Movimiento social hondureño ante el reto de luchar contra el continuismo de JOH
El pueblo hondureño, el movimientos social y popular, tienen en frente un nuevo año y una coyuntura decisiva donde deberán decidir si forman parte de un cambio real y legítimo, o se mantienen como oposición temerosa e improductiva frente a los mandatos del régimen de Juan Orlando Hernández, quien se mantiene en el poder bajo la ilegal reelección presidencial, desde donde ha logrado consolidar la “Neo-dictadura”, advierten varios analistas.Para amplios sectores del movimiento social que apuestan por un cambio transformador, en el país se han dado varios escenarios de lucha articulada, sin embargo, con el paso del tiempo se han diluido. “Hablando de la historia más reciente, el 2003 surgió en Honduras una nueva organización popular de carácter nacional; la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), desde donde se desarrollaron fuertes acciones de presión a nivel nacional y se propusieron 12 puntos que exponían las bases para la transformación de una patria con justicia e igualdad”, indicó la dirigente popular Norma Cruz.
La CNRP surgió como respuesta unitaria de resistencia desde las bases y del interior del país al proceso de lucha para lograr cambios reales que benficiaran a las mayorías. Pero el 28 de junio de 2009, fecha que se ejecutó el golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales, se dio paso al surgimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), como una expresión popular amplia con el propósito de oponerse al golpe de Estado y refundar la patria. Sin embargo, después de varios meses de lucha callejera y tras los acuerdos de Cartagena de Indias, el 2010 este movimiento y su lucha se diluyeron y ante la oposición de algunos sectores, se dio marcha a la creación del nuevo partido político; Libertad y Refundación (LIBRE).
Luego de varios años de silencio popular, el 2015 cuando se destapó la corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con el saqueo de más de 7 mil millones de lempiras, en el cual parte de este dinero fue a parar a la campaña de Juan Orlando Hernández, nació de manera sorpresiva el Movimiento Indignado o como le llamaron “marchas de antorchas” en las principales ciudades del país. En las constantes protestas se exigía la creación de una Comisión Internacional Contra Impunidad y la Corrupción en Honduras, CICIH, para el castigo de todos los responsables del atraco del seguro, y también tomó fuerza la demanda de la salida del poder del presidente, bajo la consigna “fuera JOH”. Pero después de una recia campaña mediática y del juego del cansancio de las protestas, al final el Gobierno logró diluir la lucha.
Luego el 26 de noviembre de 2017 en las elecciones al “estilo Honduras”, el país pasó nuevamente a la historia al quedar en evidencia a lo que muchos denominan el fraude electoral contra el candidato de la Alianza, Salvador Nasrrala. Esto provocó una serie de acciones nacionales que se mantuvieron todo el mes diciembre. La violación a la Constitución que prohíbe la reelección presidencial y el ventajismo notorio del candidato oficial fue para muchos analistas la raíz del fraude y de la indignación generalizada de la población. Sin embargo, después de más de 30 asesinatos contra manifestantes y de más de 22 presos políticos, las protestas bajaron de tono y “bajo un falso y fracasado diálogo nacional, se llevó a la desmovilización nacional que perduro el 2018”, indicó Walter Banegas, de Acción Ciudadana Contra la Dictadura.
“Claro está, en el país la lucha territorial ha logrado notoriedad y se ha hecho en defensa de los bienes comunes. Para el caso en el sector del Guapinol, Tocoa, Colón; Pajuiles, Tela, Atlántida, y otras regiones del país, han mantenido una lucha permanente contra proyectos de minería y de hidroeléctricas que se pretenden instalar en sus comunidades destruyendo el bosque y el agua”, indicó Norma Cruz. Otro aspecto que analistas sociales resaltan es que la lucha de antorchas y de la crisis postelectoral fue liderada por el pueblo no organizado, ante el descredito de algunos sectores del movimiento popular y la carencia de liderazgos serios.
Retos del movimiento popular
“Este nuevo año estamos trabajando para incrementar la lucha que nos lleve a la salida de Juan Orlando Hernández del poder. El reto de este 2019 está en formar las alianzas de los diversos sectores que adversan al actual régimen”, indicó Suyapa Majano, de la Convergencia Contra el Continuismo.En ese mismo sentido, Walter Banegas, de Acción Ciudadana Contra la Dictadura, indicó que para sacar a Juan Orlando del poder, sólo puede pensarse a partir de una gran coalición de fuerzas, que incluya todos los movimientos sociales y la dirigencia de Libre. Sin embargo, esta tarea no es fácil, aunque ya estamos haciendo los acercamientos y en los próximos días estaremos haciendo pública nuestra agenda de lucha.
Mientras los retos se vuelven más fuertes para el movimiento social, y a pesar de todos los escándalos de corrupción y de ligamientos con el narcotráfico, se ha logrado la consolidación del Partido Nacional en el poder, de la mano con la profundización militarización del país, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.
Analistas coinciden que la militarización responde a una estrategia de represión de la protesta social y criminalización de su dirigencia. La apuesta de Juan Orlando, ha sido la de un gobierno de mano dura, como lo refleja su consigna durante las campañas: “haré lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del país”.
“Los movimientos sociales se encuentran bastante debilitados. Hasta ahora, los únicos movimientos con gran capacidad de acción, gracias a su organización y disciplina, los pueblos indígenas y las comunidades que defienden el bosque y los ríos. No es casual, que la brutalidad del régimen vaya dirigida con especial interés a estos dos sectores”, indicó el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
A renglón seguido dijo que es urgente que como movimiento social se deje a un lado las agendas propias y se integre a la agenda nacional que en primer lugar se quiere terminar con la dictadura. “Los más lógico es que los movimientos sociales busquemos fortalecernos a través de una plataforma de lucha común en el que se integre una propuesta de país que permita incluir los intereses de las grandes mayorías”, indicó.
Por su parte Walter Banegas, indicó que ante la situación de precariedad social e institucional que vive el país, no deben existir divisiones y términos medios en la agenda de lucha. En ese sentido, el pueblo hondureño y el movimiento social, tienen un gran reto en el cual deben decidir si forman parte de un cambio real y legítimo, o se mantienen como oposición temerosa e improductiva frente a los mandatos del régimen de Juan Orlando Hernández.
El periodista Jairo López en larga espera por un nuevo juez
Tuesday, 08 January 2019 20:28 Written by Dina Meza Published in El informador PASOS DE ANIMAL GRANDE
El periodista Jairo López tiene 58 días, casi dos meses de espera
para que le asignen un nuevo juez en el juicio por daños que le tiene
incoado la compañía Empresa Energía Honduras, EEH, como represalia por
criticarle los altos costos de la luz en la zona Sur del país.
Para un periodista crítico en Honduras las cosas no son fáciles si se
tiene que enfrentar a la intolerancia de una dictadura en el poder. Así
le ha tocado a Jairo López con más intensidad desde el 27 de noviembre
de 2017 cuando se llevaron a cabo las elecciones muy cuestionadas con
las cuales llegó al poder Juan Orlando Hernández.
López ha enfrentado querellas, amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia, seguimiento, un secuestro disfrazado de la policía que al final le informó después de dos horas de mantenerle en un vehículo sin placas que estaba detenido porque tenía una orden de captura por un juicio que la Empresa Energía Honduras, EEH, le había incoado. Esto sucedió el 10 de noviembre de 2018. Los policías llegaron en la oscuridad y lo sacaron a la fuerza de su casa cuando se encontraba junto a su esposa y su hija pequeña.
El juez Ismael Enrique González Alcántara, el mismo que en el 2015 era el apoderado legal de un dueño de un medio de comunicación muy cercano al presidente del Congreso Nacional, le querelló por denunciar que tenía un pegue ilegal de agua, en el fondo se trataba del inicio de tres años de un juicio donde intervino directamente la mano peluda del poder, las expresiones críticos de Jairo López en su programa de TV "El Informador"molestaban a políticos como el presidente del parlamento y de la presidencia de la República, a tal extremo que ordenaron que nadie en el Sur del país le arrendara un espacio y desde hace varios meses el comunicador social debe ejercer el periodismo transmitiendo desde Facebook y a través del periódico pasosdeanimalgrande.com que le ha abierto un espacio para que salte la censura impuesta.
Desde el 10 de noviembre que se llevó a cabo la Audiencia de Imputado, la cual fue presidida por el Juez en mención, éste le impuso medidas arbitrarias como llegar a firmar el libro en el Juzgado de Letras de San Lorenzo, Valle, no salir del país y no acercarse a la EEH, incluso si le cobraban muy alta la factura de luz. La EEH señaló en la acusación que López le ocasionó daños por unos 6,000 lempiras , aproximadamente 240 dólares.
Desde esa fecha ha firmado unas 17 veces hasta hoy 08 de enero de 2019, le tocó llegar al juzgado el 24 y 31 de diciembre de 2018. Los costos de ir al Juzgado de San Lorenzo que queda a varios kilómetros lejos de su casa en Choluteca, siempre en el Sur del país, le ha ocasionado gastos de movilización, en muchas ocasiones no ha contado con dinero para desplazarse y tuvo que pedir jalón junto a la escolta policial que se mantiene a su lado las 24 horas del día de todas las semanas, debido a las amenazas que enfrenta el comunicador social.
El juez fue recusado desde el 29 de noviembre de 2018, por la abogada Karla Escalante, del área Legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, por el conflicto de intereses que él tiene en el caso, pero hasta la fecha no se ha nombrado otro nuevo togado.
Este 07 de enero de 2019 la profesional del Derecho tuvo la oportunidad de personarse en el expediente para que la Corte de Apelaciones de Choluteca siga con el proceso de nombrar un nuevo juez, la fecha no se sabe cuándo sería si se toma en cuenta que en Honduras la justicia camina a paso de tortuga para las víctimas.
En este vídeo la apoderada legal de Jairo López explica qué ha pasado en el nombramiento del nuevo juez.
López ha enfrentado querellas, amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia, seguimiento, un secuestro disfrazado de la policía que al final le informó después de dos horas de mantenerle en un vehículo sin placas que estaba detenido porque tenía una orden de captura por un juicio que la Empresa Energía Honduras, EEH, le había incoado. Esto sucedió el 10 de noviembre de 2018. Los policías llegaron en la oscuridad y lo sacaron a la fuerza de su casa cuando se encontraba junto a su esposa y su hija pequeña.
El juez Ismael Enrique González Alcántara, el mismo que en el 2015 era el apoderado legal de un dueño de un medio de comunicación muy cercano al presidente del Congreso Nacional, le querelló por denunciar que tenía un pegue ilegal de agua, en el fondo se trataba del inicio de tres años de un juicio donde intervino directamente la mano peluda del poder, las expresiones críticos de Jairo López en su programa de TV "El Informador"molestaban a políticos como el presidente del parlamento y de la presidencia de la República, a tal extremo que ordenaron que nadie en el Sur del país le arrendara un espacio y desde hace varios meses el comunicador social debe ejercer el periodismo transmitiendo desde Facebook y a través del periódico pasosdeanimalgrande.com que le ha abierto un espacio para que salte la censura impuesta.
Desde el 10 de noviembre que se llevó a cabo la Audiencia de Imputado, la cual fue presidida por el Juez en mención, éste le impuso medidas arbitrarias como llegar a firmar el libro en el Juzgado de Letras de San Lorenzo, Valle, no salir del país y no acercarse a la EEH, incluso si le cobraban muy alta la factura de luz. La EEH señaló en la acusación que López le ocasionó daños por unos 6,000 lempiras , aproximadamente 240 dólares.
Desde esa fecha ha firmado unas 17 veces hasta hoy 08 de enero de 2019, le tocó llegar al juzgado el 24 y 31 de diciembre de 2018. Los costos de ir al Juzgado de San Lorenzo que queda a varios kilómetros lejos de su casa en Choluteca, siempre en el Sur del país, le ha ocasionado gastos de movilización, en muchas ocasiones no ha contado con dinero para desplazarse y tuvo que pedir jalón junto a la escolta policial que se mantiene a su lado las 24 horas del día de todas las semanas, debido a las amenazas que enfrenta el comunicador social.
El juez fue recusado desde el 29 de noviembre de 2018, por la abogada Karla Escalante, del área Legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, por el conflicto de intereses que él tiene en el caso, pero hasta la fecha no se ha nombrado otro nuevo togado.
Este 07 de enero de 2019 la profesional del Derecho tuvo la oportunidad de personarse en el expediente para que la Corte de Apelaciones de Choluteca siga con el proceso de nombrar un nuevo juez, la fecha no se sabe cuándo sería si se toma en cuenta que en Honduras la justicia camina a paso de tortuga para las víctimas.
En este vídeo la apoderada legal de Jairo López explica qué ha pasado en el nombramiento del nuevo juez.
Tras captura del periodista Jairo López, Policía asevera ser garante de la libertad de expresión
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Tras
ejecutar una orden de captura contra el periodista, Jairo López, la
Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado mediante el cual
asevera ser garante de la libertad de expresión y del respeto y
protección a la labor de todos los periodistas y comunicadores sociales,
sin distinción alguna.
Mediante
la misiva la policía refiere que este sábado el periodista Jairo López
fue capturado en la ciudad de Choluteca ante una orden emitida por los
juzgados de San Lorenzo, Valle, por suponerlo responsable del delito de
daños en perjuicio de la Empresa Energía de Honduras (EEH).
Durante
la captura del periodista participó un fuerte contingente policial
combinado por diversas fuerzas de seguridad del Estado con la
participación de al menos 30 elementos. Al momento de su captura, López
se comunicó telefónicamente con la periodista y defensora de los
derechos humanos, Dina Meza, ante quien denunció que fue objeto de
vejámenes por parte de los uniformados, quienes además apuntaron con un
arma de fuego en la cabeza de su esposa.
“La
Policía Nacional garantiza los derechos y libertades consignadas en la
Carta Magna y en los convenios internacionales en materia de libertad de
expresión, respeto y protección a la labor de todos los periodistas,
comunicadores sociales y otros empleados de medios de comunicación son
distinción alguna”, dice el comunicado de la policía.
En
pocas palabras, las autoridades de la Policía Nacional se están
eximiendo por adelantado ante cualquier repercusión legal que la captura
del periodista pudiera tener a nivel nacional e internacional ante los
ojos de los organismos protectores de los derechos humanos y en especial
de la garantía de la libertad de expresión.
Durante
una conferencia de prensa las autoridades regionales de la policía en
Choluteca, admitieron que durante la captura del periodista participó un
fuerte contingente policial de elementos combinados de las diferentes
fuerzas de seguridad del Estado, justificando el hecho como una medida
de seguridad porque no se sabe lo que “puede suceder en la calle” y
porque “tenemos que asegurarnos que todo salga bien. Nosotros solo hemos
cumplido con una orden judicial, no tenemos nada más que decir”, dijo
uno de los voceros policiales.
López
acompaña todos los miércoles y sábados, las protestas ciudadanas que se
vienen realizando en Choluteca desde diciembre del año pasado,
denunciando un fraude electoral en las elecciones generales de
noviembre. Asimismo, contra la corrupción, los abusos de la EEH y otros
actos que atentan contra los intereses de los sectores más vulnerables
de la sociedad cholutecana.
Noticia Relacionada: Cierran espacio televisivo a periodista crítico de Choluteca
Jairo
López, es un periodista crítico de la ciudad de Choluteca. Por dicho
condición ha sido separado de varios de comunicación por órdenes de las
élites económicas y políticas de la zona sur. También ha recibido
amenazas en reiteradas ocasiones, por lo que se encuentra acogido al
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Comunicado de la Policía: 
La orden de captura contra el periodista, Jairo López, emitida por los juzgados de San Lorenzo, Valle.
Salario mínimo aprobado hoy en Honduras está descontextualizado del costo de vida
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Un
salario mínimo descontextualizado del costo de vida fue pactado este
martes en Honduras para los próximos dos años, entre el gobierno,
empresa privada y la representación del sector obrero.
El
acuerdo firmado entre las partes, establece un aumento del salario
mínimo para 2019 y 2020, que va de 4.77 al 7 %, según la cantidad de
empleados del centro de trabajo. El promedio del aumento es de 532,53
lempiras ($ 21.00) de aumento en relación a 2018, resultando un salario
mínimo promedio de 9.443,24 lempiras ($ 385.28) en 2019.
Organismos
defensores de los consumidores y especialistas en cálculos económicos y
financieros, sostienen que la canasta básica completa en Honduras está
valorada en más de 12 mil lempiras ($ 489.60) lo que supera el salario
mínimo.
En
honduras más del 65 % de la población vive en condiciones de pobreza y
más del 43 % de éstos en pobreza extrema. En estos hogares el ingreso es
inferior al salario mínimo.
De acuerdo a los cálculos del Fosdeh, el costo de la canasta básica en Honduras anda en casi 13.000 lempiras.
