HONDURAS / UN MES SIN CONFINAMIENTO: HOSPITALES COLAPSAN Y CADA 3 HORAS UN MUERTO
- Publicado: 08 Diciembre 2020
El 4 de noviembre el Gobierno de Honduras suspendió toda restricción de movilidad por la “Semana Morazánica”, periodo vacacional frustrado por los huracanes; desde la fallida “reapertura inteligente” la autoridad no tuvo interés en la peligrosa carga viral que hoy ya comenzó a saturar las Unidades de Cuidados Intensivos en hospitales. Este 7 de diciembre, los hospitales registraron cuatro muertes por Covid-19.
Anoche, se confirmó que en Honduras hay 111,023 casos positivos de Covid-19, de ellos 2,946 no lograron recuperarse y han perdido la vida, unos 49,456 se curaron pero siguen en riesgo de volver a infectarse.- Por otro lado, nadie confía en las cifras oficiales, ya que se ha hecho mención desde el criterio médico profesional que cada tres horas muere un hondureño.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El sistema de Salud hondureño sorprende a la comunidad médica y científica internacional. En el país, la mejor forma de combatir al Covid-19 es ignorando su existencia, ocultando y maquillando cifras, y lo que es peor, pensando por último en salvar la vida de los hondureños; ante el mundo jura lo contrario, que sufre por cómo quedó el pueblo tras la devastación ciclónica.
Poco a poco los hospitales públicos comienzan a saturarse tras un mes con “libre circulación” de toda la población, ya el Instituto Cardiopulmonar “el Torax” de Tegucigalpa, informó que su Unidad de Cuidados Intensivos, tiene una lista en espera de pacientes contagiados por Covid-19.
Cabe recordar que el régimen de Juan Hernández, a través del Congreso Nacional, ordenó suspender la normativa que mantenía a la población circulando por dígito, según el último número de documentos de identificación, lo anterior desde el 4 de noviembre con motivo de la “Semana Morazánica”, la autoridad ratificó que lo último que importa es la vida.
Aunque la semana vacacional se frustró por el paso de Eta e Iota que, por cierto, afectaron unos 4.5 millones de hondureños y ha dejado a casi 100 mil damnificados también agobiados por el virus donde se desarrolló fácilmente por las condiciones de intemperie y falta de coordinación con los médicos; el Gobierno nunca reorganizó las medidas de circulación amparado en la “alerta roja” permanente por la temporada de huracanes y ahora por los frentes fríos.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / ESTADO DE SITIO SIN CONFINAMIENTO ¿PARA QUÉ?
Irónicamente, desde hace un mes se informa a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) que el “Estado de Sitio” se mantiene, supuestamente para evitar la aglomeración de personas, aunque haya bares y centros nocturnos operando con una mínima práctica de bioseguridad. Varios analistas cuestionan el uso político de la pandemia para control social.
De hecho, relacionado a la temporada navideña, ya los centros comerciales han vuelto a la “vieja normalidad”, evidenciado en una fotografía que el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, doctor Carlos Umaña, compartió en sus redes sociales.
En contraste, cada tres horas muere un hondureño por Covid, denuncian galenos que combaten en primera línea, mientras que la Asociación de Funerarias sostiene que la cifra real ya supera los 6,000 casos frente a los 2,946 que este 7 de diciembre registra el oficial Sinager. Llama la atención que el virus en países como Italia y España, que son parte del “primer mundo”, al reportar los 100 mil casos de contagio, ya contabilizaban al menos 10 mil muertos.
Han pasado diez meses desde que se identificó el primer contagiado y, a la fecha, tampoco la población parece tomar consciencia sobre el virus que, de acuerdo al modelo matemático de EL LIBERTADOR, hoy presenta el porcentaje de letalidad más grande (2.6 por ciento) frente al promedio de Estados Unidos (1.9 por ciento) que es el país con más casos en el mundo: 14,825,156, al último reporte del portal pandémico de Google.
El rebrote de la pandemia ha iniciado en toda América Latina, países como Chile ya han adoptado medidas para volver a confinamiento parcial los fines de semana por un alza de 18 por ciento en los casos positivos sólo en las últimas 24 horas, en contraste, la Policía Nacional de Honduras, que es parte de Sinager, sigue comunicando que para la población hay libre circulación con el fin de “abastecerse” en supermercados, farmacias y concurrir agencias bancarias.
Y con este panorama obscuro y nada alentador, Honduras tendrá limitantes para obtener lotes de una vacuna, según la Directora Médica del Seguro Social, Bessy Alvarado, el Gobierno de Honduras no firmó el acuerdo de apartado para obtener vacunas contra Covid-19 el 21 de marzo de 2021.
NOTA DE INTERÉS: ¡DENUNCIA! HONDURAS NO APARTÓ VACUNA ANTI-COVID LISTA EN CINCO MESES
Ahora el fármaco llegará segmentado y se prevé un nuevo fraude al pueblo porque el Congreso no estuvo de acuerdo en que se incluya a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Colegio Médico como entes de colaboración para auditar fondos y gestar el plan de vacunación, alegando que el Poder Ejecutivo tiene la “capacidad” para encargarse.
Empresarios acusados por fraude recibieron contratos del Estado durante la pandemia en Honduras
- 23/09/2020
Involucrados anteriormente por actos de corrupción en Salud Pública han sido favorecidos con millonarios contratos en plena crisis del coronavirus, algunos todavía están siendo investigados.
Empresas ligadas a Miguel Ernesto Flores Cisneros recibieron contratos por 327 mil dólares en el marco de la emergencia provocada por el Covid-19 en Honduras, según una investigación de Expediente Público.
Miguel Ernesto Flores Cisneros es propietario de Laboratorios
Internacional (Lain) y fue declarado culpable en enero 2019 por el
delito de fraude en perjuicio de la empresa Astropharma. Laborator
Las empresas ligadas a Flores Cisneros beneficiadas durante la pandemia son Droguería Pharmaetica, que recibió contratos por 3.8 millones de lempiras (153 mil dólares) y Vida Inversiones, que obtuvo 4.3 millones de lempiras (173 mil dólares) por la venta de gel antibacterial. (Descargue).
De acuerdo con documentos conseguidos por Expediente Público, Flores Cisneros es socio de Droguería Pharmaetica y Vida Inversiones. (Descargue).
Gel de mala calidad
A inicios de agosto de este año, el Ministerio Público inició una investigación por compras que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) hiciera a Vida Inversiones por un monto de 4.3 millones de lempiras, pues se presume que recibieron gel antibacterial de mala calidad.
Una reciente publicación de El Heraldo, del 10 de julio de 2020, revela que el gerente de la empresa Vida Inversiones, Miguel Flores, es esposo de la comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams.
De acuerdo a los hallazgos de El Heraldo, la empresa Vida Inversiones, conocida como Vinsa, no posee los permisos sanitarios para la elaboración de gel antibacterial por lo que no debió ser tomada en cuenta por Copeco como un proveedor.
Además, la Ley de Contratación del Estado en la segunda sección “Capacidad de los contratistas”, artículo 15, se prohíbe que los funcionarios públicos y más aún un comisionado, su esposo, cónyuge o familiar en cuarto grado de consanguinidad puedan participar en negocios con el Gobierno de Honduras.
Exonerados de impuesto
El 14 de abril de 2020, Radio Progreso publicó que las empresas proveedoras de gel antibacterial no pagan impuestos por introducir al país materiales con el que elaboran el producto.
La investigación de Radio Progreso, señala que la industria farmacéutica podría ser uno de los sectores que más provecho saque de la crisis sanitaria que vive el país a raíz del Covid-19 ya que, gracias a la emergencia, el Estado les autorizó no pagar impuestos por introducir el material con el que elaboran el producto que le venden al Estado.
Luego de que el Congreso Nacional aprobara la exoneración de 14 empresas farmacéuticas en pago de impuestos por importación de sanitizantes (gel antibacterial) y medicamentos, el Estado suscribió contratos millonarios para que sean proveedoras oficiales de alcohol en gel.
Pastillas de harina
De acuerdo con las autoridades de ese país, las aspirinas fabricadas por Laboratorios Internacional (Lain), conocidas como “pastillas de harina”, no cumplían con los requisitos mínimos que debe cumplir un medicamento.
Lain es propiedad de Miguel Flores Cisneros, quien fabricó y entregó en 2011 directamente a Secretaría de Salud, los fármacos que Astropharma les compró tras ganar una licitación y firmar contrato con el antiguo ministro de Salud, Arturo “Tuky” Bendaña.
La empresa Astropharma es propiedad Lena Gutiérrez, exvicepresidenta del Congreso Nacional y de su familia. Entre 2010 y 2014 suministró material farmacéutico adulterado a la Secretaría de Salud Pública, por lo que el Ministerio Público inició una investigación en 2015, luego de una denuncia realizada por la Asociación por una Vida Más Justa, (ASJ), pero el 20 de agosto de 2019, la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa absolvió a la familia Gutiérrez de los cargos presentados en su contra bajo la justificación de “no haber encontrado prueba suficiente para acreditar los delitos imputados”.
No obstante, la culpabilidad cayó sobre Flores Cisneros, propietario de Laboratorios Internacional (Lain). De acuerdo al fallo de enero 2019; esa empresa incurrió en el delito de otros fraudes porque vendió medicamentos a la empresa Astropharma que tenían problemas de disolución porque no cumplió con las normas exigidas por la Secretaría de Salud en 2011.
Por esa venta, el Ministerio Público levantó cargos contra la familia Gutiérrez dueños de Astropharma por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos y otros fraudes.
En el caso específico de la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, se agregó también el delito de fraude en contra de las finanzas del Estado; la familia gozaba de prisión domiciliaria y de acuerdo con la apelación interpuesta por el Ministerio Público, las pruebas eran contundentes y merecía prisión preventiva.
La empresa Astropharma utilizó cinco registros sanitarios falsos para participar en el proceso de licitación de medicamentos de la Secretaría de Salud, según el Ministerio Público. La acusación está ligada a la venta de medicamentos adulterados que denunciaron miembros de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional de Honduras nombrada para conocer los avances en los casos de corrupción emblemáticos que lleva el Ministerio Público.
Esas investigaciones revelan que el medicamento conocido como ácido acetilsalicílico no contaba con el registro sanitario correspondiente y tenía sustancialmente disminuida su calidad en relación a los efectos positivos que debía tener en los pacientes.
También se simuló la venta de la empresa Astropharma en 2009 (propiedad de la familia Gutiérrez), para tratar de evadir la prohibición existente contra sus propietarios de contratar con el Estado y lograron hacer creer que eran otros los beneficiarios de las adjudicaciones, no obstante, el Ministerio Público con las pruebas suficientes acreditó que dicha venta no fue real y que dicha transacción fue el artificio para simular la desvinculación de la familia Gutiérrez con la empresa para ser favorecidos con los contratos del sistema de salud pública.
Lena Gutiérrez fue incluida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el informe “Reporte al Congreso de los Estados Unidos sobre Corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras” por suponer la responsable de los delitos de fraude, falsificación de documentos y crímenes contra la salud.
Mascarillas sobrevaloradas
Por otra parte, el Ministerio Público de Honduras también inició otra investigación el 6 de agosto, contra la empresa Gestión y Tecnología S.A. de C.V. (GyT) por por la venta sobrevalorada de 474,000 mascarillas N95 a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
En la compra venta millonaria de 58.8 millones de lempiras están involucrado Juan José Lagos Romero y su esposa Waleska Zelaya Portillo, diputada nacionalista, quienes al vendieron al Gobierno a 107.25 lempiras cada mascarilla.
El proceso de investigación se abrió luego de una denuncia hecha por Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), publicado en su informe denominado “La corrupción en tiempos de Covid-19, parte 2”.
No obstante, Waleska Zelaya Portillo niega tener vínculos con esa empresa bajo el argumento que desde el año pasado su esposo dejó de ser socio.
Vende empresa para evadir responsabilidad
Luego que las autoridades hondureñas iniciaran el proceso de investigación, la empresa Gestión y Tecnología S.A. de C.V. (GyT), protocolizó un documento de venta de acciones a favor de la empresa panameña Baudin Overseas Corp, cuyo representante legal es Marco Tulio Castro Canales.
El documento describe que la venta se dio en diciembre de 2019 pero hasta en julio de 2020 se inscribió el testimonio de la escritura pública en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.
Marco Tulio Castro Canales, siendo representante legal de Baudin Overseas Corp, fungió como notario en la compra venta de la empresa Gestión y Tecnología S.A. de C.V. (GyT), acción que quedaría sin validez ya que, de acuerdo con la Ley del Notariado en Honduras, en su artículo 18, establece son nulos los instrumentos públicos que contengan disposiciones a favor del Notario, de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que los autorice.
Además, Marco Tulio Castro Canales es el abogado defensor de Marco Antonio Bográn, quien está siendo investigado por las compras irregulares y mal manejo de los recursos públicos destinados para el combate del coronavirus en Honduras.
Recientemente Marco Tulio Castro Canales, también fue el abogado defensor de dos personas acusadas y posteriormente sobreseídas en el caso Pandora, además, fue la defensa de Lena Gutiérrez en el caso de Astropharma.
Mismos compradores de empresas de Lena Gutiérrez y diputada Zelaya
Una publicación del periodista César Silva, realizada el 21 de agosto de 2020 en su programa Unetv, evidencia que las señoras Lilah Aoun y Querube C. de Núñez, figuran como socias de la empresa panameña Baudin Overseas Corp, cuyo representante legal es Marco Tulio Castro Canales. (Descargue).
La empresa Baudin Overseas Corp adquirió la empresa de la diputada nacionalista Waleska Zelaya Portillo, implicada en sobrevaloración de mascarillas.
Las señoras Lilah Aoun y Querube C. de Núñez tienen otra empresa en Panamá denominada Blueriver Worldwide Inc, en esa también figura Marco Tulio Castro Canales como representante legal.
Las compañías Blueriver Worldwide Inc, adquirió en 2015 la sociedad mercantil 152 Río de Piedras, cuya propietaria era Lena Karim Gutiérrez. (Descargue).
JOH: Inequidad de la ONU
Pese a las pocas transparentes contratataciones en el sector salud, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el 21 de septiembre en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas que el gobierno de Honduras sigue esperando los medicamentos, equipos médicos y de bioseguridad que el gobierno compró y que no han sido entregados porque al inicio de la pandemia los países más poderosos adquirieron estos insumos médicos.
“Les pregunto: ¿qué va a pasar cuando estén listas las vacunas, los
países en vías de desarrollo vamos a poder acceder a ellas de manera
justa y pronta.
