A sangre y fuego Juan Hernández ha secuestrado el poder en Honduras
Por: Emy Padilla y Jorge Burgos
Tegucigalpa. –La pandemia por la Covid-19 podría empeorar la democracia en Honduras, ya que a cuatro meses de las elecciones internas las reglas para dichos comicios no son nada claras. El presidente, Juan Hernández, podría buscar nuevamente la reelección y provocar un nuevo estallido social, similar o peor al de 2017, cuando se le acusó de consumar un fraude para perpetuarse en el poder mediante una reelección ilegítima.
El domingo 14 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones primarias que se desarrollarán en marzo sin haberse aprobado una nueva Ley Electoral que garantice transparencia en la próxima contienda. De hecho, el Registro Nacional de la Personas, que trabaja en la emisión de una nueva tarjeta de identidad, ha advertido que el censo actual contiene muchas inconsistencias, por lo tanto, no garantiza que las elecciones sean transparentes.
La abogada constitucionalista, Ana Pineda, considera que la élite política ha burlado de nuevo la confianza y las expectativas del pueblo hondureño. “De manera calculada ha dejado que el tiempo transcurra y no se hicieron las reformas necesarias para celebrar las elecciones primarias con una nueva Ley, nueva tarjeta de identidad y con un censo depurado”.
A juicio de la jurisconsulta el actual contexto puede significar que el proceso de elecciones generales de noviembre de 2021 se lleve a cabo con las viejas reglas, que en 2017 desencadenaron serios alegatos de fraude electoral de la ciudadanía como de la Misión Electoral de la OEA, que señaló en su momento que, el cumulo de irregularidades y deficiencias fueron tan graves que no permitieron tener plena certeza sobre el resultado final.
El presidente hondureño, Juan Hernández, prolongó su mandato mediante una reelección argumentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que violentó la ley más importante de Honduras: la Constitución de la República, asegurándole a Hernández un periodo más en el poder (2014-2018 electo y 2018-2022 reelecto).
Las posibilidades para una segunda reelección de Hernández son reales debido a la falta de un marco jurídico estricto que le impida seguir en el poder. Aunque él mandó un mensaje a la oposición diciendo que no se postulará para un tercer mandato, aunque lo hizo con un estilo folklórico, invitándolos a tomarse “un té de valeriana para calmar los nervios”.
Además de la crisis democrática y política, los hondureños se enfrentan a una crisis social y económica permanente y que se complicó a partir de marzo pasado con la proliferación del nuevo coronavirus y recientemente por el impacto del huracán Eta que ha dejado hasta el momento más de 60 muertos y pérdidas millonarias en infraestructura y pérdidas de cultivos agrícolas.
A lo anterior también hay que agregar las secuelas que ha dejado en los derechos humanos el estado de excepción que se aprobó supuestamente para contener la pandemia y que después de ocho meses se sigue utilizando para inmovilizar las protestas ciudadanas y con la entrada en vigencia, a partir del 25 de junio, del nuevo Código Penal, que criminaliza la protesta y reduce penas por delitos de corrupción.
Según un monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) del 16 de marzo a la fecha se han producido al menos 585 protestas en 86 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Colón, Olancho y El Paraíso. Inicialmente el descontento se produjo, en su mayoría, en reclamo de alimentos y de atención médica por parte de la población y por dotación de equipo de bioseguridad por parte del personal de salud que trabaja en los hospitales públicos, que colapsaron ante la avalancha de pacientes contagiados por Covid-19.
Las protestas se han registrado además por la desmesurada corrupción que se ha evidenciado en las instituciones encargadas de ejecutar los recursos económicos aprobados para atender la crisis sanitaria a través de compras y contrataciones directas de recurso humano y asistencia humanitaria, equipo médico y de protección, insumos de bioseguridad, medicamentos, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos, para lo cual el gobierno asegura que hasta el 30 de octubre había ejecutado 5,977.6 millones de lempiras, el equivalente a más de 243 mil dólares.
Las protestas continúan ahora y además del repudio por la corrupción en los manejos de los fondos de la pandemia, la gente reclama por la actitud negligente del gobierno frente al huracán Eta, ya que no emitió oportunamente los protocolos de alerta para evacuar a la población que estaba en mayor riesgo por la crecida de los ríos y que ha resultado con la mayor afectación.
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Mientras las garantías constitucionales se mantienen en suspenso, Hernández sigue manteniendo el control de la institucionalidad al presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una instancia que creó en el 2011 cuando era el presidente del Congreso Nacional. A través de esta estructura, el gobernante se impone ante los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Fiscal General de la República y secretarios de Defensa y Seguridad, a quienes les ordena sobre las disposiciones a adoptar para tener el poder absoluto sobre el Estado.
Como parte de ese control logró la parcialidad del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes le permitieron su reelección mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró la inaplicabilidad de los artículos pétreos 42 numeral quinto y 239 de la Constitución y la inaplicabilidad parcial de los artículos 4 último párrafo y 374, que prohíben la reelección presidencial.
Hernández fue declarado ganador de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el 17 de diciembre, 21 días después de los comicios que estuvieron marcados por una ilegitima reelección y por un fraude electoral que hizo que la población hondureña se lanzara masivamente a las calles. Ese mismo día, la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en el informe de la misión de observación, sugirió que se repitieran los comicios porque no había certeza en los resultados.
Para la socióloga del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, Hernández no ha descartado de su agenda una segunda reelección. “Yo creo que si esta decisión dependiera de él exclusivamente se lanzaría de nuevo y se lanzaría de nuevo asegurando todas las posibilidades de un nuevo triunfo, lo que significa un nuevo fraude electoral”.
Salomón considera que Hernández se aferra al poder porque tiene demasiadas cosas en juego y está consciente que al finalizar su mandato estaría expuesto a ser llamado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos a rendir declaración sobre su involucramiento en cuestiones de narcotráfico. “La situación se le ha vuelto demasiado compleja para pensar que puede evadir esa posibilidad trasladándose a un país donde no haya acuerdo de extradición con Estados Unidos”.
En conclusión, la investigadora social considera que Hernández está tentado a prolongar su mandato a través de una segunda reelección, sin embargo, sopesó que las circunstancias dentro de su partido, dentro del país y a nivel internacional, están en su contra.
Durante la convención del Partido Nacional de noviembre de 2019, Hernández se comprometió ante sus correligionarios a no volverse a postular a la Presidencia de la República, por lo que varios líderes de esta institución política están esperando su oportunidad y le impedirían un nuevo lanzamiento, según el análisis de Salomón.
