las MUJERES y la NIÑEZ
denominado “INICIATIVE SPOTLIGHT” orientado a combatir la violencia de género y
tratar de acabar con los feminicidios, que se realizó en el hotel Marriott y a
la cual asistieron organizaciones estatales, privadas (ONGs) y representaciones
internacionales. Además, hizo acto de presencia de manera descarada el principal
violador de estos vulnerados sectores sociales, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, JOH, dictador
del régimen.
Cuando el dictador de marras hablaba, según información de
varias revistas digitales como Primicia Honduras, Los Ciudadanos y la Estrella
de Panamá y mientras JOH hablaba de sus proyectos “en favor” de estos dos
sectores, en medio de la concurrencia se escuchó la estruendosa voz de OLIVIA
MARCELA ZÚNIGA CÁCERES, diputada del Congreso Nacional, incriminando al
presidente del régimen JOH y gritándole “¡Asesino,
eres un asesino narcotraficante, no puedo compartir espacio con alguien así! ¡Fuera
JOH, justicia para BERTA!” Lo que muchos aplaudieron.
Posteriormente en un acto irracional y criminal que refleja
lo represivo y lo intolerante de sus gobiernos, miembros de seguridad de la UE
y la ONU, la sacaron del evento y del local, sin respetar su investidura de
miembro del gobierno actual.
Sin embargo, ella siguió diciendo: “Tuve la gran satisfacción de gritarle fuera JOH, montón de veces”, señaló
OLIVIA. “Lo grité en nombre del pueblo
hondureño, a nombre de nuestros mártires, a nombre de BERTA”.
CIFRAS DE ACNUR
Según Proceso Digital (16/02/19) y teniendo como fuente a
ACNUR, organismo de la ONU, “unas 380 mujeres murieron en forma violenta en
2018 y más del 90% de los casos están impunes” (CONADEH).
De 2014 a 2017, que pertenece al gobierno de JOH, según el
informe de la violencia (ACNUR) en 220 centros educativos de la capital
Tegucigalpa, 200 mil niños/niñas dejaron de asistir a los centros educativos
por “inseguridad y crisis económica”. Además entre 2010 a 2018 MIL QUINIENTOS
VEINTIDOS (1,522) estudiantes fueron asesinados y entre 2009 y 2014 (gobiernos
nacionalistas), 38 maestros de educación fueron asesinados violentamente.
UNA SOLIDARIDAD ESPURIA
A pesar de que en la sala del Marriott estaban presentes
decenas de representantes de ONGs. que se dicen estar a favor de las mujeres,
juventudes y niñeces, ninguna persona se levantó para acompañar y solidarizarse
con la diputada ZÚNIGA, entre ellas muchas personas que se autoproclaman
seguidoras de su madre BERTA CÁCERES.
Lo mismo sucedió con los partidos políticos que lo único que
han hecho es servirse del dolor de la familia CÁCERES FLORES.
CUIDADO CON USAID Y
OTRAS AGENCIAS
El problema de la “solidaridad” en HONDURAS, y lo hemos
señalado en infinidad de veces, es que la mayoría de las OPDs u ONGs trabajan
con fondos de organizaciones internacionales de ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN y
la UNIÓN EUROPEA, y todas ellas dependen del poder capitalista opuesto al
verdadero desarrollo y autogestión de los pueblos. Por lo tanto, las ONGs están
atadas a sus amos y nuevamente lo señalamos con dolor “el dueño del perro es el que da de comer”, así que éstas no pueden
separarse de los esquemas de sus amos imperiales.
CONCLUSIONES
·
BERTA
ISABEL CÁCERES FLORES sigue clamando justicia al dictador que la mandó a
asesinar, esta vez clama a través del coraje de sus hijas y también de su
madre, doña AUSTRABERTA FLORES, de su esposo SALVADOR ZÚNIGA y sus familiares.
·
Los
representantes de la ONU y de la UNIÓN EUROPEA, ya deben dejar de apoyar las
payasadas de TRUMP, de los GOBIERNOS EUROPEOS y de JOH. Lo mismo hicieron con
el fallecido “diálogo” que fue un fracaso que sólo sirvió para que sus asesores
se llenaron las carteras de dólares. Así como va la ONU terminará siendo la UNO
donde el Imperio (TRUMP) será el que tomará todas las decisiones a nombre de
los países del Mundo. No deben la ONU y la UE seguir jugando con el dolor de
las niñeces, las mujeres y las juventudes.
·
Mientras
dependamos de agencias internacionales ligadas al poder imperial, por mucha
voluntad que haya, las organizaciones nacionales defensoras del ambiente, de
los derechos humanos, de la mujer, la niñez y de los sectores campesinos y
obreros, no podrán salir adelante y por lo tanto la UNIDAD y el CAMBIO serán
una quimera.
18 de febrero 2019
En impunidad más del 90 % de los crímenes de mujeres, periodistas y abogados en Honduras: Conadeh
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Más del 90 % de los crímenes contra mujeres, abogados, periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación se mantienen en la impunidad por falta de investigación diligente, eficaz y científica, denunció el Comisionado Nacional de los derechos Humanos (Conadeh) Roberto Herrera Cáceres.
El ombudsman hondureño dijo el jueves que a las víctimas se les niega su derecho a conocer la verdad.
De acuerdo al ente estatal la impunidad repercute especialmente en los más desfavorecidos, afecta la paz social y frustra las expectativas y oportunidades de justicia y desarrollo.
El Conadeh estima que en los últimos nueve años (2010-2018), alrededor de 51,000 personas perdieron la vida violentamente en Honduras de los cuales más del 90% estarían impunes por diversas causas.
Registros del Conadeh indican que de 75 personas vinculadas a los medios de comunicación, que perdieron la vida violentamente entre el 2001 y el 2018, el 92 % se mantiene en la impunidad.
Otro de los gremios afectados es el de los abogados, ya que de 154 que perdieron la vida en circunstancias violentas, desde el año 2002 a la fecha, la impunidad supera el 90 %.
Ante dicho panorama el defensor del pueblo dijo que como institución nacional de derechos humanos y fundamentados en el mandato constitucional, “instamos al Estado, a través de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a actuar con firmeza y debida diligencia, en la investigación, identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales”.
Herrera apuntó que la impunidad debe abordarse mediante investigaciones más profundas y tener la capacidad de movilizar a la sociedad para adquirir una cultura de denuncia.
18 | 02 | 2019
Quintana fue secuestrada el 13 de febrero por desconocidos en el municipio de Aguachica (departamento del Cesar) luego de efectuar unos trámites ante la Fiscalía en nombre de su organización: la ataron de pies y manos, la golpearon y la abandonaron tiempo después en las afueras de la localidad, según informó la USO.
La dirigente ya había sido agredida en ocasiones anteriores.
Este ataque se enmarca en la gravísima situación de no respeto a los derechos humanos en Colombia y el goteo continuo de asesinatos de dirigentes sociales en el país.
Desde la firma de los acuerdos de paz, más de 350 líderes sociales murieron como consecuencia de atentados perpetrados por “desconocidos”.
En setiembre del año pasado, una delegación de sindicatos de todo el mundo se reunió con integrantes del gobierno de Iván Duque, para expresarle su preocupación por este estado de cosas.
Los gremialistas denunciaron la criminalización de la protesta social y sindical y reclamaron medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los dirigentes obreros.
En esa ocasión, la ministra de trabajo, Alicia Arango, manifestó una actitud que reiteraría en varias oportunidades en las semanas y meses siguientes: descalificó las denuncias y a las propias organizaciones denunciantes, afirmando que el movimiento sindical internacional “lanza acusaciones sin hechos reales”.
Los representantes sindicales respondieron entonces que las declaraciones de Arango y otros miembros del gobierno “fomentan la ola de violencia, la promoción de la criminalización de la protesta social y del derecho a la libertad sindical”, según resumió Marino Vani, secretario regional de IndustriALL Global Union.
La Rel UITA se solidariza con la compañera Dibeth Quintana y su organización la USO, y se dirigirá a las autoridades competentes en Colombia exigiendo que estos hechos sean esclarecidos con urgencia.
Por: Oscar Miguel Marroquín
Por más de cien años o quizá más, hemos dejado que ellos, los políticos, hagan miserables nuestras vidas; de todas aquellas encendidas promesas gritadas a los cuatro vientos, solo nos queda la pobreza, la desesperanza de vernos mejor; prestamos nuestra voz para que legislarán en nuestro nombre y ahora seguramente nos preguntemos: ¿Por qué hemos soportado tanto?
Por mucho tiempo hemos permitido que hablen y actúen en nombre de nuestros nombres, ¿y que hicieron? Con excepción de robar lo que es propiamente nuestro, la respuesta es simple y dolorosa, se burlaron de nuestros nombres, de nuestras demandas, de las aspiraciones sociales, el sujeto social quedó, en pocas palabras, reducido a la nada, sin manos sin pies y sin grito. Sin manos para alzar la bandera de lucha social, sin pies para el recorrer de las calles, plazas y barrios en gigantescas manifestaciones de repudio por todo aquellos que prometieron y nunca cumplieron, nos quedamos sin grito, pues este también ha sido robado.