Para el abogado del ex congresista hondureño Juan Antonio
Tony Hernández, de 40 años, las evidencias presentadas por la Fiscalía
en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York no representan pruebas
contundentes para los cargos de conspiración en la importación de
cocaína a los Estados Unidos.
Pero a pesar que la defensa hizo esfuerzos por desacreditar las alegaciones del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, la Corte decidió el viernes desestimar la solicitud de libertad condicional del hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, porque representa un riesgo significativo de fuga y un peligro para la comunidad, según las conclusiones del juez Kevin Castel.
“El acusado no ha presentado pruebas suficientes para refutar la presunción anterior”, dice la orden de arresto conocida el fin de semana.
Los motivos para desestimar la libertad bajo fianza a favor de Tony Hernández incluyen que “el peso de la evidencia contra el acusado es fuerte”, su historia de violencia, uso de armas y la falta de garantías financieras.
También por la falta de vínculos comunitarios o familiares significativos con el distrito sur de Nueva York, por la falta de estatus legal en los Estados Unidos, los viajes que hizo a México, Uruguay, Colombia, Panamá y el acceso a usar avión privado.
Los delitos por los que Tony Hernández es acusado en EEUU sumarían tantos años que le sería imposible volver a ver la luz del sol, a menos que coopere con la justicia de EEUU y entregue a un “pez” más gordo que el.
El juez federal norteamericano Kevin Castel determinó,
mediante una extensa argumentación presentada por el gobierno de EEUU
desestimar la libertad bajo fianza del exparlamentario Juan
Antonio Tony Hernández, por considerarlo que es “un peligro” para la
comunidad y para el mundo, así como por tener infinitas conexiones en el
mundo que le darían oportunidad de fugarse.
Tony Hernández, hermano del dictador Hondureño Juan Orlando Hernández se desempeñaba como diputado del Congreso Nacional de Honduras y negaba cualquier nexo con el narco.
En el documento que este periódico tradujo de manera literal, se insiste que Hernández estaría vinculado al tráfico de drogas desde 2004 hasta 2016 y que el gobierno tiene listos a unos seis testigos que espera presentar durante el juicio, cuya fecha no ha sido especificada.
Otro de los motivos por los que se desestimó la petición obedece a que el imputado realizó intensos viajes a Colombia, México, Panamá, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Brasil y Taiwán, por lo que podrían ser potenciales destinos para darse a la fuga.
Según EE.UU., localizó los nexos del excongresista con la narcoactividad y asegura tener suficientes evidencias que, en el peor de los casos, incurriría en cadena perpetua para el sindicado.
En la declaración posterior al arresto, reza el texto, el acusado admitió que él discutió “el (tema del) tráfico de drogas con varias personas que el acusado sabía que eran narcotraficantes, incluyendo al menos uno que ahora es un testigo colaborador (CW-1) (aunque el acusado negó participando en envíos de drogas)”.
Asimismo, dijo a los agentes que lo arrestaron que CW-1 “transportaba cocaína a través de Honduras por escondiéndolo en vagones de ganado para que los perros detectores de drogas no pudieran detectar la cocaína”.
También aceptó, según uno de los apartados, regalos de CW-1 y otros narcotraficantes, incluido un reloj caro y dos armas de fuego”.
Respecto a la foto con las iniciales TH que contenían los paquetes de cocaína, negó haber “desempeñado algún papel en la creación o uso del sello” y “entendió que las drogas que transitan Honduras estaban destinadas a los Estados Unidos”.
“La solidez del caso del Gobierno demuestra además que el acusado es tan peligroso como lo sugieren los cargos en su contra, y le brinda un fuerte incentivo para que huya para evitar las consecuencias de sus acciones”, explica el Departamento de Justicia de EE.UU. en su petición que fue admitida a última hora del viernes por el juez Castel.
CW-1, el testigo que sostuvo encuentros con Tony y a quien le dio varios obsequios, fue clave para el arresto de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ya que un tribunal norteamericano los señaló de ser operadores del cártel los Soles.
LEA DE FORMA ÍNTEGRA LA PETICIÓN DE EE.UU. DE QUE NO SE DÉ LIBERTAD CONDICIONAL A TONY
El Honorable P. Kevin Castel
Juez de distrito de Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York
500 Pearl Street
Nueva York, Nueva York 10007
Re: Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado,
S2 15 Cr. 379 (PKC)
Estimado juez Castel:
El Gobierno envía respetuosamente esta carta relativa a la audiencia de fianza, programado para el 4 de enero de 2019 a las 3:00 p.m.
El acusado es ex congresista hondureño y hermano del actual presidente de Honduras. Durante más de una década, el acusado abusó de su privilegio y poder para enriquecerse mediante la distribución de grandes cantidades de cocaína en relación con los asombrosos niveles de corrupción política. En octubre de 2016, viajó audazmente a los Estados Unidos para negar categórica y falsamente cualquier delito cometido durante una sesión con un consejero profesional. Ahora, que ha sido arrestado y enfrentando cargos que conllevan una sentencia mínima obligatoria de 40 años, parece que el acusado le está pidiendo al Tribunal que acepte una promesa de que no huirá ni pondrá en peligro a nadie. Si se libera pendiente (previo) al juicio, la solicitud debe ser rechazada rápidamente porque no hay condiciones que podría abordarse por el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad que representa el acusado, por lo que debe seguir detenido en espera de juicio.
FONDO
I. Honduras: un importante punto de transbordo para la cocaína unida a Estados Unidos y plagado de violencia. Esta investigación realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y otros, han demostrado que Honduras es uno de los principales puntos de transbordo de cocaína en el mundo que se produce en América del Sur y se importa a Estados Unidos. Desde alrededor de 2004, múltiples organizaciones de narcotraficantes que operan en Honduras trabajaron con políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el personal militar quienes han recibido cargamentos de varias toneladas de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de rutas aéreas y marítimas y para transportar drogas hacia el occidente de Honduras hasta la frontera con Guatemala y, finalmente, a Estados Unidos.
Los narcotraficantes pagaron sobornos, a veces denominados “contribuciones de campaña”, para los políticos hondureños que están o se postulan a cargos públicos, en el entendimiento de que respaldarían políticas favorables para los traficantes en cuestiones tales como las relacionadas con extradición. Antes de 2012, la constitución hondureña no permitía la extradición de ciudadanos para enfrentar cargos penales en Estados Unidos, para mayor protección de la interferencia oficial y con el fin de facilitar el paso seguro a través de Honduras de las enormes cargas de cocaína.
Los narcotraficantes pagaron sobornos a los funcionarios públicos por el acceso a información sobre investigaciones en curso, controles militares y policiales y las interdicciones planificadas sobre narcóticos. Este extenso sistema de narcotráfico contribuyó a que Honduras se convirtiera en uno de los lugares más violentos del mundo. Los perpetradores de esta violencia, así como los funcionarios corruptos, quienes facilitaron y permitieron a los traficantes operar, a menudo actuó con impunidad.
En respuesta, el Gobierno ha procesado a numerosos traficantes, políticos y altos funcionarios policiales que contribuyeron a un ambiente de ilegalidad en Honduras y por otra parte, véase, por ejemplo, el caso de Estados Unidos vrs. Fredy Renán Nájera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG) (El congresista hondureño enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión después de declararse culpable sin un acuerdo de culpabilidad por infracciones para conspirar para importar cocaína y armas relacionadas); Estados Unidos vrs. Fabio Lobo, 15 Cr. 174 (LGS) (hijo del ex presidente de Honduras –Porfirio Lobo– se declaró culpable de conspirar para importar cocaína y condenado a 24 años de prisión); Estados Unidos vrs. (Ludwig Criss) Zelaya Romero, et al. S1 15 Cr. 174 (LGS) (siete miembros de la Nacional de Honduras. El oficial de policía se declaró culpable de conspirar para importar cocaína); Estados Unidos vrs. (Yani y Yankel) Rosenthal, et. al., s2 13 Cr. 413 (JGK) (excongresista hondureño y excandidato presidencial y ex funcionario del gabinete en la administración actual, ambos se declararon culpables de cargos de lavado de dinero); Estados Unidos vrs. Midence Oquelí Turcios Martínez, 18 Cr. 499 (LAK) (El congresista hondureño acusado por ofensas de conspirar para importar cocaína y armas relacionadas) Estados Unidos vrs. Arnaldo Urbina Soto, et al 18 cr. 497 (DLC) (El ex alcalde de –Yoro– Honduras y otros acusados de conspirar para importar cocaína y delitos relacionados con armas).
La conducta ofensiva del acusado en relación con la investigación anterior, un gran jurado en este Distrito ha encontrado, como se establece en la Indemnización Reemplazable S2 15 Cr. 379 (PKC), que el acusado estaba involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que se obtuvieron en Honduras a través de aviones, barcos rápidos y, en al menos una ocasión, un submarino. El acusado tuvo una larga participación en estas actividades; la acusación alega que los delitos duraron desde al menos, aproximadamente, 2004 hasta al menos, aproximadamente, 2016. El demandado tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína fue sellada con el símbolo “TH”, es decir, las iniciales del apodo del acusado, “Tony Hernández”.
El acusado también coordinó y, a veces, participó en proporcionar seguridad armada para los envíos de cocaína que fueron transportadas dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con, entre otras armas, ametralladoras.
El acusado y sus co-conspiradores sobornaron a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible a fin de presentar (o saber sobre) estos envíos de drogas y solicitar grandes sobornos a los principales traficantes de drogas para el acusado y a nombre de políticos hondureños de alto rango. Alrededor de febrero de 2014, el acusado se reunió en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una organización violenta de narcotráfico conocida como los Cachiros, que ahora es un testigo colaborador. Uno de los hombres que ayudó a organizar la reunión, entre el acusado y Rivera Maradiaga se encontraba (un miembro) de la Policía Nacional que se declaró en este distrito culpable de tráfico de drogas. El audio y el vídeo de Rivera Maradiaga fue grabada reunión, capturando al acusado en cinta (de vídeo):
La actitud (o presencia) del acusado representaba a un co-acusado en el caso ante la jueza Schofield, nombrado Fabio Lobo, quien es hijo del expresidente hondureño (Porfirio Lobo). Durante la reunión, el acusado aceptó ayudar a Rivera Maradiaga para recurrir a entidades gubernamentales y pagar el dinero adeudado a Los Cachiros mediante lavado de activos a compañías de fachada a cambio de pagos “contragolpe” de Rivera Maradiaga. El cachiro pagó al demandado aproximadamente 50 mil dólares durante la reunión.
III. La sesión de Proffer de octubre de 2016
En octubre de 2016, a raíz de informes públicos que especulaban sobre los acusados, Hernández viajó a los Estados Unidos para participar en una reunión con el Gobierno y agentes de la DEA. El acusado estuvo representado por su actual abogado y la reunión se llevó a cabo de conformidad con el acuerdo estándar de proferentes utilizado por esta Oficina.
Durante la reunión, el acusado afirmó, entre otras cosas, que nunca se había reunido con Rivera Maradiaga (incluso después de mostrarse las capturas de pantalla que aparecen arriba de la reunión registrada por Rivera Maradiaga), nunca proporcionó ningún tipo de asistencia a los narcotraficantes, y nunca aceptó cualquier dinero de los narcotraficantes.
Los cargos pendientes
El 21 de noviembre de 2018, un gran jurado en este Distrito devolvió la Acusación, que señala al imputado de cuatro cargos. La primera cuenta (La primera parte) de la acusación lo sindica de haber participado en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, aproximadamente entre 2004 y 2016, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963, acusa al demandado de usar, transportar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con la primera cuenta y de haber ayudado e instigado al mismo, entre aproximadamente 2004 y 2016, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c). La cuenta tres señala al acusado de conspirar para usar, transportar y poseer ametralladoras y armas destructivas, en conexión con la primera cuenta, entre aproximadamente 2004 y 2016, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (o). La cuarta cuenta lo acusa de hacer declaraciones falsas a las autoridades federales durante la sesión de octubre de 2016, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001.
El arresto del demandado ocurrido el 23 de noviembre de 2018
En o alrededor del 19 de noviembre de 2018, el acusado ingresó a los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami y tomó un vuelo de conexión a Houston, Texas. El acusado viajó con un nacional hondureño (MARCA NEGRA). El acusado fue arrestado en el aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a Honduras con (MARCA NEGRA) el 23 de noviembre de 2018, él dijo a la policía en el aeropuerto de Miami, entre otras cosas, que (i) él había escuchado “rumores” de que el acusado era un narcotraficante, (ii) él y el acusado habían viajado a Houston para reunirse con (MARCA NEGRA) y (iii) que había viajado a Nebraska para inspeccionar un vehículo que podría ser comprado. (MARCA NEGRA) consintió que se realizara una búsqueda de su teléfono celular, y la policía identificó contactos guardados en el teléfono asociado con ubicaciones en Honduras, México y Colombia. Uno de esos contactos, que fue guardado en el teléfono como (MARCA NEGRA) México, “fue posteriormente identificado por la policía como (MARCA NEGRA) Cuando se le preguntó acerca de (MARCA NEGRA) (MARCA NEGRA) declaró, en parte, que (i) ganó una empresa mexicana a la que el hondureño le debía dinero respecto al contrato relacionado con la construcción de carreteras, y (1) y el acusado se había reunido con (MARCA NEGRA) en o alrededor del 22 de noviembre de 2018.
Cuando el acusado fue arrestado, él poseía, inter alia, su pasaporte privado hondureño que usó para viajar a los Estados Unidos y también se emitió un pasaporte diplomático hondureño a su nombre, al menos seis tarjetas bancarias asociadas con instituciones financieras extranjeras que se emitieron en su nombre, y ocho licencias de armas de fuego hondureñas, algunas de las cuales fueron emitidas en su nombre y algunas estaban a nombre de (MARCA NEGRA) y (MARCA NEGRA).
Tras el arresto, el acusado renunció a sus derechos por escrito a través de (el sistema al parecer) Miranda y participó voluntariamente en una entrevista realizada por agentes del orden público. Durante la entrevista, aunque el acusado afirmó en ocasiones que había viajado a los Estados Unidos para ir de compras admitió, en parte, que (i) había viajado a Houston para reunirse con (MARCA NEGRA) después de tener reuniones previas en México, (ii) (MARCA NEGRA) estar involucrado en “tratos” (o entregas) en México y Honduras, (MARCA NEGRA) que tuvo con una compañía llamada “Tradeco” que buscaba “invertir” en Honduras, y (iv) el acusado había discutido la introducción (MARCA NEGRA) asociado a un ministro en Honduras que podría facilitar un trato.
El acusado poseía dos teléfonos en el momento de su arresto, que la DEA confiscó y ahora están siendo buscados de conformidad con una orden judicial. Hasta la fecha, las búsquedas han revelado documentos relacionadas con negocios que involucran, entre otros, a una compañía llamada Sociedad Mercantil Tradeco de México (que también se menciona en los documentos como “TRADECO”), y lo que aparece ser fotografías de varias armas de fuego:
LEY APLICABLE
“[P] la detención de nuevo juicio fue el medio elegido por el Congreso en la Ley de Reforma de Fianzas para proteger a la comunidad de los acusados peligrosos “. Estados Unidos v. Dono, 275 F. App’x 35, 38 (2d Cir. 2008). “El propósito de dicha detención debe ser regular la conducta del acusado, es decir, prevenir el peligro para la comunidad y asegurar la presencia del acusado en el juicio. . . . “EE.UU. vrs. Lewis, 5 F. Supp. 3d 515, 526 (S.D.N.Y. 2014). Así, la sección 3142 “requiere que uno de los acusados serán detenidos en espera de juicio cuando, después de una audiencia de conformidad con la Sección 3142 (f), el funcionario judicial considera que ninguna condición o combinación de condiciones asegurará razonablemente la apariencia de la persona según sea necesario y la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad”.
EE.UU. vrs. English, 629 F.3d 311, 318 (2d Cir. 2011) (citando 18 U.S.C. § 3142 (e) (1)). En evaluar el riesgo de fuga de un acusado y el peligro para la comunidad que presentaría para su liberación, los tribunales deben considerar cuatro factores establecidos en el estatuto: (1) “La naturaleza y las circunstancias del delito imputado, incluido si el delito es un delito de violencia”;(2) “el peso de la evidencia contra la persona”; (3) La “historia y características de la persona”; y (4) la “naturaleza y gravedad del peligro para cualquier persona o comunidad que sería planteado por la liberación de la persona “. 18 U.S.C. § 3142 (g).
El gobierno tiene la carga de establecer que el acusado plantea un alto riesgo por una preponderancia de la evidencia, y que él representa un peligro para la comunidad por evidencia convincente. Ver 18 U.S.C. § 3142 (f); véase también Estados Unidos v. Sabhnani, 493 F.3d 63, 75 (2d Hacia. 2007). Sin embargo, “[s] subsección (e) de § 3142 establece que hay un precio refutable presunción de que “ninguna condición o combinación de condiciones asegurará razonablemente” contra el vuelo o peligro donde la causa probable apoya un hallazgo de que la persona que solicita la fianza cometió ciertos tipos de delitos “. English, 629 F.3d en 319 (citando 18 U.S.C. § 3142 (e) (3)). Cuando el la presunción establecida por la Sección 3142 (e) (3) se aplica, el demandado “tiene una carga limitada de producción para” “refutar esa presunción presentando evidencia de que él no representa una peligro para la comunidad o un riesgo de fuga ”. Estados Unidos v. Mercedes, 254 F.3d 433, 436 (2d hacia 2001).
