Policía reprime manifestaciones con gas y bala viva
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Varios vecinos de estas colonias han denunciado que los cuerpos represivos han ingresado a sus casa sin ninguna orden judicial queriéndose llevar a sus familiares y en algunos casos han logrado capturar a algunos.
Intento de secuestro por la DPI
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Cuatro jóvenes que se manifestaban de forma pacífica contra la dictadura, a un año de la imposición mediante fraude electoral, fueron detenidos por la policía.
Los detenidos son Franklin Geovany Ramírez, Melvin Antonio Reyes, Carlos Orlando Hernández y otra persona que no se ha constatado su identidad.
Dos de los jóvenes fueron detenidos en el barrio Morazán de Tegucigalpa y los otros dos por el sector de la Clínica Viera.
En horas de la mañana también se detuvo a 3 jóvenes por manifestarse en contra de la dictadura en la colonia Cerro Grande, pero se conoció que fueron liberados.
El equipo del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se trasladó hasta la posta del Manchen para lograr que estas cuatro personas sean liberadas.
Este día, como había sido anunciado, se desarrollan tomas a nivel nacional en contra de la dictadura de JOH, donde algunas de estas han sido reprimidas por elementos represores del estado, con gas lacrimógeno y balas de goma.
Ante estos ataques por parte de la Policía Nacional al pueblo, que se manifiesta en contra de la dictadura de JOH, fue obligado a desalojar por medio de la represión.
Varias personas resultaron afectadas por el gas y un camarógrafo de un medio de comunicación fue herido con una bala de goma, que le impacto en su estómago.
Desde horas de la mañana se reportaron manifestaciones pacíficas en Tegucigalpa, Choluteca, La Paz, Olancho, San Pedro Sula, El Progreso, Atlántida, entre otros.
Tegucigalpa.-
Las manifestaciones convocadas por el Partido Libertad y Refundación
(Libre), continúan en muchos sectores de la capital de Honduras y del
país, y de igual manera la represión por parte de la Policía Nacional y
de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Las
tomas de carreteras, puentes y manifestaciones en las calles de las
diferentes ciudades del país fueron mas fuertes y constantes durante la
mañana de este domingo, por la tarde y noche también ha tenido actividad
por parte de la militancia de Libre en varios departamentos.
Han
habido tomas en el departamento de Colón en el desvío a La Ceibita, en
Jesús de Otoro en el departamento de Intibucá, en Catacamas Olancho, en
Choluteca, en la Flecha y Macuelizo, Santa Bárbara, en Yoro, en Tela,
Atlántida, en Comayagua en el municipio de Taulabé y en la colonia
Kennedy y Hato de Enmedio en Tegucigalpa donde la represión ha sido
fuerte y los policías y militares han perseguido hasta dentro de las
casas a los manifestantes.
En
Comayagua apresaron a 17 de los manifestantes y ya se ha informado de
la liberación de 13 de ellos, gracias a la intervención de los
defensores de derechos humanosVarios vecinos de estas colonias han denunciado que los cuerpos represivos han ingresado a sus casa sin ninguna orden judicial queriéndose llevar a sus familiares y en algunos casos han logrado capturar a algunos.
La
policía ademas de hacer usos irracional y desmedido de los gases
lacrimógenos también han disparado bala viva y han hecho uso de la
fuerza excesiva violando los estándares y convenios internacionales que
de los cuales el país es signatario, han denunciado los y las defensoras
de derechos humanos.
Intento de secuestro por la DPI
En
la colonia Hato de Enmedio agentes de la Dirección Policial de
Investigación (DPI), vistiendo de civil y transportándose en vehículos
4X4 doble cabina sin placas como es la usanza, quisieron secuestrar al
joven Nick Madrid, militante de Libre que gracias a la intervención de
los vecinos y sus correligionarios que llegaron al lugar evitaron que se
lo llevaran para ser torturado y posiblemente desaparecido, ya que
llegaron sin orden de captura y vistiendo de paisano.
Un
helicóptero ha sobrevolado la zona durante toda la tarde y noche
amedrentando a los manifestantes y lanzando bombas lacrimógenas según
los reportes de los vecinos de ambas localidades.Nota relacionada Policía captura periodista y defensora de derechos humanos
A 1 año de dictadura: insurrección permanente
Por: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
A
un año de auto imponerse la narco dictadura, desde el Movimiento Amplio
reivindicamos con mayor poderío el “FUERA JOH”, pero reiteramos que lo
queremos fuera y preso, por ser uno de los principales dirigentes de una
clase política-económica criminal y corrupta que han asaltado a
todos los poderes e instituciones constitucionales del Estado para
adueñarse de los bienes y recursos que deben ser públicos y de beneficio
colectivo. JOH y sus funcionarios -socios en lugar de construir y
garantizar una gobernabilidad justa, equitativa, inclusiva y
transparente- se han encargado de entronizar el crimen, el abuso, el
narcotráfico, la impunidad y la corrupción como práctica de una
dictadura cruel e injusta.
No
perdonamos que el descontento social que siguió al fraude electoral
haya sido sofocado a sangre y fuego. Son al menos 38 personas asesinadas
por las fuerzas de seguridad del Estado. Mártires de la democracia
-entre los cuales se cuentan nuestros compañeros Ramón Fiallos, Wilmer
Paredes y Geovany Cárcamo- que no merecieron la muerte como castigo por
amar y defender la patria y exigir respeto de la voluntad ciudadana de
todos y todas. El Movimiento Amplio no los olvidará jamás.
Como
Movimiento Amplio condenamos el cinismo imperial y abominable de los
Estados Unidos de América, que, a finales de 2017, facultó a la
narcodictadura hondureña para burlar la voluntad ciudadana y mantenerse
en el poder de la manera más grotesca y criminal, y que ha continuado
durante todo el 2018 y ahora en 2019, solapando y a la vez alentando el
manejo abusivo de JOH y su pandilla de criminales.
Estados
Unidos se ha encargado de dar vida a una narco dictadura en Honduras,
como lo hace en otros países latinoamericanos, para crearse al mismo
tiempo la justificación de la lucha anti drogas y así mantener en
ocupación militar permanente a los pueblos con democracias endebles como
el nuestro. Igualmente deploramos la doble moral del Secretario General
de la OEA y de la Unión Europea, que posterior al proceso electoral de
2017 generaron conclusiones objetivas y justas en un primer momento,
pero siniestras y complacientes con el imperio norteamericano tan pronto
como se pronunciara el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Deploramos
la actitud apátrida y criminal de las Fuerzas Armadas de Honduras y la
Policía Nacional Civil, porque, en lugar de hacer prevalecer lo que
manda la Constitución, se degradaron a ser meros “elementos” asesinos de
su mismo pueblo y empresas de seguridad privada para los grandes
carteles del narcotráfico. No hay perdón para el soldado que dispara
contra su mismo pueblo. No descansaremos hasta verlos sometidos a la
justicia de una Honduras liderada por gobernantes justos y honestos. No
pararemos de denunciar criminales y exigir justicia.
Nota relacionada La insurrección de Honduras y la de Francia
Desde
el Movimiento Amplio nos declaramos en sublevación permanente e
indefinida hasta que la democracia sea paz para el pueblo y justicia
para todas y todos. Llamamos a la población a luchar, a no desmayar en
el reclamo diario y permanente de la justicia que nunca llega, pero que
terminará por imponerse. Esta sublevación permanente e indefinida se
vive desde ya en los territorios donde las comunidades defienden
soberanamente sus bienes naturales y exigen que las instituciones del
Estado funcionen correctamente; desde escuelas y centros de salud hasta
aquellas encargadas de velar por la paz social y la aplicación de
justicia.
Saludamos
especialmente a los jóvenes y mujeres por el papel rebeldemente justo
que han jugado en la historia más reciente de Honduras, particularmente
desde el golpe de Estado en 2009 y el fraude electoral de 2017. Se les
invita a no desmayar, a no acomodarse y ajustarse a las miserias que
provee la narcodictadura que nos somete, sino a continuar recuperando y
reconstruyendo la patria que anhelamos, esa patria-amor cargada de
solidaridad y entrega que nada tiene que ver con patriotismos fascistas
importados e inculcados en nuestros pueblos. Igualmente saludamos a los
pueblos originarios y afrodescendientes y en general a todas las
comunidades campesinas que defienden lo suyo y no se dejan someter ante
quienes intentan despojarlos de sus bienes naturales.
La
narcodictadura debe y tiene que tener final. Estamos llamados y
llamadas a construir este final y a deducirle responsabilidades por el
enorme daño que le ha hecho al país. Llamamos a construir la unidad
nacional sin barricadas entre los mismos movimientos sociales, sin
intereses mezquinos entre líderes y lideresas; a dejar el acomodo y el
cálculo, a formarnos, y generar un nuevo pensamiento y formas de hacer
las cosas que esté a la altura del país y de las demandas de cambio real
de la población; a luchar por nuestra independencia orgánica e
ideológica, a proponer más y reaccionar menos, a comprender que nuestro
trabajo inmediato es derrocar y encarcelar a la banda de políticos y
empresarios criminales que actualmente están en las estructuras de
poder. Pero debemos estar claros que nuestra responsabilidad mayor es
elaborar, construir y dirigir un nuevo horizonte para Honduras basado en
dignidad y justicia.
“Lo que se empieza se termina; si no, no sirve” Ramón Fiallos
Arizona, Atlántida. 25 de enero de 2019
Policía dispara a camarógrafo de UNE TV
Reprimieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que estaban de manera pacifica, incluso dejando pasar los vehículos de ambos ladosPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Miembros de la Policía Nacional desalojaron a los manifestantes del
Partido Libertad y Refundación (Libre) que estaban apostados en la
segunda entrada de la populosa colonia Kennedy de esta capital.
