Estado de Honduras sometido ante la CIDH por desplazamiento forzado y “presos políticos”
En
el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos, CIDH, celebrada esta semana en la Universidad de
Colorado, en la ciudad de Boulder, el Estado hondureño fue sentado de
nuevo “en el banquillo de los acusados” en dos audiencias que fueron
programadas en dicho período de sesiones.
La primera fue sobre los derechos de las
personas en situación de desplazamiento interno forzado, y en la
segunda audiencia se trató la situación de personas criminalizadas y
privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en
Honduras.
Expusieron sus posiciones y sus puntos de vista las organizaciones de Sociedad Civil y representantes del Estado de Honduras.
Desplazamiento Forzado
Según datos de la CIDH, en Honduras la
situación se está desbordando a tal grado que ya suman unas 174 mil
personas desplazadas a causa de la violencia.
La Viceministra de Derechos Humanos,
Marcela Castañeda, señaló en Radio Progreso que su gobierno está
superando las cifras de desplazados por causa de la violencia y que esa
realidad se refleja en las cifras que presenta el país.
“Como Estado nosotros rendimos un
informe actualizado sobre todos los avances que se han tenido en el tema
y también de cuáles son nuestros retos y los temas en particular en los
que estamos aspirando avanzar para dar una debida atención y protección
a las personas desplazadas internas por violencia”, dijo Castañeda.
José Cortés, es un hondureño, defensor
de Derechos Humanos, y dio su testimonio por ser víctima de la
violencia, de la que tuvo que huir para salvar su vida. Asegura que lo
que el gobierno dice está alejado de la realidad.
“Como siempre, el gobierno de Honduras
mintiendo ante estos organismos diciendo que en Honduras no pasa nada
cuando miles de personas tienen que salir del país por inseguridad, por
amenazas hasta de las propias autoridades del gobierno, a mí me tocó
salir, estoy asilado en Estados Unidos”, dijo Cortés.
José asegura que fue amenazado por
miembros de pandillas que radicaban en la zona donde vivía razón por la
cual salió rumbo a México para establecerse, pero en el país azteca se
dio cuenta que existe mucha discriminación para los centroamericanos.
“Sabemos que si te amenaza un grupo de
esos es porque te va a matar y no te va hacer una visita cordial a tu
casa. Interpuse dos denuncias y busqué apoyo en el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos, pero no me brindaron seguridad” señaló José.
La abogada Miroslava Cerpas del Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, declaró
en Radio Progreso que una vez más queda claro que el gobierno no tiene
voluntad para atender esta los factores que provocan el desplazamiento
interno forzado.
“Realmente el gobierno de Honduras no
tiene avances, en esta audiencia ha quedado evidenciado que el tema del
desplazamiento no es una prioridad, sabemos que han tenido a bien
sentarse con la Sociedad Civil, hemos trabajado el tema, pero no ha
habido avances sustanciales y es por eso que decidimos elevar esta
situación a nivel de la Comisión Interamericana” dijo Cerpas.
La Viceministra de la Secretaría de
Derechos Humanos, Marcela Castañeda, reconoció que el desplazamiento
interno forzado por la violencia es un tema bastante complejo. “Venimos
de un índice de 89 muertes por cada 100 mil habitantes a más o menos 42
que tenemos en este momento. Si bien debemos reconocer que nuestro
avance se ha dado sobre todo estudiando el fenómeno, creando
institucionalidad, desarrollando conceptos”, justificó Castañeda.
En entrevista con Radio Progreso, el
Relator de los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luís Ernesto Vargas Silva,
dijo que están conscientes que en Honduras la situación se está
desbordando a tal grado que ya suman unas 174 mil personas desplazadas a
causa de la violencia.
“Nosotros sabemos perfectamente los
gravísimos problemas que existen, estamos hablando de 174 mil personas
en condición de desplazamiento forzado interno y lo que seguimos
instando al Estado es a prevenir que esas situaciones ojalá y no se
presenten porque después se van a desbordar”, manifestó Vargas Silva.
El Relator reconoció avances en el
Estado pero que falta mucho por hacer. “La conclusión que nosotros
tenemos es que Honduras, si bien ha hecho esfuerzos para atender la
situación de los desplazados internos, todavía tiene pendientes y esos
pendientes tratamos en los posible de explorárselos a la representación
del Estado” dijo a Radio Progreso el Comisionado Luís Ernesto Vargas
Silva.
Presos Políticos
En el marco del 169 periodo de sesiones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, Colorado,
también se celebró la audiencia sobre la situación de personas
criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto del conflicto
postelectoral en Honduras.
La audiencia se celebra dos meses
después que la CIDH desarrollara una visita in loco a Honduras para
constar la situación de los Derechos Humano en un ambiente poselectoral y
de protesta social.
La audiencia fue solicitada por la
Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, y el Comité Pro la
Liberación de Presos Políticos.
“Las organizaciones aquí presente
solicitamos que se pida al Estado que reconozca la existencia de
“políticos en Honduras”, se ordene al Estado de Honduras que respete el
derecho al debido proceso de todas las personas detenidas en toda la
crisis post electoral incluyendo la aplicación de medidas alternativas a
la prisión, que se inste a reubicar a las personas privadas de libertad
en el contexto de la crisis poselectoral que están en cárceles de
máxima seguridad a centros de detención para personas indiciadas…” dijo a
Radio Progreso Kenia Oliva del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.
La abogada Fany Benett, presidenta de la
Asociación de Jueces por la Democracia, señala que dejaron bien
planteada la postura de irrespeto y violaciones contantes a los derechos
humanos de la ciudadanía por parte de los órganos represores del Estado
hondureño.
“Lo que consideramos importante y que el
Estado debe entender, y lo que también ha sugerido la Comisión, es el
tratamiento que se le debe dar a este grupo de personas, debe revisarse
minuciosamente a fin de no imputarle delitos que no son ciertos, además
de no garantizarles un debido proceso legal para que la ciudadanía
entienda que no se está criminalizando como tal la protesta social”,
dijo la jueza Benett.
La delegación del Estado hondureño la
integraron la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona,
la Viceministra de Derechos Humanos, Marcela Castañeda y la Directora
del Instituto Nacional Penitenciario, INP, Rosa Gudiel.
El Estado de Honduras sostiene que en
todos los casos señalado por la sociedad civil se están siguiendo el
debido proceso. No aceptan tener presos políticos pero que sí tienen a
personas privadas de libertad o con procesos judiciales porque
cometieron delitos en el marco de las protestas contra el fraude
electoral.
“Nosotros hemos sido suficientemente
objetivos e imparciales, hemos traído los datos que reflejan la
situación real, desgraciadamente ocurrieron hechos que lamentamos pero
que en el campo de la investigación reflejan que realmente no son
apegados estrictamente con los hechos denunciados” aseguró en Radio
Progreso la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona.
“El gobierno reitera su voluntad
política de continuar fortaleciendo los Derechos Humanos,considerados
inherentes a la persona humana que deben ser respetados, inalienables e
imprescriptibles” dijo Cardona.
El Relator sobre los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Comisionado Joel Hernández,
dijo en Radio Progreso, que la audiencia había sido muy franca, muy
abierta y muy transparente.
“Creo que las partes expresaron sus
puntos, la Sociedad Civil expresó, de manera muy documentada, sus
preocupaciones, pero también escuchamos los argumentos del Estado, esto
al final de cuentas, a la Comisión le ayuda muchísimo para tener una
valoración mucho más exactas de la situación de los privados de la
libertad” manifestó Hernández.
Joel Hernández, que también es Relator
para Honduras de la CIDH, se comprometió a seguir muy de cerca la
situación de los privados de libertad en Honduras y sobre todo de las
personas criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta, aunque no
hay planes de realizar otra visita. “Por el momento no tenemos nada
programado” aseguró Joel Hernández.
La presidenta de la Asociación de Jueces
por la Democracia, AJD, Fany Benett, salió muy complacida por el
compromiso asumido por la CIDH. “Es una de las solicitudes que teníamos
nosotros. Nos alegra mucho que la Comisión va hacer seguimiento expreso a
esta situación” finalizó Benett.
Se intensifican ataques a defensores de derechos humanos en las últimas horas en Honduras
Wednesday, 10 October 2018 00:55 Written by Dina Meza Published in Contexto
Ians Rivera fue secuestrado por desconocidos y rescatado por la policía que no capturó a nadie.
Foto: MADJ
Los ataques contra defensores de derechos humanos han subido de
nivel en las últimas horas en Honduras lo que coloca en mayor
vulnerabilidad a las personas que defienden los derechos fundamentales
desde diferentes espacios. Uno de los casos más recientes es el
secuestro por varias horas de Ians Rivera, colaborador del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia y las amenazas que varios hombres
hicieron contra la madre del defensor de los derechos humanos Henry
Rodríguez, este mismo 10 de octubre de 2018.
La agenda de los represores está full para detener el trabajo de las
personas defensoras de derechos humanos en un contexto de violencia,
represión contra la protesta social y criminalización en los tribunales
de la República.
El 27 de septiembre de este año la periodista londinense Nina Lakhani y la defensora internacional de derechos humanos Annie Bird fueron objeto de una campaña de desprestigio y de odio por una supuesta organización campesina del Aguán que llamó al Estado de honduras a investigarlas por vinculación con grupos criminales y narcotráfico. Esto se dio en el contexto del inicio del juicio contra ocho de los autores materiales del crimen contra Bertha Cáceres.
En la semana anterior fueron emitidas unas 18 órdenes de captura emitidas por un juzgado con jurisdicción nacional que conoce casos de crimen organizado, contra igual número de personas defensoras de derechos humanos que se mantienen en un campamento de resistencia en la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, en demanda del retiro de las operaciones de la minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, yerno e hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé. Esta empresa está ocasionando daños ambientales contra las fuentes de agua de varias comunidades del sector.
Vínculos y ataques
El día 09 de octubre de 2018 un sujeto desconocido agredió con puñal a los jóvenes Raúl Hernández Hernández y Santos Manuel Hernández Lazo que el Movimiento Indígena Lenca de la Paz, MILPAH, había invitado para participar en un evento de Radios comunitarias en la ciudad de La Paz.
De acuerdo al parte policial emitido Nelson Geovani Castro Castillo de 48 años de edad, originario y residente en el municipio de Siguatepeque Comayagua, habría herido de gravedad a cuatro jóvenes con arma blanca tipo puñal.
Los muchachos fueron atacados de manera sorpresiva por el detenido provocándole varias heridas de gravedad en su espalda. Tras la acción varios ciudadanos lograron capturar al hechor y, tras atarlo, fue entregado a funcionarios de la Policía Nacional para su respectivo procedimiento legal. Según informe preliminar de los médicos que atendieron a los jóvenes, ellos, presentan heridas en la espalada y abdomen las cuales produjeron perforaciones en sus pulmones siendo trasladados al hospital Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de La Paz, describe el informe de la policía de La Paz.
Sincronización o coincidencia
A eso de las cuatro de la tarde de este 10 de octubre de 2018 Ians Rivera, voluntario del MADJ en la ciudad de Tela, fue secuestrado por desconocidos cuando viajaba de San Pedro Sula hacia Tela. Él fuera víctima de torturas en el marco de la crisis por el fraude electoral, por los cuerpos represivos estatales.
Según una publicación del MADJ , él se encontraba en el baúl de una camioneta negra. Esta organización ha sido víctima en las últimas semanas de una campaña de estigmatización y de odio en redes sociales hacia sus dirigentes hace escasos días.
De acuerdo a la versión de la Policía Nacional-UMEP número 11, de El Progreso, Yoro, a través de un comunicado de prensa señaló que el joven Rivera fue liberado tras una acción de respuesta rápida de varias unidades de patrullas y motorizadas que dieron persecución a los responsables hasta la aldea de Urraco Pueblo, en el Progreso Yoro.