Pero ahora, justo ahora y en medio de la crisis de lo político y de los políticos, las antorchas vuelven encenderse, es decir, el sujeto social se involucra, en el reclamo, en la demanda, en lo suyo, en lo que le pertenece, el sujeto social abandona su papel de representado, cuando está siendo muy mal representado y enciende las antorchas como señal de un basta ya, como señal de un hartazgo real hacia todo aquello que desde la política y los políticos nunca se hizo bien y en favor del pueblo.
El reencendido de las antorchas no es una simple acción social, es en el fondo un lenguaje, que busca cuestionar ya sin más perdida de tempo a los que por unos cien años se han hecho llamar honorables, naturalmente sin ser honorables, pues ¿desde cuándo la honorabilidad se practica en las más inmundas cloacas?
¿Acaso podemos llamar honorable a Tony Hernández, Fabio Lobo, y otros tantos, ladrones, corruptos y narcotraficantes?
¿Podemos llamar honorables a los políticos que encubren el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, Anselmo Villareal e Isis Obed Murillo?
¿Son honorables acaso aquellos políticos y banqueros que, en medio de la penumbra, se prestan para el lavado de activos y otras tantas acciones criminales?
Cada antorcha creo, supone una interrogante que va dirigida precisamente para quienes desde la política pasaron de pobres a millonarios, justificación legal de su riqueza no tienen, pues cuando la riqueza es conseguida a través de la corrupción o el narcotráfico, no existe huella legal alguna, ni prueba de haberla conseguido con esfuerzo personal que no deje duda moral o ética, las antorchas pues son una forma de interpelación.
Pero que no se alegren los políticos al creer que las antorchas solamente son interpelación, pues esta interpelación tiene tras de sí un reclamo inmediato de pronta y cumplida justicia, en palabras menos complicadas, la sociedad quiere ver tras las rejas a todos los corruptos, narcotraficantes, sin importar por supuesto el color de la bandera con el que ahora se arropan.
No dejemos que los políticos contaminen nuestro accionar como sujetos sociales de lucha y cambio, no dejemos que ellos se apoderen de nuestras antorchas, o lo que es lo mismo decir, que no nos sigan robando nuestra voz.
La Convergencia contra el Continuismo y el Comité Pro
Liberación de los Presos Políticos en Honduras, conformado este último
desde hace un año, para acompañar a los oponentes políticos
encarcelados, estamos profundamente preocupados por la detención
continuada de Eduardo Raúl Álvarez, Edwin Róbelo Espinal y Gustavo
Cáceres, recluidos desde hace más de un año en centros penales de máxima
seguridad. Así como la impunidad en las muertes de manifestantes entre
2017 y 2018.
¡Si, si y Si!, en Honduras hay presos políticos mismos que han sido víctimas de torturas en cárceles denominadas de máxima seguridad, pero de máxima inseguridad para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El régimen de Juan Orlando Hernández, en reiteradas ocasiones, ha rechazado la existencia de presos políticos y las denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, los detenidos por su oposición al gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, liberados en diferentes momentos han denunciado haber sufrido torturas o maltratos. De acuerdo al informe que se presenta, desde 2017, hay documentados “más de 171 casos de personas criminalizadas el 18% han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al menos 13 casos de tortura han sido registrados al interior de los centros penales.
Los 171 criminalizados incluyen a transeúntes, manifestantes y personas que fueron sacadas de sus hogares sin la correspondiente orden judicial.
En esta lista -entre mujeres y hombres- figuran 4 defensores de derechos humanos, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán y Santa Bárbara. Y a pesar de que se trata de presos políticos ello no implica que sean ubicados en cárceles especiales.
Los jueces no hacen diferencia entre presos políticos y presos comunes. No hay módulos exclusivas para presos políticos. Son ubicados en cárceles comunes junto a privados de libertad peligrosos.
Los principales centros de privación preventiva a los que han sido remitidos son el Centro penal de Ilama, Santa Bárbara, y la cárcel de Morocelí en El Paraíso (más conocidas como El Pozo y La Tolva).
Las torturas físicas más comunes son la privación del sueño e inmovilización, golpes, y ataques. Y la aplicación de torturas psicológicas basadas en aislamiento solitario el hostigamiento por sus convicciones políticas, y gritos y golpes en los módulos vecinos, la imposibilidad de recibir visitas, y la denegación del derecho a la salud, el derecho a la cultura. Según los informes que ha recibido el Codafeh, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos. “Los tres compañeros privados de libertad están enfermos, incluso al preso político Edwin Espinal, quien estuvo gravemente enfermo durante varios días, se le denegó el acceso a un médico y a medicamentos necesarios, un habeas corpus correctivo interpuesto a su favor en diciembre de 2018 fue denegado. Raúl y Edwin siguen perdiendo peso porque solo se les da pequeñas raciones de comida al día.
Las cárceles en Honduras no se caracterizan por la seguridad que ofrecen a su población, La mayoría acogen a más presos de los que en realidad están preparadas para tener. Por supuesto las condiciones de la mayoría de los presos son infrahumanas.
En julio del año 2014, las Fuerzas Armadas asumieron el control de los centros penales, se aclaró en aquel entonces que los militares tendrían el control externo y los policías penitenciarios tendrían la seguridad interna.
Cuatro años después la presencia militar ha sido reforzada y controlan el interior y exterior de los centros penales con la creación de la Fuerza Nacional de Control de los Centros Penales, conformado por elementos del Batallón de comunicaciones. Poseen su propia estructura y controlan, las cámaras de vigilancia, las señales de comunicación y las entradas y salida del personal y las visitas, entre otros.
En la última semana de enero de 2019 se desarrollaron acciones de protesta en diferentes ciudades del país en el marco del aniversario del fraude electoral, siendo las mayorías de las manifestaciones reprimidas, y al menos 15 personas detenidas de estas, tres fueron criminalizadas, dos en Siguatepeque y una en El Progreso. Se observan en estos casos, igual que en el caso de 2017 y 2018, irregularidades en la detención faltas al debido proceso, marcados por la celebración de juicios expeditos que no permiten que la defensa pueda accesar a la prueba y preparar su estrategia de defensa; no se permitió a los acusados ejercer su derecho a una defensa adecuada.
Reiteramos nuestra exigencia de:
1. Ordenar la libertad inmediata de los presos políticos bajo prisión preventiva, por haber ejercido su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente contra el fraude electoral.
2. Asegurar que se garantice el debido proceso en todos los juicios, de conformidad con los estándares internacionales. Priorizando los juicios que inician este lunes 18 de febrero de 2019.
3. Garantizar la vida e integridad de Edwin Róbelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, objeto de intimidación constante y de una campaña de hostigamiento permanente.
Finalmente, exigimos el cese de la judicialización y criminalización de la protesta social y política
De acuerdo a las organizaciones aglutinadas en el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la campaña de desprestigio y de criminalización se da utilizando los medios de comunicación y en los últimos meses a través de campañas por las redes sociales.
En esta campaña se criminaliza a: Juana Esquivel, Adilia Castro, Juan López, Esly Banegas, Gregorio Vásquez, Reynaldo Domínguez, Leonel George, y otros dirigentes de la aldea Guapinol y del sector San Pedro. Además, la están arremetiendo contra la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, (COPA), la Fundación San Alonso Rodríguez, entre otras organizaciones.
Ante esta situación, la población ha desarrollado decenas de movilizaciones, por varios días estuvo tomada la alcaldía de Tocoa, exigiendo un cabildo abierto para declarar a dicho municipio como territorio libre de explotación minera, sin embargo, sus exigencias hasta hoy no han sido escuchadas. Por estas acciones, la población y en específico los liderazgos han sido víctimas de estigmatización, persecuciones, criminalización y agresiones, por personal de la empresa minera y agentes de las fuerzas represivas del Estado.
“Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas a poner fin a todas las medidas represivas contra nosotros, así como a protegernos frente a todos los actos de intimidación o asesinato por parte de actores estatales y privados. Así mismo, a reconocer el papel fundamental que desempeñamos para la preservación del derecho a la tierra, el territorio y la vida”, dijo Juan López, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
La minera Inversiones los Pinares es propiedad de Lenir Pérez y Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido oligarca-terrateniente, Miguel Facusse Barjún, quien fue denunciado por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los campesinos en el Aguán.
Asimismo, a pesar que, en este departamento se mantiene una fuerte militarización desde el año 2011, la muerte de líderes sociales y de campesinos sigue a la orden del día, como ocurrió el pasado 04 de febrero con el acribillamiento de que fueron objeto, Gerson Leiva y Lucas Bonilla, en la comunidad, La Ceibita.