SIMILITUDES ENTRE LA REELECCIÓN DE HERNÁNDEZ Y ORTEGA
Ambos lograron que la justicia se inclinara a su favor para reelegirse de manera ilegítima. Ortega lo consiguió el 19 de octubre de 2009, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua resolvió un recurso de Amparo que declaró inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial. Mientras que Hernández logró su objetivo, el 22 de abril de 2015, mediante la misma vía.
Tanto la Sala de lo Constitucional de Honduras como la de Nicaragua argumentaron que la reelección es un derecho humano. Sin embargo, en abril de 2018 un informe de la Comisión de Venecia concluyó que la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos.
Para el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, la forma en que se aprobó la reelección presidencial en Nicaragua y Honduras socaba la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática y erosiona el principio de separación de poderes y la soberanía popular.
Mejía concluye que tanto en Honduras como en Nicaragua hay impunidad y represión, que tiene que ver con esa lógica de los gobernantes de estos países de imponerse por la fuerza ante la prohibición de la reelección.
Sobre la impunidad, Mejía dice que se relaciona a garantizar que la justicia no alcance a quienes reprimen y violentan los derechos de quienes protestan.
Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), piensa que la acción represiva del régimen de Hernández evidencia un déficit de gobernabilidad, porque “entre menos capacidad para la gobernanza democrática tiene un gobierno, mayor es su tentación de acudir a la fuerza y a la represión política para calmar el disenso”.
Meza considera que la represión es un mecanismo engañoso que puede silenciar momentáneamente una protesta, pero en el fondo termina lesionando profundamente los niveles de gobernabilidad democrática.
A juicio del experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, en Honduras se vive en un régimen dictatorial porque no se respeta la soberanía popular y tampoco se garantiza el respeto a los derechos humanos.
Mejía lamenta que el gobierno de los Estados Unidos utilice su discurso de democracia para sus intereses, ya que su reacción frente a los abusos y crímenes de Juan Hernández es diferente a su comportamiento frente a Daniel Ortega.
“Ese discurso de los derechos humanos en la boca del gobierno de los Estados Unidos ya no se convierte en liberador”, expresa Mejía, quien asegura que como defensor de derechos humanos está consciente que por su ideología política jamás perderá el norte.
REPRESIÓN PARA MANTENERSE EN EL PODER
En los últimos once años en Honduras se han registrado varios estallidos sociales que han culminado con muertes de personas víctimas de las balas de las fuerzas de seguridad del Estado, que además de disparar sus armas han usado de manera desproporcionada gases lacrimógenos y fuerza letal.
A raíz de las denuncias del fraude de noviembre de 2017 en Honduras se registraron varias protestas que se prolongaron por varias semanas en los 18 departamentos del país. Durante esta crisis 22 ciudadanos y un policía murieron producto de impactos de balas de armas de las fuerzas de seguridad del Estado, según un informe de la OACNUDH presentado en marzo de 2018, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos contabilizaron 34 muertes y cuatro personas que perdieron los ojos.
Hasta la fecha el Ministerio Público solo ha presentado un requerimiento fiscal contra el supuesto victimario de David Octavio Quiroz Urrutia, quien fue asesinado el 15 de diciembre de 2018 en el sector de Guacamaya, Cortés.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Quiroz Urrutia recibió un disparo de un fusil marca Galil serie 431161124, asignado al sargento segundo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Denis Omar Cáceres Ramírez, quien se encuentra recluido en un cuartel de la zona norte de Honduras, acusado por el delito de homicidio.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), organización que tiene la representación legal de Quiroz, denunció ante Criterio.hn que el Ministerio Público le atribuyó al militar el delito de homicidio, como un caso aislado, para proteger a quien realmente dio la orden de disparar.
De acuerdo con el esquema de mando de los Fuerzas Armadas, el comandante general de esa institución es el presidente de la República, por lo tanto, se deduce que el responsable en primera línea es Juan Hernández, por lo que las violaciones cometidas por los uniformados se convierten en crímenes de lesa humanidad.
Criterio.hn ahondó en este caso y conoció que en los últimos meses la esposa de Quiroz se fue del país en calidad de asilada porque su familia fue víctima de varios atentados. En primera instancia, su padre murió arrollado por un vehículo desconocido y luego uno de sus hijos sufrió lo mismo, pero tuvo la suerte de salvar su vida.
2017
DEFENSA DE LA SALUD Y EDUCACIÓN
En abril y mayo de 2019, los docentes y médicos conformaron la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. En ese entonces los docentes, médicos y personal de la salud, salieron masivamente a las calles a denunciar que el régimen de Hernández pretendía privatizar la salud y la educación.
Nuevamente los manifestantes interrumpen el paso en las vías públicas y otra vez los militares y policías salieron han reprimir violentamente a los ciudadanos. En esta ocasión el Cofadeh registró 12 víctimas mortales y un informe de Amnistía Internacional, presentado el 6 de julio de 2019, registró seis muertos y al menos 80 personas heridas.
El informe de Amnistía Internacional no incluyó en la lista el asesinato del adolescente, Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada (17). Familiares y amigos que lo acompañaban en una protesta realizada en la sureña ciudad de Choluteca el 10 de abril, aseguran que el adolescente murió de un disparo inferido en la cabeza por el arma de un elemento de la Policía Nacional.
NO HAY AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES
El 3 de octubre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras” que señala que no hay avances en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos registradas durante la crisis electoral de 2017.
El informe de la CIDH refiere que, a partir de la crisis electoral de 2017, en Honduras existe una creciente concentración del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, que repercute en la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y políticas.
El documento señala además que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior se da porque en Honduras existe “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial
De acuerdo con el análisis del experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, la impunidad estructural alcanza a más del 90 % de los crímenes y la situación empeora cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos en los que la impunidad alcanza al 97 % de los casos.
Puntualmente sobre los militares, el informe de la CIDH cuestiona que se hayan involucrado en diversas actividades, incluyendo los temas de formación cívica y educativa como el programa para niños y adolescentes “Guardianes de la Patria”. Asimismo, que el ejército realice funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras como ocurre en el Bajo Aguán.
PRESOS POLÍTICOS
Pese a que en el marco de la crisis del fraude electoral muchos hondureños fueron retenidos, detenidos y hasta encarcelados, mientras ejercían el derecho a la protesta, la Organización de las Naciones Unidas jamás reconoció que en Honduras existan o hayan existido presos políticos, debido a que las acusaciones presentadas por el gobierno obedecen a delitos comunes y no imputaciones de índole político.
Y aunque en muchos casos, cuando se daban las capturas, se imputaba el delito de terrorismo para justificar el envío de los acusados a las cárceles de máxima seguridad, los jueces cambiaban la tipología por delitos comunes durante la audiencia inicial. Ese fue el caso de Edwin Espinal, quien, para ser enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, fue inculpado por terrorismo, pero en la audiencia inicial el juez le cambió la acusación por los delitos de daños agravados y uso de artefactos de fabricación artesanal. Espinal fue liberado el 9 de agosto de 2019 después de haber permanecido 20 meses privado de su libertad.