“Aunque el gobierno retiene la carga de la persuasión, un acusado debe presentar alguna evidencia contraria al hecho hecho para refutar la presunción “. EE.UU. vrs. Rodriguez, 950 F.2d 85, 88 (2d Cir. 1991) (citando Estados Unidos v. Martir, 782 F.2d 1141, 1144 (2d Cir. 1986)). “Una vez que un acusado presenta evidencia de refutación, la presunción, en lugar de que desaparece por completo, continúa siendo sopesado junto con otros factores que deben considerarse al decidir si liberar un acusado “.
DISCUSIÓN
I. Las cuentas uno y dos establecen una presunción de detención preventiva. Las cuentas uno y dos de la Acusación dan lugar a una presunción bajo la Sección 3142 (e) que el acusado debe ser detenido en espera de juicio sobre las bases de riesgo de fuga y peligro a la comunidad. “'[A] n la acusación presentada por un gran jurado debidamente constituido de manera concluyente establece la existencia de causa probable con el propósito de desencadenar el presunciones establecidas en la sec. 3142 (e). “Estados Unidos v. Hoey, No. 11 Cr. 337 (PKC), 2014 WL 572525, en * 1 (S.D.N.Y. 13 de febrero de 2014) (citando United States v. English, 629 F.3d 311, 319 (2d Cir. 2011)). La Cuenta uno cobra una violación de la Ley de Sustancias Controladas con un máximo de pena de cadena perpetua, lo que desencadena la presunción. Ver 18 U.S.C. § 3142 (e) (3) (A). Asi que también en la cuenta dos, que alega una violación particularmente grave de la Sección 924 (c) que involucra ametralladoras y dispositivos destructivos. Ver 18 U.S.C. § 3142 (e) (3) (B). Por lo tanto, hay una presunción a favor de la prisión preventiva.
Sección 3142 (g) Consejos a favor de la detención preventiva Incluso en la ausencia de la presunción legal, los factores relevantes en la Sección 3142 (g) apoya la detención preventiva continua. El acusado está acusado de graves delitos que se cometen en un curso de conducta a largo plazo. Los Las penas en cuestión son apropiadamente severas. La evidencia contra el acusado es fuerte. Le faltan lazos con los Estados Unidos y mantiene fuertes conexiones con el exterior. En consecuencia, en base a todos. En estas cuentas, el acusado debe ser en espera de juicio.
La naturaleza y las circunstancias de las ofensas
La naturaleza y las circunstancias de los delitos acusados demuestran que el acusado representa un peligro para la comunidad y un riesgo significativo de fuga. Cuenta uno, dos y tres acusan al acusado de involucrarse en drogas a gran escala, a largo plazo y fuertemente armadas y trata de personas La Acusación contiene hallazgos del gran jurado de que las actividades de tráfico de drogas del acusado fueron tan variadas como prolíficas. Tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, y al menos una de esas instalaciones produjo cocaína con un sello con sus iniciales. (Ind. ¶ 4). Conspiró con otros traficantes, incluidos miembros de la Policía Nacional hondureña, para distribuir miles de kilogramos de cocaína en aviones, barcos e incluso submarino. (Carné de identidad.). Se protegió a sí mismo y a sus compañeros de conspiración sobornando a uno o más políticos hondureños de alto rango y miembros de la ley hondureña. (Id. ¶ 5). Abusó su poder en Honduras para enriquecerse mientras buscaba facilitar dinero asistido por el gobierno mediante lavado por parte de los Cachiros, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes de Honduras. (Id. ¶ 6). Y el acusado estaba tan seguro de que su poder le permitía operar con impunidad de haber viajado voluntariamente a los Estados Unidos en octubre de 2016 para mentir sobre sus actividades. al Gobierno y a la DEA.
A la luz de la gravedad de la conducta del acusado, los cargos graves en la acusación conlleva penas debidamente severas. Count One lleva un plazo mínimo obligatorio de 10 años de prisión y un período de vida máximo. Ver 21 U.S.C. § 960 (b) (1) (B). Cuenta dos conlleva un período obligatorio consecutivo de 30 años de prisión y un período de vida máximo. Ver 18 U.S.C. § 924 (c) (1) (B) (ii). El Conde Tres lleva una pena máxima de cadena perpetua. Ver id. § 924 (o). La cuenta cuatro lleva una pena máxima de cinco años de prisión. Ver id. § 1001 (a). Por lo tanto, como resultado de estos cargos, el acusado enfrenta un plazo mínimo obligatorio de 40 años de encarcelamiento y un período máximo de vida. Es insuficiente observar en estas circunstancias, ya que el Segundo Circuito ha escrito anteriormente, que “[l] a larga sentencia de cárcel que podría imponerse por el acusado los delitos son un incentivo para huir”. Estados Unidos v. Liebowitz, 669 F. App’x 603, 605 (2d Cir. 2016). Por lo tanto, la naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados pesan a favor de los juicios previos al juicio.
Detención sobre las bases de peligro para la comunidad y riesgo de fuga.
La fuerza del caso
La fuerza de la evidencia contra el acusado también aconseja a favor del juicio previo detención. Si el caso pasa a juicio, el Gobierno espera convocar al menos a seis testigos que participaron en actividades de narcotráfico y lavado de dinero con el acusado que se remonta a al menos aproximadamente 2004. El testimonio de estos testigos será corroborado. Por, entre otras cosas, la fotografía del kilogramo de cocaína “TH”, fotografías de licencias de armas de fuego y armas de fuego incautadas por el acusado (que son evidencia particularmente fuerte de la posesión y conspiración del acusado para poseer armas de fuego, según se acusa en las cuentas dos y tres), la grabación en video de la reunión de 2014 del acusado con Rivera Maradiaga, y la declaraciones del acusado ante la policía después de su arresto el 23 de noviembre de 2018.
Por ejemplo, en su declaración posterior al arresto, el acusado admitió que (i) él discutió el tráfico de drogas con varias personas que el acusado sabía que eran narcotraficantes, incluyendo al menos uno que ahora es un testigo colaborador (“CW-1”) (aunque el acusado negó participando en envíos de drogas), (ii) sabía que CW-1 transportaba cocaína a través de Honduras por escondiéndolo en vagones de ganado para que los perros detectores de drogas no pudieran detectar la cocaína, (iii) aceptó regalos de CW-1 y otros narcotraficantes, incluido un reloj caro y dos armas de fuego, (iv) la fotografía del paquete sellado con “TH” era en realidad un kilogramo de cocaína que llevaba su iniciales (aunque negó haber desempeñado algún papel en la creación o uso del sello), (v) entendió que las drogas que transitan Honduras estaban destinadas a los Estados Unidos, y (vi) se reunió con un Funcionario hondureño para discutir una compañía de fachada de Cachiros después de la reunión grabada con Rivera Maradiaga en 2014. La solidez del caso del Gobierno demuestra además que el acusado es tan peligroso como lo sugieren los cargos en su contra, y le brinda un fuerte incentivo para que huya para evitar las consecuencias de sus acciones.
La historia y características del acusado
La historia y las características del acusado, incluyendo su extenso extranjero conexiones, aumentar el riesgo de fuga creado por los cargos, la seriedad del criminal presunta conducta, y la solidez del caso del Gobierno. El acusado es un ciudadano hondureño con amplias personalidades y conexiones políticas en Honduras, incluido su hermano, el presidente hondureño, y prácticamente ninguna conexión con los Estados Unidos. Ver Estados Unidos vrs. Sabhnani, 493 F.3d 63, 76-77 (2d Cir. 2007) (encontrar el “argumento de detención del Gobierno” para ser “particularmente convincente” porque “el vuelo no impondría dificultades personales o profesionales insuperables “al acusado y él tenía, “no en vano, mantuvo fuertes lazos familiares” en el extranjero); Estados Unidos vrs. Reza Zarrab, 15 Cr. 867 (RMB), Dkt. No. 41 (S.D.N.Y. 2016) (denegación de la fianza al acusado acusado de violaciones a la exportación basado en, entre otras cosas, la falta de vínculos de los demandados con los Estados Unidos, una riqueza significativa y recursos, y extensos viajes internacionales). Aunque el informe de Pretrial Services puede arrojar más luz sobre la situación financiera del demandado, poseía al menos seis tarjetas bancarias en el momento de su arresto. El acusado también parece haber mantenido al menos dos residencias en Honduras también como otros activos. Las fotografías tomadas de sus teléfonos parecen representar la construcción de un rancho en una zona rural hondureña. Además, según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público hondureño el 17 de diciembre de 2018, las autoridades hondureñas se incautaron recientemente del demandado una residencia en Tegucigalpa, Honduras, cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias. (Ver Ej. A).
Se indica que en junio de 2018, la policía hondureña incautó $ 193,220 de un compartimiento en un vehículo en Cortés, Honduras, arrestó a cinco personas en relación con el incidente, y descubrió evidencia que vincula a los arrestados con el acusado. (Ver id.).
El acusado también parece tener vínculos con otros países extranjeros. Cuando él era arrestado el 23 de noviembre de 2018, poseía pasaportes privados y diplomáticos hondureños. De acuerdo con los cargos y alegatos en la Acusación, los documentos de viaje del demandado reflejan viajes internacionales extensos, incluyendo a Colombia, México, Panamá, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Brasil y Taiwán. Ver Hoey, 2014 WL 572525, en * 2 (“En el presente registro, este Tribunal concluye que existe un grave riesgo de fuga debido a la considerable cantidad de contactos internacionales, sus fuertes recursos financieros y un motivo sustancial para huir para evitar período de prisión sustancial en caso de condena. “). 5 Historia del viaje del acusado, falta de vínculos a este Distrito y los Estados Unidos, y las conexiones extensas en el extranjero apoyan una orden de detención preventiva.
El peligro planteado por el acusado
El peligro planteado por el acusado también pesa a favor de la prisión preventiva. “[Eso está claro que el daño a la sociedad causado por el tráfico de narcóticos está incluido en el Congreso definición de “peligro” »en virtud de la Ley de reforma de la fianza. Estados Unidos vrs. León, 766 F.2d 77, 81 (2d Cir. 1985); ver también Estados Unidos v. Ambrosio, No. 94 Cr. 674 (DC), 1995 WL 138605, en * 2 (S.D.N.Y. 30 de marzo de 1995) (“[El acusado] está acusado de organizar una red internacional de narcotraficantes involucrando la importación y distribución de grandes cantidades de narcóticos, lo que plantea un fuerte presunción de peligrosidad ”. Las actividades del narcotráfico del acusado fueron particularmente peligroso por los tipos de armas involucradas. En caso de fianza, el acusado plantearía un mayor peligro no solo en los Estados Unidos sino también en Honduras. Ver Estados Unidos vrs. Choudhry, 941 F. Supp. 2d 347, 358 (E.D.N.Y. 2013) (“Aunque 18 U.S.C. § 3142 no define el término comunidad, los tribunales que consideran el alcance de este término han concluido que puede abarcar comunidades fuera de los Estados Unidos en peligro de peligro por parte de un acusado en particular “. (citas omitidas).
La peligrosidad del acusado también se ve exacerbada por el hecho de que sus co-conspiradores incluir a varios otros hombres poderosos capaces de violencia e intimidación de testigos, tales como y ex miembros de la Policía Nacional de Honduras. Ver Estados Unidos v. Bellomo, 944 F. Supp. 1160, 1167 (S.D.N.Y. 30 de octubre de 1996) (razonando que el acusado “es un peligro al menos tanto para lo que él podría dirigir o ayudar a otros a hacer en cuanto a lo que él mismo podría hacer “). Para todos estos razones, el peligro planteado por el acusado es otra consideración que apoya la denegación de Su solicitud de libertad bajo fianza.
III. No hay condiciones de fianza que protejan adecuadamente al público y aseguren apariencia del demandado a la luz de lo anterior, no hay condiciones de fianza que puedan mitigar suficientemente el peligro y el riesgo de fuga planteados por el demandado.
En cuanto al peligro, la liberación preventiva en este caso está totalmente en desacuerdo con la necesidad de proteger el público. Ver, por ejemplo, Sabhnani, 493 F.3d en 77 (describiendo “serias reservas sobre la suficiencia del confinamiento domiciliario como sustituto de la detención en casos de delitos violentos ”); Estados Unidos vrs. Mercedes, 254 F.3d 433, 436-37 (2d Cir. 2001) (“Hemos sostenido expresamente en varios casos que un paquete de libertad bajo fianza que pueda “garantizar razonablemente la comparecencia del [acusado] en el juicio, no asegurar razonablemente la seguridad de la comunidad “. (citando Estados Unidos v. Rodríguez, 950 F.2d 85, 88 (2d Cir. 1991)); Estados Unidos v. Ferranti, 66 F.3d 540, 543 (2d Cir. 1995) (“Una fianza de $ 1,000,000 habría disuadido el vuelo, no el peligro ”. Hoey, 2014 WL 572525, en * 3 (“Estricto la supervisión preventiva y el control electrónico de [demandado] brindaría poca protección contra la futura conducta obstructiva ”. Se alega que el acusado ha trabajado con otros para usar y poseer armas de grado militar en el fomento de las actividades de tráfico de drogas, y muchos de los co-conspiradores permanecen en libertad. Si es liberado, el demandado podría acceder más fácilmente a esta red participar en conductas delictivas peligrosas adicionales, incluidos los esfuerzos por intimidar a testigos y Sus familiares y asociados en el extranjero. Por lo tanto, porque no hay condiciones que puedan adecuadamente asegurar la seguridad de la comunidad, la prisión preventiva es apropiada.
El acusado también presenta un riesgo inaceptable de fuga que no puede ser abordad a través de condiciones de libertad bajo fianza, debido a la gravedad de la conducta acusada, el peso de la evidencia contra él, y sus características personales, incluyendo su riqueza, vínculos con el exterior, historia de viajes, falta de cualquier conexión significativa con los Estados Unidos, y la duplicidad durante Entrevista con el Gobierno en el mes de octubre de 2016.
“Un acusado que enfrenta un período significativo de encarcelamiento podría perder sus activos financieros en lugar de su libertad”. Sabhnani, 493 F.3d en 77. “Además, los acusados pueden convencer fácilmente a algún amigo o familiar para que les preste el dinero necesario para financiar el vuelo desde los Estados Unidos “. Id. La facilidad con que un viajero sofisticado como el demandado podría salir de Estados Unidos no detectado es ilustrado por el comportamiento de su asociado,. Conforme a los registros de viaje, estaba programado para salir de los Estados Unidos en un vuelo comercial del Aeropuerto Internacional de Miami en o alrededor de la semana del 26 de noviembre de 2018. Después del arresto público del acusado el 23 de noviembre de 2018, sin embargo, no abordó el vuelo, y parece haber salido de los Estados Unidos de una manera que le permitió evitar el contacto con aduanas y personal policial.
En pocas palabras, el gobierno no ha podido localizar cualquier registro del cruce de la frontera y la salida de los Estados Unidos. Sin embargo, parece haber viajado en vuelos comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá en diciembre de 2018. El acusado sería un riesgo de fuga mucho mayor que si fuera liberado. en libertad bajo fianza, e incluso si el Tribunal impusiera medidas restrictivas, como la vigilancia por GPS o el hogar de detención. “[E] los sistemas de vigilancia electrónica pueden ser eludidos por las ‘maravillas de la ciencia y de tecnología electrónica sofisticada “y” el equipo de monitoreo se puede hacer inoperante. ”United States vrs. Orena, 986 F.2d 628, 632 (2d Cir. 1993) (citando United States vrs. Gotti, 776 F. Supp. 666, 672-73 (E.D.N.Y. 1991)); véase también Estados Unidos v. Brennerman, 705 F. App’x 13, 16 (2d Cir. 2017) (“Tampoco hay ninguna conclusión diferente que obligue a [acusado] disposición a someterse a vigilancia electrónica y detención domiciliaria o por el hecho de que ciertos los familiares están dispuestos a actuar como fianzas “.
En resumen, existe una presunción a favor de la detención, y no hay condiciones que podría proteger adecuadamente al público y garantizar la comparecencia del acusado en el juicio.
Por lo tanto, la detención preventiva es apropiada. Debido a que cierta información incluida en esta presentación revela el alcance de la investigación en curso y las identidades de objetivos de investigación adicionales, el Gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal acepte la versión redactada de esta carta que se está presentando simultáneamente en ECF y mantenga la versión no redactada de la carta presentada por sello separado.
