HONDURAS: Criminalización: La variable constante entre las comunidades indígenas lencas de La Paz // Consejo de DDHH de la ONU adopta resolución sobre derechos campesinos // 18 líderes de Guapinol con órdenes de captura // Radio Progreso: Gobierno sigue aumentando presupuesto para el sector defensa y seguridad, señala FOSDEH // JOH causó otra vergüenza mundial a Honduras, reprocha experta en seguridad // Policía reprime manifestación en Choluteca, dejando niños heridos // Política neoliberal de empleo: Un fracaso // Cientos de niños inmigrantes son trasladados con nocturnidad a campamento en Texas // Los terribles sucesos en la frontera de EEUU que afectaron a niños migrantes // Suicidios de inmigrantes encarcelados en EE.UU. una epidemia al alza

Criminalización: La variable constante entre las comunidades indígenas lencas de La Paz

Por defensores -

30 septiembre, 2018

Un campesino de Cedros en el municipio de Opatoro, observa orgulloso los sembradíos de su comunidad.

Por Marvin Palacios.
Marcala, La Paz.-  La criminalización es el principal azote que promueve el actual régimen en contra de los anhelos de las comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz, que buscan recuperar tierras para su subsistencia y preservar los bienes comunes de la naturaleza.
Los pueblos indígenas lencas se consideran los guardianes de los recursos naturales como los ríos, bosques, flora y fauna, ya que, a través de generaciones, han convivido en perfecta armonía con sus recursos naturales.
Muchas  comunidades localizadas en tierras altas poco fértiles, están sometidas a un continuo proceso de asimilación cultural por parte de los ladinos, incluyendo la pérdida de su lengua y buena parte de sus rasgos y costumbres propias debido a la discriminación, directa e indirecta, la vulneración de sus derechos y la privatización de sus territorios.

Comunidad de Cedros, Opatoro, La Paz Una nueva gira realizada recientemente por un equipo de procuradoras y procuradores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH,  recogió los testimonios y las denuncias que apuntan a que uno de los principales azotes de los pueblos lencas. es la criminalización, seguida de la exclusión del actual régimen que por razones político-partidistas, no les brinda cobertura en programas sociales.
Centenares de hombres y mujeres  de las comunidades indígenas afrontan la constante preocupación por la sobrevivencia de sus familias, al que se añade la angustia por enfrentar procesos judiciales, producto de su lucha por un pedazo de tierra.
En la sede del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz-Honduras (Milpah), el equipo del Cofadeh desplazado a la zona de Marcala, acompañó a Ermin López, quien recibió la visita del Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales, Periodistas y Operadores de Justicia-
Dada la situación de vulnerabilidad con que desarrolla el trabajo de defensoría de derechos humanos, Ermin López, quien además es Comisionado de Sociedad Civil ante la Municipalidad de Chinacla y miembro de la Red de Defensores Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-PAZ), fue sometido a un análisis de riesgo, por parte del Mecanismo de Protección, a solicitud del Cofadeh, que busca salvaguadar  su integridad física y emocional.

“Por aspirar a una parcela de tierra para que vivan nuestras familias, es que se nos acusa”, comentó un dirigente campesino, que pidió guardar su nombre en anonimato.

Denuncias presentadas por López ante los entes estatales, contra empresas cafetaleras que contaminan los ríos de Chinacla,, los abusos de terratenientes que promueven la deforestación, afectando zonas hídricas y la demanda de transparencia en acciones desarrolladas por la Alcaldía de Chinacla, han sido el disparador de amenazas e intimidaciones en contra del defensor de derechos humanos indígenas lencas.
Otra decena de miembros y miembras de MILPAH también brindaron declaraciones al Mecanismo de Protección, ya que enfrentan situaciones de riesgo en sus comunidades.
Entre ellos se cuenta con defensores y defensoras de derechos humanos de Consejos Indígenas Lencas de Aguanqueterique, Cabañas, El Aguacatal, Concepción, San Sebastián, 10 de Junio y Candelaria, entre otros.
El mecanismo basó el análisis en 3 aspectos: Primero el contexto en que los defensores y defensoras realizan su trabajo, luego la existencia de personas (sean particulares o agentes del estado) que tengan la intencionalidad de causar daño y por último, la variable de la vulnerabilidad.
El Mecanismo de Protección informó al Cofadeh, que en un plazo de 2 a 4 semanas, tendrá listo los análisis de riesgo de las personas contactadas.
Por otro lado, el equipo del Cofadeh, visitó el jueves 27 de septiembre la comunidad de Cedros, localizada en la cima del municipio de Opatoro.
Cedros se compone de unas 25 familias, de las cuales, 17 indígenas lencas están acusados en los tribunales de justicia, de los delitos de usurpación de tierra y daños a la propiedad, a través de la utilización de recursos forestales.
“Por aspirar a una parcela de tierra para que vivan nuestras familias, es que se nos acusa”, comentó un dirigente campesino, que pidió guardar su nombre en anonimato.

Donatila Girón de Milpah El primer proceso judicial se produjo en 2005, cuando un contingente policial quemó sus viviendas. Los indígenas se dispersaron, pero volvieron a la recuperación del territorio; por lo que en 2012 fueron nuevamente acusados de usurpación.
La comunidad de Cedros no cuenta con energía eléctrica, contrario a la comunidad Superación, que sí disfruta de este servicio. Y la razón que expusieron los moradores, es que la comunidad beneficiada es afín a las autoridades municipales de Opatoro.
Es decir, que si alguien “no es nacionalista”, prácticamente está excluido de los beneficios de los programas de “Vida Mejor” y el “Bono Tecnológico”, comentó otro de los miembros de Cedros.
A pesar de las limitaciones y la exclusión de los programas sociales impulsados por el régimen usurpador del poder, que recae en Juan Orlando Hernández, las familias de Cedros siembran maíz, frijoles, yuca, piñas, naranjas, plátano, café y hortalizas para asegurar su sustento.
El área de Acceso a la Justicia del COFADEH, revisará los procesos judiciales que enfrentan las personas acusadas que han estado durante años, firmando el libro de registro de imputados en los juzgados de La Paz y Comayagua.

Denuncias recabadas revelan que aquellos que defienden los recursos naturales y que exigen al régimen, la consulta previa, libre e informada, son víctimas de hostigamientos, amenazas y persecución

El viernes 28 de septiembre, con el apoyo de varios miembros de la REDHIL-La Paz, el equipo del Cofadeh recolectó en la Casa de la Cultura de Marcala, una serie de testimonios y denuncias de varias comunidades indígenas lencas del departamento de La Paz.
Aquí se recibieron denuncias de la comunidad de Jilaperque en La Paz, donde varios de sus miembros están acusados de usurpación, por parte de la señoara, Digna Castillo que reclama como propios los territorios.
En 2015, unos 17 miembros de Jilaperque fueron criminalizados, los Juzgados de La Paz, dictaron medidas sustitutivas a la prisión para los acusados, quienes deben acudir periódicamente a los tribunales para firmar el Libro de Registro.
Otra de las denuncias registradas fue la del líder indígena lenca, José Adán Ortíz, quien  señaló que “el conflicto de nosotros en Aguanqueterique, es por la defensa del territorio, y los contrarios nos dicen a nosotros: ¿qué andás haciendo?, te van a matar, pero nosotros hemos aprendido que la vida se defiende con la vida”.
El sistema nos quiere desaparecer, poco a poco, metiéndonos temor, pero nosotros queremos recuperar lo perdido, apuntó.
Ortíz dijo que parte del territorio de su pueblo lenca, fue cercenado para el proyecto de las oligarquías centroamericanas, denominado “canal seco”.
Uno de los tantos testimonios registrados por el Cofadeh, fue  el brindado por el líder comunitario y presidente de Junta de Agua, Juan Francisco Vásquez; de la comunidad El Aguacatal en el municipio de San Jose-La Paz.
Vásques ha sido uno de los indígenas lencas que mostró su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Aurora 1, que opera en este municipio, y que es propiedad de la vice presidenta del Congreso Nacional y diputada nacionalista Gladys Aurora López.