Tendrá esta generación de Naciones Unidas 75 años
después el mismo compromiso de aquel entonces, de reinventarse, de estar
a la altura de esta pandemia y sus desastrosas consecuencias? Esta
respuesta solo la tienen ustedes”, expresó Hernández.
Agregó que “ojalá que no” haya violencia, migración, ni guerras, y preguntó: “¿Qué va a hacer el sistema de Naciones Unidas ante la inequidad para adquirir medicamentos?”.
Hernández también preguntó qué harán los organismos internacionales con la crisis sanitaria y otros problemas en el aspecto económico, el desafío del uso de la tecnología y la educación.
“Necesitamos menos burocracia y más resultados, resultados concretos, sobre todo ante esta guerra que libramos contra este enemigo invisible”, el covid, dijo el gobernante en su comparecencia virtual ante las Naciones Unidas.
Visualice todos los documentos aquí
Fuente: Expediente Público
Vencimiento de 250 mil pruebas PCR alarga el rosario de delitos de Marco Bográn durante pandemia
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Por 1 millón 875 mil dólares (46.7 millones de lempiras), en el marco de la pandemia de la Covid 19, Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) le compró a la compañía coreana, Bioneer Corporation, un lote de 250 mil pruebas PCR para la detección del coronavirus. Honduras sufre la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos, pero estos productos no podrán ser utilizados para el combate de la enfermedad porque están vencidos.
La transacción fue realizada el 4 de abril pasado, mediante la orden de compra 015-2020, en el momento en que INVEST-H estaba bajo la dirección de Marco Bográn, a quien las autoridades operadoras justicia investigan por innumerables irregularidades cometidas en la compra de equipo médico, materiales de bioseguridad y hasta por la adquisición de siete hospitales móviles, de los que hasta ahora solo dos están en el país sin ser utilizados por las deficiencias que presentaron cuando fueron recibidos en el país.
Según el cuadro de compras divulgado por INVEST-H a la empresa Bioneer Corporation, proveedora de las 250 mil pruebas PCR la seleccionó la Secretaría de Salud. Documentos oficiales establecen que el producto sería entregado en Tegucigalpa de manera fragmentado. 100 mil pruebas PCR entre el 10 y el 15 de abril; otras 100 mil el 17 de abril y las 50 mil restantes, el 24 de ese mes.
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El 6 de abril, el Banco Central de Honduras realizó la transferencia de 46 millones 493 mil 855 lempiras con 98 centavos, a favor de Bioneer Corporación, adicionando 32 dólares para cubrir la comisión por transferencia.
Los plazos no se cumplieron y las primeras 100 mil pruebas PCR, las recibieron el 21 de abril, Álex Morales Girón representante de INVEST-H y Engels Ilich Banegas Ramírez, de la Secretaría de Salud. Observaron el proceso; Héctor Iscoa, del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Blanca Lidia Munguía, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“Se han recibido las primeras 100,000 pruebas el día 21/04/2020”, dice el cuadro de adquisiciones publicado por INVEST-H. El documento detalla que para esta compra no aplica los criterios de evaluación y oculta las observaciones que hicieron los veedores en el momento en que los representantes de INVEST-H y de la Secretaría de Salud, recibieron ese producto dañado.
Estas 100 mil pruebas PCR llegaron al aeropuerto internacional de San Pedro Sula y para el traslado a Tegucigalpa, INVEST-H contrató los servicios de DHL, empresa que también transportó las otras 150 mil pruebas restantes, del aeropuerto de Tocontín.
Representando a la ASJ, Blanca Munguía, observó la entrega de las primeras 100 mil pruebas PCR que la Secretaría de Salud mantiene en depósito en un cuarto frío de la empresa avícola y comercializadora de carne de pollo Cadeca y asegura que por la falta de temperatura adecuada venían descongeladas y que las cajas de cartón en que fueron transportadas estaban infladas por la humedad.
Munguía es doctora en Química y Farmacia y observó que para mantenerse en buen estado esas pruebas deben permanecer a 20 grados centígrados bajo cero, pero la temperatura que presentaban en el momento de recibirlas solo era -3 grados. Para ella, eso indica que hubo un descongelamiento “y creo que por eso las cajas venían infladas y húmedas”, explicó Munguía.
Explicó que esa observación la anotó el recibo de entrega de mercadería No.0214429 de DHL. Los observadores apuntaron que el camión venía a 34 grados fahrenheit y que el interior de las cajas a -3 grados centígrados siendo la temperatura ideal -20 grados centígrados. Munguía reveló, que éstas 100 mil pruebas tampoco llegaron completas y que les hacían falta los kits de extracción necesarios en el procesamiento de las muestras.
Llama la atención que las autoridades de la Secretaria de Salud y de INVEST-H recibieron estas 100 mil pruebas PCR y no denunciaron que estaban en mal estado, pese a la observación de los veedores. El incidente tampoco aparece reflejado en el cuadro de compras actualizado por INVEST-H al 28 de abril, 8 días después de haberlas recibido.
Sin embargo, Gustavo Boquín, miembro de la Junta Interventora de INVEST-H, ha manifestado que, si se comprueba que la culpa fue de los funcionarios de esa institución, el Estado tendrá que erogar más de 500 mil dólares adicionales al costo original, para lograr que sean sustituidas las 250 mil pruebas PCR dañadas por mal manejo de su traslado.
“Si la responsabilidad fue de INVEST-H tendríamos que pagar por lo menos dos dólares por cada prueba para la reposición de las mismas”, dice en una publicación de HRN del 11 de agosto pasado. Sostuvo, que originalmente cada prueba fue comprada a 7.50 dólares y que al final el costo para los hondureños andaría en diez dólares.
No obstante, aseguró que todavía están investigando para determinar de quien fue la culpa y que si comprueban que la cadena de frio fue un acto fortuito y que nadie tuvo responsabilidad podrán solicitar la reposición de 150 mil sin costo alguno.
El 12 de agosto, personal de la Agencia Técnica de Investigaciones Criminal (ATIC) realizó inspecciones en las bodegas de las empresas DHL en Tegucigalpa y según declaraciones del portavoz de esa institución, Jorge Galindo, allí encontraron 14 cajas conteniendo pruebas que supuestamente estaban vencidas.
Por las compras realizadas en el marco de la Pandemia de la Covid 19 el Ministerio Publico mantiene abiertas 16 líneas de investigación incluida una por la adquisición irregular de 250 mil pruebas PCR, que no solo llegaron incompletas, sino además vencidas. Los fiscales dicen que las catorce cajas encontradas en DHL son medianas y que no garantizan que en ellas haya 150 mil kits.
El cuadro de compras actualizado por INVEST-H al 28 de abril, informa que adicional al costo de las 250 mil pruebas, el Estado le canceló a la empresa coreana, Bioneer, 57,550 dólares por concepto del flete y seguros de la mercadería de Corea a Honduras, según la factura proforma B200409-P1.
Para profundizar sobre el particular, Criterio.hn consultó con funcionarios de DHL en Honduras sobre el tratamiento que esa empresa les brindó a las 250 mil pruebas trasladas desde Corea. Sin embargo, la pregunta fue trasladada a la unidad de Comunications Sustainability y Brand, Américas y su titular, Pamela Duque informó que, “debido a nuestros protocolos internos y la privacidad de nuestros clientes, no podemos proporcionar a terceros detalles sobre los envíos que transportamos por nuestra red”.
Sostuvo, que DHL Express se mantiene en permanente contacto con sus clientes para aclarar cualquier tema comercial que podría surgir en relación con los envíos transportados y que están en completa disposición de las autoridades a fin de aclarar el alcance de los servicios contratados.
También dijo que los servicios de transporte internacional de DHL no fueron contratados en Honduras sino por el fabricante de las pruebas PCR en Corea. Sin embargo, INVEST-H emitió la orden de compra 33-2020 y 34-2020 a favor de DHL para el pago de los servicios de desaduanaje de las 250 mil pruebas.
El 9 de abril, el Banco Central, mediante transferencia le pagó a Bioneer 1 millón 428 mil 425 lempiras con 16 centavos (57,582 dólares) por el pago de flete aéreo y seguro para tres envíos de compra de 250 mil pruebas PCR, servicio que se registra en la factura proforma B200409-P1.
Ya han pasado casi seis meses de que el Banco Central de Honduras pagó alrededor de 46.7 millones de lempiras a la empresa coreana Bionner para la adquisición de 250 mil pruebas PCR que, además de dañarse en el traslado, vinieron incompletas y se sospecha que la cantidad que llegó es inferior a la comprada, sin embargo, el Ministerio Público no ha sido capaz de presentar requerimiento fiscal contra los funcionarios que participaron en este otro acto que ha provocado daños a la salud del pueblo hondureño que a diario se enfrenta a un sistema sanitario colapsado y sin los insumos básicos para detectar y contener la pandemia por Covid-19 que hasta este domingo 27 de octubre registraba 75,109 contagios y 2.289 muertes
Copeco pagó más de 5.5 millones de lempiras en carpa de lona con pretensiones de hospital móvil
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) pagó L 5,516,800.70 en la compra de un «hospital móvil» mal equipado, que inicialmente sería instalado en Roatán, Islas de la Bahía pero que terminó siendo colocado en un terreno pantanoso en Villanueva, Cortés, en el norte de Honduras.
La acusación fue revelada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su doceavo informe de la serie La Corrupción en Tiempos del Covid-19, esta vez titulado «¡Pérdida Total! Metamorfosis de la Corrupción: De Hospital Móvil a Carpa de Lona». En él se denuncia como las autoridades compraron a la empresa estadounidense DLX Enterprises un «hospital móvil» que no garantiza todas las funciones y competencias mínimas que se exigen de una instalación hospitalaria, intentando así reducir costos de edificación convencionales.
En el documento, el CNA plantea que realizó dos inspecciones al «hospital móvil» ubicado en el predio del campo de fútbol de la Iglesia Misionera La Reforma, en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, mismo que fue catalogado como un centro de triaje.
También revela que el mismo fue pobremente equipado para prestar servicios a la comunidad, contando solamente con 14 camillas hospitalarias de la marca Westcot y 3 camas de examinación. Estas últimas compradas a la empresa hondureña Ipsa, dedicada a la fabricación de mobiliario para oficina.
Asimismo, el CNA deja entrever que los monitores de signos vitales, desfibriladores, ventiladores mecánicos, oxigenoterapia de alto flujo, carrito de paro, así como las máquinas de electrocardiograma y rayos-x son inexistentes. Mientras que el termómetro digital y saturadores de oxígeno fueron proveídos por médicos y que el inmobiliario, en su mayoría fue provisto por la alcaldía.
Deficiente instalación en terreno pantanoso
Otro aspecto que resalta el CNA es la ausencia de infraestructura para la protección de la millonaria inversión. La carpa fue instalada inicialmente directamente sobre la tierra, sin cimientos, lo que provocó que se inundase y posteriormente fuese desarmada y reubicada en un terreno de relleno mal compactado; ocasionando que la carpa se rasgara en la parte superior, visto que no existió la supervisión de personal capacitado.
A esto se suma que de acuerdo a especialistas entrevistados por el CNA, «este tipo de refugios tipo carpa son utilizados para lugares desérticos y áridos donde la cantidad de precipitación anual no debe exceder de 500 milímetros de agua al año, debido a que, como esta carpa no cuenta con drenajes pluviales, un clima tropical como el de Honduras donde anualmente mana entre 1,255 a 1,570 milímetros de lluvia, provoca que la infraestructura de la misma se deteriore con mayor facilidad».
Con todo esto, el informe señala que el «refugio utilizado como centro de triaje no puede operar las veinticuatro horas del día, pues en el sector de Villanueva, la energía eléctrica es fluctuante, inestable y suele suspenderse el servicio repentinamente sin notificación alguna». Además, reporta que no funciona el generador eléctrico, las camillas de plástico se encuentran en deplorables condiciones y solo funciona uno de cuatro aires acondicionados.
Costo-beneficio no justificable
El CNA subraya que el costo-beneficio de las instalaciones no es justificable. Ejemplifica este extremo con la unidad de aislamiento que tuvo un costo de USD 37,903.34, (L 936,208.70), pero que se utiliza como un área de microbiología, específicamente, para tomar las muestras de PCR de personas con sospecha de portar el nuevo coronavirus.
El Consejo Nacional Anticorrupción realizó su propia cotización de un hospital móvil con similares características y con capacidad para diez camas a un precio total, incluido el flete, de USD 195,700.00 (L 4,823,554.89) y señala que existe una diferencia entre el costo de la carpa adquirida por Copeco (L 5,516,800.71), de al menos seiscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y dos centavos (L 693,245.82).
El informe concluye que este «centro de triaje adquirido bajo un contrato mediante
lo cual buscaron darle apariencia de hospital móvil para el tratamiento de pacientes con COVID-19, representa un perjuicio total para las finanzas del Estado de Honduras, debido a que su estado actual es disfuncional e inoperativo».
La directora del CNA, Gabriela Castellanos recordó que el fiscal general, Oscar Chinchilla, «continua de brazos cruzados sin importar que sigan muriendo hondureños a diario» y señaló que la zona donde se encuentra ubicada el «hospital móvil» «se ha convertido en un potrero, sus alrededores están llenos de fango y los mosquitos están a la orden del día, pudiendo contagiar a los ciudadanos por dengue».
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Finalmente, Castellanos reclamó «el silencio cómplice de las autoridades, que más parecen esperar la reelección que estar interesados en que en Honduras exista justicia y que los corruptos purguen en la cárcel».
En las últimas semanas, diputados del Congreso Nacional se han desplazado al interior del país a realizar concentraciones políticas en medio del confinamiento sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad y congregando a sus seguidores en edificaciones cerradas. Mientras tanto, se han ausentado de sesionar de forma física alegando temor a contagiarse por Covid-19.
“Pandemia ha servido para que políticos hagan fiesta con fondos públicos”, CNA
- 28/09/2020
En el marco de la pandemia del COVID-19, tres son las instituciones públicas que se caracterizan por la mala ejecución fondos. En primer lugar ganándose el trofeo a la corrupción está Inversiones Estratégicas de Honduras, INVEST-H, institución ejecutora dependiente de la coordinación general del gobierno que, dilapidó fondos en la compra de los hospitales móviles, donde de buena fe pagó el 100 por ciento de su valor y hasta la fecha, solo han llegado dos de los 7 hospitales que no son funcionales, generando una afectación económica al Estado bastante grande, dijo en entrevista a Radio Progreso el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Odir Fernández.
En segundo lugar, llevándose el trofeo de plata está la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, que utilizó fondos para la adquisición de equipo y material de bioseguridad no adecuado, así como la compra de un hospital móvil de lona que se instaló en Villanueva, Cortés. Y en tercer lugar la Secretaría de Salud, aunque ha hecho pocas adquisiciones según el CNA hay grandes indicios de corrupción.