Posteriormente Ians fue llevado a Medicina Forense para su respectiva evaluación. Curiosamente la policía no informó de capturas contra los secuestradores a pesar que señala en su comunicado que hubo desplazamiento de varias unidades que le dieron persecución al vehículo donde lo llevaban.
Este hecho se produjo en un contexto del involucramiento de Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional, en bandas delincuenciales,de acuerdo a lo que ha publicado el Ministerio Público y que tiene cobertura mediática.
Mientras este mismo día a horas cercanas, en la ciudad de Choluteca hombres desconocidos llegaron hasta donde se encontraba la madre del defensor de los derechos humanos Henry Rodríguez a quien le manifestaron que éste debía callarse de cosas que sabía de personas de la zona o de lo contrario la matarían a ella y a toda la familia.
Rodríguez junto a la defensora de derechos humanos Nivia Vargas y otro defensor fueron objeto de un ataque a mediados de septiembre de este año cuando hombres armados entraron al apartamento donde los tres se encontraban llevándose una computadora, un celular y documentos con datos de casos abordados desde el trabajo que realizaba Henry Rodríguez cuando laboraba en ese entonces en la organización ACI-Participa, que tiene una oficina en Choluteca.
El joven ha sido víctima de otros ataques en las semanas anteriores y aunque interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, no se tiene resultados ni avances en las investigaciones.
Henry Rodríguez está acogido al Mecanismo de Protección y es acompañado ante esta instancia y en sus acciones de demanda de justicia por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.
El 27 de septiembre de este año la periodista londinense Nina Lakhani y la defensora internacional de derechos humanos Annie Bird fueron objeto de una campaña de desprestigio y de odio por una supuesta organización campesina del Aguán que llamó al Estado de honduras a investigarlas por vinculación con grupos criminales y narcotráfico. Esto se dio en el contexto del inicio del juicio contra ocho de los autores materiales del crimen contra Bertha Cáceres.
En la semana anterior fueron emitidas unas 18 órdenes de captura emitidas por un juzgado con jurisdicción nacional que conoce casos de crimen organizado, contra igual número de personas defensoras de derechos humanos que se mantienen en un campamento de resistencia en la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, en demanda del retiro de las operaciones de la minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, yerno e hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé. Esta empresa está ocasionando daños ambientales contra las fuentes de agua de varias comunidades del sector.
Vínculos y ataques
El día 09 de octubre de 2018 un sujeto desconocido agredió con puñal a los jóvenes Raúl Hernández Hernández y Santos Manuel Hernández Lazo que el Movimiento Indígena Lenca de la Paz, MILPAH, había invitado para participar en un evento de Radios comunitarias en la ciudad de La Paz.
De acuerdo al parte policial emitido Nelson Geovani Castro Castillo de 48 años de edad, originario y residente en el municipio de Siguatepeque Comayagua, habría herido de gravedad a cuatro jóvenes con arma blanca tipo puñal.
Los muchachos fueron atacados de manera sorpresiva por el detenido provocándole varias heridas de gravedad en su espalda. Tras la acción varios ciudadanos lograron capturar al hechor y, tras atarlo, fue entregado a funcionarios de la Policía Nacional para su respectivo procedimiento legal. Según informe preliminar de los médicos que atendieron a los jóvenes, ellos, presentan heridas en la espalada y abdomen las cuales produjeron perforaciones en sus pulmones siendo trasladados al hospital Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de La Paz, describe el informe de la policía de La Paz.
Sincronización o coincidencia
A eso de las cuatro de la tarde de este 10 de octubre de 2018 Ians Rivera, voluntario del MADJ en la ciudad de Tela, fue secuestrado por desconocidos cuando viajaba de San Pedro Sula hacia Tela. Él fuera víctima de torturas en el marco de la crisis por el fraude electoral, por los cuerpos represivos estatales.
Según una publicación del MADJ , él se encontraba en el baúl de una camioneta negra. Esta organización ha sido víctima en las últimas semanas de una campaña de estigmatización y de odio en redes sociales hacia sus dirigentes hace escasos días.
De acuerdo a la versión de la Policía Nacional-UMEP número 11, de El Progreso, Yoro, a través de un comunicado de prensa señaló que el joven Rivera fue liberado tras una acción de respuesta rápida de varias unidades de patrullas y motorizadas que dieron persecución a los responsables hasta la aldea de Urraco Pueblo, en el Progreso Yoro.
Posteriormente Ians fue llevado a Medicina Forense para su respectiva evaluación. Curiosamente la policía no informó de capturas contra los secuestradores a pesar que señala en su comunicado que hubo desplazamiento de varias unidades que le dieron persecución al vehículo donde lo llevaban.
Este hecho se produjo en un contexto del involucramiento de Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional, en bandas delincuenciales,de acuerdo a lo que ha publicado el Ministerio Público y que tiene cobertura mediática.
Mientras este mismo día a horas cercanas, en la ciudad de Choluteca hombres desconocidos llegaron hasta donde se encontraba la madre del defensor de los derechos humanos Henry Rodríguez a quien le manifestaron que éste debía callarse de cosas que sabía de personas de la zona o de lo contrario la matarían a ella y a toda la familia.
Rodríguez junto a la defensora de derechos humanos Nivia Vargas y otro defensor fueron objeto de un ataque a mediados de septiembre de este año cuando hombres armados entraron al apartamento donde los tres se encontraban llevándose una computadora, un celular y documentos con datos de casos abordados desde el trabajo que realizaba Henry Rodríguez cuando laboraba en ese entonces en la organización ACI-Participa, que tiene una oficina en Choluteca.
El joven ha sido víctima de otros ataques en las semanas anteriores y aunque interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, no se tiene resultados ni avances en las investigaciones.
Henry Rodríguez está acogido al Mecanismo de Protección y es acompañado ante esta instancia y en sus acciones de demanda de justicia por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.
¿En manos de quien está la seguridad de los y las defensoras de DDHH?
Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – Al “hasta ayer” director del departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, se le venía investigando por el delito de lavado de activos, cometido hace unos años en la zona sur del país, hoy martes, 31 de sus bienes fueron asegurados por el Misterio Público (MP).
Tegucigalpa, Honduras. – Al “hasta ayer” director del departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, se le venía investigando por el delito de lavado de activos, cometido hace unos años en la zona sur del país, hoy martes, 31 de sus bienes fueron asegurados por el Misterio Público (MP).
Cabe señalar que, en el comunicado
oficial el MP no menciona el nombre del Comisionado de Policía, pero si
detalla en mensajes a través de redes sociales que se incautaron bienes
de Mejía Tinoco, encargado de la oficina de Derechos Humanos de la
Secretaria de Seguridad.
Al consultar a la oficina de relaciones
públicas de esa dependencia ubicada en la aldea El Ocotal, del Distrito
Central, detallaron a defensoresenlinea.com que Mejía Tinoco ocupó su
cargo “hasta ayer” y hoy que salió el comunicado del Ministerio Público,
el comisionado ya no se presentó a su puesto de labores. Vale aclarar
entonces, que no ha habido cambio de puesto o esté suspendido del mismo.
En
cuanto a la situación actual de Mejía Tinoco, le corresponde informar a
la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, por lo que se le
consultó a uno de sus integrantes, Omar Rivera, quien manifestó que la
llamada telefónica se escuchaba entrecortada. Se le envió un mensaje de
texto preguntando por la situación actual respecto al cargo del director
de la oficina de derechos humanos de la Secretaria de Seguridad, y se
continúa a la espera de su respuesta.
Coincidencia o no en sus segundos
apellidos, Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad, calificó el
comportamiento del comisionado Mejía Tinoco de la siguiente manera “su
trabajo fue profesional y eficiente en casi 18 años de servicio dentro
de la Policía Nacional” -nótese que lo hace en tiempo pasado-.
Con respecto a sus apellidos, se debería aclarar el parentesco o no de Julián Pacheco Tinoco y Lorgio Mejía Tinoco, y la defensa del primero sobre el manejo de la situación en la que se ve involucrado el encargado de derechos humanos de la Secretaria de Seguridad. Berta Oliva
Por las acusaciones y el cargo que desempeña Mejía Tinoco, es una mofa al Sistema Nacional de Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras,
además demuestra y refleja el menosprecio que se tiene a los derechos
humanos, declaró Berta Oliva, Coordinadora general del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Lo menos que se debería hacer -continuó
la defensora- es ser rigurosos con el nombramiento de personas en cargos
que tengan que ver con víctimas, defensores y defensoras de derechos
humanos, eso hace que la gente se sienta más vulnerable ante el Sistema
Nacional de Protección por el cuidado a los derechos humanos que brinda
el Estado de Honduras, cada vez que se descubre una denuncia como esta.
Un
hecho como este es imperdonable, porque entonces ¿Ante qué Ministerio
de Seguridad estamos? Si él (Lorgio Mejía) o cualquier otro policía con
vínculos de corrupción, crimen organizado o demás actos que infrinjan la
ley, debería ser investigado por los más altos jerarcas, pero eso no
sucede aquí.
Los organismos internacionales y los gobiernos que apoyan el tema de seguridad y defensa deberían de hacer reclamación sobre la burla e irrespeto del cual son objeto.
El sistema internacional de derechos
humanos cómo los que denuncian ante el sistema de seguridad interna,
deben sentirse burlados e irrespetados, por lo menos deberían de alzar
su voz ante esa manipulación, de lo contrario seguirán aprobando
proyectos y los resultados van a ser los mismos, expresó la defensora de
ddhh.
Los señalados en actos ilícitos son los
que dan monitoreo a los y las defensoras que solicitan medidas de
protección, por lo que están en riesgo total. Con ésto sólo demuestra el
riesgo total en que estamos los y las defensoras de derechos humanos,
reiteró Oliva.
La oficina a cargo del Comisionado de
Policía es la que debe implementar las medidas de protección interna y
las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en favor de aquellas personas que han solicitado las
mismas.
“El Ministerio Público, a través de la
Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y
la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron una
operación este martes 9 de octubre, mediante la cual se ejecutan tres
allanamientos y el aseguramiento de 31 bienes muebles, inmuebles y
productos bancarios a un alto oficial activo de la Policía Nacional y su
núcleo familiar” detalló en el comunicado de prensa del MP.
El secretario de Seguridad de este
gobierno ilegal que dirige Juan Orlando Hernández, expresó a medios de
comunicación que no se debe especular sobre la información acerca las
implicaciones de agentes policiales, sino que se debe esperar el informe
que emita el Ministerio Público, pues el boletín de prensa no señala
nombres.
Cargos:
Desde agente de la escala básica, pasando como director del centro penal
de San Pedro Sula, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco llegó a ser jefe
departamental de esta institución en Choluteca. En mayo de 2016, la
Comisión Depuradora de la Policía Nacional lo ratificó en su puesto y en
enero de 2018 el Congreso Nacional aprobó su ascenso a comisionado.
Por estas denuncias, un periodista fue llevado a los Tribunales de Justicia
Ariel D´Vicente
Foto: Delegación interinstitucional destacando la participación de la nueva secretaría de derechos humanos en la audiencia “Las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el contexto post electoral”, de la CIDH en Bogotá Colombia, febrero del 2018. A la derecha el Comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, como representante de DDHH de la Secretaría de Seguridad.
Honduras
estaba servida, como la tonta india dormida del despistado Colón, ya no
virgen, por supuesto; aparecieron las estrellas de la televisión
tradicional enseñando el radiante sol en el castillo de Omoa, viandas
humeantes adornaban el set; era carnaval en todo el control de canales,
amores virtuales en bikini ofrecían cerveza, la sensualidad insinuaba
muslos como promesa íntima para el almirante que subiera al barco de la
semana santa de tormentas.