“El conflicto de nosotros en Aguanqueterique, es por la defensa del territorio, y los contrarios nos dicen a nosotros: ¿qué andás haciendo?, te van a matar, pero nosotros hemos aprendido que la vida se defiende con la vida”: José Adán Ortíz

En 2009, fue forzado a vender parte de su propiedad para la operación de la hidroeléctrica. Los hostigamientos del entonces alcalde de San José-La Paz, Abel García, lo obligaron a emigrar a San Pedro Sula.
En 2017, cuando retornó, la comunidad de El Aguacatal le encargó la construcción de una ermita, pero esta situación le ha traído nuevas amenazas de parte de trabajadores de la hidroeléctrica.
El defensor de derechos humanos ha sufrido agresiones físicas, amenazas a muerte y daños a su propiedad.
Entretanto Donatila Girón del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz-Honduras (Milpah), dijo a www.defensoresenlinea.com que la tarea de Milpah está enfocada en la lucha de los territorios, la tierra, el agua, y  la obtención de los títulos comunitarios de todos los Consejos Indígenas Lencas de la Paz.
“El despojo se sigue dando, porque el Instituto Nacional Agrario (INA) cometió el error de dar títulos en donde ya había títulos ancestrales, entonces ese es uno de los problemas por los que estamos luchando”, sostuvo Girón.
La defensora de derechos humanos explicó que además están luchando contra la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, que está siendo manipulada para beneficio de grupos económicos nacionales y transnacionales, por parte de políticos en el Congreso Nacional.

Jose Adán Ortíz líder indígena Lenca de Aguanqueterique “Somos un pueblo indígena y por lo tanto nos basamos bajo el Convenio 169 de la OIT, y en el artículo 6 dice que todas las personas que viven en un asentamiento indígena, deben ser consultadas, y al pueblo, hasta ahorita no se le ha consultado, porque el gobierno viene a veces a hacer socializaciones de proyectos y afirma que eso es consulta, pero no es consulta”, advirtió la dirigente indígena lenca.
Añadió que una consulta previa, libre e informada, debe llegar hasta la última persona del lugar más remoto donde viva, para preguntarle si está de acuerdo o no, en instalar una represa hidroeléctrica, una eólica u otro proyecto de transnacionales.
Girón denunció a Patricia Izaguirre de la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh), que se ha dedicado “a montar paralelas en contra de nuestros Consejos Indígenas, como una maniobra para así dar paso a la consulta y que sea aprobada en el Congreso Nacional, estos de Dinafroh se están prestando para eso y andan por todo el departamento de La Paz, formando grupos paralelos”.
La reciente gira realizada del 26 al 28 de septiembre de 2108, del equipo del Cofadeh a varios municipios de la Paz, contó con el acompañamiento de personal técnico de Trocaire, agencia de cooperación que auspicia el proyecto denominado “Euro-Justicia”, que busca el empoderamiento en derechos humanos, asesoría y acompañamiento legal de las comunidades indígenas lencas de La Paz.

DERECHOS 29 de septiembre de 2018, 16:07hs - LR21

Consejo de DDHH de la ONU adopta resolución sobre derechos campesinos

La resolución protege y defiende los derechos a la tierra, las semillas, los mercados locales y el respeto a la biodiversidad de las comunidades agrícolas del planeta, y debe ser ratificada el próximo mes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Consejo de DDHH de la ONU adopta resolución sobre derechos campesinos. Foto: Via Campesina El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este viernes en Ginebra la resolución sobre Derechos de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Se trata de un paso previo para que la Organización de Naciones Unidas emita, en noviembre próximo, una declaración que protegerá y defenderá los derechos a la tierra, las semillas, los mercados locales y el respeto a la biodiversidad de las comunidades agrícolas del planeta.
La resolución fue aprobada con el apoyo de 33 países, 11 abstenciones y tres declaraciones en contra.
La Declaración de Derechos de los Campesinos parte de un trabajo impulsado, desde hace 17 años, por la Vía Campesina —un movimiento internacional que agrupa a unas 180 organizaciones campesinas del orbe—,y que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2008.
“Ha sido un camino largo y difícil, pero los campesinos, como personas que han visto lo peor de la pobreza y el abandono, también somos duros y nunca nos damos por vencidos”, manifestó Elizabeth Mpofu, coordinadora general de La Vía Campesina.
La declaración de la ONU servirá como marco para las legislaciones nacionales en cuanto a las políticas dirigidas a proteger los derechos de los y las campesinas, y mejorar los medios de subsistencia en las zonas rurales, así como al refuerzo de la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La resolución sobre Derechos de los Campesinos también contemplara la toma de medidas para una reforma agraria integral y la protección contra el acaparamiento de tierras.

Saludo de Evo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aplaudió la aprobación de la Declaración sobre los Derechos Campesinos efectuada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Saludamos que el Consejo de DDHH de la ONU haya aprobado hoy la Declaración sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, expresó Evo a través de Twitter.

18 líderes de Guapinol con órdenes de captura

Por defensores -

6 octubre, 2018

Alertamos a la comunidad nacional e internacional de la situación de vulnerabilidad  que enfrenta la  comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que tienen más de 68 días un campamento por la vida en defensa de los derechos del agua.
Por estas acciones han sido objeto de persecución, estigmatización y criminalización la población que está en defensa de los recursos naturales, ya que pesa una orden de captura en contra de 18 líderes de derechos humanos  y dirigentes sociales.
Se pide que se brinde la atención y la solidaridad necesaria a estos reclamantes de derechos violados.
Un medio de comunicación de la zona informó que además de la existencia de las 18 órdenes de captura, bajo expediente 148-2018, también existe un posible desalojo del campamento.
Es condenable la persecución y el hostigamiento que pesa sobre las organizaciones sociales y religiosas que está apoyado al pueblo en la defensa del agua, la tierra y el territorio, como son la fundación  San Alonzo Rodríguez, la Coordinadora de Organización Populares del Aguán (COPA)   y la Parroquia San Isidro.
Esperamos que no se concretice la ilegal e injustas órdenes de captura contra los pobladores, líderes religiosos  y defensores de derechos humanos en la zona.
Exhortamos a la comunidad nacional e internacional para que  se manifieste en defensa de las comunidades que lucha por la vida.
Comité de Familiares de  Detenidos de Desaparecidos en  Honduras (COFADEH).
Tegucigalpa, M.D.C., 6 de octubre de 2018

Gobierno sigue aumentando presupuesto para el sector defensa y seguridad, señala FOSDEH

• 05/10/2018

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras –FOSEH-, en su análisis del proyecto de Presupuesto General de la República 2019, destaca que entre las prioridades para la administración nacionalista está seguir aumentando los fondos para el sector seguridad y defensa.