Vecinos del sector denunciaron que Leiva era el presidente de un Comité de Vigilancia, formado por un grupo de personas armadas que operan en esta zona, además aseguran que era empleado de Inversiones Los Pinares, sin embargo, esto ha sido negado por ejecutivos de la referida empresa minera.
La ola de asesinatos ha provocado represalias en contra de las organizaciones sociales y populares. Para el caso están tratando de incriminar a líderes del asesinato de Gerson Leiva. “Nosotros como Comité en Defensa de los Bienes Comunes, estamos haciendo un llamado enérgico a las autoridades policiales para que investiguen de manera seria y objetiva, para dar con el paradero de los autores material e intelectuales de todos los asesinatos”, indicó el defensor de derechos humanos, Juan López.
Así mismo exigió a la institucionalidad, que no siga el juego a la empresa minera, desde donde se está impulsado la campaña con el propósito de inculpar de un crimen a los defensores del ambiente y defensores de los derechos humanos, dejando a un lado el conflicto minero que afecta a toda la población de Tocoa.
“La situación está difícil porque las amenazas de muerte van subiendo, a la par van atentados y otros abusos, que se vienen registrando desde la llegada de la empresa minera a la zona. Nuestra lucha es pacífica, sin embargo, las comunidades están siendo criminalizadas”, aseguró Reinaldo Domínguez, de la comunidad El Guapinol.
Sostuvo que como producto de la criminalización y las amenazas de muerte que están recibiendo, ya se registra el desplazamiento forzado de 18 miembros de la comunidad de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.
En un comunicado el Comité Municipal exige mediante su resistencia pacífica al gobierno central y municipal la cancelación de las concesiones, licencias ambientales, permisos de explotación y declaratoria del Municipio de Tocoa libre de minería.
Tegucigalpa.-Más del 90 % de los crímenes contra mujeres, abogados, periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación se mantienen en la impunidad por falta de investigación diligente, eficaz y científica, denunció el Comisionado Nacional de los derechos Humanos (Conadeh) Roberto Herrera Cáceres.
El ombudsman hondureño dijo el jueves que a las víctimas se les niega su derecho a conocer la verdad.
De acuerdo al ente estatal la impunidad repercute especialmente en los más desfavorecidos, afecta la paz social y frustra las expectativas y oportunidades de justicia y desarrollo.
El Conadeh estima que en los últimos nueve años (2010-2018), alrededor de 51,000 personas perdieron la vida violentamente en Honduras de los cuales más del 90% estarían impunes por diversas causas.
Registros del Conadeh indican que de 75 personas vinculadas a los medios de comunicación, que perdieron la vida violentamente entre el 2001 y el 2018, el 92 % se mantiene en la impunidad.
Otro de los gremios afectados es el de los abogados, ya que de 154 que perdieron la vida en circunstancias violentas, desde el año 2002 a la fecha, la impunidad supera el 90 %.
Noticia Relacionada: Impunidad del 90 % de crímenes contra mujeres alarma a organizaciones feministas en Honduras
Lo mismo ocurre con las muertes violentas de mujeres. Se estima que del 2002 a enero de 2019, alrededor de 6,200 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas, crímenes que en más del 90% de los casos se mantienen en la impunidad por falta de investigación.Ante dicho panorama el defensor del pueblo dijo que como institución nacional de derechos humanos y fundamentados en el mandato constitucional, “instamos al Estado, a través de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a actuar con firmeza y debida diligencia, en la investigación, identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales”.
Herrera apuntó que la impunidad debe abordarse mediante investigaciones más profundas y tener la capacidad de movilizar a la sociedad para adquirir una cultura de denuncia.
Un tsunami de atentados al sindicalismo
Foto: Rel-UITA
Gerardo Iglesias18 | 02 | 2019
Quintana fue secuestrada el 13 de febrero por desconocidos en el municipio de Aguachica (departamento del Cesar) luego de efectuar unos trámites ante la Fiscalía en nombre de su organización: la ataron de pies y manos, la golpearon y la abandonaron tiempo después en las afueras de la localidad, según informó la USO.
La dirigente ya había sido agredida en ocasiones anteriores.
Este ataque se enmarca en la gravísima situación de no respeto a los derechos humanos en Colombia y el goteo continuo de asesinatos de dirigentes sociales en el país.
Desde la firma de los acuerdos de paz, más de 350 líderes sociales murieron como consecuencia de atentados perpetrados por “desconocidos”.
En setiembre del año pasado, una delegación de sindicatos de todo el mundo se reunió con integrantes del gobierno de Iván Duque, para expresarle su preocupación por este estado de cosas.
Los gremialistas denunciaron la criminalización de la protesta social y sindical y reclamaron medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los dirigentes obreros.
En esa ocasión, la ministra de trabajo, Alicia Arango, manifestó una actitud que reiteraría en varias oportunidades en las semanas y meses siguientes: descalificó las denuncias y a las propias organizaciones denunciantes, afirmando que el movimiento sindical internacional “lanza acusaciones sin hechos reales”.
Los representantes sindicales respondieron entonces que las declaraciones de Arango y otros miembros del gobierno “fomentan la ola de violencia, la promoción de la criminalización de la protesta social y del derecho a la libertad sindical”, según resumió Marino Vani, secretario regional de IndustriALL Global Union.
La Rel UITA se solidariza con la compañera Dibeth Quintana y su organización la USO, y se dirigirá a las autoridades competentes en Colombia exigiendo que estos hechos sean esclarecidos con urgencia.
Por defender la tierra, hieren a integrante de ADEPZA
Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Linea).-
Por defender la tierra donde habita, Santos Hernández (51), miembro de
la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
(ADEPZA) fue víctima de un ataque con piedra que le causó una herida y
siente puntos de suturación en la cabeza.
El hecho sucedió este domingo en la
comunidad de Playa Blanca, Península de Zacate Grande, Amapala, zona
donde se libra una lucha por la defensa de la playa y el territorio, que
ha causado la persecución, estigmatización y judicialización contra más
de 30 liderazgos campesinos, desde el año 2010.
A eso de las 10:30 de la mañana, un
supuesto empleado de quién se dice nuevo dueño de las tierras en Playa
Blanca y Puerto Sierra, a la orilla del mar Pacífico, llegó a mostrar
los terrenos a otro interesado en adquirir los predios, a lo que
Hernández exclamó que esa tierra no está en venta, y explicó que hay un
litigio.
Por
lo que, el presunto agresor, identificado como Sabino González, lo
atacó, informó un representante de la ADEPZA, mediante conversación
telefónica con Defensores en Línea.
Ante el ataque, defensores de derechos
humanos de Adepza y la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur de
Honduras (REDEHSUR), acompañaron a don Santos al hospital de San
Lorenzo, y le dieron el alta médica a las tres de la tarde.
Cabe señalar que, es la primera vez que
sucede una situación similar en la comunidad, declaró uno de sus
acompañantes, por lo que es preocupante que se repita con otras personas
que defienden su tierra, la que habitas desde hace varias décadas,
mientras que los terratenientes han parecido tiempo después.
En el 2016, Santos Hernández estuvo
privado de libertad 101 días en la granja penal de Nacaome, por
incumplir -según la jueza de Amapala, la jueza Iris Amanda Hernández –
medidas sustitutivas a la prisión, acusado de usurpación, daños y
amenazas contra el terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva, y después el
Tribunal de Sentencia de Choluteca lo declaró culpable, con 5 años y un
mes de condena, junto al Defensor de derechos humanos, Abel Pérez. El
caso está en Casación, informó el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien es parte del equipo de
defensa.
Cassis Leiva, denunció a Abel Pérez,
Santos Hernández y Tomás García por los delitos de usurpación, daños y
perjuicio, este último fue sobreseído en juicio oral y público.
Actualmente hay tres personas más acusadas de usurpación en Playa
Blanca, y a doña Veneranda García, en grave estado de salud y prima de
Tomás, se le sobreseyó.
Reencender las antorchas significa: basta ya a tanta podredumbre política
Por: Oscar Miguel Marroquín
Por más de cien años o quizá más, hemos dejado que ellos, los políticos, hagan miserables nuestras vidas; de todas aquellas encendidas promesas gritadas a los cuatro vientos, solo nos queda la pobreza, la desesperanza de vernos mejor; prestamos nuestra voz para que legislarán en nuestro nombre y ahora seguramente nos preguntemos: ¿Por qué hemos soportado tanto?
Por mucho tiempo hemos permitido que hablen y actúen en nombre de nuestros nombres, ¿y que hicieron? Con excepción de robar lo que es propiamente nuestro, la respuesta es simple y dolorosa, se burlaron de nuestros nombres, de nuestras demandas, de las aspiraciones sociales, el sujeto social quedó, en pocas palabras, reducido a la nada, sin manos sin pies y sin grito. Sin manos para alzar la bandera de lucha social, sin pies para el recorrer de las calles, plazas y barrios en gigantescas manifestaciones de repudio por todo aquellos que prometieron y nunca cumplieron, nos quedamos sin grito, pues este también ha sido robado.