La
toma se mantenía desde tempranas horas de la mañana de manera pacifica y
a eso de las doce del mediodía mas de 150 policías comenzaron a tirar
bombas lacrimógenas contra los miembros de Libre que se mantenían en la
manifestación pacifica, incluso estaban dejando pasar los vehículos por
ambos carriles del bulevar.
Uno
de los “agentes del orden” se fue directamente contra un camarógrafo
del canal de televisión Une TV y le disparó una bala de goma en el
abdomen.
Gilberto
Ríos, dirigente de Libre que comandaba la manifestación, comentó que se
mantenían en esa vía de manera pacifica desde tempranas horas de la
mañana y de repente los policías recibieron la orden de desalojo y
comenzaron a disparar bombas lacrimógenas y a confrontar con los
manifestantes.
Los
manifestantes se reagruparon, pero ya en menor cantidad y Ríos señaló
que esperaran instrucciones del Partido para ver que acciones siguen si
en la misma zona o se trasladan a otro sector de la capital.
Ríos
manifestó además que para la tarde y noche hay muchos comandos
insurreccionales y grupos de base del Partido Libre que se estarán
manifestando y que la protesta es para todo el día y la noche de este
domingo 27 de enero.
La policía detiene a jóvenes que se manifiestan de manera pacífica en Tegucigalpa
Tegucigalpa.- Cuatro jóvenes que se manifestaban de forma pacífica contra la dictadura, a un año de la imposición mediante fraude electoral, fueron detenidos por la policía.
Los detenidos son Franklin Geovany Ramírez, Melvin Antonio Reyes, Carlos Orlando Hernández y otra persona que no se ha constatado su identidad.
Dos de los jóvenes fueron detenidos en el barrio Morazán de Tegucigalpa y los otros dos por el sector de la Clínica Viera.
En horas de la mañana también se detuvo a 3 jóvenes por manifestarse en contra de la dictadura en la colonia Cerro Grande, pero se conoció que fueron liberados.
El equipo del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se trasladó hasta la posta del Manchen para lograr que estas cuatro personas sean liberadas.
Este día, como había sido anunciado, se desarrollan tomas a nivel nacional en contra de la dictadura de JOH, donde algunas de estas han sido reprimidas por elementos represores del estado, con gas lacrimógeno y balas de goma.
Ante estos ataques por parte de la Policía Nacional al pueblo, que se manifiesta en contra de la dictadura de JOH, fue obligado a desalojar por medio de la represión.
Varias personas resultaron afectadas por el gas y un camarógrafo de un medio de comunicación fue herido con una bala de goma, que le impacto en su estómago.
Desde horas de la mañana se reportaron manifestaciones pacíficas en Tegucigalpa, Choluteca, La Paz, Olancho, San Pedro Sula, El Progreso, Atlántida, entre otros.
Policía captura periodista y defensora de derechos humanos
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.-La policía de Choluteca, irrespetando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), capturó este domingo al periodista Jairo López en la ciudad de Choluteca.
De igual manera se informó que también los policías capturaron a la defensora de los derechos humanos Martha Lidia Maradiaga miembro de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos quien fue trasladada a la UDEP número 6 al igual que se presume llevaron al periodista Jairo López.
Tegucigalpa.-La policía de Choluteca, irrespetando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), capturó este domingo al periodista Jairo López en la ciudad de Choluteca.
De acuerdo a informaciones brindadas a Criterio.hn
el comunicador social habría sido golpeado por los agentes policiales
que le dieron captura cuando cubría las manifestaciones en la zona sur
de Honduras.
López
fue subido a la patrulla PN-577 y aun no se sabe para donde lo
trasladaron los policias de tránsito de apellidos: Andino Rodas,
Martinez y Fuentes.
Informaciones
preliminares establecen que el periodista fue capturado por dos
policías de tránsito, uno de apellido Méndez y el otro Andino, quienes
actuaron bajo las órdenes un subcomisario de apellido Villanueva y otro
de nombre Milton Obando.
De igual manera se informó que también los policías capturaron a la defensora de los derechos humanos Martha Lidia Maradiaga miembro de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos quien fue trasladada a la UDEP número 6 al igual que se presume llevaron al periodista Jairo López.
Detienen a periodista Jairo López y su escolta cuando cubría las protestas contra JOH
Sunday, 27 January 2019 17:52 Written by Dina Meza Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
En la foto se puede evidenciar los
resultados de las horas extenuantes que ha pasado Jairo López metido en
una patrulla policial sin que le hayan informado de qué se trata.
Desde a eso de la una y treinta de la tarde de este 27 de enero de
2019, fue detenido el periodista Jairo López junto a su escolta en la
comunidad de Santa Elena, en el Sur del país, cuando cubría las
incidencias de las protestas de la población contra el presidente Juan
Orlando Hernández, que cumple un año de haber asumido el poder a través
de elecciones que fueron señaladas como las más cuestionadas de la
historia,en noviembre de 2017.
López ha tenido dos procesos judiciales, una querella ya cerrada y
actualmente un juicio por daños por parte de la Empresa Energía
Honduras, EEH, que la inició el pasado 10 de noviembre de 2018. Se suman
constantes amenazas, campañas de desprestigio y falsos positivos para
incriminarlo en acciones ilegales con el objetivo de enviarlo a prisión.
En esta nueva acción considerada como otras de hostigamiento y violación al ejercicio del periodismo, la policía de la zona Sur lo capturó quitándoles su vehículo, golpeando a la escolta que le acompañaba a quien le decomisaron su arma de reglamento. Estye escolta permanece junto al comunicador social desde el año 2017 cuando se le otorgaron las medidas de protección en el Mecanismo de Protección del Estado de Honduras.
Los hostigamientos constantes de sus escoltas es otro de los distintivos de la implementación de las medidas de protección que le corresponden llevar a cabo a la Policía Nacional. Los policías asignados a esta tarea han sido víctimas de amedrentamiento, amenazas de que si no dan un mal informe contra López serán dados de baja deshonrosa o perderán sus acuerdos de nombramiento. Asimismo la incriminación en la pérdida de un arma que desapareció cuando uno de los policías asignados sufrió una caída en la sede policial de Choluteca, y aunque la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, tiene la denuncia no han hecho nada para investigar quién la tiene.
Una detención ilegal
Hace varias horas que Jairo López comunicó al Mecanismo de Protección que había sido metido a una patrulla sin que le dijeran los motivos para mantenerlo retenido y donde no tiene acceso a ingerir alimentos, agua o hacer sus necesidades fisiológicas, lo que constituiría una forma de tortura y malos tratos que violentan la Convención contra la Tortura de la cual Honduras es suscriptor.
El sábado anterio la DPI incluí en una denuncia de una persona que fue a interponerla porque habían en el marco de una manifestación un edificio sufrió pérdidas físicas, que el hecho lo hicieron manifestantes al mando de Jairo López, pero la persona que estaba denunciando se opuso a firmar y la policía tuvo que corregir eso que sería otra estrategia más para incriminarlo de acciones reñidas con la ley y sacarlo de la escena en el ejercicio de la profesión de una forma radical, pues actualmente después de que está prohibido que alguien le rente un espacio para su programa de televisión, lo hace a través de facebook live y de pasosdeanimalgrande.com.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos habló con un oficial de apellido Villanueva para preguntarle si era una detención del periodista, y éste negó el extremo, pero consultado otro personero de la policía manifestó que el comunicador social estaba bajo investigación y que fiscales del Ministerio Público iban en camino hacia el Sur lo cual no se ha confirmado aún por este medio de comunicación, y lo que ha quedado en evidencia es las contradicciones en informar en realidad de qué se trata el hecho de que Jairo López no pueda salir de una patrulla policial. Hasta el cierre de esta nota y pasadas varias horas de este hecho la policía no ha logrado clarificar si es una detención.
En la zona se encuentra delegados del CONADEH para constatar las violaciones a los derechos del afectado y si se sigue el debido proceso en este acto muy peculiar y común cuando se trata de este comunicador social que enfrenta acciones de diferente naturaleza todas las semanas desde el 2017.
En esta nueva acción considerada como otras de hostigamiento y violación al ejercicio del periodismo, la policía de la zona Sur lo capturó quitándoles su vehículo, golpeando a la escolta que le acompañaba a quien le decomisaron su arma de reglamento. Estye escolta permanece junto al comunicador social desde el año 2017 cuando se le otorgaron las medidas de protección en el Mecanismo de Protección del Estado de Honduras.
Los hostigamientos constantes de sus escoltas es otro de los distintivos de la implementación de las medidas de protección que le corresponden llevar a cabo a la Policía Nacional. Los policías asignados a esta tarea han sido víctimas de amedrentamiento, amenazas de que si no dan un mal informe contra López serán dados de baja deshonrosa o perderán sus acuerdos de nombramiento. Asimismo la incriminación en la pérdida de un arma que desapareció cuando uno de los policías asignados sufrió una caída en la sede policial de Choluteca, y aunque la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, tiene la denuncia no han hecho nada para investigar quién la tiene.
Una detención ilegal
Hace varias horas que Jairo López comunicó al Mecanismo de Protección que había sido metido a una patrulla sin que le dijeran los motivos para mantenerlo retenido y donde no tiene acceso a ingerir alimentos, agua o hacer sus necesidades fisiológicas, lo que constituiría una forma de tortura y malos tratos que violentan la Convención contra la Tortura de la cual Honduras es suscriptor.