Respetuosamente,
GEOFFREY S. BERMAN
Fiscal de los Estados Unidos
Por: / s /
Emil J. Bove III
Matthew J. Laroche
Asistente de Abogados de los Estados Unidos
(212) 637-2420
Noticia Relacionada: Canasta básica de Honduras entre las más caras del mundo
Un
informe del Banco Mundial (BM) revelado en julio de 2018 estableció que
los costos de la canasta básica habrían aumentado más de 5 mil lempiras
a los ya 8,326 lempiras que costaba anteriormente, ubicando a Honduras
entre los países con la canasta básica más cara del mundo.
El
Colegio de Economistas de Honduras (CEH) calculó en aquel entonces que
el costo sobrepasaba los 13 mil lempiras mensuales (unos 540 dólares).
SALARIO MÍNIMO
El
acuerdo sobre el aumento al salario mínimo establece que para el
presente año las empresas que tengan de uno a 10 empleados deberán
otorgar un incremento salarial del 4.77 por ciento; las empresas que
tengan de 11 a 50 trabajadores, deberán establecer un aumento del 4.77
por ciento.
Entre
tanto las empresas con 51 a 150 empleados deberán aprobar un aumento
salarial del 6.40 por ciento y las empresas con más de 151 trabajadores
el incremento salarial deberá ser del siete por ciento.
Incrementos para 2020
Para
el 2020 el alza salarial en las empresas que tengan de uno a 10
empleados será del cinco por ciento; de 11 a 50 empleados, el aumento
será del cinco por ciento; de 51 a 150 trabajadores, el aumento deberá
ser de 6.75 por ciento y donde haya arriba de 151 empleados, el aumento
será del siete por ciento.
El
documento, que plasma el acuerdo del salario mínimo, fue firmado por el
jefe del gobierno, Juan Hernández; el secretario de Trabajo, Carlos
Madero; el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan
Carlos Sikaffy, y el representante del sector obrero, Mario Sales.
Honduras persigue estabilidad de sus finanzas públicas por encima de las necesidades de la población
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –En
Honduras existe una política fiscal que prioriza el gasto para el pago
del servicio de la deuda y para otros gastos basados en los intereses de
los políticos y el gobierno de turno, en detrimento del bienestar
social, reveló este lunes el Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales (Icefi) al analizar el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y
Egresos para el 2019.
La
organización centroamericana manifestó su preocupación por el
continuado divorcio de la política fiscal de su función principal, que
es el fomento del bienestar social y el desarrollo económico. En su
análisis el Instituto encontró que el rubro de servicio de la deuda
pública adquiere una mayor representación dentro del presupuesto, al
tiempo que los rubros de educación, salud y protección social están
siendo sacrificados con reducciones.
Abelardo
Medina, coordinador de Análisis Macrofiscales del Icefi, señaló que a
partir del ajuste de 2014 con la elevación del Impuesto Sobre Ventas
(ISV) y el control del gasto se logró disminuir el crecimiento de la
tasa de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), a cambio
de un sacrificio económico muy significativo en materia de salud,
educación y protección social.
Noticia Relacionada: Incremento de ISV general al 15% sumió en la pobreza a 66,000 personas en Honduras: ICEFI
“Lo
que nosotros lo que estamos manifestando con claridad es que se ha
logrado alcanzar una cierta estabilidad macro fiscal, pero ha sido a
cambio de aumentar los problemas sociales”.
El
experto señaló que pese al enorme gasto orientado a los programas
sociales la pobreza sigue en los mismos niveles, lo que refleja que no
se está logrando los resultados que se plantean.
Explicó
que el problema de Honduras se conoce como falta de suficiencia fiscal,
que significa que los recursos que se disponen no alcanzan para atender
los problemas sociales, pero lamentablemente la priorización ha estado
en manos meramente políticas.
El
Icefi presentó su evaluación sobre el proyecto de presupuesto de
Honduras para 2019 en un evento de discusión pública con la sociedad
civil, en el cual se destacó la preocupación por la continuada
separación entre la realidad nacional por la que atraviesa Honduras y la
prioridades fiscales contenidas en el proyecto de presupuesto del 2019,
dado que se ha priorizado un sostenimiento de la estabilidad fiscal por
sobre la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a resolver en
definitiva las dificultades que atraviesa el país, reflejada tanto en la
tasa de pobreza general (61.9% del total de hogares) como en la actual
crisis de migrantes que están viajando hacia Estados Unidos.
Dentro
del análisis, el Icefi señalo que el proyecto de presupuesto para la
Administración Central asciende a L152,351.8 millones, equivalente al
23.9% del PIB y superior en 8.2% al aprobado el año anterior. De esto el
Instituto resaltó que, de los recursos considerados, solamente
L114,265.3 millones (75.0%) corresponden a los ingresos regulares del
Gobierno Central, implicando así que el restante 25% de los recursos
devendrán de la obtención de financiamiento con agentes internos o
externos del país, para poder cumplir con las obligaciones del próximo
año.
En
materia de ingresos el Icefi, se destacó que los tributarios
representan la mayor fuente, con un 71.4% del total, que equivale a una
recaudación esperada de L108,414.3 millones, proyectando con ello un
incremento de la recaudación del 5.9% respecto del presupuesto vigente.
No se determina ningún cambio en la estructura impositiva de la
recaudación y se mantiene la proporción de dos terceras partes que
provendrán de impuestos indirectos. El Icefi señaló que la recaudación
considerada equivale a una carga tributaria de 17.0% del PIB,
sensiblemente por debajo del valor esperado de cierre para el presente
año, que según sus estimaciones cerrará en 18.1% del PIB, y de la
considerada en el presupuesto vigente para 2018 (17.5%).
Con
lo anterior, Icefi resaltó que el gobierno estaría recayendo nuevamente
en la nociva práctica histórica de subestimar el monto esperado de
ingresos fiscales para el siguiente ejercicio fiscal, con el fin de
poder contar con absoluta discrecionalidad en el destino de gasto
público proveniente de los ingresos adicionales que se recauden, dado
que estos no estarán sujetos a asignaciones presupuestarias
preconcebidas dentro del presupuesto. Es por eso que el Icefi consideroó
que el monto esperado de reducción en la carga tributaria es exagerado,
estimando que el nivel tributario del país, esperado según la tendencia
y las variables estudiadas, al cierre de 2019 sobrepasará fácilmente lo
considerado en el Proyecto de Presupuesto. Esta situación, confirma la
necesidad de fortalecer la transparencia en las cuentas fiscales, a fin
de aumentar la credibilidad del usuario en general de las cifras del
país.
Un
hecho importante y positivo en la formulación del proyecto de
presupuesto para 2019, es que, por primera vez, se incorporó una
estimación del gasto tributario que contiene la cuantificación del monto
de renuncia fiscal que hace el Estado por el otorgamiento de
tratamientos tributarios diferenciados en el sistema tributario del
país, los cuales según el documento ascienden a una “pérdida de
recaudación” estimada de manera “ex−post”, de L37,000.0 millones, cerca
del 7% del PIB. Según Icefi, esto representa un primero paso inicial
para evaluar las implicaciones de la vigencia de incentivos tributarios
y, por tanto, se espera que para los próximos años exista una
consolidación y fortalecimiento de la información presentada, como
herramienta para la toma de decisiones en materia política fiscal.
De
acuerdo a Icefi, en cuanto al gasto público, si al presupuesto total de
L152,351.8 millones, se le sustrae el monto de recursos que serán
utilizados para la amortización de la deuda; los gastos que se planean
efectuar por parte de la Administración Central se sitúan en L120,880.1
millones, equivalentes al 18.9% del PIB, y solo 3.3% más que el gasto
que se realizará en 2018 conforme a la estimación de cierre elaborada
por el Icefi. Al revisar el tamaño del gasto del Gobierno Central, se
puede observar que los datos contenidos en el Proyecto de Presupuesto
implican una drástica disminución del mismo, el cual se reduciría desde
el 20.0% estimado por Icefi para el cierre de 2018 hasta reportar 18.9%
en 2019, incluso por debajo del 19.8% que fue estimado en el presupuesto
de 2018 y que podría ser tanto consecuencia de la habitualidad de
subestimar los datos presupuestarios por las autoridades fiscales, como
del esfuerzo real del Gobierno de contraer en mayor dimensión el
gobierno para garantizar la sostenibilidad de la deuda en el país.
En
términos de egresos, y conforme a la finalidad del uso de los recursos,
se puede advertir que el proyecto presupuestario para 2019 presenta
como principal componente la asignación de recursos para atender al
servicio de la deuda pública, que ocupará el 26.6% del total del
Presupuesto, en contraposición del 24.2% vigente para 2018. Lo sigue
en importancia el rubro de educación, que representa el 19.3% del total,
inferior al 20.1% contenido en el presupuesto 2018; mientras el rubro
de servicios públicos generales, que incluye el presupuesto para
funcionamiento del aparato público central y del organismo legislativo,
representará el 19.3% de los recursos, por encima del 17.0% que fuera
considerado en 2018.
El
Instituto advirtió que si bien el presupuesto solo aumenta 8.2% en los
gastos, lo importante es la transformación que recibe al compensar el
aumento del servicio de la deuda y en los servicios públicos generales,
con la reducción de los programas dirigidos al bienestar de la
población, entre ellos, educación, salud, protección social y los
flujos que se destinan a vivienda y servicios comunitarios, lo cual
podría tener una implicación directa en el aumento de la pobreza en el
mediano y largo plazo. Perpetuando así la deuda histórica del país en la
lucha para la reducción de la pobreza, la cual ha mantenido desde
principios de siglo a 6 de cada 10 hogares hondureños en situación de
pobreza, al tiempo en que cerca de 4 de cada 10 hogares viven en
condiciones de pobreza extrema. Esta situación ha tenido nuevas
manifestaciones de deterioro social como lo es la caravana de migrantes
hondureños, quienes han visto en esta forma de migración una opción para
escapar de la violencia, la falta de empleo, de la precariedad y
ausencia de servicios públicos del Estado.
Además,
el Instituto concluyó que en su conjunto la ejecución de los ingresos y
gastos considerados en el Proyecto de presupuesto para 2019 implicarían
el alcance de un déficit fiscal del 0.4% del PIB, sin incluir los
fideicomisos que son manejados bajo la línea presupuestaria y de 2.0%
(unos L12,541.0 millones) si se incluyen los valores consignados en los
mismos. Dicho resultado estaría sugiriendo un manejo estable de las
finanzas públicas, sin embargo, para alcanzar dicho objetivo se tiene
como trasfondo la subestimación de los ingresos, lo que conlleva una
subestimación de valores en varios rubros de interés, así como el
castigo de las asignaciones a importantes rubros de gasto social. Dada
estas falencias, el Icefi recomienda que se analice el desempeño de las
finanzas públicas con un mayor detenimiento en los próximos meses, para
evaluar sus potenciales efectos sobre el bienestar social de los
hondureños. El Instituto también hizo un llamado a las autoridades
responsables para realizar acciones y cambios presupuestarios en el
corto y mediano plazo para incluir medidas dirigidas a subsanar la ya
estructural crisis social en la que se enmarca Honduras.
EL NARCOTRÁFICO, ESE CÁNCER…
Por: Víctor Meza
Empieza
como un tumor, así es, pero muy pronto, si las condiciones le
favorecen, se propaga en una especie de metástasis siniestra,
incontrolable, múltiple, abrasadora… Es la forma en que funciona el
fenómeno del narcotráfico en países como el nuestro, débiles
institucionalmente, frágiles en su cultura política, vulnerables en su
estructura legal, penetrados y contaminados por el virus de la
corrupción. Son las víctimas propicias, los espacios adecuados para la
expansión del cáncer criminal…
Y
los actores que, por razones de trabajo o por la simple y venenosa
atracción del aroma numismático, entran en contacto con sus redes y
entorno, deben hacer esfuerzos especiales y revestirse de una moral a
toda prueba, para no caer en sus redes y sucumbir a sus encantos y
placeres. No ha de ser fácil, imagino.
Quizás
por esa razón, los diseñadores de políticas de seguridad en materia de
drogas y tráfico son muy cuidadosos – o deben serlo – al momento de
escoger a los operadores de justicia que se van a involucrar en la lucha
contra los narcotraficantes. Se les somete – o deberían ser sometidos –
a rigurosas pruebas de confianza que van desde las poligráficas y
sicotrópicas hasta las mediciones patrimoniales de todo tipo. Su
certificación positiva – o el rechazo negativo – es el resultado final
de un largo proceso, tan complicado como incómodo. Pero así es y así
debe ser.
No
se puede ni se debe incorporar a la lucha antidrogas a cualquiera, por
el simple hecho de que pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado.
La selección, rigurosa y difícil como debe ser, tiene que identificar
con precisión quirúrgica y mirada de faro a los hombres y mujeres más
aptos y menos vulnerables para participar en una campaña tan difícil
como fundamental.
Se
nos ocurren estas reflexiones en momentos en que la embajada de los
Estados Unidos, modificando una larga tradición de prudencia o silencio,
ha decidido de pronto emitir comunicados de prensa anunciando el nombre
de las personas investigadas por narcotráfico y corrupción, a la vez
que ofrece detalles tan inusuales como que ya han celebrado
conversaciones y mantienen contactos con algunas de esas personas.
Extraño, realmente muy extraño este proceder, sobre todo si proviene de
una legación diplomática que, al menos en este tipo de cosas, suele
mostrarse tan hermética como cautelosa. El acto tiene un malicioso
tufillo a mensaje.
Pero,
al margen de las especulaciones en torno a la conducta de los
diplomáticos, vale la pena reflexionar sobre el precio que ya están
pagando las Fuerzas Armadas por involucrarse de una manera tan directa
en la lucha contra el narcotráfico, en particular, y en la custodia del
orden público, en general. Cuando a los militares se les asignan tareas
policiales y, de paso, se les involucra arbitrariamente en la “guerra
contra las drogas” – dos tareas para las cuales no están ni deben estar
preparados – , hay que esperar lo inevitable: la contaminación de los
uniformados con el virus de la corrupción que genera el crimen
organizado. La metástasis del cáncer acaba alcanzando a los actores más
vulnerables del laberinto antidrogas. Es algo inevitable.
La
experiencia de otros países, algunos muy cercanos y casi vecinos, puede
resultar muy aleccionadora al respecto. El involucramiento de los
militares en una “guerra contra las drogas” combina dos errores en uno:
concebir a la lucha antinarcóticos como una “guerra”, en primer lugar,
y, en consecuencia, asumir que esa “guerra” la deben librar, como sucede
con toda guerra, los soldados, es decir los militares, en segundo
lugar. Dos errores que desembocan en lo inevitable: el fracaso de la
“guerra” y la contaminación nefasta de los actores estatales que
intervienen en ella.
Aprendamos
las lecciones. La corrupción policial no solo es fuente y causa del
deterioro y la desintegración ética de la institución. Es también el
resultado de una estrategia equivocada en la lucha contra el crimen
organizado. Es el producto de un error: la militarización indebida de la
fuerza policial. Para que funcione y tenga éxito, la policía debe ser
comunitaria, vinculada a la gente, cercana a la población, honesta,
respetuosa y diligente.
Mientras
sigamos creyendo que los militares son la solución en esta campaña,
cada día tendremos más y más soldados vinculados o subordinados al
narcotráfico. Ya lo verán…
Por
Publicado el 7 Enero, 2019
Pero a pesar que la defensa hizo esfuerzos por desacreditar las alegaciones del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, la Corte decidió el viernes desestimar la solicitud de libertad condicional del hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, porque representa un riesgo significativo de fuga y un peligro para la comunidad, según las conclusiones del juez Kevin Castel.
“El acusado no ha presentado pruebas suficientes para refutar la presunción anterior”, dice la orden de arresto conocida el fin de semana.
Los motivos para desestimar la libertad bajo fianza a favor de Tony Hernández incluyen que “el peso de la evidencia contra el acusado es fuerte”, su historia de violencia, uso de armas y la falta de garantías financieras.
También por la falta de vínculos comunitarios o familiares significativos con el distrito sur de Nueva York, por la falta de estatus legal en los Estados Unidos, los viajes que hizo a México, Uruguay, Colombia, Panamá y el acceso a usar avión privado.
Los delitos por los que Tony Hernández es acusado en EEUU sumarían tantos años que le sería imposible volver a ver la luz del sol, a menos que coopere con la justicia de EEUU y entregue a un “pez” más gordo que el.
Por
Publicado el 6 Enero, 2019
Tony Hernández, hermano del dictador Hondureño Juan Orlando Hernández se desempeñaba como diputado del Congreso Nacional de Honduras y negaba cualquier nexo con el narco.
En el documento que este periódico tradujo de manera literal, se insiste que Hernández estaría vinculado al tráfico de drogas desde 2004 hasta 2016 y que el gobierno tiene listos a unos seis testigos que espera presentar durante el juicio, cuya fecha no ha sido especificada.
