En medio de amenazas avanza caravana de migrantes en Honduras
15 de Enero de 2019El grupo de migrantes que ayer en horas de la noche salió de San Pedro Sula, este día fue seguido por cientos de hondureños y hondureñas, quien también buscan llegar hasta Estados Unidos.
Bajo la amenaza de una frontera reforzada por Policías y Militares, los migrantes ya recorrieron los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Copán, dirigiéndose a Ocotepeque donde se ubica la frontera con Guatemala. La salida se hará por la frontera de Agua Caliente, donde el pasado 13 de octubre salieron por miles los migrantes.
Radio Progreso acompaña el recorrido de la tercera caravana que sale desde Honduras. En sus testimonios la población ha sido clara: salen del país por la situación de violencia, inseguridad y la falta de empleo. Los rostros, ya cansados de los jóvenes y mujeres, acompañados de sus hijos e hijas, revelan el descontento que existe con el actual gobierno que dirige Juan Orlando Hernández, presidente cuestionado por las elecciones irregulares de noviembre 2017.
“Yo salgo por la inseguridad, la persecución política, la represión que existe para quienes manifestamos que no queremos a este gobierno. A esto se suma la situación de violencia existente en el país, imagínese cuántas masacres en los últimos días, tenemos miedo que algún día seamos nosotros a quienes maten, a mis hijos, a mi esposa”, dijo un joven sampedrano, quien viaja junto a sus tres niños menores.
A la altura de la comunidad La Flecha en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, un grupo de migrantes, en su mayoría mujeres y niños, dijeron que se han coordinado para ir unidos, evitando que exista dispersión que los exponga a peligros.
Sixto Rodríguez de la Pastoral de Movilidad Humana acompaña el grupo de migrantes que esta madrugada salió de la Central Metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Él dice que un derecho como la migración, es criminalizado y hasta penado en Honduras, lamenta que en los últimos días el gobierno ha mantenido una campaña para contener la caravana, cuando es él responsable que la gente no encuentre oportunidades en el país y que deba migrar.
Sixto aseguró que, en Esquipulas, Guatemala las organizaciones migrantes y de derechos humanos se han reparado para atender a los migrantes que estaría cruzando en las siguientes horas la frontera.
Pese a las advertencias de los gobiernos de Honduras, Guatemala y sobre todo Estados Unidos, en las severas declaraciones y publicaciones del presidente Trump, la caravana avanza rápidamente, la misión de la población es huir del país, donde aseguran tienen pocas posibilidades de lograr con un empleo digno que les permita vivir en plena dignidad.
¡ALERTA! GOBIERNO HONDUREÑO ASEGURÓ FRONTERA PARA IMPEDIR SALIDA DE NUEVO ÉXODO
- Publicado: 15 Enero 2019
El
Gobierno de Honduras envió un contingente policial y militar al sector
de Agua Caliente, punto fronterizo con Guatemala, para frenar el nuevo
éxodo de hondureños que desde anoche salió de San Pedro Sula con rumbo a
Estados Unidos. Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un
fuerte contingente policial y militar espera al nuevo éxodo de
hondureños que huye del país. Así lo ha confirmado el secretario de
Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien anuncio la presencia de los
uniformados en el sector de Agua Caliente, punto fronterizo de Honduras
con Nicaragua.
Anoche,
al menos mil hondureños se reunieron en San Pedro Sula, quienes tenían
previsto iniciar su éxodo hoy; sin embargo, ante el miedo de ser
detenidos por las autoridades, optaron por viajar hacia la frontera sin
descanso nocturno.
Ante
esa situación, Pacheco dijo que la está reforzada y que el pueblo solo
podrá pasar por los puestos legales autorizados, tras agregar que “si un
padre de familia va con su hijo y no lleva la documentación
correspondiente va a ser requerido”, como ya había advertido el Gobierno.
El
titular de Seguridad, dijo que los menores de edad, necesitaran su
pasaporte y una autorización escrita de los padres, mientras que los
hondureños mayores de edad, necesitan únicamente de su tarjeta de
identificación.
Afirmó
que quien no cumpla con lo anterior “podría enfrentar hasta tres años
de prisión”. Trascendió a esta hora que al menos 60 menores fueron
detenidos, de ellos, 10 no viajaban con sus padres.
Además,
mencionó que uniformados capturaron hoy al ciudadano Juan Carlos
Molina, a quien le atribuyen ser el organizador de la nueva caravana de
migrantes, según la Policía el hondureño tenía una orden de captura por
el delito de violación.
Cabe
destacar que la convocatoria se divulgó en redes sociales y llegó hasta
la inteligencia estadounidense. De hecho, fue ese país quien reconoció
la formación del nuevo éxodo, en Honduras la prensa tradicional no dijo
nada. EL LIBERTADOR replicó desde el 28 de diciembre pasado, que en México ya se conocía de la migración masiva.
Desde
la semana pasada, el Gobierno de Honduras ha trabajado su vieja campaña
de advertir a los migrantes del peligro, incluso la encargada de
negocios de la embajada de EE.UU. repitió que “tu norte está aquí”; sin
embargo, la población lo ha referido, huyen de la violencia, pobreza y
desigualdad. En los primeros 15 días de 2019, ya se reportan siete
masacres y al menos 50 muertes violentas.
En
octubre pasado, según datos oficiales de México, 15 mil hondureños
pisaron suelo azteca en caravana, de esa cifra, según el Gobierno de
Honduras, seis mil habrían regresado, datos que fueron muy cuestionados.
Por otro lado, hasta la fecha se reporta que once ciudadanos perdieron
la vida.
Caravana migrante: Tensión y esperanza se confunden en frontera con Guatemala
Un ambiente de tensión se vive en la frontera con Guatemala
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Un ambiente de tensión se vive en la frontera con Guatemala donde unos
2500 hondureños están apostados de lado de Honduras en la frontera con
Guatemala en la aduana de Aguas Calientes.
Los
aproximadamente 1500 que anoche estaban varados ya en territorio
guatemalteco, esta mañana han iniciado su camino y la policía los ha
dejado pasar y adentrarse en territorio de Guatemala para buscar llegar a
México.
Hay
mucha tensión porque la policía y el ejercito tienen militarizada la
zona y mantienen cerrada la frontera mientras los migrantes exigen que
los dejen continuar su camino porque es ilegal detenerlos, argumentando
que migrar es un derecho.
Desde
el sector de Ocotepeque unas 500 a 700 personas comenzaron a salir con
destino a la aduana de Aguas Calientes y alrededor del mediodía la
cantidad de migrantes será mayor y la presión por pasar a Guatemala será
mayor.
Los
organismos defensores de derechos humanos acompaña desde la noche del
lunes la caravana de migrantes que salió desde la ciudad de San Pedro
Sula
El régimen hondureño ha militarizado la frontera con Guatemala y ha desplazado alrededor de unos 800 policías y militares
2500 hondureños de la caravana están varados en frontera con Guatemala
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Unos 2500 hondureños se encuentran varados a uno y otro lado de la
frontera con Guatemala, de acuerdo al informe brindado a las 10 con
treinta minutos de la noche de este martes 15 de enero, por el
periodista y defensor de derechos humanos, Andrés Molina en conversación
telefónica con criterio.hn.
El
paso de los hondureños fue frenado por la policía de Honduras y
Guatemala, pero mañana esperan seguir su viaje a través de tierras
chapinas hacia México (Foto: Claudia Mendoza)
La
temperatura en Guatemala es de 15 grados a esta hora de la noche pero
ira bajando conforme entre la noche mientras los hondureños duermen a la
intemperie con la esperanza que mañana seguirán con su viaje hacia el
norte.
Molina
manifestó que al otro lado de la frontera, ya en territorio
guatemalteco hay alrededor de una 1500 persona que lograron pasar la
frontera en horas de la tarde, pero que la policía de Guatemala no les
permite seguir avanzando, pese a que hicieron su reporte en la aduana.
De
el lado de Honduras hay unas mil personas hasta esta hora, pero
considera que al llegar el miércoles ese numero será superado porque
siguen llegando hondureños a cada minuto.
La
frontera ha sido cerrada por la parte de Honduras y hay un fuerte
contingente militar y de policías que no permite que nadie pase al otro
lado, señaló el comunicador quien está en la frontera acompañando la
caravana.
La
policía y los militares de Honduras los han gaseado y los han reprimido
manifestándoles que se regresen a su país que nada tienen que ir a
hacer a otro país, relató Molina.