Para el caso de la Secretaría de Defensa, en el año 2019, el aumento significará un 3.26%, explica Gissel Vásquez, investigadora del FOSDEH: “en el caso de Defensa se incrementó de 7 mil en 2018 a 8 mil en 2018, hablando en millones, en el caso de seguridad tuvo un incremento leve, tenía 6,583 y ahora tendrá aproximadamente 6,590, desde el año 2014 se ha mantenido esa tendencia, Defensa tiene más presupuesto”.

El FOSDEH además revela que el régimen nacionalista, a la cabeza de Juan Orlando Hernández, en los últimos tres años ha destinado entre 100 y 120 millones de lempiras para la importación o compra de bombas lacrimógenas, granadas, cartuchos y proyectiles.

Vásquez indica que durante los periodos en los que se desarrollaron las manifestaciones ciudadanas contra la corrupción, la impunidad, saqueo de recursos públicos y contra los resultados electorales se destinaron 120 millones de lempiras, es decir entre los años 2015 y 2017.

Asimismo, apunta que la compra de armas, municiones y accesorios ascendió a 450 millones de lempiras durante el año 2017.

Alianzas público-privadas

Aunado a lo anterior, en el presupuesto general de la república para el año 2019 se están destinando más de 250 millones de lempiras, que se utilizarán para cumplir los acuerdos con las alianzas público privadas, señala Ismael Zepeda, economistas del FOSDEH: “en algunos casos si se encuentra el registro, por ejemplo la carretera de Gracias hay que presupuestar 100 millones de lempiras por 10 años para pagarle al concesionario, y en el corredor turístico, por parte de ADASA se ha obligado a cumplir índice minino anual garantizado, estamos hablando de 250 millones de lempiras”.

Por otra parte, el FOSDEH muestra que el Estado Hondureño pierde anualmente 37 mil millones de lempiras por concepto de exoneraciones. Rodulio Perdomo, coordinador de investigaciones del FOSDEH, señala que el rubro de la maquila y las empresas generadoras de energía eólica y solar son las más beneficiadas con las exoneraciones, incentivos que generan fallos de mercado.

Honduras es campeona de pobreza

Cuestionando la falta información real de los alcances del Programada Vida Mejor, Rodulio Perdomo señala que en el país 64% de los hogares son pobres, por tanto Honduras se coloca como la campeona de la pobreza en América Latina.

Perdomo dice que un 42% de la población hondureña vive en extrema pobreza, y manifiesta que mientras no existan salarios dignos para sufragar las necesidades no se saldrá de dichos niveles de miseria.

Agrega que el proyecto de presupuesto público 2019 por grupo de gastos, se orienta principalmente para el pago de salarios.

“De nada sirve que se asignen recursos si las políticas públicas son también generadoras de pobreza, me refiero a las políticas de importar de muchos países aquello que crea desempleo y que crea subempleo, entonces lo que queremos señalar es que en el presupuesto, principal instrumento para desarrollar un país, se asignan 11 mil millones de dólares para el sector público pero que tiene poca incidencia para el bienestar general de la población”, apunta.

De acuerdo al análisis del FOSDEH, el pago del servicio de la Deuda Pública es un tercio más alto de lo aprobado para el 2018, es decir, aproximadamente más de 10 millones de lempiras.

Honduras: El secreto del desastre Por El Libertador
KAOS EN LA RED -  Publicado en: 1 octubre, 2018

El descontrol ha sido total en la última década, el endeudamiento público es la bomba secreta que cuando estalle desde todas direcciones, tirará las cifras reales que de manera clandestina guardan en el portafolio los funcionarios de Finanzas y del Banco Central.

El hambre de años obscurece el cielo de Honduras y, con la frescura habitual, el régimen declaró “emergencia alimentaria”; la maldita sequía exhibió otra vez la producción primitiva de granos básicos del campesino pobre. ¡Eso es cierto, pero no nuevo! Nunca los sistemas de riego como política pública agrícola han bañado los cultivos en el campo hondureño, “el gobierno de la fuerza” tampoco lo hizo. De las “fuerzas de tarea” sólo quedará el gasto militar.

Aunque hoy, el problema mayor que heredará Juan Hernández apenas se dimensiona, los economistas que lo explican no convienen, el tema pasa como “churro” en la agenda de la prensa tradicional, porque no comprende y se divierte más con espectáculos del foro político; el grito al cielo se oirá en los próximos años cuando Juan se haya ido, que no falta mucho. 

El descontrol ha sido total en la última década, el endeudamiento público es la bomba secreta que cuando estalle desde todas direcciones, tirará las cifras reales que de manera clandestina guardan en el portafolio los funcionarios de Finanzas y del Banco Central.

No siempre el pasado fue mejor, en términos de deuda pública sí, el gobierno actual ya comió en exceso, ya gastó el dinero que la economía y los hondureños producirán en el futuro, cada uno de los nueve millones de habitantes de Honduras –hasta los que están naciendo— deben más de 40 mil lempiras; en total la deuda contraída en nombre del pueblo suma alrededor de 384 mil millones de lempiras (unos 16 mil millones de dólares), según FOSDEH y economistas respetables que han ejercido altos cargos en la administración financiera del Estado.

JOH será recordado con frecuencia en tiempos venideros como el peor de los desastres, “la década pérdida”, los medios de comunicación mudos ahora, hablarán de la fatalidad financiera que heredará a nuevos gobernantes, los compromisos de deuda externa e interna anclan la pobreza y la miseria, niegan la opción de fondos para desarrollo social y drenan la riqueza nacional a precio de usura como práctica bancaria.

Esto es verídico, en los últimos cinco años, la sociedad hondureña ha pagado alrededor de 150 mil millones de lempiras en servicio de la deuda pública externa e interna, o sea, pago de capital más intereses, dónde éstos equivalen casi al 60 por ciento del total, por este mismo concepto, en 2019 Honduras pagará 40 mil millones de lempiras. La deuda interna ya supera los 100 mil millones de lempiras y para 2018 el gobierno proyectó endeudarse en otros 22 mil millones.

En efecto, el pésimo gobierno se expresa en que a la baja producción del país y a la última década de recesión de la economía que se ve en el cierre de empresas y abrumador desempleo, se agrega la mala distribución del dinero que suda el territorio. Al margen del miserable aparato productivo nacional, la raíz del mal no está en la producción, está en que la riqueza no se destina a la sociedad, va a las bolsas de banqueros del patio y extranjeros, por eso el BID y el FMI bailan como activistas de campaña en Tegucigalpa, lo que sobra se va en armas y gastos militares, en obras como la nueva Casa de Gobierno que pidió el Presidente, en el interminable lanzamiento presidencial que regala bolsas de comida y ordena filas casi todos los días en Casa Presidencial, de gente que a cambio del “bono fácil”, llena el Nacional cada 15 de septiembre y da vivas a Hernández en el evento oficial.

Hace veinte años, Honduras se graduó de “País Pobre Altamente Endeudado”, pronto tendrá el título de postgrado. La calamidad que JOH deja al país no es política, es económica.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2983-editorial-y-portada-el-libertador-impreso-sept-2018-el-secreto

JOH causó otra vergüenza mundial a Honduras, reprocha experta en seguridad

Publicado: 02 Octubre 2018

La destacada analista y socióloga hondureña, Leticia Salomón (foto), ha dicho que el gobernante Juan Hernández, “volvió avergonzarnos mundialmente”, pues siendo abogado, mostró absoluta ignorancia de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos en la tribuna de la ONU.

