ALERTA! TRIBUNAL CONVOCA A JUICIO PARA EL LUNES 15/OCT
#ALERTA| Pese a toda las irregularidades denunciadas por la acusación privada que representa al copinh y la familia de Berta Cáceres, el Tribunal de Sentencia CONVOCA A JUICIO ESTE PRÓXIMO LUNES 15 DE OCTUBRE, sin estar firme la recusación de los jueces.
Las juezas han sido recusadas por ser parciales, haber dejado en indefensión a las víctimas y acusados, violando el debido proceso.
¡Acompáñanos en este primer juicio! Corte Suprema de Justicia, sala de juicios orales, 9:00 am
#JusticiaParaBerta
#DESACulpable
Actualización sobre la causa Berta Cáceres en Honduras
Por COPINHKAOS EN LA RED Publicado en: 12 octubre, 2018
El COPINH ha tomado la decisión de insistir para que el juicio se
realice hasta que existan las condiciones básicas necesarias para
desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad del asesinato
de Berta Cáceres.
18/09: VIDEO: El abogado Victor Fernández nos explica en qué consiste la recusación y el por qué del mismo.
19/09: Juicio por el asesinato de Berta Cáceres se suspende ante violaciones al debido proceso de parte del tribunal
27/09: VIDEO: Implicaciones en el caso Berta Cáceres de la declaración sin lugar sobre la recusación
29/09: La Corte de Apelaciones niega el derecho a audiencias públicas mediante transmisión en vivo en la causa Berta Cáceres.
01/10: Informe Misión de Observación Calificada del Juicio oral y público de Berta Cáceres
copinh.org/2018/10/
10 de octubre de 2018.
¿En qué momento del proceso se encuentra el primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres?
El inicio del juicio está detenido
debido a las irregularidades cometidas y consentidas por el Tribunal que
conoce del caso, que han provocado violaciones al debido proceso legal y
otros derechos de las víctimas y partes procesales.
Para evitar que el juicio se desarrolle
en condiciones injustas la representación de las víctimas ha interpuesto
los siguientes recursos ante decisiones del Tribunal:
- Recurso de amparo para que el COPINH, a través de sus integrantes, sea reconocido en su condición de víctima del crimen de Berta y pueda participar del proceso penal.
La Corte de Apelaciones lo ha admitido
para análisis, sin otorgar la medida solicitada para garantizar el
respeto al derecho de los integrantes del COPINH, por lo que, aunque el
amparo sigue su curso, estos no podrán incorporarse al proceso hasta que
exista una sentencia que resuelva el recurso lo que en la práctica
podría durar meses.
- Dos recursos de amparo para que se incorpore al proceso el material probatorio que fue inadmitido por el tribunal a cargo del caso a fin de que este sirva para mostrar los antecedentes del asesinato, así como su vinculación con el trabajo de Berta en el COPINH como lideresa indígena y defensora de los derechos de las comunidades Lencas en contra del proyecto Agua Zarca.
Los dos recursos han sido inadmitidos por la Corte de Apelaciones y van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión.
- Recurso de amparo para que el juicio sea transmitido en vivo y así las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias.
Este ha sido inadmitido por la corte de
apelaciones y se está a espera de su decisión sobre la reposición con la
que se sometió a reconsideración la decisión de no admitirlo.
- Recusación contra el tribunal debido a sus decisiones parcializadas, que encubren las actuaciones ilegales del Ministerio Público en el ocultamiento de la prueba, la falta de investigación, la minimización del caso y en definitiva la negación de la verdad de lo ocurrido a Berta Cáceres.
La Recusación ha sido declarada sin
lugar por la misma corte de apelaciones y ahora está en proceso de
Apelación, con lo que se busca dejar sin efecto la decisión y que
efectivamente, otro tribunal esté a cargo del caso en la etapa del
juicio.
Hasta que se resuelvan y agoten todos estos recursos no debería continuar el proceso de juicio.
¿Cuál es la fecha de inicio del juicio?
- Hasta el momento no hay una fecha específica de inicio del proceso judicial.
El marco de tiempo es ambiguo, sin
embargo, el poder judicial podría forzar a que se resolvieran en contra
de las víctimas todos los recursos y así intentar desarrollar el juicio
entre el mes de noviembre y mediados de diciembre.
El Tribunal de Sentencia tiene la prisa
de terminar el juicio antes del 2 de noviembre, fecha en la que vence la
prisión preventiva de las primeras 4 personas detenidas, sin embargo,
aunque comenzara inmediatamente el juicio no terminaría antes de esta
fecha debido a la complejidad del caso.
Los tiempos del poder judicial son
irregulares y no se desarrollan según lo establecido por las normas
procesales sino a partir de la interpretación de cada estamento y la
burocracia propia del sistema de justicia, sin importar que incurran en
las violaciones de derechos y de sus deberes como funcionarios
La estrategia del sistema de
justicia, para manipular de forma indebida el primer caso por el crimen
de Berta, ha sido dejar que avancen todas las irregularidades de parte
del Ministerio Público, denunciadas desde abril de 2017 y reiteradas al
tribunal en enero de 2018, para luego, a último momento llamar a juicio,
y con la excusa del vencimiento de los términos negar las peticiones de
las víctimas acerca de la información y el desarrollo de un proceso que
brinde verdad.
El vencimiento de la prisión preventiva
significa que los imputados que fueron capturados en mayo de 2016
tendrán que salir del centro penitenciario para continuar el proceso
bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, entre otras
A pesar de todo el dinero que EEUU y
Europa envían para financiar el sistema de justicia hondureño, tanto el
Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han
fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares
internacionales. El vencimiento del tiempo de la prisión preventiva por
la negligencia de las autoridades, es una muestra más de la impunidad
cabalgante y de la utilización del poder judicial como un instrumento
político por parte del régimen en el poder.
Irregularidades del proceso.
- El Tribunal ha negado la posibilidad de transmitir en vivo las audiencias del juicio para que las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento al proceso por el crimen de la lideresa del pueblo Lenca.
- El Tribunal ha negado la condición de víctima del COPINH a través de sus integrantes, para que puedan participar del proceso judicial como parte y con representación independiente como lo manda la ley.
- El Tribunal ha rechazado la incorporación de medios de prueba propuestos por las víctimasque muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta en el COPINH como lideresa indígena y defensora de los derechos de las comunidades Lencas en contra del proyecto Agua Zarca.
Se ha negado:
- Los testimonios de los dueños de la empresa DESA la familia Atala Zablah.
- El testimonio del Subcomisionado del policía encargado de las medidas cautelares de Berta.
- El testimonio de autoridades de gobierno manipuladas por la empresa DESA.
- Peritaje sobre los ataques antecedentes al asesinato contra Berta y el COPINH.
- Peritaje de vinculación criminal de las comunicaciones de los imputados.
- Documentos que prueban las denuncias de COPINH y Berta por los ataques de la empresa DESA y sus empleados.
- El Ministerio Público ha negado el acceso a la información básica del proceso judicial a las víctimas desde el inicio de las investigaciones, o ha entregado información parcial, incompleta o de manera irregular.
- El Ministerio Público en medio del inicio de la última etapa del proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres ha admitido que no ha analizado la evidencia fundamental recogida en las diligencias de captura de los imputados realizadas en mayo de 2016. Evidencia con información vital como teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento de información, documentos e información bancaria, e incluso armas de fuego.
- Ante lo anterior, el tribunal de sentencia ha ignorado su responsabilidad de asegurar que toda la información que ha negado el Ministerio Público a las partes sea entregada y analizada de la manera pertinente para contribuir a un desarrollo de un juicio que permita llegar a la verdad.
- En reiteradas ocasiones las comunidades del COPINH han sufrido agresiones y discriminación de parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la policía y el ejército dentro y fuera de las audiencias debido a su condición de comunidades indígenas empobrecidas y su voluntad de querer observar el proceso judicial.
La decisión del COPINH
El COPINH ha tomado la decisión
de insistir para que el juicio se realice hasta que existan las
condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que
permita llegar a la verdad del asesinato de Berta Cáceres. Para
lo cual se va a hacer uso de todos los recursos de ley para que el
sistema de justicia garantice los derechos de las víctimas, e incluso de
los imputados, con la satisfacción de las solicitudes de información,
debido proceso y acceso a la justicia.
Ataques al COPINH y el movimiento social mientras se desarrolla el primer juicio de la causa Berta Cáceres
El COPINH ha denunciado el desarrollo de
una serie de ataques en contra de la organización y del movimiento
social que se opone a las políticas extractivistas, por parte de la
empresa privada y el gobierno, justo en la semana en la que se debería
de dar inicio al juicio.
Como resultado de esta campaña se ha
criminalizado la lucha en contra de la minería en la comunidad de
Guapinol en el departamento de Colón, se han dictado órdenes de captura
contra los líderes de este movimiento. Se ha atacado la resistencia de
comunidades en contra de un proyecto hidroeléctrico en la localidad de
Pajuiles, Atlántida y en contra de la expropiación del territorio en la
comunidad de La Unión, Copán, con amenazas y hostigamiento contra sus
liderazgos, que además hacen parte del equipo legal de la causa Berta
Cáceres.
En el área de Río Blanco, la represa
Agua Zarca/DESA ha impulsado ataques armados contra los miembros de la
comunidad organizada en el COPINH en el territorio de siembra
comunitario, lo cual fue emulado en el día en que debía comenzar el
primer juicio por el caso de Berta en la ciudad de Tegucigalpa, con
personas pagadas por la empresa dirigidas por falsos líderes.