La
policía ha estado regresando menores que van sin sus padres y que no
portan papeles y hasta horas de la tarde esa cifra superaba los 200
jóvenes retornados, de acuerdo a las observaciones de Molina, quien
manifestó que son retornados a la ciudad de San Pedro Sula.
Las víctimas que huyen en silencio, dejando una huella de dolor
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
angustia, la desesperanza, el miedo y otros sentimientos de dolor las
obligan a huir. No saben si regresarán, o peor aún, no saben si lo harán
con vida o si su destino final será un cementerio.
No
es una alarma, es la realidad a la que se enfrentan miles de mujeres en
Honduras que se ven obligadas a desplazarse internamente o a migrar a
otras naciones como una opción para salvar sus vidas.
La única salida es esconderse de sus agresores, ya que si son descubiertas, el peligro de perder la vida es aún mayor. Mirian,
vivía en Tegucigalpa, se enamoró de un hombre que le prometió
respetarla, amarla y sobre todo acompañarla en las buenas y en las
malas. Sin embargo, nunca se imaginó que ese miembro de la Mara
Salvatrucha (MS) iba a ser su tragedia. Inmediatamente que comenzó a
convivir con él, comenzó a golpearla físicamente y a herir sus
sentimientos. Posteriormente, la justicia le pasó factura a su agresor,
no por maltratarla a ella, sino por otros crímenes que había cometido.
Miriam
se sintió aliviada y pensó que su triste historia había terminado. Fue
así como decidió irse hacia a España, migró de manera irregular a este
país europeo, donde al poco tiempo recibió una llamada desde el centro
penal donde se encontraba su verdugo. Era él que la llamaba para
exigirle que se regresara a Honduras y lo fuera a visitar al centro
penal, de lo contrario—le advirtió—iba a mandar a matar a sus dos hijas
que ella había dejado en Tegucigalpa y que antes de conocerlo había
procreado de una relación anterior.
Mirian
decidió venirse a Honduras, y con el poco dinero que traía montó un
negocio de ropa usada, pero nunca imaginó que su desventura se iba a
complicar, dado que a los pocos días apareció nuevamente el hombre que
le estaba causando daño y esta vez, además, de exigirle le hiciera
visitas conyugales a la cárcel, le demandó una pensión semanal.
Siguió
trabajando duramente en su negocio y cumpliendo con su obligación de
llevarle el dinero y a cambio recibía agresiones físicas y sexuales
dentro de la prisión, ante la mirada complaciente de los custodios que
nunca la auxiliaban. Un día de los tantos, Mirian fue
salvajemente golpeada e incluso su vida estuvo en alto riesgo. Fue
mediante ese episodio que el director del centro penal, en vez de
reportar el hecho violento a la justicia, le prohibió su visita
conyugal. Algo que puede sonar incongruente ante los ojos de cualquier
persona, pero esto fue celebrado por Mirian porque ya no tenía que verle la cara nunca más a su victimario.
Pareciera que esta narración es una película de suspenso, o una exageración de dolor, pero no es así. Mirian
curó sus heridas físicas y siguió trabajando en su pequeño negocio, mas
esta vez acudió a una organización de mujeres en busca de apoyo.
Mientras recibía acompañamiento emocional, su caso fue analizado por una
abogada de la organización, que se dirigió al Ministerio Público, MP, a
pedir que al miembro de la MS se le imputara el delito de extorsión,
que de acuerdo al Código Penal, tiene una pena de 15 a 20 años de
prisión.
Lamentablemente
la fiscal que la atendió orientó el delito al de ¨violencia
intrafamiliar¨ al alegar absurdamente que entre parejas no se cumple
dicho tipo penal. Por este delito la pena máxima es de apenas cinco
años, es decir, un delito de bagatela, como le llaman de manera peyorativa los abogados a estos actos delictivos cuyas penas son menores.
Mirian
tiene miedo de denunciar a su agresor ante las autoridades
correspondientes, ya que ha sido testigo de la complicidad de la policía
y del Ministerio Público, porque pese a que fue agredida en un centro
de reclusión no existió ninguna denuncia contra el criminal que la
aturde y porque en la Fiscalía, en vez de ayudarla, están favoreciendo a
un convicto que tiene a sus espaldas una condena por asesinato, pero
que ya cumplió la mitad de la condena y le podrían atribuir el criterio
de oportunidades mediante el “buen comportamiento” para dejarlo pronto
en libertad. Desde ya este hombre le ha exigido a su víctima que al
salir del presidio le ponga a su disposición una casa donde vivir.
Actualmente, el caso de Mirian
está siendo evaluado por la Agencia de la Organización de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), para tramitarle un refugio
permanente o asilo político por violencia, ya sea en los Estados Unidos,
Canadá o Uruguay.
La
lista de las víctimas por el desplazamiento forzado la encabezan las
amas de casa y las propietarias de pequeños negocios. Las primeras son
víctimas de sus parejas y las segundas de las maras y pandillas que las
extorsionan. (Foto: Delmer Membreño)
LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES
Un
Estudio del Grupo Sociedad Civil refiere que teniendo por entendido que
el 67.4 % de la población de Honduras vive en pobreza y que la tasa de
homicidios es una de las más altas del mundo, se debe señalar que el
desplazamiento se encuentra indefectiblemente unido a la violencia
generalizada, violencia contra la mujer, muertes en la Comunidad LGTBI y
de defensores/as de derechos humanos.
Asimismo,
que las personas desplazadas internamente son por sí mismas poblaciones
vulnerables, debido a la ausencia de casas refugio, desigualdad social,
violencia intrafamiliar y discriminación.
De
acuerdo al estudio, las principales variables para el desplazamiento
son la violencia de género, la violencia sexual, la violencia provocada
por el crimen organizado, la violencia contra defensores/as de derechos
humanos y otras poblaciones históricamente vulnerables.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh),
una organización de sociedad civil que trabaja el tema del
desplazamiento forzado, tiene denuncias que algunas mujeres son
desplazadas hasta cuatro veces internamente en Honduras, al ser
descubiertas en sus nuevos domicilios por sus agresores. En la mayoría
de estos casos los instigadores son elementos de las fuerzas de
seguridad del Estado que se alían con criminales.
Ante
dicho escenario, las mujeres se ven obligadas a migrar de manera
forzosa a otros países en busca de protección internacional. Uno de esos
casos es el de una anciana que partió desesperada de su casa en
compañía de sus dos nietos porque un grupo criminal, después de matar a
su hija y a su yerno—los padres de los menores—la estaba extorsionando
mediante el cobro de una cantidad de dinero todos los meses.
La
anciana se fue de Honduras en la caravana que partió el 13 de octubre
del año pasado. En el grupo iban otras mujeres huyendo con sus hijas
adolescentes porque en sus casas las habían violado sexualmente sus
mismos padres, padrastros y pandilleros o porque habían quedado viudas: a
sus esposos los habían matado los grupos criminales.
En
el éxodo también se encuentran mujeres transexuales, que son
discriminadas y violentadas por su identidad de género, e incluso,
muchas por miedo a ser víctimas de crímenes de odio.
Un
caso impactante, entre tantos, es el de una adolescente que fue abusada
sexualmente por un Policía Militar de Orden Público, PMOP. La joven dio
a luz y se fue, porque su violador le advirtió que si lo denunciaba
ante la justicia, la iba a matar. Tampoco abortó, porque si lo hacía
corría el riesgo de ir a la cárcel, ya que en Honduras el aborto no está
permitido bajo ninguna causal.
(Esta
narrativa fue elaborada con base a entrevistas a defensores de derechos
humanos que recogieron denuncias de las víctimas en la ruta de la
caravana de migrantes).
Las
organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que al menos el
50 % de los migrantes que partieron en el éxodo masivo del año pasado
son mujeres, entre adultas y niñas. En tanto, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras,
de la secretaría de Relaciones Exteriores, refiere que del 15 de
octubre al 13 de diciembre de 2018, habían retornado a Honduras de
manera voluntaria 7,208 personas, de las cuales 1,734 pertenecen a niñas
y mujeres y 5,474 hombres y niños.
La
migración masiva en Honduras continuó este 14 de enero con la formación
de una nueva caravana que partió en horas de la noche de la norteña
ciudad de San Pedro Sula con rumbo a los Estados Unidos.
LAS VÍCTIMAS NO SON CONTADAS
Las
mujeres que son atormentadas por el desplazamiento forzado no denuncian
a sus victimarios, porque este fenómeno en la mayoría de los casos se
da por relaciones de poder, ejercidas por miembros de maras y pandillas y
otros criminales ligados al narcotráfico, que tienen la colaboración de
la policía y los militares.