Pero ahora, justo ahora y en medio de la crisis de lo político y de los políticos, las antorchas vuelven encenderse, es decir, el sujeto social se involucra, en el reclamo, en la demanda, en lo suyo, en lo que le pertenece, el sujeto social abandona su papel de representado, cuando está siendo muy mal representado y enciende las antorchas como señal de un basta ya, como señal de un hartazgo real hacia todo aquello que desde la política y los políticos nunca se hizo bien y en favor del pueblo.
El reencendido de las antorchas no es una simple acción social, es en el fondo un lenguaje, que busca cuestionar ya sin más perdida de tempo a los que por unos cien años se han hecho llamar honorables, naturalmente sin ser honorables, pues ¿desde cuándo la honorabilidad se practica en las más inmundas cloacas?
¿Acaso podemos llamar honorable a Tony Hernández, Fabio Lobo, y otros tantos, ladrones, corruptos y narcotraficantes?
¿Podemos llamar honorables a los políticos que encubren el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, Anselmo Villareal e Isis Obed Murillo?
¿Son honorables acaso aquellos políticos y banqueros que, en medio de la penumbra, se prestan para el lavado de activos y otras tantas acciones criminales?
Cada antorcha creo, supone una interrogante que va dirigida precisamente para quienes desde la política pasaron de pobres a millonarios, justificación legal de su riqueza no tienen, pues cuando la riqueza es conseguida a través de la corrupción o el narcotráfico, no existe huella legal alguna, ni prueba de haberla conseguido con esfuerzo personal que no deje duda moral o ética, las antorchas pues son una forma de interpelación.
Pero que no se alegren los políticos al creer que las antorchas solamente son interpelación, pues esta interpelación tiene tras de sí un reclamo inmediato de pronta y cumplida justicia, en palabras menos complicadas, la sociedad quiere ver tras las rejas a todos los corruptos, narcotraficantes, sin importar por supuesto el color de la bandera con el que ahora se arropan.
No dejemos que los políticos contaminen nuestro accionar como sujetos sociales de lucha y cambio, no dejemos que ellos se apoderen de nuestras antorchas, o lo que es lo mismo decir, que no nos sigan robando nuestra voz.
Economista del Fosdeh reaviva las antorchas de la indignación
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Ismael
Zepeda, un joven economista del Foro Social de la Deuda Externa y
Desarrollo de Honduras (Fosdeh) retó este viernes a los hondureños a
reencender las antorchas de la indignación ante la corrupción.
Zepeda,
quien es conocido en los medios de comunicación por sus críticos
análisis sobre las políticas económicas implementadas por el actual
gobierno y por los continuos actos de corrupción, llegó antes de las
5:00 de la tarde a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), hora en la que convocó con la intención de que los
presentes se vieran la cara y reflexionaran sobre la necesidad de volver
a protestar, como ocurrió en el 2015 cuando se descubrió el colosal
saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Aunque
la convocatoria no fue multitudinaria, logró convocar a un
significativo número de personas. Ismael rebasó su expectativa e instó a
los presentes a que el próximo viernes continúen con el mismo
ejercicio, siempre en el mismo lugar y a la misma hora, hasta lograr
conjuntar un buen grupo y salir nuevamente a las calles.
Artículo Relacionado: ¿Y la indignación popular?
El
economista pidió a los asistentes que para la próxima semana todos
lleguen con sus antorchas, las que sugirió fabricar manualmente o
comprarlas en los mercaditos de los barrios y así evitar adquirirlas en
las grandes tiendas, propiedad de los dueños del capital hondureño.
“Que la gente que nos está desgobernando sepa que estamos indignados y por lo menos que sepan que estamos vivos y que seguimos y seguiremos con la lucha anticorrupción, porque si no se robaran el dinero nos ajustaría para todo, nos ajustaría para la salud, para la educación, para la infraestructura”: Ismael Zepeda, economista del Fosdeh.
Desde
que comenzó a hacer la convocatoria en las redes sociales, siempre tuvo
claridad en su mensaje al señalar que “más allá de las antorchas es la
transformación de los pronunciamientos y demandas de la sociedad de
manera efectiva y eficaz ante los que nos (des) gobiernan, y la
necesidad de fundar la autogestión del movimiento. Los ciudadanos no
deben esperar a un dizque líder, cacique, mesías, príncipe, iluminado,
intelectual, etc., se tome la molestia de salir de su comodidad y de sus
negociaciones ocultas. Muchos de ellos viven parasitariamente bien de
lo mal que pasamos la mayoría”.
A
la convocatoria, realizada a titulo personal por Ismael Zepeda, asistió
la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa; Olivia
Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y diputada por el opositor partido
Libertad y Refundación (Libre), estudiantes universitarios, militantes
de organizaciones sociales y políticas y ciudadanos.
Bartolo Fuentes "Si México impone restricciones a los migrantes habrá más caravanas"
A Bartolo Fuentes le acusaron de ser organizador de
la caravana masiva de octubre. Fue detenido por Guatemala y deportado.
Ha sido perseguido en Honduras. Él niega estar detrás de la marcha y se
presenta como acompañante. Advierte que las condiciones económicas y la
violencia empujan a miles de personas a dejar sus hogares y tratar de
llegar a Estados Unidos.
Bartolo Fuentes. ALBERTO PRADILLA
méxico
18/02/2019 07:37 - Alberto pradilla - PÙBLICO
Cuando Bartolo Fuentes
apareció en la terminal de autobuses de San Pedro Sula el 13 de octubre
de 2018, apenas unas 200 personas esperaban para marchar a Estados
Unidos. Era el inicio de la caravana que atravesaría Honduras, Guatemala
y México para llegar hasta Tijuana. Fuentes es periodista, nació en
1964 en Goscorán, departamento de Valle, en Honduras. En 2013 fue
elegido diputado por Libre (la formación fundada por el expresidente
José Manuel Zelaya, depuesto por un golpe de Estado en 2009) y se le ha acusado de ser uno de los organizadores de la marcha de los hambrientos.
Pero él lo niega. Únicamente se reconoce como “acompañante” o
“consejero”. Aunque es consciente de que su aparición en televisión
aquella noche supuso un punto de inflexión. El canal HCH, el más popular
de Honduras, trataba de denigrar el éxodo. Y conectó con Fuentes, que
animó a la gente a hacer la mochila y escapar de un país con una pobreza
del 60% y una tasa de homicidios de 50 por cada 100.000.
Muchos le hicieron caso. Al día siguiente ya eran mil. Al llegar a la frontera de Aguascalientes, entre Honduras y Guatemala, ya eran 3.000. El éxodo era imparable.
“Ya lo de irse en grupo se estaba dando antes de
octubre. Creo que en alguna medida influencio la difusión de la caravana
de abril”, dice, entrevistado en una cafetería de El Progreso,
departamento de Yoro, en Honduras. En su opinión, los tuits lanzados por
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sirvieron para captar la
atención de los hondureños. Y como las condiciones de vida no hacen
sino empeorar, considera lógico que la gente huya.
Mucho se ha especulado sobre el origen de la caravana.
Las teorías conspiranoicas tienen para todo el espectro ideológico. El
gobierno de Juan Orlando Hernández, por ejemplo, aseguró que se trataba
de una iniciativa de grupos de izquierdas financiados por Venezuela.
Otros sectores afirman que es Donald Trump quien promovió la marcha para
que la cercanía de los migrantes beneficiase a su discurso xenófobo en
las elecciones de midterm, celebradas el 6 de noviembre con triunfo del
Partido Demócrata.
Nada más lejos de la realidad. Fuentes, que niega ser
un organizador, pero estaba cerca del proceso que gestó la caravana,
insiste en que todo es más sencillo.
“En mayo salió un grupo. Lo que pasa es que iban a escondidas, no visibles”, dice.
Él ya tenía la experiencia de abril, cuando un millar de personas partió desde Tapachula. Unas 400 llegaron hasta Tijuana. Nada que ver con lo que llegaría después, pero sí un buen ensayo. “Yo mire en abril que la caravana es un mecanismo de protección que funciona. Sobre todo, si se organiza bien. Lo escribí y me empezó a contactar gente. Pero ellos lo tenían ya pensado”, dice.
“En mayo salió un grupo. Lo que pasa es que iban a escondidas, no visibles”, dice.
Él ya tenía la experiencia de abril, cuando un millar de personas partió desde Tapachula. Unas 400 llegaron hasta Tijuana. Nada que ver con lo que llegaría después, pero sí un buen ensayo. “Yo mire en abril que la caravana es un mecanismo de protección que funciona. Sobre todo, si se organiza bien. Lo escribí y me empezó a contactar gente. Pero ellos lo tenían ya pensado”, dice.
No hace falta más que pasar por la terminal de
autobuses de San Pedro Sula cualquier noche para comprobar que no
miente. No hace falta que haya una caravana. Siempre hay grupitos de
migrantes con la bolsa hecha. Se mezclan con los deportados, que también
son trasladados al mismo punto. Muchos tienen su intención de retomar
el camino lo antes posible.