En todos los medios de comunicación a
nivel nacional, prensa escrita, radio y televisión se ha implementado un
discurso de odio y estigmatización en contra de las organizaciones,
denominadas por la empresa privada como “anti-desarrollo”, lo que ha
suscitado la respuesta del gobierno creando una Fuerza de Tarea Conjuntapara tratar de los obstáculos de la empresa privada.
A la par, la empresa DESA ha contratado un relacionista público disfrazado de abogado internacional, Robert Amsterdam, quien junto a su bufete Amsterdam & Partners ha
desarrollado una campaña de difamación y estigmatización contra el
COPINH, con el objetivo de desvincular a la empresa DESA del asesinato
de Berta y tratar de deslegitimar la exigencia de justicia. Este, ha
realizado una intensa campaña internacional para evitar que las
organizaciones internacionales respalden la exigencia de justicia del
pueblo Lenca y hondureño.
17/09: Familia de Berta Cáceres y COPINH interpone recusación a tribunal de sentencia del caso. (Español/English)18/09: VIDEO: El abogado Victor Fernández nos explica en qué consiste la recusación y el por qué del mismo.
19/09: Juicio por el asesinato de Berta Cáceres se suspende ante violaciones al debido proceso de parte del tribunal
27/09: VIDEO: Implicaciones en el caso Berta Cáceres de la declaración sin lugar sobre la recusación
29/09: La Corte de Apelaciones niega el derecho a audiencias públicas mediante transmisión en vivo en la causa Berta Cáceres.
01/10: Informe Misión de Observación Calificada del Juicio oral y público de Berta Cáceres
copinh.org/2018/10/
COPINH exige al MP que rompa la impunidad en la causa Berta Cáceres
- Cesario Padilla
- DDHH
- 13 Octubre 2018
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
El Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), entregó este viernes junto a su equipo legal de causa Berta
Cáceres, una carta al Fiscal General del Ministerio Público (MP), Óscar
Chinchilla, para que se inicie una acusación por el delito de asociación
ilícita contra cuatro de los ocho acusados en el asesinato de la
lideresa Indígena, ocurrido en marzo de 2016.
Con
un plantón en las afueras del MP, las lideresas del COPINH, encabezada
por su coordinadora Berta Zuñiga Cáceres y los abogados del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ingresaron a las
instalaciones para entregar la misiva a Chinchilla, recientemente
reelecto (impuesto) en su cargo como Fiscal General.
“Venimos
ante esta institución para exigir que se rompa con la impunidad y se
acuse a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrico “Agua
Zarca” como lo que es, una empresa criminal, una asociación ilícita,
responsable del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y del pueblo
hondureña”, expuso el COPINH en un comunicado de prensa.
Plantón del COPINH frente al Ministerio Público
|
Al
plantón asistieron, además de las y los integrantes de la organización
indígena-lenca, fundada en 1993, se integraron miembros del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
La
actual coordinadora del COPINH, explicó que el hecho de presentarse
ante el Ministerio Público es para generar una interlocución con el
Fiscal General, donde se lleva el caso de Berta Cáceres -madre Berta
Zúniga- y en dónde se espera un juicio anunciado, pero que todavía no se
apertura por las falencias de este sistema de justicia frente a este
caso emblemático.
“No
existe sentencia firme contra los autores materiales e intelectuales
del asesinato contra la compañera Berta”, quien fue co fundadora y
coordinadora del COPINH, hasta el día de su crimen.
“Lo
que existe es una persecución a todas las comunidades indígenas que hoy
siguen sin tener seguridad jurídica de la tierra, es parte de la
impunidad que condena a la muerte y a la violencia a diferentes formas a
quienes tienen esta resistencia histórica”, sostuvo Bertha Zúniga.
- Ver Comunicado del COPINH, aquí.
Además, el
plantón demanda una “Petición de justicia histórica para las
comunidades indígenas y demás sectores criminalizados por la defensa del
territorio, campesinas y todo el pueblo hondureño que luchando para
mejorar las condiciones de vida”.
Fiscal tiene que dar la cara en caso Berta Cáceres
En
una carta dirigida a Chinchilla, en la que peticionan, en su condición
de autoridad máxima del Ministerio Público para que inste a todas las
fiscalías que tiene información sobre el asesinato de Berta Cáceres y la
serie de ataques hacia el pueblo lenca para que presentaran acusación
contra cuatro de los ocho implicados por el delito de asociación
ilícita.
Ariel
Madrid, quien forma parte del equipo legal en la causa Berta Cáceres,
expuso la petición de esta acción penal, por considerar que estas cuatro
personas señaladas “Se han vinculado con la estructura criminal que
ejecutó ataques contra Berta como estigmatización, persecusión,
criminalización y amenazas personales contra Berta Cáceres hechos que
están comprobados documentadas y en las extracciones telefónicas, en
los informes hechos por las peritos del MP".
El
abogado detalló que el Ministerio Público solo tiene que presentar la
acusación contra las cuatro de las ocho personas hoy implicadas”. Amplió que estas cuatro personas, son empleados de la empresa Desarrollos Energeticos S.A (DESA).
Madrid
cuestionó que, como equipo legal han tenido una sola reunión con el
Fiscal General del Ministerio Público, en los 32 meses de asesinato
contra Berta Cáceres.
“Estamos
peticionando que por segunda vez, dé la cara ante las víctimas y que
gestione la presentación de esta acción por asociación ilícita”, demandó
el integrante del equipo legal que sigue la causa.
Las deudas judiciales pendientes de justicia
En
tanto el Juicio Oral y Público se encuentra detenido, luego que la
Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró el 25 de septiembre
“sin lugar” una recusación interpuesta ocho días antes (17 de
septiembre), por los abogados de la familia de Berta Cáceres y del
COPINH contra el Tribunal de la Sala I, del Tribunal de Sentencia del
Poder Judicial.
Luego de esta resolución, el equipo legal presentó el recurso de apelación.
Mientras que el 28 de septiembre fue declarado inadmisible el recurso de amparo interpuesto por los representantes del COPINH y de la familia Cáceres, el cual solicitaba la transmisión en “tiempo real” las acciones que se realicen durante el Juicio Oral y Público contra los ocho imputados.
Mientras que el 28 de septiembre fue declarado inadmisible el recurso de amparo interpuesto por los representantes del COPINH y de la familia Cáceres, el cual solicitaba la transmisión en “tiempo real” las acciones que se realicen durante el Juicio Oral y Público contra los ocho imputados.
Exigen a gobierno español “seguimiento estricto y exigente del juicio”
Durante
esta semana, en España, el diputado por el partido Podemos, Pedro
Arrojo, cuestionó a un ministro del gobierno del país ibérico, sobre las
acciones que realizan para que se eviten el asesinato de defensores y
defensoras de derechos medioambientales.
“Berta
era una buena amiga mía, probablemente pienso que si yo fuera hondureño
me hubieran asesinado como a ella… Berta es una de las 130 defensoras
de los derechos humanos y del medio ambiente asesinadas de forma impune
desde 2009”.
El
parlamentario español solicitó a su gobierno un seguimiento estricto y
exigente del Juicio Oral que se sigue contra ocho acusados del asesinato
de la “Guardiana de los Ríos”, como le conocen luego del crimen en su
contra.
Arrojo
discutió que el gobierno español aporta fondos para un programa de
cooperación del que Honduras forma parte que “pretende acabar con la
impunidad y garantizar transparencia y atención a las víctimas”; sin
embargo ninguna de las anteriores se materializa en el juicio en curso,
sentenció.
En
Tegucigalpa, en horas de la tarde se realizó un concierto llamado
"Voces para Berta", en el que participaron diferentes artistas
nacionales e internacionales.
Hasta
el momento, los ocho impitados que enfrenatn el juicio, aun sin fecha
de inicio, son: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin
Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres
Velásquez, Mariano Díaz Chávez (militar activo al momento del
asesinato), Douglas Geovanny Bustillo, (ex-jefe de seguridad de DESA),
Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente del área social, ambiental de
DESA).
Copinh “Son 526 años de resistencia contra la opresión, el olvido y la injusticia”
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 13 octubre, 2018
En Honduras no para la criminalización de la lucha negra, indígena y popular.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 12 de octubre, conmemorando 526 años de lucha en defensa de la
dignidad y los territorios de los pueblos indígenas, el Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la
Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras (PMSPH)
convocaron a un plantón frente a las instalaciones del Ministerio
Público en Tegucigalpa.”Hoy, en el día de la resistencia de los pueblos,
nos presentamos a denunciar que continúa en Honduras una política de
exterminio en contra de las comunidades, la negación del acceso a la
tierra, el abandono de las comunidades en las que la atención a las
necesidades básicas son obligación del Estado, y no de las migajas dadas
por las empresas saqueadoras”, explica el comunicado que fue leído por
la actual coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres. (Mire aquí el texto completo)
Es justamente para luchar contra estas políticas saqueadoras que hace 25 años surgió el Copinh, del cual Berta Cáceres fue cofundadora.
“Por la lucha de Berta para desterrar el robo de nuestras comunidades es que fue asesinada hace más de dos años, sin que hasta ahora el Ministerio Público dé resultados satisfactorios a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional que busca justicia”, continúa la nota.
¡Acusen a Desa!
Durante la actividad, Bertha Zúniga y miembros del equipo legal que acompaña a la familia de la dirigente indígena asesinada entregaron una carta al fiscal general Óscar Chinchilla.