La
directora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, manifestó que la
mayoría de las víctimas no se atreven a interponer las denuncias por
miedo a perder la vida y la de sus hijos. “En el estudio nos dimos
cuenta, y eso hace difícil el seguimiento, que las mujeres se desplazan
en silencio y con su núcleo familiar, no le cuentan a nadie que se van a
ir. De repente ya no están y ya no están sus hijos”, anotó Sánchez.
Jessica Sánchez, directora de Grupo Sociedad Civil.
Las mujeres no denuncian, unas por miedo y otras por vergüenza ante el juicio social.
El
Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, trabaja con
víctimas del desplazamiento forzado desde hace seis años, dando
acompañamiento sicológico y legal a las víctimas. La abogada de esta
organización Dalila Flores, apunta que muchas víctimas no se atreven a
denunciar porque dentro de la misma policía o el MP hay filtración de
información.
Flores
relata que el primer paso es escuchar a la víctima, saber qué demanda y
establecer el riesgo de interponer la denuncia ante la Fiscalía.
Precisó que el 90% de las mujeres que acuden en auxilio no quiere
interponer la denuncia por miedo a represalias.
“Las mujeres dicen: el delincuente y la policía, son los mismos”: Dalila Flores, abogada del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”.
Dalila Flores, abogada del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”.
La
profesional del derecho cuestionó que la mayoría de los casos por
desplazamiento forzado estén siendo atendidos por organizaciones de
mujeres, derechos humanos e instancias internacionales, quienes están
cumpliendo un rol que le corresponde al Estado.
Dalila
nos citó como una muestra de la inoperancia del Estado, el caso de una
mujer que estaba siendo amenazada a muerte y que acudió a interponer la
denuncia al Ministerio Público. Sin embargo, esta institución del Estado
remitió a la víctima a un mecanismo de protección, ocho meses después
de haber sido asesinada.
Del
total de los casos atendidos por “Visitación Padilla” el 70 %
corresponde a agresiones de pareja y el 30 % restante a maras y
pandillas y otros.
MIEDO Y DOLOR
Además
de las trampas legales y la inoperancia del Estado, las víctimas sufren
del síndrome de estrés postraumático causado por el dolor implantado
por sus agresores. En ese sentido “Visitación Padilla” les da
acompañamiento emocional.
Cristina Alvarado, trabajadora social del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
La
trabajadora social de esta organización, Cristina Alvarado, brinda a
diario terapias a estas mujeres y otras que sufren por las diferentes
violencias.
Cristina
tiene en su mente decenas de casos traumáticos donde el trabajo por
vencer el miedo y curar el dolor, no es nada fácil y de esto no se
escapan las mujeres de estratos sociales medio o alto. A su oficina
llegó una extranjera, esposa de un alto funcionario del gobierno
hondureño, que por la violencia ejercida por su cónyuge tuvo que irse a
su país de origen, lamentado la impunidad persistente en la justicia.
DATOS Y PROYECCIONES
En
Honduras no existen datos oficiales recientes sobre el desplazamiento
forzado. La última proyección de la Agencia de la Organización de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
data del año 2014, cuando se estableció un desplazamiento tentativo de
174.000 personas en 20 municipios de 12 departamentos, entre los años
2004 y 2014. Este estudio se hizo con base a una muestra que podría ser
tres veces mayor.
El
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo
Noruego para los Refugiados (NRC) han reportado que hay 190,000 personas
desplazadas. Sin embargo un informe estadístico de la organización
Cristo Sal Honduras, establece que las organizaciones: Pastoral de
Movilidad Humana, Casa Alianza Honduras, Red Contra la Violencia
Sindical y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos (Ciprodeh), reportan que al primer semestre de 2018 habían atendido alrededor de 264,481 casos.
Actualmente, la ACNUR
está recopilando un nuevo informe para la actualización de datos
cuantitativos hasta el 2018 y se prevé una proyección de al menos 250
mil personas desplazadas.
Los
nuevos datos ubican a las mujeres entre las principales víctimas del
desplazamiento (tentativamente 57%), porque la violencia contra las
personas del sexo femenino ha evolucionado en los últimos años, debido a
las mismas condiciones de vulnerabilidad de éstas.
Las
mujeres se encuentran entre las personas con mayor predisposición a ser
pobres, a carecer de acceso a los bienes de primera necesidad, a la
educación, la salud y otros servicios esenciales para vivir con
dignidad. Todo lo anterior debido a la violencia, discriminación y
opresión ejercida por el hombre.
El jefe de la oficina nacional de la ACNUR
en Honduras, Andrés Celis, considera que el fenómeno del desplazamiento
forzado es confundido en la región del Triángulo Norte de Centroamérica
con la migración. En ese sentido, explicó que la migración tiene un
sentido voluntario, movido por una aspiración de mejores condiciones de
vida, mientras que el desplazamiento obedece a la violencia o la
persecución.
FIRMÓ SU SENTENCIA DE MUERTE
Carmen
vive siempre con miedo en una ciudad de la zona norte de Honduras,
porque una estructura criminal la tiene amenazada junto a su familia. Su
tortuosa historia comenzó cuando una pandilla raptó a uno de sus hijos,
con el propósito de ejecutarlo porque lo acusaban de ser de la pandilla
contraria. El joven permaneció dos horas en peligro de muerte, pero
afortunadamente logró escaparse.
Este
caso fue reportado a la policía, se acusó directamente a sus captores.
Supuestamente, para protegerle la identidad fue declarado como testigo
protegido, pero extrañamente los pandilleros se dieron cuenta que
existía una denuncia en su contra y supieron quién la había interpuesto,
por lo que el muchacho al verse amenazado y perseguido tuvo que migrar
de manera irregular hacia los Estados Unidos de donde fue deportado el
año pasado.
Ahora la situación de Carmen
se ha tornado insoportable, ya que al poco tiempo de haberse marchado
de su casa fue descubierta y su hijo nuevamente amenazado de muerte. Su
hijo se marchó. “Hay días que lo miro, hay días que va a visitarme, hay
días que duerme conmigo o duerme en un hotel”, expresa con dolor la
joven mujer que tiene casi diez hijos y que junto a su compañero de
hogar, planean cambiar otra vez de domicilio porque la pandilla los
amenaza de manera constante.
Entre
tanto, el joven tiene proyectado irse nuevamente a los Estados Unidos,
porque los pandilleros ya le advirtieron que al haber interpuesto la
denuncia en su contra, “firmó su sentencia de muerte”. Mientras huye
internamente de los delincuentes, sueña cruzar la frontera y luego
llevarse uno a uno a sus familiares, porque cree que aquí los van a
matar a todos.
Escuche el relato de Carmen en la siguiente publicación:
LOS PERFILES
Un estudio presentado en 2018 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)
estableció que el primer perfil de las mujeres que son víctimas del
desplazamiento son comerciantes, dueñas de pequeños negocios, seguidas
de las amas de casa, especialmente las que son jefes de hogar o madres
solteras.
Los
principales agresores son miembros de las maras y pandillas (Mara
Salvatrucha y la pandilla Barrio 18). Las víctimas de la MS son
extorsionadas mediante el cobro de una determinada cuantía de dinero
logrado a través de las actividades comerciales, y la “18”, las amenaza
con el reclutamiento de sus hijos e hijas para que ingresen a estas
estructuras criminales.
En
los sectores dominados por la Pandilla 18, se registran menos muertes
violentas de mujeres, porque esta estructura criminal tiene un elemento
de misoginia en su concepción, contrario a los territorios ocupados por
la MS donde la mujer es asesinada a discreción. En ambos territorios, se
registra el desplazamiento forzado porque en el primer caso las mujeres
huyen cuando sus parejas son asesinadas por los pandilleros, y en el
segundo caso, las mujeres son objeto de extorsión y de amenazas a
muerte.
Esta mujer junto a sus hijos, anda huyendo de los pandilleros que asesinaron a su esposo. (Foto: Delmer Membreño)
FEMINICIDIOS
Se
establece como feminicidio cuando se da muerte a una mujer por razones
de género, con odio y desprecio por su condición de mujer. Durante el
año pasado, en Honduras se reportaron al menos 300 casos, acumulando
alrededor de 6.000 entre los años 2002 al 2018.
Durante los primeros seis días del 2019, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) había registrado siete casos.
El Código Penal de Honduras no establece el delito como feminicidio sino como femicidio, en su artículo 118-A, reformado.