“En qué cabeza cabe ir a pedir que le den a maras y pandillas un reconocimiento como si fueran Estado legítimamente constituido, ya que todo jurista sabe que sólo los Estados violan los Derechos Humanos, porque legalmente son quienes están obligados a protegerlos, explica la destacada profesional de las Ciencias Sociales.

Redacción Central / Honduras

Tegucigalpa. Otra vergüenza mundial ha provocado a Honduras y a su pueblo, el gobernante Juan Hernández, ha lamentado la experta en seguridad y socióloga, Leticia Salomón, cuando desde la tribuna de la ONU pidió que se declare como violadores de derechos humanos a las maras y pandillas.

Salomón, con amplia carrera en docencia universitaria y autora de varios libros en materia de seguridad, criticó que es vergüenza que Hernández haya dicho eso y, el silencio de la diplomacia mundial, ha sido la mejor forma de rechazar semejante pedido.

“La verdad es que si ellos no han hecho ningún tipo de comentario, ni lo van a hacer como no sea para reírse y burlarse de las barbaridades que plantea”, reflexionó la experimentada investigadora social, cuyo trabajo goza de enorme respeto y reconocimiento en el ámbito internacional.

“Se nota que solo es abogado de nombre y que además no le importa hacer el ridículo. En qué cabeza cabe ir a pedir que le den a las maras y pandillas un reconocimiento como si fueran un Estado legítimamente constituido, ya que todo jurista sabe que solo los Estados violan los DDHH porque legalmente son quienes están obligados a protegerlos, dijo la socióloga.

Salomón se ha mostrado sorprendida por las palabras de Hernández, debido a que “es una barbaridad lo que está pidiendo y que ha trastocado cualquier línea de razonamiento para entender lo pasa en nuestro país, eso es una aberración”, manifestó. Quieren hacer creer al mundo que todas las barbaridades que pasan en Honduras son culpa de las maras y pandillas, incluso, ahora dicen que el fraude electoral del año pasado también es culpa de los pandilleros”.

Uso de la fuerza policial para desarticular la protesta social en Choluteca y campañas de desprestigio contra periodistas y defensores de DDHH

Thursday, 04 October 2018 23:32 Written by  Wilmer Paz C. y Dina Meza Published in Contexto 

En las fotos de abajo tres de las víctimas de la represión policial: Un infante, un niño a quien la policía le lanzó piedras y quedó inconsciente y una señora del Barrio San Luís donde los cuerpos de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas contra su casa.

Con el uso de la fuerza a través de los cuerpos de seguridad, el gobierno del actual mandatario Juan Orlando Hernández pretende sofocar las demandas de miles de manifestantes de Choluteca, en la zona Sur del país, que se mantienen en protesta contra los abusos en instituciones estatales y empresas que violentan los derechos fundamentales de la población.

El derecho a la protesta se viene ejercitando sistemáticamente desde que se produjera un fraude electoral inocultable que sentó a la fuerza a Hernández en la silla de Casa de Gobierno por un segundo período.

A la par de la sistematicidad de las acciones del pueblo de Choluteca también de desplazó una fuerza represiva que contempla aparatos de inteligencia, unificación de la policía y el ejército que coordinan acciones contra los manifestantes y la utilización de los activistas del Partido Nacional que tienen en su agenda diaria el tratar de desprestigiar las acciones de periodistas y defensores de derechos humanos.

La saña policial este miércoles 03 de octubre

La defensora de derechos humanos Nivia Vargas señaló al periodista Jairo López que la manifestación ya estaba terminando y un niño fue golpeado con piedras lanzadas por policías en motorizadas, de acuerdo a testimonios de varias personas que presenciaron el hecho.

Mientras una señora que no participo en la manifestación salió afectada por los gases lacrimógenos que fueron lanzados a su casa, lo que le afectó hasta dejarla inconsciente debido a que padece de la presión.

Todavía no se tiene conocimiento de que la fiscalía del Ministerio Público haya iniciado de oficio acciones penales contra los policías que llevaron a cabo la represión y los altos mandos que son los responsables de dar las órdenes.

Es una tónica que después de cada represión hay publicaciones a través de perfiles supuestamente falsos que pretenden hacer creer que cualquier cosa que suceda en el Sur de Honduras es culpa del periodista Jairo López quien está bajo la mira del Partido Nacional, del gobierno y de los cuerpos de seguridad del Estado.

López ha sido sacado forzadamente del periodismo, los espacios han sido cerrados para su programa El Informador, “hay órdenes estrictas que nadie me alquile un espacio”, dijo el comunicador social.

Este miércoles no fue la excepción para tratar de desvincular la responsabilidad de los cuerpos armados del Estado en la represión que dejó varios heridos e intoxicados. Junto a Jairo López aparece la defensora Nivia Vargas, quien ha sido objeto amenazas y desconocidos han irrumpido en su casa por varias veces en menos de un año. 

Acá en una página de Facebook aparecen ambos, y aunque desde hace más de un año se ha denunciado ante el Mecanismo de Protección las constantes acciones a través de los perfiles de esta red social contra López, no se ha impulsado una investigación a pesar que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos integra el Comité Técnico del Mecanismo de Protección.

Es una tónica que después de cada represión hay publicaciones a través de perfiles supuestamente falsos que pretenden hacer creer que cualquier cosa que suceda en el Sur de Honduras es culpa del periodista Jairo López quien está bajo la mira del Partido Nacional, del gobierno y de los cuerpos de seguridad del Estado.

López ha sido sacado forzadamente del periodismo, los espacios han sido cerrados para su programa El Informador, “hay órdenes estrictas que nadie me alquile un espacio”, dijo el comunicador social.

Este miércoles no fue la excepción para tratar de desvincular la responsabilidad de los cuerpos armados del Estado en la represión que dejó varios heridos e intoxicados. Junto a Jairo López aparece la defensora Nivia Vargas, quien ha sido objeto amenazas y desconocidos han irrumpido en su casa por varias veces en menos de un año.

Acá en una página de Facebook aparecen ambos, y aunque desde hace más de un año se ha denunciado ante el Mecanismo de Protección las constantes acciones a través de los perfiles de esta red social contra López, no se ha impulsado una investigación a pesar que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos integra el Comité Técnico del Mecanismo de Protección.

 Mecanismo de Protección es una emboscada y no una herramienta 
Por Wilmer Paz C.