Según el Ministerio Público entre los 31
bienes muebles, inmuebles y productos bancarios aseguraros estacan
siete viviendas, cuatro vehículos y el congelamiento de veinte cuentas
bancarias, por nexos del comisionado de policía (no menciona nombre) con
el lavado de activos.
Tal acusación se deriva a que, de
acuerdo con las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados
al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su
patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de
2012 a 2017, que es de cincuenta y cinco mil trecientos noventa y cinco
con veintiún centavos (55,395.21).
Dentro de este Requerimiento Fiscal figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación, establece que
entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca
solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el
ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como
sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron
cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado Jefe
Departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación
los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que
manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos
de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas
ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de
Choluteca (AGACH), detalla el comunicado.
Esta información no fue novedad para el
periodista de Choluteca, Ariel D´Vicente, quien en el 2016 fue condenado
a tres años de prisión, suspensión del ejercicio periodístico y penas
accesorias por haber denunciado dichos actos de parte de Lorgio
Oquelí Mejía Tinoco.
En Comunicación con D´Vicente, afirmó que, si hay captura contra Mejía Tinoco, también debe ser contra operadores de justicia,
ya que, cuando él denunció, el Tribunal de Sentencia de Choluteca lo
que hizo fue proceder en su contra, querellándolo y privándolo de sus
derechos, a tal grado que ni siquiera recibe sus tratamientos médicos en
El Salvador y Nicaragua, porque no puede salir del país. Hoy nueve de
octubre de 2018 debió además presentarse a los juzgados de la zona sur
para firmar el libro de imputados.
El periodista esta acogida al Sistema
Nacional de Protección, pero no aceptó la custodia policial ante la
desconfianza que más bien ellos informan sobre todos los movimientos que
realiza.
Foto: Delegación interinstitucional destacando la participación de la nueva secretaría de derechos humanos en la audiencia “Las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el contexto post electoral”, de la CIDH en Bogotá Colombia, febrero del 2018. A la derecha el Comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, como representante de DDHH de la Secretaría de Seguridad.
MP asegura 31 bienes a comisionado de policía Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y capturan otro oficial
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de
la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), ejecutan una operación mediante la cual se ejecutan
tres allanamientos y el aseguramiento de 31 bienes muebles, inmuebles y
productos bancarios al comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y su
núcleo familiar.
Una de las propiedades incautadas a Mejía Tinoco
En
años anteriores Mejía Tinoco fue señalado por el mismo delito por el
periodista Ariel D’vicente a quien el oficial querelló por difamación y
hoy se demuestra que los señalamientos tenían fundamento.
Entre
los bienes se destacan siete viviendas, cuatro vehículos y el
congelamiento de veinte cuentas bancarias, por nexos del comisionado de
policía con el lavado de activos.
Tal
acusación se deriva a que, de acuerdo a las investigaciones y a los
análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justifica más de
17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el
sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que es de cincuenta y cinco mil
trecientos noventa y cinco con veintiún centavos (55,395.21).
Dentro
de este Requerimiento Fiscal interpuesto por la UF – ADPOL figuran seis
policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los
delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según
la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF
– ADPOL y practicada por agentes de la ATIC asignados a esa unidad,
establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía
asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que
pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes,
constituyendo tal acto como sobornos.
Estos
cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y
acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca y
de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y
provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba
en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo,
Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación
de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Para
realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado
como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte
miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la
Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI). Además del
comisionado activo, la acusación incluye a un subcomisionado y un
comisario depurados.
Tambien fue capturado el ex subcomisionado de policía, José Elías Bustillo Carías, quien fue depurado de la institución armada.
Asimismo,
se informó también sobre la captura de la agente activa de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Mileidy Moreno Dávila quien
fue arrestada en El Triunfo, Choluteca.
El ex subcomisionado de policía, José Elías Bustillo Carías, al momento de su captura
Coalición contra la Impunidad: Estado coloca en la categoría de los criminales más peligrosos a los defensores y defensoras de Guapinol
Monday, 08 October 2018 18:11 Written by Dina Meza Published in Contexto
Foto:Radio Progreso
En la categoría de los criminales más peligrosos esataría
colocando el Estado de Honduras a 18 defensores y defensoras de derechos
humanos que tienen órdenes de captura por defender sus derecho a un
medio ambiente sano, emitidas por un juzgado de jurisdicción nacional
que conoce casos de criminalidad organizada, según lo denunció en un
comunicado la Coalición contra la Impunidad, este 08 de octubre de 2018.
El 05 de octubre recién pasado fue difundida la información en una
página de Facebook llamada Noticias de Colón que había 21 órdenes de
captura contra algunos de los líderes y lideresas del campamento de
resistencia establecido hace más de dos meses en la Comunidad de
Guapinol, en Tocoa, Colón, que demanda el retiro inmediato de la Minera
Inversiones Los Pinares que ha contaminado los ríos como el Ceibita y el
Parque Nacional Carlos Escaleras.
La Minera en mención es propiedad de Lenir Pérez, yerno del fallecido terrateniente Miguel Facussé y de su hija Ana Facussé. El empresario Pérez fue acusado años atrás de haber promovido el secuestro de dos defensores internacionales de derechos humanosque acompañaban a la comunidad de Nueva Esperanza en el Atlántico de Honduras cuando él pretendía instalar allí otra minera. A pesar de que habían las pruebas necesarias el sistema de justicia no le dedujo responsabilidades.
Ahora es Guapinol
Entre las órdenes de captura están las emitidas contra Juan López , Coordinador del Comité Prodefensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio;Reinaldo Domínguez , líder comunitario de la comunidad de Guapinol; Juana Esquivel, Coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez; Orbin Hernández, líder de las comunidades del sector San Pedro y Carlos Leonel George, dirigente popular de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, entre otros.
Y si de ejemplos se trata hoy otros que pueden mencionarse donde los operadores de justicia actúan de forma expedita para criminalizar a quienes ejercen sus derechos, tal es el caso de la comunidad de Azacualpa, Copán, en el Occidente de Honduras donde fueron capturad0s más de 20 personas que estaban defendiendo su medio ambiente de la minera canadiense Aura Minerals. Hoy esta compañía hasta los muertos del cementerio ha sacado sin importarle la cultura y las tradiciones sino tras el oro.
Otro caso es en el Sur de Honduras en la comunidad de Los Prados donde otra veintena de personas fue acusada de atentar contra los servicios públicos por el hecho de oponerse a una empresa de energía fotovoltica que les está ocasionando graves daños en el medio ambiente.
Ante la ofensiva estatal comunidad se declara en unidad
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, emitió una alerta pública donde dijo que "El mensaje de la coordinación del Comité es de unidad, respeto y firmeza en la lucha. Se pide sensatez, disciplina, tranquilidad y lealtad moral a los sagrados intereses de las comunidades amenazadas. Ante el crimen del gobierno de Honduras, así como ante la campaña amenazante de la empresa minera INVERSIONES LOS PINARES nuestra lucha debe ser firme, frontal con la verdad en la mano y la moral en nuestro proceder.
La Coalición contra la Impunidad señaló que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas.
Agregó que “pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida”
La utilización del derecho penal es una de las estrategias desgastadas pero certeras que se utilizan en los últimos años contra quienes defienden los territorios de empresas mineras, hidroeléctricas y de otro tipo que llegan a las comunidades violentando la consulta previa, libre e informada, y se establecen con la complicidad del Estado de Honduras.
Todo el andamiaje del sistema de justicia es lanzado sin compasión contra los defensores y defensoras de derechos humanos que deben hacerle frente de forma desigual y además sortear amenazas, hostigamientos y toda una serie de acciones intimidatorias hasta en muchos casos culminar con la muerte.El panorama es visto por la Coalición contra la Impunidad como una acción que solamente se echa a andar en los gobiernos dictatoriales.
Este es el comunicado de la Coalición contra la Impunidad:
Criminalizar la protesta pacífica es de dictaduras
La Coalición contra la Impunidad, ante las órdenes de captura libradas contra 18 personas defensoras de derechos humanos que desde el primero de agosto se mantienen en el Campamento de Guapinol, manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Que la instalación y permanencia en dicho campamento tiene como fin legítimo la defensa del agua, el ambiente y el territorio, lo cual constituye un derecho humano que colectivamente ejercen muchas organizaciones comunitarias, populares, eclesiales, así como pobladores y pobladoras aglutinadas en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón para frenar la implantación ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, la cual ya ha provocado graves daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural “Carlos Escaleras”.
SEGUNDO: Denunciamos que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas. Pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida.
TERCERO: Resulta de especial preocupación órdenes de desalojo y de captura realizadas por un Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya creación busca conocer casos de criminalidad organizada. Por tanto, el mensaje criminalizador es claro y grave para la vida e integridad de estas mujeres y hombres defensores de la vida, ya que los coloca en la categoría de los criminales más peligrosos. Como lo establece la jurisprudencia interamericana, este tipo de actuaciones judiciales tergiversan deliberadamente los hechos para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.
CUARTO: Le recordamos al Estado hondureño que protestar y manifestarse pacíficamente se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión que, por su cercanía al nervio democrático, constituyen un mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, y un elemento vital para el buen funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, como lo señala el jurista Roberto Gargarella, el derecho a protestar puede considerarse el “primer derecho”, es decir, el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. En consecuencia, cuando el ejercicio de este derecho fundamental es comparado a un grave crimen, solo nos confirma que hemos entrado en los oscuros laberintos de una feroz dictadura y nos demanda responsabilidad ciudadana, así como acciones de solidaridad nacional e internacional.
QUINTO: Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que se mantienen en el Campamento de Guapinol, víctimas de la fuerza represiva del Estado, y exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cesen su persecución penal.
8 de octubre de 2018.
Coalición contra la Impunidad
La Minera en mención es propiedad de Lenir Pérez, yerno del fallecido terrateniente Miguel Facussé y de su hija Ana Facussé. El empresario Pérez fue acusado años atrás de haber promovido el secuestro de dos defensores internacionales de derechos humanosque acompañaban a la comunidad de Nueva Esperanza en el Atlántico de Honduras cuando él pretendía instalar allí otra minera. A pesar de que habían las pruebas necesarias el sistema de justicia no le dedujo responsabilidades.
Ahora es Guapinol
Entre las órdenes de captura están las emitidas contra Juan López , Coordinador del Comité Prodefensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio;Reinaldo Domínguez , líder comunitario de la comunidad de Guapinol; Juana Esquivel, Coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez; Orbin Hernández, líder de las comunidades del sector San Pedro y Carlos Leonel George, dirigente popular de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, entre otros.
Y si de ejemplos se trata hoy otros que pueden mencionarse donde los operadores de justicia actúan de forma expedita para criminalizar a quienes ejercen sus derechos, tal es el caso de la comunidad de Azacualpa, Copán, en el Occidente de Honduras donde fueron capturad0s más de 20 personas que estaban defendiendo su medio ambiente de la minera canadiense Aura Minerals. Hoy esta compañía hasta los muertos del cementerio ha sacado sin importarle la cultura y las tradiciones sino tras el oro.
Otro caso es en el Sur de Honduras en la comunidad de Los Prados donde otra veintena de personas fue acusada de atentar contra los servicios públicos por el hecho de oponerse a una empresa de energía fotovoltica que les está ocasionando graves daños en el medio ambiente.
Ante la ofensiva estatal comunidad se declara en unidad
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, emitió una alerta pública donde dijo que "El mensaje de la coordinación del Comité es de unidad, respeto y firmeza en la lucha. Se pide sensatez, disciplina, tranquilidad y lealtad moral a los sagrados intereses de las comunidades amenazadas. Ante el crimen del gobierno de Honduras, así como ante la campaña amenazante de la empresa minera INVERSIONES LOS PINARES nuestra lucha debe ser firme, frontal con la verdad en la mano y la moral en nuestro proceder.