LAS DENUNCIAS
El Conadeh
comenzó a abordar el tema del desplazamiento forzado a partir del año
2016, iniciando para ese entonces con 750 denuncias, mientras que en el
2017 recibió 681 y hasta el 20 de diciembre de 2018, había recibido 861,
lo que implica un incremento de 220 nuevos casos.
De
las 861 denuncias recibidas en el 2018, 375 pertenecen a mujeres y 486 a
hombres, procedentes de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés,
Olancho, Choluteca, Colón, Santa Bárbara, Copán y Lempira. Las edades
de los denunciantes oscilan entre 31 a 59 años.
El
Grupo Sociedad Civil, refiere en un estudio que las principales
ciudades expulsoras de mujeres son el Distrito Central, San Pedro Sula,
La Ceiba y Choloma, seguidas de Comayagua, Tocoa, Siguatepeque y El
Progreso.
Estas
mujeres están siendo atendidas en casas refugios que funcionan en
varias ciudades de Honduras, con el propósito de resguardar sus vidas y
las de sus hijos. En estos lugares, que funcionan con fondos de la
cooperación internacional, se brinda atención sicológica para las
víctimas y sus hijos menores de doce años.
Paradójicamente,
entre las víctimas hay defensoras de derechos humanos que se desplazan
internamente por violencia y agresiones, debido a que tenían su
residencia en barrios y colonias de alto conflicto de maras y pandillas.
En Honduras se presenta un complejo contexto de violencia ue afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, líderes comunitarios, transportistas y comerciantes; quienes muchas veces se ven obligados a huir de sus hogares en busca de protección y asistencia humanitaria: ACNUR.
ESTIGMATIZACIÓN
La
noche del 2 de septiembre de 2018, las mujeres organizadas se sintieron
estigmatizadas e insultadas, cuando el director de la Fuerza Nacional
Anti Maras y Pandillas (Fanamp), Amílcar Hernández, dijo en un programa
de televisión que la mayoría de las muertes violentas contra mujeres se
registraban porque éstas eran integrantes de maras y pandillas.
“Con
algunas exenciones, la gran mayoría son personas que desgraciadamente
ellas han decidido involucrarse en este tema de las maras y pandillas;
las utilizan para vender drogas, para recolectar dinero de la
extorsión”, manifestó el funcionario, frente a una tasa de impunidad de
feminicidios que supera el 90 % y pese a que un estudio del Observatorio
de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
refirió hace tres años que solo el 3 % de las muertes violentas de
mujeres tenía relación con las estructuras del crimen organizado.
Lea además las aseveraciones de Amilcar Hernández
DESPLAZAMIENTO FORZADOEl Instituto Universitario Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), califica la migración forzada como un déficit de democracia, desarrollo y como el resultado de la exclusión y la corrupción.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
El
desplazamiento forzado en Honduras se ha convertido en un fenómeno
social que está íntimamente relacionado a la violencia y que comenzó a
tener notoriedad a partir del año 2007, según el análisis de la ACNUR.
En
esa dinámica de violencia se creó en el año 2010 la Red de
Organizaciones de Sociedad Civil para Personas Desplazadas. Esta red
está integrada por el Ciprodeh, la Pastoral de Movilidad Humana, la
Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el
VIH-SIDA en Honduras, (APUVIMEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), el
Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih), el Consejo
Noruego para los Refugiados, Médicos del Mundo, la Comisión de Acción
Social Menonita (CAMS), el Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC), Cristo Sal Honduras, Colectivo Unidad Rosa, Casa
Alianza Honduras, Asociación Paz de Superación por Honduras (Asopaz),
Somos Trans y la Asociación Cozumel Trans.
Pese
a que al cúmulo de casos se presentó entre los años 2011-2013,
precisamente con el ascenso de los homicidios, fue hasta en el año 2013
que el gobierno aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-053-2013
e inició en Honduras un trabajo institucional tendiente a reconocer que
en el país, aún después del conflicto armado de 1907 y de 1969,
persisten fenómenos de desplazamiento forzado, violencia y dinámicas de
despojo de tierras, territorios y viviendas. Incluso en una intensidad
mayor y bajo mecanismos más difíciles de identificar, puesto que se
asocian a actividades del agro, del turismo, de la minería y por
supuesto a las dinámicas del narcotráfico y de la delincuencia organizada
que tienen entre sus estrategias el desplazamiento y el despojo.
El
trabajo de incidencia de la red de organizaciones instó en el 2013 al
gobierno para que hiciera trabajo de incidencia y atendiera a las
víctimas del desplazamiento y fue así como se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), presidida por la Secretaría de Derechos Humanos e integradas por el ACNUR,
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Secretaría de
Gobernación, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf),
Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Noruego para los Refugiados
y cuatro organizaciones de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil
para Personas Desplazadas.
NO HAY UNA POLÍTICA DE ESTADO
De
acuerdo a las valoraciones de la encargada de la oficina de
Desplazamiento Humano del Ciprodeh, Miroslava Cerpas, la comisión
interinstitucional no ha experimentado avances sustanciales porque su
fin era la adopción de políticas públicas o legislación a favor de la
población desplazada y hasta el momento no se ha tenido ningún resultado
al respecto, más que la creación de la Dirección de Protección a
Personas Desplazadas a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos.
“Hasta
el momento no hay una ley y nosotros hemos trabajado en la construcción
de la misma, hemos venido impulsando esa ley pero no hay avances,
debido a que no hay un interés político”, dijo Cerpas al señalar que el
argumento del gobierno ha sido que de momento no hay un presupuesto que
respalde la ejecución de la normativa.
La
defensora de derechos humanos señaló que en virtud que el
desplazamiento forzado se ha venido desbordando en los últimos años,
siendo una muestra de ello la recepción de hasta 18 denuncias en un solo
día en sus oficinas, el Ciprodeh interpeló en octubre del año pasado al
Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para que se reconozca otras causales del fenómeno, porque ahora
¨hasta el mismo Estado se ha convertido en expulsor de seres humanos”,
dijo.
Durante el periodo legislativo 2014-2017, el Congreso Nacional inició la discusión del nuevo Código Penal, que incluye el delito de desplazamiento forzado. En tanto, la CIPPDV, ha propuesto la Ley Contra Desplazamiento Forzado Interno, que se supone está en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo.
Pese
a que existe una Fiscalía Especial de la Mujer en el Ministerio Público
y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Estado carece de una
política definida a través de estas dos instituciones con el fin de
coordinar acciones tendientes a atender a las víctimas del
desplazamiento forzado. Ambas instancias fueron consultadas y
respondieron que su limitación es de carácter presupuestario.
La
Fiscalía Especial de la Mujer se limita a recibir las denuncias de
violencia doméstica e intrafamiliar y el INAM a canalizar algunas
acciones dentro de la Comisión Interinstitucional para la Protección a
las Personas Desplazadas por la Violencia, donde recientemente se
incorporó.
En
el Ministerio Público las denuncias por desplazamiento forzado son
atendidas en las oficinas del Modelo de Atención Integral Especializado
(MAIE) y en la Unidad de Testigos Protegidos.
Mientras
el gobierno argumenta su falta de atención al fenómeno del
desplazamiento forzado por falta de recursos económicos, existe una
línea presupuestaria dentro de la Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI) para atender a los grupos vulnerables, sin embargo no
se sabe el destino de dichos fondos y tampoco se ha establecido, como
política de Estado, qué o quiénes son grupos vulnerables.
Estas mujeres viven en zozobra después de haber sido desplazadas. (Foto: Delmer Membreño)
Los nombres de las víctimas referidas en esta publicación no corresponden a sus verdaderas identidades, en virtud de su situación de alto riesgo.
REFUGIADOS
Un
informe del Conadeh establece que el 32.7% de los casos atendidos por
la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de esta institución durante
el 2017, los interesados solicitaron la constancia con la intención de
salir del país en busca de protección internacional o porque uno o
varios familiares se encontraban en los procesos de solicitud de la
condición de refugiado. En relación con lo anterior, el 18% de los
peticionarios en situación de riesgo o desplazamiento que solicitaron la
constancia para salir del país, indicaron que solicitarían protección
internacional en países como Estados Unidos de América (40.5%), España
(23.8%), México (16.7%) y Canadá (7.1%). En menor cantidad, Costa Rica,
Guatemala, Belice, Inglaterra y Suecia, estos cinco con el 2.4% cada
uno.
Vea también el foto reportaje que acompaña esta publicación:Los nombres de las víctimas referidas en esta publicación no corresponden a sus verdaderas identidades, en virtud de su situación de alto riesgo.