Ante las constantes violaciones, organismos defensores de derechos humanos, junto a plataformas sociales y abogados independientes conformaron el Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, que en el transcurso de los dos últimos años se ha dedicado a la defensa de cada uno de los presos políticos.
El Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su informe “Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas selectivas de la estrategia contra el terrorismo y crimen organizado”, registra 33 personas privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 27 tuvieron un proceso más expedito y seis con procesos más largos de hasta 18 meses. Asimismo, 187 personas criminalizadas por razones políticas.
De acuerdo con los organismos defensores de derechos humanos a la fecha solo quedan nueve presos políticos bajo arresto. Se refieren a un docente, siete defensores del medio ambiente y un asilado político.
El docente Rommel Valdemar Herrera Portillo fue arrestado el 31 de mayo pasado, acusado por los delitos de daños e incendio contra la sede diplomática de los Estados Unidos. Desde el 18 de octubre de 2019, el joven se encuentra hospitalizado en un hospital siquiátrico, bajo la medida sustitutiva a la prisión por el grave estado de su salud.
Los siete defensores del medio ambiente pertenecen a la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, quienes fueron privados de su libertad desde el 1 de septiembre de 2019 con la medida de prisión preventiva, tras haber sido formalmente procesados por los delitos de incendio agravado y detención ilegal. Los defensores han venido realizando acciones de protesta para evitar la continuidad de las operaciones de la empresa minera Los Pinares y proteger de la contaminación a los ríos Guapinol y San Pedro.
El otro caso es el del joven Eduardo Urbina, asilado político en Costa Rica, pero es considerado preso político porque el Ministerio Público mantiene vigente una orden de captura en su contra, pese a que las autoridades de la vecina nación comprobaron que la acusación en su contra es falsa.
HERNÁNDEZ BUSCA LAVAR SU MANCHADA CARA ANTE EL MUNDO
A raíz del golpe de Estado de 2009, por presiones internacionales, el Poder Ejecutivo de Honduras fue obligado a crear una secretaría de Derechos Humanos la que posteriormente fue eliminada por el gobierno de Hernández en el 2014. Las presiones continuaron y Hernández abrió nuevamente la secretaría durante su nuevo mandato, que inició el 27 de enero de 2018.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos la acción de Hernández se convirtió en un acto de hipocresía, para limpiar su manchada imagen ante el mundo.
En una entrevista con Criterio.hn, la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, delineó su papel, pero dejó entrever que la institución tiene muchas limitaciones y deficiencias porque su mandato constitucional es limitado y porque el presupuesto es de apenas 97 millones de lempiras y su personal se limita a 152 empleados, divididos en siete direcciones.
Cueva refirió que la Secretaría coadyuva con el Ministerio Público y con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para ponerlos en conocimiento sobre supuestas violaciones de derechos humanos, y se ha convertido en el canal de comunicación con otras instituciones del Estado que tienen por mandato constitucional los procesos de investigación.
Cueva admitió que su trabajo se nutre de informes de la prensa y que cuando tienen conocimiento de violaciones cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado trasladan la información al Ministerio Público.
Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad, conllevó a la comunidad internacional exigirle al Estado de Honduras la creación, en el 2015, del Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y posteriormente en el 2018 la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodista, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH)
Estas dos nuevas instituciones no están dando los resultados esperados, según defensores de derechos humanos, que en diciembre de 2019 refirieron que, de 200 denuncias recibidas por la FEPRODDHH, solamente se han presentado 15 requerimientos fiscales, mientras que en dicha Fiscalía se habían cerrado 67 casos en los últimos dos años.
VIOLACIONES A LA PRENSA
La prensa es considerada como un grupo vulnerable y eso se evidencia con los 86 asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y personal relacionado a los medios de comunicación, entre el 2003 y lo que va del 2020, de acuerdo con los reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Uno de los periodistas que sufrió la represión del gobierno fue el extinto director de Radio Globo y del periódico digital Confidencial, David Romero, quien estando en prisión en un batallón militar tras ser declarado culpable por seis delitos de difamación constitutivas de injurias, murió en julio pasado por Covid-19.
Romero fungió además como director de Globo TV, un canal de televisión que fue cerrado por orden del gobierno a mediados de junio de 2016. En aquel entonces la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) argumentó la medida en que la empresa-que difundía sus contenidos en sistemas locales de cable—no renovó el permiso para mantener sus operaciones.
En un boletín emitido en junio de este año, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) señaló que “durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el papel de las fuerzas de seguridad hacia el ejercicio periodístico ha sido de ataques físicos y obstrucciones a su labor”. En ese contexto la organización registró, hasta el 10 de junio, nueve alertas que evidencian distintas agresiones. Tres de ellas fueron emitidas a favor del equipo de periodistas de Criterio.hn.
EXCESIVO GASTO MILITAR
Para mantener el control de la institucionalidad y reprimir a la ciudadanía, Hernández comenzó desde el 2010 un plan para militarizar la sociedad al instaurar varias y nuevas fuerzas militares que se han involucrado en actividades de seguridad ciudadana. Un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo cuantificó que Honduras había dispuesto de 364 millones de dólares en gasto militar, convirtiéndose así en el país de Centroamérica con el mayor gasto en esa rama.
Entre tanto el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estableció en el Informe alerta seguimiento y evaluación del gasto público en seguridad y defensa que durante el año 2017 el gobierno de Honduras gastó al menos 450 millones de lempiras para la importación de armas, municiones, sus partes y accesorios.
El informe especifica que el Estado gastó en el año 2017, al menos 130 millones de lempiras, en la importación de bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos, para la represión de las protestas ciudadanas.
PARAMILITARISMO
Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que en Honduras existe el paramilitarismo y que esto se ha puesto de manifiesto en los estallidos sociales que se han registrado a raíz del golpe de Estado y en particular del fraude electoral de 2017.
El Cofadeh ha recibido denuncias de personas que han sido víctimas de tortura, que aseguran que sus agresores tienen acento colombiano, es decir, de personas que no son hondureñas. Esta organización, con 38 años de fundación, ha recibido denuncias de 12 personas que fueron martilladas en sus pies y manos, con clavos de acero.