A más de seis meses de la emergencia sanitaria el CNA ha presentado 12 informes investigativos en los cuales revela actos de corrupción en la gestión de los fondos públicos, a través de COPECO e INVEST-H. “Una carpa de lona en lugar de hospital móvil; instalación en terreno lleno de lodo; daños irreparables en la estructura; 3 de 4 aires acondicionados que no funcionan”, son parte de los hallazgos del informe número 12 que el CNA, en el marco de la serie «La corrupción en tiempos del COVID19», presento el 28 de septiembre.
En los últimos años Honduras ha venido perdiendo en concepto de corrupción más de 64 mil millones de lempiras al año, en actos vinculados al sector energético, exoneraciones fiscales y obras de infraestructura. Y solo en la emergencia por la pandemia INVEST-H habría malversado más de 800 millones de lempiras en la compra de los hospitales móviles.
“La pandemia ha servido para que los corruptos hagan fiesta con los fondos públicos sin que les apliquen la justicia, porque el Ministerio Publico y Tribunal Superior de Cuentas solo están para generar vergüenza y cubrir las espaldas a los funcionarios corruptos, a toda esa red que se ha conformado para saquear los fondos del Estado”, dijo el abogado Fernández.
Odir Fernández contó que el CNA es una instancia aglutinada por 14 organizaciones de sociedad civil, iglesias católicas y evangélicas. “Fuimos creados por el decreto Legislativo 07-2005, a pesar de esto somos independientes de gobierno” apuntó asegurando que, a título de donación reciben al año 18 millones de lempiras para realizar el trabajo, pero con las investigaciones vienen realizando desde 2015 con el saqueo del Seguro Social, ese presupuesto ha ido disminuyendo y su personal es victimas de campañas de desprestigios y amenazas.
“Si bien es cierto la pandemia en cifras oficiales ha dejado cerca de 2 mil 300 muertos, pero la corrupción que viene afectando al país desde hace más de dos décadas le ha quitado la vida a miles de personas, y ha dejado a niños sin acceso a la educación, merienda escolar y salud. Podemos decir que es más grave la corrupción que el mismo Covid-19, porque si no se robaran el dinero, la ciudadanía gozaría de sus derechos fundamentales”, señaló el abogado Odir Fernández.
El abogado asegura que con toda la información que el CNA ha documentado se puede determinar la ubicación de los fondos malversados y a los responsables de ese latrocinio, porque es una red de corrupción bien estructura para dilapidar fondos públicos, pero la Fiscalía en los últimos años se ha convertido en un ente encubridor y no persecutor del delito.
Fernández cree que se están dilatando el tiempos para que, con la navidad y las elecciones la gente se olvide de estos actos de corrupción, o para que, con el nuevo Código Penal bajo la figura de “Prescripción Penal”, los delitos por corrupción prescriban pasado los 10 años. Lamenta que, a pesar de las investigaciones presentadas no hay respuesta del Fiscal General a quien la pandemia ha mantenido oculto.
Con la salida del país de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, se ha debilitado la lucha contra la corrupción. “Se ha presentado una fiesta campante con la libertad de muchos actores vinculados a casos de corrupción que la MACCIH llevó hasta los tribunales”, dijo el abogado asegurando que a pesar de la salida de la misión, la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de articularse y demandar la aplicación de justicia para los corruptos.
En la entrevista Odir Fernández habló del trabajo articulado que el CNA realiza con instituciones como el Colegio Médico, Cámara de Comercio de Cortés y el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH, para sentar las bases de una propuesta económica que rescate al país. “Honduras necesita un plan a corto y mediano plazo donde sea la ciudadanía la protagonista, si queremos dejar un país a nuestras futuras generaciones”, apuntó.
El abogado concluyó expresando que, Honduras necesita que se libren requerimientos fiscales contra los responsables de malversar los fondos de la pandemia. Necesita una reactivación económica que busque el bien de la ciudadanía y no solo del empresariado que lidera la Mesa Multisectorial de Apertura Social y Económica. Necesita que se ponga a funcionar la institucionalidad para que se garanticen los derechos de toda la población.
Como complicidad podría catalogarse la inactividad del MP y TSC frente a la corrupción de INVEST-H y COPECO
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), esperaba que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, les dedujeran responsabilidades civiles, administrativas o penales por lo menos a los ex directores de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), según informó Alejandro Kaffati, representante de ese organismo de la sociedad civil.
Sin embargo, hasta hoy, esas entidades de operadoras de justicia “no han girado las debidas diligencias y por lo tanto, podrían catalogarse más como cómplices”, sostuvo Kafati, en un programa de la televisión nacional. Para él, las organizaciones de la sociedad civil han generado suficiente información de las compras realizadas en el marco de la emergencia del Covid-19 y sobre todo, de las acciones ejecutadas por Marco Bográn, ex director de INVEST-H y de Gabriel Rubí, es secretario de estado en los despachos de Gestión de Riesgos y director de COPECO.
Estos dos funcionarios son señalados de cometer diversas irregularidades en las compras de insumos, equipos medidores y demás contrataciones necesarias para hacerle frente a la pandemia del Covid-19.
En el caso particular de Gabriel Rubí, el Tribunal Superior de Cuentas dio a conocer a finales de abril pasado, que al revisar 17 cheques pendientes de pago, por valor de 16 millones 662 mil 388 lempiras, encontró inconsistencias de 4 millones 086 mil 448 lempiras. Entre la documentación auditada el TSC también encontró 105 cheques pagados por 49 millones 011 mil 281 lempiras con 21 centavos, que no concuerdan con los respaldos administrativos.
Sin embargo, vale mencionar que Rubí, también es diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional y ha regresado a ese Poder del Estado, que en los últimos años se ha dedicado al maquillaje de leyes con propósito de favorecer la corrupción.
Entre tanto, de Marco Bogràn la sociedad civil ha denunciado innumerables actos de supuesta corrupción derivada de la sobrevaloración de contratos de compras, la adquisición de equipos inservibles. Él es el responsable de la compra de los respiradores artificiales no aptos para el tratamiento de enfermos del Covid-19 y de las 250 mil pruebas PCR dañadas por falta de la cadena de frío.
Entre las compras de Marco Bogràn también cuentan los siete hospitales móviles comprados por 47.5 millones de dólares, de los que al país solo han llegado dos, pero que hasta hoy se muestran inservibles por las dificultades presentadas en su instalación una situación lamentable según la describe Kafati. Para él, estos hospitales móviles son adornos caros que compró el Estado de Honduras.
“Es una lástima que seis meses después de las compras realizadas los hospitales móviles todavía no sean una solución al tema de la hospitalización y que no estén funcionando”, expresó.
Y cuestionó, que tampoco la ciudadanía tenga acceso a mayor información sobre los cinco hospitales móviles restantes, pese a que en agosto pasado una comisión que viajó Turquía para verificar la construcción y el estado de esos modulares.
A finales de agosto pasado, dos ingenieros de INVEST-H y una capitana de las Fuerzas Armadas viajaron a Turquía con la supuesta misión de supervisar la construcción de los cinco hospitales que todavía no llegan a Honduras pese a haber sido pagados en su totalidad en al mes de abril.
El 31 de agosto, mediante un comunicado, INVEST-H informó que el hospital que supuestamente va a ser instalado en Choluteca estaba en proceso de embalaje, que el de Santa Rosa de Copán también estaba terminado, pero no dieron a conocer nada sobre los otros tres.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, denunció en junio pasado que solo en la compra de estos siete hospitales, contratados con la empresa estadounidense, Elmed Medical Systems, los funcionarios del gobierno confabulados con empresarios, se habrían robado 680 millones de lempiras.
“Despido de médicos es un insulto del Gobierno”
- 23/09/2020
Así lo valoró el exministro de Salud, Carlos Aguilar, quien calificó de una falta de respeto la decisión del Gobierno de no renovar el contrato a médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, quienes han arriesgado su vida en la primera línea de batalla contra la Covid-19.
Más de 140 empleados, entre médicos, personal de enfermería y microbiología, contratados para atender a la población afectada por la pandemia fueron cesados de sus servicios en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Aunque su contrato vence el hasta el 25 de septiembre, las autoridades del Seguro les notificaron su despido el pasado 20 del presente mes, bajo el argumento que la pandemia está por terminar.
En entrevista con Radio Progreso, el exministro Aguilar dijo que las promesas del Gobierno sobre la contratación de personal de salud han sido populistas, amparándose en el año político que vivimos, por tal razón instó a las autoridades a revertir la situación y no seguir insultando a los médicos con despidos injustificados y con incumplimiento de promesas.
El Colegio Médico de Honduras inició acciones legales con el objetivo de lograr la recontratación de médicos despedidos. Además, hace un llamado al gremio de enfermería y otros afectados a unirse para lograr el objetivo.
LAVADO POR BILLONES
Por Narciso Isa Conde
“La podredumbre se derrama y tiene dolientes hasta en las entrañas del mismo sistema, que por demás luce fracturado.”
A un millón de millones en muchas partes del planeta le dicen billón, pero en EE.UU le llaman trillón.
De acuerdo a informes secretos filtrados, cinco Bancos Globales -el JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon- lavaron en años recientes un total de dos trillones de dólares procedentes de redes criminales, carteles de las drogas, funcionarios corruptos y empresarios mafiosos.
En un lenguaje racista a esas operaciones le han llamado “blanqueo” de “dinero negro”, otro valor negativo agregado a esos turbios manejos de poderosas facciones de un capital financiero global altamente gansterizado y evidentemente insubordinado frente las normas establecidas dentro de sus propios Estados imperialistas.
No valieron las advertencias, ni las multas anteriores, ni las amenazas de incriminación penal.
Ellos saben que muy raras veces las autoridades de sus países criminalizan los delitos de las elites capitalistas, por graves que sean.
La impunidad no es solo un mal del llamado “subdesarrollo”. El afán de de ganar y ganar y de amasar fortunas fabulosas otorga un poder por encima de todos los demás.
CONFIRMACIÓN DE LA PODREDUMBRE CAPITALISTA.El capitalismo imperialista se ha convertido en un sistema plagado de mafias empresariales y esta nueva denuncia sencillamente confirma esa realidad, la cual se ha tornado sumamente peligrosa.
La podredumbre se derrama y tiene dolientes hasta en las entrañas del mismo sistema, que por demás luce fracturado.
La competencia desleal genera intereses adversos y el alto grado de descomposición preocupa a ciertos guardianes de la estabilidad de la dominación en el contexto de una la multi-crisis de decadencia de la civilización capitalista realmente existente.
LAS “FILTRACIONES” DE UN SISTEMA EN CRISIS HICIERON POSIBLE LA DENUNCIA.La investigación estuvo a cargo de un Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el mismo de los papeles de Panamá.
La filtración de los informes, que nutrieron esa valiosa denuncia, es muy posible que tengan su origen en los adversarios de esos cinco bancos globales en el cont5exto de las pugnas interburguesas.
Pero también pueden obedecer a la alarma de otras facciones dominantes, que piensan y actúan más allá de los intereses propios, tratando de evitar un desbordamiento peligroso.
Ya es demasiado grande el abismo entre la economía real y el enorme volumen de dinero circulante, impregnado de una volatilidad electrónica insospechada y alimentada cada vez más por papeletas y capitales sucios.
La cultura especulativa-mafiosa conspira contra la cultura productiva-explotadora del capitalismo.
La financiarización del capitalismo, el parasitismo financiero -incluido el vertiginoso engorde bancario con la malsana práctica del “lavado”- se ha distanciado brutalmente de la economía productiva; y hay quienes quieren ponerle freno al riesgoso gigantismo de esa tendencia, para pasar a reforzar nuevamente la economía real basada fundamentalmente en la explotación y sobreexplotación del trabajo humano y de la naturaleza no humana.
UN CHOQUE DE CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES Y UNA DENUNCIA SALUDABLE.El choque es entre colosos y todavía no es fácil predecir resultados en medio de una dura pelea por la hegemonía interna y el destino de una remodelación o reordenamiento interno de las fuerzas del capital a escala global; seriamente afectadas por la peor crisis en su accidentada existencia, en la que se destaca el deterioro ambiental que amenaza la vida planetaria.
El saldo inmediato es que el producto de la denuncia devela una parte de las entrañas podridas del sistema, junto a los autores y beneficiarios de estos delitos, aun sea de manera parcial y un tanto sesgada.
Aquí lo denunciado viene a darnos una manita en el contexto de una lucha inconclusa contra una corrupción y una impunidad que evidencian cada vez más su carácter estructural.
Alicia Ortega y su equipo del INFORME, que son partes -o más bien el capítulo dominicano del referido consorcio internacional de periodistas de la investigación- ha destacado que en esas filtraciones la República Dominicana aparece por lo menos con 7 reportes, con pagos y transacciones bancarias altamente sospechosas; aun sin incluir las empresas offshore que no tienen dirección en nuestro territorio, pero sí están vinculadas al país.
Destacan sobre todo los reportes vinculados a los sobornos de ODEBRECHT, inseparables de sobrevaluaciones y financiamientos electorales que superan los dos mil millones de dólares; y que específicamente mencionan las transferencias de fondos a la firma INGENIEROS ESTRELLA del magnate Manuel Estrella, a la empresa de CONRADO PITALUGA, socio y asesor de Díaz Rúa (uno de los testaferros del ex -presidente Leonel Fernández) y a varios CODINOME protegidos por el Procurador Jean Alain Rodríguez y por el propio ex-presidente Danilo Medina, recientemente desplazado del trono de la corruptela estatal-privada.
¡Valiosa contribución en momentos en que se reabre el proceso judicial contra los incriminados por la estafa ODEBRECHT, con una Procuraduría temporalmente en manos idóneas para intentar hacer justicia sin exclusiones!
21-09-2020 // Santo Domingo, RD
El lavado del dinero criminal, el gran negocio de la banca
Álvaro Verzi Rangel|
Los documentos secretos sobre el uso de los servicios bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones criminales sirvió de base para que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) elaborara y diera a conocer un fundamentado trabajo acerca del tema, donde denuncia la preocupante falta de regulaciones y la facilidad con que las explotan los criminales.
El examen y síntesis de más de dos mil 100 documentos provenientes de la unidad antilavado estadunidense (FinCEN) da una idea no sólo de los volúmenes de capital que circulan en ese brumoso universo financiero, sino también de la permisividad que las grandes instituciones bancarias muestran al respecto, más o menos amparadas en la ambigüedad de una legislación que contiene suficientes lagunas como para que en ellas naveguen a sus anchas estafadores y delincuentes de diversa ralea y procedencia.
Las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos, dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.
La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos. La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.