28 Diciembre 2018: ¡ALERTA! NUEVO ÉXODO SALE DE HONDURAS CON 15 MIL MIGRANTES
- Publicado: 28 Diciembre 2018
De acuerdo con el periódico “Diario de Chiapas”,
que entrevistó a una representante del grupo de defensa de migrantes
“Reactiva Tijuana Foundation”, Irma Garrido, de Honduras ya salió una
nueva caravana de 15 mil personas que tiene como objetivo llegar al
Estado de Chiapas en México.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
De acuerdo con el último reporte del periódico mexicano, “Diario de
Chiapas”, unas 15 mil personas han salido de Honduras, quienes tienen
como objetivo llegar al Estado sureño donde se anunció la construcción
del “tren Maya”.
En
ese contexto, la representante del grupo defensor de migrantes,
Reactiva Tijuana Foundation, Irma Garrido, explicó que esta nueva
caravana, de momento no tiene como objetivo llegar a Estados Unidos.
Reiteró
que “una nueva caravana de 15 mil personas ya ha salido de Honduras
hacia Chiapas”, agregando que recogerá más personas en El Salvador y
Guatemala, siendo así que su propósito es solicitar trabajo en el Estado
sureño de México.
Hace
algunas semanas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
notificó la construcción del tren Maya y la reforestación de ese Estado,
además de prometer asilo y un trabajo a los centroamericanos que
llegaran a su país.
Cabe
destacar que la semana pasada, tanto el Gobierno de México como el de
EE.UU., pactaron trabajar en una fuerte inversión para el desarrollo en
sus fronteras sur, y al mismo tiempo, impactar en el istmo
centroamericano para frenar el fenómeno migratorio.
Con
los cuatro primeros brotes del éxodo que permanece en la ciudad de
Tijuana, el pueblo mexicano entró en discordia, ya que por un lado unos
ofrecían ayudas humanitarias, mientras que otro sector práctico la
xenofobia de la que suelen quejarse del presidente estadounidense,
Donald Trump.
Desde
el 13 de octubre pasado, en la ciudad de San Pedro Sula, unos 3,000
hondureños se congregaron para salir a Estados Unidos, a estos se fueron
agregando personas de otros departamentos, por lo que según datos
oficiales de México unos 14 mil
“catrachos” entraron a la tierra azteca, de acuerdo con el Gobierno de
Honduras, unos 7,000 regresaron, nadie les ha creído.
Los
centroamericanos en Tijuana, de momento esperan entre el muro de EE.UU.
y la delincuencia y xenofobia de algunos ciudadanos, donde destaca el
alcalde Juan Manuel Gastélum, apodado el “Trump de Tijuana”.
Ante
esto, Irma Garrido, mencionó que las noticias de la “fuerte xenofobia”
en Tijuana contra los migrantes llegaron a los que se dirigen a Chiapas,
insinuando que fue un factor en su decisión de permanecer en el estado
sureño.
Garrido
concluyó que algunos miembros de la nueva caravana probablemente
viajarían más tarde a la frontera norte de México y buscarían ingresar a
Estados Unidos.
Lo
anterior también ha sido reportado por el periódico “Newsweek”, que
además informa que en los próximos días, este nuevo éxodo llegará a
México, titulando: “¿Nueva caravana de migrantes? Se espera que 15,000
hondureños lleguen a México en los próximos días, según los informes”.
Éxodo migratorio centroamericano debe ser reconocido como crisis humanitaria
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
“El éxodo migratorio centroamericano debe ser reconocido como crisis
humanitaria”, eso es lo que están pidiendo a la Organización de Naciones
Unidas (ONU), los más de 13 mil migrantes que caminan en su mayoría
desde Honduras hacia los Estados Unidos.
Exigen
a la ONU, la ACNUR y la OIM la aplicación inmediata del “Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, que compromete a los
Estados, entre otras cuestiones a mejorar su cooperación a la hora de
salvar vidas de migrantes durante sus viajes, lo que en términos
prácticos tendría su mejor expresión en garantizar buses para que
lleguen de forma segura hasta su destino final.
Piden
a la ACNUR, que, como lo ha hecho en otros casos, aliente a los Estados
a garantizar que tengan acceso libre a los territorios y a los
procedimientos de determinación de su condición de refugiados; y pida a
los gobiernos que adopten respuestas prácticas para protegerlos, con
alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de
residencia temporal.
Piden
además que, en vista de la situación de violencia y miseria en los
países expulsores de Centroamérica y Latinoamérica, las personas no sean
deportadas o forzadas a retornar.
Nota relacionada Trump califica ahora el éxodo hondureño como una invasión a EE.UU.
Comunicado
Hoy
se cumplen 31 días del histórico éxodo de migrantes centroamericanos,
conocido como “Caravana de migrantes” que partió de territorio hondureño
el día 13 de octubre de 2018.
Nuestro
éxodo es el resultado del desplazamiento forzado, por razones de
violencia sistemática generalizada, que padecemos hombres, mujeres,
niños y familias completas que huimos de la pobreza y la impunidad en
nuestros países de origen.
La
presencia de más de 13 mil seres humanos en territorio mexicano, cuyo
desplazamiento hacia la frontera con Estados Unidos es observado con
preocupación en todo el mundo, evidencia que esta monumental expresión
colectiva contra la violencia, ha adquirido la dimensión de crisis
humanitaria.
En
un ejercicio de autonomía, como grupo desplazado nombramos una
delegación para que, en nombre de los más de 5 mil migrantes alojados en
el albergue instalado en la Ciudad de México (CDMX), dialogara con las
autoridades de la Organización de Naciones Unidas – ONU en México, para
requerir la aplicación inmediata del Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular, que compromete a los Estados, entre otras
cuestiones a “mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de
migrantes durante sus viajes” lo que en términos prácticos tendría su
mejor expresión en garantizar buses para que lleguemos de forma segura
hasta nuestro destino final, y de esa manera proteger especialmente a
las mujeres y los niños, que cada vez deben soportar más bajas
temperaturas entre otras amenazas a su vida.
El
8 de noviembre pasado, nuestra delegación se dirigió a pie desde el
albergue en CDMX, acompañada por una movilización de más de mil
migrantes que culminó en la oficina del Alto Comisionado de la ONU,
donde tuvo lugar la reunión con presencia de autoridades de la Agencia
de la ONU para los Refugiados – ACNUR, la Organización Internacional
para las Migraciones – OIM, y nuestra comisión conformada por 21
delegados y delegadas del éxodo: representantes de 17 de los 18
departamentos de Honduras, 1 delegado por el D-19 (hondureños viviendo
en USA), 3 representantes por país centroamericano (Nicaragua, El
Salvador y Guatemala); un observador de la organización Pueblos Sin
Fronteras; un acompañante de Derechos Humanos, el Sr. Arturo Peimberg,
Ombudsman del Estado de Oaxaca; y un vocero hondureño, el sociólogo y
periodista Milton Benítez.
CONSIDERANDO:
- Que la ONU no cumplió con promover un transporte seguro hasta nuestro destino final para “salvar vidas de migrantes”.
- Que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX ha confirmado la desaparición de al menos 100 personas en territorio mexicano.
- Que suman al menos 3 los hondureños muertos durante la travesía.
- Que viajan en la caravana 24 mujeres embarazadas, 184 personas con discapacidad, 31 adolescentes solos, 87 personas de la comunidad LGTBI, y más de 2 mil niños y niñas.
- Que ya son 2 las víctimas de judicialización y amenaza: los periodistas y defensores de DDHH hondureños Bartolo Fuentes y Milton Benítez.
- Que esta CRISIS HUMANITARIA responde a un factor exógeno al ser humano, porque es causada por la falta de capacidad de los Estados expulsores de proteger la vida de sus ciudadanos, siendo Honduras uno de los países más violento y corrupto del mundo y el más pobre de Latinoamérica.
- Que la ONU y en particular la ACNUR y la OIM no han estado a la altura de sus responsabilidades y mandatos, al evitar elevar nuestro éxodo al estatus de CRISIS HUMANITARIA tal como ha sucedido en relación a otros países como Venezuela e Irak.
SOLICITAMOS A LAS NACIONES UNIDAS Y A LOS ESTADOS DEL MUNDO:
- Que nuestro éxodo sea considerado en su exacta dimensión de CRISIS HUMANITARIA, de manera que se pueda establecer de inmediato un método de intervención humanitaria que garantice la integridad, la salud y la vida, de quienes nos desplazamos por territorio mexicano.
- Que, en consecuencia, la ONU, la ACNUR y la OIM, apliquen de inmediato el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado el 13 de marzo pasado, para que los gobiernos aborden la situación de las personas en necesidad de protección internacional y asistencia humanitaria.