El sábado anterio la DPI incluí en una denuncia de una persona que fue a interponerla porque habían en el marco de una manifestación un edificio sufrió pérdidas físicas, que el hecho lo hicieron manifestantes al mando de Jairo López, pero la persona que estaba denunciando se opuso a firmar y la policía tuvo que corregir eso que sería otra estrategia más para incriminarlo de acciones reñidas con la ley y sacarlo de la escena en el ejercicio de la profesión de una forma radical, pues actualmente después de que está prohibido que alguien le rente un espacio para su programa de televisión, lo hace a través de facebook live y de pasosdeanimalgrande.com.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos habló con un oficial de apellido Villanueva para preguntarle si era una detención del periodista, y éste negó el extremo, pero consultado otro personero de la policía manifestó que el comunicador social estaba bajo investigación y que fiscales del Ministerio Público iban en camino hacia el Sur lo cual no se ha confirmado aún por este medio de comunicación, y lo que ha quedado en evidencia es las contradicciones en informar en realidad de qué se trata el hecho de que Jairo López no pueda salir de una patrulla policial. Hasta el cierre de esta nota y pasadas varias horas de este hecho la policía no ha logrado clarificar si es una detención.
En la zona se encuentra delegados del CONADEH para constatar las violaciones a los derechos del afectado y si se sigue el debido proceso en este acto muy peculiar y común cuando se trata de este comunicador social que enfrenta acciones de diferente naturaleza todas las semanas desde el 2017.
Sin acceso a la justicia tres estudiantes criminalizados por la UNAH porque sentencia está sólo en audio
Saturday, 26 January 2019 00:17 Written by German Reyes Published in Denuncia Read - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: Dick y Miriam Emanuelsson
Tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras,(UNAH), que el 2015 fueron criminalizados y posteriormente
condenados a prisión por luchar para mejorar la educación del Alma
Mater, siguen siendo perseguidos y a dos años de haberles dictado
sentencia condenatoria, la justicia hondureña les niega hasta el derecho
a un Recurso de Casación.
La casación es el último recurso que pueden utilizar los hondureños para rebatir los fallos de la justicia hondureña.
Se trata de los universitarios Sergio Luis Ulloa, Cesario Alejandro Padilla y Moisés David Ceceres, todos miembros del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), en su momento, condenados a tres años de prisión, luego que el Ministerio Público los acusara de usurpación por la toma de las instalaciones de la UNAH, a inicios del mes de julio del 2015, donde demandaban respeto a los derechos a la protesta y a la educación pública.
La abogada Karla Alegría, actual apoderada de uno de los afectados, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, explicó que a casi dos años de haberse dictado la sentencia condenatoria la Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, no ha transcrito el acta correspondiente, la cual solo se mantiene en audio, y que por ese motivo en la Corte Suprema de Justicia no les permiten interponer el Recurso de Casación.
Sostuvo que es una acción atípica el Tribunal de Sentencias que violenta el debido proceso a que tiene derecho los estudiantes.
La Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencias, la integran, los jueces, Enilda Geraldina Mejía, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía, quienes los fueron encargados de condenar a los estudiantes, el 07 de agosto del 2017, según consta en el acta de individualización de la pena, inserta en el folio 410 del expediente.
Un juicio "ágil" y diferente a otros
El juicio contra los tres estudiantes inició el 15 de julio 2015 inmediatamente después de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal. Dos días después, el 17 de julio, un juez de lo penal les tomó las respectivas declaraciones de imputado y el 05 de agosto de ese mismo año se desarrolló la audiencia inicial, dictándoles auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión, sin que surtiera efecto un Recurso de Apelación interpuesto por la defensa.
La audiencia preliminar se desarrolló el 31 de marzo del 2016 y el 04 de mayo de ese año el Tribunal de Sentencias emitió el auto de apertura de juicio oral y público, mismo que se desarrolló el 24 y 27 de mayo del 2017. Allí los declararon culpables y el 07 de agosto de dicho añoles individualizaron la pena.
Desde el inicio se ha entorpecido el proceso
Uno de los afectados es el periodista Cesario Alejandro Padilla, quien en el 2015 era estudiante de la carrera del periodismo y ya ejercía sus labores en el ramo, acompañando de cerca la lucha estudiantil. En muchas ocasiones Cesario fue reprimido por miembros de la policía y del ejército, quienes violando la autonomía universitaria, con el consentimiento de las autoridades, ingresaban a la universidad para agredir a los estudiantes.
Sobre el problema que se les presenta en la Corte Suprema de Justicia, pasosdeanimalgrande.com habló con Padilla , quien contundentemente dijo que no es la primera vez que se les obstruye el acceso a la justicia y esa actitud de los jueces no obedece más que otra de las acciones de persecución emprendidas por las autoridades en contra del estudiantado. “Es para intimidar a la población estudiantil”.
A renglón seguido indicó que la falta de acceso a la justicia les viene afectando desde julio del 2015 cuando inició el proceso penal. Y que tanto él como Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, involucrados en ese juicio, ya venían siendo víctimas de persecución desde el 2014.
Aunque es consciente de la escalada del gobierno en contra de los movimientos sociales, Cesario no se explica por qué la justicia “putrefacta” hondureña no les permite hacer uso del último recurso legal.
Aseveró que la situación forma parte de una política de Estado encaminada a golpear a los movimientos sociales y que en los últimos días la intimidación trasciende de la criminalización y alcanza hasta la muerte.
Añadió que últimamente han asesinado estudiantes universitarios y de secundaria que son los próximos en llegar a la UNAH, los crímenes alcanzaron a padres de los estudiantes e incluso dentro de la universidad golpean y asaltan estudiantes y violan a las muchachas.
Sumado a eso a los estudiantes que son criminalizados los acusan de delitos que tienen penas mayores a los seis años para asegurarse que estarán la cárcel.
“Se fue Julieta, pero quedó Francisco Herrera quien también criminalizó protestas en San Pedro Sula”, indicó Padilla, no descartando que la actuación de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias tenga que ver con presiones de fuera para impedirles el acceso a la justicia.
Padilla lamentó que en los tribunales de justicia teniendo casos donde podrían causar mayor notoriedad, como el Arca Abierta, El Pacto de Impunidad y Pandora, se ensañen contra los estudiantes y otros líderes del movimiento social.
“En mayo cumplimos dos años de la sentencia y ni siquiera hemos sido notificados”, puntualizó Padilla.
Se trata de los universitarios Sergio Luis Ulloa, Cesario Alejandro Padilla y Moisés David Ceceres, todos miembros del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), en su momento, condenados a tres años de prisión, luego que el Ministerio Público los acusara de usurpación por la toma de las instalaciones de la UNAH, a inicios del mes de julio del 2015, donde demandaban respeto a los derechos a la protesta y a la educación pública.
La abogada Karla Alegría, actual apoderada de uno de los afectados, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, explicó que a casi dos años de haberse dictado la sentencia condenatoria la Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, no ha transcrito el acta correspondiente, la cual solo se mantiene en audio, y que por ese motivo en la Corte Suprema de Justicia no les permiten interponer el Recurso de Casación.
Sostuvo que es una acción atípica el Tribunal de Sentencias que violenta el debido proceso a que tiene derecho los estudiantes.
La Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencias, la integran, los jueces, Enilda Geraldina Mejía, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía, quienes los fueron encargados de condenar a los estudiantes, el 07 de agosto del 2017, según consta en el acta de individualización de la pena, inserta en el folio 410 del expediente.
Un juicio "ágil" y diferente a otros
El juicio contra los tres estudiantes inició el 15 de julio 2015 inmediatamente después de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal. Dos días después, el 17 de julio, un juez de lo penal les tomó las respectivas declaraciones de imputado y el 05 de agosto de ese mismo año se desarrolló la audiencia inicial, dictándoles auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión, sin que surtiera efecto un Recurso de Apelación interpuesto por la defensa.
La audiencia preliminar se desarrolló el 31 de marzo del 2016 y el 04 de mayo de ese año el Tribunal de Sentencias emitió el auto de apertura de juicio oral y público, mismo que se desarrolló el 24 y 27 de mayo del 2017. Allí los declararon culpables y el 07 de agosto de dicho añoles individualizaron la pena.
Desde el inicio se ha entorpecido el proceso
Uno de los afectados es el periodista Cesario Alejandro Padilla, quien en el 2015 era estudiante de la carrera del periodismo y ya ejercía sus labores en el ramo, acompañando de cerca la lucha estudiantil. En muchas ocasiones Cesario fue reprimido por miembros de la policía y del ejército, quienes violando la autonomía universitaria, con el consentimiento de las autoridades, ingresaban a la universidad para agredir a los estudiantes.
Sobre el problema que se les presenta en la Corte Suprema de Justicia, pasosdeanimalgrande.com habló con Padilla , quien contundentemente dijo que no es la primera vez que se les obstruye el acceso a la justicia y esa actitud de los jueces no obedece más que otra de las acciones de persecución emprendidas por las autoridades en contra del estudiantado. “Es para intimidar a la población estudiantil”.
A renglón seguido indicó que la falta de acceso a la justicia les viene afectando desde julio del 2015 cuando inició el proceso penal. Y que tanto él como Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, involucrados en ese juicio, ya venían siendo víctimas de persecución desde el 2014.
Aunque es consciente de la escalada del gobierno en contra de los movimientos sociales, Cesario no se explica por qué la justicia “putrefacta” hondureña no les permite hacer uso del último recurso legal.
Aseveró que la situación forma parte de una política de Estado encaminada a golpear a los movimientos sociales y que en los últimos días la intimidación trasciende de la criminalización y alcanza hasta la muerte.
Añadió que últimamente han asesinado estudiantes universitarios y de secundaria que son los próximos en llegar a la UNAH, los crímenes alcanzaron a padres de los estudiantes e incluso dentro de la universidad golpean y asaltan estudiantes y violan a las muchachas.
Sumado a eso a los estudiantes que son criminalizados los acusan de delitos que tienen penas mayores a los seis años para asegurarse que estarán la cárcel.
“Se fue Julieta, pero quedó Francisco Herrera quien también criminalizó protestas en San Pedro Sula”, indicó Padilla, no descartando que la actuación de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias tenga que ver con presiones de fuera para impedirles el acceso a la justicia.