El más cuestionado es JPMorgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN. El análisis del ICIJ mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El banco movió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort durante los 14 meses posteriores a su renuncia de la campaña, en medio de acusaciones por lavado de dinero y corrupción derivados de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.
JPMorgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y compañías responsables del saqueo masivo de recursos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según revelan los documentos filtrados.
También movió más de mil millones de dólares para un financiero prófugo responsable del fraude 1MDB en Malasia (el desfalco estimado en 4,500 millones de dólares de fondos soberanos de ese país), según muestran los archivos, y más de dos millones de dólares para un magnate venezolano de la energía, cuya empresa fue acusada de engañar al gobierno de Venezuela y provocar apagones eléctricos que paralizaron parte del país.
Las transacciones opacas continuaron pasando por cuentas bancarias de JPMorgan, pese a las promesas del banco para mejorar sus controles antilavado como parte de acuerdos que alcanzó con autoridades de Estados Unidos en 2011, 2013 y 2014.
El 62 por ciento de todos los informes de sospechas del Departamento del Tesoro contenidos en los archivos FinCEN son hechos por el Deutsche Bank. El acrónimo FinCEN significa Red de Ejecución de Crímenes Financieros, departamento responsable de la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Este banco contabilizó 1,3 billones de los dos billones de dólares de transferencias sospechosas.
En 2015, el mayor banco de Alemania aceptó una multa de 258 millones de dólares por violar las sanciones impuestas por EEUU, porque había transferido un total de casi 11.000 millones de dólares entre 1999 y 2006 en nombre de clientes iraníes, libios, sirios, birmanos y sudaneses. Los investigadores de EEUU acusaron al Deutsche Bank de realizar «transacciones de compensación» no transparentes para encubrir posibles infracciones de las sanciones por parte de sus clientes.
El llamado lavado de dinero no es otra cosa que la puesta en circulación legal de utilidades financieras resultado de actividades ilegales, y por lo mismo, al margen de los sistemas de control fiscal y hacendario. El propósito último del lavado en cualquiera de sus diferentes variantes es, por supuesto, ocultar la procedencia ilegal de los fondos.
La transformación de las ganancias monetarias ilícitas en fondos producidos por una fuente en apariencia legal permite a las personas u organizaciones criminales comprometidas en el proceso disponer de dinero limpio (de ahí la expresión lavado de dinero) para operar como cualquier usuario o empresa en regla con las autoridades.
El estudio denominado FinCEN Files identifica a cinco grandes entidades financieras que, aunque no son las únicas, han permitido operaciones millonarias que en el mejor de los casos pueden calificarse de sospechosas y en el peor de ilícitas. Todas estos bancos obtuvieron las comisiones por su gestión administrativa, lo que explica en parte la elevada tasa de utilidades que al año logran algunas grandes corporaciones bancarias, aun cuando la actual pandemia haya aminorado su crecimiento..
La mayor filtración de datos financieros registrada en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite, además, alegar inocencia o desconocimiento: en algunos casos, las instituciones bancarias siguieron gestionando con alegría los fondos ilegales, aun después de que las autoridades estadounidenses de control financiero les advirtieran que si seguían en ese plan iban a terminar en una corte penal.
Los FinCEN Files representan menos del 0,02% de los más de 12 millones de reportes de actividades sospechosas que las instituciones financieras enviaron entre 2011 y 2017. El conjunto de reportes de actividades sospechosas, junto a cientos de archivos con nombres, fechas y cifras, detallan flujos de transacciones potencialmente ilícitas realizadas por clientes de al menos 170 países.
Los documentos muestran cómo los bancos a ciegas mueven dinero entre sus cuentas para personas que no identifican, tardan hasta años en señalar posibles esquemas de lavado de dinero e, incluso, hacen negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos de corrupción.
Además de los FinCEN Files, el ICIJ y sus socios obtuvieron más de 17 mil 600 archivos adicionales de empleados y denunciantes, documentos judiciales, solicitudes de acceso a la información y de otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en delitos financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a víctimas.
Dinero sucio, burócratas idem
El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. El libre flujo del dinero sucio sostiene bandas criminales, desestabiliza naciones y fomenta la desigualdad económica global. A menudo, los capitales que son lavados terminan en cuentas de sociedades fantasmas registradas en paraísos fiscales opacos, lo que permite a las élites esconder grandes sumas de dinero y esquivar el radar de las autoridades.
La indagación del ICIJ detectó que los bancos que aparecen en FinCEN Files suelen procesar operaciones para sociedades registradas en jurisdicciones secretas, sin conocer al “beneficiario final” de la cuenta, es decir, a la persona de carne y hueso que está detrás de ella. Los dueños de estas cuentas corporativas tienen direcciones en Reino Unido, EEUU, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los reportes tienen un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas.
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (ONUDC) estima que 2,4 billones de dólares de fondos ilícitos son lavados cada año, cifra equivalente a casi el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo, pero las autoridades detectan menos del 1% del dinero sucio.
Para algunas instituciones financieras, el cliente problemático es otro banco. Una explosión el Jerusalén mató a siete personas e hirió a otras 20, dejando a un expolicía paralítico del cuello para abajo, quien se covirtió en parte demandante de un proceso judicial en Estados Unidos, acusando a una institución financiera de Jordania, el Arab Bank, de mover fondos que ayudaron a financiar el atentado.
Los FinCEN Files muestran que, a medida que el litigio arrojaba sombra sobre el Arab Bank, un banco más grande e influyente aparecía como beneficiario: el Standard Chartered, con sede en Reino Unido, que ayudó a los clientes del sancionado banco jordano a acceder al sistema financiero de Estados Unidos.
En 2012, las autoridades de Nueva York concluyeron que el Standard Chartered había “conspirado con el gobierno de Irán para mover 250 mil millones de dólares a cambio de cientos de millones de dólares en comisiones. Ese año, el Standard Chartered pagó multas por 670 millones de dólares en acuerdos con autoridades. Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, procesó 2.055 transacciones de clientes del Arab Bank, por un total de más de 24 millones de dólares..
Hasta febrero de 2016, Standard Chartered movió casi 12 millones de dólares más para clientes del Arab Bank. Muchas transferencias se referían a beneficiencia, donaciones, apoyo o regalos. El fallo civil contra el Arab Bank se anuló cuando un tribunal de apelación encontró fallas en las instrucciones del jurado de primera instancia. El Arab Bank alcanzó luego un acuerdo con casi 600 víctimas y familiares por una cantidad no revelada.
Antecedentes
En 2012, la sede de HSBC en Londres –el banco más grande de Europa–, firmó un acuerdo de procesamiento diferido y admitió que había lavado al menos 881 millones de dólares de grupos criminales de América Latina. Los narcotraficantes usaron cajas especialmente diseñadas para ajustarse a las ventanillas de los cajeros del HSBC; dejaron enormes cantidades de dinero de la droga en el sistema financiero.
Gracias a un acuerdo con los fiscales, HSBC pagó mil 900 millones de dólares. A cambio, el gobierno suspendió las acusaciones y se comprometió a abandonarlas por completo a los cinco años si HSBC cumplía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.
Los FinCEN Files muestran que durante esos cinco años de prueba, HSBC siguió moviendo dinero de personajes cuestionados, algunos de ellos sindicados de lavar dinero de Rusia o encabezar una estafa piramidal de Ponzi, y que están siendo investigados en varios países.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos permitió que HSBC anunciara, en diciembre de 2017, que había “cumplido con todos sus compromisos” del pacto de procesamiento diferido y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales en su contra para siempre. No se denunciaron sobornos.
*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Mucho más que la CIA y el FBI: estas 17 agencias integran la comunidad de espionaje de los EE.UU.
El director designado de la CIA, Mike Pompeo, testifica en su audiencia de confirmación ante el Comité de Inteligencia del Senado.
La comunidad de inteligencia estadounidense reafirmó recientemente su conclusión de que altos funcionarios en Rusia orquestaron los ataques cibernéticos al Comité Nacional Demócrata y los correos electrónicos pertenecientes a allegados a Hillary Clinton, durante la pasada campaña presidencial.
¿Qué es exactamente la ‘comunidad de inteligencia’? No es sólo un término amorfo para todos los funcionarios del área en los EE.UU., sino una auténtica sopa de letras formada por 17 agencias y oficinas. El grupo incluye a agencias estrictamente centradas en el tema, así como a brazos de inteligencia de otras agencias gubernamentales y militares. En 2015, su presupuesto total fue de $66.8 mil millones.
A continuación, la lista de las 17 oficinas:
- Oficina del Director de Inteligencia Nacional
Creada
por el Congreso en respuesta a los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, la oficina coordina la recopilación de datos de
inteligencia y el intercambio de información entre las agencias
estadounidenses. Su director es jefe de la comunidad de inteligencia y
el principal asesor del presidente en el tema, así como del Consejo de
Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad de Defensa.
- Agencia de Inteligencia Central (CIA)
La
CIA es la más reconocida de las agencias de inteligencia, famosa por
espiar a gobiernos extranjeros y llevar a cabo operaciones secretas,
como canalizar dinero a grupos de oposición en otros países para influir
en las elecciones o expulsar a ciertos líderes extranjeros.
- Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
La NSA, alguna vez tan secreta que algunos la llamaban ‘No Such Agency’ (ninguna agencia), es la más grande y quizás más sofisticada a nivel tecnológico de todas las agencias de inteligencia. Su trabajo se centra en las señales -monitoreo, recolección y procesamiento de comunicaciones y otras informaciones electrónicas- y la detección de códigos secretos. También protege a los sistemas de información estadounidenses de violaciones externas. La NSA supervisa el programa PRISM y otros de vigilancia masiva, revelados por Edward Snowden en 2013. Se cree que emplea a más matemáticos que cualquier otra organización en el país; un hecho con el que no todos los genios de los números están muy contentos.
- Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)
La
principal agencia de espionaje del Pentágono es la DIA, entidad
primaria encargada de recolectar y analizar información de fuerzas
armadas extranjeras, con apoyo de las oficinas de inteligencia de todas
las ramas militares. La DIA comparte esta información con los líderes
militares, combatientes y responsables de la política de defensa para
“prevenir y ganar guerras de forma decisiva”, según su declaración de
misión.
- Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
FBI
tiene tanto funciones policiales como de inteligencia. Por el lado de
la inteligencia, tiene como objetivo proteger a los EE.UU. contra el
terrorismo, los ciberataques y las operaciones de inteligencia y
espionaje extranjeros. Mantiene la lista de vigilancia de terrorismo
actualizada y ha participado en el interrogatorio de detenidos “de alto
valor”, a veces enfrentándose con la CIA.
- Departamento de Estado - Oficina de Inteligencia e Investigación
Esta
oficina recoge y analiza la inteligencia sobre asuntos globales y
asesora al secretario de estado y a otros diplomáticos. Realiza
encuestas de opinión y rastrea y analiza temas que pueden socavar los
objetivos de la política exterior estadounidense, como la proliferación
de armas, la trata de personas y el tráfico de drogas. Aunque es una de
las agencias de inteligencia más pequeñas, su evaluación sobre las armas
de destrucción masiva en Irak no fue tan inexacta como la de otras
entidades.
- Departamento de Seguridad Nacional - Oficina de Inteligencia y Análisis
El
alcance de la ‘seguridad nacional’ incluye la preparación para
emergencias, el control fronterizo, la seguridad del transporte y la
biodefensa (Ébola y el síndrome agudo respiratorio grave o SARS, por
ejemplo), entre otros temas. La Oficina de Inteligencia y Análisis se
encarga de reunir información en estas áreas y compartirla con socios
estatales, locales, tribales, territoriales y del sector privado, a
través de una red de “centros de fusión”.
- Agencia Antidrogas de los EE.UU. (DEA) – Oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional
La
DEA es la guardia del gobierno para las drogas que se fabrican,
distribuyen o dispensan ilegalmente. También es responsable de la
incautación y confiscación de bienes relacionados con el narcotráfico.
La Oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional presta asistencia a las
fuerzas del orden con investigaciones y enjuiciamientos. Más
recientemente, se ha centrado en la amenaza que plantea el aumento de la
heroína y la falsificación de píldoras de prescripción que contienen
fentanilo.
- Departamento del Tesoro - Oficina de Inteligencia y Análisis
La
recopilación de información de inteligencia en el Tesoro data de sus
comienzos, cuando el secretario Alexander Hamilton envió a un
funcionario de impuestos disfrazado para investigar la ‘rebelión del
whisky’ en curso al oeste de Pennsylvania. Hoy, la Oficina de
Inteligencia y Análisis se encuentra dentro de la Oficina de Terrorismo e
Inteligencia Financiera, que trabaja para impedir que los países
sancionados, lavadores de dinero, terroristas, narcotraficantes y
vendedores de armas de destrucción masiva depositen o trasladen su
dinero a través del sistema financiero estadounidense.
- Departamento de Energía - Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia
Hasta
el Departamento de Energía cuenta con una oficina de inteligencia. Sus
orígenes datan del Proyecto Manhattan, cuando la Comisión de Energía
Atómica fue encargada de analizar el programa de armas atómicas de la
por entonces Unión Soviética. En la actualidad, el rol de la oficina es
proveer inteligencia técnica sobre armas nucleares extranjeras,
seguridad energética, ciencia y tecnología y energía nuclear, seguridad y
residuos.
- Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial
En
apoyo al Departamento de Defensa, esta agencia es la principal
proveedora de inteligencia geoespacial -análisis e información sobre las
características naturales y artificiales de la Tierra y las actividades
geoetiquetadas-. Todo ello se emplea para el combate, la ayuda
humanitaria y ante desastres, seguridad fronteriza y de transporte y
planeamiento de seguridad para eventos especiales. La agencia saltó a la
fama mayormente por señalar el sitio en Abbottabad, Paquistán, que
Osama bin Laden usaba como escondite, y por operar el sistema de
referencia para los GPS.
- Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO)
La
NRO fue una agencia secreta durante 31 años, hasta que su existencia
fue desclasificada en 1992. La oficina diseña, construye y opera los
satélites de reconocimiento del país, proporcionando al Pentágono, CIA y
otros navegación de precisión, alertas tempranas de lanzamientos de
misiles e imágenes casi en tiempo real para apoyar las actividades
antiterroristas. Por el lado civil, los satélites ayudan a evaluar los
daños causados por desastres naturales y apoyan la investigación
ambiental.
- Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la Fuerza Aérea
La
rama de inteligencia de la Fuerza Aérea, organizada en la División
Aérea 25, emplea aviones, drones y satélites para identificar refugios,
lanzadores de móviles y escondites de armas. También es responsable por
las actividades de detección de código dentro de la Fuerza Aérea. Toda
esa vigilancia ocupa un gran espacio digital; en 2013, un ala recibía 20
terabytes de datos a diario, procesaba 460,000 horas de video y
difundía 2.6 millones de imágenes.