- Que, como lo ha hecho en otros casos, la ACNUR aliente a los Estados a garantizar que tengamos acceso libre a los territorios y a los procedimientos de determinación de nuestra condición de refugiados; y pida a los gobiernos que adopten respuestas prácticas para protegernos, como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de residencia temporal, y otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el derecho al trabajo.
- Que la ONU estimule a los países signatarios para que los costos y requisitos se flexibilicen cuando sea necesario, para garantizar el acceso a los mencionados derechos.
- Que, en vista de la situación en los países expulsores de Centroamérica y Latinoamérica, las personas no sean deportadas o forzadas a retornar.
Recordamos
que el primer Pacto Mundial para la Migración acordado en Naciones
Unidas “Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la
migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno
internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global
es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”
como ha dicho el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
Leer más El éxodo hondureño, un campanazo para los estados neoliberales
Informamos
a la comunidad nacional e internacional que, en caso que la ONU, la
ACNUR y la OIM continúen reduciendo la magnitud de la diáspora
centroamericana al no darle tratamiento de CRISIS HUMANITARIA, nos
veremos obligados a desconocer y rechazar cualquier acompañamiento que
provenga de estas instituciones, debido a su doble moral.
Agradecemos
a la Sra. Has/líen Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la CDMX y al equipo de organizaciones de sociedad
civil encabezado por el Padre Alejandro Solalinde; por el recibimiento
oportuno organizado para que pudiéramos curarnos y descansar en esa
ciudad; y al Sr. Arturo Peimberg, Ombudsman del Estado de Oaxaca y
nuestro compatriota Milton Benítez a quienes hemos abrazado como
nuestros defensores de Derechos Humanos en el territorio de México y el
mundo.
Para
finalizar queremos agradecer a las autoridades locales que actuaron de
forma solidaria y sin discriminación, y muy especialmente a los
pobladores, a nuestras hermanas y hermanos guatemaltecos y mexicanos que
nos han ofrecido alimento, agua, albergue y trato digno, supliendo el
trabajo que deberían realizar las instituciones y los gobiernos.
Dado en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, República Mexicana, a los 12 días del mes de noviembre del año 2018.
Éxodo migratorio centroamericano por la vida en camino… con dignidad!
SALVADOREÑOS FORMAN ÉXODO PARALELO AL DE HONDURAS, MÉXICO SE QUEJA
Unos 200 salvadoreños han formado desde una
caravana que pretende unirse al nuevo éxodo de hondureños, que partió
de San Pedro Sula el pasado lunes y cruzan la frontera hacia Guatemala
con un estricto control policial, mientras que en El Salvador, los
viajantes son custodiados por las autoridades.
El
último dato del Ministerio del Exterior de Guatemala, revela que han
cruzado la frontera, cumpliendo todos los requisitos migratorios 1,535
hondureños.
Agencias / EL LIBERTADOR
San Salvador. Al
menos 200 salvadoreños han formado una caravana que pretende unirse al
nuevo éxodo de hondureños que salió desde San Pedro Sula el pasado lunes
14 de enero.
Los
salvadoreños salieron desde la plaza El Salvador del Mundo, ubicada al
oeste de San Salvador, ciudad capital. Cabe recordar, que de este país
partieron en la primera caravana, unas 3,000 personas.
“Decidimos
viajar porque aquí, por vivir en una zona de inseguridad, desconfían de
uno y no le dan trabajo”, dijo a AFP, Franklin Martínez, un salvadoreño
de 34 años que viaja acompañado de su esposa y su hija de apenas dos
años de edad.
Martínez
intentó sobrevivir transportando personas en un microbús “pirata” (sin
permisos) al no encontrar trabajo formal, pero desistió por “las multas
constantes” que le imponía la Policía.
Por
su parte, el joven Jonathan Ramos, de 30 años, mencionó que la primera
opción es llegar a EE.UU., pero que si no lo logra, se quedará en
México, esperanzándose en los permisos laborales que ese país ofreció a
los centroamericanos luego del brote de las primeras caravanas, que
actualmente esperan en Tijuana.
En
Honduras, Anoche el nuevo éxodo llegó al punto fronterizo de Agua
Caliente, donde en acciones confusas y por la fuerte militarización de
la zona, el pánico invadió a los viajantes, teniendo una respuesta
represiva por los uniformados, tanto de Honduras como de Guatemala.
Ante
este hecho, el Gobierno de Honduras, había amenazado a los miembros de
la caravana, sobre todo a quienes llevan a sus hijos menores de edad,
que en caso de no portar los documentos pertinentes, serían sancionados
hasta con tres años de prisión.
El
Ministerio de Exteriores de Guatemala, con información más reciente, ha
informado que de momento han cruzado, siguiendo todos los
procedimientos migratorios: 890 hombres, 354 mujeres, 161 niños, y 130
niñas, en total 1,535 personas.
Y
de momento, otro grupo de hondureños se encuentran varados en la zona
fronteriza, debido al estricto control de la Policía Nacional, que
documenta de cinco en cinco a cada viajante, supuestamente buscando que
no tengan orden de captura y separando a los menores que viajan solos.
Heide Fulton repite discurso “cachureco” al expresar que hondureños migran a EEUU bajo “engaños”
Por
Publicado el 10 Enero, 2019
Y agregó: “No pierdan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. El camino es largo y muy peligroso”.
Fulton también publicó en Twitter un video en el que señala que se encuentra en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala.
Señaló además que miles de hondureños que formaban parte de una caravana que pretendía llegar a Estados Unidos de manera irregular “regresaron arrepentidos” a Honduras y “tristes de haber tomado esta decisión.
No se dejen engañar. No inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar”, insistió Fulton, quien pidió además a los hondureños que “no arriesguen sus vidas y las de sus hijos; no dividan a sus familias”.
Por
Publicado el 10 Enero, 2019
“Se estará trabajando a nivel de todas las fronteras de Honduras, por la gran cantidad de jóvenes que ingresarán al país con procedencia de México y Guatemala rumbo a Panamá”, dijo.
Y expresó: “Es de la única caravana que yo le puedo hablar, porque es el único conocimiento que tenemos”.
Las personas que salieron en la movilización del 13 de octubre anterior, se encuentran albergadas todavía en Tijuana.
Sería hasta en marzo que las autoridades de Estados Unidos podrán analizar las primeras solicitudes de asilo presentadas por los migrantes, agregó.
Antes de ellos había un promedio de 2,800 mexicanos que estaban solicitando su proceso de asilo, de manera que se les dará la prioridad, dijo.
Jerez dijo que siguen trabajando con la embajada de Honduras en México, así como en el consulado móvil que opera en Tijuana, para que todo aquel compatriota que desee retornar a la patria en forma voluntaria lo haga con la mayor seguridad.
Vinculan con el narco al actual ministro de seguridad
Por
Publicado el 8 Diciembre, 2018
En el tribunal del sur de Florida, el testimonio de José Santos Peña también involucró a Julián Pacheco Tinoco, exfuncionario militar hondureño con largos vínculos con el aparato de seguridad de Estados Unidos.
Un fiscal de aquel país preguntó al informante sobre una reunión en Honduras en la que participó años antes. El propósito de la reu-nión con el actual ministro de seguridad de Honduras y el entonces jefe de inteligencia militar, era para que lo ayudara a recibir envíos de cocaína de Colombia a Honduras, dijo el informante al tribunal.
Uno de los acusados en el caso borró de su teléfono Samsung las conversaciones y la información de contacto que mencionara a Pacheco. Pero el alegato de que el principal funcionario de seguridad de uno de los aliados regionales más cercanos de Estados Unidos estaba involucrado en el tráfico de drogas no tuvo importancia en Washington.
›En marzo de 2017, esta vez en un tribunal de Nueva York, el nombre de Pacheco surgió una vez más. Ahí se revelaron más detalles sobre la presunta participación de funcionarios del gobierno hondureño en el tráfico de drogas.
En una declaración enviada por correo electrónico, Tim Rieser, asistente del senador Patrick Leahy en materia de política exterior, dijo que el senador está preocupado por las acusaciones, pero que se necesitan más datos. Leahy “cree que el Departamento de Estado debería revisar esto con cuidado porque el ministro de Seguridad necesita ser alguien con una integridad intachable”, escribió Rieser.Con los futuros fondos para Honduras amenazados por algunos miembros del Congreso, incluido Leahy, Pacheco visitó Washington, DC, a principios de este mes. No era la primera vez que hacía un viaje para proteger la relación entre Estados Unidos y Honduras.