Melissa Hernández: No me contestan las llamadas

El Sistema de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia lejos de ser una herramienta de protección se ha convertido en una emboscada que atenta contra la seguridad de los mismos comunicadores de la zona Sur del país, según denunció Melissa Hernández, comunicadora social del departamento de Choluteca a pasosdeanimalgrande.com.
La situación de violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales ha subido al nivel rojo después de las elecciones de noviembre de 2017. Con el fraude electoral el surgimiento de la protesta social es un punto de encuentro entre la demanda y la represión desde el Estado de Honduras.
No responden ni las llamadas en el Mecanismo
Hernández relató que cuando se llama al teléfono facilitado por el Mecanismo de Protección , la persona que atiende recomienda comunicarse de inmediato con el director de la policía de la zona el clase Orlando Ponce Canales, cuando esa función corresponde a la institución mencionada si no qué sentido tendría estar bajo esa protección.
La periodista Melissa Hernández realiza una labor de difusión, investigación y denuncia en medios de comunicación sobre actos de corrupción en diversas áreas e instituciones que brindan servicios a la población de la zona sur.
Su trabajo al parecer ha provocado la incomodidad en algunas personas que no están de acuerdo en que se indaguen esos temas, y como consecuencia ha recibido ataques y amenazas por parte sectores influyentes de aquella zona
“Estar tocando esos temas nos ha costado la estigmatización, actos de violencia sistemáticos en contra de nosotros y nosotras, una campaña brutal de desprestigio, incluso llegar a tratarnos a las periodistas mujeres de trabajadoras sexuales ” .
Estas acciones de persecución en su contra la han llevado a hacer uso de los protocolos acordados con el Sistema de Protección, “pero resulta que los teléfonos brindados para tal fin nadie los responde y si de casualidad llegan a hacerlo, lo único que hacen es mandarlo con el jefe de la policía local Orlando Ponce Canales”.
Lo irónico de dicha situación de acuerdo con lo relatado por la comunicadora, es que este oficial de policía tiene más de 30 denuncias documentadas en su contra, justamente por violaciones a los derechos de los periodistas.
“Él (Ponce Canales) ha ordenado ataques directos y selectivos contra periodistas y en este caso yo ¿cómo voy a llamar a mi agresor si es quien permite que haya violencia contra la población, defensores de derechos humanos y periodistas que cubren ciertos eventos como acciones de protesta?” .
Al no aceptar contactar al oficial la otra opción que dan es usar escoltas que son los mismos policías que les agreden, y considera ilógico “meter al enemigo” en sus actividades personales. Aparte de eso resiente que al hacer uso de escoltas hay que cargar con la alimentación de los agentes cuando es el Estado el obligado a correr con dicho costo “puesto que se ha comprometido a cumplir con protegernos a los comunicadores víctimas de violencia”.
Asimismo lamentó la comunicadora que la violencia sistemática utilizada para persuadirla de cambiar sus posturas, haya alcanzado a su padre Gonzalo Hernández, quien fue impactado por una bomba lacrimógena en el rostro al momento que éste era parte de grupo de personas que exigían frente a un medio de comunicación frenar la campaña de desprestigio que se ha montado en contra de periodistas defensores de derechos humanos.

Policía reprime manifestación en Choluteca, dejando niños heridos

octubre 3, 2018 Redaccion

VER VIDEO:

https://youtu.be/lw3G8CvCiEU
En Choluteca, el pueblo también  está pidiendo la salida de la Empresa Energía Honduras  (EEH), debido al mal servicio que prestan

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La Policía nacional desalojó una marcha pacífica este miércoles 3 de Octubre en la ciudad de Choluteca haciendo uso excesivo de la fuerza y dejando al menos dos niños heridos.

Uno de los niños tuvo que ser trasladado a la ciudad de Tegucigalpa, debido a la gravedad de las heridas y golpes recibidos y se informó que su estado es delicado.

La manifestación se realiza todos los miércoles y sábados, informo el periodista Jairo López, quien al ser consultado dijo que no sabía porque la policía ataca a los manifestantes si ellos van de manera pacífica.

Hedme Castro, defensora de derechos humanos dijo que es necesario enfatizar que el niño no formaba parte de la manifestación y cayó víctima de la brutalidad con que opera la policía.

Castro agregó que denuncian la agresividad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y los demás entes represivos en contra de las personas que hacen uso legítimo de su derecho a manifestarse, a expresarse, a exigir una vida digna que es violentada por el actual gobierno y el grupo político empresarial.

Apuntó que varios defensores de derechos humanos se mantienen atentos para que se haga Justicia y agregó que se harán las denuncias respectivas contra los culpables y exigirán una investigación objetiva y castigo a los culpables.

Onorio Cruz de Mugolfo escribió en un chat: “vi  con mis propios ojos como los policías  ensañan su odio contra la manifestación, lanzan bombas, disparan si importarle las personas y la propiedad privada lanzando gases en los patios de las casas y en los negocios del barrio Libertad. Ahí  lanzaron bombas y dispararon como locos, la policía no tiene cerebro ni sentimientos,  actúan con odio.

Periodistas de La Paz: Para estar bien hay que acodarse a las autoridades de turno

Monday, 01 October 2018 22:54 Written by  Webmaster Published in Amenazas a la Libertad de Expresión 

Foto: Wix.com

La Libertad de Expresión está lejos para los comunicadores sociales del departamento de la Paz quienes denunciaron que no pueden abordar temas en sus programas, donde están involucrados funcionarios del gobierno central o autoridades locales porque es atentar contra sus propias vidas.

Los comunicadores dicen sentirse frustrados ante la falta de empleo en esta zona, no hay fuentes de trabajo, los medios de comunicación existentes se cuentan con los dedos de la mano, ejercer el periodismo en esta zona y vivir bien significa estar acomodado a las autoridades de turno a quienes no se les puede criticar en ningún aspecto.
El desobedecer esa norma que no está escrita pero que se da de hecho, trae como consecuencia el castigo del retiro de la publicidad oficial, la discriminación y marginamiento. Algunos funcionarios locales optan por tener “su propia prensa tarifada”
La situación anterior obliga a los comunicadores sociales a cerrar sus espacios porque quedan asfixiados económicamente.
Con respecto a la agenda informativa, hay temas tabú, como las denuncias que la población hace contra la policía acusa a las personas sin tener pruebas, pero cuando la gente va a los medios de comunicación y divulga este extremo, “a veces las personas se retractan y amenazan al comunicador a través de mensajes para que no pase la información y la borre de los videos ya que temen por sus vidas”, según lo denunciaron a pasosdeanimalgrande.com
De acuerdo a la versión de comunicadores sociales que pidieron la reserva de la fuente por el temor a las represalias, si denuncian algún caso donde esté involucrado algún policía, “éstos planifican la siembra de pruebas en contra de nosotros para incriminarnos en delitos, asimismo hay hostigamiento y acoso, obstaculizando nuestro trabajo y violentando el derecho a la libertad de expresión e información”.
Por otro lado denunciaron que diputados de este departamento no les brindan entrevistas cuando no son de su afiliación política, entonces la alternativa que han encontrado es hacer periodismo rural en zonas aledañas para conocer la problemática en estos sectores y darla a conocer a través de sus programas, pero hay una limitación de la agenda informativa y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios.
Otro de los obstáculos con los que deben lidiar son los procesos penales o amenazas de querellas por difamación y calumnia, lo cual es utilizado para detener la crítica a la gestión pública, en muchos de los casos cuando se concreta, causa temor y provoca la autocensura.

Política neoliberal de empleo: Un fracaso

octubre 3, 2018 Redaccion

País de Indignados. Octubre 03, Aniversario de Francisco Morazán, 2018.

Por: Ismael Moreno, Darío Euraque, Víctor Meza, Helen Umaña, Rodolfo Pastor Fasquelle. Eduardo Bähr, Patricia Murillo, Wilfredo Méndez, Hugo Noé pino, Efraín Díaz Arrivillaga, Mauricio Torres Molinero, Ramón Enrique Barrios, Leticia Salomón, Marvin Barahona, Joaquín Mejía, Mario Ardón, Rafael Delgado y Julio Escoto.