En el documento solicitan que el Ministerio Público acuda ante los tribunales “a imputar el delito de asociación ilícita a la estructura criminal que se constituyó desde la fachada de la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos SA (Desa)”.
De acuerdo con la denuncia, Desa habría ejecutado, de manera sostenida y durante varios años, “una serie de ataques en contra del pueblo Lenca, del Copinh, de personas opuestas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, incluyendo a nuestra compañera asesinada”, se lee en el documento (Mire aquí el texto completo).
Desa es titular de la concesión del proyecto Agua Zarca contra el cual Berta Cáceres y el Copinh han luchado durante años.
Romper con la impunidad
“Venimos ante esta institución para exigir que se rompa con la impunidad y se acuse a la empresa DESA (…) como lo que es, una empresa criminal, una asociación ilícita, responsable del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y del pueblo hondureño. Existe evidencia clara y contundente -continúa el Copinh en el comunicado- de la coordinación desde la dirección de la empresa a sus empleados, para cometer actos criminales con el objetivo de parar la lucha del Copinh (…) y acabar con la oposición de Berta”.
Durante una improvisada conferencia de prensa, Bertha Zúniga exigió el cese de la persecución y criminalización de aquellos sectores que recogen el legado de Berta Cáceres.
“El día de hoy nos sumamos a luchar hombro a hombro con otras comunidades indígenas, campesinas, urbanas que padecen los mismos males, continuados y profundizados por el régimen de Juan Orlando Hernández, que persigue judicialmente y criminaliza a quienes encarnamos la lucha de Lempira, Berta Cáceres, Iselaca y más”, dijo Zúniga.
“Animamos al pueblo hondureño a no rendirse y seguir defendiendo la dignidad humana, las riquezas naturales y la vida armónica. Rechazamos la maquinaria de muerte sustentada en el extractivismo minero-energético, y les decimos a esas empresas privadas abusivas y racistas que en nuestros territorios NO pasarán.
Estos 526 años de invasión de los territorios se han convertido en 526 años de resistencia contra la opresión, el olvido y las injusticias”, concluye el comunicado.
Sin lugar recusación de jueces
El pasado 25 de septiembre, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán declaró sin lugar un recurso de recusación, presentado una semana antes por el equipo legal de la familia de Berta Cáceres y el Copinh, contra los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia.
El 17 de septiembre, día del inicio del juicio contra ocho imputados del asesinato de la dirigente indígena, los familiares habían introducido dos denuncias por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negación de justicia, que sirvieron para pedir la recusación de los jueces.
La decisión de la Corte de Apelaciones de declarar sin lugar la recusación abre serias dudas sobre la continuación del juicio.
Actualmente las partes están esperando que el tribunal notifique la fecha en que se reanudará el juicio.
Es justamente para luchar contra estas políticas saqueadoras que hace 25 años surgió el Copinh, del cual Berta Cáceres fue cofundadora.
“Por la lucha de Berta para desterrar el robo de nuestras comunidades es que fue asesinada hace más de dos años, sin que hasta ahora el Ministerio Público dé resultados satisfactorios a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional que busca justicia”, continúa la nota.
¡Acusen a Desa!
Durante la actividad, Bertha Zúniga y miembros del equipo legal que acompaña a la familia de la dirigente indígena asesinada entregaron una carta al fiscal general Óscar Chinchilla.
En el documento solicitan que el Ministerio Público acuda ante los tribunales “a imputar el delito de asociación ilícita a la estructura criminal que se constituyó desde la fachada de la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos SA (Desa)”.
De acuerdo con la denuncia, Desa habría ejecutado, de manera sostenida y durante varios años, “una serie de ataques en contra del pueblo Lenca, del Copinh, de personas opuestas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, incluyendo a nuestra compañera asesinada”, se lee en el documento (Mire aquí el texto completo).
Desa es titular de la concesión del proyecto Agua Zarca contra el cual Berta Cáceres y el Copinh han luchado durante años.
Romper con la impunidad
“Venimos ante esta institución para exigir que se rompa con la impunidad y se acuse a la empresa DESA (…) como lo que es, una empresa criminal, una asociación ilícita, responsable del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y del pueblo hondureño. Existe evidencia clara y contundente -continúa el Copinh en el comunicado- de la coordinación desde la dirección de la empresa a sus empleados, para cometer actos criminales con el objetivo de parar la lucha del Copinh (…) y acabar con la oposición de Berta”.
Durante una improvisada conferencia de prensa, Bertha Zúniga exigió el cese de la persecución y criminalización de aquellos sectores que recogen el legado de Berta Cáceres.
“El día de hoy nos sumamos a luchar hombro a hombro con otras comunidades indígenas, campesinas, urbanas que padecen los mismos males, continuados y profundizados por el régimen de Juan Orlando Hernández, que persigue judicialmente y criminaliza a quienes encarnamos la lucha de Lempira, Berta Cáceres, Iselaca y más”, dijo Zúniga.
“Animamos al pueblo hondureño a no rendirse y seguir defendiendo la dignidad humana, las riquezas naturales y la vida armónica. Rechazamos la maquinaria de muerte sustentada en el extractivismo minero-energético, y les decimos a esas empresas privadas abusivas y racistas que en nuestros territorios NO pasarán.
Estos 526 años de invasión de los territorios se han convertido en 526 años de resistencia contra la opresión, el olvido y las injusticias”, concluye el comunicado.
Sin lugar recusación de jueces
El pasado 25 de septiembre, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán declaró sin lugar un recurso de recusación, presentado una semana antes por el equipo legal de la familia de Berta Cáceres y el Copinh, contra los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia.
El 17 de septiembre, día del inicio del juicio contra ocho imputados del asesinato de la dirigente indígena, los familiares habían introducido dos denuncias por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negación de justicia, que sirvieron para pedir la recusación de los jueces.
La decisión de la Corte de Apelaciones de declarar sin lugar la recusación abre serias dudas sobre la continuación del juicio.
Actualmente las partes están esperando que el tribunal notifique la fecha en que se reanudará el juicio.
Fuente: LINyM
COPINH condena el ataque en contra del movimiento social y las organizaciones comunitarias e indígenas
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPINH condena el ataque contra el miembro del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia MADJ.
En
horas de la tarde de ayer se dio a conocer por las redes sociales del
secuestro sufrido por el compañero del MADJ, Ian Rivera, quien fue
interceptado por desconocidos y conducido a las afueras de la ciudad de
San Pedro Sula, para ser amenazado y amedrentado por su labor social
vinculada al Movimiento Amplio y otros espacios sociales y políticos
críticos al régimen actual.
Ian Rivera fue secuestrado
ayer en la ciudad de San Pedro Sula y rescatado en la ciudad de Yoro
Ian
Rivera fue víctima de torturas por parte de las fuerzas de seguridad
del Estado en medio de la crisis por el fraude electoral de 2017, dicen
en un comunicado emitido este miércoles 10 de octubre.
Asimismo,
señalan el ataque con arma blanca contra Raúl Hernández Hernández y
Santos Manuel Hernández, jóvenes integrantes del Movimiento Indígena
Lenca de La Paz, Honduras, MILPAH, en el sector de Santa Cruz Marcala,
quienes se dirigían hacia un taller de radios comunitarias.
Estos
hechos violentos, así como los ocurridos con los ataques al campamento
en defensa de los bienes comunes en el sector de Guapinol y la
criminalización de sus liderazgos comunitarios y organizativos son
producto de la infame campaña de odio y estigmatización de parte de la
empresa privada y en especial del sector que se beneficia de las
concesiones ilegales de los ríos y montañas para la extracción minera e
hidroeléctrica, señalan en su comunicado
Como
han denunciado, la estigmatización y la difamación, con el amplificador
de los medios de comunicación oligárquicos son el preludio de la
violencia, las agresiones y los asesinatos en contra del pueblo que
exige sus derechos. Estas mismas campañas de estigmatización y
criminalización la vivieron nuestra compañera Berta antes de ser
vilmente asesinada por la empresa DESA.
Estas
acciones se dan el mismo día de la captura del encargado de la sección
de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Lorgio Oquelí Mejía
Tinoco, lo que demuestra la podredumbre del presente régimen, dirigido
por un usurpador. Es la muerta de lo que actualmente ofrece el Estado de
Honduras, instituciones en putrefacción y muerte para la juventud, y
más si es juventud que levanta su voz.
Nota relacionada Plataforma del movimiento social y popular convocan a movilización permanente
Hacen
un llamado a la comunidad internacional a levantar la voz de protesta
en contra de esta escalada de ataques en contra del movimiento social y
las organizaciones comunitarias e indígenas.
En
el comunicado exigieron a las autoridades de Honduras a que investiguen
y sancionen a los responsables de estos actos violentos.
Además, responsabilizaron al Gobierno de facto de Juan Orlando Hernández por las acciones en contra del movimiento social.
Expresan líderes de Guapinol: Estado es cómplice con la minera Inversiones Los Pinares para destruir bienes comunes de comunidades
Wednesday, 10 October 2018 21:42 Written by Wilmer Paz C. Published in Denuncia
Este es uno de los ríos destruidos por la minera Inversiones Los Pinares
Las ambiciones de la minera Inversiones los Pinares fueron
alimentadas con los abusos de poder desde diferentes instituciones del
Estado de Honduras, que violentaron la Ley para garantizarle sus
operaciones, a pesar que desde las mismas se emitieron dictámenes que
resolvían no otorgar el permiso de operaciones porque afectaba
gravemente el medio ambiente, denunciaron líderes de Guapinol que
manifestaron sentirse en total indefensión.