- Inteligencia Militar del Ejército
La
rama de inteligencia del Ejército intercepta las comunicaciones
electrónicas y proporciona mapas, imágenes en tierra e información sobre
fuerzas extranjeras para ayudar a los combatientes en el campo de
batalla.
- Oficina de Inteligencia Naval
Esta
rama se encarga de estar al día con la investigación científica y
tecnológica extranjera; analiza la estructura, táctica y preparación de
las fuerzas navales extranjeras y realiza un seguimiento de la
navegación mercante para identificar actividades ilícitas.
- Inteligencia del Cuerpo de Marines
Los
oficiales de inteligencia de esta división crean mapas militares,
interceptan y traducen señales radioeléctricas y electrónicas, analizan
imágenes recogidas de sensores y realizan contrainteligencia.
- Inteligencia de la Guardia Costera
La
Guardia Costera, parte del ejército y del Departamento de Seguridad
Nacional, protege y defiende más de 100,000 millas de costa y vías
navegables interiores. En un día promedio, la Guardia Costera lleva a
cabo 45 casos de búsqueda y rescate, confisca 874 libras de cocaína,
interdicta a 17 migrantes y ayuda a trasladar $8.7 mil millones en
bienes, según su sitio web. Su oficina de inteligencia ayuda con las
investigaciones criminales y proporciona información a otras agencias
nacionales desde puertos nacionales y extranjeros, en aguas costeras y
en el extranjero.
Traducción: Valeria Agis
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Nina Agrawal is a staff writer for the Los Angeles Times. She previously reported for WLRN-Miami Herald News and for the Latin American affairs magazine Americas Quarterly. A Southern California native, Agrawal is a graduate of the University of Pennsylvania and Columbia University’s Graduate School of Journalism and School of International and Public Affairs.
En los últimos años Honduras se ha situado entre los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en el mundo y el problema que se agrava con el alto índice de impunidad que florece en la nación. De 2001 a la fecha en este país centroamericano han asesinado a 75 periodistas, el 95% (71 periodistas) cayeron abatidos por las balas después del golpe de Estado que ejecutaron las Fuerzas Armadas, apoyadas por políticos y empresarios para derrocar a Manuel Zelaya Rosales.
Desde ese momento los reclamos han sido múltiples. Organismos nacionales y extranjeros se han pronunciado para que se esclarezcan los asesinatos, se condene a los asesinos y se investigue la enorme cantidad de denuncias por amenazas, intimidaciones y atentados que presentaron en la Fiscalía de los Derechos Humanos los periodistas y comunicadores sociales, que la última década sintieron que sus vidas corrían peligro.
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Sin embargo, la falta de voluntad política de las autoridades y la corrupción que impera en los órganos operadores de justicia, impiden llegar a fondo en las investigaciones y castigar a los responsables de los distintos crímenes.
Un claro ejemplo de esa situación es que de los 75 asesinatos de periodistas, solo 6 han sido judicializados, pero las acusaciones que ha realizado el Ministerio Público únicamente se han dirigido contra los autores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar esas muertes, situación que el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, califica como preocupante, “y eso no puede continuar así”, sostuvo.
Lea: El 43% de los asesinatos de periodistas ha ocurrido en el gobierno de Juan Orlando Hernández
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Tabla de periodistas asesinados 2001-2017 |
La clasificación mundial de libertad de prensa realizada para este año, por la Organización, Reporteros sin Fronteras, destaca que la impunidad en Honduras, “país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción” desde el año 2009, provoca que los periodistas de los medios de la oposición y alternativos estén sufriendo agresiones y amenazas de muerte permanente, agresiones que en su mayoría provienen del mismo Estado, a través de la Policía y el Ejército que salen a reprimir las manifestaciones populares.
Nadie niega que como producto de las recomendaciones internacionales el gobierno ha creado instituciones con el matiz de la defensa de los derechos humanos y de los periodistas en particular, pero a juicio de Joaquín Mejía, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la compañía de los jesuitas en Honduras, el país sigue en los lugares más altos de riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
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Joaquín Mejía, Coordinador del ERIC. |
Para él, el gobierno ha cerrado los espacios de libre expresión y las personas que se atreven a desafiar este sistema se ven enfrentadas a la fuerza represiva, no solo del gobierno, sino de cualquier otro sector, económico o político. Con sus propias palabras este defensor de los derechos humanos asegura que “tomar un micrófono, una pluma, un ordenador, ponerse frente de una cámara y denunciar cualquier desviación de los poderes implica una situación de riesgo”.
Pero lo que más lamenta Mejía, es que el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla, como cabeza del Ministerio Público, no les dé la importancia que merecen a las graves violaciones de los derechos humanos registradas en el marco del golpe de Estado y durante la crisis política electoral, donde muchos periodistas fueron alcanzados por la represión del Estado en contra de la población. Escenario al que en diciembre de 2015, se refirió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,(CIDH), que revela en su informe haber constatado la grave situación de inseguridad en la que trabajan los periodistas y comunicadores sociales, el contexto elevado de violencia y la falta de respuesta en las instituciones del Estado.
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Edmundo Orellana Mercado, ex Fiscal General del Estado. |
Sin embargo, el ex Fiscal General del Estado y ex aspirante presidencial del Partido Liberal, Edmundo Orellana Mercado, consultado por Pasos de Animal Grande sobre este tema, evitó referirse a la impunidad de los asesinatos y muy alejado del problema, dijo que las muertes de periodistas se deben analizar desde dos puntos de vista.
Como ex Fiscal General, sabe que sin investigación difícilmente pueden determinarse las causas, pero afirma que, “hay quienes han muerto luego haber extorsionado a capos del crimen organizado y esa gente responde con la violencia y la crueldad y por otro lado, están los periodistas que por cumplir sus deberes o decir la verdad son objetos de persecución y de censura”.
Como el tema no era ese, Pasos de Animal Grande, le formuló nuevamente la pregunta, y Orellana aclaró que por la amistad que mantiene con el actual y anteriores fiscales generales, no podía hablar abiertamente de la situación, pero aprovechó para tirarle flores a Chinchilla. “Yo lo que sí le podría decir es que este fiscal está saliendo muy bien”, refiriéndose a las acciones que el Ministerio Público realiza en coordinación con la Misión de Apoyo contra Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), trabajo que muchos se lo atribuyen Chinchilla. Pero una cosa es la corrupción y otra es la impunidad en la muerte de personas.
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Dagoberto Rodríguez, Presidente del CPH. |
Muy distinta es la posición del Presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, quien ha lamentado que la Fiscalía de Delitos contra la Vida no le haya dado prioridad a la investigación y judicialización de los asesinatos de periodistas y que por esa razón el país se encuentra en situaciones muy difíciles, junto con México y Colombia con incidencias altas de asesinatos de periodistas y con una alta impunidad de esos crímenes.
Según Rodríguez, el Ministerio Publico debió haber creado una unidad especial de investigación cuando las cifras se iban incrementando y evitar tanta impunidad. Pero el problema no solo se presenta por la acumulación de los expedientes por casos de muertes, sino también centenares de denuncias por amenazas, agresiones y atentados sin resolverse.
Solo en el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 65 violaciones a la libertad de expresión y de información, las que van desde amenazas, agresiones, atentados, asaltos, desplazamientos forzados y muertes, que no solo involucran como responsables a particulares sino también a militares y policías. De los afectados, que en su mayoría corresponden a medios alternativos que les dan cobertura a las protestas sociales, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, 5 dejaron sus trabajos y se trasladaron a otro lugar del país y 10 de ellos realizan gestiones para salir de Honduras.
Pero la impunidad que prevalece en el país por casos de violaciones a la libertad de expresión también es reconocida por el Informe de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que plantea que pese a la creación de unidades especializadas de investigación, es frecuente que los periodistas sean objeto de violencia y sometidos a situaciones de censura y autocensura.
Indica el informe que en los meses previos a las elecciones tres periodistas hondureños murieron violentamente, y que las autoridades deportaron a cuatro de medios internacionales que llegaron a darle cobertura a la crisis generada por el supuesto fraude.
Mecanismo de protección
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El 8 de mayo de 2015 Honduras fue sometida al Examen Periódico Universal,(EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de allí surgieron 152 recomendaciones para diferentes áreas, incluida la libertad de expresión, tema para el cual diversos países del mundo le pidieron al Estado de Honduras aplicar medidas y ponerle fin a los asesinatos, las amenazas y el hostigamiento contra los periodistas.
Y le recomendaron investigar y condenar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar periodistas para restablecer plenamente la libertad de prensa.
Es por esa razón que el 16 de abril de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección, para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia . La legislación crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Esta dirección, conocida popularmente como El Mecanismo, es la encargada de recibir las denuncias y tiene la potestad de aplicar las medidas preventivas para la protección de las personas incluidas en la Ley que se consideren en riesgo por el ejercicio de sus profesiones.
Honduras es el tercer país en América Latina que cuenta con un Mecanismo de Protección, el primero fue México y después Colombia.
El Mecanismo en Honduras entró a funcionar el 1 de julio de 2015 y al 30 de junio de 2018, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección. Del total, admitieron 250 y desestimaron 75.
De las 75 denuncias no admitidas, 21 corresponden a defensores de derechos humanos, 10 a periodistas, 2 a comunicadores sociales, 27 a operadores de justicia y 15 a ciudadanos no comprendidos en la especialidad de esta Ley.
De los 250 casos admitidos, 157 son defensores de derechos humanos, de los cuales por diversas razones 24 ya fueron cerrados y están pendientes de resolver 133.
Por amenazadas a la libertad de prensa, 73 denuncias fueron admitidas, 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales. Ya fueron cerradas 6 y están en proceso 67. En lo que corresponde a Operadores de Justicia, admitieron 20 solicitudes, cerraron 3 y en proceso continúan 17.
En cifras globales, de los 250 casos admitidos, el Mecanismo maneja en la actualidad 217 y fueron cerrados 33. De los 217que están bajo la responsabilidad del Mecanismo, 133corresponden a defensoras de derechos humanos, 42periodistas, 25comunicadores (as) sociales y 17de operadores (as) de justicia.
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El licenciado Miguel Martínez, oficial de comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP) hay dos instancias. El Consejo Nacional de Protección, que es el órgano consultivo, conformado por diversas entidades del Estado y el Comité Técnico del Mecanismo, que es el órgano de deliberación y decisión de los casos.
Dicho en palabras sencillas, el Mecanismo escucha la denuncia, hace las valoraciones del caso, investiga el nivel de riesgo y toma las medidas preventivas. Y el Consejo como ente consultivo les da participación de opinar sobre los casos a los organismos que lo conforman.
Martínez dijo que el Mecanismo de Protección no es una entidad de justicia sino meramente preventiva y que por esa razón no tiene relación con la fiscalía de los derechos humanos ni con la recién creada Fiscalía especial de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justica. Las relaciones con el Ministerio Público se dan a nivel de la Fiscalía General como miembro del Consejo.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrara Cáceres, dio a conocer recientemente, que como producto de la crisis post electoral, entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, ese organismo recibió diez quejas que involucran a 19 personas ligadas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión.
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Roberto Herrara Cáceres, Comisionado del Conadeh. |
Del total, el Conadeh envió al Sistema Nacional de Protección 9 casos con sus respectivas solicitudes de protección a favor de 13 personas. Tres se las presentó en la Secretaría de Seguridad para la implementación de medidas de seguridad y dos fueron remitidas para investigación al Comandante de la Policía Militar. Entre los agraviados según Herrera Cáceres hay directores de medios, periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos y fotógrafos.
Para el Presidente del CPH con la crisis post electoral se incrementaron las amenazas y agresiones contra los periodistas y asegura que la cifra es mayor porque el organismo que él representa registra a la fecha 55 comunicadores sociales y periodistas que han solicitado medidas de protección. Aseguró que tal como ocurrió en el 2009 las regiones más afectadas siguen siendo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Colon, La Ceiba y Tela.
Pero lo importante es que el Estado a través del Mecanismo de Protección y el Conadeh está confirmando la veracidad de los datos revelados en diversos informes internacionales que sitúan a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, descubrimientos que a nivel mundial han provocado presiones para los últimos dos gobiernos que en su afán de limpiarle la cara a Honduras constituyen entidades de papel, sin la estructura ni presupuestos necesarios para hacerle frente a la situación.
Bajo ese contexto se puede mencionar la Secretaría de Derechos Humanos, que desde su fundación en mínimo lo que ha logrado hacer para reducir los daños causados a la prensa y a los demás sectores vinculados con la libertad de expresión.
En otro sentido está el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, con una acumulación exagerada de expedientes, muchos de los cuales datan desde el golpe de Estado, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tampoco hace mucho, pese a que internamente se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Alto Impacto, con propósitos de resolver los asesinatos de periodistas, pero el 95% está impune. Y pese a eso, el recién reelecto fiscal general, Oscar Chinchilla, ha fundado una nueva entidad denominada, Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH).
La FEPRODDEHH
Mediante acuerdo FGR 002-2018 del 14 de marzo de 2018 la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH) y el 29 de mayo, dos meses después, nombraron jefe de esta nueva entidad, al abogado Gerry Yassar Valladares y a la abogada, Melissa Medina, como subjefa.
Hipotéticamente, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sería la responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además es la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.
El acuerdo de creación, publicado en la Gaceta, 34,593 del 15 de marzo de 2018 señala que la FEPRODDEHH contará con personal necesario para la recepción e identificación inmediata de las denuncias, el inicio de los procedimientos de protección y de la investigación de los delitos.
Teóricamente contará con dos secciones de enjuiciamiento. Una para enjuiciar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Los resultados son mínimos y las expectativas enormes, hay quienes y entre ellos, el Presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, que tiene fe en que esta nueva fiscalía ayudará a resolver los asesinatos de los periodistas y defensores de los derechos humanos, “Abrigamos una alta expectativa de que se resuelvan los casos de periodistas asesinados por que hay una alta impunidad”, dijo. A juicio de Rodríguez no deben seguir impunes las muertes violentas de los periodistas y se deben castigar también a los autores intelectuales.
A su juicio los casos que no presentan mayor avance en la Fiscalía de Delitos contra la Vida deberían ser trasladados a la Fiscalía de Protección para hacerles justicia a las víctimas y a sus familiares.
Lavarse la cara
Pero el periodista y defensor de los derechos humanos, Andrés Molina, no se traga el anzuelo y piensa que la cacareacada FEPRODDEHH no es más que otra de las instituciones que ha creado el gobierno para lavarse internacionalmente. Y como los organismos de la sociedad civil no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, Molina, quien forma parte del equipo técnico del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) dice que por las publicaciones de los medios de comunicación se dieron cuenta el Ministerio Público había creado una Fiscalía Especial Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y que lo vieron bien.