Tegucigalpa.-Honduras está por cumplir otro año de ilegalidad y fraude, siendo los resultados de ese proceso retardatario muy graves para el país. A la cúpula que gobierna, sin embargo, jamás le importaron las terribles consecuencias de su ambición incesante, pues sabían, desde que urdieron el cómplice plan continuista, que sus jugadas políticas iban a debilitar las ya maltratadas instituciones de la república.  Y así fue como hundieron en el desprestigio a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, al Congreso Nacional y todas sus estructuras dependientes. Planificaron financiar su propuesta electoral incorrecta con el presupuesto público y así lo hicieron, abonando el terreno para más corrupción y despilfarro.  La Maccih ha contribuido a que conozcamos con certeza cómo fueron desviados fondos del erario para canalizarlos a las campañas electorales por vía de testaferros, la mayor parte de ellos integrada con profesionales universitarios a quienes la ética les es indiferente. Instrumentaron para ese fin a todas las instituciones importantes del país, pese al repudio expresado por diversos sectores y a las reiteradas llamadas para que contuvieran sus planes, destructivos de la incipiente democracia local.  Ahora se cosecha lo que el presidente de la república y su vicioso grupo sembraron en años recientes pues Honduras enfrenta situaciones extremas de atraso e injusticia; abundan la inconformidad, la ira y el repudio ante la cúpula abusiva, cuyos escándalos revientan día a día; no se puede tapar al sol con un dedo. Incluso en el extranjero trasciende la verdadera naturaleza de este grupo abusivo que ha llevado su vicio muy lejos, que tejió alianzas peligrosas y que creó y fomentó un ambiente propicio al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de activos, la corrupción y el abuso de poder, ya prácticamente indetenibles.  El país es un nido continuo de protestas cautas o declaradas. Primero fue el pueblo embravecido frente a un fraude y una incorrección electoral consumada, después los transportistas, los estudiantes, más tarde médicos y enfermeras. Las conversaciones diarias se llenan con mordaces comentarios acerca del presidente, la administración pública y su entorno, todos absolutamente incapaces pues la situación social sigue caminos indefectibles hacia más pobreza.  Los resultados de la convocatoria a un diálogo político están aún por verse ante la intención de los usurpadores para empantanar cualquier intento que ventile temas incómodos para sus intereses y cada día se retiran actores clave sin que se incorporen otros necesarios. Estados Unidos, generoso durante mucho tiempo con las élites empresariales y políticas corruptas del país, parece no estar dispuesto a seguir financiando ese proyecto de latrocinio y promete ahora la elaboración de una lista de corruptos del triángulo norte, amenaza que tiene dedicatoria especial para quienes mal administran estos países.

INESTABILIDAD POLÍTICA, CAOS ECONÓMICO

Si sólo fuera la situación política, se podría ser menos duro con el gobierno intruso y corrupto, pero no es así. La política y la economía marchan siempre juntas y marcan tendencias. En ambientes políticamente estables, con evolución previsible y con respeto a la voluntad popular, a las instituciones y sus leyes, se dan condiciones para el surgimiento de economías en continuo mejoramiento. Honduras no escapa de esa lógica y por ello podemos constatar que, junto a la crisis política, evoluciona una situación económica y social dura para millones de ciudadanos.  Miremos las condiciones en que se vive en Honduras. Cálculos conservadores confirman que, para el año 2016, el 65% de hondureños vivía en condiciones de pobreza, o sea sin ingresos suficientes para satisfacer la necesidad alimentaria básica y otras prioridades (vivienda, educación, salud, transporte). Como si no fuera suficiente, la tragedia es mayor cuando se constata que dentro de ese grupo existe otro segmento con gente más pobre, constituido por 42% de la población total. Son quienes, en miseria, no tienen ingresos ni para satisfacer las necesidades alimentarias primarias.  En retrospectiva y acorde con las fuentes oficiales, tenemos los mismos niveles de pobreza que hace siete años, casi sin parangón en el continente, situación alarmante e imperdonable si se reconoce que esos porcentajes no son vacíos sino tragedias humanas que aumentan día a día en términos absolutos. En resumen, ello representa un fracaso rotundo de la clase gobernante en este y pasados gobiernos, que no ha sabido ni querido enfrentar la tarea fundamental de todo quehacer político, cual es generar condiciones de bienestar para el ciudadano.  Tal retraso humano conmueve la conciencia, peor cuando se constata que otros Estados, incluso cercanos, han dado pasos contundentes para combatir y revertir el hambre. Los niveles de pobreza en Costa Rica ascienden sólo al 20% y la conclusión es obvia: esa nación es gobernada por una clase política esmerada, sensible y concentrada en tareas de desarrollo, no como pasa en Honduras, donde opera una élite indolente, cruel y entretenida en afanes irrelevantes para el bienestar general.  En Honduras la distribución del ingreso es tan desigual que durante décadas ha matado a millones de ciudadanos. Según PNUD, en 2011 el 10% de la población más rica del país acumulaba 40% del ingreso nacional. El segundo 10% más rico concentraba el 18% de ese mismo ingreso. O sea que 20% de la población más rica acapara más de la mitad del ingreso general, dejando al restante 80% en lipidia. La historia no finaliza allí pues 52% del espectro demográfico hondureño, que está constituido por mujeres, recibe menos ingreso que el hombre por las mismas actividades, siendo más fuertemente golpeada con el desempleo.  Los supuestos triunfos de que alardean las autoridades gubernamentales son falsos o de magros resultados. Al comparar con el año 2014 se observa que las tasas de desempleo aumentaron en 2017, afectando al siete por ciento de la población económicamente activa. Más de 170 mil jóvenes desean entrar cada año a la vida productiva pero no hay, o son escasas, las nuevas plazas. El 30% de personas entre 15 y 30 está desempleado.  La perspectiva es grave ya que 56% de los ocupados está subempleado, fuera porque trabajan medio tiempo o en jornadas completas pero sin salario mínimo. De allí el acuciante problema migratorio y la incapacidad de frenar esa hemorragia que paradójicamente ya se ha convertido en la fuente más sustancial de ingreso de divisas; es lo único que detiene que millones de familias caigan en miseria.

EMPLEO Y ESPEJISMOS DEL EMPLEO

El desempleo no es sólo ausencia de trabajo remunerado; también es problema de bajos ingresos. El INE afirma que para 2017 el ingreso promedio del trabajador del sector privado fue de L. 6285.oo por persona, comparado con L.5968.oo en 2014. El leve incremento es de cinco por ciento en los recientes cuatro años, pero lo consumió la inflación acumulada en ese mismo cuatrienio, adicional a las alternativas de salarios por hora y mini-empleo, que precarizan más el trabajo. Se hace claro, pues, que es manteniendo o reduciendo los salarios reales que la doctrina oficial busca crear más puestos de trabajo. El resultado es, por el contrario, menos ingresos en términos reales y mayores grados de desempleo. 