La aprobación en septiembre de 2017 del artículo 590 del nuevo Código
Penal, el cual tipifica como actos de terrorismo toda acción de
protesta pública, encontró a sus víctimas, esta vez en las demandas de
los habitantes del sector de Guapinol, en Tocoa, Colón, quienes
protestan en legítima defensa de sus recurso hídricos.
Cómo empieza la ilegalidad
El lesivo manipuleo legislativo ejecutado por las élites económicas gobernantes que mueven peones a puestos clave del gobierno, permite que éstos diseñen y faciliten leyes para favorecer y promover sus frívolas inversiones, llevadas a cabo atropellando la dignidad y las necesidades básicas de la gente humilde.
Juan López, Líder y coordinador del Comité Pro defensa de los Bienes comunes y Públicos del Municipio, en entrevista a pasosdeanimalgrande.com, relató cómo se entreteje el hilo de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias alrededor de la concesión para que la empresa minera Inversiones los Pinares se establezca.
Según su recuento el año 2008 cuando fue solicitada una concesión para explotación minera en esta zona de Tocoa supuestamente por la empresa “Mi Esperanza”, propiedad del señor Javier Rivera, quien fue requerido por la justicia de Estados Unidos por lo que después le fue otorgada a la empresa Emco Mining Company, de Lenir Lopez, empresario sampedrano propietario también de la compañía Alutech y Yerno del ya fallecido empresario Miguel Facussé quien en vida fue dueño de Corporación Dinant.
Luego, para beneficiar a Inversiones Los Pinares, (Antes Emco Mining Company), el Estado a través de las instituciones Instituto de Conservación Forestal, ICF y el El Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, modificó el decreto que delimita la zona de amortiguamiento del “Parque Nacional Carlos Escaleras”, ampliando sus extensiones en zona de amortiguamiento con el argumento de aumentar las áreas protegidas.
Pero en realidad lo que se estaba fraguando era la reducción de la zona núcleo y así crear un asidero legal donde la empresa minera pudiera justificar el desastre ecológico causado justo en el corazón del Parque Nacional, en el mismo lugar donde nacen los ríos San Pedro y Guapinol, sector considerado santuario de la naturaleza por los habitantes de la zona, ya que es fuente principal de agua potable y un refugio de vida silvestre.
Según relató el líder comunal, las comunidades han llegado a constatar que se ha construido por parte de la minera de Lenir López, alrededor de 552 metros de carretera, en el corazón del área núcleo, cuando según reglamentos del ICF se prohíbe tácitamente cualquier tipo de proyectos, así sea en área de amortiguamiento como en zona núcleo.
Lo anterior ha provocado que el sedimento resultante de la remoción de tierra por la poderosa maquinaria se deposite directamente en el cauce de los ríos alterando la calidad del agua, la que se convertirá en una especie de refresco de tamarindo, viéndose obligados a comprar agua a compañías privadas.
Por otra parte Juan López lamentó que se le haya librado orden de captura contra él y otros dirigentes, quienes para proteger la zona se han visto en la necesidad de levantar un campamento como especie de posta de resguardo forestal en la parte alta de la zona conocida como Ceibita, para impedir que esta empresa continúe dañando el medio ambiente.
”Nos condenan por proteger nuestras fuentes de agua, por proteger la vida, por exigir respeto a nuestro derechos humano. He recibido amenazas de cárcel porque me consideran el responsable de este movimiento, cuando somos un grupo de ciudadanos conscientes que no queremos heredar un desierto a nuestros hijos”, dijo.
Por su parte Juana Esquivel, otra de las dirigentes de la protesta y Coordinadora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, organización aglutinada en el Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes del Municipio, compartió a pasosdeanimalgrande.com, documentos que respaldan sus demandas.
Detalló que el ICF reconoce que el proyecto minero no es factible ya
que el mismo está ubicado en el área de cobertura forestal y en la sub
zona de recuperación del área protegida PNMB. En el documento esta
institución recomienda mediante dictamen técnico a MIAMBIENTE declarar
sin lugar la licencia ambiental para dicho proyecto.
No obstante, en un súbito e inesperado cambio, las mismas entidades reformaron este dictamen y en el año 2014 durante el gobierno de Porfirio Lobo, se le conceden los tan anhelados permisos de explotación a la minera, descociendo las recomendaciones de impacto ambiental anteriormente expuestas a través de estudios técnicos.
Los afectados han solicitado los documentos que sustenten el cambio de dictamen por parte de las autoridades, sin embargo se han mostrado herméticas para brindar dicha información alegando que están amparados en la ley de secretos oficiales y clasificación de la información, calzando así otra de las artimañas legales diseñadas para que las élites del poder devoren sin contemplaciones legales todos los recursos del Estado.
“No importa si en el camino se lleven de encuentro la dignidad de las personas, basta con que esto represente un negocio para la minoría que ostenta el poder”, lamentó Esquivel.
Denunció que el mismo alcalde Tocoa, Adan Fúnez, otro peón del juego de poder, apoye la explotación minera negando la posibilidad al pueblo que se manifieste, discutiendo la problemática en un cabildo abierto “ él sabe que el pueblo consciente, que es la mayoría, rechazará negociar sus tesoros naturales por unos cuantos billetes.
Para ambos dirigentes y 19 más, se libraron las órdenes de captura por dirigir acciones de protesta, pero admiten que su conciencia está tranquila, tienen el suficiente respaldo moral, espiritual y legal para seguir y tener esperanza en esta lucha, que consideran justa.
Aseguraron que no descansaran hasta lograr se declarare al municipio “libre de minería”, pero lamentan sentirse en total indefensión ante el Estado, y señalan que hasta de la prensa les ha cerrado las puertas para enviar el mensaje claro que de la única forma que levantarán el campamento es hasta que esta empresa minero Inversiones Los Pinares detenga completamente los trabajos y le sea cancelada la licencia de nueve proyectos de explotación más que se pretende llevar a cabo, “no hay cabida a negociaciones bajo la mesa”, finalizó.
A continuación compartimos la Alerta que emitió COPA este martes:
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA); a las Organizaciones Nacionales e Internacionales a 70 días de Campamento comunicamos lo siguiente:
1. El gobierno de Juan Orlando Hernández representado en INHGEOMIN y MI AMBIENTE, el Alcalde Adán Funes Martínez junto a la Empresa minera Inversiones los Pinares, sus trabajadores y activistas han emprendido una campaña mediática de criminalización y difamación contra COPA, FSAR, parroquia de Tocoa, Juan López y Leonel George poniendo en riesgo la vida, la seguridad desconociendo la labor genuina a favor de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas en el valle del aguan.
2. Condenamos la persecución judicial en la que se han emitido 18 órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa, bajo el expediente 148-2018 y orden de desalojo del Campamento Por la Vida mediante un juez de jurisdicción nacional en San Pedro Sula tipificado como delitos de alta peligrosidad la defensa del agua y los derechos fundamentales de las comunidades; desconociendo los derechos legítimo y legales garantizados en las leyes Nacionales y tratados y convenios internacionales firmados por Honduras por lo que exigimos su cancelación de inmediato ya que atenta contra la libertad del ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.
3. Condenamos la criminalización y persecución contra Carlos Leonel George miembro de la Junta Directiva de COPA, defensor de derechos humanos, Comunicador social y beneficiario de las Medidas Cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH ) las MC 5014 en su ampliación, que en vez de proteger su vida el Estado de Honduras la pone en peligro por lo que es su responsabilidad de Juan Orlando Hernández, Adán Funes Martínez y la Empresa minera Inversiones los Pinares por cualquier atentado contra la vida de nuestro Compañero.
4. Exigimos una investigación sobre las campañas de criminalización y motivaciones mediante comunicados de organizaciones falsas y medios de comunicación y personas que se prestan por intereses personales olvidando los intereses colectivos y los derechos fundamentales de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tocoa, Colón.
5. Condenamos la actitud del gobierno de Juan Orlando Hernández, del Alcalde Adán Funes Martínez de desconocer los derechos de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas y negar las peticiones de los barrios, colonias y comunidades de los distintos sectores del municipio donde exigen Cabildo Abierto municipal y la cancelación inmediata de las licencias ambientales y concesiones de minería ya que son ilegales e ilegítima por encontrarse en la zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos y el municipio no fue consultado y esas concesiones ponen en riesgo el agua del municipio de Tocoa, Colón.
6. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a levantar Alerta por lo que sucede en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida ya que con la persecución judicial desde el Estado de Honduras los deja indefensos para ser atacados por grupos de choque creados por la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez.
“Defender el agua y la vida no es un delito, es un derecho humano fundamental”
“Alto a la Criminalización Estatal contra defensores de los derechos humanos.”
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Tocoa, Colón, Honduras, Centro América, 9 de Octubre de 2018
Nosotros representantes de varias organizaciones sociales
aglutinadas en diferentes redes de derechos humanos que el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) ha
conformado en distintas regiones del país, a la opinión pública
nacional e internacional nos pronunciamos de la siguiente manera:
Condenamos el violento desalojo que se ejecutó el día jueves 11 de octubre contra los compañeros de la base campesina 11 de marzo en la comunidad de El Porvenir, municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Rechazamos y deploramos que un fuerte contingente militar armado con escudos, toletes, bombas lacrimógenas y tractores llegaran hasta el lugar donde está asentada la base campesina para desalojar a los trabajadores de la tierra, que desde hace varios años trabajan cultivándolas para el sostenimiento de su familia. Los uniformados no respetaron mujeres, ancianos ni niños y procedieron con los tractores a destruir los cultivos y las viviendas, que con gran esfuerzo y sacrificio los campesinos habían construidos sus moradores para tener un techo donde dormir.