“El tema del paramilitarismo o mejor dicho de grupos armados clandestinos u operando al margen de la ley, pero con el aval del Estado de Honduras, eso siempre ha estado, con la salvedad que ahora se volvieron al descaro, ya hay un cinismo del Estado”: Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Para el capitán Santos Rodríguez Orellana, las denuncias recibidas por el Cofadeh tienen fundamento porque es una práctica cotidiana en el Estado de Honduras, que inició en el 2010 cuando Juan Hernández asumió la presidencia del Congreso Nacional y comenzó a militarizar la institucionalidad.
Rodríguez Orellana—quien recibió la baja deshonrosa el 21 de octubre de 2016 al incomodar a Hernández por denunciar en aquel momento, que su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, estaba involucrado en el narcotráfico—reveló a Criterio.hn que desde el 2010 llegó a Honduras procedente de Colombia un escuadrón paramilitar que practica y entrena a soldados hondureños en el Primer Batallón y Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales.
Detalló que los paramilitares pertenecen a un grupo que se llama contra inteligencia que se infiltra en las protestas con pasamontañas para saquear los comercios y lanzar piedras a los policías para que estos comiencen a reprimir a los ciudadanos.
“Tienen una estructura bien montada, parecida e igual como en Colombia. Todo lo que sucedía con el paramilitarismo en Colombia lo trajeron y lo están aplicando en el país”, señaló.
Actualmente, Rodríguez Orellana ha sido querellado por el secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya y dos militares más, por vincularlos con el narcotráfico y, sin miedo a otra represalia, afirmó ante este medio de comunicación que el paramilitarismo se ha encargado en los últimos años de desaparecer y asesinar a estudiantes y otros movimientos sociales opositores.
EXILIADOS
“Las personas que han salido de Honduras por razones políticas son muchas, se podría decir que son miles”, dijo a Criterio.hn la defensora de derechos humanos de nacionalidad canadiense, Karen Spring.
Hasta el momento no existe ningún órgano del Estado ni de la sociedad civil que registre el número de personas que han salido huyendo de Honduras por razones políticas, sin embargo, en las caravanas de migrantes que se registraron a partir de octubre de 2018, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) aseveró haber atendido denuncias de personas que decían que huían del país porque estaban siendo perseguidas por agencias de seguridad del Estado por asuntos ideológicos o por ser dirigentes de la oposición política.
Entre los casos más visibles se encuentran periodistas y defensores del medio ambiente y el joven Eduardo Enrique Urbina Ayala, un estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y miembro de la organización política Los Necios y militante del opositor partido Libertad y Refundación (Libre).
Al ser perseguido por el régimen hondureño, Urbina huyó hacia Costa Rica el 10 de diciembre de 2017, según consta en un boleto de una empresa de transporte terrestre con fecha 10 de diciembre de 2017 y en su pasaporte con fecha 11 de diciembre de su ingreso a Costa Rica. Sin embargo, el 15 de diciembre la policía hondureña lo acusó de incendiar un vehículo militar, durante una protesta realizada en Tegucigalpa y como supuesta prueba presentó una fotografía de un hombre con rasgos físicos similares a Urbina.
El Cofadeh asegura que acompañó la salida del joven para ponerlo a salvo de una campaña de persecución penal, mediática y criminal conducida por la Policía Militar y la inteligencia paramilitar de la dictadura que encabeza el jefe de gobierno, Juan Hernández.
LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO ENVUELVEN A HERNÁNDEZ
En mayo de 2015, tras descubrirse el colosal saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) los hondureños salieron masivamente a las calles en el marco de las denominadas marchas de las antorchas a exigir la instalación de una comisión anticorrupción por parte de las Naciones Unidas.
Posteriormente, en junio de ese mismo año, el gobernante admitió que recibió alrededor de USD 150.000 para su campaña de 2013 de empresas que participaron en el saqueo del IHSS. La supuesta corrupción de Hernández, que implica a varios miembros de su familia en el saqueo a varias instituciones del Estado, ha sido denunciada en medios nacionales e internacionales, pero hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado cargos.
Con la intención de no ser tocado por la justicia Hernández, apoyado por las élites corruptas políticas y empresariales, logró suspender la vigencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), precisamente cuando esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba evidenciando las raíces de las redes de corrupción.
Otro punto negro sobre Hernández es su supuesto involucramiento con el narcotráfico, versión que fue expuesta en octubre pasado durante el juicio a su hermano, el narcotraficante Juan Antonio, “Tony” Hernández. Varios testigos y narcotraficantes confesos revelaron durante el juicio, celebrado en Nueva York, que entregaron fondos al gobernante hondureño para financiar sus campañas políticas desde que era diputado.
Mientras Hernández sigue aferrado en el poder los hondureños siguen sufriendo por la pobreza generada por la falta de oportunidades a causa de la corrupción y la impunidad que ha cerrado miles de fuentes de empelo y otros, que ya perdieron las esperanzas, optan por emigrar en caravana hacia los Estados Unidos.
El dictador hondureño Juan Orlando Hernández participó hoy de manera virtual en el Jerusalén Prayer Breakfast (JPB), que cada año reúne a líderes gubernamentales y cristianos influyentes de todos los ámbitos de la sociedad en la capital de Israel para orar por la paz de Jerusalén, y en el que ratificó que mientras él sea mandatario “Honduras seguirá siendo un amigo fiel, leal y cercano de Israel”.
Hernández participó por primera vez como uno de los destacados líderes gubernamentales invitados para esta edición, al igual que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien por cuarta vez envía su tradicional mensaje al JPB.
Presidente de Honduras bendice a Israel
La participación del presidente Hernández fue una de las novedades para la cuarta edición del JPB, dado el acercamiento de relaciones bilaterales entre Honduras e Israel y el anuncio para el traslado de la embajada de Honduras a Jerusalén, así como la apertura de una oficina de cooperación por parte de Israel en Tegucigalpa, realizada el pasado mes de agosto.
El perfil de Twitter @HondurasIsrael dio a conocer hoy la participación del mandatario hondureño: “Este día, el Presidente @JuanOrlandoH bendijo una vez más a Israel, y elevó sus deseos de paz por Jerusalén y por Honduras. La promesa del Eterno es incondicional: Él bendecirá a todas las naciones que bendigan a Israel y hará prosperar a quienes expresan su amor por Jerusalén”.
Mensaje del presidente Hernández:
Al pueblo israelí, a todos los delegados del Desayuno de Oración de Jerusalén, líderes gubernamentales y cristianos de todo el mundo que se unen hoy en una ocasión tan especial y bendecida para orar una vez más por la paz de Jerusalén, en nombre de mi país Honduras, saludos y los mejores deseos para todos.
Es un privilegio dirigirme a ustedes hoy, a pesar de la distancia física; siento que los que tenemos a Jerusalén en nuestros corazones, estamos unidos como parte de una gran reunión familiar unida por el amor y la fe.