Para su coordinador, el defensor Juan López, quien publicó esta
alerta el 05 de octubre, "el proceso de lucha por los derechos del
pueblo se da en la calle, en el campamento, en los medios, en las
oficinas, en las iglesias, incluso en los tribunales, en todo sitio
donde haya posibilidad de decir la verdad, hay que decirla. Sólo la
verdad libera al pueblo".
Denunció que la corrupción en el Congreso Nacional, en ICF, en
MIAMBIENTE, en INHGEOMIN, en Alcaldía de Tocoa no puede convencer al
pueblo. La lucha puede pasar por distintos momentos, unos más críticos
que otros pero jamás se debe caer la moral. La verdad de nuestra lucha
debe ser moral, animó.
Asimismo alertó al pueblo, a la comunidad nacional e internacional
"ante los actos del gobierno de Honduras contra el pueblo, todos son
actos sobre un mar de ilegalidad e ilegitimidad cruzados por la
corrupción. La empresa Inversiones los Pinares y el Gobierno son
responsables de lo que pueda padecer el pueblo de Tocoa".
Ineficiencia del Ministerio Público a pesar de las denunciasLa Coalición contra la Impunidad señaló que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas.
Agregó que “pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida”
La utilización del derecho penal es una de las estrategias desgastadas pero certeras que se utilizan en los últimos años contra quienes defienden los territorios de empresas mineras, hidroeléctricas y de otro tipo que llegan a las comunidades violentando la consulta previa, libre e informada, y se establecen con la complicidad del Estado de Honduras.
Todo el andamiaje del sistema de justicia es lanzado sin compasión contra los defensores y defensoras de derechos humanos que deben hacerle frente de forma desigual y además sortear amenazas, hostigamientos y toda una serie de acciones intimidatorias hasta en muchos casos culminar con la muerte.El panorama es visto por la Coalición contra la Impunidad como una acción que solamente se echa a andar en los gobiernos dictatoriales.
Este es el comunicado de la Coalición contra la Impunidad:
Criminalizar la protesta pacífica es de dictaduras
La Coalición contra la Impunidad, ante las órdenes de captura libradas contra 18 personas defensoras de derechos humanos que desde el primero de agosto se mantienen en el Campamento de Guapinol, manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Que la instalación y permanencia en dicho campamento tiene como fin legítimo la defensa del agua, el ambiente y el territorio, lo cual constituye un derecho humano que colectivamente ejercen muchas organizaciones comunitarias, populares, eclesiales, así como pobladores y pobladoras aglutinadas en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón para frenar la implantación ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, la cual ya ha provocado graves daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural “Carlos Escaleras”.
SEGUNDO: Denunciamos que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas. Pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida.
TERCERO: Resulta de especial preocupación órdenes de desalojo y de captura realizadas por un Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya creación busca conocer casos de criminalidad organizada. Por tanto, el mensaje criminalizador es claro y grave para la vida e integridad de estas mujeres y hombres defensores de la vida, ya que los coloca en la categoría de los criminales más peligrosos. Como lo establece la jurisprudencia interamericana, este tipo de actuaciones judiciales tergiversan deliberadamente los hechos para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.
CUARTO: Le recordamos al Estado hondureño que protestar y manifestarse pacíficamente se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión que, por su cercanía al nervio democrático, constituyen un mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, y un elemento vital para el buen funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, como lo señala el jurista Roberto Gargarella, el derecho a protestar puede considerarse el “primer derecho”, es decir, el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. En consecuencia, cuando el ejercicio de este derecho fundamental es comparado a un grave crimen, solo nos confirma que hemos entrado en los oscuros laberintos de una feroz dictadura y nos demanda responsabilidad ciudadana, así como acciones de solidaridad nacional e internacional.
QUINTO: Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que se mantienen en el Campamento de Guapinol, víctimas de la fuerza represiva del Estado, y exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cesen su persecución penal.
8 de octubre de 2018.
Coalición contra la Impunidad
Amnistía Internacional publica estudio sobre la situación de los mecanismos de protección para defensores y defensoras de DDHH
Sunday, 07 October 2018 21:49 Written by Dina Meza Published in Contexto
Foto:www.sercano.com
Amnistía Internacional ha publicado la investigación “Américas:
Situación de los Mecanismos de Protección para Defensores y Defensoras
de los Derechos Humanos”, donde aborda las problemáticas existentes en
los mecanismos de protección de las Américas, entre ellos el de
Honduras, el cual carece de graves falencias que coloca grandes
obstáculos en la desarticulación de los ataques a las personas
defensoras de los derechos humanos.
En el continente americano, algunos países han establecido mecanismos
de protección nacionales como medida para garantizar la seguridad de
las personas defensoras de derechos humanos, así como la de otros
grupos, como sindicalistas, periodistas y operadores de justicia. El
propósito de este breve documento es presentar una evaluación de
Amnistía Internacional sobre la implementación de los mecanismos
nacionales en Brasil, Colombia, Honduras y México, así como evaluar las
políticas públicas de protección de personas defensoras en Guatemala.
Este análisis es el resultado de años de observación por Amnistía
Internacional sobre la situación de las defensoras y defensores de los
derechos humanos en la región y en su estrecha colaboración con las
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de cada
país, señala el documento.
Al final del texto de la investigación Amnistía Internacional señala recomendaciones a los Estados entre las que figuran una perspectiva integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos; que las medidas de protección se decidan con las personas afectadas y que se destaque públicamente la labor legítima de quienes defienden los derechos fundamentales, entre otras recomendaciones.
Honduras: El Estado ya identificó las amenazas pero no las investiga
Amnistía Internacional describe que fue informado por el Estado de Honduras a través del Ministerio de Gobernación que “se ha identificado que los principales patrones de amenazas o ataques contra personas defensoras son el seguimiento por vehículos desconocidos, amenazas a través de redes sociales, sabotaje de sus vehículos personales, así como amenazas anónimas”.
Agrega que según información brindada por la Dirección General del Sistema de Justicia, el Sistema de Protección recibió, en los dos primeros meses de 2018, 262 solicitudes de protección de las cuales 173 se encontraban en trámite y 67 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley de protección.
Sin embargo en la investigación queda al descubierto lo que se ha venido señalando por parte de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras sobre el triste papel que juega el Ministerio Público que linda con la complicidad de los perpetradores pues a pesar de tener conocimiento de los ataques, ninguna investigación se ha realizado que lleve a los responsables a tener sanciones de desmontarían los patrones de ataques y se rompería con el círculo de la impunidad.
Esta entidad que forma parte de los actores estatales dentro de la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, tiene además una precaria participación en el Consejo Nacional de Protección, en la mayoría de los casos ninguna persona es enviada para que participe de las reuniones y en el Comité Técnico llega pero pareciera que no asiste debido a que a pesar que allí los beneficiarios de la Ley señalan que sus expedientes “han desaparecido” o que sus denuncias no tienen avances investigativos, ni siquiera se opina nada y no hay rectificación de los errores.
“La organización ha tenido conocimiento que los representantes de esta institución no asisten sistemáticamente a las reuniones del Consejo Nacional”, destaca Amnistía Internacional al referirse a la Fiscalía.
Para Amnistía Internacional un mejor funcionamiento del Sistema quedaría asegurado si se refuerza la coordinación con la Fiscalía para lograr una investigación pronta y efectiva sobre los ataques y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Qué pasa en otros países?
En abril de 2016, se emitió el decreto 8724 que institucionalizó el Programa Nacional de Defensores de Derechos Humanos. 8 Según el Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el decreto ha debilitado la protección de personas defensoras, ya que suprimió la participación de la sociedad civil en la coordinación nacional del programa, que desde su creación participaba en el proceso de análisis de riesgo, proponía estrategias de protección y de enfrentamiento a las cuestiones estructurales, y deliberaba en los casos de inclusión y exclusión del Programa.
En Colombia el mecanismo ha hecho algunos avances en relación con la adopción de un protocolo para la implementación de un plan de protección colectiva para personas defensoras y brindar protección a todo un grupo o comunidad en riesgo. Sin embargo, las medidas previstas siguen siendo principalmente individuales y ofrecidas por miembros de la policía.
Algunas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que las medidas individuales como la asignación de un chaleco blindado no tienen en consideración el contexto, los enfoques diferenciales, etario y de género y en ocasiones, pueden acentuar el riesgo de las personas protegidas en zonas de conflicto armado. De igual manera este tipo de medidas no producirían efecto positivo toda vez que los riesgos son de carácter colectivo que no se mitigan mediante estas medidas físicas e individuales.
En Guatemala no existe un mecanismo único de protección como lo hay en los países antes mencionados. Sin embargo, la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos (COPREDEH), el Viceministerio de Gobernación, y el Ministerio Público poseen divisiones internas encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y de analizar patrones de ataques con el fin de adoptar medidas dirigidas a abordar sus causas estructurales.
En 2008, el Ministerio de Gobernación creó, mediante el Acuerdo Ministerial No. 103-2008, la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos con el objetivo de determinar y analizar los patrones de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. La instancia está conformada por un representante del Ministerio de Gobernación, un representante de la Dirección General de Inteligencia Civil y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Civil.
Por su parte, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) informó a Amnistía Internacional que considera que la Instancia está institucionalmente desmantelada y que ya no cuenta con los recursos necesarios para garantizar la protección efectiva de defensores y defensoras de derechos humanos. UDEFEGUA lamenta que la mayoría de los casos que han sido incorporados dentro de su atención son policías y alcaldes considerados como operadores de justica, lo que, según la organización, resta atención a defensores en riesgo y permite priorizar sólo aquellos casos en donde la presión se ejerce de forma directa.
En lo que respecta al Mecanismo de Protección de México Amnistía Internacional ha notado que el enfoque mayoritario del Mecanismo al momento de brindar protección a quienes se encuentran en riesgo es muy restringido, pues éste está limitado a un catálogo de medidas que poseen un enfoque policial y reactivo, en vez de buscar medidas estructurales que aborden las causas subyacentes de la violencia contra defensores y periodistas. Además, se tienen en cuenta en los casos a todos los actores pertinentes en situación de riesgo, como la organización a la que está afiliada la persona o su familia.
RECOMENDACIONES
Amnistía Internacional valora los esfuerzos para la creación y establecimiento de herramientas para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Sin embargo, la organización considera que la creación de mecanismos efectivos e inmediatos de protección debe venir acompañado de una política pública integral que atienda las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos.
Esta política debe contemplar un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las necesidades de protección de personas defensoras de derechos humanos (género, etnia, edad etc.).
También debe existir un compromiso público de los Estados y de otros sectores responsables para garantizar la defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.
En ese sentido, Amnistía recomienda a los Estados que:
• Incorporen una perspectiva integral sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en la legislación, planes, programas y políticas que se creen en la materia, de tal modo que se tomen medidas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización y la discriminación.
• Reconozcan públicamente, desde los más altos niveles de las autoridades locales y nacionales, la labor legítima que realizan las personas defensoras de derechos humanos.
• Promuevan y difundan ampliamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.
• Implementen campañas públicas de difusión de las herramientas de protección de personas defensoras.
• Garanticen amplios procesos participativos de la sociedad civil durante la adopción de normativas y mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos
. • Adopten enfoques preventivos y colectivos dentro de las estrategias de protección que se ofrecen a personas defensoras de derechos humanos.
• Aseguren que las medidas de protección adoptadas se decidan en consulta con las personas afectadas y de acuerdo a sus deseos.
Capaciten de forma constante y continua a funcionarios y funcionarias públicos sobre el marco internacional del derecho a defender derechos humanos.