Noticia Relacionada: El Ilusionismo Económico del Turismo en Honduras

El publicitado programa 20/20 de empleo, por su parte, considerado como la joya de la corona gubernativa, está por concluir sin alcanzar siquiera 20% de sus objetivos ya que se halla lejísimos de generar los 600 000 mil empleos prometidos, que incluso así eran insuficientes. El programa se sustenta en una paradoja irreal pues espera generar esa suma de empleos fomentando el aumento de la inversión extranjera. Pero según el Banco Central, cuyas cifras no siempre son confiables, la inversión de capitales extranjeros en Honduras no creció en los pasados siete años, o muy ligeramente, por lo que para cumplir las metas del 20/20 se deberá esperar ¡45 años!… Es una situación similar a los atrasos del desarrollo que intencionalmente ejecutan los malos políticos y que advierten que para que un niño del presente obtenga una vida digna, saludable y plena tendrán que pasar cinco generaciones, es decir 125 años…  El país se hunde y los religiosos siguen predicando sobre filisteos y del arca de Noé; los colegios gremiales, con excepción del de economistas, callan; los medios maquillan la realidad. Lo que implica que o nos rebelamos y tomamos la corrección de estos desastres en nuestras manos o perecemos como sociedad y nación.

Cientos de niños inmigrantes son trasladados con nocturnidad a campamento en Texas

Redacción Sin Fronteras - LA JORNADA - 2 de octubre 2018

Foto/AFP

Cientos de niños inmigrantes han sido trasladados con nocturnidad desde refugios en Kansas y Nueva York para reubicarlos en campamentos improvisados en el desierto de Texas.

Según denunció el diario The New York Times, el sigiloso traslado de los menores, cargando mochilas, ha sido realizado sin informar a organizaciones de abogados o padres que, en muchos casos, siguen batallando para conocer el destino de sus hijos.

Según cifras aportadas por The New York Times, aproximadamente 13 mil menores de edad —la población infantil más grande en décadas—, siguen sin ser localizados, en medio de continuos llamados de los tribunales para que el gobierno de Donald Trump reunifique a estos niños migrantes con sus progenitores.

Esta cifra representa un aumento notable desde mayo de 2017, cuando el número era solo 2,400.

Los niños inmigrantes han sido reubicados en el campamento que el ejército de EU ha erigido en la desértica localidad de El Tornillo, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad fronteriza de El Paso.

Hasta ahora la mayoría de los niños indocumentados habían sido alojados en hogares de paso o centros de refugios privados, donde dormían dos o tres menores por habitación, recibían educación y visitas de los representantes legales de sus casos migratorios.

Sin embargo, según consigna el diario neoyorquino, en en la “Ciudad de las Carpas” los niños duermen en grupos de 20 en literas, no reciben educación y el acceso a servicios legales es limitado.

Con esta decisión, el gobierno de Donald Trump confirma que no se da a basto con el creciente número de menores inmigrantes a raíz de su polémica política de separación en la frontera sur.

Los terribles sucesos en la frontera de EEUU que afectaron a niños migrantes

3 octubre 2018 | CUBADEBATE

Esta furgoneta Dodge Grand Caravan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a dos inmigrantes detenidos durante una deportación que realiza ICE en San Diego todas las tardes después de que acuden a una corte de inmigración. Foto: Almudena Toral/ Univision.

Según un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la política de separación de familias fue defectuosa desde un principio, hubo falta de planificación, fallos de comunicaciones generalizadas entre las agencias federales que participaron en su ejecución e indiferencia administrativa por la separación de niños, decenas de ellos menores de cinco años.
La Patrulla Fronteriza detuvo por más tiempo del debido a menores indocumentados detenidos en la frontera durante la aplicación de la separación forzada ordenada por el gobierno de Donald Trump, revela un informe del Inspector General de DHS.
El reporte agrega que la política de separación de familias, parte de la política de tolerancia cero de Trump en la frontera, fue defectuosa desde un principio, hubo falta de planificación, fallos de comunicaciones generalizadas entre las agencias federales que participaron en su ejecución e indiferencia administrativa por la separación de niños, decenas de ellos menores de cinco años.
El informe, una copia a la que tuvo acceso el diario The Washington Post, se convierte en el primer intento del gobierno de elaborar una especie de autopsia de los estragos causados por las separaciones, ocurridas entre el 5 de mayo y el 20 de junio, cuando Trump se vio obligado a dar marcha atrás en respuesta a una fuerte oleada de críticas dentro y fuera del país, y también por parte de miembros de su familia.

Detalles del informe

Foto: Almudena Toral/ Univision.

El diario detalla que la revisión hecha por el inspector general del DHS halló que al menos 860 niños migrantes “se quedaron en las celdas de la Patrulla Fronteriza por más tiempo que el límite de 72 horas” exigido por los tribunales de justicia.
Agrega que “un menor fue confinado 12 días y otro por 25 días”, siendo que el máximo de tiempo permitido es de tres días, tiempo durante el cual el menor debe ser entregado al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

“Muchos de esos niños fueron colocados en corrales (jaulas) en instalaciones de la Patrulla Fronteriza ubicadas en el Valle del Río Grande, al sur de Texas”, agrega el reporte.

El reporte precisa que estas instalaciones “se diseñaron como estaciones de paso de corto plazo, sin camas ni duchas, mientras que los niños esperaban el traslado a refugios administrados por el HHS”.

Cientos de afectados

Dos policías vigilan a dos detenidos mientras esperan que los oficiales mexicanos abran la puerta por donde se realizará la deportación. Ambos detenidos llevan cadenas que los amarran desde su cintura y terminan con unas esposas en sus manos. Foto: Almudena Toral/ Univision.

La Patrulla Fronteriza (CBP) en el sector del Valle del Río Grande, zona ubicada en el extremo sur de Texas, limítrofe con México, es el área más concurrida por cruces ilegales a lo largo de la frontera. En ese lugar las autoridades federales tuvieron al menos 564 niños más de lo que se suponía que debían, según el informe.
En el sector de El Paso, también en Texas, la CBP tenían bajo su custodia 297 niños por encima del límite legal permitido en sus instalaciones.
Los investigadores del DHS describen “un proceso interagencias mal coordinado que dejó a los padres separados de sus hijos angustiados y con poco o ningún conocimiento del paradero de sus pequeños”.
En otros casos, los funcionarios federales se vieron obligados a compartir archivos de menores en documentos de Microsoft Word enviados como archivos adjuntos por correo electrónico, porque los sistemas internos del gobierno no podían comunicarse entre sí, dice el diario.
“Cada paso de este proceso manual es vulnerable al error humano, lo que aumenta el riesgo de que un niño se pierda en el sistema”, subraya el reporte.

Procedimiento desastroso

Uno de los agentes desencadena a un migrante que será deportado. Foto: Almudena Toral/ Univision.

The Washington Post dice: “basado en las observaciones realizadas por los inspectores del DHS en múltiples instalaciones a lo largo de la frontera a fines de junio, los agentes separaron a niños demasiado pequeños para hablar con sus padres de una manera que cortejó el desastre”.

“La Patrulla Fronteriza no colocó a los niños demasiado pequeños (que no podían hablar debido a su corta edad) brazaletes de muñeca u otros medios de identificación, ni les tomaron huellas digitales ni fotografías a la mayoría de ellos durante la separación y el procesamiento, y con ello garantizar que se puedan vincular fácilmente con el archivo adecuado”.

“Es una prioridad de nuestra agencia procesar y transferir a todos los individuos bajo nuestra custodia a la agencia de detención apropiada tan pronto como sea posible”, han dicho la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado.