Felicito a los delegados de JPB (Jerusalem Prayer Breakfast) por reunirnos en oración por la paz de la ciudad santa de Jerusalén.
El primer ministro Netanyahu y yo hicimos recientemente un importante anuncio conjunto que representó el cumplimiento de un proceso que iniciamos el día de Año Nuevo, en 2019, en Brasil. Junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, establecimos el objetivo de que Honduras e Israel abrieran recíprocamente sus embajadas en las capitales de cada una de nuestras naciones, Tegucigalpa y Jerusalén.
En marzo del año pasado, Honduras reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y el 1 de septiembre de 2019 tuve el honor y el privilegio de inaugurar nuestra oficina comercial en la capital de Israel, Jerusalén. Colocar nuestra bandera nacional en la eterna y querida capital de Israel, marcó un hito para Honduras, Israel y el mundo.
Honduras se convirtió en uno de los tres países del mundo con misión diplomática oficial en Jerusalén. Debemos rezar cada día para que este número siga aumentando y que más países tomen la misma decisión, porque es lo correcto.
Este año, el 20 de agosto, Israel abrió su oficina de comercio y cooperación en nuestra capital, Tegucigalpa, un importante símbolo y realidad de que los lazos de cooperación, amistad y apoyo recíproco entre nuestras naciones y nuestro pueblo son más fuertes que nunca.
Asimismo, recientemente, el 20 de septiembre anunciamos que antes de que termine este año, Israel abrirá su embajada en Tegucigalpa y Honduras trasladará su embajada a Jerusalén, la capital de Israel. Estoy orgulloso y bendecido de ser parte de este momento histórico.
Honduras e Israel están unidos por valores compartidos y comunes, pero con eso también vienen enemigos y amenazas comunes. Es por eso por lo que siempre debemos trabajar juntos y orar para que la paz prevalezca en la ciudad santa de Jerusalén, en todo Israel y en el mundo.
Hoy somos testigos de un aumento del antisemitismo y de ataques violentos contra judíos en todo el mundo, y apoyamos a Israel mientras enfrenta ataques continuos no solo por violencia terrorista o armamento militar, sino también en espectros políticos y multilaterales. Que hoy sea un día en el que nos unamos en una sola voz, suplicando a Dios que acaben todos los ataques contra Israel y los judíos en todo el mundo.
Oremos por la prosperidad, el desarrollo continuo, la paz y la tranquilidad de Jerusalén.
Oremos
para dar gracias a Dios por el Acuerdo de Abraham y orar por el
cumplimiento de sus principios para que todas las naciones “busquemos la
tolerancia y el respeto de cada persona para hacer de este mundo un
lugar donde todos puedan disfrutar de una vida de dignidad y esperanza,
sin importar su raza, fe o etnia; poner fin a la radicalización y los
conflictos para brindar a todos los niños un futuro mejor y para que
persigamos una visión de paz, seguridad y prosperidad en el Medio
Oriente y en todo el mundo.
Como he dicho antes, mientras sea presidente de Honduras, Honduras seguirá siendo un amigo fiel, leal y cercano de Israel. Oremos para que esta relación continúe fortaleciéndose y para que los futuros presidentes, líderes y generaciones de nuestros dos países valoren los importantes pasos que hemos dado juntos para hacer de este un mundo mejor, y para que, una vez que yo deje el cargo, Honduras siempre esté con Israel, e Israel siempre esté con Honduras.
Hombres encapuchados y armados asesinan a dirigente indígena en La Paz, Félix Vásquez
La Paz, Honduras.- Esta noche, cuatro hombres vestidos de pantalón moteado, pasamontaña, burros y camisa negra, ingresaron a la casa del dirigente indígena Félix Vásquez, y lo asesinaron.
Félix Vásquez era Secretario General de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) en el departamento de La Paz y trabajaba para el programa Honduraction, informó la familia que habita en la comunidad del Ocotal, municipio de Santiago de Puringla.
La última reunión en la que participó fue esta tarde con el Fondo Cafetero, agregó un pariente. Era un hombre comprometido con la lucha social, específicamente por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, la tierra y el territorio.
Al momento del ilegal allanamiento a la vivienda del líder indígena Lenca, cerca de las 8:30pm de este sábado 26 de diciembre, había más personas dentro, en su mayoría jóvenes y niños que dependían de Félix Vásquez, pues el año pasado falleció su esposa.
Hace unos meses Félix Vásquez denunció ante las autoridades correspondientes que era víctima de amenazas a muerte junto a su familia, por lo que pasaba pendiente de sus hijos e hijas.
Según familiares, los hombres iban armados con pistola 9 milímetros y machetes. Con el pie empujaron la puerta de la cocina, reduciendo a los habitantes a la impotencia, le dispararon a Félix Vásquez, de unos 70 años de edad, amenazaron y golpearon a sus parientes.
“Me pusieron un arma en la cabeza, les dije que me dieran tiempo para pedirle perdón a Dios” y me ordenaron que me callara, relató ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un sobreviviente.
Félix Vásquez decidió incursionar en la política como pre candidato suplente a una diputación por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), por que solo así podemos defender nuestros derechos y los bienes comunes de la naturaleza que quieren adueñarse los terratenientes, denunció un integrante de la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas de La Paz (Redhil-Paz), a Defensores en Línea.
El pasado 16 de diciembre, el compañero Félix Vásquez, fue uno de los que apoyó el plantón exigiendo la liberación del dirigente indígena de Simpinula, municipio de Santa María, Víctor Vásquez, quien está privado de libertad por acompañar a otros dirigentes indígenas que defienden su territorio.
En el 2016, Félix Vásquez junto a Víctor Vásquez, coordinador del Consejo Indígena Lenca de Simpinula y dirigente del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH), denunciaron ante el COFADEH una serie de violaciones a sus derechos que enfrentaba la población paceña.
Don Félix Vásquez era un defensor ambientalista, preocupado por la ocupación de terratenientes en zonas de reserva natural, como la cuenca hidrográfica “El Jilguero”, cuyo daño impactaría en más de 300 familiares indígenas de las comunidades Cerro de Hule, Brisas del Cerro, El Pacayal, Carrizal, Lindedos y La Piedrona.
El 90 por ciento de la población en La Paz, al centro del país, es indígena Lenca, por lo tanto amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C 169- OIT), sobre los pueblos indígenas y tribales; sin embargo, solo en el año 2015, al menos 20 defensores indígenas fueron asesinados, según denunció MILPAH en su momento.
Familiares exigen justicia para Félix Vásquez y castigo a sus asesinos
Félix Vásquez, de 60 años, fue asesinado anoche en su casa donde vivía con sus cinco hijos (jóvenes y niños). El dirigente indígena ya había denunciado amenazas a muerte.