• Asignen los recursos humanos, físicos y financieros para la ejecución de las actividades necesarias para la protección de personas defensoras.
• Fortalezcan la coordinación entre los mecanismos y las autoridades a cargo de investigación penal, con el objetivo de coordinar e impulsar investigaciones de forma pronta, exhaustiva, independiente e imparcial a los ataques, amenazas y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, y lleven ante la justicia a los responsables tanto de carácter material como intelectual.
Lea el estudio completo Aquí
Al inicio de la última semana de septiembre tenía lugar en
Estados Unidos la asamblea general de la ONU por la paz, bajo el nombre
del inmortal luchador africano Nelson Mandela.
Honduras estuvo representada en el gran salón de la ONU en Nueva York por un impostor que habló casi al vacío.
En el evento, mientras el lamentable presidente estadounidense producía risas, el lamentable impostor hondureño vaciaba la sala con un discurso incoherente, impensable, ridículo.
Haber llegado hasta la asamblea general de naciones unidas a promover una fórmula universal de reducción de la pobreza desde el país más desigual de América, empobrecido por los corruptos y los violentos, era sin duda una tontería. Y no sólo un atrevimiento irresponsable.
La CEPAL y muchos otros centros de estudio de la desigualdad y la pobreza, coinciden que Honduras decrece, muere lentamente en manos de quienes la destruyen en nombre de la democracia.
En los últimos 15 años alrededor de un millón y medio de hondureños atravesaron ríos, océanos y muros de granito para huir del desempleo y, particularmente, de la violencia generada por el Estado, que es hoy una banda organizada de delincuentes. Se fueron huyendo del horror.
Haber utilizado el gran púlpito de Nueva York para preguntar por el número de tazas diarias de café que los diplomáticos beben, para promover el consumo de los frutos de este monocultivo quizás el más devastador de las partes altas de Honduras donde nacían las fuentes del agua dulce, es triste. Y es más triste aún porque ese discurso era pronunciado en el mismo momento que los desesperados productores de café piden acceso a sus fondos de retención. Piden que la dictadura no les robe su dinero.
Pero en esto que sigue hay consenso, lo más impactante sin duda, lo más escalofriante, es el pedido que Juan Orlando Hernández hace a las Naciones Unidas para reconocer las maras 13 y 18 como los nuevos violadores de derechos humanos en Honduras.
Un pedido que confiesa literalmente el fracaso total del partido liberal y el partido nacional, junto a todo ese montón de militares y policías que se tragan el presupuesto nacional. Un pedido que, además, confiesa ignorancia y absoluta mala fe.
Aquí no hay ninguna lucha contra maras y pandillas, ni contra los carteles del crimen organizado, porque las maras y pandillas y los carteles, son los mismos grupos oficiales que asaltaron el Estado en 2009 y que se mantienen en control gracias al respaldo del gobierno de Estados Unidos.
Como han dicho casi todos los análisis serios de esta semana, ese discurso de Hernández avergüenza la nación. Y debe ser seguido muy de cerca por la propia ONU a fin de impedir su manipulación perversa, que impactará sobre la seguridad y la vida de las personas defensores de derechos humanos.
Afortunadamente esta semana ocurrió un hecho trascendental. La Corte de Justicia tuvo que acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la restitución a sus cargos de cuatro jueces que habían sido despedidos por oponerse al rompimiento constitucional de 2009, que ese poder del Estado avaló cobardemente.
Como ha expresado el reconocido abogado Joaquín Mejía, “esta sentencia representa una victoria moral y jurídica no solo para la magistrada Flores Lanza y los jueces López Lone, Barrios y Chévez de la Rocha, sino también para todos aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que valientemente cumplieron con su deber de defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía”.
Y al mismo tiempo – analiza el abogado Mejía – la sentencia representa una bofetada ética para aquellos y aquellas que se plegaron al poder de facto, que guardaron silencio y se convirtieron en cómplices y victimarios de los crímenes cometidos. Mínimamente deberían sentir vergüenza”.
¡Duro contra ese silencio esta noche, y todas las noches y días, y a seguir el litigio internacional, que nos permita probar los hechos y procurar la justicia, siempre.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 29 septeimbre de 2018
Al final del texto de la investigación Amnistía Internacional señala recomendaciones a los Estados entre las que figuran una perspectiva integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos; que las medidas de protección se decidan con las personas afectadas y que se destaque públicamente la labor legítima de quienes defienden los derechos fundamentales, entre otras recomendaciones.
Honduras: El Estado ya identificó las amenazas pero no las investiga
Amnistía Internacional describe que fue informado por el Estado de Honduras a través del Ministerio de Gobernación que “se ha identificado que los principales patrones de amenazas o ataques contra personas defensoras son el seguimiento por vehículos desconocidos, amenazas a través de redes sociales, sabotaje de sus vehículos personales, así como amenazas anónimas”.
Agrega que según información brindada por la Dirección General del Sistema de Justicia, el Sistema de Protección recibió, en los dos primeros meses de 2018, 262 solicitudes de protección de las cuales 173 se encontraban en trámite y 67 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley de protección.
Sin embargo en la investigación queda al descubierto lo que se ha venido señalando por parte de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras sobre el triste papel que juega el Ministerio Público que linda con la complicidad de los perpetradores pues a pesar de tener conocimiento de los ataques, ninguna investigación se ha realizado que lleve a los responsables a tener sanciones de desmontarían los patrones de ataques y se rompería con el círculo de la impunidad.
Esta entidad que forma parte de los actores estatales dentro de la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, tiene además una precaria participación en el Consejo Nacional de Protección, en la mayoría de los casos ninguna persona es enviada para que participe de las reuniones y en el Comité Técnico llega pero pareciera que no asiste debido a que a pesar que allí los beneficiarios de la Ley señalan que sus expedientes “han desaparecido” o que sus denuncias no tienen avances investigativos, ni siquiera se opina nada y no hay rectificación de los errores.
“La organización ha tenido conocimiento que los representantes de esta institución no asisten sistemáticamente a las reuniones del Consejo Nacional”, destaca Amnistía Internacional al referirse a la Fiscalía.
Para Amnistía Internacional un mejor funcionamiento del Sistema quedaría asegurado si se refuerza la coordinación con la Fiscalía para lograr una investigación pronta y efectiva sobre los ataques y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Qué pasa en otros países?
En abril de 2016, se emitió el decreto 8724 que institucionalizó el Programa Nacional de Defensores de Derechos Humanos. 8 Según el Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el decreto ha debilitado la protección de personas defensoras, ya que suprimió la participación de la sociedad civil en la coordinación nacional del programa, que desde su creación participaba en el proceso de análisis de riesgo, proponía estrategias de protección y de enfrentamiento a las cuestiones estructurales, y deliberaba en los casos de inclusión y exclusión del Programa.
En Colombia el mecanismo ha hecho algunos avances en relación con la adopción de un protocolo para la implementación de un plan de protección colectiva para personas defensoras y brindar protección a todo un grupo o comunidad en riesgo. Sin embargo, las medidas previstas siguen siendo principalmente individuales y ofrecidas por miembros de la policía.
Algunas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que las medidas individuales como la asignación de un chaleco blindado no tienen en consideración el contexto, los enfoques diferenciales, etario y de género y en ocasiones, pueden acentuar el riesgo de las personas protegidas en zonas de conflicto armado. De igual manera este tipo de medidas no producirían efecto positivo toda vez que los riesgos son de carácter colectivo que no se mitigan mediante estas medidas físicas e individuales.
En Guatemala no existe un mecanismo único de protección como lo hay en los países antes mencionados. Sin embargo, la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos (COPREDEH), el Viceministerio de Gobernación, y el Ministerio Público poseen divisiones internas encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y de analizar patrones de ataques con el fin de adoptar medidas dirigidas a abordar sus causas estructurales.
En 2008, el Ministerio de Gobernación creó, mediante el Acuerdo Ministerial No. 103-2008, la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos con el objetivo de determinar y analizar los patrones de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. La instancia está conformada por un representante del Ministerio de Gobernación, un representante de la Dirección General de Inteligencia Civil y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Civil.
Por su parte, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) informó a Amnistía Internacional que considera que la Instancia está institucionalmente desmantelada y que ya no cuenta con los recursos necesarios para garantizar la protección efectiva de defensores y defensoras de derechos humanos. UDEFEGUA lamenta que la mayoría de los casos que han sido incorporados dentro de su atención son policías y alcaldes considerados como operadores de justica, lo que, según la organización, resta atención a defensores en riesgo y permite priorizar sólo aquellos casos en donde la presión se ejerce de forma directa.
En lo que respecta al Mecanismo de Protección de México Amnistía Internacional ha notado que el enfoque mayoritario del Mecanismo al momento de brindar protección a quienes se encuentran en riesgo es muy restringido, pues éste está limitado a un catálogo de medidas que poseen un enfoque policial y reactivo, en vez de buscar medidas estructurales que aborden las causas subyacentes de la violencia contra defensores y periodistas. Además, se tienen en cuenta en los casos a todos los actores pertinentes en situación de riesgo, como la organización a la que está afiliada la persona o su familia.
RECOMENDACIONES
Amnistía Internacional valora los esfuerzos para la creación y establecimiento de herramientas para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Sin embargo, la organización considera que la creación de mecanismos efectivos e inmediatos de protección debe venir acompañado de una política pública integral que atienda las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos.
Esta política debe contemplar un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las necesidades de protección de personas defensoras de derechos humanos (género, etnia, edad etc.).
También debe existir un compromiso público de los Estados y de otros sectores responsables para garantizar la defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.
En ese sentido, Amnistía recomienda a los Estados que:
• Incorporen una perspectiva integral sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en la legislación, planes, programas y políticas que se creen en la materia, de tal modo que se tomen medidas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización y la discriminación.
• Reconozcan públicamente, desde los más altos niveles de las autoridades locales y nacionales, la labor legítima que realizan las personas defensoras de derechos humanos.
• Promuevan y difundan ampliamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.
• Implementen campañas públicas de difusión de las herramientas de protección de personas defensoras.
• Garanticen amplios procesos participativos de la sociedad civil durante la adopción de normativas y mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos
. • Adopten enfoques preventivos y colectivos dentro de las estrategias de protección que se ofrecen a personas defensoras de derechos humanos.
• Aseguren que las medidas de protección adoptadas se decidan en consulta con las personas afectadas y de acuerdo a sus deseos.
Capaciten de forma constante y continua a funcionarios y funcionarias públicos sobre el marco internacional del derecho a defender derechos humanos.
• Asignen los recursos humanos, físicos y financieros para la ejecución de las actividades necesarias para la protección de personas defensoras.
• Fortalezcan la coordinación entre los mecanismos y las autoridades a cargo de investigación penal, con el objetivo de coordinar e impulsar investigaciones de forma pronta, exhaustiva, independiente e imparcial a los ataques, amenazas y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, y lleven ante la justicia a los responsables tanto de carácter material como intelectual.
Lea el estudio completo Aquí
UNA SEMANA IMPACTANTE
Honduras estuvo representada en el gran salón de la ONU en Nueva York por un impostor que habló casi al vacío.
En el evento, mientras el lamentable presidente estadounidense producía risas, el lamentable impostor hondureño vaciaba la sala con un discurso incoherente, impensable, ridículo.
Haber llegado hasta la asamblea general de naciones unidas a promover una fórmula universal de reducción de la pobreza desde el país más desigual de América, empobrecido por los corruptos y los violentos, era sin duda una tontería. Y no sólo un atrevimiento irresponsable.
La CEPAL y muchos otros centros de estudio de la desigualdad y la pobreza, coinciden que Honduras decrece, muere lentamente en manos de quienes la destruyen en nombre de la democracia.