Cuando pacheco era un cadete de 21 años, viajó a la Escuela de las Américas, institución militar ubicada en Fort Benning, Georgia. En septiembre de 1979 se graduó de un curso sobre tácticas de contrainsurgencia.
Con la elección de Ronald Reagan al año siguiente, Honduras adquirió un nuevo protagonismo como aliado de Estados Unidos y una base para el apoyo encubierto a la insurgencia derechista de la contra en Nicaragua.
Cambios profundos.El gobierno hondureño ha iniciado un proceso de reforma policial con el apoyo financiero de EU y otros donantes internacionales. En abril de 1988, el narcotraficante hondureño más conocido de la época, Juan Ramón Matta Ballesteros, fue arrestado y enviado a Estados Unidos. Como interlocutor clave entre el Cártel de Medellín en Colombia y los traficantes mexicanos, Ballesteros había comprometido a los más altos niveles del ejército y el gobierno hondureños. También había sido un aliado de Estados Unidos y era propietario de una aerolínea vinculada a la CIA que había canalizado armas a los contras nicaragüenses, mientras enviaba drogas al norte.
La constitución de Honduras prohíbe la extradición, pero al trabajar con elementos deshonestos en el ejército, los US Marshals facilitaron la captura de Matta Ballesteros. Fue llevado a República Dominicana, donde lo entregaron oficialmente a las autoridades de Estados Unidos. Los militares hondureños que participaron en la entrega fueron acusados penalmente en su país de origen.
Al año siguiente, Estados Unidos invadió Panamá y se volvió contra otro antiguo aliado del narcotráfico: el general Manuel Noriega, quien fue jefe de inteligencia militar antes de convertirse en presidente y había sido “nuestro hombre en Panamá”, recibiendo pagos regulares de la CIA durante décadas. Cualquiera, sin importar sus antecedentes penales, podría ser un aliado de Estados Unidos.
En junio de 2009, un golpe de Estado militar derrocó al presidente electo de izquierda, Manuel Zelaya, dejado en Costa Rica vistiendo sólo su pijama.
Cuando Zelaya se coló de nuevo en Honduras y se refugió en la embajada de Brasil, los diplomáticos estadounidenses intervinieron para asegurarse de que era Pacheco quien actuaba como “punto clave de contacto”.
En noviembre de ese año, Estados Unidos apoyó unas elecciones controvertidas que fueron boicoteadas por grupos de oposición y consideradas ilegítimas por la mayoría de los gobiernos de la región. El ganador declarado de la elección fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, con fuertes lazos con el ejército nacional. Pacheco fue nombrado director de inteligencia militar.
Desde entonces Pacheco ha aparecido más y más evidencia que vincula a funcionarios hondureños con el narcotráfico.
En 2015, Fabio, el hijo de Pepe Lobo, fue arrestado en Haití y enviado a Estados Unidos. Para derribar a Fabio, los fiscales de Estados Unidos volvieron a confiar en el trabajo de Santos Peña, el informante mexicano de la DEA. Más importante aún, a fines de 2013, Devis Leonel Rivera Maradiaga, el líder de la organización criminal hondureña Cachiros se acercó a la DEA y comenzó a cooperar.
A principios de marzo de 2017, Maradiaga subió al estrado durante el juicio en curso de Fabio. Le dijo a la corte que sobornó a Pepe Lobo durante su campaña presidencial de 2009 y que se reunían en la residencia del presidente.
Antes de su asesinato en 2015, Gómez era gobernador de Colón, departamento rural hondureño en el corazón de la producción de droga de los Cachiros. A mediados de la década de 2000, cuando el negocio comenzó a florecer, Pacheco dirigió un batallón militar estacionado allí. Él y Gómez se reunían casi todas las semanas. El día de uno de sus encuentros, Fabio llamó a Pacheco desde la casa de su padre y le dijo que vendría más tarde ese día, según Maradiaga, quien dijo a los fiscales que consideraba a Fabio parte de la organización criminal Cachiros; además, afirmó que había pagado a Fabio 50 mil dólares.
En junio de 2014, Fabio y Maradiaga se encontraron en un taller mecánico en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Una Hummer blanca estaba en el local, y Maradiaga sugirió que sería un regalo perfecto para uno de sus amigos en la policía. Fabio presuntamente llamó a Pacheco y le envió una foto del automóvil. Semanas después, Fabio y el informante mexicano de la DEA visitaron Pacheco y grabaron la reunión.
El dato. El Departamento de Estado de EU está próximo a permitir que el Congreso elija si considera que Honduras cumplió con obligaciones anticorrupción y de narcotráfico.
El ministro de Seguridad, abogado con licencia, no cayó en la trampa. Menos de seis meses después, el recientemente electo, Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, nombró a Pacheco como ministro de Seguridad. Fue el primer oficial militar en servicio en ser nombrado para el puesto. A petición de la Embajada de Estados Unidos, y luego de una fuerte protesta de grupos de derechos humanos, Pacheco se retiró de la milicia; rechazó las acusaciones cuando se hizo público el testimonio de Maradiaga.
El narcotraficante trataba de obtener un trato favorable de Estados Unidos y socavar los esfuerzos del gobierno hondureño para combatir la actividad delictiva, dijo Pacheco. En septiembre, Fabio Lobo fue sentenciado a 24 años de prisión.
Maradiaga entregó a la DEA una conversación grabada con el legislador hondureño Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Según el testimonio de Maradiaga, ambos discutieron el envío de dinero del gobierno a una compañía fantasma de los Cachiros a cambio de sobornos.
El mes pasado, The New York Times informó que Maradiaga había entregado a las autoridades estadounidenses otra grabación de 2013 en la que un narcotraficante dijo que “hizo un pago de 250 mil dólares destinado a Juan Orlando Hernández”. Un representante de Hernández negó los cargos al Times, y en lo que fue una respuesta increíblemente honesta o ingenua a un periódico local, el jefe de gabinete del presidente dijo:
Si vamos a ver cómo el crimen organizado ha penetrado a la sociedad en general y canalizado el dinero, impuesto diputados, jueces, varios cargos dentro de la oficina del fiscal general y en todas partes, agárrense bien de sus asientos, porque estamos hablando de todos aquí”.A principios de este año, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se refirió a Hernández como un “gran tipo” y un “buen amigo”. Kelly era el jefe de la filial latinoamericana del Pentágono del Comando Sur de Estados Unidos durante la administración Obama.
Deseoso de intentar mejorar su imagen internacional, el gobierno hondureño ha iniciado un proceso de reforma policial con el apoyo financiero de Estados Unidos y otros donantes internacionales.
Pero el gobierno hondureño parece ser selectivo sobre los involucrados en el tráfico de drogas que deberían entregarse a las autoridades de Estados Unidos.
El mes pasado, se informó que Ramón Matta Waldurraga, hijo de Ballesteros, el traficante hondureño entregado a Estados Unidos en 1988, se entregó a la DEA en agosto pasado.
Pacheco dijo a la prensa que el gobierno no tenía una orden de arresto o solicitud de extradición para Matta Waldurraga, aunque Estados Unidos reveló una acusación de 2014 por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Al igual que su padre, el testimonio de Waldurraga amenaza con implicar a actores militares y políticos de Honduras.
El 3 de marzo de 2016, la activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada. Varios sospechosos han sido arrestados, incluido al menos un miembro del ejército hondureño entrenado en Estados Unidos. Pero un año después, los responsables permanecen libres.
Cáceres fue coordinadora general del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Con Cáceres a la cabeza, el COPINH lideró la lucha contra un gran proyecto hidroeléctrico en la zona rural de Honduras. La compañía, argumentó COPINH, no consultó a la población local como lo exige la ley hondureña.
La concesión de la presa fue otorgada bajo el gobierno posterior al golpe en 2010. La compañía que construye la represa, DESA, cuenta entre sus inversionistas a algunos de los hombres más ricos y poderosos de Honduras.
Sin acceso a la gran mayoría del expediente penal, y en ausencia de una investigación independiente, los familiares de Cáceres dispusieron que un grupo de abogados de derechos humanos internacionales realizaran la suya.
El informe del Grupo Consultivo Internacional de Expertos se publicó el 31 de octubre en Tegucigalpa.
El equipo analizó muchos gigabytes de datos extraídos de teléfonos celulares y computadoras de algunos de los involucrados, a pesar de que solo una pequeña parte del archivo completo del caso.
Aun así, el informe encontró mensajes de WhatsApp que sugerían una conspiración bien orquestada para asesinar a Cáceres, la cual se expandió durante muchos meses. El gobierno hondureño había estado sentado sobre la evidencia por más de un año.