Condenamos el plan de contrainsurgencia que ha puesto en práctica desde hace varios años el actual régimen que ha militarizado varias regiones del país, con el fin de apalastrar la protesta social y reprimir toda acción reivindicativa de derechos, en este caso ejerciendo violencia contra una base campesina.
Por otro lado, denunciamos que persiste una campaña de criminalización en contra del movimiento campesino hondureño, que lucha por recuperar un pedazo de tierra para trabajarla para el sostén de su familia.
Exigimos que cada vez que se ejecute un desalojo que se reubique a las familias víctimas, ya que son arrojadas a la calle sin consideración alguna, ya que después de su desalojo las fuerzas represoras destruye todo su patrimonio.
También exigimos el derecho a tierras y a una vivienda digna y que se respete el convenio 169 de la organización internacional del trabajo.
Exigimos el respeto a la vida y a la integridad física de los campesinos y campesinas e indígenas, ya que con los desalojos violetos se les violentan todos sus derechos.
Los representantes de las organizaciones firmantes responsabilizamos al gobierno (JOH) y a los terratenientes de cualquier derramamiento de sangre que pueda darse en contra de esta base campesina y contra cualquier otro asentamiento en el país.
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2018
Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
CINPH
Deocoderh
Red de Oriente
Redehsur
Red de Lempira
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Cómo empieza la ilegalidad
El lesivo manipuleo legislativo ejecutado por las élites económicas gobernantes que mueven peones a puestos clave del gobierno, permite que éstos diseñen y faciliten leyes para favorecer y promover sus frívolas inversiones, llevadas a cabo atropellando la dignidad y las necesidades básicas de la gente humilde.
Juan López, Líder y coordinador del Comité Pro defensa de los Bienes comunes y Públicos del Municipio, en entrevista a pasosdeanimalgrande.com, relató cómo se entreteje el hilo de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias alrededor de la concesión para que la empresa minera Inversiones los Pinares se establezca.
Según su recuento el año 2008 cuando fue solicitada una concesión para explotación minera en esta zona de Tocoa supuestamente por la empresa “Mi Esperanza”, propiedad del señor Javier Rivera, quien fue requerido por la justicia de Estados Unidos por lo que después le fue otorgada a la empresa Emco Mining Company, de Lenir Lopez, empresario sampedrano propietario también de la compañía Alutech y Yerno del ya fallecido empresario Miguel Facussé quien en vida fue dueño de Corporación Dinant.
Luego, para beneficiar a Inversiones Los Pinares, (Antes Emco Mining Company), el Estado a través de las instituciones Instituto de Conservación Forestal, ICF y el El Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, modificó el decreto que delimita la zona de amortiguamiento del “Parque Nacional Carlos Escaleras”, ampliando sus extensiones en zona de amortiguamiento con el argumento de aumentar las áreas protegidas.
Pero en realidad lo que se estaba fraguando era la reducción de la zona núcleo y así crear un asidero legal donde la empresa minera pudiera justificar el desastre ecológico causado justo en el corazón del Parque Nacional, en el mismo lugar donde nacen los ríos San Pedro y Guapinol, sector considerado santuario de la naturaleza por los habitantes de la zona, ya que es fuente principal de agua potable y un refugio de vida silvestre.
Según relató el líder comunal, las comunidades han llegado a constatar que se ha construido por parte de la minera de Lenir López, alrededor de 552 metros de carretera, en el corazón del área núcleo, cuando según reglamentos del ICF se prohíbe tácitamente cualquier tipo de proyectos, así sea en área de amortiguamiento como en zona núcleo.
Lo anterior ha provocado que el sedimento resultante de la remoción de tierra por la poderosa maquinaria se deposite directamente en el cauce de los ríos alterando la calidad del agua, la que se convertirá en una especie de refresco de tamarindo, viéndose obligados a comprar agua a compañías privadas.
Por otra parte Juan López lamentó que se le haya librado orden de captura contra él y otros dirigentes, quienes para proteger la zona se han visto en la necesidad de levantar un campamento como especie de posta de resguardo forestal en la parte alta de la zona conocida como Ceibita, para impedir que esta empresa continúe dañando el medio ambiente.
”Nos condenan por proteger nuestras fuentes de agua, por proteger la vida, por exigir respeto a nuestro derechos humano. He recibido amenazas de cárcel porque me consideran el responsable de este movimiento, cuando somos un grupo de ciudadanos conscientes que no queremos heredar un desierto a nuestros hijos”, dijo.
Por su parte Juana Esquivel, otra de las dirigentes de la protesta y Coordinadora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, organización aglutinada en el Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes del Municipio, compartió a pasosdeanimalgrande.com, documentos que respaldan sus demandas.
 En los archivos estatales consta cómo se programó la destrucción |
No obstante, en un súbito e inesperado cambio, las mismas entidades reformaron este dictamen y en el año 2014 durante el gobierno de Porfirio Lobo, se le conceden los tan anhelados permisos de explotación a la minera, descociendo las recomendaciones de impacto ambiental anteriormente expuestas a través de estudios técnicos.
Los afectados han solicitado los documentos que sustenten el cambio de dictamen por parte de las autoridades, sin embargo se han mostrado herméticas para brindar dicha información alegando que están amparados en la ley de secretos oficiales y clasificación de la información, calzando así otra de las artimañas legales diseñadas para que las élites del poder devoren sin contemplaciones legales todos los recursos del Estado.
“No importa si en el camino se lleven de encuentro la dignidad de las personas, basta con que esto represente un negocio para la minoría que ostenta el poder”, lamentó Esquivel.
Denunció que el mismo alcalde Tocoa, Adan Fúnez, otro peón del juego de poder, apoye la explotación minera negando la posibilidad al pueblo que se manifieste, discutiendo la problemática en un cabildo abierto “ él sabe que el pueblo consciente, que es la mayoría, rechazará negociar sus tesoros naturales por unos cuantos billetes.
Para ambos dirigentes y 19 más, se libraron las órdenes de captura por dirigir acciones de protesta, pero admiten que su conciencia está tranquila, tienen el suficiente respaldo moral, espiritual y legal para seguir y tener esperanza en esta lucha, que consideran justa.
Aseguraron que no descansaran hasta lograr se declarare al municipio “libre de minería”, pero lamentan sentirse en total indefensión ante el Estado, y señalan que hasta de la prensa les ha cerrado las puertas para enviar el mensaje claro que de la única forma que levantarán el campamento es hasta que esta empresa minero Inversiones Los Pinares detenga completamente los trabajos y le sea cancelada la licencia de nueve proyectos de explotación más que se pretende llevar a cabo, “no hay cabida a negociaciones bajo la mesa”, finalizó.
Campamento Guapinol: ejemplo de soberanía territorial
El viento golpea con fuerza el nylon
azul y las láminas de zinc que protegen al campamento. El sol es
inclemente, no perdona. De noche toca lidiar con la lluvia que azota los
cerros hondureños en los meses previos al invierno. El frío cala hasta
los huesos, así como cala y duele la implementación de la política
extractiva que promueve el gobierno, y que se traduce en las comunidades
en proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales,
cuenta doña Dilma Cruz, una de las mujeres de campamento.
El calendario marca más de 60 días de
resistencia en el campamento de Guapinol, sector Ceibita, Tocoa, Colón.
Según la gente, la solidaridad y el deseo profundo de conservar su río
han aportado a que los días no se sientan. – Nunca imaginamos cumplir
tantos días-, Reynaldo Domínguez dijo esto a Radio Progreso. Él sabe
que, así como avanzan los días, también avanza la amenaza de un
desalojo.
La juventud se suma
En la parte alta del campamento se
observan las “Las Dronas”, un grupo de muchachas responsables de vigilar
cuando movimientos extraños asechan al campamento. Y en el mejor de los
casos son las encargadas de anunciar la llegada de la comida. Se auto
“Las Dronas”, como una respuesta a la intimidación que las empresas
extractivistas han provocado en los campamentos de resistencia, al tomar
fotografías de los líderes comunitarios con drones.
La comida, el agua y el café siempre
ajustan. Desde el Comité Ambientalista de Guapinol se ha organizado a
las comunidades de todo el municipio para que una vez a la semana se
encarguen de la preparación de alimentos. Algunos empresarios de la
región también llevan provisiones de comida para compartir.
El campamento se ubica en la calle que
la empresa minera Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining
Company, propiedad Lenir Pérez y Ana Facussé, abrió para comenzar con
los trabajos de explotación. El empresario cuenta con permisos para
extraer piedras con óxido de hierro. Aunque la ciudadanía asegura que en
ese sector hay oro, plata y cobre.
Solo con los trabajos de apertura de
calle en el sector La Ceibita, la empresa ha provocando daños severos al
río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. – Ahora tenemos que
comprar el agua porque llega puro lodo- asegura Fidelina Lemus,
habitante de Guapinol, quien jamás imaginó tener que comprar agua hasta
para lavar la ropa.
Además de los daños ambientales, los
representantes y empleados de la empresa hostigan a la ciudadanía que
está liderando una lucha contra la explotación minera en el
departamento, donde según el Instituto Hondureño de Geología y Minas
Inhgeomin, existen 59 concesiones mineras, de las cuales 34 se
concentran en la parte alta del municipio de Tocoa.