Padilla lamentó que en los tribunales de justicia teniendo casos donde podrían causar mayor notoriedad, como el Arca Abierta, El Pacto de Impunidad y Pandora, se ensañen contra los estudiantes y otros líderes del movimiento social.
“En mayo cumplimos dos años de la sentencia y ni siquiera hemos sido notificados”, puntualizó Padilla.
El encierro de la manipulación y la indignidad
El
poder político, que lidera el Partido Nacional en el Congreso, optó por
esconderse este 25 de enero durante la instalación de la Segunda
Legislatura del período 2018-2022.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Atrás
quedó el respeto por las libertades y se ha dado un paso ignominioso
contra los reclamos genuinos de las mayorías; esas que ya no salen a las
calles por el miedo a ser reprimidas o por el desgaste de la lucha
social, que en los últimos diez años no ha logrado su propósito.
Pese
a ese debilitamiento, el régimen de Juan Hernández optó este 25 de
enero por colocar anillos de seguridad en la zona y cerrar las calles
que dan acceso al Congreso Nacional, donde se instaló la Segunda
Legislatura del periodo 2018-2022, en medio de la crítica colectiva por
los acuerdos alcanzados entre los políticos sobre la creación de dos
nuevas instituciones electorales que suplantarán al corroído Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
El
ambiente que se vivió este viernes en las calles del centro histórico
de Tegucigalpa más parecía el de un toque de queda o de un
enfrentamiento interno que el de la instalación de un periodo
legislativo.
El
Poder Legislativo informó mediante campos pagados publicitarios que se
había optado al cierre de calles a partir de las 6:00 de la mañana de
hoy viernes “con el fin de evitar contratiempos y permitirles a los
ciudadanos tomar vías alternas” y todo “debido a los solemnes actos de
instalación de la Segunda Legislatura de este Poder del Estado”.
CONTRASTE:Mientras el Poder Legislativo le cierra las puertas a las protestas del pueblo, en enero de 2018 el entonces vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, reveló que existía una red de al menos 160 diputados corruptos que saqueaban fondos del Estado para uso particular. El exfuncionario citó al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, de ser parte de esa red.
El
paso vehicular en las calles del centro de Tegucigalpa y el de los
transeúntes se mantuvo interrumpido desde las 6:00 de la mañana hasta en
horas de la tarde.
El
argumento absurdo, incomodó a los transeúntes y en especial a las
organizaciones de mujeres y feministas, que en años anteriores, cuando
había un poco más de tolerancia, se manifestaban en los bajos del
Legislativo para exigir el cumplimiento de sus derechos y denunciar los
abusos del Estado machista y patriarcal.
Este
año, al igual como ocurrió el año pasado, las mujeres en el marco de la
conmemoración de su día, se limitaron a protestar en los alrededores
del parque Central, donde lanzaron consignas en contra de los abusos de
la administración Hernández, especialmente por la adopción de políticas
neoliberales, que están afectado a las mujeres del campo y a las jefes
de familia.
La protesta de las organizaciones de mujeres y feministas se mantuvo frente al parque Central.
Mientras
un grupo de mujeres protestaba y gritaba fuera JOH, “abajo la
dictadura” y coreaban música contestataria, otras se lamentaban porque
las barricadas de policías y militares no les permitían el paso,
violentándoles así el derecho a la libre locomoción y a la protesta, en
el lugar donde ellas querían llegar, que era precisamente a los bajos
del Poder Legislativo.
EL OTRO LADO
Curiosamente
al otro lado, frente al parque La Merced, se encontraba una muchedumbre
de activistas del oficialista Partido Nacional, que a todo pulmón
gritaban “viva JOH”, “queremos paz” y disfrutaban al aire libre de un
baile improvisado con música popular, que provenía de un estridente
altoparlante.
A
los activistas del Partido Nacional se les permitió llegar hasta el
Congreso, dado que la seguridad de este Poder del Estado repartió entre
ellos unos brazaletes color naranja para identificarlos y tratarlos con
preferencia.
Paradójicamente,
los afines al gobierno lograron ingresar a sectores que ni la prensa
independiente tuvo acceso, incluso, se denunció que éstos lanzaron agua
al equipo de Radio Progreso y a diputados del Partido Libertad y
Refundación (Libre) que portaban una pancarta que decía: “Viene la DEA
por JOH” y que vestían con camisetas con la leyenda: “fuera JOH”.
La diputada de Libre, Olivia Zúniga Cáceres, porta una de las pancartas que irritó a los nacionalistas.
Mientras
se desarrollaba la instalación de la Segunda Legislatura, los
transeúntes que intentaban pasar por el Congreso, tuvieron que buscar
otras rutas, porque los policías y militares se los impidieron.
CIRCO Y SHOW
En
medio de la fiesta de los nacionalistas y los reclamos de las mujeres y
feministas, los titulares de los tres poderes del Estado, Juan
Hernández, del Poder Ejecutivo; Mauricio Oliva, del Poder Legislativo y
Rolando Argueta, del Poder Judicial, festejaban con júbilo la
instalación de la Segunda Legislatura.
Al
momento del ingreso de Hernández los diputados de Libre se levantaron
de sus butacas, para enviar un mensaje de repudio al gobernante. En
tanto, algunos diputados del PINU, optaron por no asistir a la
ceremonia.
Juan
Hernández,Poder Ejecutivo; Mauricio Oliva, Poder Legislativo y Rolando
Argueta, Poder Judicial, encabezaron la instalación de la Segunda
Legislatura.
En
el evento protocolario se violentó una vez más el Estado laico al
permitirles a religiosos de las iglesias católica y evangélica, dirigir
un acto litúrgico, irrespetando también la libertad de culto.
Durante
la ceremonia, a la que acudió el representante de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en Honduras Igor Garafulic y representantes de
la comunidad internacional, se soslayó la crisis permanente en la que
se encuentra Honduras por la corrupción e impunidad, ante una
institucionalidad debilitada.
A
la ceremonia también llegaron representantes de la Policía Nacional,
Fuerzas Armadas, iglesia católica y evangélica, funcionarios del
gabinete de gobierno, académicos, embajadores y diplomáticos acreditados
en el país.
Al
acto protocolario asistió el expresidente, Porfirio Lobo Sosa. señalado
por actos de corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico. En la
imagen saluda al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Cada
uno de los titulares de los tres poderes del Estado, dio lectura a
informes, con los que se descifró una Honduras diferente a la que se
vive en la realidad.
El
titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, cuantificó que en el
primer año se han aprobado más de 180 decretos, entre los cuales—dijo—
hay “leyes determinantes”.
“La
producción legislativa del año 2018 se orientó hacia bienestar y
desarrollo social, inversión y generación de empleo, seguridad y
transparencia y lucha anticorrupción, que se definieron como pilares
fundamentales de la agenda de esta presidencia”, según Oliva.
En
tanto el jefe de gobierno, Juan Hernández, se adjudicó logros en
materia de seguridad, al indicar que con su programa en dicha materia se
han salvado más de 47 mil vidas.
Y
como si se tratase de ofertas proselitistas, prometió incrementar el
número de policías, hasta llegar a 26,000, y llevar a Honduras a niveles
de seguridad de países del primer mundo.
Asimismo,
y entre otras promesas, mejorar la macroeconomía e invertir más de 23
mil millones de lempiras en infraestructura vial y productiva durante
los próximos tres años.
Por
su parte, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta enumeró que
la defensa pública durante el 2018 brindó asistencia jurídica gratuita
en 9,098 casos penales y de niñez y adolescencia, y en 2,101 casos
civiles, de familia y de violencia doméstica, beneficiando a 23,466
personas.
Pese
a que las extradiciones hacia los Estados Unidos, para implicados en
narcotráfico y delitos del crimen organizado, implica el debilitamiento
institucional y en particular las malas prácticas del Poder Judicial,
Argueta mostró dicho procedimiento como un logro de su gestión.
En
ese sentido, apuntó que se han sumado 26 peticiones más presentadas
entre 2016 y 2018, haciendo un total de 45 solicitudes de extradición.
Defensoras de DDHH piden respeto a su labor a las fuerzas represivas del Estado
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Las mujeres de la Mesa de Indignación de El Progreso, denunciaron que
este domingo 27 de enero han sido agredidas por parte de los policías
Tigres, la DPI, la Policía Nacional.
Ellas
solo realizan su trabajo de documentar todas las violaciones a derechos
humanos en el marco de las protestas pacíficas desarrollas hoy en todo
el país por la libertad de los presos políticos y por la petición del
titular del régimen.
Estos son algunos hechos denunciados:
Primero:
Policía de la DPI comenzaron a empujarlas, gritándoles que se
retiraran de la zona y poniendo otro policía casi sobre ellas para que
con su escudo las agrediera y usando sus codos para lastimarlas
físicamente.
Segundo:
la Fuerza Especial Militar fue a decirles que soltaran la bandera por
las buenas o si no el mismo se las quitaría por las malas, y al querer
usar la fuerza les dice que de una patada las mandaría al otro lado de
la glorieta, y gritándoles que llamaran a los derechos humanos a ver si
nos van a salvar.
Las
mujeres defensoras exigen que se retiren los Tigres, los antimotines y
los militares de las calles, pues no son ellos, ni tienen facultades
para torturar y asesinar al pueblo: Llegan de un solo lanzando gases
lacrimógenos y abriendo bala viva para imponer el uso desmedido de la
fuerza.
Demandan
además la libertad de los presos políticos, pues no es un delito
defender los derechos ante un gobierno ilegitimo como el actual.
Piden libertad para Edwin Espinal, Raúl Álvarez, Gustavo Adolfo Cáceres y todos los presos políticos de esta dictadura.
Y
exigen la salida de Juan Hernández quien es el verdadero responsable de
cada una de las violaciones a derechos humanos en este país.