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Andrés Molina, periodista y defensor de los derechos humanos |
La gran mayoría de muertes y agresiones de periodistas está en la impunidad y consideraron que la nueva entidad podía ser la oportunidad que tendría el Ministerio Público para reivindicar a las víctimas y combatir la impunidad, pero luego se dieron cuenta que no será así.
“nos preocupa que el Ministerio Público únicamente esté haciendo acciones de propaganda y no para combatir la impunidad, tienen los medios y presupuesto, pero no quieren tocar las estructuras del poder que han violado la libertad de expresión y los derechos humanos”, afirmó.
Y Molina tiene razón, en la última década Honduras ha adquirido compromisos con diversos estados del mundo para mejorar la situación de los derechos humanos, pero hasta hoy solo se han implementado medidas cosméticas que no resuelven nada. Paralelo a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se creó la Secretaría de Derechos Humanos, más tarde fundaron el Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la Unidad de Muertes de Alto Impacto, adscrita a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y hoy se suma la FEPRODDEHH, media docena de organismos, gastando presupuesto y ocupando espacio para sostener la impunidad.
Con todas esas entidades las violaciones a los derechos humanos, las muertes de periodistas y de los defensores de los derechos humanos ya se deberían haber resuelto y frenado la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
No investigará muertos ni casos viejos
Sin embargo, FEPRODDEHH no investigará ni judicializará las denuncias que mantiene acumuladas la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos ni las muertes de periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
El Titular de la FEPRODDEHH, Gerry Valladares, ha informado que esta nueva entidad dependiente del Ministerio Público solo atenderá las denuncias que lleguen a partir de que entre en funcionamiento. Sostuvo que todos los expedientes viejos por violaciones a la libertad de expresión y atropellos a la labor de los defensores seguirán siendo manejados en la Fiscalía de los Derechos Humanos.
El funcionario aclaró que se trata de una Fiscalía de prevención y que por tal razón las muertes de periodistas, defensores de derechos humanos y de operadores de justicia, tampoco las conocerán y que las seguirá investigando y judicializando la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Es importante decir, que cuatro meses después de haber sido creada la FEPRODDEHH todavía el jefe y la subjefa no cuentan con la estructura mínima para comenzar a recibir las denuncias. La oficina para albergar a unos 8 fiscales que pretender tener, asistentes y secretarias, se encuentra en acondicionamiento, el personal que será sometido a todas las pruebas de confianza no ha sido contratado. A la fecha, al jefe y subjefa de la FEPRODDEHH no cuentan con el espacio apropiado para la custodia de los expedientes que les podrían llegar.
La subjefa de la FEPRODDEHH, Melissa Medina, dijo que por situaciones presupuestarias esta fiscalía estará asentada en Tegucigalpa y que para atender las denuncias en las distintas regiones, coordinaran acciones con las fiscalías locales. Aclaró que las audiencias sí serán cubiertas por fiscales de esta entidad y que la investigación siempre estarán a cargo de la ATIC.
Los titulares de la FEPRODDEHH proyectan comenzar a atender a la ciudadanía a finales de septiembre cuando todo esté listo. Es importante mencionar que el personal que están buscando para contratar, además se ser profesionales universitarios debe tener conocimientos en el tema de los derechos humanos y sensibilidad con los grupos vulnerables.
La Fiscalía General, determinó en el acuerdo de creación que la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), que sea una entidad netamente preventiva y por lo tanto, no se debe esperar que resuelva la impunidad de los asesinatos de los periodistas y defensores que se encuentran pendientes de investigar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Fuertes críticas al Estado de Honduras de la Plataforma por la Libertad de Expresión ante crimen de Luís Almendares y ataques a periodistas en La Ceiba
Monday, 28 September 2020 14:20 Written by Dina Meza Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El asesinato del colega Luís Almendares después de una serie de ataques y amenazas que fueron ampliamente difundidas por la víctima a través su medio de comunicación por Facebook.com, que eran de pleno conocimiento de las autoridades de Honduras y la represión contra los periodistas Wilmer Montoya y Fernando Lanza, en el mismo día 27 de septiembre de este año, solo evidencia una muerte anunciada ante la falta de voluntad política del Estado para proteger a quienes ejercemos el periodismo y defendemos las libertad de expresión en el país, señaló la Plataforma de Redes de Periodistas por la Libertad de Expresión, este 28 de sepriembre de 2020.
la Plataforma de Redes de Periodistas por la Libertad de Expresión, está conformada por redes de periodistas de la zona Central del país, Occidente, Norte, Sur y Tegucigalpa, que se aglutinaron desde agosto pasado para aunar esfuerzos para la lucha por la libertad de expresión y solidarizarse entre sí ante amenazas y diversos ataques que están sufriendo durante mucho tiempo y en especial en la emergencia por Covid19.
Este es el texto original del comunicado emitido:
El Colegio de Periodista de Honduras anunció su retirada del Consejo Nacional de Protección ante la falta de respuesta estatal por los crímenes contra periodistas. Su presidente Dagoberto Rodríguez dijo a medios de comunicación que ordenaron a sus miembros retrirarse de esa instancia mientras no hayan investigaciones sobre la violencia que está sufriendo la prensa en Honduras.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, publicó un comunicado donde repudiaba el crimen, "El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su indignación por la violencia contra periodista que en esta ocasión cobró la vida de Almendares, además de otros 15 ultimados este año en las Américas. "Cada vez vemos que son más los periodistas atacados y asesinados en nuestra región con total impunidad", señala el documento.
Lea primer comunicado de la Plataforma de Redes de Periodistas y Comunicadores Sociales por la Libertad de Expresión Aquí
Familiares retornan a sus pueblos los restos de líderes sociales asesinados en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – En medio del silencio, solidaridad e incertidumbre, cerca de las cinco de la tarde de hoy, fueron entregados a sus familiares, los cuerpos de luchadores sociales víctimas de ataques mortales ayer domingo a eso de las 6:30 pm, en los departamentos Olancho y Comayagua.
Al instante fallecieron en una masacre, el profesor y ambientalista José Antonio Teruel, de 72 años; su esposa, la educadora Francisca Aracely Zavala, de 70 años; y su cuñado, el ganadero Marco Tulio Zavala, de 68 años, en la comunidad San Fernando, municipio de Patuca, departamento de Olancho, cuando departían en su vivienda. Al mismo tiempo era atacado cerca de su casa, en la comunidad Mata de Caña, Comayagua, el periodista Luís Alonso Almendares de 35 años, quien falleció esta madrugada en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, capital hondureña.
Desde la mañana de este lunes 28 de septiembre, los cuerpos fueron ingresados a la morgue judicial capitalina, para su respectiva autopsia. Cabe señalar que, entre las restricciones sanitarias para evitar la propagación por Covid-19, únicamente se realizan autopsias en casos que tengan indicios o signos de muertes violentas. Y, aunque se supondría que por el confinamiento, el índice de muertes violentas debería ser menor, un trabajador en el entorno afirmó que cada día son muchas personas esperando retirar los cuerpos de sus parientes.
Con las víctimas de Patuca, suma en el transcurso del 2020, 37 masacres en Honduras, correspondiente a 33 mujeres y 106 hombres, para un total de 139 personas que han perdido la vida en forma violenta. En cambio, el periodista de Comayagua es la tercera víctima de medios de comunicación que fallece de forma violenta, según registros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Primero se entregaron los restos mortales de los hermanos Zavala, que esta noche son velados en su natal Patuca, zona donde se lucha contra la industria hidroeléctrica, específicamente los proyectos “Patuca”.
Después fue retirado el cuerpo de Luís Almendares, quien ejercía un periodismo ciudadano, con el fin de ayudar a la población más desvalida de Comayagua que necesitaba de su ayuda para solventar –generalmente- problemas de salud o alimenticias.
Familiares del también, pasante de la carrera de Derecho, confirmó que el cuerpo de Luisito, como se le conocía, sería velado en un centro educativo cercano a su casa, dónde el cursó la primaria. Cerca de las ocho de la noche, el féretro fue recibido entre aplausos y llanto por cientos de ciudadanos que desearon acompañar al periodista.
Un amigo de la familia, afirmó que hasta el lugar donde fue atacado Luisito, llegaron agentes de investigación y otras entidades extranjeras con el fin de conocer la escena del crimen y como parte de las investigaciones para dar con los responsables.
Y finalmente, fue entregado el cuerpo del docente, luchador social y ambientalista, José Antonio Teruel, para ser llevado a su natal Santa Bárbara, confirmo un pariente de las víctimas de Patuca.
El inesperado asesinato del profesor “Toño”, como le decían, conmocionó a defensores de derechos humanos a nivel nacional, quienes denunciaron el crimen y exigieron que se investigue los hechos.
Teruel, fue miembro del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), activista de derechos humanos, fue coordinador de Participación Ciudadana en Caritas/Honduras y su colaborador voluntario más cercano, además era analista del conflicto por la construcción de represas hidroeléctricas en Patuca, que involucra a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Mañana martes 29 de septiembre, serán los sepelios de estos ciudadanos asesinados en el país considerado entre los más peligrosos del planeta para defender el ambiente y el ejercicio del periodismo.
La población exige que se aplique la justicia y que los crímenes no queden en la impunidad, que alcanza un 80 por ciento de los casos que llegan al Ministerio Público, cifra que fue confirmada por el entonces Fiscal General Luís Rubí, ante el Congreso Nacional, en abril de 2014.
Según Rubí, el 80% de los homicidios que se comenten en Honduras quedan en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación.
Los recientes crímenes contra el defensor del ambiente y el periodista, se dan en un estado de sitio impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, que mantiene militarizado el país, desde marzo pasado según Decreto Ejecutivo 021-2020 cuando se inició el confinamiento domiciliar a causa del Coronavirus.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida y labor de los defensores de derechos humanos y periodistas, según la Ley de Protección las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada por el Congreso Nacional desde mayo del 2015, según decreto 34-2015 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 33,730.
Pandemia incrementa número de familias en pobreza
- 24/09/2020
La falta de dinero para pagar el alquiler de una vivienda, obliga a decenas de familias a migrar los bordos de San Pedro Sula, donde instalan casitas de nylon y cartón, bajo la amenaza de la violencia, enfermedades y desalojo municipales.
Según testimonios recopilados por Radio Progreso, la pandemia del Coronavirus y las medidas impuestas por el Gobierno, provocaron que las familias ahora instaladas en los bordos perdieran sus empleos, la mayoría era empleada de empresas comerciales e industriales, y otro tanto se dedicaba a la venta ambulante.
“Hay preocupación porque existe una amenaza de desalojo por parte de la alcaldía”, expresó la líder comunitaria de los bordos Santa Ana y Pedregal, Marlene Sanabria. Ella asegura que cada familia que llega es bienvenida, pero en las últimas semanas han tenido un crecimiento poblacional desproporcionado que se están quedando sin espacio.
Las personas llegan a los bordos cargando colchones, cobijas, bolsas de ropa y trastes para instalarse. Algunas familias lo hacen al aire libre y otras consiguen pedazos de madera, cartón y nylon para medio protegerse de la lluvia que ha azotado la ciudad en los últimos días.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El retorno del dominio de caciques europeos y reyes estadounidenses a la corta norte de Honduras
El retorno del dominio de caciques europeos y reyes estadounidenses a la corta norte de Honduras
En el marco del proyecto neocolonial de las ciudades modelo (ZEDE), se dio inicio en la isla de Roatan a mediados de mayo, el lanzamiento de PRÓSPERA Honduras, enclave que tendrá su propia, seguridad, leyes y moneda,
El pasado viernes 18 de septiembre, en la idílica comunidad Creole de Crawfish Rock, en la isla de Roatán, en una “reunión” convocada por el empresario estadounidense Erick Brimen, y rechazada de antemano por la comunidad, Brimen alcanzo a leer el reglamento de las ZEDE sobre expropiación territorial, antes que la Policía Municipal de Roatán clausurara el evento, ante el desacato por su parte a las medidas de bioseguridad implementadas por el Covid-19.
Brimen pretende implementar el sueño de los libertarios neorreaccionarios, de establecer ciudades-nación independientes dentro de Honduras, al estilo de la República de Poyas (1821) o el Reino de la isla del Cisne (1900).
De la Res Publica a la Res Privada
A Partir del golpe de estado de 2009, Honduras fue transformado en un laboratorio económico y político, de corte neoliberal que atrajo de inmediato la atención del economista Paul Romer, el que había tratado de instaurar su proyecto de la ciudad modelo (Charter City) en Madagascar lo que provoco un golpe de Estado que derrocó al socio de Romer; Marc Ravalomanana, ante la entrega de un enorme tracto de tierra a la empresa coreana POSCO-DAEWOO.
En Honduras el proyecto neocolonial tuvo inmediata aceptación por la administración de Pepe Lobo, siendo el diputado Oscar Nájera (lista Magnisky) el encargado de presentar a inicios del 2011, el proyecto denominado Regiones Especiales de Desarrollo (RED) ante el Congreso “Nacionalista”. Para octubre de 2012, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales la Ley Red, situación que conllevó al Congreso a perpetrar una defenestración de la Corte Constitucional (12-12-12), afianzando la dictadura al finiquitar la independencia de poderes.
En el 2013, las ciudades modelo fueron maquilladas e reintroducidas al Congreso Nacional, el que de forma inmediata las aprobó sin mayor discusión, ignorando la avalancha de criticas que emanaron de diversos sectores del país, los que recalcaron el retorno a la era de las concesiones bananeras.
En el 2015 los libertarios estadounidenses, involucrados con el proyecto de Peter Thiel y Pat Friedman, Seasteaders, convocaron una reunión para junio de ese año, en la ciudad de San Francisco, a la que denominaron “Disrrumpiendo la Democracia en Honduras”, en la cual el invitado de honor era Juan Orlando Hernández, quien desistió asistir ante las manifestaciones populares en Honduras surgidas por el saqueo implacable al sistema de salud a manos del partido de gobierno.
Es hasta el año pasado cuando resurgen las ciudades modelo, impulsadas por PRONOMOS, empresa perteneciente a los mismos miembros del Seasteaders, los impulsores del descalabro de la democracia en Honduras; contando ademas con el apoyo financiero de Titus Gebel, profeta de las ciudades libres (Free Cities) y promotor de las criptomonedas.
El planteamiento del retorno a las monarquias y el fracaso de democracia como formas de gobierno que promueven los neoreaccionarios asociados con la “ilustración oscura”, se ha convertido en una moda entre los millonarios surgidos de Silicon Valley, quienes ahora ven el caribe como potencial refugio, para crear sus reinos.