Fuentes dice que él creía que el grupo protege
frente a los peligros del camino: robos, extorsiones, secuestros,
asesinatos. Al hacerlo público, la gente empezó a contactarle. Mucha,
muchísima gente quiere marcharse de Honduras. “La difusión en los
medios y la campaña de ataque fue lo que hizo una difusión masiva. En el
afán de demeritar la caravana lo que hicieron fue promocionarla”,
afirma.
No tuvo mucho tiempo para ver el éxito de la caminata.
El 15 de octubre fue detenido en Esquipulas, Guatemala, nada más cruzar
la frontera. Cierto es que no había pasado por la garita migratoria.
Pero no lo hizo ninguno de los 3.000 hondureños que atravesó la frontera
aquel día. Entonces, ¿Por qué detener a Fuentes? Pablo Castillo, vocero
de la Policía Nacional Civil, dijo aquel día que la detención tuvo
lugar por haber cruzado sin presentar su documentación. Posteriormente,
una funcionaria de Migración de Guatemala aseguraría que su arresto
obedeció a que se le consideraba uno de los “cabecillas” de la marcha.
¿Desde cuándo es trabajo de Migración perseguir un
liderazgo sobre un acto que no había violado ninguna ley?“Montan una
historia y en base a esta historia me arrestan, sin ningún fundamento”,
dice. En aquel momento, Fuentes temió por su vida y salió de Honduras.
Ofreció una rueda de prensa en Ciudad de México, ante el estadio Jesús
Martínez “Palillo”, y denunció que existen dos razones fundamentales
para el éxodo: la pobreza y la violencia.
“Las condiciones políticas y económicas del país no han
dejado de empeorar desde 2009”, dice, en referencia al golpe de Estado
promovido por un sector del ejército y apoyado por Estados Unidos contra
Mel Zelaya.
“La gente no se va por dos razones: falta de dinero
y temor. La caravana les da seguridad por ir en grupo. Y les ahorra
pasaje”, explica. En su opinión, la razón principal del éxodo es “la
situación económica. Según datos del Banco Mundial, el 60% de los
hondureños vive por debajo del umbral de la pobreza. El salario mínimo
de un jornalero está en 100 lempiras (unos 4 dólares).
“Si la gente tuviera un buen empleo no sería”;
afirma. “Hay dos millones de hondureños sin empleo. ¡Qué raro tiene que
se vayan diez mil de ellos! También hay emprendedores. Pero los asaltan o
los extorsionan”, denuncia. “La policía está dedicada a perseguir
políticamente al que está en la protesta, no al que hace robo. El 94% de
casos de crimen quedan sin investigar, sin siquiera ser investigados”
argumenta. “Si tienes hijos, no quieres que sean víctimas de la
delincuencia. O que se conviertan ellos en delincuentes”, dice.
"¿Para qué sirve la policía? Para perseguir a los opositores al régimen”, señala
La crisis política en Honduras se agravó tras las elecciones celebradas el 26 de noviembre de 2017. En
ellas se impuso Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional
(PN). Fue reelecto a pesar de que la Constitución lo impide. Su
rival, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la
Dictadura, denunció fraude antes, durante y tras las votaciones. Lo
cierto es que Nasralla iba por delante en los conteos de la noche. Se
fue la luz. Al reiniciarse el sistema, Hernández estaba en cabeza.
La represión fue brutal, con un toque de queda y al menos 30 muertos en las protestas, según organizaciones de Derechos Humanos.
Desde entonces, Honduras no había recibido la atención mediática. Hasta la caravana.
Desde entonces, Honduras no había recibido la atención mediática. Hasta la caravana.
Fuentes reitera que él no está detrás de la
organización. Recuerda, además, que las personas identificadas por
distintas autoridades como coordinadores, están siendo perseguidas. Ocurrió
la semana pasada con Walter Coello y David Cuevas, a los que México
deportó a Honduras a pesar de que contaban con documentos legales. A pesar de todo, Fuentes defiende la organización para que las caravanas se protejan mejor.
En su opinión, el fenómeno fue mutando. En un
principio, el objetivo era caminar y llegar hasta Tapachula para pedir
refugio en México. “Cuando llegan mil personas más en el transcurso del
día y la noche, llevan sus propios planes”, afirma.
La caravana solo visibilizó algo que lleva décadas ocurriendo. “Es un problema que ha estado ahí, que ha generado mucha muerte. Antes la gente iba dispersa, ahora los migrantes invisibles ahora no lo son. Esos que estaban en el puente (en referencia al puente Rodolfo Robles, entre Guatemala y México), distribuidos por los caminos, quedaban en grupos de a cinco”, afirma.
La caravana solo visibilizó algo que lleva décadas ocurriendo. “Es un problema que ha estado ahí, que ha generado mucha muerte. Antes la gente iba dispersa, ahora los migrantes invisibles ahora no lo son. Esos que estaban en el puente (en referencia al puente Rodolfo Robles, entre Guatemala y México), distribuidos por los caminos, quedaban en grupos de a cinco”, afirma.
“Ellos se escondían en los caminos, en los trenes,
en las casas. Pero se escondían también culturalmente- Ahí estaba la
necesidad de hacerse pasar como mexicanos. En la caravana ya no. Hay un
orgullo. Incluso ante las mismas autoridades. Ahora tienen identidad,
antes iban como si fuese un delincuente”, señala.
Tres meses después del inicio de esa caravana que
marcó un antes y un después, las cosas son bien diferentes. En México
gobierna el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que anunció una
nueva política migratoria. Hay gestos, como entregar más de 12.000
tarjetas humanitarias en la frontera y no reprimir a los caminantes. Sin
embargo, ese proceso se ha cerrado. Lo que México quiere es que los
migrantes pidan la visa en los consulados de sus países y accedan a un
documento que solo les permite llegar a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y
Quintana Roo. Aunque esto todavía no se ha concretado. Y Fuentes cree
que “mientras México no concrete los empleos que ofrece la gente se irá a
Estados Unidos”.
“El cambio de México es muy positivo”; dice Fuentes, antes de ser informado del fin de la política de tarjetas verdes. “Me parece que hay una buena intención que no hay garantía de que se concrete”.
Advierte sobre los intereses que pueden tener los propios funcionarios
de Migración. Muchos de ellos eran quienes pedían mordidas a los
migrantes para poder avanzar.
Estos movimientos van a modificar también la actividad de los coyotes, los traficantes de personas. “Los
coyotes se van a adaptar. Ya se están adaptando. Van a venir a
conseguir clientes que tengan la visa. Y tengan 3000 dólares para pagar
el salto. Los que van a perder los que llevan de Honduras a México”,
considera.
El tercer actor, el que más grita, es Estados
Unidos. Fuentes cree que Donald Trump “está pendejo” cuando acusa de
“pandilleros” a los caminantes. “Los pandilleros que se van son los que deportan de EEUU y acá no tienen ambiente. Históricamente, las pandillas vinieron de EEUU.
¿Cuántas decenas de miles de pandilleros hay en EEUU? ¿Por qué no los
vigilan si tienen todo ese aparataje de seguridad? ¿Por qué preocuparse
por pobres madres con sus hijos? ¿Trump tiene miedo a las pandillas? Si
las tiene dentro”, señala.
Da por hecho que las políticas antimigrantes de
Estados Unidos van a seguir. Así que la clave está en qué hará México y
su nuevo gobierno. “Si México pone restricciones, habrán más caravanas.
Ojalá las hayan. Porque, si no, la gente volverá por los caminos
secretos. Y entonces vuelven los secuestros, extorsiones, los
asesinatos”.
La CCC denuncia nuevas criminalizaciones por razones políticas en Honduras
¡Si, si y Si!, en Honduras hay presos políticos mismos que han sido víctimas de torturas en cárceles denominadas de máxima seguridad, pero de máxima inseguridad para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El régimen de Juan Orlando Hernández, en reiteradas ocasiones, ha rechazado la existencia de presos políticos y las denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, los detenidos por su oposición al gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, liberados en diferentes momentos han denunciado haber sufrido torturas o maltratos. De acuerdo al informe que se presenta, desde 2017, hay documentados “más de 171 casos de personas criminalizadas el 18% han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al menos 13 casos de tortura han sido registrados al interior de los centros penales.
Los 171 criminalizados incluyen a transeúntes, manifestantes y personas que fueron sacadas de sus hogares sin la correspondiente orden judicial.
En esta lista -entre mujeres y hombres- figuran 4 defensores de derechos humanos, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán y Santa Bárbara. Y a pesar de que se trata de presos políticos ello no implica que sean ubicados en cárceles especiales.
Los jueces no hacen diferencia entre presos políticos y presos comunes. No hay módulos exclusivas para presos políticos. Son ubicados en cárceles comunes junto a privados de libertad peligrosos.