Finalmente
pidieron que se respete todas las garantías constitucionales del
pueblo para salir a manifestarse pacíficamente y defender nuestra
soberanía.
Periodista Jairo Lopez y su escolta fueron dejados en libertad a la medianoche de este domingo
Monday, 28 January 2019 15:27 Written by Webmaster Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Con un auto de libertad "por ahora", Jairo Lopez y su escolta quedaron libres a la medianoche del domingo.
"Queda demostrada una vez más la persecución contra el comunicador desde el Estado de Honduras y el uso de falsos positivos.
Desde Asopodehu responsabilizamos al Estado hondureño de cualquier atentado contra la integridad fisica de Jairo desde ahora por la vulnerabilidad en que dejaron a su escolta": Dina Meza, directora ejecutiva de ASOPODEHU
Honduras: Nuevo trancazo en peaje de carretera CA-5
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Dos ejes antes Lps.82 ahora Lps.87.
Tres ejes antes Lps.123 ahora Lps.130.
Cuatro ejes antes Lps.165 ahora Lps.173. Cinco ejes antes Lps.206 ahora Lps.216.
Seis ejes antes Lps.247 ahora Lps.260.
Este contrato de cobros en los peajes fue aprobado en el Congreso Nacional cuando el actual titular del régimen, Juan Hernández era el presidente de ese poder del estado.
ANTERIOR ACTUAL
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Representantes de la Acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) integrada por organizaciones del movimiento social y partidos políticos de oposición, presentaron una petición al Fiscal General Oscar Chinchilla, para que abra una investigación de oficio contra el presidente del régimen Juan Orlando Hernández
“Siendo él (Juan Orlando Hernández) el presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, donde se diseñan todas las políticas para combatir la criminalidad en todas sus manifestaciones, no creemos nosotros que debe ignorarse esa situación y más bien; con suficiente razón hace pensar que consentía, promovía y de repente hasta participaba del beneficio de las actividades ilícitas del hermano Antonio (Tony) Hernández”, dijo el profesional del derecho Melvin López Herrera, quien moderó la conferencia de prensa frente a las instalaciones del Ministerio Público.
Esta frase resume la petición contenida en un escrito para que el Fiscal General Oscar Chinchilla ordene de oficio la investigación del actual jefe del régimen, cuyo hermano (Tony Hernández) está siendo juzgado en una corte de Estados Unidos por narcotráfico, uso indebido de armas letales y brindar testimonios falsos ante funcionarios estadounidenses.
El documento hace referencia a las denuncias divulgadas por medios de comunicación y dadas a conocer en diferentes momentos por el Comisionado en situación de retiro Ramón Sabillón (ex director de la Policía Nacional), el comisionado Leandro Osorio (ex director de investigación criminal) y el capitán del ejército Santos Orellana, relativas al involucramiento de Antonio “Tony” Hernández y funcionarios del régimen de Juan Orlando Hernández, en actividades ligadas al narcotráfico.
“El Ministerio público de oficio está llamado a investigar esta denuncia. Nosotros como la Acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) nos sentimos en la necesidad de impulsar esta solicitud para que el Ministerio público investigue, para que no haya excusas de ninguna naturaleza”, explicó López Herrera.
López Herrera añadió que la función del Fiscal General de la República conforme a la ley a y la Constitución no debe dejar pasar por alto esta solicitud, de tal manera que en el corto plazo esperamos nosotros una respuesta oportuna de cómo han iniciado estas investigaciones y los pasos que ha seguido y piensa dar, hasta llegar a una conclusión final y determinar si Juan Orlando Hernández Alvarado, jefe de facto del ejecutivo; tiene que ver directa o indirectamente con esta situaciones de Tony Hernández, como han declarado oficiales de policía (como Leandro Osorio y Ramón Sabillón) y de las Fuerzas Armadas (capitán Santos Orellana).
La acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) demandó la salida de Juan Orlando Hernández del poder y para ello continuará realizando durante esta semana, una serie de acciones en todo el territorio nacional.
Las acciones de protesta contemplan la realización de plantones frente al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, movilizaciones, bloqueo de carreteras y caravanas de vehículos, entre otras actividades en rechazo y condena a la dictadura que mantiene Juan Orlando Hernández en Honduras.
Este domingo 27 de enero, se cumple un año del bochornoso fraude electoral perpetrado por el partido Nacional y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), que facilitó el continuismo de Juan Orlando Hernández (JOH).
El líder sindical Carlos H. Reyes, integrante de la Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC) dijo que es necesario que el pueblo entienda la necesidad que “sólo juntos, movimientos sociales y partidos políticos, vamos a poder sacar esto adelante, vamos a seguir haciendo esfuerzos, porque no nos cansamos de eso”.
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, quien también forma parte de la Coordinación Nacional de la CCC, expresó que el Ministerio Público (MP) es el órgano encargado de iniciar procesos de investigación por las denuncias que se han presentado por diferentes oficiales del ejército y de la policía nacional que han estado involucrados en la búsqueda de detenciones y pruebas sobre cómo opera la criminalidad y el narcotráfico en nuestro país. y lo han dicho públicamente.
“Lo han dicho públicamente y han dicho que han tenido pruebas y las consecuencias que ellos han tenido, y ha pasado el tiempo y el Ministerio Público es como que aquí no se haya denunciado nada”, explicó Oliva.
Oliva indicó que la acción de este día junto a las que vienen durante esta semana, las “hacemos en nombre de los presos políticos, los exiliados políticos, las hacemos en nombre de los mártires políticos que no han tenido ninguna atención desde el estado de Honduras, por el contrario éstas instituciones como el Ministerio Público se han ensañado en hacer requerimientos fiscales hasta privarles de la libertad y hasta no hacer nada por investigar y sancionar a los responsables; aunque hayan asesinado a hombre y mujeres que se manifestaron contra el fraude electoral de 2017”.
OPORTUNISTAS
Nuevas extradiciones, no. Sentencias condenatorias por la
MACCIH, no. Nuevas revelaciones de narcos corruptos del gobierno en
Nueva York, no. Nuevas caravanas organizadas por Trump para presionar a
los demócratas, no.
La coyuntura somos nosotros.
Los médicos psiquiatras nos están repitiendo con frecuencia que, en general, la población hondureña sufre trastornos y enfermedades severas como consecuencia de la violencia, impuesta por el crimen organizado que tomó control del país.
Los observatorios de pobreza, de los medios de información y de los cuerpos violentos de la policía y el ejército, indican que la salud individual y del tejido social hondureño están seriamente afectadas por esos protagonistas.
Las consecuencias de esa violencia brutal, asentuada en los últimos diez años de golpismo, corrupción y narcotráfico oficial, se manifiestan de diferentes maneras, desde la indiferencia colectiva, el pesimismo, el abandono del país, el suicidio y la toma de decisiones inteligentes también.
Nos interesa esto último, obviamente.
Hay médicos generales y especialistas que recomiendan a sus pacientes no escuchar programas de radio y televisión que presentan la sangre como noticia del día. Ni leer publicaciones que ofrecen cadáveres. O que venden desesperanza, silencio o manipulación pura y tonta. Ese es un consejo inteligente.
Conocemos nutricionistas que recomiendan directamente no consumir hamburguesas ni otras comidas chatarras para no morirse temprano de obesidad y el paadre Fausto, por ejemplo, dice claramente no consumir bebidas gaseosas porque son las responsables de tener llenos los hospitales públicos con pacientes de diábtetes. Son decisiones inteligentes.
Pero ahora la principal decisión inteligente que deseamos destacar frente a la violencia es la que proponen desde mañana las coaliciones sociales y políticas agrupadas en la Convergencia contra el Continuismo, y la Alianza Ciudadana.
La decisión es pedir en las calles de todo el país la expulsión del líder de todos los causantes de violencia contra el pueblo. La salida bajo presión popular de Juan Orlando Hernández, un peón imperial carente de legitimidad social, ilegal en términos constitucionales, y una auténtica ruina ética, moral y política.
La convocatoria indica que las manifestaciones comienzan este domingo y continúan sin interrupción durante la semana hasta el próximo domingo 27. La convocatoria es contra JOH y su anillo de miseria que destruyen el país.
Las acciones están convocadas bajo la bandera pacífica en uno de los países más violentos del mundo, donde todos sabemos que la policía, el ejército y sus cuerpos paralelos tienen el monopolio de las armas. Y un discurso inútil, mercenario, contra la gente.
La propuesta ciudadana frente a este modelo de violencia es, simple y compleja, al mismo tiempo. Es crear condiciones objetivas y subjetivas en la población hondureña para organizar la paralización del país, que conduzca a una salida constitucional de la crisis interminable iniciada con el golpe de Estado de 2009, perpetrado por los carteles del narcotráfico asociados al Pentágono estadounidense.
Una vez que el impostor sea expulsado del lugar que suplanta, un liderazgo compartido debe asumir la conducción temporal del Estado, luego organizar y convocar a elecciones generales que reestablezcan el Estado de Derecho.
La coyuntura no es fácil. El país se está vaciando desde abril 2018, con caravanas de miles de personas que perdieron la esperanza en el cambio a nivel interno, y los partidos políticos que considerábamos de oposición han sido atrapados progresivamente por una especie de co-habitación pragmática con el status quo.
El lado oscuro liberal ha tomado control de los diputados en el Congreso ilegítimo del post fraude y otros partidos han preferido anunciar sus acciones hasta junio próximo, mientras se acerca otra vez el trampoco calendario electoral de la tradicion perétua.
También es cierto que a nivel organizativo tradicional hay una fatiga causada por los disensos internos, el activismo cotidiano y la protesta continuada durante diez años consecutivos. A excepción de Colón, Atlántida, Yoro, Intibucá y Choluteca, principalmente, la perseverancia posterior al fraude electoral ha venido a menos.