De Gregor Macgregor, Cacique de Poyais al Rey de la isla del Cisne, Alonzo Adams
Gregor Macgregor en 18231 apareció en Inglaterra vendiendo acciones de su recién adquisición al rey de la Miskitia George Frederick, el que le entregó la desembocadura del rio Tico, la que hasta años atrás había formado parte de las avanzadas británicas en la costa norte de Honduras. Macgregor creo la República de Poyais, con su propia bandera, moneda constitución; dando de esta forma lugar a lo que se convirtió en una de las mayores estafas del siglo XIX.
El capitán Alonzo Adams asumió el control de las islas del Cisne en 1893 -conocidas también como Santanilla- previamente Estados Unidos las había declarado como suyas, auto nombrándose rey del las islas del Cisne, las a través del Acta del Guano (1853) todos los islotes e islas donde existirían yacimientos de guano.
Al estilo de Gregor Macgregor y del Rey Alonzo, aparecen una serie de libertarios estadounidenses y alemanes, entablando negociaciones con el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernandez, tentados por los “beneficios” que ofrece el estado fallido de Honduras, el que viene siendo aparentemente controlado por los carteles del narcotráfico; y en medio de la crisis por la pandemia de Sars II, intenta cuajar la destrucción del estado de Honduras para convertirlo en un sinnúmero de republiquetas y micro principados, que entre otras se dedicaran al lavado de activos a través de las criptomonedas.
Septiembre 28 de 2020.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Ratifican prisión preventiva contra David Castillo, acusado de asesinar a Berta Cáceres
- 28/09/2020
Por unanimidad de votos, la sala I del Tribunal Sentencia Nacional declaró sin lugar la solicitud de cambio de medidas distintas a la prisión preventiva en la causa instruida contra Roberto David Castillo Mejía, acusado del delito de asesinato a título de autor intelectual en perjuicio de la líder indígena y luchadora social Berta Cáceres.
Castillo seguirá en prisión por 8 meses y 23 días más.
En la audiencia de revisión de medidas la defensa del imputado, encabezada por Juan Sánchez Cantillano, ofreció pagar una fianza de 4 millones de lempiras teniendo de garante a Bac-Credomatic. Situación que demuestra la clara vinculación que existe entre la familia Atala y el asesinato de la lideresa, por el señor Jacobo Atala es dueño de la institución financiera, dijo en Radio Progreso Berta Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh.
Para la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas en el Copinh, que se mantenga la prisión preventiva garantiza que Castillo seguirá en el progreso hasta que se demuestre su culpabilidad, ya que es una persona altamente peligrosa de fuga, debido a que su captura en 2018 se ejecutó cuando pretendía abandonar el país por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.
El proceso judicial contra David Castilla entra en la etapa de proponer las pruebas que lo ratifican como autor intelectual del crimen y vínculo principal entre los autores materiales y la familia Atala Zablah, dijo Berta. “Para nosotras es importante cerrar este proceso con una condena de culpabilidad contra este señor que asesinó a mi madre y cometió muchos actos de corrupción en perjuicio de las comunidades con el objetivo de instalar proyectos de generación de energía”. Apuntó.
Además, este día (28/09/2020) el Copinh a través de una conferencia de prensa denunció exclusión ilegal del caso Fraude sobre el Gualcarque, que la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, llevó a los tribunales y que es considerado el origen del asesinato de Berta Cáceres. Las comunidades del Copinh exigen participación directa en el caso por considerarse víctimas de graves crímenes.
Amenazan de muerte a Pedro Canales defensor de la península de Zacate Grande
Foto: Giorgio Trucchi
Tegucigalpa, Honduras.- , “Yo sé quién te va a volar la cabeza”, le advirtió un emisario que llegó a su propia casa denunció este día el defensor territorial, Pedro Canales.
Canales es miembro de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, (ADEPZA), y denunció que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y de una sentencia de muerte que le llevó a través de un mensaje de un emisario que se reúne con poderosos que despojan a la comunidad de sus tierras.
Pedro, ha sido uno de los líderes de ADEPZA que ha sufrido un sinnúmero de amenazas por más de una década, debido a su lucha por la protección de los territorios de Zacate Grande, que están siendo apropiados ilegalmente por personas con mucho poder político y económico, entre ellas la familia Facussé.
El día 23 de Septiembre su perro llegó a la casa con varias perforaciones de bala, y al día siguiente murió. “Nos preocupa dice Pedro ya que es quien vigilaba mi casa por las noches”.
Cabe mencionar que desde 2017 al 2020 a los Guardias de la Familia Facussé han matado a tres perros de la familia, y hoy estos guardias suben a sus milpas de las tierras recuperadas acompañados de militares de la Base Naval de Amapala.
Pedro pide el cese a las amenazas y hostigamiento y a los organismos de Derechos Humanos les pide salvaguardar la vida de todos y todas los líderes de ADEPZA y comunicadores sociales de la Radio “La Voz de Zacate Grande”.
Corte de Apelaciones excluye al pueblo indígena lenca y al Copinh del juicio
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción ha excluido a la comunidad lenca de Río Blanco y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), principales víctimas del denominado caso, Fraude sobre el Gualcarque, del juicio que se desarrolla contra 16 funcionarios públicos que se confabularon con empresarios para el otorgamiento del contrato y licencias ambientales del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca.
En conferencia de prensa desarrollada al mediodía de este lunes, 28 de septiembre el COPINH denunció la exclusión ilegal por parte de la Corte de Apelaciones, que les niega el derecho a la justicia, a la verdad y al debido proceso.
“Las comunidades y las organizaciones víctimas de los crímenes tenemos derecho a participar directamente de todos los procesos judiciales, a levantar nuestra vos a ser partícipes de la exigencia de los derechos”, señala el COPINH a través de un comunicado leído por la coordinadora general, Bertha Zúniga Cáceres.
El documento dice que la continuación del juicio sin la participación de las víctimas constituye una violación al derecho de la justicia y ante tal situación exige participar de manera directa.
Asimismo, sostiene que, para ser tomados en cuenta, en noviembre del 2019 el equipo legal del COPINH interpuso un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia. La versión fue confirmada por el abogado Víctor Fernández, uno de los apoderados.
“Nosotros en representación del COPINH somos parte de la causa del Gualcarque”, dijo Fernández, declarando que el 2014 ellos presentaron cerca de 50 denuncias, incluida esa que fue investigada por la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH) y que involucra a distintos funcionarios en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos del pueblo indígena lenca.
Aseguró, que esa acción del COPINH fue la que permitió una investigación y la presentación del caso en los tribunales de justicia “Nosotros somos parte activa, porque el COPINH y el pueblo lenca han sido parte desde la denuncia”, insistió Fernández. Indicó, que el Código Procesal Penal, en su artículo 16 establece el derecho de las víctimas a constituirse como acusadores privados y querellantes en el proceso.
Fernández dijo que los delitos imputados a los 16 funcionarios vinculan al estado como víctima de la fe pública, pero que la víctima directa es el pueblo indígena lenca que no fue consultado ni reconocido en su reclamo sobre el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa, Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Según Fernández, cuando la MACCIH sacó el caso, el COPINH se constituyó como querellante o acusador privado y en la audiencia inicial, la defensa reclamó la participación del de este organismo y el juzgado de letras le permitió participar en calidad de víctima. Sin embargo, afirmó, que la Corte de Apelaciones en materia de corrupción los excluyó, a petición de la misma defensa.
Para él, la situación es absurda si se toma en cuenta la disposición establecida en el Código Procesal que habilita al COPÎNH como sujeto que ha sufrido los efectos de una estructura criminal formada por 16 funcionarios públicos. Sostuvo, que es un ambiente reiterativo, porque al inicio presentaron un recurso de revisión que lo revocó la misma Corte de Apelaciones. Y ese fue el motivo para irse en amparo a la Corte Suprema.
Explicó, que un recurso de amparo es una de las más urgentes emergencias que invoca la intervención inmediata para tutelar derechos de acceso a la justicia. No obstante, la Corte Suprema, admitido el recurso, pero sin suspender el acto reclamado que es la no continuación del juicio sin la participación de la acusación privada del COPINH y del pueblo lenca.
En la conferencia también participó la abogada Ingrid Figueroa de la Coalición contra la Impunidad y miembro de la Red de Derechos Humanos, quien respaldó la lucha del COPINH para garantizar el acceso a la justicia. Para ellas es inconcebible que la institucionalidad beneficie a los agentes públicos y privados retardando la búsqueda de justicia del pueblo lenca que ha sido víctima de violaciones de los derechos humanos.
También cuestionó que al COPINH y a la comunidad de rio Blanco los excluyan de la administración del juicio en clara violación del derecho a la justicia, a la verdad y al debido proceso. Exigió una investigación acelerada de los hechos tal como lo hacen cuando se trata de enjuiciar a los defensores de los derechos humanos.
Entre tanto, Isabel Solís, quien forma parte de observación internacional, se mostró preocupada por las graves violaciones a los derechos humanos que se dan contra el pueblo lenca y manifestó que Honduras ya ha sido condenada internacionalmente 26 veces por violentar los convenios internacionales que obligan al Estado a respetar los derechos de los pueblos originarios.
“Nos preocupa el rechazo a la participación de las víctimas en este caso contra funcionarios públicos que es muy reiterada esta violación que es similar al caso de Berta Cáceres”, expresó Solís, quien además hizo un llamado para que el sistema de justicia revise sus resoluciones que han formado parte de una violación sistemática de derechos humanos.
Ella dice que los compromisos internacionales asumidos por el Estado deben de reflejarse en esos juicios penales porque el convenio 169 establece el procedimiento de consulta y no se puede imponer un proyecto en territorios indígenas.
El caso, Fraude sobre el Gualcarque, investigado por la UFECIC- MACCIH revela una fuerte evidencia probatoria de cómo los funcionarios públicos y empresarios se confabularon para que la empresa DESA fuera beneficiada en la concesión del proyecto, Agua zarca, pese a la falta de requisitos y graves violaciones a los derechos humanos, incluido el asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de la comunidad indígena.
Los imputados por el Fraude sobre el
Gualcarque son, el ex gerente de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, ex
gerente y ex presidente de la junta directiva de DESA, Carolina Lizeth
Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto
Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinoza Mejía,
Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto
Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal
Flores, José Javier Velásquez Rivera, Isaida Odilia Pinel y Julio
Ernesto Eguigure Aguilar.
25 septiembre 2020
Cada septiembre se celebra la semana del migrante, una manera de hacer conciencia sobre los desafíos, aportes y sufrimientos de nuestros hermanos que se ven obligados buscar nuevos caminos para salvar la vida y la de los suyos. Este año como parte de las actividades, el ERIC, Radio Progreso y la Red jesuita con migrantes lanzó una serie de foros virtuales para reflexionar sobre el fenómeno. Uno de esos aportes fue la investigación sobre los diferentes ciclos migratorios en Honduras, aquí sus principales hallazgos.
Primero. El siglo XX está marcado por cuatro grandes ciclos
migratorios. El ciclo migratorio del banano, ciclo migratorio agrario,
de la maquila y
el actual ciclo de migración forzada. Cada ciclo está
dinamizado por un modelo económico, es decir, los flujos migratorios se
mueven al ritmo de la economía.
Segundo. No hay ciclos migratorios puros, sino dentro de cada ciclo hay diversos flujos de migrantes. Es decir, hay un acontecimiento que provoca un flujo de migrantes dominante y dentro de ese flujo se generan otros flujos en ocasiones provocado por el mismo acontecimiento o por emergencias naturales o sociales.
Tercero. Geográficamente las regiones expulsoras de emigrantes en
todos los ciclos son la región del sur y occidente del país. En sentido
contrario, la zona receptora de migrantes es la del norte del país. Este
hecho responde fundamentalmente a que las primeras son las regiones más
empobrecidas con suelos menos fértiles, mientras que el norte es la
región más rica, no solo en tierras fértiles, en ella se encuentran los
principales puertos, aeropuertos, y demás medios y servicios para la
exportación e importación.
Cuarto. Sobre las motivaciones de cada
ciclo migratorio se observa que en los primeros dos la motivación
determinante fue el tema económico, sea por cuestiones de empleo o de
tierra, mientras que en los últimos dos ciclos se observa que a la par
de las motivaciones económicas está la migración por cuestiones de
inseguridad y violencia. Esta violencia se ejerce desde varios actores:
una violencia tiene que ver con la brutal concentración de la riqueza,
la violencia ejercida en los barrios a través de la maras y pandillas,
y, por último, y no menos importante, está la violencia ejercida por los
cuerpos armados del Estado, la cual ha ido en aumento en la última
década, a partir del golpe de Estado.
Quinto. En cada ciclo migratorio se observan diferentes comportamientos del Estado. En el ciclo migratorio del banano hay un estado más de corte oligárquico, controlado principalmente por las empresas bananeras, mientras que en el ciclo de la reforma agraria se observa un Estado más activo en la economía y conducido por un gobierno reformista de corte militar; en cambio, en el ciclo de la maquila hay un Estado activo, desmantelando las empresas públicas, con un gobierno “democrático”, pero corrupto, mientras que en el actual ciclo volvemos a observar el retorno del Estado oligárquico, controlado por una casta empresarial de origen palestina, y un gobierno de corte autoritario.
Sexto. El actual ciclo migración forzada es el más complejo, pero más rico para su estudio. En él se intensificó la migración internacional, cuyo ímpetu se ve reflejado en la migración en caravanas, lo cual advierte del fracaso del modelo económico neoliberal en su etapa extractivista y el fracaso del Estado que, en la última década, es conducido por un grupo de personas muy vinculado a actividades de corrupción y del crimen organizado.
Sobrina de Trump alerta sobre las consecuencias de reelegir al "hombre más peligroso del mundo"
Atidisturbios controlando a los manifestantes cerca de la Casa Blanca en Washington. Reuters
Mary L. Trump, sobrina del presidente de EE.UU., Donald Trump, dice que lo que más le preocupa de que su tío sea reelegido es que la democracia estadounidense “resultaría muy afectada”. La autora de ‘Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’ habló con EL TIEMPO sobre su libro y su relación con el presidente.
¿Quién es Donald Trump para usted?
Donald ha sido alguien que pasó de tener muy poca presencia en mi vida a ser alguien que, en virtud de su puesto en la Oficina Oval, ha tenido un impacto muy grande en mi día a día en una manera que nunca pude anticipar.