Los principales centros de privación preventiva a los que han sido remitidos son el Centro penal de Ilama, Santa Bárbara, y la cárcel de Morocelí en El Paraíso (más conocidas como El Pozo y La Tolva).
Las torturas físicas más comunes son la privación del sueño e inmovilización, golpes, y ataques. Y la aplicación de torturas psicológicas basadas en aislamiento solitario el hostigamiento por sus convicciones políticas, y gritos y golpes en los módulos vecinos, la imposibilidad de recibir visitas, y la denegación del derecho a la salud, el derecho a la cultura. Según los informes que ha recibido el Codafeh, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos. “Los tres compañeros privados de libertad están enfermos, incluso al preso político Edwin Espinal, quien estuvo gravemente enfermo durante varios días, se le denegó el acceso a un médico y a medicamentos necesarios, un habeas corpus correctivo interpuesto a su favor en diciembre de 2018 fue denegado. Raúl y Edwin siguen perdiendo peso porque solo se les da pequeñas raciones de comida al día.
Las cárceles en Honduras no se caracterizan por la seguridad que ofrecen a su población, La mayoría acogen a más presos de los que en realidad están preparadas para tener. Por supuesto las condiciones de la mayoría de los presos son infrahumanas.
En julio del año 2014, las Fuerzas Armadas asumieron el control de los centros penales, se aclaró en aquel entonces que los militares tendrían el control externo y los policías penitenciarios tendrían la seguridad interna.
Cuatro años después la presencia militar ha sido reforzada y controlan el interior y exterior de los centros penales con la creación de la Fuerza Nacional de Control de los Centros Penales, conformado por elementos del Batallón de comunicaciones. Poseen su propia estructura y controlan, las cámaras de vigilancia, las señales de comunicación y las entradas y salida del personal y las visitas, entre otros.
En la última semana de enero de 2019 se desarrollaron acciones de protesta en diferentes ciudades del país en el marco del aniversario del fraude electoral, siendo las mayorías de las manifestaciones reprimidas, y al menos 15 personas detenidas de estas, tres fueron criminalizadas, dos en Siguatepeque y una en El Progreso. Se observan en estos casos, igual que en el caso de 2017 y 2018, irregularidades en la detención faltas al debido proceso, marcados por la celebración de juicios expeditos que no permiten que la defensa pueda accesar a la prueba y preparar su estrategia de defensa; no se permitió a los acusados ejercer su derecho a una defensa adecuada.
Reiteramos nuestra exigencia de:
1. Ordenar la libertad inmediata de los presos políticos bajo prisión preventiva, por haber ejercido su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente contra el fraude electoral.
2. Asegurar que se garantice el debido proceso en todos los juicios, de conformidad con los estándares internacionales. Priorizando los juicios que inician este lunes 18 de febrero de 2019.
3. Garantizar la vida e integridad de Edwin Róbelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, objeto de intimidación constante y de una campaña de hostigamiento permanente.
Finalmente, exigimos el cese de la judicialización y criminalización de la protesta social y política
Oleada de amenazas pone en mayor riesgo a defensores de derechos humanos en Tocoa, Colón
La criminalización, campaña de desprestigio y hasta amenazas a muerte en contra las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Bajo Aguán, incrementaron a partir de la lucha que mantiene la población del municipio de Tocoa, contra la concesión minera otorgada por el Estado a la empresa “Inversiones Los Pinares”.De acuerdo a las organizaciones aglutinadas en el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la campaña de desprestigio y de criminalización se da utilizando los medios de comunicación y en los últimos meses a través de campañas por las redes sociales.
En esta campaña se criminaliza a: Juana Esquivel, Adilia Castro, Juan López, Esly Banegas, Gregorio Vásquez, Reynaldo Domínguez, Leonel George, y otros dirigentes de la aldea Guapinol y del sector San Pedro. Además, la están arremetiendo contra la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, (COPA), la Fundación San Alonso Rodríguez, entre otras organizaciones.
Antecedentes
En agosto de 2017 se instaló un campamento en la comunidad Guapinol, Tocoa, con el fin de frenar las acciones de la empresa minera Inversiones Los Pinares, la cual busca explotar 200 hectáreas del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, para extraer minerales. Desde que inició la exploración, el agua de los ríos San Pedro y Guapinol, se contaminaron poniendo en riesgo la vida de miles de personas y el ecosistema de esta región.Ante esta situación, la población ha desarrollado decenas de movilizaciones, por varios días estuvo tomada la alcaldía de Tocoa, exigiendo un cabildo abierto para declarar a dicho municipio como territorio libre de explotación minera, sin embargo, sus exigencias hasta hoy no han sido escuchadas. Por estas acciones, la población y en específico los liderazgos han sido víctimas de estigmatización, persecuciones, criminalización y agresiones, por personal de la empresa minera y agentes de las fuerzas represivas del Estado.
“Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas a poner fin a todas las medidas represivas contra nosotros, así como a protegernos frente a todos los actos de intimidación o asesinato por parte de actores estatales y privados. Así mismo, a reconocer el papel fundamental que desempeñamos para la preservación del derecho a la tierra, el territorio y la vida”, dijo Juan López, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
La minera Inversiones los Pinares es propiedad de Lenir Pérez y Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido oligarca-terrateniente, Miguel Facusse Barjún, quien fue denunciado por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los campesinos en el Aguán.
Zona de desarme y militarizada
Desde el año 2012 el Congreso Nacional aprobó una reforma legal que prohibió la portación de armas en el departamento de Colón. En esta zona desde el 2010 hasta agosto del 2012, habían sido asesinados más de 100 campesinos, quienes reclamaban las tierras que según ellos les fueron arrebatadas de manera fraudulenta por terratenientes.Asimismo, a pesar que, en este departamento se mantiene una fuerte militarización desde el año 2011, la muerte de líderes sociales y de campesinos sigue a la orden del día, como ocurrió el pasado 04 de febrero con el acribillamiento de que fueron objeto, Gerson Leiva y Lucas Bonilla, en la comunidad, La Ceibita.
Vecinos del sector denunciaron que Leiva era el presidente de un Comité de Vigilancia, formado por un grupo de personas armadas que operan en esta zona, además aseguran que era empleado de Inversiones Los Pinares, sin embargo, esto ha sido negado por ejecutivos de la referida empresa minera.
La ola de asesinatos ha provocado represalias en contra de las organizaciones sociales y populares. Para el caso están tratando de incriminar a líderes del asesinato de Gerson Leiva. “Nosotros como Comité en Defensa de los Bienes Comunes, estamos haciendo un llamado enérgico a las autoridades policiales para que investiguen de manera seria y objetiva, para dar con el paradero de los autores material e intelectuales de todos los asesinatos”, indicó el defensor de derechos humanos, Juan López.
Así mismo exigió a la institucionalidad, que no siga el juego a la empresa minera, desde donde se está impulsado la campaña con el propósito de inculpar de un crimen a los defensores del ambiente y defensores de los derechos humanos, dejando a un lado el conflicto minero que afecta a toda la población de Tocoa.
“La situación está difícil porque las amenazas de muerte van subiendo, a la par van atentados y otros abusos, que se vienen registrando desde la llegada de la empresa minera a la zona. Nuestra lucha es pacífica, sin embargo, las comunidades están siendo criminalizadas”, aseguró Reinaldo Domínguez, de la comunidad El Guapinol.
Sostuvo que como producto de la criminalización y las amenazas de muerte que están recibiendo, ya se registra el desplazamiento forzado de 18 miembros de la comunidad de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.
En un comunicado el Comité Municipal exige mediante su resistencia pacífica al gobierno central y municipal la cancelación de las concesiones, licencias ambientales, permisos de explotación y declaratoria del Municipio de Tocoa libre de minería.
Delitos contra el honor: un bozal para la libertad de expresión que el gobierno se resiste a derogar
Monday, 18 February 2019 00:06 - PASOS DE ANIMAL GRANDE - Written by German Reyes Published in Monitoreo de compromisos internacionales
El Titulo III, relativo a los delitos contra el honor, tipificados
en Código Penal, como difamación, calumnia e injuria, ponen en riesgo
el derecho fundamental de libertad de expresión, cuando se utiliza como
herramienta de castigo para las personas que denuncian la corrupción que
impera en el país.
Tal es el caso de varios periodistas y defensores de los derechos
humanos que han sido condenados mediante la utilización de las figuras
contenidas en los delitos contra el honor.
El pasado 29 de enero, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, declaró culpable del delito de calumnias constitutivas de difamación, a la Diputada del Congreso Nacional, María Luisa Borjas, quien fue querellada en los tribunales de justicia, por Camilo Atala, un poderoso empresario de este país centroamericano.
Borjas, es diputada del Partido Libertad y Refundación,(LIBRE), pero
también es Comisionada de la Policía Nacional en situación de retiro y
con muchos contactos a lo interno de esa institución. Ella tuvo acceso y
le dio lectura pública a un informe de la Policía de Investigación, que
relaciona al empresario Atala, como autor intelectual del asesinato de
Berta Cáceres.