El gobierno de Estados Unidos, que no ha atenido relaciones oficiales con el impostor, sólo relaciones de facto a través de la militar Fulton, tiene excesivos frentes abiertos en Syria, China, Venezuela, México y el Medio Oriente, como para enfocar su atención hacia Honduras.
Es decir, las aciones contra la dictadura que reinician mañana no tienen un entorno político favorable. Ni religioso. Ni mediático. Pero tienen a su favor un cúmulo de rechazo fermentado contra el modelo de crimen organizado que destruye la vida nacional. Que averguenza a la nación en el mundo.
Si somos capaces de reunir la voluntad de la población que no sigue líneas de partidos, de derecha o de izquierda, y que ha comprendido la importancia del momento, las acciones que inician mañana van a fructificar.
Si un nuevo liderazgo ciudadano, honesto, no calculador de cuotas electorales inmediatas, es capaz de interpretar la fuerza de la nación descontenta y dispuesta, entonces habremos iniciado un camino verdaderamente alternativo.
Si esto es así, entonces las fuerzas de la esperanza van a tensar los mecates.
Aquí vamos, pues. Sigamos.
Hasta mañana!
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro hogares vacíos esperan desde hace 37 años que les digan donde están sus parientes, los jóvenes desaparecidos en la frontera del Guasaule, cuando intentaban ingresar desde Nicaragua, vía terrestre. Pero en su patria los desaparecieron.
A este tiempo, Enrique López Hernández, Julio César Méndez, María Ediltrudiz Montes y Francisco Samuel, estuvieran cerca de los sesenta años. Sin embargo, permanecen siempre jóvenes, presentes y ocupando un lugar insustituible en la memoria del pueblo que no olvida los crímenes cometidos por el Estado de Honduras en la década de los 80 con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), como parte de la injerencia de los Estados Unidos de América.
Faltaban tres días para que el primer presidente de una supuesta era democrática asumiera el poder, se trataba de Roberto Suazo Córdova (1982-1986), que también fue uno de los primeros en entregar informes sobre los detenidos desaparecidos que, más que respuestas, eran una burla para las familias que siguen -sin descanso- buscando verdad y justicia.
Desde ese 24 de enero de 1982, estas familias no volvieron a ser igual, sin embargo, viven con “la esperanza que nunca se pierde de saber que sucedió con nuestros seres queridos”, afirmó Nohemí Pérez Borjas, hermana de Samuel e hija de Fidelina Borjas, una de las fundadoras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La desaparción forzada no se puede describir
Tegucigalpa.-
Un nuevo trancazo entró en vigencia en el pago de peajes en la
carretera CA-5 que conduce de Tegucigalpa a la ciudad de San Pedro Sula.
La empresa COVI, la encargada de darle mantenimiento a la carretera
CA-5, oficializó la nueva tarifa de peaje a partir de este martes 15 de
enero.
El
nuevo trancazo que entró en vigencia este día, aplicará para todas las
tarifas de acuerdo a los ejes del automotor y en las todas las casetas
que cubre la CA-5.
ASÍ QUEDAN LAS TARIFAS
Liviano antes Lps.21 ahora Lps.22.ASÍ QUEDAN LAS TARIFAS
Dos ejes antes Lps.82 ahora Lps.87.
Tres ejes antes Lps.123 ahora Lps.130.
Cuatro ejes antes Lps.165 ahora Lps.173. Cinco ejes antes Lps.206 ahora Lps.216.
Seis ejes antes Lps.247 ahora Lps.260.
Este contrato de cobros en los peajes fue aprobado en el Congreso Nacional cuando el actual titular del régimen, Juan Hernández era el presidente de ese poder del estado.
ANTERIOR ACTUAL
Acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) pide al MP que investigue de oficio a JOH
Tegucigalpa.- Representantes de la Acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) integrada por organizaciones del movimiento social y partidos políticos de oposición, presentaron una petición al Fiscal General Oscar Chinchilla, para que abra una investigación de oficio contra el presidente del régimen Juan Orlando Hernández
“Siendo él (Juan Orlando Hernández) el presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, donde se diseñan todas las políticas para combatir la criminalidad en todas sus manifestaciones, no creemos nosotros que debe ignorarse esa situación y más bien; con suficiente razón hace pensar que consentía, promovía y de repente hasta participaba del beneficio de las actividades ilícitas del hermano Antonio (Tony) Hernández”, dijo el profesional del derecho Melvin López Herrera, quien moderó la conferencia de prensa frente a las instalaciones del Ministerio Público.
Esta frase resume la petición contenida en un escrito para que el Fiscal General Oscar Chinchilla ordene de oficio la investigación del actual jefe del régimen, cuyo hermano (Tony Hernández) está siendo juzgado en una corte de Estados Unidos por narcotráfico, uso indebido de armas letales y brindar testimonios falsos ante funcionarios estadounidenses.
El documento hace referencia a las denuncias divulgadas por medios de comunicación y dadas a conocer en diferentes momentos por el Comisionado en situación de retiro Ramón Sabillón (ex director de la Policía Nacional), el comisionado Leandro Osorio (ex director de investigación criminal) y el capitán del ejército Santos Orellana, relativas al involucramiento de Antonio “Tony” Hernández y funcionarios del régimen de Juan Orlando Hernández, en actividades ligadas al narcotráfico.
“El Ministerio público de oficio está llamado a investigar esta denuncia. Nosotros como la Acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) nos sentimos en la necesidad de impulsar esta solicitud para que el Ministerio público investigue, para que no haya excusas de ninguna naturaleza”, explicó López Herrera.
López Herrera añadió que la función del Fiscal General de la República conforme a la ley a y la Constitución no debe dejar pasar por alto esta solicitud, de tal manera que en el corto plazo esperamos nosotros una respuesta oportuna de cómo han iniciado estas investigaciones y los pasos que ha seguido y piensa dar, hasta llegar a una conclusión final y determinar si Juan Orlando Hernández Alvarado, jefe de facto del ejecutivo; tiene que ver directa o indirectamente con esta situaciones de Tony Hernández, como han declarado oficiales de policía (como Leandro Osorio y Ramón Sabillón) y de las Fuerzas Armadas (capitán Santos Orellana).
La acción Ciudadana contra la Dictadura (ACCD) demandó la salida de Juan Orlando Hernández del poder y para ello continuará realizando durante esta semana, una serie de acciones en todo el territorio nacional.
Las acciones de protesta contemplan la realización de plantones frente al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, movilizaciones, bloqueo de carreteras y caravanas de vehículos, entre otras actividades en rechazo y condena a la dictadura que mantiene Juan Orlando Hernández en Honduras.
Este domingo 27 de enero, se cumple un año del bochornoso fraude electoral perpetrado por el partido Nacional y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), que facilitó el continuismo de Juan Orlando Hernández (JOH).
El líder sindical Carlos H. Reyes, integrante de la Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC) dijo que es necesario que el pueblo entienda la necesidad que “sólo juntos, movimientos sociales y partidos políticos, vamos a poder sacar esto adelante, vamos a seguir haciendo esfuerzos, porque no nos cansamos de eso”.
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, quien también forma parte de la Coordinación Nacional de la CCC, expresó que el Ministerio Público (MP) es el órgano encargado de iniciar procesos de investigación por las denuncias que se han presentado por diferentes oficiales del ejército y de la policía nacional que han estado involucrados en la búsqueda de detenciones y pruebas sobre cómo opera la criminalidad y el narcotráfico en nuestro país. y lo han dicho públicamente.
“Lo han dicho públicamente y han dicho que han tenido pruebas y las consecuencias que ellos han tenido, y ha pasado el tiempo y el Ministerio Público es como que aquí no se haya denunciado nada”, explicó Oliva.
Oliva indicó que la acción de este día junto a las que vienen durante esta semana, las “hacemos en nombre de los presos políticos, los exiliados políticos, las hacemos en nombre de los mártires políticos que no han tenido ninguna atención desde el estado de Honduras, por el contrario éstas instituciones como el Ministerio Público se han ensañado en hacer requerimientos fiscales hasta privarles de la libertad y hasta no hacer nada por investigar y sancionar a los responsables; aunque hayan asesinado a hombre y mujeres que se manifestaron contra el fraude electoral de 2017”.
¡HONDUREÑOS NO QUIEREN REELECCIÓN PRESIDENCIAL!
- Publicado: 22 Enero 2019
Ante
el contexto de crisis sin fin por el que atraviesa Honduras, la cúpula
política urgió que se debía reglamentar la reelección, incluso se ha
hablado de una consulta popular, en este sondeo, EL LIBERTADOR, constató
que una amplia mayoría está en contra de un segundo mandato en el
Ejecutivo.
En
el contexto electoral de 2017, al menos 40 personas perdieron la vida a
manos de la represión militar, se levantaron en el derecho
constitucional de insurrección ante la reelección ilegítima de Juan
Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Nuevamente la controvertida aprobación de la reelección presidencial,
contrario al mandato de la Carta Magna, ocupa la agenda del escenario
político en Honduras. Desde ya se observan diversas posturas asumidas
entre las fuerzas políticas sobre este debate que en los últimos meses
la cúpula gobernante, ha venido metiendo a la palestra pública. Es
“urgente” reglamentar el continuismo en presidencial, a pesar de que
nunca se hizo legal, ya que la Constitución, que refiere en su artículo
No. 4, párrafo segundo y tercero que “La alternabilidad en el ejercicio
de la República es obligatoria”; y que “la infracción de esta norma
constituye un delito de traición a la Patria”, nunca fue –ni podrá– ser
reformada, potestad que sólo tiene una Asamblea Nacional Constituyente.