En los últimos 15 años alrededor de un millón y medio de hondureños atravesaron ríos, océanos y muros de granito para huir del desempleo y, particularmente, de la violencia generada por el Estado, que es hoy una banda organizada de delincuentes. Se fueron huyendo del horror.
Haber utilizado el gran púlpito de Nueva York para preguntar por el número de tazas diarias de café que los diplomáticos beben, para promover el consumo de los frutos de este monocultivo quizás el más devastador de las partes altas de Honduras donde nacían las fuentes del agua dulce, es triste. Y es más triste aún porque ese discurso era pronunciado en el mismo momento que los desesperados productores de café piden acceso a sus fondos de retención. Piden que la dictadura no les robe su dinero.
Pero en esto que sigue hay consenso, lo más impactante sin duda, lo más escalofriante, es el pedido que Juan Orlando Hernández hace a las Naciones Unidas para reconocer las maras 13 y 18 como los nuevos violadores de derechos humanos en Honduras.
Un pedido que confiesa literalmente el fracaso total del partido liberal y el partido nacional, junto a todo ese montón de militares y policías que se tragan el presupuesto nacional. Un pedido que, además, confiesa ignorancia y absoluta mala fe.
Aquí no hay ninguna lucha contra maras y pandillas, ni contra los carteles del crimen organizado, porque las maras y pandillas y los carteles, son los mismos grupos oficiales que asaltaron el Estado en 2009 y que se mantienen en control gracias al respaldo del gobierno de Estados Unidos.
Como han dicho casi todos los análisis serios de esta semana, ese discurso de Hernández avergüenza la nación. Y debe ser seguido muy de cerca por la propia ONU a fin de impedir su manipulación perversa, que impactará sobre la seguridad y la vida de las personas defensores de derechos humanos.
Afortunadamente esta semana ocurrió un hecho trascendental. La Corte de Justicia tuvo que acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la restitución a sus cargos de cuatro jueces que habían sido despedidos por oponerse al rompimiento constitucional de 2009, que ese poder del Estado avaló cobardemente.
Como ha expresado el reconocido abogado Joaquín Mejía, “esta sentencia representa una victoria moral y jurídica no solo para la magistrada Flores Lanza y los jueces López Lone, Barrios y Chévez de la Rocha, sino también para todos aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que valientemente cumplieron con su deber de defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía”.
Y al mismo tiempo – analiza el abogado Mejía – la sentencia representa una bofetada ética para aquellos y aquellas que se plegaron al poder de facto, que guardaron silencio y se convirtieron en cómplices y victimarios de los crímenes cometidos. Mínimamente deberían sentir vergüenza”.
¡Duro contra ese silencio esta noche, y todas las noches y días, y a seguir el litigio internacional, que nos permita probar los hechos y procurar la justicia, siempre.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 29 septeimbre de 2018
Piden expulsión de Luis Zelaya del Partido Liberal
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Varios dirigentes de la juventud del Partido Liberal de Honduras
solicitaron al Tribunal de Honor la expulsión de Luis Zelaya Medrano y
la destitución como presidente del Consejo Central del Partido Liberal,
informó Gessler Eguigurems, presidente del Instituto de la juventud
liberal.
Esta
tarde cuando el tribunal de honor se reunió para dar a conocer que no
se expulsaba a los diputados que asistieron a la toma de posesión de
Juan Hernández, Eguigurems junto a otros jóvenes y sin directivos de
peso, llegaron a presentar la petición para la expulsión de Zelaya
Medrano.
De
acuerdo a la petición, Luis Zelaya está dirigiendo mal ese instituto
político y por esa razón debe ser expulsado del partido porque además
está generando mucha división a lo interno.
Eguigurems
dijo que hoy han presentado la petición con base a los estatutos y al
reglamento disciplinario para que el Tribunal de Honor le dé trámite y
se revisen los hechos presentados y emitan una resolución.
“Luis
Zelaya no anda por el mejor camino, anda por un camino totalmente
herrado y está creando gran malestar con sus actuaciones, primero
electorales y ahora en la dirección del partido”, señaló Eguigurems.
Uno
de los señalamientos que se hacen contra Luis Zelaya es nepotismo
porque tiene a un hermano integrando el consejo central ejecutivo.
En
la campaña pasada Gessler Eguigurems se sumó a la Alianza de Oposición
contra la Dictadura porque dijo que no creía en Luis Zelaya.
Hoy
muchos dirigentes de barrio del Partido Liberal sacaron a empujones a
Gessler Eguigurems de la sede del Consejo Central Ejecutivo acusándolo
de no pertenecer a las filas de esa institución política, porque previo a
las elecciones de noviembre de 2017 anunció su integración al Partido
Libertad y Refundación (Libre).
¿Contra Luis Zelaya?
Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Para los lucidos L.Ch, FM. y RPC.
No
soy su amigo y no hago acepción de persona. No le debo más que a la
banca, a una dama y al comercio, y yo solo debo dinero. A nadie le pido y
de nadie espero beneficios ni favores. A los hombres públicos hay que
hacerles reconvenciones públicas. Y como Luis también es joven y quizás
todavía pueda aprender, permítaseme señalar que ha cometido varios
errores y ofrecerle un consejo gratis. No hacía falta la confrontación
abierta y menos con gente que no tenía vela en ese entierro. Nada pidió
ni recibió LIBRE en contra suyo. Nada hizo Mel que no fuera obligado
para los fines de la causa, al aceptar un puesto en la Interventora del
Registro. Pecó Luis Ud. de soberbio otra vez. La soberbia siempre fue
mala consejera y nunca quedará de pie. Ya lo sabía el griego.
Casi
todos los que lo acusan y los que Ud. ha acusado son pillos conocidos,
pero ¿se fueron algunos inocentes en la colada? En la política, como en
el amor, por lo demás, L. hay que hacer todo con precisión prudencia y
suavidad, incluso o especialmente la extirpación del cáncer. Hay que
vivir el momento (los pedantes dicen coyuntura) en vez de recurrir a los
pecados que el tiempo se llevó. Y la expulsión no ha funcionado. A la
cabeza del Central Ejecutivo del P.L. mi padre, Rodolfo Pastor y Carlos R
Reina expulsaron en 1972 a los diputados que ocuparon una curul en un
Congreso salido de elección dolosa. Pero no logró rectificación ninguna y
a Reina le tomó 20 años regresar, años que no tenemos.
No
hay que caer en emboscadas en la cueva ajena. El Partido tiene Casa.
Todos los liberales pueden acudir ahí con propuestas. Y sus funcionarios
pueden acudir cuando sea preciso a cualquier lado a negociar con
cualquiera, afuera, en lugares asoleados y amplios, frente a testigos.
Menos en secreto a la umbrosa caverna en la que -veinte años después- se
pretende seguirle dictando pautas, fuera de su institucionalidad. En su
descargo de Ud. debo decir que quizás no le quedaba más remedio. Que lo
estaban tratando de humillar. Se dio cuenta a tiempo. Y solo podía
optar por ser o no ser. Porque Ud. tiene enemigos que se proponían
anonadarlo. No voy a decir todo lo que se o se me ocurre, porque no
tengo derecho en tanto que ya no soy liberal. Me sacaron con Mel los del
Lado Oscuro. No sé si a Ud. también lo expulsaran.
Pero
a una comitiva que envió recién ese Lado Oscuro a cabildear a notables
sampedranos liberales, entre los cuales me encontraron casi por
casualidad, le declaré sin empacho que, más allá de esos errores, no
acepto reclamo contra Ud. Luis y más bien como ciudadano me siento
obligado con su valentía. Porque, se los remaché, me parece que sin
saberlo ni proponérselo, Luis Zelaya está haciendo o tratando de hacer
lo que yo me propuse cuando fundamos, con una docena de amigos (muertos
muchos ya, Roberto Sosa y Juan Domingo Torres, Rigoberto Paredes y
Leticia Oyuela, Salatiel Bu y Samy Kafaty) lo que se llamó el Movimiento
de Reforma Liberal, por sus siglas MORELI. Un movimiento interno del
liberalismo 1991 1993 que, aun sin tener estructuras, ni más
financiamiento que el que cada cual ponía, participó, abrió espacio y
fracasó planteando que el Partido Liberal tenia responsabilidad. Que
Honduras estaba enferma.
No
era (es) es una democracia si no, en todo caso una proto república. Que
padecía y padece de un letargo moral, provocado por la miseria y lo que
llamamos capitalismo de componendas y por falta de imaginación
política. Y que, puesto que la raíz de ese mal es la pervertida
conducción de las clicas partidarias, para remediarlo se precisaba, se
precisa una reforma profunda, con una visión moderna. Y en su orden se
necesitaba reformar al Partido, democratizándolo, para desde el poder,
reformar al gobierno desfigurado por los intereses creados y, mediante
el poder eficaz de un Estado que garantice el bien público, reformar a
la misma sociedad. Restaurarle valores. Despertar ciudadanía. El mismo
C. R. Reina (QDEP) nos quiso luego quitar la bandera, pregonando una
Revolución Moral que ganó la candidatura, pero no prevaleció al final
contra el sistema. En parte porque entendía que el problema era el
adversario. Enarboló el Plan de Miguel Facussé. Y los propios liberales
le aserrucharon el piso. Desde el Congreso, Flores protegió a Callejas
quien, al final, le entregó la siguiente, pagada con cartas de libertad,
perdón y olvido y el más puro de nuestros gobernantes terminó pagando
no recuerdo si 30 mil pesos por una rúbrica en un contrato de los Sextos
Juegos.
Quise
más tarde asaltar a la argolla formando parte de otra, y no funcionó.
Acepté regresar al gobierno con Mel porque este líder se comprometió con
democratizar de nuevo. También Mel se propuso lo que nos proponíamos
nosotros, forjar una genuina democracia. Después de la duda, Luis se
ganó el derecho a ser escuchado cuando denunció el fraude que el gringo
escondía. Quizás no lo defienda más, si no corrige. Pero no voy a salir a
batallar contra Luis. No es mi enemigo. Ni voy a aprovechar su traspié.
La novatada que se ha puesto en evidencia es justo lo que lo identifica
con la generación de jóvenes a quienes dedico esta.
Se
ha vuelto irritable, Mel y le repito que no debe insultar ni atacar a
Luis Zelaya como supongo que lo animan a hacer malos consejeros porque
no es la contradicción ni es el blanco. Saludo, a Mel, desde mi montaña
cuando renuncia otra vez a una candidatura que hubiera sido otro error.
Me ha gustado y aplaudo su conciencia de que hay que prevalecer contra
el sistema y su continuismo, y que para eso es preciso unificar la
oposición. El Lado Oscuro del Partido Liberal no es oposición. Es un
invento.
Ser
gringuero es un problema, tanto como vituperar al gringo. Porque junto a
los intereses corporativos propios y foráneos y las mafias que han
pervertido a la nonata republica de Honduras, los estadounidenses, con
sus políticas de alineamiento ideológico derivadas de las guerras frías y
calientes del último medio siglo y más han estorbado la democracia,
porque desconfían del pueblo allá y aquí más aún. Y para ponerlo a
prueba, Mel debe retar a Luis Z a unirse en la gran Coalición pro cambio
y democracia, sin exigirle nada más. Ni ofrecerle más que un sitial
frente a la tropa.
No
debe atacarlo más. Sino, por el contrario, adoptarlo, a Luis. Enseñarle
como le trató de enseñar a Salvador. (Era más difícil). No solo a salir
indemne del Aquelarre, si no a identificar bien al mismo Diablo entre
muchos impostores. Enseñarle a acercarse al pueblo, única fuente de
autoridad y fuerza democrática. A sudar sin protesta entre el gentío y a
darle la mano a quien la tiene embarrada de lo real, para ganarse la
sonrisa de su voto. Debe enseñarle a tener contento entre la gente y a
dejar que la gente lo rodee con un aura de esperanza. Solo juntos
podemos construirla.