Otro de los motivos por los que se desestimó la petición obedece a que el imputado realizó intensos viajes a Colombia, México, Panamá, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Brasil y Taiwán, por lo que podrían ser potenciales destinos para darse a la fuga.
Según EE.UU., localizó los nexos del excongresista con la narcoactividad y asegura tener suficientes evidencias que, en el peor de los casos, incurriría en cadena perpetua para el sindicado.
En la declaración posterior al arresto, reza el texto, el acusado admitió que él discutió “el (tema del) tráfico de drogas con varias personas que el acusado sabía que eran narcotraficantes, incluyendo al menos uno que ahora es un testigo colaborador (CW-1) (aunque el acusado negó participando en envíos de drogas)”.
Asimismo, dijo a los agentes que lo arrestaron que CW-1 “transportaba cocaína a través de Honduras por escondiéndolo en vagones de ganado para que los perros detectores de drogas no pudieran detectar la cocaína”.
También aceptó, según uno de los apartados, regalos de CW-1 y otros narcotraficantes, incluido un reloj caro y dos armas de fuego”.
Respecto a la foto con las iniciales TH que contenían los paquetes de cocaína, negó haber “desempeñado algún papel en la creación o uso del sello” y “entendió que las drogas que transitan Honduras estaban destinadas a los Estados Unidos”.
“La solidez del caso del Gobierno demuestra además que el acusado es tan peligroso como lo sugieren los cargos en su contra, y le brinda un fuerte incentivo para que huya para evitar las consecuencias de sus acciones”, explica el Departamento de Justicia de EE.UU. en su petición que fue admitida a última hora del viernes por el juez Castel.
CW-1, el testigo que sostuvo encuentros con Tony y a quien le dio varios obsequios, fue clave para el arresto de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ya que un tribunal norteamericano los señaló de ser operadores del cártel los Soles.
LEA DE FORMA ÍNTEGRA LA PETICIÓN DE EE.UU. DE QUE NO SE DÉ LIBERTAD CONDICIONAL A TONY
El Honorable P. Kevin Castel
Juez de distrito de Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York
500 Pearl Street
Nueva York, Nueva York 10007
Re: Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado,
S2 15 Cr. 379 (PKC)
Estimado juez Castel:
El Gobierno envía respetuosamente esta carta relativa a la audiencia de fianza, programado para el 4 de enero de 2019 a las 3:00 p.m.
El acusado es ex congresista hondureño y hermano del actual presidente de Honduras. Durante más de una década, el acusado abusó de su privilegio y poder para enriquecerse mediante la distribución de grandes cantidades de cocaína en relación con los asombrosos niveles de corrupción política. En octubre de 2016, viajó audazmente a los Estados Unidos para negar categórica y falsamente cualquier delito cometido durante una sesión con un consejero profesional. Ahora, que ha sido arrestado y enfrentando cargos que conllevan una sentencia mínima obligatoria de 40 años, parece que el acusado le está pidiendo al Tribunal que acepte una promesa de que no huirá ni pondrá en peligro a nadie. Si se libera pendiente (previo) al juicio, la solicitud debe ser rechazada rápidamente porque no hay condiciones que podría abordarse por el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad que representa el acusado, por lo que debe seguir detenido en espera de juicio.
FONDO
I. Honduras: un importante punto de transbordo para la cocaína unida a Estados Unidos y plagado de violencia. Esta investigación realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y otros, han demostrado que Honduras es uno de los principales puntos de transbordo de cocaína en el mundo que se produce en América del Sur y se importa a Estados Unidos. Desde alrededor de 2004, múltiples organizaciones de narcotraficantes que operan en Honduras trabajaron con políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el personal militar quienes han recibido cargamentos de varias toneladas de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de rutas aéreas y marítimas y para transportar drogas hacia el occidente de Honduras hasta la frontera con Guatemala y, finalmente, a Estados Unidos.
Los narcotraficantes pagaron sobornos, a veces denominados “contribuciones de campaña”, para los políticos hondureños que están o se postulan a cargos públicos, en el entendimiento de que respaldarían políticas favorables para los traficantes en cuestiones tales como las relacionadas con extradición. Antes de 2012, la constitución hondureña no permitía la extradición de ciudadanos para enfrentar cargos penales en Estados Unidos, para mayor protección de la interferencia oficial y con el fin de facilitar el paso seguro a través de Honduras de las enormes cargas de cocaína.
Los narcotraficantes pagaron sobornos a los funcionarios públicos por el acceso a información sobre investigaciones en curso, controles militares y policiales y las interdicciones planificadas sobre narcóticos. Este extenso sistema de narcotráfico contribuyó a que Honduras se convirtiera en uno de los lugares más violentos del mundo. Los perpetradores de esta violencia, así como los funcionarios corruptos, quienes facilitaron y permitieron a los traficantes operar, a menudo actuó con impunidad.
En respuesta, el Gobierno ha procesado a numerosos traficantes, políticos y altos funcionarios policiales que contribuyeron a un ambiente de ilegalidad en Honduras y por otra parte, véase, por ejemplo, el caso de Estados Unidos vrs. Fredy Renán Nájera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG) (El congresista hondureño enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión después de declararse culpable sin un acuerdo de culpabilidad por infracciones para conspirar para importar cocaína y armas relacionadas); Estados Unidos vrs. Fabio Lobo, 15 Cr. 174 (LGS) (hijo del ex presidente de Honduras –Porfirio Lobo– se declaró culpable de conspirar para importar cocaína y condenado a 24 años de prisión); Estados Unidos vrs. (Ludwig Criss) Zelaya Romero, et al. S1 15 Cr. 174 (LGS) (siete miembros de la Nacional de Honduras. El oficial de policía se declaró culpable de conspirar para importar cocaína); Estados Unidos vrs. (Yani y Yankel) Rosenthal, et. al., s2 13 Cr. 413 (JGK) (excongresista hondureño y excandidato presidencial y ex funcionario del gabinete en la administración actual, ambos se declararon culpables de cargos de lavado de dinero); Estados Unidos vrs. Midence Oquelí Turcios Martínez, 18 Cr. 499 (LAK) (El congresista hondureño acusado por ofensas de conspirar para importar cocaína y armas relacionadas) Estados Unidos vrs. Arnaldo Urbina Soto, et al 18 cr. 497 (DLC) (El ex alcalde de –Yoro– Honduras y otros acusados de conspirar para importar cocaína y delitos relacionados con armas).
La conducta ofensiva del acusado en relación con la investigación anterior, un gran jurado en este Distrito ha encontrado, como se establece en la Indemnización Reemplazable S2 15 Cr. 379 (PKC), que el acusado estaba involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que se obtuvieron en Honduras a través de aviones, barcos rápidos y, en al menos una ocasión, un submarino. El acusado tuvo una larga participación en estas actividades; la acusación alega que los delitos duraron desde al menos, aproximadamente, 2004 hasta al menos, aproximadamente, 2016. El demandado tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína fue sellada con el símbolo “TH”, es decir, las iniciales del apodo del acusado, “Tony Hernández”.
El acusado también coordinó y, a veces, participó en proporcionar seguridad armada para los envíos de cocaína que fueron transportadas dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con, entre otras armas, ametralladoras.
El acusado y sus co-conspiradores sobornaron a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible a fin de presentar (o saber sobre) estos envíos de drogas y solicitar grandes sobornos a los principales traficantes de drogas para el acusado y a nombre de políticos hondureños de alto rango. Alrededor de febrero de 2014, el acusado se reunió en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una organización violenta de narcotráfico conocida como los Cachiros, que ahora es un testigo colaborador. Uno de los hombres que ayudó a organizar la reunión, entre el acusado y Rivera Maradiaga se encontraba (un miembro) de la Policía Nacional que se declaró en este distrito culpable de tráfico de drogas. El audio y el vídeo de Rivera Maradiaga fue grabada reunión, capturando al acusado en cinta (de vídeo):
La actitud (o presencia) del acusado representaba a un co-acusado en el caso ante la jueza Schofield, nombrado Fabio Lobo, quien es hijo del expresidente hondureño (Porfirio Lobo). Durante la reunión, el acusado aceptó ayudar a Rivera Maradiaga para recurrir a entidades gubernamentales y pagar el dinero adeudado a Los Cachiros mediante lavado de activos a compañías de fachada a cambio de pagos “contragolpe” de Rivera Maradiaga. El cachiro pagó al demandado aproximadamente 50 mil dólares durante la reunión.
III. La sesión de Proffer de octubre de 2016
En octubre de 2016, a raíz de informes públicos que especulaban sobre los acusados, Hernández viajó a los Estados Unidos para participar en una reunión con el Gobierno y agentes de la DEA. El acusado estuvo representado por su actual abogado y la reunión se llevó a cabo de conformidad con el acuerdo estándar de proferentes utilizado por esta Oficina.
Durante la reunión, el acusado afirmó, entre otras cosas, que nunca se había reunido con Rivera Maradiaga (incluso después de mostrarse las capturas de pantalla que aparecen arriba de la reunión registrada por Rivera Maradiaga), nunca proporcionó ningún tipo de asistencia a los narcotraficantes, y nunca aceptó cualquier dinero de los narcotraficantes.
Los cargos pendientes
El 21 de noviembre de 2018, un gran jurado en este Distrito devolvió la Acusación, que señala al imputado de cuatro cargos. La primera cuenta (La primera parte) de la acusación lo sindica de haber participado en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, aproximadamente entre 2004 y 2016, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963, acusa al demandado de usar, transportar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con la primera cuenta y de haber ayudado e instigado al mismo, entre aproximadamente 2004 y 2016, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c). La cuenta tres señala al acusado de conspirar para usar, transportar y poseer ametralladoras y armas destructivas, en conexión con la primera cuenta, entre aproximadamente 2004 y 2016, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (o). La cuarta cuenta lo acusa de hacer declaraciones falsas a las autoridades federales durante la sesión de octubre de 2016, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001.
El arresto del demandado ocurrido el 23 de noviembre de 2018
En o alrededor del 19 de noviembre de 2018, el acusado ingresó a los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami y tomó un vuelo de conexión a Houston, Texas. El acusado viajó con un nacional hondureño (MARCA NEGRA). El acusado fue arrestado en el aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a Honduras con (MARCA NEGRA) el 23 de noviembre de 2018, él dijo a la policía en el aeropuerto de Miami, entre otras cosas, que (i) él había escuchado “rumores” de que el acusado era un narcotraficante, (ii) él y el acusado habían viajado a Houston para reunirse con (MARCA NEGRA) y (iii) que había viajado a Nebraska para inspeccionar un vehículo que podría ser comprado. (MARCA NEGRA) consintió que se realizara una búsqueda de su teléfono celular, y la policía identificó contactos guardados en el teléfono asociado con ubicaciones en Honduras, México y Colombia. Uno de esos contactos, que fue guardado en el teléfono como (MARCA NEGRA) México, “fue posteriormente identificado por la policía como (MARCA NEGRA) Cuando se le preguntó acerca de (MARCA NEGRA) (MARCA NEGRA) declaró, en parte, que (i) ganó una empresa mexicana a la que el hondureño le debía dinero respecto al contrato relacionado con la construcción de carreteras, y (1) y el acusado se había reunido con (MARCA NEGRA) en o alrededor del 22 de noviembre de 2018.
Cuando el acusado fue arrestado, él poseía, inter alia, su pasaporte privado hondureño que usó para viajar a los Estados Unidos y también se emitió un pasaporte diplomático hondureño a su nombre, al menos seis tarjetas bancarias asociadas con instituciones financieras extranjeras que se emitieron en su nombre, y ocho licencias de armas de fuego hondureñas, algunas de las cuales fueron emitidas en su nombre y algunas estaban a nombre de (MARCA NEGRA) y (MARCA NEGRA).
Tras el arresto, el acusado renunció a sus derechos por escrito a través de (el sistema al parecer) Miranda y participó voluntariamente en una entrevista realizada por agentes del orden público. Durante la entrevista, aunque el acusado afirmó en ocasiones que había viajado a los Estados Unidos para ir de compras admitió, en parte, que (i) había viajado a Houston para reunirse con (MARCA NEGRA) después de tener reuniones previas en México, (ii) (MARCA NEGRA) estar involucrado en “tratos” (o entregas) en México y Honduras, (MARCA NEGRA) que tuvo con una compañía llamada “Tradeco” que buscaba “invertir” en Honduras, y (iv) el acusado había discutido la introducción (MARCA NEGRA) asociado a un ministro en Honduras que podría facilitar un trato.
El acusado poseía dos teléfonos en el momento de su arresto, que la DEA confiscó y ahora están siendo buscados de conformidad con una orden judicial. Hasta la fecha, las búsquedas han revelado documentos relacionadas con negocios que involucran, entre otros, a una compañía llamada Sociedad Mercantil Tradeco de México (que también se menciona en los documentos como “TRADECO”), y lo que aparece ser fotografías de varias armas de fuego:
LEY APLICABLE
“[P] la detención de nuevo juicio fue el medio elegido por el Congreso en la Ley de Reforma de Fianzas para proteger a la comunidad de los acusados peligrosos “. Estados Unidos v. Dono, 275 F. App’x 35, 38 (2d Cir. 2008). “El propósito de dicha detención debe ser regular la conducta del acusado, es decir, prevenir el peligro para la comunidad y asegurar la presencia del acusado en el juicio. . . . “EE.UU. vrs. Lewis, 5 F. Supp. 3d 515, 526 (S.D.N.Y. 2014). Así, la sección 3142 “requiere que uno de los acusados serán detenidos en espera de juicio cuando, después de una audiencia de conformidad con la Sección 3142 (f), el funcionario judicial considera que ninguna condición o combinación de condiciones asegurará razonablemente la apariencia de la persona según sea necesario y la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad”.
EE.UU. vrs. English, 629 F.3d 311, 318 (2d Cir. 2011) (citando 18 U.S.C. § 3142 (e) (1)). En evaluar el riesgo de fuga de un acusado y el peligro para la comunidad que presentaría para su liberación, los tribunales deben considerar cuatro factores establecidos en el estatuto: (1) “La naturaleza y las circunstancias del delito imputado, incluido si el delito es un delito de violencia”;(2) “el peso de la evidencia contra la persona”; (3) La “historia y características de la persona”; y (4) la “naturaleza y gravedad del peligro para cualquier persona o comunidad que sería planteado por la liberación de la persona “. 18 U.S.C. § 3142 (g).
El gobierno tiene la carga de establecer que el acusado plantea un alto riesgo por una preponderancia de la evidencia, y que él representa un peligro para la comunidad por evidencia convincente. Ver 18 U.S.C. § 3142 (f); véase también Estados Unidos v. Sabhnani, 493 F.3d 63, 75 (2d Hacia. 2007). Sin embargo, “[s] subsección (e) de § 3142 establece que hay un precio refutable presunción de que “ninguna condición o combinación de condiciones asegurará razonablemente” contra el vuelo o peligro donde la causa probable apoya un hallazgo de que la persona que solicita la fianza cometió ciertos tipos de delitos “. English, 629 F.3d en 319 (citando 18 U.S.C. § 3142 (e) (3)). Cuando el la presunción establecida por la Sección 3142 (e) (3) se aplica, el demandado “tiene una carga limitada de producción para” “refutar esa presunción presentando evidencia de que él no representa una peligro para la comunidad o un riesgo de fuga ”. Estados Unidos v. Mercedes, 254 F.3d 433, 436 (2d hacia 2001).
“Aunque el gobierno retiene la carga de la persuasión, un acusado debe presentar alguna evidencia contraria al hecho hecho para refutar la presunción “. EE.UU. vrs. Rodriguez, 950 F.2d 85, 88 (2d Cir. 1991) (citando Estados Unidos v. Martir, 782 F.2d 1141, 1144 (2d Cir. 1986)). “Una vez que un acusado presenta evidencia de refutación, la presunción, en lugar de que desaparece por completo, continúa siendo sopesado junto con otros factores que deben considerarse al decidir si liberar un acusado “.
DISCUSIÓN
I. Las cuentas uno y dos establecen una presunción de detención preventiva. Las cuentas uno y dos de la Acusación dan lugar a una presunción bajo la Sección 3142 (e) que el acusado debe ser detenido en espera de juicio sobre las bases de riesgo de fuga y peligro a la comunidad. “'[A] n la acusación presentada por un gran jurado debidamente constituido de manera concluyente establece la existencia de causa probable con el propósito de desencadenar el presunciones establecidas en la sec. 3142 (e). “Estados Unidos v. Hoey, No. 11 Cr. 337 (PKC), 2014 WL 572525, en * 1 (S.D.N.Y. 13 de febrero de 2014) (citando United States v. English, 629 F.3d 311, 319 (2d Cir. 2011)). La Cuenta uno cobra una violación de la Ley de Sustancias Controladas con un máximo de pena de cadena perpetua, lo que desencadena la presunción. Ver 18 U.S.C. § 3142 (e) (3) (A). Asi que también en la cuenta dos, que alega una violación particularmente grave de la Sección 924 (c) que involucra ametralladoras y dispositivos destructivos. Ver 18 U.S.C. § 3142 (e) (3) (B). Por lo tanto, hay una presunción a favor de la prisión preventiva.