“SUEÑOS ROTOS”
Desde
el Poder Ejecutivo hace meses se envió al Congreso la idea de que urge
la reglamentación, aunque la propuesta se halla engavetada, en su
momento la oposición parlamentaria ha mantenido que la reelección es
ilegal. Pero, al mismo tiempo, aconseja preguntarle a la población qué
opina del tema, agregando, que eso solo sería posible si se realiza una
Asamblea Nacional Constituyente, a la gente no le gustó esa postura.- A
inicios de junio pasado, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz,
anunció la presentación de una iniciativa de ley con el fin de reformar
por adicción el artículo 237 de la Constitución, que establece que el
periodo presidencial será de cuatro años. “Nos ha encomendado traer una
iniciativa de reforma a la Constitución para ponerle límites a la
reelección presidencial”, anunció, aunque hasta hoy no se volvió hablar
del tema en los términos que lo expuso el Ejecutivo.
DETENER ILEGALIDAD
En
este escenario político, el coordinador de Libertad y Refundación
(Libre), José Manuel “Mel” Zelaya, a través de su cuenta de Twitter dijo
en su momento que consultarían a sus bases sobre la reglamentación de
la “sentencia ilegal”, como parte de una estrategia alternativa para
detener el continuismo de Juan Hernández. La dirigencia anunció la
convocatoria para que en 2019, mediante asamblea de partido sus bases
decidan una postura.- Sin quedarse atrás, los liberales a través del
Consejo Central Ejecutivo, ratificaron su “rechazo absoluto y rotundo
ante la posible reglamentación”. La línea oficial de este partido
sostiene “no apoyar bajo ningún concepto o variable la pretendida
reglamentación de la reelección presidencial”.
OPORTUNISTAS
El
tema ha incurrido tanto que incluso, la sombra del golpismo, que en
2009 se opuso reciamente a un proceso de consulta democrática, ha
estimado que una consulta “legal” es correcta. De hecho, figuras que
hace una década usaron trajes de “constitucionalistas”, como el pastor
del imperio “Vida Abundante” Evelio Reyes, hoy están a favor de un
periodo presidencial de cuatro años con opción a reelección.- Entre
tanto, la población sigue recordando que en diciembre de 2017, bajo el
contexto de crisis poselectoral, unas 40 personas perdieron la vida por
oponerse a la reelección. Además, según el sondeo que EL LIBERTADOR ha
realizado en tres sectores de la capital, se desveló que el 87 por
ciento de los encuestados, dijo seguir en contra de la reelección; entre
sus motivos destacan, que es antiética, marcada por corrupción e
ilegalidad, y, sobre todo, violenta la “Carta Magna”.
Opiniones:
Miriam Gómez (26) Trabajo Social
No,
cada gobernante tiene su tiempo. Si como ciudadanos tuviéramos buenas
experiencias con diferentes expresidentes sería más fácil una
reelección, pero por las malas experiencias nos hemos vuelto apáticos a
la reelección.
Jessy Hernández (25) Enfermería
En
contra porque es anticonstitucional, se sabe que han violentado la
Constitución de la República. Para dar el ejemplo “Mel” que también se
supone que quiere reelegirse, debe de decir no a la reelección
presidencial.
Keren Meléndez, 27, Periodismo.
Totalmente
en contra porque aún sigue siendo ilegal mientras no se resuelva ese
vacío no puede realizarse. Para quienes estuvieron contra la reelección
de Juan Orlando y ahora piensan en reelegirse, piénsenlo dos veces.
Mirna Torres (22) Lenguas Extranjeras
No
estoy muy de acuerdo independiente de lo que digan, en mi opinión no me
parece la reelección, es como una traición que nosotros mismos nos
hicimos. Además las oportunidades han disminuido en lugar de ascender.
Suyapa Landaverde (25) Terapia Funcional
En
contra de la reelección, es preferiblemente que hubiera un nuevo
presidente, aunque Mel Zelaya es el que más he conocido porque en su
gobierno no fue tan malo como el que estamos viviendo en estos momentos.
Gabriela Suarez (22) Biología
Totalmente
en contra porque se está violando la Constitución por donde se vea. Los
artículos supuestamente “legales” para aprobar la reelección es una
farsa del gobierno actual que siempre viola las leyes descaradamente.
Heydi Dávila (22) Periodismo.
En
contra sin importar quien quiera reelegir no podemos permitirlo, nos
han manipulado con ese tema. Es hora de dejarlo atrás y pasar a otras
metas como hondureños, porque estamos sufriendo los resultados de los
políticos.
Yarleni Aguilar (22) Mercadotecnia
En
contra desde que no está en la Constitución de la Republica, no es
justo que no cumplan las leyes. Dejaría ver que las leyes en Honduras no
se respetan y siendo así, nadie va a respetarlas ni ellos como
mandatarios.
Valentina Velásquez (19) Nutrición
Estoy
en contra, es injusto que sigan las mismas personas que no ayudan a
recuperar al país, donde los jóvenes corremos el riesgo en las calles
por la inseguridad y la falta de educación que deberíamos de mejorar.
Karoly Hernández (23) Periodismo
En
desacuerdo, a pesar de que lo han manipulado sigue siendo ilegal,
violentan la Constitución. No se ha consultado a ningún ciudadano si
quería o no la reelección, se metió a fuerza, se falta el respeto a la
población.
Fernando Ramírez (22) Historia
Hay
que considerar éticamente cualquier programa político que no contemple
acciones que han sido directamente causantes de asesinatos. Cuando vemos
que hay visiones orientadas a justificar la reelección hay una falla
ética, por eso estoy en contra.
Cristian Izaguirre (27) Derecho
La
reelección como figura jurídica no es mala, creo que debería de
considerarse una Asamblea Nacional Constituyente para regular figuras
como la reelección. Es el mejor camino para darle la vida democrática al
país.
William Rodríguez (19) Periodismo
En
realidad es antimoral. Sabemos que el anterior presidente José Manuel
Zelaya ahora quiere volver a reelegirse ¿Por qué no deja que la esposa,
Xiomara Castro que siga su candidatura?
Fernando Canales (18) Inguinaria Química
En
desacuerdo porque en el artículo pétreo dice que un expresidente no
puede ser reelegido. No es correcto que se vuelvan a reelegir ni que un
presidente rompa con ello, hay que respetar la Constitución.
Luis Lara (22) Derecho
La
reelección no es mala, sin embargo la manera en la cual la hizo no fue
apegada a derecho. La mejor manera es tal cual lo establece la
Constitución que se haga una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo
tiene la última palabra.
Joel Hernández (19), Licenciatura en Música.
Sigo
en contra porque no le han consultado al pueblo, no podemos estar a
favor de que haya una reelección, porque tienen que consultar al pueblo
que es el que tiene que decidir si se pueden reelegir.
Emanuel Rodríguez (19) Inguinaria Industrial
No,
porque es prohibido ya que la Constitución dice que solo una vez puede
ejercerse el cargo. Es como una incitación a la corrupción, porque si no
respeta la Constitución, entonces ¿Quién la va a respetar?
Enrique Del Cid (20) Derecho
El
asunto es que mientras la Constitución lo prohíbe, no se tiene que
hacer por ningún motivo. Pero se sabe que en Honduras lo único por lo
que velan los partidos es por su bien y quieren continuar teniendo ese
poder. No hay en quien confiar.
Samuel Ramírez (28) Microbiología
En
desacuerdo porque mucha corrupción, no están haciendo bien las cosas,
los derechos humanos no se están respetando. Se está quebrantando la ley
y no es posible y el dinero no se distribuye entre la demás población.
Alberto Hernández (22) Inguinaria Eléctrica
No
es conveniente, es mejor atribuir a las nuevas propuestas que traen
otros gobernantes. Según lo visto en este gobierno no es conveniente. Es
mejor que cada proceso electoral haya un nuevo presidente.
LA NUEVA COYUNTURA
La coyuntura somos nosotros.
Los médicos psiquiatras nos están repitiendo con frecuencia que, en general, la población hondureña sufre trastornos y enfermedades severas como consecuencia de la violencia, impuesta por el crimen organizado que tomó control del país.
Los observatorios de pobreza, de los medios de información y de los cuerpos violentos de la policía y el ejército, indican que la salud individual y del tejido social hondureño están seriamente afectadas por esos protagonistas.
Las consecuencias de esa violencia brutal, asentuada en los últimos diez años de golpismo, corrupción y narcotráfico oficial, se manifiestan de diferentes maneras, desde la indiferencia colectiva, el pesimismo, el abandono del país, el suicidio y la toma de decisiones inteligentes también.
Nos interesa esto último, obviamente.
Hay médicos generales y especialistas que recomiendan a sus pacientes no escuchar programas de radio y televisión que presentan la sangre como noticia del día. Ni leer publicaciones que ofrecen cadáveres. O que venden desesperanza, silencio o manipulación pura y tonta. Ese es un consejo inteligente.
Conocemos nutricionistas que recomiendan directamente no consumir hamburguesas ni otras comidas chatarras para no morirse temprano de obesidad y el paadre Fausto, por ejemplo, dice claramente no consumir bebidas gaseosas porque son las responsables de tener llenos los hospitales públicos con pacientes de diábtetes. Son decisiones inteligentes.
Pero ahora la principal decisión inteligente que deseamos destacar frente a la violencia es la que proponen desde mañana las coaliciones sociales y políticas agrupadas en la Convergencia contra el Continuismo, y la Alianza Ciudadana.
La decisión es pedir en las calles de todo el país la expulsión del líder de todos los causantes de violencia contra el pueblo. La salida bajo presión popular de Juan Orlando Hernández, un peón imperial carente de legitimidad social, ilegal en términos constitucionales, y una auténtica ruina ética, moral y política.
La convocatoria indica que las manifestaciones comienzan este domingo y continúan sin interrupción durante la semana hasta el próximo domingo 27. La convocatoria es contra JOH y su anillo de miseria que destruyen el país.