Viejo aliado. Julián Pacheco es “punto clave de contacto” entre Honduras y Estados Unidos.
La falta de rendición de cuentas y la falta de voluntad del gobierno
hondureño para investigar adecuadamente el crimen ha puesto “en peligro”
la asistencia continua de Estados Unidos”, dijo.En el momento del asesinato, Pacheco era ministro de seguridad, pero dos semanas después de la publicación del informe, se filtraron mensajes más recientes de WhatsApp. Supuestamente son de Pacheco.
En los mensajes, Pacheco se refirió a aquellos cuyas vidas han sido amenazadas como una “montaña de vividores”.
A principios de noviembre, antes de los mensajes de WhatsApp, y al mismo tiempo que la familia de Cáceres presentaba sus hallazgos, Pacheco también estaba en Washington.
Junto con los miembros de la comisión de reforma policial, Pacheco sostuvo reuniones de alto nivel con el personal del Departamento de Estado y oficinas clave del Congreso. El 2 de noviembre, la delegación participó en un evento público en el Woodrow Wilson Center parcialmente financiado por el Congreso ubicado en el Edificio Ronald Reagan en Washington.
Al final del evento de dos horas, una asistente, Christiam Sánchez, confrontó a Pacheco por su presunta participación en el narcotráfico. Pacheco “debería presentar su renuncia y ponerse a disposición de las autoridades que son parte de la investigación”, dijo Sánchez a la sala abarrotada. “¿Cómo puede continuar siendo parte del proceso de reforma policial?”, le preguntó a Pacheco.
“Yo servía al hijo de un ex presidente”, dijo Pacheco sobre la reunión con el ahora encarcelado Fabio y el informante mexicano de la DEA, “y si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo”.
Según analistas Honduras se convirtió en un santuario para narcotraficantes
Por
Publicado el 20 Diciembre, 2018
Las reacciones de Pineda fueron vertidas en el marco de las tardías acciones del Ministerio Público contra los bienes del hermano del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), es decir hacia Antonio Tony Hernández quien se encuentra preso en Estados Unidos tras ser acusado de traficar droga a gran escala hacia la nación del norte.
En sus declaraciones, el doctor Alvarado explicó que el aseguramiento de bienes —derivado por factores exógenos tras el arresto del exdiputado ahora preso en EEUU— representó un problema para las autoridades hondureñas ya que tuvieron que decidir, quedar bien con JOH o con los norteamericanos.
“Esto nos pone a pensar en el contexto”, declaró mientras destacaba que en Honduras el crimen organizado ha sido parte del gobierno y que un hermano del presidente está siendo enjuiciado por supuestos nexos con la narcoactividad.
“En un país con corrupción con sociedad tolerante, pobreza, es un caldo de cultivo para que ese tipo de actividades (narcotráfico) crezcan”, mencionó antes de señalar que otro problema del país es la falta de institucionalidad y que aunque hay leyes, no se vive en un Estados de derecho.
Para el entrevistado Honduras —con un gobierno contaminado y con una sociedad muy tolerante—, ya no es solo un país de tránsito de droga y podría definirse como un lugar que ha sido “santuario para narcotraficantes”.
Ocho masacres y una caravana
Por: Rodolfo Pastor Campos
En
Estados Unidos el Presidente Trump, sumido en una crisis existencial
para su presidencia, sigue enfrascado en un enfrentamiento con su
oposición en el Congreso. La nueva mayoría Demócrata en la Cámara Baja
le niega los fondos que el mandatario exige para “construir el muro”. El
muro, es una promesa de su primera campaña, que ahora resulta crucial
cumplir para convencer a sus seguidores de volver a votar por el en la
próxima elección. El “shutdown”, que entrando en su cuarta semana es ya
el mas largo en la historia de EEUU, tiene a casi un millón de empleados
públicos sin recibir su sueldo y a la mitad de estos sin trabajar. Se
ven afectados todo tipo de servicios públicos federales, desde los
subsidios a los granjeros, hasta la inspección de los alimentos y la
seguridad en los aeropuertos (por donde, según cifras oficiales, entran
la mayor parte de los emigrantes y la mayoría de los peligrosos
criminales).
Trump
alerta que el muro es para detener la avalancha de refugiados
centroamericanos que buscan ingresar a EEUU a través de la frontera sur
con México, al que no logra convencer de pagar la factura. Alega que
muchos de estos migrantes son criminales que vienen a amenazar la paz y
el bienestar de los estadounidenses. Cita, además de las muertes por
sobredosis de la heroína que entra por la frontera (aunque no con la
caravana, sino por contenedores comerciales), supuestos reportes de
infiltración de las caravanas por terroristas. Amenaza a los presidentes
del llamado “Triangulo Norte” de Centroamérica con cortar los
sustanciales fondos que EEUU entrega a esos gobiernos, principalmente
para armamento y entrenamiento policial y militar. Fondos que alimentan
al monstruo, regímenes corruptos que utilizan la fuerza de las armas
recibidas para reprimir, controlar y continuar cometiendo sus crímenes.
En
México trasciende que un testigo en el juicio que se lleva a cabo en la
corte de Nueva York contra el famoso capo, “Chapo” Guzmán, declara que
éste sobornó a dos ex presidentes de ese país y da por fin el nombre de
Enrique Peña Nieto, a quien alega entregaron $100 millones de dólares.
También se han mencionado en ese juicio sobornos a presidentes
hondureños, sin que por ahora trasciendan los nombres. Muy cerca de ahí
está ya recluido y sin derecho a la fianza de $10 millones que ofreció
pagar, Tony Hernández, ex diputado del Partido Nacional y hermano del
actual presidente y principal #SociosEnAcción de la Embajada de EEUU en
Honduras. En Guatemala, su otro socio, el comediante convertido en
presidente, Jimmy Morales, enfrenta manifestaciones en su contra después
de terminar el acuerdo con la CICIG, dando paso a un serio
enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia y a una crisis mayor.
Nota relacionada Hondureños organizan nueva caravana hacia EE.UU. huyendo de la miseria y violencia
Y
entonces llegamos a la frontera con Honduras, desde donde la Encargada
de Negocios de la Embajada de EEUU, Heide Fulton, difunde un video y
varios tweets, pidiendo a los hondureños que no se engañen, que no se
arriesguen, que no dividan a sus familias y que no pierdan su tiempo y
su dinero. Que #TuNorteEstáAquí. Y es que desde, la gran ciudad, San
Pedro Sula, comenzó a salir esta madrugada una nueva caravana que
buscará conseguir asilo en EEUU. Se estima que en esta ocasión son mas
de 15,000 connacionales que huyen de la pobreza y la violencia.
Arriesgan en efecto todo, sacrifican familia, patrimonio y patria para
buscar futuro y sobrevivir. Los ingeniosos memes no tardan en burlarse
de la cínica suplica de la Sra. Fulton. Si en Honduras tienes asegurado
el riesgo, el sufrimiento, todo tipo de peligros, dolores y amenazas,
¿para qué te vas lejos, si tu norte está aquí?
El
régimen va mas allá, amenaza con cárcel a padres y madres que intenten
huir con sus hijos, criminalizando el éxodo del infierno que ellos
mismos imponen. Porque en Honduras han ocurrido, en lo que va del año
nuevo, al menos ocho masacres que han cobrado la vida de mas de 27
hombres y tres mujeres en los primeros 15 días. Desde occidente en
Copán, hasta oriente en Olancho, pasando por la tétrica escena de
cadáveres quebrados en las calles de la capital, esparcidos por las
costas de Cortés y Atlántida, hasta flotar aguas abajo en el Patuca.
Los
periódicos abren con páginas completas con que la policía publicita su
137 aniversario, se apilan los cuerpos y se acumula el terror en la
página contigua. El gobierno usurpador, acusado del saqueo del Seguro
Social, anuncia el aumento a las aportaciones de este instituto de salud
pública. Se declaran medidas sustitutivas que permitirán a los 20
poderosos acusados de la corrupción del “Arca Abierta”, para que se
defiendan en libertad. Los amigos asisten al entierro de Don Jaime
Rosenthal, otra victima de la injusticia del tirano y de sus socios. Se
anuncia el aumento a los peajes y la cárcel para los periodistas que se
atreven a decir la verdad. Y cierran con la declaración del Partido
Nacional, negándose a apoyar las reformas electorales, alegando que la
segunda vuelta resulta cara y atenta en contra de la democracia. Pero,
¿por qué se van?