La conflictividad social que vive el
sector se ha elevado de tono. Un grupo de empleados de la minera
hirieron con arma de fuego al joven Rigoberto Hernández, integrante del
campamento, quien fue trasladado al hospital San Isidro de Tocoa. El
hecho ocurrió el 07 de septiembre cuando empleados del minero bloquearon
el paso al campamento con la intención de evitar el ingreso de
alimentos.
Diversidad de Conflictos
El departamento de Colón, al norte de
Honduras, cuenta con una belleza y riqueza natural impresionante. Aquí
se encuentra la sierra La Esperanza que en sus entrañas cobija al Parque
Nacional Carlos Escaleras, declarado así a raíz de un acuerdo amistoso
entre el Estado de Honduras y la familia del ambientalista Escaleras,
asesinado el 17 de octubre de 1997. Este acuerdo fue pactado con la
mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También cuenta con playas de arena
blanca y agua cristalina, que besa la bahía de Trujillo históricamente
habitada por comunidades garífunas, pero amenazadas con la instalación
de proyectos turísticos de capital canadiense. A esa amenaza se le suma
el reciente anuncio de la creación de una Ciudad Modelo o Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico, Zede.
Y cómo no mencionar el fértil y
productivo Valle del Aguán, zona catalogada en los 80 e inicio de los 90
como máxima productora de granos básicos. Región sumergida en una
profunda crisis a falta de una reforma agraria, que ha dejado a más de
120 campesinos asesinados, y la tierra en manos de familias
terratenientes como los Facussé, según el Observatorio Permanente de
Derechos Humanos del Aguán.
Además, por su ubicación estratégica,
Colón es controlado por el narcotráfico. A pesar que líderes de carteles
como Los Cachiros, Wilter Blanco y Los Varela no están físicamente en
el departamento porque han sido extraditados a Estados Unidos, sus
actividades ilícitas y la secuela de la violencia que deja el crimen
organizado se sienten con fuerza en la actualidad.
Antecedentes
En 2012, se inicia la tala de bosque en
el Sector San Pedro, en aquel entonces el alcalde de Tocoa era Héctor
Hernández. Las comunidades comenzaron a interponer denuncias en la
fiscalía y la municipalidad sin tener respuestas. Solo conocían que la
concesión minera para la extracción de hierro le pertenecía a la familia
Rivera Maradiaga “Los Cachiros”. Nadie podía hablar de la minera porque
el miedo de ser asesinados era real.
En un cabildo abierto realizado en
agosto de 2016, el actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, reconoció
públicamente que la concesión minera que tiene Lenir Pérez era de los
narcotraficantes. Además, aseguró ser amigo de los Rivera Maradiaga por
las ayudas económicas que recibía.
Según la ciudadanía, esa no era la única
concesión minera en manos de Los Cachiros. Hay otras que se encuentran
en etapa de exploración y que han terminado en manos de empresarios y
políticos reconocidos del departamento.
En un estudio de conflictos realizado
por la Fundación San Alonso Rodríguez, se refleja que el departamento ha
contado con una diversidad de riquezas, que han ido mermando con la
instalación de enclave como el bananero y de palma africana. -Ahora
vemos cómo la situación se agudiza con la implementación del enclave
extractivista-, apunta Juana Esquivel de la fundación San Alonso.
Son más de 3 mil 500 hectáreas las que
están destinadas para la explotación minera en Tocoa, Colón. Solo donde
se ubica el campamento de Guapinol, el Estado concedió 200 hectáreas,
abarcando a más de 14 comunidades del Sector San Pedro y La Ceibita.
-Las montañas con minería y el valle con
el monocultivo de la palma africana- predicen un desplazamiento forzado
de comunidades enteras, porque la vida en Tocoa será insostenible con
la falta de agua, señaló Esquivel para Radio Progreso.
A raíz de esta situación la Diócesis de
Trujillo, que cubre los departamentos de Colón y Gracias a Dios, se ha
posicionado a favor de las comunidades que se oponen a la instalación de
megas proyectos. En un comunicado, el cuerpo de sacerdotes encabezados
por el obispo Luis Solé y las comunidades eclesiales de base, respaldan
la resistencia no violenta en defensa de la casa común, haciendo alusión
al llamado del Papa Francisco a través del Laudato Sí.
Campaña de desprestigio
Una fuerte campaña de desprestigio
contra las comunidades que se oponen a la destrucción de los recursos
naturales, circula a través de las redes sociales y diferentes medios de
comunidades.
Para el investigador Pedro Landa del
Eric, la campaña de desprestigio contra los campamentos dignos en
defensa de los bienes naturales, es parte de una estrategia de invasión
territorial por parte de las empresas extractivas, quienes han provocado
una ruptura en el tejido social de las comunidades, provocando
enfrentamientos hasta de familias enteras.
Según denuncias de organizaciones de
derechos humanos, las empresas Minerales de Occidente en Copán,
Centrales de El Progreso Hidrocep en Atlántida e Inversiones Los Pinares
en Colón, están llevando a cabo una campaña de desprestigio contra los
campamentos de resistencia, poniendo en mayor vulnerabilidad a las
personas que lideran la lucha ambiental.
Landa, sostiene que los medios de
comunicación corporativos están aprovechando ésta conflictividad social
para sacar su beneficio económico, al mostrar a los líderes comunitarios
como criminales y a las personas a favor de los proyectos como
víctimas. – Esto puede desencadenar mayor criminalización y persecución
para las comunidades- apunta el investigador.
A pesar del miedo a ser desalojados y de
la implantación de una campaña de desprestigio, los hombres y mujeres
que permanecen en el campamento de Guapinol están convencidos que su
lucha es justa y digna. Y que sin agua no podrán vivir. La gente
claramente identifica a Lenir Pérez, Ana Facussé y al diputado
nacionalista Oscar Nájera como los dueños de la minera y responsables de
los daños severos provocados al río. Las comunidades se mantienen
organizadas y en movimiento ejerciendo soberanía. Garantizando la
conservación de la montaña y el río.
Autoridades locales, gubernamentales y mineras criminalizan y difaman a líderes y organizaciones de derechos humanos del Bajo Aguán
Foto Radio Progreso
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
denunció este martes la persecución judicial en la que se han emitido 18
órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras
de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité
municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa.A continuación compartimos la Alerta que emitió COPA este martes:
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA); a las Organizaciones Nacionales e Internacionales a 70 días de Campamento comunicamos lo siguiente:
1. El gobierno de Juan Orlando Hernández representado en INHGEOMIN y MI AMBIENTE, el Alcalde Adán Funes Martínez junto a la Empresa minera Inversiones los Pinares, sus trabajadores y activistas han emprendido una campaña mediática de criminalización y difamación contra COPA, FSAR, parroquia de Tocoa, Juan López y Leonel George poniendo en riesgo la vida, la seguridad desconociendo la labor genuina a favor de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas en el valle del aguan.
2. Condenamos la persecución judicial en la que se han emitido 18 órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa, bajo el expediente 148-2018 y orden de desalojo del Campamento Por la Vida mediante un juez de jurisdicción nacional en San Pedro Sula tipificado como delitos de alta peligrosidad la defensa del agua y los derechos fundamentales de las comunidades; desconociendo los derechos legítimo y legales garantizados en las leyes Nacionales y tratados y convenios internacionales firmados por Honduras por lo que exigimos su cancelación de inmediato ya que atenta contra la libertad del ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.
3. Condenamos la criminalización y persecución contra Carlos Leonel George miembro de la Junta Directiva de COPA, defensor de derechos humanos, Comunicador social y beneficiario de las Medidas Cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH ) las MC 5014 en su ampliación, que en vez de proteger su vida el Estado de Honduras la pone en peligro por lo que es su responsabilidad de Juan Orlando Hernández, Adán Funes Martínez y la Empresa minera Inversiones los Pinares por cualquier atentado contra la vida de nuestro Compañero.
4. Exigimos una investigación sobre las campañas de criminalización y motivaciones mediante comunicados de organizaciones falsas y medios de comunicación y personas que se prestan por intereses personales olvidando los intereses colectivos y los derechos fundamentales de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tocoa, Colón.
5. Condenamos la actitud del gobierno de Juan Orlando Hernández, del Alcalde Adán Funes Martínez de desconocer los derechos de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas y negar las peticiones de los barrios, colonias y comunidades de los distintos sectores del municipio donde exigen Cabildo Abierto municipal y la cancelación inmediata de las licencias ambientales y concesiones de minería ya que son ilegales e ilegítima por encontrarse en la zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos y el municipio no fue consultado y esas concesiones ponen en riesgo el agua del municipio de Tocoa, Colón.
6. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a levantar Alerta por lo que sucede en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida ya que con la persecución judicial desde el Estado de Honduras los deja indefensos para ser atacados por grupos de choque creados por la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez.
“Defender el agua y la vida no es un delito, es un derecho humano fundamental”
“Alto a la Criminalización Estatal contra defensores de los derechos humanos.”
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Tocoa, Colón, Honduras, Centro América, 9 de Octubre de 2018
Defensores de ddhh condenan desalojo de campesinos en Siguatepeque
Condenamos el violento desalojo que se ejecutó el día jueves 11 de octubre contra los compañeros de la base campesina 11 de marzo en la comunidad de El Porvenir, municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Rechazamos y deploramos que un fuerte contingente militar armado con escudos, toletes, bombas lacrimógenas y tractores llegaran hasta el lugar donde está asentada la base campesina para desalojar a los trabajadores de la tierra, que desde hace varios años trabajan cultivándolas para el sostenimiento de su familia. Los uniformados no respetaron mujeres, ancianos ni niños y procedieron con los tractores a destruir los cultivos y las viviendas, que con gran esfuerzo y sacrificio los campesinos habían construidos sus moradores para tener un techo donde dormir.