DE VUELTA A CLASES, MEDIOS SILENCIOSOS EN SEMANA DE TORMENTOS
- Publicado: 10 Octubre 2018
Honduras
es la eterna promesa de una tierra y de un pueblo que aspira a salir de
la humillación, pero sigue atrapada en la basura de la herencia
colonial por una clase política antinacional, rapaz y “bestial” como la
llama el recio analista Murillo Selva.
Reflexión / EL LIBERTADOR
El
hondureño se ha vuelto un crítico implacable, dirá que los medios de
comunicación son irresponsables, que callaron la tragedia, que bailaban
mientras el sucio Choluteca se tragaba Tegucigalpa, cuando la lluvia
tapaba las lágrimas y cuando Juan Pablo veía la oportunidad de morir
saltando al río embravecido; nadie cree que COPECO ignoraba el
pronóstico de la fatal tormenta que no advirtió Lisandro Rosales, aun
cuando dispone del avanzado Centro de Estudios Atmosféricos,
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Muchos
no perdonan que Lisandro por tanto ajetreo con el tiempo, organizando
el plan de contingencias para el feriado se le fue por alto la consulta
del clima al poderoso sistema de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de EE.UU. (NOAA), que emite advertencias satelitales
precisas con antelación de hasta quince días sobre condiciones
meteorológicas peligrosas, prepara cartas de mares y de cielos y...
¡vale riata!, etc.
Después
de una actualización de 44 millones de dólares en enero de 2016, el
NOAA tiene capacidad de realizar casi tres billones de cálculos por
segundo; ¡mmm!, parece que esa tecnología puede predecir cambios del
tiempo y del clima en cualquier sitio del planeta. Aaah, el hombrón
olvidó también pedir los mapas globales que cada seis horas registran
los súper radares de ultramar del Centro Nacional de Huracanes de Miami
(NHC, en inglés, para la próxima Lisandro).
Ese
paisano de redes, reclama que gobierno y periodistas, en vez de invitar
a pensar a la población, actuaron como pomponeras del régimen,
arengando viajes en esta cíclica temporada de huracanes, que se fueran a
las playas –quizá sin los diez mil lempiras que JOH contó andaba cada
parroquiano—, pero que salieran de sus casas, adonde fuera; urgía llegar
a los dos millones de turistas que el oráculo de Epaminondas Marinakys juró invadirían, con bolsillo feliz y estómago todoterreno, los bellos parajes del confort hondureño.
Los
ilusionistas de este éxodo, (“dinámica” dicen los expertos) generaría
5.700 empleos temporales exactos, según cálculo matemático estadístico
de Madero y circularían unos 3.000 millones de lempiras, cifra corta
para los magos Silvestri y Epaminondas
que tuvieron la visión de 5.000 millones derramándose sobre la economía
nacional. “No creo, muéstrenme las cifras”, les mandó decir el
incrédulo exgerente técnico del Banco Central, el doctor en
Macroeconomía, Claudio Salgado. El alcalde Asfura ni dijo ni hizo nada,
naufragó.
Honduras
estaba servida, como la tonta india dormida del despistado Colón, ya no
virgen, por supuesto; aparecieron las estrellas de la televisión
tradicional enseñando el radiante sol en el castillo de Omoa, viandas
humeantes adornaban el set; era carnaval en todo el control de canales,
amores virtuales en bikini ofrecían cerveza, la sensualidad insinuaba
muslos como promesa íntima para el almirante que subiera al barco de la
semana santa de tormentas.
“Estás
dura, dura, dura, dura, dura. Que estás dura, mano arriba porque tú te
ves bien. Estás dura mamacita, te fuiste de nivel …”, a este ritmo,
“Daddy Yankee” despidió del aire a los astros de la noticia positiva,
aceleró fuerte el reguetón, la pencada de “Chano”, el folklore
pueblerino, tomas viejas de pueblos varados como buques hundidos en
aguas sombrías.
Entonces
vino la noche y, con ella, el espanto de una tierra salvaje, de una
tribu que deambula por un territorio, sobrevive el más fuerte, el
lumpen, el menos sensible, el que no se enferma, el matón mayor o el más
hábil corrupto o corrupta. El vuelo multicolor de la Guara se perdió en
el horizonte del plasma. Lo frío y lluvioso se apoderó de un país que
quiso ser república en la mano de Francisco Morazán y en la mente de
Ramón Rosa, un país de “políticos bestiales”, como resume a esta élite
la experiencia analítica del doctor Murillo Selva.
La
lluvia exhibe en días repetitivos que muerte y dolor son condiciones de
estatus, hay que ser empobrecido, lloriqueadera que ya la raya, aquí a
nadie le importan, sólo al poeta Sosa, al final de cuentas, ante Dios,
cierta vez afirmó iracunda su excelencia, el cardenal Rodríguez, “dejen
de hablar de los pobres, siempre los habrá”, entre más feriados largos
haya, más se reduce la pobreza, mejor si es época de locura tropical, ya
las muertes por accidentes de tránsito se van a los penales con las de
homicidios, ¿entonces, cuál es el problema?
Cuentos
maravillosos, fábulas de animales, historias de amor, relatos de
crímenes, tragedias, narraciones picarescas, viajes de inversiones,
cuentos de turismo, novelas de caballería, etc., son sólo algunos de los
materiales que forman el texto de “Las Mil y Una Noches”, uno de los
libros más maravillosos de la literatura universal. Cuentan que las
historias están formadas por un antiguo libro persa llamado los “Mil
Mitos”.
En
este libro, los textos están encadenados, una historia lleva a la otra,
ya que Scheherezade, la narradora, se ve obligada a utilizar su
inteligencia y creatividad para salvar su vida, aunque sólo sea por un
día más. Ya viene la Navidad y otros feriados en lo que resta de cuatro
años, pero tiempo y clima no son lo mismo, el tiempo indica el presente
de un país incierto, el clima varía según circunstancias, finaliza el
diálogo de Garafulic, imposible la reelección, Oliva está nervioso, Luis
va con todo… El NOAA advierte que cambiará el clima de Scheherezade.
Política Neoliberal de Empleo: Un Fracaso
Honduras
está por cumplir otro año de ilegalidad y fraude, siendo los resultados
de ese proceso retardatario muy graves para el país. A la cúpula que
gobierna, sin embargo, jamás le importaron las terribles consecuencias
de su ambición incesante, pues sabían, desde que urdieron el cómplice
plan continuista, que sus jugadas políticas iban a debilitar las ya
maltratadas instituciones de la república. Y así fue como hundieron en
el desprestigio a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, al
Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, al
Congreso Nacional y todas sus estructuras dependientes. Planificaron
financiar su propuesta electoral incorrecta con el presupuesto público y
así lo hicieron, abonando el terreno para más corrupción y despilfarro.
La Maccih ha contribuido a que conozcamos con certeza cómo fueron
desviados fondos del erario para canalizarlos a las campañas electorales
por vía de testaferros, la mayor parte de ellos integrada con
profesionales universitarios a quienes la ética les es indiferente.
Instrumentaron para ese fin a todas las
instituciones importantes del país, pese al repudio expresado por
diversos sectores y a las reiteradas llamadas para que contuvieran sus
planes, destructivos de la incipiente democracia local. Ahora se cosecha
lo que el presidente de la república y su vicioso grupo sembraron en
años recientes pues Honduras enfrenta situaciones extremas de atraso e
injusticia; abundan la inconformidad, la ira y el repudio ante la cúpula
abusiva, cuyos escándalos revientan día a día; no se puede tapar al sol
con un dedo. Incluso en el extranjero trasciende la verdadera
naturaleza de este grupo abusivo que ha llevado su vicio muy lejos, que
tejió alianzas peligrosas y que creó y fomentó un ambiente propicio al
crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de activos, la corrupción y
el abuso de poder, ya prácticamente indetenibles.
El país es un nido continuo de protestas
cautas o declaradas. Primero fue el pueblo embravecido frente a un
fraude y una incorrección electoral consumada, después los
transportistas, los estudiantes, más tarde médicos y enfermeras. Las
conversaciones diarias se llenan con mordaces comentarios acerca del
presidente, la administración pública y su entorno, todos absolutamente
incapaces pues la situación social sigue caminos indefectibles hacia más
pobreza. Los resultados de la convocatoria a un diálogo político están
aún por verse ante la intención de los usurpadores para empantanar
cualquier intento que ventile temas incómodos para sus intereses y cada
día se retiran actores clave sin que se incorporen otros necesarios.
Estados Unidos, generoso durante mucho tiempo con las élites
empresariales y políticas corruptas del país, parece no estar dispuesto a
seguir financiando ese proyecto de latrocinio y promete ahora la
elaboración de una lista de corruptos del triángulo norte, amenaza que
tiene dedicatoria especial para quienes mal administran estos países.
INESTABILIDAD POLÍTICA, CAOS ECONÓMICO
Si sólo fuera la situación política, se
podría ser menos duro con el gobierno intruso y corrupto, pero no es
así. La política y la economía marchan siempre juntas y marcan
tendencias. En ambientes políticamente estables, con evolución
previsible y con respeto a la voluntad popular, a las instituciones y
sus leyes, se dan condiciones para el surgimiento de economías en
continuo mejoramiento. Honduras no escapa de esa lógica y por ello
podemos constatar que, junto a la crisis política, evoluciona una
situación económica y social dura para millones de ciudadanos.
Miremos las condiciones en que se vive
en Honduras. Cálculos conservadores confirman que, para el año 2016, el
65% de hondureños vivía en condiciones de pobreza, o sea sin ingresos
suficientes para satisfacer la necesidad alimentaria básica y otras
prioridades (vivienda, educación, salud, transporte). Como si no fuera
suficiente, la tragedia es mayor cuando se constata que dentro de ese
grupo existe otro segmento con gente más pobre, constituido por 42% de
la población total. Son quienes, en miseria, no tienen ingresos ni para
satisfacer las necesidades alimentarias primarias. En retrospectiva y
acorde con las fuentes oficiales, tenemos los mismos niveles de pobreza
que hace siete años, casi sin parangón en el continente, situación
alarmante e imperdonable si se reconoce que esos porcentajes no son
vacíos sino tragedias humanas que aumentan día a día en términos
absolutos. En resumen, ello representa un fracaso rotundo de la clase
gobernante en este y pasados gobiernos, que no ha sabido ni querido
enfrentar la tarea fundamental de todo quehacer político, cual es
generar condiciones de bienestar para el ciudadano. Tal retraso humano
conmueve la conciencia, peor cuando se constata que otros Estados,
incluso cercanos, han dado pasos contundentes para combatir y revertir
el hambre. Los niveles de pobreza en Costa Rica ascienden sólo al 20% y
la conclusión es obvia: esa nación es gobernada por una clase política
esmerada, sensible y concentrada en tareas de desarrollo, no como pasa
en Honduras, donde opera una élite indolente, cruel y entretenida en
afanes irrelevantes para el bienestar general. En Honduras la
distribución del ingreso es tan desigual que durante décadas ha matado a
millones de ciudadanos.
Según PNUD, en 2011 el 10% de la
población más rica del país acumulaba 40% del ingreso nacional. El
segundo 10% más rico concentraba el 18% de ese mismo ingreso. O sea que
20% de la población más rica acapara más de la mitad del ingreso
general, dejando al restante 80% en lipidia. La historia no finaliza
allí pues 52% del espectro demográfico hondureño, que está constituido
por mujeres, recibe menos ingreso que el hombre por las mismas
actividades, siendo más fuertemente golpeada con el desempleo. Los
supuestos triunfos de que alardean las autoridades gubernamentales son
falsos o de magros resultados. Al comparar con el año 2014 se observa
que las tasas de desempleo aumentaron en 2017, afectando al siete por
ciento de la población económicamente activa. Más de 170 mil jóvenes
desean entrar cada año a la vida productiva pero no hay, o son escasas,
las nuevas plazas. El 30% de personas entre 15 y 30 está desempleado. La
perspectiva es grave ya que 56% de los ocupados está subempleado, fuera
porque trabajan medio tiempo o en jornadas completas pero sin salario
mínimo. De allí el acuciante problema migratorio y la incapacidad de
frenar esa hemorragia que paradójicamente ya se ha convertido en la
fuente más sustancial de ingreso de divisas; es lo único que detiene que
millones de familias caigan en miseria.