Sección 3142 (g) Consejos a favor de la detención preventiva Incluso en la ausencia de la presunción legal, los factores relevantes en la Sección 3142 (g) apoya la detención preventiva continua. El acusado está acusado de graves delitos que se cometen en un curso de conducta a largo plazo. Los Las penas en cuestión son apropiadamente severas. La evidencia contra el acusado es fuerte. Le faltan lazos con los Estados Unidos y mantiene fuertes conexiones con el exterior. En consecuencia, en base a todos. En estas cuentas, el acusado debe ser en espera de juicio.
La naturaleza y las circunstancias de las ofensas
La naturaleza y las circunstancias de los delitos acusados demuestran que el acusado representa un peligro para la comunidad y un riesgo significativo de fuga. Cuenta uno, dos y tres acusan al acusado de involucrarse en drogas a gran escala, a largo plazo y fuertemente armadas y trata de personas La Acusación contiene hallazgos del gran jurado de que las actividades de tráfico de drogas del acusado fueron tan variadas como prolíficas. Tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, y al menos una de esas instalaciones produjo cocaína con un sello con sus iniciales. (Ind. ¶ 4). Conspiró con otros traficantes, incluidos miembros de la Policía Nacional hondureña, para distribuir miles de kilogramos de cocaína en aviones, barcos e incluso submarino. (Carné de identidad.). Se protegió a sí mismo y a sus compañeros de conspiración sobornando a uno o más políticos hondureños de alto rango y miembros de la ley hondureña. (Id. ¶ 5). Abusó su poder en Honduras para enriquecerse mientras buscaba facilitar dinero asistido por el gobierno mediante lavado por parte de los Cachiros, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes de Honduras. (Id. ¶ 6). Y el acusado estaba tan seguro de que su poder le permitía operar con impunidad de haber viajado voluntariamente a los Estados Unidos en octubre de 2016 para mentir sobre sus actividades. al Gobierno y a la DEA.
A la luz de la gravedad de la conducta del acusado, los cargos graves en la acusación conlleva penas debidamente severas. Count One lleva un plazo mínimo obligatorio de 10 años de prisión y un período de vida máximo. Ver 21 U.S.C. § 960 (b) (1) (B). Cuenta dos conlleva un período obligatorio consecutivo de 30 años de prisión y un período de vida máximo. Ver 18 U.S.C. § 924 (c) (1) (B) (ii). El Conde Tres lleva una pena máxima de cadena perpetua. Ver id. § 924 (o). La cuenta cuatro lleva una pena máxima de cinco años de prisión. Ver id. § 1001 (a). Por lo tanto, como resultado de estos cargos, el acusado enfrenta un plazo mínimo obligatorio de 40 años de encarcelamiento y un período máximo de vida. Es insuficiente observar en estas circunstancias, ya que el Segundo Circuito ha escrito anteriormente, que “[l] a larga sentencia de cárcel que podría imponerse por el acusado los delitos son un incentivo para huir”. Estados Unidos v. Liebowitz, 669 F. App’x 603, 605 (2d Cir. 2016). Por lo tanto, la naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados pesan a favor de los juicios previos al juicio.
Detención sobre las bases de peligro para la comunidad y riesgo de fuga.
La fuerza del caso
La fuerza de la evidencia contra el acusado también aconseja a favor del juicio previo detención. Si el caso pasa a juicio, el Gobierno espera convocar al menos a seis testigos que participaron en actividades de narcotráfico y lavado de dinero con el acusado que se remonta a al menos aproximadamente 2004. El testimonio de estos testigos será corroborado. Por, entre otras cosas, la fotografía del kilogramo de cocaína “TH”, fotografías de licencias de armas de fuego y armas de fuego incautadas por el acusado (que son evidencia particularmente fuerte de la posesión y conspiración del acusado para poseer armas de fuego, según se acusa en las cuentas dos y tres), la grabación en video de la reunión de 2014 del acusado con Rivera Maradiaga, y la declaraciones del acusado ante la policía después de su arresto el 23 de noviembre de 2018.
Por ejemplo, en su declaración posterior al arresto, el acusado admitió que (i) él discutió el tráfico de drogas con varias personas que el acusado sabía que eran narcotraficantes, incluyendo al menos uno que ahora es un testigo colaborador (“CW-1”) (aunque el acusado negó participando en envíos de drogas), (ii) sabía que CW-1 transportaba cocaína a través de Honduras por escondiéndolo en vagones de ganado para que los perros detectores de drogas no pudieran detectar la cocaína, (iii) aceptó regalos de CW-1 y otros narcotraficantes, incluido un reloj caro y dos armas de fuego, (iv) la fotografía del paquete sellado con “TH” era en realidad un kilogramo de cocaína que llevaba su iniciales (aunque negó haber desempeñado algún papel en la creación o uso del sello), (v) entendió que las drogas que transitan Honduras estaban destinadas a los Estados Unidos, y (vi) se reunió con un Funcionario hondureño para discutir una compañía de fachada de Cachiros después de la reunión grabada con Rivera Maradiaga en 2014. La solidez del caso del Gobierno demuestra además que el acusado es tan peligroso como lo sugieren los cargos en su contra, y le brinda un fuerte incentivo para que huya para evitar las consecuencias de sus acciones.
La historia y características del acusado
La historia y las características del acusado, incluyendo su extenso extranjero conexiones, aumentar el riesgo de fuga creado por los cargos, la seriedad del criminal presunta conducta, y la solidez del caso del Gobierno. El acusado es un ciudadano hondureño con amplias personalidades y conexiones políticas en Honduras, incluido su hermano, el presidente hondureño, y prácticamente ninguna conexión con los Estados Unidos. Ver Estados Unidos vrs. Sabhnani, 493 F.3d 63, 76-77 (2d Cir. 2007) (encontrar el “argumento de detención del Gobierno” para ser “particularmente convincente” porque “el vuelo no impondría dificultades personales o profesionales insuperables “al acusado y él tenía, “no en vano, mantuvo fuertes lazos familiares” en el extranjero); Estados Unidos vrs. Reza Zarrab, 15 Cr. 867 (RMB), Dkt. No. 41 (S.D.N.Y. 2016) (denegación de la fianza al acusado acusado de violaciones a la exportación basado en, entre otras cosas, la falta de vínculos de los demandados con los Estados Unidos, una riqueza significativa y recursos, y extensos viajes internacionales). Aunque el informe de Pretrial Services puede arrojar más luz sobre la situación financiera del demandado, poseía al menos seis tarjetas bancarias en el momento de su arresto. El acusado también parece haber mantenido al menos dos residencias en Honduras también como otros activos. Las fotografías tomadas de sus teléfonos parecen representar la construcción de un rancho en una zona rural hondureña. Además, según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público hondureño el 17 de diciembre de 2018, las autoridades hondureñas se incautaron recientemente del demandado una residencia en Tegucigalpa, Honduras, cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias. (Ver Ej. A).
Se indica que en junio de 2018, la policía hondureña incautó $ 193,220 de un compartimiento en un vehículo en Cortés, Honduras, arrestó a cinco personas en relación con el incidente, y descubrió evidencia que vincula a los arrestados con el acusado. (Ver id.).
El acusado también parece tener vínculos con otros países extranjeros. Cuando él era arrestado el 23 de noviembre de 2018, poseía pasaportes privados y diplomáticos hondureños. De acuerdo con los cargos y alegatos en la Acusación, los documentos de viaje del demandado reflejan viajes internacionales extensos, incluyendo a Colombia, México, Panamá, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Brasil y Taiwán. Ver Hoey, 2014 WL 572525, en * 2 (“En el presente registro, este Tribunal concluye que existe un grave riesgo de fuga debido a la considerable cantidad de contactos internacionales, sus fuertes recursos financieros y un motivo sustancial para huir para evitar período de prisión sustancial en caso de condena. “). 5 Historia del viaje del acusado, falta de vínculos a este Distrito y los Estados Unidos, y las conexiones extensas en el extranjero apoyan una orden de detención preventiva.
El peligro planteado por el acusado
El peligro planteado por el acusado también pesa a favor de la prisión preventiva. “[Eso está claro que el daño a la sociedad causado por el tráfico de narcóticos está incluido en el Congreso definición de “peligro” »en virtud de la Ley de reforma de la fianza. Estados Unidos vrs. León, 766 F.2d 77, 81 (2d Cir. 1985); ver también Estados Unidos v. Ambrosio, No. 94 Cr. 674 (DC), 1995 WL 138605, en * 2 (S.D.N.Y. 30 de marzo de 1995) (“[El acusado] está acusado de organizar una red internacional de narcotraficantes involucrando la importación y distribución de grandes cantidades de narcóticos, lo que plantea un fuerte presunción de peligrosidad ”. Las actividades del narcotráfico del acusado fueron particularmente peligroso por los tipos de armas involucradas. En caso de fianza, el acusado plantearía un mayor peligro no solo en los Estados Unidos sino también en Honduras. Ver Estados Unidos vrs. Choudhry, 941 F. Supp. 2d 347, 358 (E.D.N.Y. 2013) (“Aunque 18 U.S.C. § 3142 no define el término comunidad, los tribunales que consideran el alcance de este término han concluido que puede abarcar comunidades fuera de los Estados Unidos en peligro de peligro por parte de un acusado en particular “. (citas omitidas).
La peligrosidad del acusado también se ve exacerbada por el hecho de que sus co-conspiradores incluir a varios otros hombres poderosos capaces de violencia e intimidación de testigos, tales como y ex miembros de la Policía Nacional de Honduras. Ver Estados Unidos v. Bellomo, 944 F. Supp. 1160, 1167 (S.D.N.Y. 30 de octubre de 1996) (razonando que el acusado “es un peligro al menos tanto para lo que él podría dirigir o ayudar a otros a hacer en cuanto a lo que él mismo podría hacer “). Para todos estos razones, el peligro planteado por el acusado es otra consideración que apoya la denegación de Su solicitud de libertad bajo fianza.
III. No hay condiciones de fianza que protejan adecuadamente al público y aseguren apariencia del demandado a la luz de lo anterior, no hay condiciones de fianza que puedan mitigar suficientemente el peligro y el riesgo de fuga planteados por el demandado.
En cuanto al peligro, la liberación preventiva en este caso está totalmente en desacuerdo con la necesidad de proteger el público. Ver, por ejemplo, Sabhnani, 493 F.3d en 77 (describiendo “serias reservas sobre la suficiencia del confinamiento domiciliario como sustituto de la detención en casos de delitos violentos ”); Estados Unidos vrs. Mercedes, 254 F.3d 433, 436-37 (2d Cir. 2001) (“Hemos sostenido expresamente en varios casos que un paquete de libertad bajo fianza que pueda “garantizar razonablemente la comparecencia del [acusado] en el juicio, no asegurar razonablemente la seguridad de la comunidad “. (citando Estados Unidos v. Rodríguez, 950 F.2d 85, 88 (2d Cir. 1991)); Estados Unidos v. Ferranti, 66 F.3d 540, 543 (2d Cir. 1995) (“Una fianza de $ 1,000,000 habría disuadido el vuelo, no el peligro ”. Hoey, 2014 WL 572525, en * 3 (“Estricto la supervisión preventiva y el control electrónico de [demandado] brindaría poca protección contra la futura conducta obstructiva ”. Se alega que el acusado ha trabajado con otros para usar y poseer armas de grado militar en el fomento de las actividades de tráfico de drogas, y muchos de los co-conspiradores permanecen en libertad. Si es liberado, el demandado podría acceder más fácilmente a esta red participar en conductas delictivas peligrosas adicionales, incluidos los esfuerzos por intimidar a testigos y Sus familiares y asociados en el extranjero. Por lo tanto, porque no hay condiciones que puedan adecuadamente asegurar la seguridad de la comunidad, la prisión preventiva es apropiada.
El acusado también presenta un riesgo inaceptable de fuga que no puede ser abordad a través de condiciones de libertad bajo fianza, debido a la gravedad de la conducta acusada, el peso de la evidencia contra él, y sus características personales, incluyendo su riqueza, vínculos con el exterior, historia de viajes, falta de cualquier conexión significativa con los Estados Unidos, y la duplicidad durante Entrevista con el Gobierno en el mes de octubre de 2016.
“Un acusado que enfrenta un período significativo de encarcelamiento podría perder sus activos financieros en lugar de su libertad”. Sabhnani, 493 F.3d en 77. “Además, los acusados pueden convencer fácilmente a algún amigo o familiar para que les preste el dinero necesario para financiar el vuelo desde los Estados Unidos “. Id. La facilidad con que un viajero sofisticado como el demandado podría salir de Estados Unidos no detectado es ilustrado por el comportamiento de su asociado,. Conforme a los registros de viaje, estaba programado para salir de los Estados Unidos en un vuelo comercial del Aeropuerto Internacional de Miami en o alrededor de la semana del 26 de noviembre de 2018. Después del arresto público del acusado el 23 de noviembre de 2018, sin embargo, no abordó el vuelo, y parece haber salido de los Estados Unidos de una manera que le permitió evitar el contacto con aduanas y personal policial.
En pocas palabras, el gobierno no ha podido localizar cualquier registro del cruce de la frontera y la salida de los Estados Unidos. Sin embargo, parece haber viajado en vuelos comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá en diciembre de 2018. El acusado sería un riesgo de fuga mucho mayor que si fuera liberado. en libertad bajo fianza, e incluso si el Tribunal impusiera medidas restrictivas, como la vigilancia por GPS o el hogar de detención. “[E] los sistemas de vigilancia electrónica pueden ser eludidos por las ‘maravillas de la ciencia y de tecnología electrónica sofisticada “y” el equipo de monitoreo se puede hacer inoperante. ”United States vrs. Orena, 986 F.2d 628, 632 (2d Cir. 1993) (citando United States vrs. Gotti, 776 F. Supp. 666, 672-73 (E.D.N.Y. 1991)); véase también Estados Unidos v. Brennerman, 705 F. App’x 13, 16 (2d Cir. 2017) (“Tampoco hay ninguna conclusión diferente que obligue a [acusado] disposición a someterse a vigilancia electrónica y detención domiciliaria o por el hecho de que ciertos los familiares están dispuestos a actuar como fianzas “.
En resumen, existe una presunción a favor de la detención, y no hay condiciones que podría proteger adecuadamente al público y garantizar la comparecencia del acusado en el juicio.
Por lo tanto, la detención preventiva es apropiada. Debido a que cierta información incluida en esta presentación revela el alcance de la investigación en curso y las identidades de objetivos de investigación adicionales, el Gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal acepte la versión redactada de esta carta que se está presentando simultáneamente en ECF y mantenga la versión no redactada de la carta presentada por sello separado.
Respetuosamente,
GEOFFREY S. BERMAN
Fiscal de los Estados Unidos
Por: / s /
Emil J. Bove III
Matthew J. Laroche
Asistente de Abogados de los Estados Unidos
(212) 637-2420
Los hechos que EE.UU. ha mantenido en secreto durante el juicio contra el 'Chapo' Guzmán
Publicado: 3 ene 2019 21:35 GMT - RT
Sobornos contra expresidentes de México,
participación de funcionarios estadounidenses en el tráfico de drogas y
participación de bancos privados, son algunos de los episodios que se
han mantenido ocultos en el llamado 'juicio del siglo'.
El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera esposado por las autoridades, Ciudad Juárez, México, 19 de enero de 2017.
Pgr/Ho/Prensa International / www.globallookpress.com
Una
parte sustancial de la historia detrás del juicio contra el
narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán se ha mantenido en secreto por
parte de las autoridades de EE.UU.
Las sombras se ciernen principalmente en lo referente a la supuesta corrupción de funcionarios estadounidenses vinculados al tráfico de drogas, la presunta vinculación de dos expresidentes de México en una trama de sobornos del Cártel de Sinaloa, la presumible participación de bancos privados en operaciones de lavado de dinero, y lo que aparentemente negoció el Gobierno de EE.UU. a cambio del testimonio de varios excolaboradores del capo, en el denominado "juicio del siglo".
A
pesar de que el proceso judicial contra el 'Chapo' Guzmán ha arrojado
una serie de revelaciones sobre cómo opera el negocio del tráfico de
drogas, el juez Brian M. Cogan ha denegado sistemáticamente dar a conocer información sensible sobre la corrupción imperante al interior de los gobiernos de México y EE.UU.
Esto, a pesar de que la defensa del 'Chapo' Guzmán había ofrecido presentar pruebas de que los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón habrían recibido sobornos del cártel.
Dicha
información se mantuvo en reserva a pesar de que uno de los principales
testigos, Jesús Zambada, reveló que funcionarios del Gobierno del
expresidente Calderón como Genaro García Luna, el entonces encargado de la seguridad pública, habrían recibido millonarios sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.