Cuando yo era una niña y cuando estaba en mis 20, nosotros nos llevábamos bien, pero yo no lo tomaba particularmente en serio. Todavía es difícil hacerlo. Pero tengo que tomar su comportamiento como algo serio, pues ha tenido un impacto muy grande en mí y en los demás. Yo trato de despegarme de nuestra relación porque hace un poco más difícil darme cuenta diariamente de que él es mi tío.
-¿Cómo fue para usted crecer en la familia Trump y cerca de él?
A veces, con la retrospectiva entendemos lo mal que estaban las cosas o qué tan disfuncionales eran. Mi familia no es la única familia disfuncional que ha existido. Solo parecía normal la forma como eran las cosas. En la casa de mis abuelos, el racismo, la forma como eran tratadas las mujeres, como ciudadanas de segunda clase, y la frialdad parecía normal. Sin embargo, yo me la llevaba bien con mis tíos, aunque nunca fui cercana a ninguno. Esto es algo que se vuelve más claro años después cuando no se está en medio de eso.
-En su libro hay detalles del comportamiento de su tío. ¿Qué la llevó a poner ahí toda esta información y recuerdos sobre él?
Lo primero es que si él no hubiera llegado a la Casa Blanca, yo nunca hubiera escrito el libro. Una parte de eso era sentir la obligación de ayudar a la gente a entender quién es él y por qué es peligroso. Como psicóloga yo entiendo lo importante que es la historia, y cómo la historia personal de la familia de alguien es importante para entenderlo. No hubiera sido muy fácil hablar sobre sus comportamientos actuales, que todos podemos ver, sin ponerlo a él en contexto. Eso era extremadamente importante para mí.
-En el camino se encontró con muros porque la familia Trump trató de detener la publicación del libro. ¿Cómo fue esa batalla para usted?
Sabía que iba a pasar. Si no hubieran tratado de demandarme habría entrado en un ‘shock’ (risas). Era algo para lo que yo estaba preparada. Lo que yo encontré interesante es que en la discusión de querer parar el libro, ellos dijeron que este contendría cosas muy malas. Y ellos no tenían ni idea de lo que había en libro, no lo habían leído. Eso me hizo pensar: ‘¿Qué clase de cosas malas tienen ellos en la cabeza? Porque claramente están pensando en cosas muy malas que hicieron. ¿Por qué están tan preocupados?’. Si no hubieran hecho nada, ¿cuál era problema?
-Usted dijo que para su tío ‘mentir era una forma de engrandecimiento’. ¿Eso explica por qué hace afirmaciones que muchas veces no son ciertas?
Es exactamente eso. No es la única razón, pero es, de lejos, la más grande. Muy en el fondo, Donald sabe que no está consumado, que no es exitoso, que no es grandioso en ningún aspecto. Cuando él dice estas cosas no solo está tratando de convencerse a sí mismo, sino también a mi abuelo. Creo que Donald aún le tiene mucho miedo, a pesar de que ha estado muerto por más de 20 años.
-¿Cuál es la consecuencia de tener un presidente al que usted describe como un narcisista?
Es extremadamente peligroso. Y Donald no es realmente el problema, son los facilitadores los que son el problema. Debido a que se le ha permitido que actúe como alguien que no tiene preocupaciones fuera de sí mismo, él no va a ayudar a nadie que dañe su posibilidad de hacer dinero o de ser popular con su base. El resto de nosotros siempre vamos a ser puestos de últimos.
Y si él puede hacer más dinero o cree que puede mantener el poder sin hacer nada respecto al virus, no va a hacer nada, no importa cuánta gente muera de manera innecesaria.
No solo es peligroso en este punto, es criminal a un grado en el que no creo que nosotros ni siquiera entendamos todavía.
-Expertos dicen que va a ser difícil que Trump deje la presidencia y que un ejemplo de eso es que él cuestiona el voto por correo. ¿Cómo se explica eso desde una perspectiva psicológica? ¿Se trata de un apego al poder?
Creo que opera en un par de niveles. Hay una especie de nivel práctico en el que si él pierde, seguramente iría a la cárcel por crímenes que ha cometido. Le gustaría evitar eso, me imagino. Y desde el punto de vista psicológico, yo sé que para alguien muy narcisista y muy inseguro, perder crearía tanto dolor que lo encontraría intolerable. Él también tiene la idea de que tiene que ganar a cualquier costo porque si no lo hace, no solo sería doloroso, significaría que es un perdedor, lo que en nuestra familia era condenado.
Donald tiene mucho más en juego que estar en la Oficina Oval. Es su psique entera la que tiene que proteger, incluso si él no sabe que eso es lo que está haciendo. Por eso tenemos que estar alarmados, por los límites a los cuales él está dispuesto a llegar. Él ya está haciendo trampa. Usted mencionó su disposición para socavar la confianza de la gente en el voto por correo. Él ya está socavando la confianza sobre la legitimidad de las elecciones, aunque nadie ha votado todavía.
-Hace poco, Trump sugirió aplazar las elecciones en EE. UU. Pareciera que está llegando a esos límites...
Él no tiene el poder para posponer la elección. No depende de él. Pero es solo para crear confusión y restar confianza. Él tiene la visión de que las cosas siempre funcionan a su favor.
Crear caos funciona a su favor porque evita que la gente se enfoque en lo que él está haciendo, que es realmente lo que necesitamos dejar de hacer. Nada de lo que él está haciendo es sorprendente. Hay mucho en juego para él, práctica y psicológicamente. Lo que me preocupa es la forma como lo está haciendo. Y qué poca resistencia hay por parte del Partido Republicano.
-¿Qué es lo que más le preocupa a usted de la posibilidad de que Trump sea reelegido?
Creo que el experimento estadounidense llegaría a su final. Nuestra democracia resultaría muy afectada, no habría forma de regresar de eso. No creo que nuestra democracia se pueda recuperar. Y también me preocupa que los resultados malos de eso tengan impacto en el resto del mundo. Va a ser malo para todos nosotros.
¿Qué puede explicar que él todavía tenga tanto apoyo en EE. UU.?
No creo que sea tanto como la gente puede llegar a creer. Es, sobre todo, que el 100 por ciento de los republicanos elegidos, personas en su partido político, en el Senado, en el Congreso, en su gabinete y en las cortes, todavía lo apoyan. Están dispuestos a permitirle que haga lo que él siente que necesita hacer para robarse su camino a la Oficina Oval (...)
No veo cómo alguien, además de los que son verdaderamente racistas, misóginos y antiinmigrantes, lo puede apoyar. Es muy extraño para mí, sinceramente.
¿Cree que hay alguna forma de parar esa persistencia para quedarse en el poder?
El único potencial para que las cosas cambien sería si Joe Biden gana por un margen enorme. Tendría que ser una avalancha para que nadie pudiera pretender que hubo trampa, que los resultados de las elecciones no fueron legítimos. Es la única cosa que yo veo.
-¿Hay algo positivo que usted vea en Trump?
No. Ya no. Nosotros solíamos llevarnos bien y, de hecho, él me caía bien. No creo que yo haya pensado que él era una persona particularmente buena, pero él tenía una chispa de algo de él que se podría haber vuelto amabilidad. Pero mi abuelo lo destruyó y dejó muy claro que ese tipo de cosas no eran aceptables para él.
-¿Cuál fue ese momento de ruptura en su relación?
No fue nada personal, así suene raro. Después de que me di cuenta de que mis abuelos me desheredaron, en 1999, y mis tías y mis tíos no hicieron nada para ayudarnos, yo dejé de ser parte de la familia. Pasó muy rápido, y nunca cambio.
-Usted dijo que haría todo lo que estuviera en su poder para evitar que él fuera reelegido...
Así es. Y no necesariamente sé qué es eso que debo hacer, pero si puedo hacer cualquier cosa para ayudar en la campaña de Joe Biden o tan solo seguir hablando con la gente sobre lo que yo creo son psicopatologías muy peligrosas, porque no se van a poner mejor.
(Tomado de El Tiempo)
La «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos ha desplazado a 37 millones de personas
Traducido por Marwan Pérez para Rebelión.
Durante la última semana ha surgido un considerable debate en torno a un cálculo que ayudé a producir, que muestra que las guerras que ha librado el gobierno de los EE. UU. desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, han obligado al menos a 37 millones de personas, y quizás hasta 59 millones, a huir de sus hogares.
Como coautor del informe, elaborado para el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, me animó el interés generado en los medios -desde el New York Times hasta Fox News– por las millones de personas desplazadas en la «guerra global contra el terrorismo» de Estados Unidos. Mis coautores de la American University y yo nos dimos cuenta de que nadie, ni dentro ni fuera del gobierno de los Estados Unidos- había calculado previamente cuántas personas han desplazado estas guerras.
El informe estima de manera conservadora que ocho de las guerras de «contraterrorismo» más violentas en las que ha participado el gobierno de EE. UU. desde el 11 de septiembre (Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria y Yemen) han producido 8 millones de refugiados y 29 millones de desplazados internos. El total de 37 millones de desplazados es más que los desplazados por cualquier guerra desde al menos el comienzo del siglo XX, excepto la Segunda Guerra Mundial.
Las críticas al informe se centraron en el grado en que el gobierno de EE. UU. es responsable del desplazamiento en los ocho países.
La gente estuvo de acuerdo en que la administración de George W. Bush lanzó las guerras en Afganistán e Irak. Sin embargo, algunos han dicho que los otros países que incluimos en nuestra estimación (Libia, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria y Yemen) son conflictos increíblemente complejos en los que el gobierno de Estados Unidos ha sido un combatiente menos central, por lo que es difícil decir qué papel, si lo hay, ha jugado el gobierno de los Estados Unidos en la creación del desplazamiento.
Sin embargo, el propósito de nuestro informe no es evaluar la responsabilidad relativa del desplazamiento entre diferentes actores. Nuestro informe dice claramente: «No estamos sugiriendo que el gobierno de EE. UU. o que los Estados Unidos, como país, sean los únicos responsables del desplazamiento». Los talibanes, las milicias iraquíes sunitas y chiítas, el Estado Islámico, Al Qaeda, el gobierno del Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos, y Bashar al Assad comparten una responsabilidad considerable junto con otros combatientes, gobiernos y actores.
En cambio, nuestro objetivo, en la línea con otros más amplios del proyecto Costs of War, es arrojar luz sobre los costos no reconocidos de la «guerra contra el terrorismo» del gobierno de los Estados Unidos que ha durado 19 años.
Nuestro estudio se centra en los ocho países en los que el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad significativa en las guerras que ha lanzado (Afganistán y la guerra superpuesta a menudo ignorada en Pakistán provocada por la invasión de Afganistán e Irak); escalado como un combatiente importante (Libia y Siria); o intensificado mediante ataques con drones, asesoramiento en el campo de batalla, apoyo logístico, venta de armas y otra ayuda militar (Yemen, Somalia y Filipinas).
Naturalmente que estos son conflictos complejos donde muchos actores – y en muchos casos EEUU no ha sido el actor principal – han cometido la violencia que ha desplazado a las personas. Aun así, incluimos países más allá de Afganistán e Irak en nuestro recuento porque el gobierno de EE. UU. ha desempeñado un papel sistémico, profundo e innegable en estas «otras guerras» a través del despliegue de tropas de combate de «guerra contra el terrorismo», las contribuciones de apoyo militar, la retórica de » contraterrorismo” y los trillones de dólares que han apoyado estos esfuerzos. Tener en cuenta los efectos de la totalidad de nuestra “guerra contra el terror” es una responsabilidad que los ciudadanos estadounidenses no pueden ignorar.
Con Siria en particular, muchos lectores del informe han notado con razón la dificultad de evaluar el papel de Estados Unidos en la causa del desplazamiento. Nuevamente, no culpamos solo al gobierno de Estados Unidos por el desplazamiento de los 7.1 millones de sirios que incluimos en nuestro total. La profunda responsabilidad recae en otros combatientes que han desempeñado un papel más importante durante la guerra civil siria (2011-presente). Incluyen a Assad y el gobierno sirio, el Estado Islámico, los grupos rebeldes sirios, los gobiernos ruso y turco y otras fuerzas externas.
Como resultado, nuestra metodología para calcular el desplazamiento vinculado a la participación de Estados Unidos en Siria fue conservadora. Comenzamos nuestro cálculo en 2014, cuando el ejército de EE. UU. comenzó a luchar en Siria, pero podríamos haber incluido un mayor número de desplazados dado el apoyo que EE. UU. dio a los rebeldes sirios desde al menos 2013. Algunos argumentarían que deberíamos incluir a todos los desplazados de Siria (probablemente más de 20 millones de personas desde 2011) dado el papel de las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán en la desestabilización del Medio Oriente y la creación del Estado Islámico y otros grupos militantes.
Nuestro cálculo también se centró estrechamente en los sirios desplazados en y desde cinco de las 14 provincias de Siria donde las fuerzas estadounidenses han combatido al Estado Islámico y operado desde bases militares desde 2014. Así es como obtenemos la cifra de 7,1 millones de desplazados, que es bastante menos de la mitad del total de las personas desplazadas de Siria. Es importante tener en cuenta que nuestro cálculo es una estimación basada en los mejores datos disponibles de la agencia para los refugiados de la ONU, ACNUR y otras organizaciones internacionales; las estadísticas de desplazamiento son siempre estimaciones que dan un sentido de la escala del desplazamiento más que unos recuentos precisos.
El punto más importante es que decenas de millones de personas han sido desplazadas por las guerras que el gobierno de Estados Unidos ha librado desde 2001 en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Solo en Afganistán e Irak la población total de desplazados alcanzó los 14,5 millones. Esta suma en sí supera el desplazamiento en cualquier guerra desde principios del siglo XX, excepto la Segunda Guerra Mundial. El total de nuestro informe también incluye a 3,7 millones de paquistaníes; 1,7 millones de filipinos; 4,2 millones de somalíes; 4,4 millones de yemeníes; 1,2 millones de libios; y los 7,1 millones de sirios, todos desplazados.
En última instancia, ningún número puede transmitir la inmensidad del daño causado por el desplazamiento. Para las personas, familias, pueblos, ciudades, regiones y países enteros, el desplazamiento ha causado un daño incalculable a nivel físico, social, emocional y económico. Alentamos a otros a desarrollar y mejorar nuestra investigación.
Esperamos que muchos estén de acuerdo en lo fundamental: debemos centrarnos en el sufrimiento de quienes se ven obligados por la guerra a huir de sus hogares.
David Vine es profesor de Antropología en la American University en Washington, DC. Es director de la Clínica de Antropología Pública de la Universidad Americana y miembro de la junta del Proyecto Costs of war de la Universidad de Brown. El libro más reciente de Vine, The United States of War: A Global History of America’s Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State (University of California Press), se publicará el 13 de octubre.
Fuente: https://fpif.org/the-u-s-war-
Foto de portada: Tony Fischer – CC BY 2.0