Condenamos el plan de contrainsurgencia que ha puesto en práctica desde hace varios años el actual régimen que ha militarizado varias regiones del país, con el fin de apalastrar la protesta social y reprimir toda acción reivindicativa de derechos, en este caso ejerciendo violencia contra una base campesina.
Por otro lado, denunciamos que persiste una campaña de criminalización en contra del movimiento campesino hondureño, que lucha por recuperar un pedazo de tierra para trabajarla para el sostén de su familia.
Exigimos que cada vez que se ejecute un desalojo que se reubique a las familias víctimas, ya que son arrojadas a la calle sin consideración alguna, ya que después de su desalojo las fuerzas represoras destruye todo su patrimonio.
También exigimos el derecho a tierras y a una vivienda digna y que se respete el convenio 169 de la organización internacional del trabajo.
Exigimos el respeto a la vida y a la integridad física de los campesinos y campesinas e indígenas, ya que con los desalojos violetos se les violentan todos sus derechos.
Los representantes de las organizaciones firmantes responsabilizamos al gobierno (JOH) y a los terratenientes de cualquier derramamiento de sangre que pueda darse en contra de esta base campesina y contra cualquier otro asentamiento en el país.
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2018
Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
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Resistencia en Guapinol y explotación de óxido de hierro en áreas protegidas
En un escenario de guerra de baja intensidad, que se ha venido
desarrollando en la última década en el Valle del Aguan, la empresa
Pinares, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez, viene destruyendo el
río Guapinol, esencial para la sobrevivencia de más de diez comunidades
ubicadas en el municipio de Tocoa; el campamento de resistencia a la
minería en la cuenca del río Guapinol cumple 63 de días, dando al pueblo
hondureño una lección de amor a la madre tierra y de rechazo a la
política estatal de mercantilización y destrucción de la madre tierra,
promovida por la élite de poder feudal que está rematandoo los bienes
comunes y el futuro de nuestro país.
En este caso, es la minería de óxido de hierro, una de las más destructivas y con un margen de ganancia mínimo ante el irrisorio precio en el mercado internacional. La explotación de óxido de hierro es una de las más destructivas del rubro de la minería y tiene un margen de ganancia muy estrecho que no compensa la enorme destrucción ambiental generada.
La repartición de licencias ambientales a partir del golpe de estado (2009), sin tomar en cuenta los impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas por proyectos de minería y energéticos; han generado un sinmero de conflictos sociales, causando asesinatos, persecución y cruminalización de los defensores de los biienes comunes.
Con la emisión de la segunda Ley de Minería (Decreto Ejecutivo 473-2004) se creo el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMINH), autoridad minera responsable de las concesiones de zonas mineras en el territorio nacional. Entre otras la Ley de Minería vigente, determino las denominadas “zonas de exclusión de derecho mineros”, que incluyen: áreas protegidas, zonas productoras de agua, zonas de recuperación y mitigación ambiental, zonas declaradas como patrimonio ambiental, entre otras.
Casualmente la minera Pinares esta destruyendo fuentes de aguas y se encuentra dentro del Parque Nacional Carlos Escalera; sin embrago durante la administración Lobo, se concedió la licencia ambiental para proceder a las destrucción de la montaña Boatederos, la que fue convertida en área protegida en el 2012 cubriendo 23, 223 hectaréas. Para el 2013 el Congreso Nacional bajo la dirección de Juan Orlando Hernández, modificó el decreto para sustraer 217.34 que forman parte de la concesión otorgada a Facusse y su esposo.
En la actualidad existe una política de estado destina a limitar el territorio de las áreas protegidas y abrirlas a proyectos ecocidas. La nueva Ley de Incentivos para el Turismo, es contundente al respecto en su Apartado3, artículo 3, dando apertura al uso de inversiones en territorios que han sido “protegidos” durante décadas.
Con el acuerdo Ministerial 1402-2018 emitido el pasado 17 de agosto, con el cual se pretende crear un manto de silencio alrededor de las licencias ambientales, alegando proteger con dicho acuerdo la propiedad intelectual sobre los proyectos que solicitan las licencias ante el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE); además de la nueva plataforma que tardará 30 segundos en tomar la decisión sobre las licencias ambientales; es de temer que se avecina una avalancha de emisión de cuestionables licencias ambientales, las que serán concedidas con medidas de silencio para así mantener desinformadas a las comunidades que serán afectadas por las determinaciones de MIAMBIENTE.
Las acusaciones por parte del ministro de la Presidencia Eball Díaz de señalar públicamente que “fuerzas ideológicas financiadas desde el extranjero serían responsables de boicotear la inversión en Honduras”, en referencia al campamento de resistencia en Guapinol; así como la creación de una fuerza de tarea destinada a” solucionar conflictos en el sector minero”, son amenazas dirigidas contra el campamento de resistencia en Guapinol y a los protectores de los bienes comunes en general.
La actitud asumida desde la municipalidad de Tocoa, pasando por MIAMBIENTE, Ministerio Público y fuerzas de seguridad de darle continuidad a un proyecto de muerte que afecta al valle de Aguan, es una muestra de la mentalidad colonialista que persiste en Honduras. El óxido de hierro genera destrucción y las ganancias son irrisorias hasta el punto que en julio de 2017, Dania Baca, subdirectora de investigaciones de INHGEOMIN indico que ese mineral ya había salido de los cuadros de exportación del sector minero, ante el bajo precio en el mercado internacional, siendo el precio de $57 por tonelada no es rentable para las compañías mineras.
Nos preguntamos, hasta cuando los tomadores de decisión de este país, mostraran un poco de cordura e inteligencia o es que se les olvida que Honduras ocupa uno de los puestos mas altos en vulnerabilidad ante el cambio climático y en asesinatos de defensores de la madre tierra.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Hasta en sillas de ruedas migrantes hondureños huyen de su país debido a la pobreza y violencia en que viven
Bartolo Fuentes coordinador de la caravana de migrantes hondureños
Niños en “cochecitos” son llevados por sus padres que huyen buscando un futuro para sus hijos
Una
investigación de la organización Amnistía Internacional (AI), afirma
que en un lapso del 19 de abril al 15 de agosto, han sido separadas unas
8,000 familias migrantes por el Gobierno estadounidense.
Esto contrasta los informes de EE.UU., ya que según la organización, difieren de varios tipos de características para no reconocer los vínculos entre niños y adultos, ya sean por sangre o legal.
Según
la organización internacional, la cifra supone que cerca de son 2,000
familias más de las admitidas por las autoridades. Lo anterior fue
presentado en un informe donde reclaman que entre el 19 de abril y el 15
de agosto se produjo la separación de 6,000 familias, con daos de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El
documento recoge testimonios como el de una joven brasileña que pidió
asilo en marzo pasado y las autoridades la separaron de su hijo de siete
años; denunció que lo único que los guardias le dijeron fue: “No tienes
ningún derecho aquí”.
En este caso, es la minería de óxido de hierro, una de las más destructivas y con un margen de ganancia mínimo ante el irrisorio precio en el mercado internacional. La explotación de óxido de hierro es una de las más destructivas del rubro de la minería y tiene un margen de ganancia muy estrecho que no compensa la enorme destrucción ambiental generada.
La repartición de licencias ambientales a partir del golpe de estado (2009), sin tomar en cuenta los impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas por proyectos de minería y energéticos; han generado un sinmero de conflictos sociales, causando asesinatos, persecución y cruminalización de los defensores de los biienes comunes.
Con la emisión de la segunda Ley de Minería (Decreto Ejecutivo 473-2004) se creo el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMINH), autoridad minera responsable de las concesiones de zonas mineras en el territorio nacional. Entre otras la Ley de Minería vigente, determino las denominadas “zonas de exclusión de derecho mineros”, que incluyen: áreas protegidas, zonas productoras de agua, zonas de recuperación y mitigación ambiental, zonas declaradas como patrimonio ambiental, entre otras.
Casualmente la minera Pinares esta destruyendo fuentes de aguas y se encuentra dentro del Parque Nacional Carlos Escalera; sin embrago durante la administración Lobo, se concedió la licencia ambiental para proceder a las destrucción de la montaña Boatederos, la que fue convertida en área protegida en el 2012 cubriendo 23, 223 hectaréas. Para el 2013 el Congreso Nacional bajo la dirección de Juan Orlando Hernández, modificó el decreto para sustraer 217.34 que forman parte de la concesión otorgada a Facusse y su esposo.
En la actualidad existe una política de estado destina a limitar el territorio de las áreas protegidas y abrirlas a proyectos ecocidas. La nueva Ley de Incentivos para el Turismo, es contundente al respecto en su Apartado3, artículo 3, dando apertura al uso de inversiones en territorios que han sido “protegidos” durante décadas.
Con el acuerdo Ministerial 1402-2018 emitido el pasado 17 de agosto, con el cual se pretende crear un manto de silencio alrededor de las licencias ambientales, alegando proteger con dicho acuerdo la propiedad intelectual sobre los proyectos que solicitan las licencias ante el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE); además de la nueva plataforma que tardará 30 segundos en tomar la decisión sobre las licencias ambientales; es de temer que se avecina una avalancha de emisión de cuestionables licencias ambientales, las que serán concedidas con medidas de silencio para así mantener desinformadas a las comunidades que serán afectadas por las determinaciones de MIAMBIENTE.