Tegucigalpa, Honduras.- Esta tarde fue entregado a sus familiares el cuerpo del líder indígena, dirigente campesino y Secretario General de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), Félix Vásquez, asesinado anoche en su casa ubicada en El Ocotal, Santiago de Puringla en el departamento de La Paz.
El crimen fue ejecutado por cuatro sujetos desconocidos que ingresaron a su hogar a eso de las 8:30 de la noche cubiertos con pasamontañas, vestidos con pantalones moteados, camisas y zapatos negros, y portando armas de fuego y machetes, quienes dispararon al líder indígena causándole la muerte al instante.
Tras el levantamiento del cuerpo, las autoridades lo trasladaron a la Morgue Judicial de Tegucigalpa hasta donde se movilizaron algunos de sus familiares quienes llenos de impotencia y dolor expresaron que se sienten consternados porque es una muerte inesperada.
“Él siempre andaba ayudando a las personas, yo en ese momento no me encontraba en la casa ya que vivo aparte, pero mi hermano mayor me llamó, por que a los otros dos hermanos les robaron el teléfono”, expresó Félix Benicio Vásquez, uno de sus hijos, mientras esperada que le entregaran el cuerpo de su padre.
Agregó que “al llegar a la casa donde estaba mi papá, lo primero que pensé que no debieron matarlo a él, porque uno quiere tener siempre a la familia, sobre todo al ser más querido como lo es nuestro padre, me siento consternado con mucha tristeza y dolor”.
¡Exijo justicia! más que todo porque él era un hombre que trabajaba con los derechos humanos, trataba de ayudar a las personas de escasos recursos, también era dirigente campesino, entonces pedimos a las autoridades que esclarezcan este caso, que no se quede impune porque la mayoría de los dirigentes son acribillados a veces por decir la verdad como él decía, añadió el Benicio Vásquez.
Agregó que “nosotros sabíamos que él hacía esas luchas continúas por la tierra, la vida y las personas, porque la gente que no sabía nada y a través de los foros y de las capacitaciones que él brindaba se motivaba y obtenía capacidad de hablar, de defender, de ser libres”.
Por su parte Gerson Vásquez, otro de sus hijos agregó que “él era un hombre que siempre luchaba por los campesinos, que dio su vida por ellos, nosotros a veces hablábamos con él porque ya había recibido amenazas a muerte, le decíamos que se alejara de eso; Él decía que iba a luchar hasta el último minuto por los campesinos, por ayudar a las personas que tenían necesidades y entonces entregó su vida por ellos”.
Con la voz entrecortada, Gerson añadió que él no estaba en el lugar de los hechos, sino que estaba hablando con uno de sus hermanos que se encontraba con su padre al momento que fue asesinado.
“Yo no estaba en la casa pero estaban mis hermanos menores, yo estaba haciendo una llamada con uno de ellos, ya llevábamos como media hora hablando cuando de repente escucho que el teléfono se cayó y escuche gritos al fondo, se oía que los golpeaban a ellos, que les hablaban y les gritaban y yo me quede paralizado”.
¡Exigimos justicia! no es justo que su asesinato se quede en la impunidad. Para nosotros como familiares es muy duro ver de qué forma le asesinan a su padre”, añadió.
Don Félix Vásquez era un defensor ambientalista, preocupado por la ocupación de terratenientes en zonas de reserva natural, como la cuenca hidrográfica “El Jilguero”, cuyo daño impactaría en más de 300 familiares indígenas de las comunidades Cerro de Hule, Brisas del Cerro, El Pacayal, Carrizal, Linderos y La Piedrona.
El 90 por ciento de la población en La Paz, al centro del país, es indígena Lenca, por lo tanto amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C 169- OIT), sobre los pueblos indígenas y tribales; sin embargo, solo en el año 2015, al menos 20 defensores indígenas fueron asesinados, según denunció MILPAH en su momento.
Defensoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), permanecieron junto a la familia y compañeros de Félix Vásquez, hasta que les entregaron el cuerpo cerca de las tres de la tarde de este domingo 27 de diciembre.
Esta noche se realizan las honras fúnebres en las comunidad de El Ocotal, municioio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz.
Allí permancen desde anoche, familiares, amigos y compañeros para darle el último adiós a un hombre que defendió con su vida la tierra y el territorio indígena lenca.
Mañana lunes será el sepelio del compañero Félix Vásquez, de 60 años, en la aldea vecina Rancho de Jesús, a la una de la tarde, informó la familia.
Justicia de Honduras niega a defensores del río Guapinol defenderse en libertad
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Los ocho defensores del medio ambiente de la zona atlántica de Honduras que guardan prisión desde hace 15 meses por su oposición a un proyecto minero plagado de irregularidades no podrán defenderse en libertad luego que una jueza resolviera este sábado declarar sin lugar las medidas solicitadas por la defensa.
Una agrupación de abogados defensores de derechos humanos esperaba desde el viernes que la justicia por fin dejara en libertad a los defensores de los ríos San Pedro y Guapinol, ubicados en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, quienes se oponen a una mina concesionada en 200 hectáreas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras para la explotación de óxido de hierro.
Los defensores, que se oponen al proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, de la pareja empresarial, Lenir Pérez y Ana Facussé , yerno e hija, respectivamente, del fallecido empresario Miguel Facussé Barjum, fueron inicialmente acusados por los delitos de usurpación, daños, asociación ilícita y robo. Ahora se enfrentan a la justicia por incendio agravado, daños y privación injusta de la libertad.
La resolución fue adoptada por la jueza de letras seccional de la ciudad de Tocoa, Zoe Guifarro, quien declaró sin lugar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que implica la denegatoria de la solicitud efectuada por la defensa privada, integrada por varios abogados de reconocida reputación y de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Siete de los imputados guardan prisión en el centro penal de Olanchito, Yoro: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo, Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán; mientras que Jeremías Martínez, se encuentra en el centro penal de La Ceiba, Atlántida.
También lea: A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol
En febrero de este año el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) argumentó ante la Corte de Apelaciones de Honduras que la privación de libertad a los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro debe ser revocada porque constituye una medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las garantías del debido proceso.
En una conferencia, realizada en horas de la mañana en las afueras de los juzgados de Tocoa, los abogados de la defensa cuestionaron el manejo del caso y exigieron la libertad inmediata de los defensores.
El abogado y defensor de derechos humanos, Edy Tábora, advirtió que si la resolución era contraria a lo solicitado era porque se estaba aplicando una resolución política por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.
Una vez que se conoció la resolución por parte de la jueza Zoe Guifarro, Tábora apunto que lo ocurrido la tarde del sábado ratifica “el pacto de criminalización que hay entre el Poder Judicial, el Ministerio Público con la empresa Los Pinares” para mantener privados de libertad a los defensores del medio ambiente.