“La seguridad y el bienestar de los niños extranjeros no acompañados (…) es nuestra mayor responsabilidad y trabajamos en estrecha colaboración con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para garantizar la transferencia oportuna y segura de todos los menores no acompañados bajo nuestra custodia tan pronto como la colocación esté disponible en el HHS”.

Informes anteriores

Cuando el primer inmigrante ha cruzado la puerta hacia México, el agente desencadena al segundo migrante. Foto: Almudena Toral/ Univision.

El 14 de septiembre, un informe del Inspector General del DHS reconoció la “falta de integración de la tecnología de la información” en todos los sistemas de inmigración clave y que, “a veces”, dice, mantiene a los niños más allá del límite de 72 horas” antes de enviarlos al cuidado del HHS.
La agencia mantuvo a los niños “más tiempo”, principalmente porque el espacio de refugio de HHS “no estaba disponible”, dijo Jim Crumpacker, el funcionario del DHS que respondió al informe. Pero indicó que la transferencia de niños a entornos menos restrictivos es una prioridad.
Semanas antes, el 23 de junio, tres días después que Trump promulgara la orden ejecutiva que detuvo las separaciones forzadas en la frontera, el DHS anunció que había desarrollado una “base de datos central” con el HHS que contenía información de ubicación para padres separados y menores a los que ambos departamentos podían acceder para reunir familias.

La sombra de un policía de ICE en a frontera de San Diego-Tijuana. Foto: Almudena Toral/ Univision.

El inspector general no encontró evidencia de tal base de datos. “El equipo del Inspector General del DHS preguntó a varios empleados [de Inmigración y Control de Aduanas], incluidos los involucrados en los esfuerzos de reunificación del DHS en la sede de ICE, si conocían dicha base de datos y no la hallaron”.
Desde entonces, DHS ha reconocido que no existe una nterfaz electrónica directa “entre los sistemas de seguimiento de DHS y HHS”, dice el periódico sobre el informe.
Los inspectores dijeron además que continúan teniendo dudas sobre la exactitud y confiabilidad de la información provista por el DHS sobre el alcance de las separaciones familiares.

Fallo judicial

Foto: Almudena Toral/ Univision.

El 26 de junio una corte federal del sur de California, en San Diego, ordenó al gobierno de Trump, en un plazo de 30 días, reunificar a la totalidad de los menores separados forzosamente en la frontera en el marco de la política de tolerancia cero.
El DHS en primera instancia aseguró que había detenido a 2 mil 551 menores, de ellos 103 niños menores de cinco años. Pero semanas más tarde, de acuerdo con informes entregados por abogados del Departamento de Justicia (DOJ) al tribunal, reconoció que el número de detenidos era de 2,654.
De ellos, al viernes de la semana pasada el DHS ha reunificado a 2 mil 296. El resto, 358, permanecen bajo custodia del gobierno federal a más de 65 días de finalizado el plazo de las reunificaciones.

Foto: Almudena Toral/ Univision.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó al gobierno por las separaciones forzadas argumentando que el gobierno de Trump violó la ley y el debido proceso migratorio, alega además que más de 470 padres que fueron deportados solos a sus países de origen, los hicieron firmar documentos para renunciar a sus derechos de permanencia en el país sin explicarles las consecuencias.
Los deportados, en muchos casos, no sabían o no les dijeron claramente que sus hijos iban a quedar bajo la tutela del Estado.
La ACLU y el gobierno acordaron la semana pasada que cientos de padres quienes ya tuvieron una primera entrevista de miedo creíble durante sus procesos de asilo y ésta les fue negada, y todavía permanezcan en Estados Unidos, tengan una segunda oportunidad.
La corte está esperando un reglamento final por parte de los abogados del gobierno y de la ACLU para firmarlo y ordenar que entre en vigor.
(Tomado de Univisión)

Suicidios de inmigrantes encarcelados en EE.UU. una epidemia al alza

Redacción Sin Fronteras - LA JORNADA - 3 de octubre

Foto/AP

Adelanto, California, 3 de octubre . — Los intentos de suicidio de inmigrantes detenidos en distintas cárceles de EU se han convertido en un grave problema al alza, ante la desesperación de quienes se sienten abandonados a su suerte o arrinconados por un sistema que no les ofrece una salida.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional emitió un reporte sumamente crítico tras visitar la instalación privada en la ciudad de Adelanto en mayo, según informó el diario Los Angeles Times.

A manera de ejemplo, citaron que inspectores federales hallaron horcas hechas con sábanas colgadas de celdas en un centro de detención de inmigrantes en el sur de California.

El reporte dice que los inspectores encontraron las horcas en 15 de 20 celdas y que los guardias les dijeron que quitarlas no era una prioridad.

Algunos detenidos dijeron que usaron las sábanas trenzadas como cuerdas para colgar ropa o las colgaban del techo abiertas para tener algo de privacidad.

Un detenido les dijo a los inspectores que había visto a detenidos usando las sábanas para intentos de suicidio y que “los guardias se ríen de ellos y los llaman ‘suicidas fallidos’ cuando regresan de la enfermería”.

La instalación operada por el GEO Group tiene capacidad para unos 1.940 detenidos.

Pablo Paez, portavoz de GEO, refirió las preguntas sobre el reporte al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Lori Haley, vocera de ICE, dijo que la agencia se toma seriamente las conclusiones del reporte y que realizará una revisión inmediata del centro de detenciones.

"ICE reconoce que esto puede presentar una peligrosa vulnerabilidad de seguridad e intensificará sus gestiones para resolver el asunto”, dijo.

Alex Mensing, quien forma parte de una organización defensora de migrantes que permanecen encarcelados, confirmó a La Jornada los casos de suicidios que se han producido en distintos centros de detención.

“A mi han hablado gente desesperada diciéndome que se quieren suicidar porque su caso no avanza. Los guardias los tratan mal, los jueces son racistas en su trato y entre todos les dicen que jamás saldrán de la cárcel y que lo mejor es pedir la deportación voluntaria.

“Pero muchos no pueden retornar a una muerte segura en El Salvador, Honduras o México. Por eso, algunos de ellos que llevan más de un año encarcelados se suicidan y no sólo se cuelgan de sábanas, sino que toman pastillas o dejan de comer hasta dejarse morir”, señaló Mensing.

Los inmigrantes se han quejado además desde hace tiempo de las condiciones en el centro de detención, que está en una remota comunidad del desierto unos 113 kilómetros al nordeste de Los Ángeles.

Hubo al menos siete suicidios en la instalación entre diciembre del 2016 y octubre del 2017 y en marzo del 2017 un hombre de 32 años se ahorcó, dice el reporte.

El centro alberga detenidos en espera de deportación. Entre esos detenidos están solicitantes de asilo que llegaron recientemente al país en busca de protección humanitaria e inmigrantes transferidos allí tras cumplir sentencias por convicciones penales.

El reporte dijo además que los detenidos reportaron tener que esperar meses para ver a un médico y que fueron colocados en listas de espera de meses o años para ver al dentista, lo que resultó en algunos casos en pérdida de dientes y extracciones innecesarias.

Un dentista en el centro les dijo a los inspectores que no tenía tiempo para completar limpiezas dentales ni empastes y les sugirió a los detenidos usar hilo de sus calcetines como hilo dental.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, se han quejado desde hace años de la calidad de la atención medica en el centro.

Con información de AP