Y pese a que lo dicho por Borjas es parte del contenido de las investigaciones policiales, el Presidente de la CSJ, actuando como juez natural de este caso, determinó que es culpable por haber sido irresponsable al opinar sobre ese tema.
Pero al fallo que dictó el presidente de la CSJ contra la parlamentaria de LIBRE, también suman las causas de varios defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales que han sido condenados por calumnia, injuria y difamación.
Entre ellos se pueden a las extintas defensoras de los derechos humanos, Gladys Lanza y Berta Cáceres y casos emblemáticos de periodistas, como, Julio Ernesto Alvarado, Jairo López, Rita Santamaría, Gerardo Chévez y Ariel D´vicente, entre otros.
Las condenas contra periodistas y defensores de los derechos humanos ya han sido analizadas por diversos organismos nacionales y extranjeros que le han recomendado al Estado el manejo de los delitos contra el honor en tribunales de la vía civil, tal como es concebido, por el doctor, Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH.
Herrera dice que despenalizar los delitos contra el honor (Injuria, Difamación y Calumnia) es un tema sustentado en el derecho internacional y en la jurisprudencia, que es obligatoria en la aplicación de las leyes nacionales, una situación que da lugar al análisis de “convencionalidad, de cómo nuestras leyes y nuestra constitución están de acuerdo con los tratados internacionales”, indicó.
A su juicio, el Estado ha sido demasiado severo frente a la libertad de expresión del pensamiento y las acciones penales deben excluirse de esta materia.
Según el titular del CONADEH, la libertad de expresión tiene doble función. La individual que es propia de la persona a expresarse libremente y la colectiva que corresponde al derecho que tiene la sociedad a estar informada y documentada para formarse sus propios juicios de la democracia.
Sostuvo que la vía penal no solo afecta desproporcionalmente a la persona, sino también a la libertad colectiva, porque la acción penal incrimina y disuade, no solo a los periodistas sino además a los particulares en el ejercicio de su libertad de opinión.
Condenas para acallar
El director delCentro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos en Honduras,(CIPRODEH),Wilfredo Méndez, aseguró que el sistema
de justicia en el país se encuentra dirigido por personas corruptas que
condenan a inocentes para acallar las voces que denuncian las
injusticias.
Méndez coincide en que debe de despenalizarse la difamación, la calumnia y la injuria y que esos casos sean manejados en tribunales de la vía civil. “Como defensores de los derechos humanos no desconocemos que los delitos contra el honor dañan a una persona y que deben recibir algún nivel de sanción, pero nunca penal”, refirió.
Cabe mencionar que diferentes organismos internacionales que han visitado el país para conocer la situación de los derechos humanos le han recomendado al gobierno emprender acciones que permitan la plena libertad de expresión, pero hasta el momento el Congreso Nacional se resiste al traslado de los delitos contra el honor a la vía civil.
Contrario a eso, se han aprobado legislaciones como la Ley de Secretos de Estado y se discute y dictamina la Ley de Ciberseguridad, con la que el gobierno busca frenar y controlar los mensajes que divulga la población en las redes sociales.
Penas
De acuerdo con el artículo 155 del Código Penal, la calumnia será penada con reclusión de dos a tres años, mientras que las penas de la injuria, contenida en el artículo 157 son de uno a dos años. Por difamación “se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público”, dice el artículo 160 del Código Penal.
Incumplimiento de compromisos internacionales
En el Examen Peripodico Universal, EPU,
2010 y 2015 el Estado de Honduras se comprometió a encaminar esfuerzos
para que los periodistas , defensores de derechos humanos y formadores
de opinión pudieran expresarse libremente, pero esto ha quedado
solamente en papel mojado porque no hay una señal que se vislumbre que
los compromisos internacionales se cumplen.
La CIDH concluyó en uno de sus informes anuales “que tales leyes no eran compatibles con la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas”.
El periodista Julio Ernesto Alvarado fue condenado a un año y cuatro meses de prisión, suspensión del ejercicio periodístico por igual tiempo y penas accesorias, en una querella impulsada por la ex decana Belinda Flores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en represalia porque el periodista dio espacio a catedráticos universitarios para denunciar que ella estaba involucrada en tráfico de títulos, el solo hecho de abrir su programa “Noticiero Mi Nación” para que los funcionarios de ese centro de estudios se expresaran dio pie para impulsar el juicio y los magistrados de la Sala de lo Penal donde se presentó un recurso de Casación por la querellante, violó convenios internacionales al condenarlo.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU y Pen International impulsaron una denuncia ante el CIDH por esta sentencia en marzo de 2014 logrando una medida cautelar muy importante para todo el continente.
El 5 de noviembre de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), otorgó una medida cautelar para Alvarado porque consideró que el periodista se encontraba en una situación grave y urgente, que podía ocasionar un “daño irreparable” y pidió a Honduras suspender la ejecución de la sentencia dictada el 9 de diciembre 2013 por la Corte Suprema de Justicia. La CIDH también solicitó a las autoridades hondureñas que no impidieran que el periodista ejerciera su profesión hasta que se pronunciaran sobre el fondo del caso.
“En tal sentido la Comisión estima que dada sus gravedad y la censura que conlleva la ejecución de esta condena no solo impide el derecho de libertad de expresión …sino que tiene la capacidad de tornar ilusorio el ejercicio del derecho a expresarse y a difundir información sobre asuntos de interés público en Honduras. En efecto esta condena podría provocar un efecto silenciador respecto a todas las personas y particularmente los periodistas y comunicadores, quienes estarían sometidos a una constante autocensura ante de informar algo que pueda ofender el honor de quienes detentan cargos públicos. Con ello se podría comprometer la libertad de expresión de la sociedad hondureña en su conjunto”, señaló la CIDH en su considerando número 27 al emitir la decisión sobre la medida cautelar en mención hacer más de cinco años.
Lea la medida cautelar otorgada por la CIDH al periodista Julio Ernesto Alvarado Aquí
Tegucigalpa.-La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresó este lunes su preocupación por el fallo emitido contra la diputada al Congreso Nacional y comisionada de la policía en retiro, María Luisa Borjas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez ejecutor condenó ayer a Borjas a dos años y ocho meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, lo que implica la inhabilitación de Borjas como diputada.
Borjas fue declarada culpable el pasado 29 de enero por los delitos de calumnias constitutivas de difamación por una querella promovida por el banquero Camilo Atala.
Al señalar lo anterior la instancia de las Naciones Unidas, hace mención a Borjas y al periodista David Romero Ellner.
En su misiva la representante de la OACNUDH, María Soledad Pazo, recuerda que el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, señaló en su informe de misión su seria preocupación porque la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva.
Ante tal extremo, el informe advierte que “existe la posibilidad de que se empiecen procesos penales en contra de cualquier persona que exprese una opinión que pueda ser considerada contraria a la dignidad de una autoridad pública, debilitando de esta manera el derecho a la libertad de opinión y expresión”.
El Relator Especial señaló en el mismo informe que “las medidas legales relativas a la libertad de opinión y expresión deben existir para eliminar obstáculos legales para el libre ejercicio de ese derecho fundamental, así como para sancionar a quienes violan ese derecho. En este sentido, las medidas legales no deben restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni tampoco deben permitir que se usen para censurar y sancionar a personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión. El Estado también tiene la obligación de tomar medidas para prevenir crímenes contra la libertad de expresión donde haya riesgo de que estos ocurran”
La OACNUDH recuerda que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
El Estado de Honduras ha recibido recomendaciones por parte del Comité de derechos humanos, el Examen Periódico Universal y del Relator Especial sobre la libertad de expresión en las que solicita se considere la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada, señala el comunicado de la instancia de las Naciones Unidas.
Finalmente, la OACNUDH alienta al gobierno de Honduras a avanzar en la reforma penal para despenalizar la difamación, calumnia e injuria, y adoptar soluciones adecuadas a través de los procedimientos civiles a los que las personas puedan recurrir en casos de difamación.
La semana pasada la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, fue cuestionada porque su seguridad sacó a la fuerza de un evento público a Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres y diputada al Congreso Nacional por el opositor partido Libertad y Refundación (Libre).
Paradójicamente el incidente se originó en el marco del lanzamiento de Spotlight, una iniciativa mundial impulsada por la Unión Europea y la ONU, para dar respuesta a los desafíos sobre la violencia contra las mujeres, las niñas y los feminicidos.
El coordinador del partido Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, anunció que elevaría una protesta formal al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, por violentar los derechos a la hija de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, asesinada la madrugada del 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá.
Hasta el momento la OACNUDH no se ha pronunciado sobre este caso.
El pasado 29 de enero, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, declaró culpable del delito de calumnias constitutivas de difamación, a la Diputada del Congreso Nacional, María Luisa Borjas, quien fue querellada en los tribunales de justicia, por Camilo Atala, un poderoso empresario de este país centroamericano.