"En la historia sobre la corrupción en el juicio de 'Chapo', no tuve tiempo ni espacio para analizar cómo el juez ha rechazado regularmente las pruebas de complicidad que rozan la corrupción de las autoridades estadounidenses. Es poco probable que el jurado escuche algo de eso", reconoció el periodista Alan Feuer, quien ha seguido de cerca el caso reportando para el periódico The New York Times.
En
las últimas semana, el juez Cogan también determinó que la defensa no
puede hablar sobre la Operación Rápido y Furioso, mediante la cual el
Gobierno de EE.UU. entregó armas a los cárteles de la droga,
sin conocimiento del Gobierno de México.
Dicha operación, realizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos entre 2006 y 2011, permitió que se introdujeran ilegalmente más de 2.000 armas a México que terminaron en manos de organizaciones criminales.
El
juez Cogan también negó una segunda solicitud de la defensa de Guzmán
para interrogar a otro testigo, Vicente Zambada Niebla, sobre sus
afirmaciones de que tenía un acuerdo con la DEA (la
agencia antidrogas estadounidense) para traficar sustancias ilegales, a
cambio de proporcionar información sobre cárteles rivales. Al respecto,
el juez informó que se crearía un espectáculo secundario si dicho trato saliera a la luz.
Aunque una investigación del Senado y el Departamento de Justicia de los EE.UU. ha establecido que cientos de millones de dólares, provenientes de los cárteles mexicanos, fueron a parar a los bancos Wachovia y HSBC, hasta el momento no se han presentado pruebas sobre este hecho en el juicio contra Guzmán.
"Es
instructivo que la misma oficina que está tratando de procesar al
'Chapo' haya alcanzado un acuerdo de procesamiento diferido con HSBC
después de que se descubrió que el banco había lavado 800 millones de
dólares del dinero del cartel de la droga de Sinaloa. Es poco probable
que el jurado se entere de eso", señaló el periodista Feuer en su cuenta de Twitter.
Se estima que el proceso dure entre uno y dos meses más. También se espera que en las sesiones siguientes testifiquen personajes que ayudaron al capo mexicano a escapar de prisión en dos ocasiones.
Esto sin contar con el testimonio de Vicente Zambada Niebla, hijo de
Ismael 'Mayo' Zambada, el otro líder del Cártel de Sinaloa y quien fuera
socio del 'Chapo' durante dos décadas, quien aseguró que el conflicto
entre Guzmán y el cártel de Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos
Arellano Felix, data desde 1988, tras varios asesinatos entre ambos
bandos.
Vicente Zambada también ofreció algunos detalles sobre las operaciones y negociaciones de paz entre cárteles que realizaba a nombre de su padre, así como su participación en los escapes que realizó el 'Chapo' Guzmán de prisión.
Manuel Hernández Borbolla
El
presidente de Monarca, Roberto Ramón Castillo (foto), primo del
expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien está preso en EE.UU., por
el escándalo del “FIFAGATE”, advirtió que el gobernante Partido
Nacional, recibirá un duro golpe con extradiciones.
En ese contexto, cabe recordar que recientemente el hermano del actual gobernante, Antonio “Tony” Hernández, es señalado por vínculos con el grupo criminal los “Cachiros”, y recientemente, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, vinculó a Óscar Álvarez y Armando Calidonio con esa misma organización.
La isla de Zacate Grande, situada al sur de Honduras, posee un largo de siete kilómetros y un ancho de diez y está rodeada por las aguas del Golfo de Fonseca. En la isla hay 11 comunidades y varios caseríos, todos pertenecientes al municipio de Amapala, ubicado en la majestuosa Isla del Tigre. Cuentan los activistas de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que la mayoría de las personas que pobló la isla llegó en la década de los 50. En 1969 el gobierno de aquel entonces decidió construir una carretera que uniera la isla con tierra firme.
La nueva condición de ‘península’ despertó los apetitos de las más connotadas familias de Honduras, que buscaban lugares especiales donde construir sus mansiones para vacaciones. El Club del Coyolito, como se conoce a ese grupo de personas y familias que controlan los destinos políticos y económicos de Honduras, fue poco a poco apoderándose de las mejores tierras y playas de Zacate Grande, en detrimento de comunidades y caseríos.
Las más de 800 familias de Zacate Grande no cuentan con un título de dominio pleno sobre los inmuebles, sino que tienen una posesión natural y efectiva de las tierras. Viven sobre todo de la pesca, la agricultura, pequeños comercios y micro actividades relacionadas con el turismo. Los nuevos terratenientes aseguran que sus tierras fueron adquiridas legalmente y que nadie puede estar ocupando sus propiedades.
Uno de los personajes más emblemáticos de la zona fue el ya fallecido empresario de palma africana Miguel Facussé Barjum, tristemente famoso por el grave conflicto agrario de la región del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, donde decenas de campesinos y campesinas han perdido la vida defendiendo el derecho de acceso a la tierra.
Facussé, al igual que varios de sus ‘amigos’ del Club del Coyolito, siempre argumentó que sus tierras las compró a la señora Carmen Malespín, prácticamente la dueña de toda la isla. Ella la heredó de una familia nicaragüense, la cual la recibió del señor Terencio Sierra, quien ocupó la presidencia de la república a finales del siglo XIX. Lo único y cierto en toda esta larga y enredada historia es que la isla estaba totalmente desierta, que los primeros pobladores llegaron a inicio del siglo XX y que, más de noventa años después, sus herederos siguen en posesión de estas tierras y las defienden contra viento y marea.
Para contrarrestar el avance del Club del Coyolito, a inicio del nuevo siglo varias comunidades decidieron unirse y conformaron el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en ADEPZA. En el 2010, en la comunidad de Puerto Grande, se creó la radio La Voz de Zacate Grande. La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar y, con el apoyo incondicional de los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, dieron inicio a una escalada represiva.
La militarización del territorio trajo consigo la criminalización de la lucha por la tierra, con desalojos, detenciones, atentados y la judicialización de decenas de pobladores. ADEPZA registra más de 70 personas criminalizadas cuyas vidas se ha vuelta un infierno. Para tratar de frenar la ola represiva, en el 2012, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Comitato Italia Centro America (CICA), se instaló a la par de las instalaciones de la radio el Campamento Internacional de Observación de Derechos Humanos. La presencia internacional contribuyó a reducir un poco la intensidad de la represión.
Poder fáctico
El sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, mejor conocido como padre Melo, es director de Radio Progreso. En un reportaje sobre la situación en Zacate Grande publicado por la revista Envío, Moreno cuenta que, en el año 2003, Miguel Facussé logró despojar de sus tierras a la familia Cárcamo, para entregar Playa Gaviota –una de las más bellas de la zona– a su hija Elisa con motivo de su casamiento con Fredy Nasser, presidente del Grupo Terra, un conglomerado de empresas con énfasis en el sector energético.
En su relato, el sacerdote jesuita explica que la familia Nasser Facussé había comprado un terreno colindante con la casa de los Cárcamo, y que le habían propuesto comprarle el solar por unos 80.000 lempiras (4.500 dólares). Al negarse, la humilde familia había recibido severas amenazas. Un testigo del desalojo de la familia Cárcamo narró al padre Ismael Moreno lo que vio: «Aquel ambiente apacible y casi celestial fue interrumpido por el ruido del motor de un vehículo que pasó a unos 50 metros de la casa. Llegaron unos diez policías. Y mientras los que estaban en la casa curioseaban por ver lo que pasaba, nada frecuente, repentinamente por la parte de atrás de la casa llegaron otros veinte policías. Sumándose a los diez primeros rodearon la casa inmediatamente y con sus grandes fusiles apuntaron amenazantes a los hijos de Germán y Narda Cárcamo. Les gritaban: ¡Váyanse de aquí, que esto no es de ustedes! ¡Sálganse, sálganse! Ustedes han usurpado este terreno».
Pero esto no fue todo. Cuenta el testigo que después de la lectura de la sentencia de desalojo por parte del juez, un policía apagó el fogón, agarró la olla con la comida de la familia Cárcamo y la tiró al piso. Otros agarraban sus pertenencias y las lanzaban fuera. Hasta los sacos donde guardaban el maíz cosechado unos meses atrás fueron abiertos y tirados en el suelo. Después del desalojo, un juez confirmó que la propiedad era de Facussé y los Cárcamos tuvieron que irse definitivamente.
Las ZEDE ya están operando
Una situación compleja la de Zacate Grande, que ahora podría hasta empeorar con la instalación en el sur de Honduras de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city) [1].
“Sobre la ZEDE hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo mega proyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así. La ZEDE ya comenzó a operar y tenemos los primeros impactos sobre los territorios, los bienes comunes y las poblaciones”, dijo Alan Torres, coordinador de la ADEPZA, a Alba Sud.
Es el caso del proyecto de energía solar fotovoltaica Los Prados, ubicado en el municipio de Namasigüe, Choluteca, que consiste en la instalación de cinco plantas solares sobre una superficie de casi 90 hectáreas con una capacidad instalada de 53 MW, de parte de las empresas de capital noruego Scatec Solar y Norfund. Contra la instalación de los paneles solares se han movilizado sectores de las comunidades de la zona. Han instalado campamentos de resistencia para impedir el acceso de las maquinarias al lugar del proyecto. El resultado ha sido que 17 pobladores fueron acusados de coacción a los empleados de la empresa y esperan el juicio.
En el municipio de El Triunfo, la empresa minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas de tierra para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la zona costera, asegura el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Todo esto es parte de un nuevo modelo que promueve la creación de parques mineros industriales (zonas de libre comercio), como el que ya está operando en el municipio El Corpus, Choluteca, donde la empresa minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15.000 metros cuadrados de terreno.
A mediados de noviembre de 2018, pobladores de los municipios sureños de Choluteca y Valle manifestaron masivamente su rechazo a los proyectos extractivos, bloqueando la carretera Panamericana. La actividad fue coordinada por MASS-Vida y la iglesia católica. Entre otras demandas, exigieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras en El Tránsito, El Triunfo, El Corpus y del proyecto fotovoltaico en Namasigüe. “No podemos quedarnos callados ante la realidad social del pueblo, hay gente que aparece hablando a favor de la minería, pero no trae nada bueno al pueblo, pero sí al dueño de la mina”, declaró el sacerdote Jaime Velásquez, de la parroquia San José de Nacaome, a medios nacionales.
Turismo: una oportunidad
“Lo mismo que pasa con los proyectos de energía fotovoltaica y la minería ocurre con el turismo. Buena parte de la costa (de Zacate Grande) y sus playas ya no son accesibles. Los terratenientes han construido grandes muros perpendiculares al mar que se prolongan hasta dentro del agua y que impiden la libre movilización por las playas. Hay guardias armadas que te amenazan. La gente siente temor y ni se acerca”, explicó Alan Torres.
Las familias de Zacate Grande viven principalmente de la agricultura y la pesca. Cuando hay temporadas malas, el turismo es una alternativa y una oportunidad para generar ingresos. Sin embargo, la voracidad de los terratenientes parece no tener límites. “Las mujeres son las que encabezan la resistencia y son las más criminalizadas. El caso más reciente es el de Playa Blanca donde hay tres mujeres acusadas en los tribunales”, recordó el también locutor de radio La Voz de Zacate Grande.
Alan Torres vive en la comunidad de La Flor que colinda con una de las propiedades de los Facussé. Los pobladores buscan mantener un bajo perfil. No les conviene entrar en conflicto con gente armada. “Se han apoderado de la isla Tigritos y de la playa La Llorona. Todo alrededor han construido un muro de cemento y piedras y ya nadie puede acercarse. También hicieron un relleno para unir Tigritos a la tierra firme y construir otra casa de verano. Pese a las dificultados no nos hemos dado por vencidos y logramos rescatar dos playas: el Sordo y el Mudo. Organizamos grupos de trabajo para limpiarlas, reactivamos un pozo e instalamos una bomba. También acondicionamos el lugar para que se desarrollaran unas ramadas. El acceso es libre y ya llegan turistas y organizaciones a realizar reuniones y talleres”, dijo Torres.
Pero no fue fácil. Los grupos de pobladores encargados de rescatar las dos playas fueron emboscados más de una vez por grupos de policías, militares y guardias privados. Desconocidos quebraron la bomba del pozo y quemaron las ramadas. “Es odio lo que nos tienen. Les molesta que estemos empoderándonos del territorio y que les saquemos provecho con el turismo y la presencia de organizaciones amigas que nos visitan. El turismo debería ser un recurso importante para comunidades tan empobrecidas como las nuestras. Desafortunadamente, tanto el capital nacional como el transnacional lo ven como una oportunidad más para seguir enriqueciéndose a costa de nuestra pobreza. Dicen que van a generar desarrollo, pero va a ser para los millonarios, no para nosotros”.
El joven coordinador de la ADEPZA aseguró que obviamente no se oponen al desarrollo –uno de los temas que usan políticos y empresarios para descalificar la lucha en defensa de la tierra y los bienes comunes– siempre y cuando sea incluyente y respetuoso del medio ambiente y los pueblos. “Aprobar leyes que autorizan la expropiación de tierra y el desalojo de familias y comunidades para realizar proyectos extractivos, energéticos, turísticos, no es desarrollo. Queremos un desarrollo integral que involucre a las comunidades, a su gente. Queremos que se nos consulte y que se nos escuche. Queremos que acaben con la criminalización de la lucha y la judicialización de compañeros y compañeras. No queremos más muertos. No queremos que, en nombre del desarrollo, vengan a destruir y a reprimir”, concluyó Torres.
Notas:
[1] Territorios con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
Las sombras se ciernen principalmente en lo referente a la supuesta corrupción de funcionarios estadounidenses vinculados al tráfico de drogas, la presunta vinculación de dos expresidentes de México en una trama de sobornos del Cártel de Sinaloa, la presumible participación de bancos privados en operaciones de lavado de dinero, y lo que aparentemente negoció el Gobierno de EE.UU. a cambio del testimonio de varios excolaboradores del capo, en el denominado "juicio del siglo".
Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera sube escoltado a un helicóptero en Ciudad de México, el 8 de enero de 2016.
/ Alfredo Estrella.
/ AFP
Sobornos hacia expresidentes mexicanos
El pasado 20 de noviembre, durante el primer día de juicio, el Gobierno de EE.UU. presentó un memorando secreto para restringir el testimonio de algunos testigos sobre la corrupción en México, sin que el juez explicara a detalle las razones para mantener la reserva de dicha información.Esto, a pesar de que la defensa del 'Chapo' Guzmán había ofrecido presentar pruebas de que los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón habrían recibido sobornos del cártel.
Los ex presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 1 de diciembre de 2012.
/ Presidencia de Mexico
/ Reuters
Corrupción de autoridades de EE.UU.
Asimismo, el juez Cogan también se ha negado de manera recurrente a revelar información que pueda involucrar a funcionarios de EE.UU. en la trama criminal que se le imputa al capo mexicano, quien habría realizado diversos negocios con cómplices estadounidenses en ciudades como Chicago."En la historia sobre la corrupción en el juicio de 'Chapo', no tuve tiempo ni espacio para analizar cómo el juez ha rechazado regularmente las pruebas de complicidad que rozan la corrupción de las autoridades estadounidenses. Es poco probable que el jurado escuche algo de eso", reconoció el periodista Alan Feuer, quien ha seguido de cerca el caso reportando para el periódico The New York Times.
Dicha operación, realizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos entre 2006 y 2011, permitió que se introdujeran ilegalmente más de 2.000 armas a México que terminaron en manos de organizaciones criminales.
Una insignia de la DEA en el museo de la DEA en Arlington, Virginia. 8 de agosto de 2013.
/ Jonathan Ernst
/ Reuters
La participación de la banca privada
Otro de los temas que ha brillado por su ausencia durante el juicio contra el 'Chapo', es la manera en que ingresaron millonarias sumas de los cárteles de la droga en bancos estadounidenses.Aunque una investigación del Senado y el Departamento de Justicia de los EE.UU. ha establecido que cientos de millones de dólares, provenientes de los cárteles mexicanos, fueron a parar a los bancos Wachovia y HSBC, hasta el momento no se han presentado pruebas sobre este hecho en el juicio contra Guzmán.
Corte Federal de Distrito del Este de Nueva York.
/ Eduardo Munoz.
/ Reuters
Reinicio del juicio
El juicio contra el 'Chapo' Guzmán se retomó este jueves 3 de enero, luego de casi dos meses de haber iniciado.Se estima que el proceso dure entre uno y dos meses más. También se espera que en las sesiones siguientes testifiquen personajes que ayudaron al capo mexicano a escapar de prisión en dos ocasiones.
Vicente Zambada también ofreció algunos detalles sobre las operaciones y negociaciones de paz entre cárteles que realizaba a nombre de su padre, así como su participación en los escapes que realizó el 'Chapo' Guzmán de prisión.