El conflicto ambiental, que mantiene en prisión a los defensores del ambiente desde el 1 de septiembre de 2019, ha generado violencia y conflicto, ocasionando hasta la fecha al menos siete muertes y la judicialización de 32 líderes comunales.
La denegatoria para que los ambientalistas se defiendan en libertad, contrasta con las múltiples medidas aplicadas a favor de exfuncionarios públicos y directivos empresariales implicados en casos de corrupción de alto impacto y que en las últimas horas han sido liberados por la justicia en aplicación del nuevo Código Penal.
Ante dicha situación la población hondureña y en especial las organizaciones defensoras de los derechos humanos e instancias de sociedad civil que trabajan en el tema anticorrupción, han cuestionado la aplicación de la justicia selectiva que, por un lado promueve la impunidad en los sectores ligados al poder y por otro lado, se ensaña contra quienes luchan por la defensa de los territorios frente a la instalación de proyectos de la industria extractiva que están dejando violencia generalizada.
Continúa la criminalización contra la comunidad de El Achotal, Siguatepeque
Ayer 3 compañeros de la comunidad de el Achotal fueron detenidos por la Policía Nacional acusados de los delitos de usurpación de tierra, roturación de suelo y tala de bosques. Fueron liberados tras dictárseles medidas sustitutivas: No pueden acercarse a la tierra, no salir del país, firmar cada 8 días y no acercarse a los denunciantes.
Ayer, también se presentaron voluntariamente 7 compañeros más que también tenían orden de captura.
En
las últimas semanas, 12 compañeras y compañeros han sido detenidxs y
criminalizadxs por defender su derecho a trabajar la tierra, negándoles
también el acceso a la tierra donde cultivan para poder alimentar y dar
sustento a sus familias.
Este proceso de criminalización viene desde el 2018, cuando se giró una orden de captura en contra de 25 compañeras y compañeros que han sido parte del proceso de recuperación de tierra en la comunidad de El Achotal.
Alrededor de 56 familias son parte de la comunidad de El Achotal que se encuentran en un proceso de titulación comunitaria y que durante 8 años han sido víctimas de múltiples ataques e intentos de desalojos por parte de la Policía Nacional y militares.
Condenamos estas acciones de criminalización en contra de nuestra compañeras y compañeros que defienden su derecho a trabajar la tierra.
¡Trabajar la tierra no es delito!
NO MÁS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS
Las horas de la ignominia: Policía mantuvo detenidos por más de siete horas a periodistas
Monday, 02 November 2020 22:46 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión PASOS DE ANIMAL GRANDE
Aunque se trata de una detención arbitraria, tortura sicológica, amenazas y obstrucción del ejercicio periodístico, la policía llevó a cabo una venganza contra los periodistas Miriam Elvir y Cesario Padilla, del Comité por la Libre Expresión. C-Libre, este 02 de noviembre de 2020, al prolongarles su encierro por más de siete horas y hacer a paso de tortuga el trámite para liberarles.
Un audio de Padilla difundido por redes sociales alertó sobre la detención y lo usual cuando los uniformados quieren desquitarse con las personas detenidas, las llevan por distintos puntos de las ciudades, en este caso, los agentes lo hicieron hasta llevándoles cerca al cementerio general con el objetivo aparente de desestabilizar a los periodistas quienes fueron detenidos ejerciendo su labor.
Mientras el gremio periodístico condenaba los crímenes contra periodistas que han dejado una impunidad de un 96 por ciento según datos de organizaciones de sociedad civil y un 92 por ciento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH.
Los ataques contra periodistas son una constante en Honduras. Los cuerpos represivos son los responsables en más del 50 por ciento de los casos, pero la deducción de responsabilidades no es la norma.
Miriam Elvir fue detenida cuando circulaba a inmediaciones de la colonia La Esperanza de Tegucigalpa, en su auxilio llegó Cesario Padilla. A ambos la policía los acusa de irrespeto a la autoridad para justificar la arbitrariedad.
Elvir y Padilla firmaron un acta de conciliación donde expresa que "no actuarán legal, judicial o extrajudicial y ni en lo civil ninguna de ambas partes. Obviamente lleva un mensaje claro de pretender silenciar a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos y que los responsables queden impunes, como cientos de casos.
No puede haber conciliación bajo coacción
A criterio de la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, la situación puede ser objeto de conciliación, en el Juzgado de Justicia Municipal pero no puede haber detención. "El deber de respetar los derechos de todo detenido como las justas causas de la detención es obligación de la policía. Al no cumplirse con estos deberes incurren en violaciones a derechos humanos, y ninguna conciliación bajo coacción puede ser justificada".
En su relato Cesario Padilla señala que antes de ser llevados a la posta policial de la Cuarta Estación, fueron exhibidos como delincuentes por varios puntos de la capital, y después entraron a una conciliación donde la policía trataba de haceles ver como responsables de un delito que no han cometido.
Vea video donde Cesario Padilla relata la odisea que pasaron Aquí
Escuche el audio que Cesario Padilla envió por redes sociales para denunciar su detención y la de Miriam Elvir Aquí
El Estado salvó represas de los ricos a costa de las pérdidas de los pobres: Juan Mejía
- 16/11/2020
En entrevista con Radio Progreso, el Ingeniero Especialista en Manejo y Gestión de Catástrofes Naturales de Orden Hidrológico, Juan Mejía, manifestó que el único responsable de las desgracias del pueblo ha sido el papel deplorable del gobierno que ha demostrado ser incapaz de manejar las grandes emergencias del país.
“Tanto las pérdidas y las personas que han muerto es porque, encima de un problema natural que teníamos como era el huracán y luego tormenta tropical Eta, el Estado salvó las represas de los ricos a costa de matar a toda la gente y destruir los bienes de toda la gente que se encuentra en la cuenca baja del río Chamelecón y el Ulúa en el Valle de Sula, en el Valle de Leán y en el Valle del Aguán”, manifestó Mejía.
El Mitch se repite
Mejía manifestó que con la catástrofe de Eta, la historia del Mitch de hace 22 años, ha vuelto a la mente de los hondureños y hondureñas. “Se repite y se seguirá repitiendo mientras las autoridades, mientras la clase política hondureña siga siendo incapaz de responder a la realidad que nos corresponde vivir”, manifestó Juan Mejía.
El Ingeniero Juan Mejía, quien labora como responsable del área de investigación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, criticó el papel del gobierno de Juan Orlando Hernández al que calificó de deplorable. “Y deplorable no sólo por lo que ha pasado en estos días del huracán, deplorable porque estamos en una situación sobre avisados”, dijo Mejía.