La diputada de LIBRE María Luísa Borjas enfrenta una
condena por leer informe sobre crimen contra
Berta Cáceres donde se involucra al empresario Atala.
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Y pese a que lo dicho por Borjas es parte del contenido de las investigaciones policiales, el Presidente de la CSJ, actuando como juez natural de este caso, determinó que es culpable por haber sido irresponsable al opinar sobre ese tema.
Pero al fallo que dictó el presidente de la CSJ contra la parlamentaria de LIBRE, también suman las causas de varios defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales que han sido condenados por calumnia, injuria y difamación.
Entre ellos se pueden a las extintas defensoras de los derechos humanos, Gladys Lanza y Berta Cáceres y casos emblemáticos de periodistas, como, Julio Ernesto Alvarado, Jairo López, Rita Santamaría, Gerardo Chévez y Ariel D´vicente, entre otros.
Las condenas contra periodistas y defensores de los derechos humanos ya han sido analizadas por diversos organismos nacionales y extranjeros que le han recomendado al Estado el manejo de los delitos contra el honor en tribunales de la vía civil, tal como es concebido, por el doctor, Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH.
Herrera dice que despenalizar los delitos contra el honor (Injuria, Difamación y Calumnia) es un tema sustentado en el derecho internacional y en la jurisprudencia, que es obligatoria en la aplicación de las leyes nacionales, una situación que da lugar al análisis de “convencionalidad, de cómo nuestras leyes y nuestra constitución están de acuerdo con los tratados internacionales”, indicó.
A su juicio, el Estado ha sido demasiado severo frente a la libertad de expresión del pensamiento y las acciones penales deben excluirse de esta materia.
Según el titular del CONADEH, la libertad de expresión tiene doble función. La individual que es propia de la persona a expresarse libremente y la colectiva que corresponde al derecho que tiene la sociedad a estar informada y documentada para formarse sus propios juicios de la democracia.
Sostuvo que la vía penal no solo afecta desproporcionalmente a la persona, sino también a la libertad colectiva, porque la acción penal incrimina y disuade, no solo a los periodistas sino además a los particulares en el ejercicio de su libertad de opinión.
Condenas para acallar
 Wilfredo Méndez, Director de CIPRODEH |
Méndez coincide en que debe de despenalizarse la difamación, la calumnia y la injuria y que esos casos sean manejados en tribunales de la vía civil. “Como defensores de los derechos humanos no desconocemos que los delitos contra el honor dañan a una persona y que deben recibir algún nivel de sanción, pero nunca penal”, refirió.
Cabe mencionar que diferentes organismos internacionales que han visitado el país para conocer la situación de los derechos humanos le han recomendado al gobierno emprender acciones que permitan la plena libertad de expresión, pero hasta el momento el Congreso Nacional se resiste al traslado de los delitos contra el honor a la vía civil.
Contrario a eso, se han aprobado legislaciones como la Ley de Secretos de Estado y se discute y dictamina la Ley de Ciberseguridad, con la que el gobierno busca frenar y controlar los mensajes que divulga la población en las redes sociales.
Penas
De acuerdo con el artículo 155 del Código Penal, la calumnia será penada con reclusión de dos a tres años, mientras que las penas de la injuria, contenida en el artículo 157 son de uno a dos años. Por difamación “se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público”, dice el artículo 160 del Código Penal.
Incumplimiento de compromisos internacionales
 Periodista Julio Ernesto Alavrado |
La CIDH concluyó en uno de sus informes anuales “que tales leyes no eran compatibles con la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas”.
El periodista Julio Ernesto Alvarado fue condenado a un año y cuatro meses de prisión, suspensión del ejercicio periodístico por igual tiempo y penas accesorias, en una querella impulsada por la ex decana Belinda Flores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en represalia porque el periodista dio espacio a catedráticos universitarios para denunciar que ella estaba involucrada en tráfico de títulos, el solo hecho de abrir su programa “Noticiero Mi Nación” para que los funcionarios de ese centro de estudios se expresaran dio pie para impulsar el juicio y los magistrados de la Sala de lo Penal donde se presentó un recurso de Casación por la querellante, violó convenios internacionales al condenarlo.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU y Pen International impulsaron una denuncia ante el CIDH por esta sentencia en marzo de 2014 logrando una medida cautelar muy importante para todo el continente.
El 5 de noviembre de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), otorgó una medida cautelar para Alvarado porque consideró que el periodista se encontraba en una situación grave y urgente, que podía ocasionar un “daño irreparable” y pidió a Honduras suspender la ejecución de la sentencia dictada el 9 de diciembre 2013 por la Corte Suprema de Justicia. La CIDH también solicitó a las autoridades hondureñas que no impidieran que el periodista ejerciera su profesión hasta que se pronunciaran sobre el fondo del caso.
“En tal sentido la Comisión estima que dada sus gravedad y la censura que conlleva la ejecución de esta condena no solo impide el derecho de libertad de expresión …sino que tiene la capacidad de tornar ilusorio el ejercicio del derecho a expresarse y a difundir información sobre asuntos de interés público en Honduras. En efecto esta condena podría provocar un efecto silenciador respecto a todas las personas y particularmente los periodistas y comunicadores, quienes estarían sometidos a una constante autocensura ante de informar algo que pueda ofender el honor de quienes detentan cargos públicos. Con ello se podría comprometer la libertad de expresión de la sociedad hondureña en su conjunto”, señaló la CIDH en su considerando número 27 al emitir la decisión sobre la medida cautelar en mención hacer más de cinco años.
Lea la medida cautelar otorgada por la CIDH al periodista Julio Ernesto Alvarado Aquí
OACNUDH lamenta fallo contra María Luisa Borjas
La organización advierte que la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva.Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresó este lunes su preocupación por el fallo emitido contra la diputada al Congreso Nacional y comisionada de la policía en retiro, María Luisa Borjas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez ejecutor condenó ayer a Borjas a dos años y ocho meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, lo que implica la inhabilitación de Borjas como diputada.
Borjas fue declarada culpable el pasado 29 de enero por los delitos de calumnias constitutivas de difamación por una querella promovida por el banquero Camilo Atala.
Noticia Relacionada: Rolando Argueta falla para inhabilitar a María Luisa Borjas como diputada
Mediante un comunicado, la OACNUDH dijo manifestar su preocupación por las recientes condenas que restringen el derecho a la libertad de expresión. Estas condenas involucran a una defensora de derechos humanos, también diputada del Congreso Nacional condenada por el delito de calumnia constitutivo de difamación a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad y una pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil, y un periodista sentenciado a 10 años de reclusión no conmutable por 6 delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias.Al señalar lo anterior la instancia de las Naciones Unidas, hace mención a Borjas y al periodista David Romero Ellner.
En su misiva la representante de la OACNUDH, María Soledad Pazo, recuerda que el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, señaló en su informe de misión su seria preocupación porque la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva.
Ante tal extremo, el informe advierte que “existe la posibilidad de que se empiecen procesos penales en contra de cualquier persona que exprese una opinión que pueda ser considerada contraria a la dignidad de una autoridad pública, debilitando de esta manera el derecho a la libertad de opinión y expresión”.
El Relator Especial señaló en el mismo informe que “las medidas legales relativas a la libertad de opinión y expresión deben existir para eliminar obstáculos legales para el libre ejercicio de ese derecho fundamental, así como para sancionar a quienes violan ese derecho. En este sentido, las medidas legales no deben restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni tampoco deben permitir que se usen para censurar y sancionar a personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión. El Estado también tiene la obligación de tomar medidas para prevenir crímenes contra la libertad de expresión donde haya riesgo de que estos ocurran”
La OACNUDH recuerda que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
El Estado de Honduras ha recibido recomendaciones por parte del Comité de derechos humanos, el Examen Periódico Universal y del Relator Especial sobre la libertad de expresión en las que solicita se considere la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada, señala el comunicado de la instancia de las Naciones Unidas.
Finalmente, la OACNUDH alienta al gobierno de Honduras a avanzar en la reforma penal para despenalizar la difamación, calumnia e injuria, y adoptar soluciones adecuadas a través de los procedimientos civiles a los que las personas puedan recurrir en casos de difamación.
La semana pasada la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, fue cuestionada porque su seguridad sacó a la fuerza de un evento público a Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres y diputada al Congreso Nacional por el opositor partido Libertad y Refundación (Libre).
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Zúniga Cáceres fue agredida por exigir justicia por el asesinato de su madre y por gritarle asesino y “fuera JOH” al gobernante hondureño, Juan Hernández.Paradójicamente el incidente se originó en el marco del lanzamiento de Spotlight, una iniciativa mundial impulsada por la Unión Europea y la ONU, para dar respuesta a los desafíos sobre la violencia contra las mujeres, las niñas y los feminicidos.
El coordinador del partido Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, anunció que elevaría una protesta formal al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, por violentar los derechos a la hija de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, asesinada la madrugada del 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá.
Hasta el momento la OACNUDH no se ha pronunciado sobre este caso.