EMPLEO Y ESPEJISMOS DEL EMPLEO
El desempleo no es sólo ausencia de
trabajo remunerado; también es problema de bajos ingresos. El INE afirma
que para 2017 el ingreso promedio del trabajador del sector privado fue
de L. 6285.oo por persona, comparado con L.5968.oo en 2014. El leve
incremento es de cinco por ciento en los recientes cuatro años, pero lo
consumió la inflación acumulada en ese mismo cuatrienio, adicional a las
alternativas de salarios por hora y mini-empleo, que precarizan más el
trabajo. Se hace claro, pues, que es manteniendo o reduciendo los
salarios reales que la doctrina oficial busca crear más puestos de
trabajo. El resultado es, por el contrario, menos ingresos en términos
reales y mayores grados de desempleo.
El publicitado programa 20/20 de empleo,
por su parte, considerado como la joya de la corona gubernativa, está
por concluir sin alcanzar siquiera 20% de sus objetivos ya que se halla
lejísimos de generar los 600 000 mil empleos prometidos, que incluso así
eran insuficientes. El programa se sustenta en una paradoja irreal pues
espera generar esa suma de empleos fomentando el aumento de la
inversión extranjera. Pero según el Banco Central, cuyas cifras no
siempre son confiables, la inversión de capitales extranjeros en
Honduras no creció en los pasados siete años, o muy ligeramente, por lo
que para cumplir las metas del 20/20 se deberá esperar ¡45 años!… Es una
situación similar a los atrasos del desarrollo que intencionalmente
ejecutan los malos políticos y que advierten que para que un niño del
presente obtenga una vida digna, saludable y plena tendrán que pasar
cinco generaciones, es decir 125 años… El país se hunde y los religiosos
siguen predicando sobre filisteos y del arca de Noé; los colegios
gremiales, con excepción del de economistas, callan; los medios
maquillan la realidad. Lo que implica que o nos rebelamos y tomamos la
corrección de estos desastres en nuestras manos o perecemos como
sociedad y nación.
País de Indignados. Octubre 03, Aniversario de Francisco Morazán, 2018.
ISMAEL MORENO, sj DARÍO EURAQUE VÍCTOR MEZA HELEN UMAÑA RODOLFO PASTOR FASQUELLE EDUARDO BÄHR PATRICIA MURILLO WILFREDO MÉNDEZ HUGO NOÉ PINO EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA MAURICIO TORRES MOLINERO RAMÓN ENRIQUE BARRIOS LETICIA SALOMÓN MARVIN BARAHONA JOAQUÍN MEJÍA MARIO ARDÓN RAFAEL DELGADO JULIO ESCOTO
ISMAEL MORENO, sj DARÍO EURAQUE VÍCTOR MEZA HELEN UMAÑA RODOLFO PASTOR FASQUELLE EDUARDO BÄHR PATRICIA MURILLO WILFREDO MÉNDEZ HUGO NOÉ PINO EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA MAURICIO TORRES MOLINERO RAMÓN ENRIQUE BARRIOS LETICIA SALOMÓN MARVIN BARAHONA JOAQUÍN MEJÍA MARIO ARDÓN RAFAEL DELGADO JULIO ESCOTO
La política de “tolerancia cero” en la frontera sólo ha creado caos
AP - LA JORNADA - 2 de octubre
Foto/AP
Washington, 2 de octubre .— Las
autoridades de inmigración no estaban preparadas para enfrentar las
consecuencias de la aplicación de la política de "cero tolerancia" en la
frontera con México, la cual dejó casi 3.000 niños separados de sus
padres, dijo el martes la oficina de monitoreo interno del Departamento
de Seguridad Nacional.
La confusión en la frontera creó
desinformación entre padres separados de sus hijos que no sabían por qué
los habían apartado de sus niños ni cómo encontrarlos, originó que los
menores de edad estuvieran detenidos por periodos más prolongados en
instalaciones fronterizas diseñadas para arrestos de poca duración, y
generó dificultades para identificar y reunir a las familias. Y el
atraso en los cruces fronterizos podría haber hecho que algunos
inmigrantes cruzaran la frontera de manera ilegal, según el informe.
Si bien el gobierno del presidente Donald
Trump ha sido ampliamente criticado por la política, las críticas
solían venir de oponentes políticos y no de investigadores
independientes, apolíticos.
Los investigadores de la Oficina del
Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus
siglas en inglés) compilaron el reporte tras hablar con unos 50
empleados de inmigración, 17 detenidos y padres que fueron separados de
sus niños y luego puestos en libertad. También revisaron documentos e
información. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio
de Control de Inmigración y Aduanas forman parte del DHS.
Funcionarios del DHS dicen que el informe
ilustra lo difícil que es aplicar leyes de inmigración inservibles y
mal escritas. El inspector general (dicen) mezcló equivocadamente lo que
les pasa a los migrantes detenidos al cruzar la frontera ilegalmente
con los migrantes que llegan a los cruces fronterizos legales para
solicitar asilo.
"Este gobierno ya no se hará de la vista
gorda con la inmigración ilegal y seguirá enviando a inmigrantes que
cruzan la frontera ilegalmente para que sean procesados judicialmente.
Estamos comprometidos a aplicar la ley y a asegurarnos de que las
acciones ilegales tengan consecuencias", dijo la portavoz del DHS Katie
Waldman.
Cruzar ilegalmente la frontera
estadounidense ya era un delito, pero las autoridades antes habían
evitado las separaciones de familias a gran escala. El gobierno de Trump
ha convertido el freno a la inmigración en una de sus prioridades y ha
trabajado para fortalecer lo que según funcionarios del gobierno son
leyes negligentes.
En mayo, las autoridades comenzaron a
presentar cargos criminales contra todos los que sean arrestados
cruzando la frontera de manera ilegal. Los niños fueron separados de sus
padres cuando los adultos fueron procesados.
Este cambio desató la indignación
nacional e internacional y el presidente eventualmente emitió una orden
ejecutiva para poner fin a las separaciones.
La Unión Americana de Libertades Civiles,
ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda a nombre de padres,
y un juez ordenó que las familias fueran reunidas. El proceso continúa,
aunque el gobierno ha dicho que ha reunido a los padres con sus hijos
en los casos admisibles.
"Miles de niños están viviendo
traumatizados debido al fiasco de la separación de familias del gobierno
de Trump", dijo Lee Gelernt, abogado a cargo del caso de la ACLU.
"Algunos padres quizás nunca volverán a ver a sus hijos. Este reporte
muestra no solo la crueldad de las medidas del gobierno de Trump, sino
también la ineptitud y la histórica incapacidad de prever las
devastadoras consecuencias y los efectos secundarios de esta política".
La multimillonaria industria de los centros de detención de niños inmigrantes en EE.UU.
Publicado: 14 jul 2018 03:50 GMT - RT
Actualmente, más de 11.800 niños con edades
comprendidas entre pocos meses y los 17 años se encuentran alojados en
alrededor de 90 instalaciones de una quincena de estados de EE.UU.
Una
pila de zapatos infantiles frente a un campamento de niños inmigrantes
en Tornillo, en Texas (EE.UU.), el 21 de junio de 2018.
Mike Blake / Reuters
La
detención de niños inmigrantes se ha convertido en una industria
emergente en Estados Unidos que mueve actualmente una financiación anual
de 1.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 10% en la última década, según se desprende de los resultados de un análisis realizado por AP.
Según los datos de la agencia, la cifra los subsidios de salud y de servicios humanitarios para alojar y dotar de bienestar infantil a aquellos niños migrantes no acompañados que fueron detenidos pasó de 74,5 millones de dólares en 2007 a 958 millones en 2017. La agencia también está analizando una nueva ronda de propuestas en medio del creciente esfuerzo de la Casa Blanca por mantener a los niños inmigrantes bajo la custodia del Gobierno.
Actualmente, más de 11.800 niños con edades comprendidas entre pocos meses y los 17 años, se encuentran alojados en alrededor de 90 instalaciones de una quincena de estados de EE.UU., entre ellos Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas y Washington. Los menores se hallan detenidos mientras sus progenitores esperan un procedimiento de inmigración y, en el caso de que no tengan ningún acompañante, ser ellos mismos objeto de dicho proceso.
Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), dijo a AP que se prevé que el presupuesto baste para obtener "la cantidad de camas necesarias para brindar atención adecuada a los menores".
Según la agencia, los principales destinatarios del programa de subvenciones han sido las organizaciones de Southwest Key y Baptist Child & Family Services, que desde 2008 han recibido 1.390 y 942 millones de dólares, respectivamente. Otra organización que salió muy beneficiada del programa fue International Educational Services, que percibió más de 72 millones de dólares durante el último año fiscal, antes de retirarse en medio de una ola de quejas por las condiciones de sus refugios.
Las destinatarios beneficiados, entre los que figuran organizaciones
sin ánimo de lucro e instituciones religiosas, alegan que los niños
están bien cuidados y que las enormes sumas de dinero son necesarias
para albergar, transportar, educar y proporcionar atención médica a los
miles de niños mientras cumplen con sus procedimientos gubernamentales y
las órdenes judiciales.
La práctica de la separación de las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. con México entró en vigor bajo la consigna de 'tolerancia cero' de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras las fuertes críticas y la polémica desatada a escala internacional, el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de las familias de migrantes en la frontera.
Según los datos de la agencia, la cifra los subsidios de salud y de servicios humanitarios para alojar y dotar de bienestar infantil a aquellos niños migrantes no acompañados que fueron detenidos pasó de 74,5 millones de dólares en 2007 a 958 millones en 2017. La agencia también está analizando una nueva ronda de propuestas en medio del creciente esfuerzo de la Casa Blanca por mantener a los niños inmigrantes bajo la custodia del Gobierno.
Actualmente, más de 11.800 niños con edades comprendidas entre pocos meses y los 17 años, se encuentran alojados en alrededor de 90 instalaciones de una quincena de estados de EE.UU., entre ellos Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas y Washington. Los menores se hallan detenidos mientras sus progenitores esperan un procedimiento de inmigración y, en el caso de que no tengan ningún acompañante, ser ellos mismos objeto de dicho proceso.
Presupuesto millonario
El pasado mes de mayo fueron propuestos cinco proyectos para la obtención de camas y guardias para vigilar las instalaciones que podrían suponer un desembolso de 500 millones de dólares. Se esperan nuevas propuestas para el próximo mes de octubre.Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), dijo a AP que se prevé que el presupuesto baste para obtener "la cantidad de camas necesarias para brindar atención adecuada a los menores".
Según la agencia, los principales destinatarios del programa de subvenciones han sido las organizaciones de Southwest Key y Baptist Child & Family Services, que desde 2008 han recibido 1.390 y 942 millones de dólares, respectivamente. Otra organización que salió muy beneficiada del programa fue International Educational Services, que percibió más de 72 millones de dólares durante el último año fiscal, antes de retirarse en medio de una ola de quejas por las condiciones de sus refugios.
¿Quién administra el dinero?
La práctica de la separación de las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. con México entró en vigor bajo la consigna de 'tolerancia cero' de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras las fuertes críticas y la polémica desatada a escala internacional, el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de las familias de migrantes en la frontera.