Las acusaciones por parte del ministro de la Presidencia Eball Díaz de señalar públicamente que “fuerzas ideológicas financiadas desde el extranjero serían responsables de boicotear la inversión en Honduras”, en referencia al campamento de resistencia en Guapinol; así como la creación de una fuerza de tarea destinada a” solucionar conflictos en el sector minero”, son amenazas dirigidas contra el campamento de resistencia en Guapinol y a los protectores de los bienes comunes en general.
La actitud asumida desde la municipalidad de Tocoa, pasando por MIAMBIENTE, Ministerio Público y fuerzas de seguridad de darle continuidad a un proyecto de muerte que afecta al valle de Aguan, es una muestra de la mentalidad colonialista que persiste en Honduras. El óxido de hierro genera destrucción y las ganancias son irrisorias hasta el punto que en julio de 2017, Dania Baca, subdirectora de investigaciones de INHGEOMIN indico que ese mineral ya había salido de los cuadros de exportación del sector minero, ante el bajo precio en el mercado internacional, siendo el precio de $57 por tonelada no es rentable para las compañías mineras.
Nos preguntamos, hasta cuando los tomadores de decisión de este país, mostraran un poco de cordura e inteligencia o es que se les olvida que Honduras ocupa uno de los puestos mas altos en vulnerabilidad ante el cambio climático y en asesinatos de defensores de la madre tierra.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Con el grito de “allá vamos Donald Trump”, 1,200 hondureños arrancaron hoy la caravana hacia Estados Unidos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Tal como estaba previsto, esta madrugada arrancó desde la gran
terminal de San Pedro Sula, la caravana de migrantes hondureños que
huyen de su país debido a la pobreza, falta de empleo y violencia que
viven en sus comunidades y que sueñan llegar a los Estados Unidos.
Hasta en sillas de ruedas migrantes hondureños huyen de su país debido a la pobreza y violencia en que viven
Jóvenes,
ancianos, niños y personas con discapacidad iniciaron hoy este éxodo
con la mira de llegar a Estados Unidos o Canadá, confiando en que en su
llegada a México se les brinde una visa humanitaria, para poder
continuar el viaje hacia la tierra del “Tío Sam” que hoy se ha
convertido en la “tierra prometida”.
Desde
la mañana de ayer comenzaron a llegar desde diversas partes del país la
gran mayoría con apenas para comer un par de días, pero cargados de
sueños y de esperanza que en esta travesía habrán de encontrar un empleo
que les ayude a sobrevivir y poder ayudar a los familiares que dejan en
Honduras.
Bartolo Fuentes coordinador de la caravana de migrantes hondureños
Bartolo
Fuentes, coordinador de la caravana explicó que este éxodo comenzó un
grupo de Whatsapp y luego fueron varios grupos y fue creciendo con la
difusión en los medios y en las redes sociales hizo que la gente se
incorporara.
Ayer
viernes, señaló Fuentes, eran 600 personas y hoy esa cantidad se ha
doblado y esta mañana son mil doscientas personas las que inician la
caminata desde la ciudad de San Pedro Sula.
Fuentes
manifestó que las personas estaban desesperadas por iniciar la caminata
y muchos de ellos por temor a que quienes los han amenazado lleguen al
lugar para cumplir las amenazas de las cuales han sido objeto antes que
salgan de Honduras.
Explicó
que el objetivo de ir juntos es porque esto significa protegerse porque
cuando la gente se va sola y entra a México, se expone a una serie de
peligros que en grupo es menos probable que les pase algo.
Además,
juntos, explicó Fuentes, es como se puede lograr que el gobierno
mexicano les pueda brindar asilo y protección a los caravaneros que hoy
huyen de Honduras.
Karen
Martínez de la Fundación para los Derechos Humanos de los Grupos
Humanos llegó esta madrugada a la central metropolitana de San Pedro
Sula a persuadir a los migrantes sobre los riesgos que hay en su
travesía para llegar a los Estados Unidos y les brindó consejos para
enfrentar cualquier percance.
Nota relacionada Mas de 500 hondureños inician éxodo huyendo de la pobreza y violencia en su país
La
defensora de los derechos humanos lamentó que dentro del grupo de
migrantes vayan niños y niñas y responsabilizó a los gobernantes por el
éxodo de los hondureños que se van ante la falta de empleo y pobreza
generalizada.
Niños en “cochecitos” son llevados por sus padres que huyen buscando un futuro para sus hijos
Martínez dijo que lamenta que los hondureños tengan que emigrar debido a la pobreza y violencia que se vive en el país.
Lamentó
que vayan niñas y niños, pero reconoció que el Estado hondureño se ha
olvidado de la niñez y de los pobres del país a tal grado que los
hondureños han tomado esta decisión de arriesgar sus vidas en busca de
un futuro para ellos y sus familias.
Mas de 500 hondureños inician éxodo huyendo de la pobreza y violencia en su país
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Más de 500 hondureños y hondureñas se congregaron este viernes en la
terminal metropolitana de transporte de la ciudad de San Pedro Sula, al
norte de Honduras para emprender una caminata hacia el “sueño americano”
o la salida de la violencia y pobreza en que viven.
Niños
y niñas tiradas bajo la grama y bajo un inclemente sol, esperaban el
transcurrir de las horas porque en horas de la madrugada del sábado
iniciarán una caminata con la que pretenden atravesar Guatemala y llegar
hasta México donde solicitarán una visa humanitaria.
Algunos
intentarán cruzar hacia los Estados Unidos y otros buscarán empleo en
la zona, mientras logran cruzar hacia la gran ciudad del norte.
La generalidad de quienes se dieron cita este día en San Pedro Sula, huyen de la violencia, la pobreza y de la falta de empleo.
La
gran mayoría son pobres, gente que se trasladó apenas con el pasaje y
han llegado desde ciudades como La Ceiba, El Progreso, Tela,
Tegucigalpa y otros de la zona sur de Honduras.
Los niños juegan inocentemente sin saber que el camino que emprenderán será duro y tortuoso
El
vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence señaló ayer jueves que
la migración en Honduras ha incrementado en un 61%, pese a la puesta en
marcha del Plan Alianza para la Prosperidad con el que se supone que
bajarán los altos niveles de migración y que a pesar de los fondos
otorgados no se ven resultados.
Todos
están conscientes que pasarán hambre, sol y desvelos, pero prefieren
irse de Honduras a aventurarse rumbo al “sueño americano” que seguir
viviendo sin empleo y a merced de la delincuencia.
Hoy
son 500 y están en la Terminal de San Pedro Sula, decididos a salir
mañana sábado. Si usted quiere solidarizarse, puede ir a dejarles
víveres o ropa. Hay niños, mujeres y adultos mayores.
MÁS DE 8,000 FAMILIAS MIGRANTES SEPARADAS POR EE.UU.
Una
investigación de la organización Amnistía Internacional (AI), afirma
que en un lapso del 19 de abril al 15 de agosto, han sido separadas unas
8,000 familias migrantes por el Gobierno estadounidense.Esto contrasta los informes de EE.UU., ya que según la organización, difieren de varios tipos de características para no reconocer los vínculos entre niños y adultos, ya sean por sangre o legal.
Cabe
destacar que EE.UU. ha elogiado la política de Seguridad de Honduras,
pero al mismo tiempo, ha deportado a casi 60 mil compatriotas, que entre
tantos problemas, huyen de la violencia.
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington. La
organización Amnistía Internacional (AI), denunció que el Gobierno de
Estados Unidos, ha separado a la fecha a unas 8,000 familias de
indocumentados que intentaron llegar al país.
Según
la organización internacional, la cifra supone que cerca de son 2,000
familias más de las admitidas por las autoridades. Lo anterior fue
presentado en un informe donde reclaman que entre el 19 de abril y el 15
de agosto se produjo la separación de 6,000 familias, con daos de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El
autor del informe, Brian Griffey, explicó que las medidas de este tipo
van en aumento, y es un “castigo deliberado” para quienes intentan
llegar al país por la frontera con México. Según el Gobierno “Yanqui” la
migración irregular viola la legislación nacional.
“Lo
que encontramos en nuestra investigación, es que no se trata de
violaciones puntuales. Son medidas para castigar a quienes buscan
asilo”, puntualizó el representante de AI.
La
directora de esta organización, Margaret Huang, dijo que las cifras
podrían ser inferiores a las reales, ya que las autoridades se aferran a
diversos componentes para no considerar una separación familiar, como
tal, no aceptan vínculos entre abuelos y nietos, o entre niños y tutores
legales.
El
documento recoge testimonios como el de una joven brasileña que pidió
asilo en marzo pasado y las autoridades la separaron de su hijo de siete
años; denunció que lo único que los guardias le dijeron fue: “No tienes
ningún derecho aquí”.
El
apoderado legal de la brasileña, Eduardo Beckett, dijo que las
autoridades de EE.UU. únicamente están para negar, minimizar derechos,
desacreditar y deportar.
Siempre
se ha manejado que la gente decide buscar el “sueño Americano”, ya que
en su país de origen están marginados y la violencia amenaza su
humanidad. De hecho, la coordinadora del Pastoral Movilidad Humana,
Lidia Mara Silva, advierte que además de los riesgos de la ruta
migratoria, que los “nómadas” sean calificados como criminales es otro
gran problema que no se está tratando como tal, por ejemplo, en
Honduras, la legislación no se apega a la realidad actual.