Manuel Hernández Borbolla
PARTIDO NACIONAL SERÁ AZOTADO POR EXTRADICIONES, ADVIERTE ROBERTO RAMÓN CASTILLO
- Publicado: 27 Diciembre 2018
El
presidente de Monarca, Roberto Ramón Castillo (foto), primo del
expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien está preso en EE.UU., por
el escándalo del “FIFAGATE”, advirtió que el gobernante Partido
Nacional, recibirá un duro golpe con extradiciones.En ese contexto, cabe recordar que recientemente el hermano del actual gobernante, Antonio “Tony” Hernández, es señalado por vínculos con el grupo criminal los “Cachiros”, y recientemente, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, vinculó a Óscar Álvarez y Armando Calidonio con esa misma organización.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El presidente del Movimiento Nacional Rafael Callejas (Monarca),
Roberto Ramón Castillo, advirtió que el Partido Nacional, será golpeado
próximamente con más acusaciones e incluso extradiciones a Estados
Unidos.
El
dirigente nacionalista dijo esto en el contexto más reciente, en el que
su partido está siendo visto por los hondureños, desde hace varios años
como el único instituto político que practica la corrupción.
Ramón
Castillo, primo del expresidente (1990-1994), Rafael Leonardo Callejas,
quien está siendo acusado en Estados Unidos, junto a Alfredo Hawitt por
participar en el escandaloso caso de corrupción “FIFAGATE”, dijo que su
familiar, también siente preocupación por la situación actual del país.
El
dirigente nacionalista, citó: “Está preocupado por la situación de país
que es crítica y la parte económica y social, y tantas acusaciones
contra gente del Partido Nacional y eso crea una posición en el pueblo
hondureño que hoy por hoy el Partido Nacional es el único corrupto”.
Todo
lo anterior, se enmarca en un contexto donde la Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha desvelado ya su
octavo golpe a malos funcionarios, ligando a importantes figuras de ese
partido, sobre todo en los casos “Pandora” y el más reciente “Arca Abierta”.
Cabe
destacar que además, la captura Antonio “Tony” Hernández, hermano del
gobernante Juan Hernández, ha puesto en alerta a los nacionalistas, ya
que la justicia de EE.UU. vincula a éste con el cartel de droga “los
Cachiros” y ser catalogado como un narcotraficante a gran escala.
Además,
en trabajo conjunto entre la prensa alternativa hondureña, el
exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, confirmó que
los exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad en el Gobierno de
Porfirio Lobo, Óscar Álvarez y Armando Calidonio, actual alcalde de San
Pedro Sula, tienen nexos muy fuertes con “los Cachiros”, según su investigación.
Por
todo lo anterior y ante el inminente cambio en los puestos de Gobierno,
Castillo reflexionó que si las personas mencionadas en corrupción o
vínculos al narcotráfico, “deberían también poner su renuncia a ser miembros del Comité Central”.
El
presidente de Monarca alegó que el comité regidor de los nacionalistas,
“tiene muchos sombreros y eso no es bueno ni sano para un partido como
el nuestro que ha hozado una verdadera crisis política”. Sentenció que
de momento no aceptará un cargo público porque ostenta luchar por
recuperar al partido.
Zacate Grande (Honduras): “Nos desalojan en nombre del desarrollo”
Fotografía: Comunidad de La Flor. Imagen de Giorgio Trucchi
Por Giorgio Trucchi | Alba SudLa isla de Zacate Grande, situada al sur de Honduras, posee un largo de siete kilómetros y un ancho de diez y está rodeada por las aguas del Golfo de Fonseca. En la isla hay 11 comunidades y varios caseríos, todos pertenecientes al municipio de Amapala, ubicado en la majestuosa Isla del Tigre. Cuentan los activistas de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que la mayoría de las personas que pobló la isla llegó en la década de los 50. En 1969 el gobierno de aquel entonces decidió construir una carretera que uniera la isla con tierra firme.
La nueva condición de ‘península’ despertó los apetitos de las más connotadas familias de Honduras, que buscaban lugares especiales donde construir sus mansiones para vacaciones. El Club del Coyolito, como se conoce a ese grupo de personas y familias que controlan los destinos políticos y económicos de Honduras, fue poco a poco apoderándose de las mejores tierras y playas de Zacate Grande, en detrimento de comunidades y caseríos.
Las más de 800 familias de Zacate Grande no cuentan con un título de dominio pleno sobre los inmuebles, sino que tienen una posesión natural y efectiva de las tierras. Viven sobre todo de la pesca, la agricultura, pequeños comercios y micro actividades relacionadas con el turismo. Los nuevos terratenientes aseguran que sus tierras fueron adquiridas legalmente y que nadie puede estar ocupando sus propiedades.
Uno de los personajes más emblemáticos de la zona fue el ya fallecido empresario de palma africana Miguel Facussé Barjum, tristemente famoso por el grave conflicto agrario de la región del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, donde decenas de campesinos y campesinas han perdido la vida defendiendo el derecho de acceso a la tierra.
Facussé, al igual que varios de sus ‘amigos’ del Club del Coyolito, siempre argumentó que sus tierras las compró a la señora Carmen Malespín, prácticamente la dueña de toda la isla. Ella la heredó de una familia nicaragüense, la cual la recibió del señor Terencio Sierra, quien ocupó la presidencia de la república a finales del siglo XIX. Lo único y cierto en toda esta larga y enredada historia es que la isla estaba totalmente desierta, que los primeros pobladores llegaron a inicio del siglo XX y que, más de noventa años después, sus herederos siguen en posesión de estas tierras y las defienden contra viento y marea.
Para contrarrestar el avance del Club del Coyolito, a inicio del nuevo siglo varias comunidades decidieron unirse y conformaron el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en ADEPZA. En el 2010, en la comunidad de Puerto Grande, se creó la radio La Voz de Zacate Grande. La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar y, con el apoyo incondicional de los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, dieron inicio a una escalada represiva.
La militarización del territorio trajo consigo la criminalización de la lucha por la tierra, con desalojos, detenciones, atentados y la judicialización de decenas de pobladores. ADEPZA registra más de 70 personas criminalizadas cuyas vidas se ha vuelta un infierno. Para tratar de frenar la ola represiva, en el 2012, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Comitato Italia Centro America (CICA), se instaló a la par de las instalaciones de la radio el Campamento Internacional de Observación de Derechos Humanos. La presencia internacional contribuyó a reducir un poco la intensidad de la represión.
Poder fáctico
El sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, mejor conocido como padre Melo, es director de Radio Progreso. En un reportaje sobre la situación en Zacate Grande publicado por la revista Envío, Moreno cuenta que, en el año 2003, Miguel Facussé logró despojar de sus tierras a la familia Cárcamo, para entregar Playa Gaviota –una de las más bellas de la zona– a su hija Elisa con motivo de su casamiento con Fredy Nasser, presidente del Grupo Terra, un conglomerado de empresas con énfasis en el sector energético.
En su relato, el sacerdote jesuita explica que la familia Nasser Facussé había comprado un terreno colindante con la casa de los Cárcamo, y que le habían propuesto comprarle el solar por unos 80.000 lempiras (4.500 dólares). Al negarse, la humilde familia había recibido severas amenazas. Un testigo del desalojo de la familia Cárcamo narró al padre Ismael Moreno lo que vio: «Aquel ambiente apacible y casi celestial fue interrumpido por el ruido del motor de un vehículo que pasó a unos 50 metros de la casa. Llegaron unos diez policías. Y mientras los que estaban en la casa curioseaban por ver lo que pasaba, nada frecuente, repentinamente por la parte de atrás de la casa llegaron otros veinte policías. Sumándose a los diez primeros rodearon la casa inmediatamente y con sus grandes fusiles apuntaron amenazantes a los hijos de Germán y Narda Cárcamo. Les gritaban: ¡Váyanse de aquí, que esto no es de ustedes! ¡Sálganse, sálganse! Ustedes han usurpado este terreno».
Pero esto no fue todo. Cuenta el testigo que después de la lectura de la sentencia de desalojo por parte del juez, un policía apagó el fogón, agarró la olla con la comida de la familia Cárcamo y la tiró al piso. Otros agarraban sus pertenencias y las lanzaban fuera. Hasta los sacos donde guardaban el maíz cosechado unos meses atrás fueron abiertos y tirados en el suelo. Después del desalojo, un juez confirmó que la propiedad era de Facussé y los Cárcamos tuvieron que irse definitivamente.
Las ZEDE ya están operando
Una situación compleja la de Zacate Grande, que ahora podría hasta empeorar con la instalación en el sur de Honduras de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city) [1].
“Sobre la ZEDE hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo mega proyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así. La ZEDE ya comenzó a operar y tenemos los primeros impactos sobre los territorios, los bienes comunes y las poblaciones”, dijo Alan Torres, coordinador de la ADEPZA, a Alba Sud.
Es el caso del proyecto de energía solar fotovoltaica Los Prados, ubicado en el municipio de Namasigüe, Choluteca, que consiste en la instalación de cinco plantas solares sobre una superficie de casi 90 hectáreas con una capacidad instalada de 53 MW, de parte de las empresas de capital noruego Scatec Solar y Norfund. Contra la instalación de los paneles solares se han movilizado sectores de las comunidades de la zona. Han instalado campamentos de resistencia para impedir el acceso de las maquinarias al lugar del proyecto. El resultado ha sido que 17 pobladores fueron acusados de coacción a los empleados de la empresa y esperan el juicio.
En el municipio de El Triunfo, la empresa minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas de tierra para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la zona costera, asegura el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Todo esto es parte de un nuevo modelo que promueve la creación de parques mineros industriales (zonas de libre comercio), como el que ya está operando en el municipio El Corpus, Choluteca, donde la empresa minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15.000 metros cuadrados de terreno.
A mediados de noviembre de 2018, pobladores de los municipios sureños de Choluteca y Valle manifestaron masivamente su rechazo a los proyectos extractivos, bloqueando la carretera Panamericana. La actividad fue coordinada por MASS-Vida y la iglesia católica. Entre otras demandas, exigieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras en El Tránsito, El Triunfo, El Corpus y del proyecto fotovoltaico en Namasigüe. “No podemos quedarnos callados ante la realidad social del pueblo, hay gente que aparece hablando a favor de la minería, pero no trae nada bueno al pueblo, pero sí al dueño de la mina”, declaró el sacerdote Jaime Velásquez, de la parroquia San José de Nacaome, a medios nacionales.
Turismo: una oportunidad
“Lo mismo que pasa con los proyectos de energía fotovoltaica y la minería ocurre con el turismo. Buena parte de la costa (de Zacate Grande) y sus playas ya no son accesibles. Los terratenientes han construido grandes muros perpendiculares al mar que se prolongan hasta dentro del agua y que impiden la libre movilización por las playas. Hay guardias armadas que te amenazan. La gente siente temor y ni se acerca”, explicó Alan Torres.
Las familias de Zacate Grande viven principalmente de la agricultura y la pesca. Cuando hay temporadas malas, el turismo es una alternativa y una oportunidad para generar ingresos. Sin embargo, la voracidad de los terratenientes parece no tener límites. “Las mujeres son las que encabezan la resistencia y son las más criminalizadas. El caso más reciente es el de Playa Blanca donde hay tres mujeres acusadas en los tribunales”, recordó el también locutor de radio La Voz de Zacate Grande.
Alan Torres vive en la comunidad de La Flor que colinda con una de las propiedades de los Facussé. Los pobladores buscan mantener un bajo perfil. No les conviene entrar en conflicto con gente armada. “Se han apoderado de la isla Tigritos y de la playa La Llorona. Todo alrededor han construido un muro de cemento y piedras y ya nadie puede acercarse. También hicieron un relleno para unir Tigritos a la tierra firme y construir otra casa de verano. Pese a las dificultados no nos hemos dado por vencidos y logramos rescatar dos playas: el Sordo y el Mudo. Organizamos grupos de trabajo para limpiarlas, reactivamos un pozo e instalamos una bomba. También acondicionamos el lugar para que se desarrollaran unas ramadas. El acceso es libre y ya llegan turistas y organizaciones a realizar reuniones y talleres”, dijo Torres.
Pero no fue fácil. Los grupos de pobladores encargados de rescatar las dos playas fueron emboscados más de una vez por grupos de policías, militares y guardias privados. Desconocidos quebraron la bomba del pozo y quemaron las ramadas. “Es odio lo que nos tienen. Les molesta que estemos empoderándonos del territorio y que les saquemos provecho con el turismo y la presencia de organizaciones amigas que nos visitan. El turismo debería ser un recurso importante para comunidades tan empobrecidas como las nuestras. Desafortunadamente, tanto el capital nacional como el transnacional lo ven como una oportunidad más para seguir enriqueciéndose a costa de nuestra pobreza. Dicen que van a generar desarrollo, pero va a ser para los millonarios, no para nosotros”.
El joven coordinador de la ADEPZA aseguró que obviamente no se oponen al desarrollo –uno de los temas que usan políticos y empresarios para descalificar la lucha en defensa de la tierra y los bienes comunes– siempre y cuando sea incluyente y respetuoso del medio ambiente y los pueblos. “Aprobar leyes que autorizan la expropiación de tierra y el desalojo de familias y comunidades para realizar proyectos extractivos, energéticos, turísticos, no es desarrollo. Queremos un desarrollo integral que involucre a las comunidades, a su gente. Queremos que se nos consulte y que se nos escuche. Queremos que acaben con la criminalización de la lucha y la judicialización de compañeros y compañeras. No queremos más muertos. No queremos que, en nombre del desarrollo, vengan a destruir y a reprimir”, concluyó Torres.
Notas:
[1] Territorios con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
EE.UU. advierte a gobiernos del Triángulo Norte de C.A. sobre relaciones con China
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, advirtió ayer a los
gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que conforman el
Triángulo Norte de Centroamérica, sobre las implicaciones de abrir
relaciones con China.
Aunque
no fue muy directo en su advertencia, Pence hizo el señalamiento al
sacar a colación los supuestos beneficios que los tres países han tenido
con el Plan Alianza para la Prosperidad en temas de seguridad y combate
a la corrupción.
“Continuaremos
apoyándolos para luchar contra la corrupción en sus naciones, para
fortalecer el estado de derecho, pero también para estimular la creación
de empleos y el crecimiento económico en sus naciones”, expuso el alto
funcionario estadounidense.
Seguidamente
hilvanó la idea al decir que hoy hay países como China que intentan
expandir su influencia en la región, sin embargo, “creemos que la mejor
manera de resolver estos problemas es fortalecer los vínculos entre los
Estados Unidos y el Triángulo del Norte y todas las naciones de nuestro
hemisferio, para fortalecer los lazos económicos entre nuestras
naciones”.
Pence
se pronunció sobre el tema durante la Segunda Conferencia sobre
Prosperidad y Seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica, que se
efectuó ayer en Washington ante la presencia de los gobernantes de
Honduras, Juan Hernández; de Guatemala, Jimmy Morales y el
vicepresidente de El Salvador, ……
Noticia Relacionada: EE.UU. reevalúa su relación con El Salvador
Probablemente
el representante de Estados Unidos hizo el señalamiento luego que el
pasado 21 de agosto el gobierno de El Salvador rompiera relaciones
diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. La noticia provocó
malestar en la Casa Blanca, que posteriormente el 23 de agosto mediante
un comunicado informó que reevaluaba las relaciones con el país
centroamericano.
Al
día siguiente del comunicado de la Casa Blanca, el 24 de agosto, la
encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en
Tegucigalpa, Heide Fulton, advirtió al gobierno de Honduras sobre las
consecuencias que podría enfrentar si busca establecer o ampliar
relaciones con China.
Noticia Relacionada: EE.UU. amenaza a Honduras sobre consecuencias si busca establecer relaciones con China
“Países
que buscan establecer o ampliar relaciones con China podrían
decepcionarse a largo plazo. Es importante que el pueblo hondureño
evalúe quién ha sido, y continuará siendo un socio cercano y constante
en la búsqueda de un mejor futuro para este país con fuerte potencial”,
dijo Fulton mediante un mensaje de Twitter.
Diputada Welsy Vásquez atropella tres motociclistas
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La diputada nacionalista por el departamento de Cortés, Welsy Vásquez
atropelló tres personas la noche del pasado viernes en la comunidad de
Chivana, jurisdicción del municipio de Omoa, departamento de Cortés.
La
parlamentaria es la encargada de celebrar el programa de gobierno de
Juan Hernández “Navidad Catracha”, en el departamento de Cortés.
Según
datos que maneja la prensa del municipio de Puerto Cortés, los heridos
habrían sido llevados a un centro asistencial privado en esa ciudad y
luego fueron trasladados a la ciudad de San Pedro Sula.
La
Policía Nacional y la Policía Militar estarían ocultando el hecho para
tratar de proteger a la diputada Vásquez y no han querido brindar
información a los medios de comunicación locales.
El
periódico local PuertoCortés.hn proporcionó las fotos de los heridos y
refiere que en la policía no se han brindado datos del hecho y que se
maneja en completo misterio.