Las acciones están convocadas bajo la bandera pacífica en uno de los países más violentos del mundo, donde todos sabemos que la policía, el ejército y sus cuerpos paralelos tienen el monopolio de las armas. Y un discurso inútil, mercenario, contra la gente.
La propuesta ciudadana frente a este modelo de violencia es, simple y compleja, al mismo tiempo. Es crear condiciones objetivas y subjetivas en la población hondureña para organizar la paralización del país, que conduzca a una salida constitucional de la crisis interminable iniciada con el golpe de Estado de 2009, perpetrado por los carteles del narcotráfico asociados al Pentágono estadounidense.
Una vez que el impostor sea expulsado del lugar que suplanta, un liderazgo compartido debe asumir la conducción temporal del Estado, luego organizar y convocar a elecciones generales que reestablezcan el Estado de Derecho.
La coyuntura no es fácil. El país se está vaciando desde abril 2018, con caravanas de miles de personas que perdieron la esperanza en el cambio a nivel interno, y los partidos políticos que considerábamos de oposición han sido atrapados progresivamente por una especie de co-habitación pragmática con el status quo.
El lado oscuro liberal ha tomado control de los diputados en el Congreso ilegítimo del post fraude y otros partidos han preferido anunciar sus acciones hasta junio próximo, mientras se acerca otra vez el trampoco calendario electoral de la tradicion perétua.
También es cierto que a nivel organizativo tradicional hay una fatiga causada por los disensos internos, el activismo cotidiano y la protesta continuada durante diez años consecutivos. A excepción de Colón, Atlántida, Yoro, Intibucá y Choluteca, principalmente, la perseverancia posterior al fraude electoral ha venido a menos.
El gobierno de Estados Unidos, que no ha atenido relaciones oficiales con el impostor, sólo relaciones de facto a través de la militar Fulton, tiene excesivos frentes abiertos en Syria, China, Venezuela, México y el Medio Oriente, como para enfocar su atención hacia Honduras.
Es decir, las aciones contra la dictadura que reinician mañana no tienen un entorno político favorable. Ni religioso. Ni mediático. Pero tienen a su favor un cúmulo de rechazo fermentado contra el modelo de crimen organizado que destruye la vida nacional. Que averguenza a la nación en el mundo.
Si somos capaces de reunir la voluntad de la población que no sigue líneas de partidos, de derecha o de izquierda, y que ha comprendido la importancia del momento, las acciones que inician mañana van a fructificar.
Si un nuevo liderazgo ciudadano, honesto, no calculador de cuotas electorales inmediatas, es capaz de interpretar la fuerza de la nación descontenta y dispuesta, entonces habremos iniciado un camino verdaderamente alternativo.
Si esto es así, entonces las fuerzas de la esperanza van a tensar los mecates.
Aquí vamos, pues. Sigamos.
Hasta mañana!
37 años de esperanza en medio de la impunidad
Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro hogares vacíos esperan desde hace 37 años que les digan donde están sus parientes, los jóvenes desaparecidos en la frontera del Guasaule, cuando intentaban ingresar desde Nicaragua, vía terrestre. Pero en su patria los desaparecieron.
A este tiempo, Enrique López Hernández, Julio César Méndez, María Ediltrudiz Montes y Francisco Samuel, estuvieran cerca de los sesenta años. Sin embargo, permanecen siempre jóvenes, presentes y ocupando un lugar insustituible en la memoria del pueblo que no olvida los crímenes cometidos por el Estado de Honduras en la década de los 80 con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), como parte de la injerencia de los Estados Unidos de América.
Faltaban tres días para que el primer presidente de una supuesta era democrática asumiera el poder, se trataba de Roberto Suazo Córdova (1982-1986), que también fue uno de los primeros en entregar informes sobre los detenidos desaparecidos que, más que respuestas, eran una burla para las familias que siguen -sin descanso- buscando verdad y justicia.
Desde ese 24 de enero de 1982, estas familias no volvieron a ser igual, sin embargo, viven con “la esperanza que nunca se pierde de saber que sucedió con nuestros seres queridos”, afirmó Nohemí Pérez Borjas, hermana de Samuel e hija de Fidelina Borjas, una de las fundadoras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La desaparción forzada no se puede describir
Nohemi Perez, sostiene un retrato con la imagen de su madre y su hermano.
Lamentablemente esta situación en la que
hemos vivido desde que desapreció Samuel ha sido muy difícil, detalló
Nohemí, quien desde los 14 años acompañaba a su mamá en la búsqueda de
su hermano. El camino ha sido doloroso, más cuando “nuestros seres
queridos fallecen sin tener información, madres, hermanos y otros
parientes”.
En memoria de los detenidos
desaparecidos, está la lucha de las madres de pañuelos blancos, las
mujeres que dieron hasta el último aliento de su vida para saber de sus
hijos e hijas. “Mi madre fue una mujer digna, ella murió de pena moral, a
la espera un informe que diera respuesta, pero todos han sido una
burla”, continuó.
Hubo informes y amnistías dados desde
los poderes del Estado, pero no nos transmitieron confianza -añadió
Pérez- menos de la gente la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH),
organizada para desaparecer a las personas que estaban en la oposición
en el país, ellos son los maestros de enseñarle al crimen organizado a
exigir dinero, porque ellos eran los que recogían el dinero de la
empresa privada.
Recordó al ex jefe de las Fuerzas
Armadas, Gustavo Álvarez Martínez (asesinado el 25 de enero de 1989),
que se fue y no dijo la verdad sobre la desaparición de nuestros seres
queridos.
Aunque se mantiene encendida una luz de
que alguien les diga qué pasó con Enrique, Julio César, Ediltrudis y
Samuel, emocionalmente les afectaba mucho. El impacto mayor es moral,
pues es difícil no poder explicar sus sentimientos.
“Estoy aquí recordando ese día fatídico terrible, donde también hubo división y desintegración familiar, porque algunos miembros de la familia nos dijeron que no saliéramos a buscarlo”. Nohemí Pérez
Jamás nos hemos arrepentido de buscar
verdad, justicia y la no repetición, no hemos dudado de nuestra pasión
en defensa de la vida o personas que se les ha desaparecido o violado
los derechos humanos, y acompañar a familiares de asesinados y presos
políticos, agregó la defensora.
Doña
Liduvina Hernández, viajó acompañada de su nieto Lenin, hijo de
Enrique, a quien el Estado le negó la oportunidad de crecer junto a su
papá
Natalia Méndez, madre de Julio César, aún vive y cada vez que platicamos me dice “Nohemi, todo lo que decían en el Comité es bueno”.
Lucila Girón, madre de Ediltrudis Montes – murió en diciembre del 2014. A sus 98 años, nunca perdió las esperanzas de volver a ver a su hija, y esa espera la guardó en su corazón, en silencio, pero con ánimo.
La memoria en un santuario
Seguir la búsqueda es parte de la
herencia de las madres que lucharon y siguen sin cansancio alzando su
voz, como lo hace la presidenta del COFADEH, Liduvina Hernández,
que a sus 86 años espera el regreso de “Quique”, y que se haga justicia
por el asesinato de su hijo, el defensor de derechos humanos, Marco
Tulio (1991).
Declaró hace algún tiempo que, la
diferencia es que de uno si sabe dónde está enterrado, y del otro no
supo nada, pero cuando visita la tumba de Marco Tulio, lleva dos ramos
de flores, y le dice a su hijo que las otras flores son de Quique.
Liduvina Hernández–
doña Vina- madre de Enrique “Quique”, tenemos la dicha que está viva,
es la actual presidenta del COFADEH, su lucha la mantiene a la espera de
verdad y una Honduras Libre de Impunidad, siempre está a la espera que
su hijo regrese.
Fidelina Borjas,
madre de Samuel, ella murió esperando respuesta de parte de las
autoridades sobre qué pasó con su hijo, las palabras de ella eran “que
si su hijo era delincuente porque así llamaban a los jóvenes que
protestaban, por qué no fue juzgado y por qué se lo desaparecieron. En
su lucha por saber de la verdad y la justicia en mayo de 2009 murió de
pena moral por una campaña de desprestigio contra COFADEH. Esta pena no
se refleja con odio porque nosotros no odiamos, sino con fe, esperanza y
amor, pero si con indignación.Natalia Méndez, madre de Julio César, aún vive y cada vez que platicamos me dice “Nohemi, todo lo que decían en el Comité es bueno”.
Lucila Girón, madre de Ediltrudis Montes – murió en diciembre del 2014. A sus 98 años, nunca perdió las esperanzas de volver a ver a su hija, y esa espera la guardó en su corazón, en silencio, pero con ánimo.
La memoria en un santuario
Berta Oliva, en la Sala de Memorias Vivas, origen de la Ruta de la Memoria Histórica que promueve el COFADEH.
Hoy día cumpleaños tres hombres y una
mujer de ser detenidos desaparecidos y sus madres son cuatro de las
fundaras del COFADEH, organización cuya labor es buscar, hablar,
defender todas las injusticias que se han hecho en el tema de
desaparición forzada, ejecuciones y torturas, afirmó Berta Oliva,
coordinadora general de la organización y sobreviviente de la DSN.
La esposa del profesor Tomás Nativí,
detenidos desaparecido en 1981, al recordar a estos jóvenes y sus
madres, agregó que desde COFADEH no se puede focalizar ningún caso, sino
mantener la memoria de todos y todas, porque es una lucha de
encuentros, y de ellas -mamás- sólo nuestra presidenta sobrevive, las
otras se fueron con el dolor de encontrar y saber sobre sus hijos.
Por lo que, el COFADEH sigue la búsqueda
de verdad, justicia y ser fiel con las que iniciamos la lucha para
tener un espacio, un santuario aquí donde me está entrevistando…
concluyó Oliva, rodeada de los rostros y miradas juveniles cuyas
imágenes integran la “Sala de Memorias Vivas” en la oficina del
histórico Comité.