Periodo de devastaciones
El especialista sostiene que ya nos encontramos en el periodo de las devastaciones de huracanes. “Es el reloj planetario el que debemos entender. Fuimos destruidos en 1935, fuimos destruidos en 1954, fuimos destruidos por el huracán Fifí en 1974, fuimos destruidos por el Mitch en 1998, y ahora, 22 años después del Mitch, nos llega esta tormenta tropical Eta, antes huracán, y nos causa destrozos de carácter nacional”, señaló.
Explicó que Honduras es víctima constante de los fenómenos naturales por ser un país que está ubicado en el cinturón planetario de huracanes, en la zona de convergencia tropical.
“Estos fenómenos de esta magnitud como Eta, como Mitch, como Fifí, se van a repetir alrededor de unas cinco veces en el siglo. Cada 18 a 25 años nosotros sufrimos el embate de un fenómeno meteorológico cuya magnitud devastadora es prácticamente total y abarca a nivel nacional”, analizó el Ingeniero Mejía.
Fenómeno natural, desastre es social
Sostuvo que los fenómenos naturales son amenazas que están allí y no se pueden cambiar, aunque advirtió que lo que sí podemos cambiar es la vulnerabilidad con que se afrontan estas situaciones. “Ya sabemos que dentro de 18 a 25 años, es decir en la década de los 40, nuevamente vamos a tener otra devastación parecida a la de Eta, al Mitch y a la del Fifí, eso ya lo sabemos menos la clase política hondureña, lamentablemente”, dijo.
“Mientras la clase política esté actuando de esa manera, los muertos los van a seguir poniendo los pobres de Honduras, y las riquezas, los millones que vienen para las ayudas van a ir quedando en las manos de la clase política con los corruptos de turno: en el Mitch el Partido Liberal, ahora de Eta es el Partido Nacional, o como en el Fifí que fueron las dictaduras militares. Ellos son los que salen enriquecidos”, aseguró.
Fracasó salvar el Valle de Sula
El Ingeniero Juan Mejía sostuvo en Radio Progreso que el Valle de Sula es el valle que más produce y aporta el 65% del producto interno bruto de este país, y con todo eso lo condenan a muerte. Aseguró que hay suficientes estudios para salvarlo pero nadie lo quiere aplicar.
“El cuerpo de ingenieros de la Army, de la armada norteamericana, realizó un estudio inmediatamente después del Mitch. El estudio arroja datos como por ejemplo que en el Mitch, el caudal del río Ulúa, cuya máxima capacidad era tres mil metros cúbicos por segundo, alcanzó los diez mil metros cúbicos por segundo, ósea que necesitábamos tres o cuatro veces el caudal del río Ulúa para evitar las inundaciones”, manifestó Mejía.
Detalló que el estudio recomendaba que no se puede solucionar el problema del Valle de Sula creando bordos y más bordos, eso más bien es un peligro. Los bordos inicialmente contienen las crecientes normales pero cuando se tienen envestidas tipo Eta, Mitch y Fifí, es imposible, y el bordo se convierte en un peligro mayor para la comunidad. Entre más alto es un bordo más peligro representa para las comunidades porque cuando el bordo rompe, la estampida de agua es mucho mayor.
Solución integral
En dicho estudio también se recomendaban que no basta con ver únicamente el Valle de Sula, también hay que ver las montañas porque la suerte que corran las montañas de occidente y del centro del país es la suerte que va a correr el Valle de Sula. Honduras es un país cuyo 77% de su geografía es montañosa pero las montañas hondureñas han perdido su capacidad de retención de agua por lo que ya no están en la capacidad de aguantar una lluvia de más de dos días.
“La extrema deforestación a la que han sido sometidas las montañas, recuerde que Honduras se viene deforestando con una tasa de 100 mil hectáreas por año de bosque, y a eso hay que sumarle 500 mil hectáreas desaparecidas por el gorgojo del pino. La política forestal no sólo tiene que ver los precios de la madera, tiene que ver lo que significan estos bosques para estas serranías y lo que estas serranías representan en términos de resiliencia para las llanuras de este país”, explicó el Ingeniero Juan Mejía.
“Hay está ese estudio, pero qué hizo macabramente Pepe Lobo que recibió fondos del gobierno de Kuwait para crear zonas de drenaje en el Valle de Sula, él lo que quiso hacer era trasladar aguas del Chamelecón al río Ulúa, la gente protestó, y se detuvo esa intención. Eso era una petición de la soberbia y perversa empresa privada”, manifestó el experto.
De nuevo La Lima y el Aeropuerto
Contó que como la gente se opuso a que aguas del Chamelecón fueran trasladadas al Ulúa, entonces el gobierno solucionó el problema creando los canales Choteque, Maya y otros, bajo la excusa de salvar a La Lima aunque en el fondo lo que querían era salvar el Aeropuerto. Hoy, 22 años después, La Lima y el Aeropuerto volvieron a inundarse.
“Hay otra condición nueva: están cometiendo otro error criminal porque sabiendo cómo es el río Ulúa, lo están llenando de represas hidroeléctricas, entonces con el huracán Eta no solamente hubo que abrir compuertas del Cajón sino que hubo que abrir compuertas de Chinda, hubo que abrir compuertas de otro proyecto que está abajo del Cajón, y muchos otros proyectos hidroeléctricos que están ubicados en los principales afluentes del río Ulúa”, manifestó Juan Mejía.
Aseguró que la clase empresarial hidro-energética no tiene protocolos para evacuar agua de sus represas de manera sostenida y que no causen destrozos.
“Las pérdidas y las personas que han muerto es porque encima de un problema natural que teníamos como era el huracán y luego tormenta tropical Eta, el Estado salvó las represas de los ricos a costa de matar a toda la gente y destruir los bienes de toda la gente que se encuentra en la cuenca baja del río Chamelecón y el Ulúa en el Valle de Sula, en el Valle de Leán y en el Valle del Aguán”, dijo en Radio Progreso el Ingeniero Juan Mejía.
A su nivel máximo los ríos del Valle de Sula
- 04/11/2020
El jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, Juan José Reyes, dijo los niveles de los ríos en el Valle de Sula se mantienen a tope, y si las lluvias siguen, los problemas podrán aumentar.
“El río Ulúa aumentó casi seis metros en su condición normal y el río Chamelecón aumentó tres metros. Esto hace que estemos en las capacidades máximas en el Valle de Sula”, dijo Reyes.
Reyes dijo que lo mismo acontece con el río Leán, el río Aguán, el río Cangrejal que mantienen sus niveles muy alterados. Las lluvias van a continuar por los menos para las próximas 72 horas.
“La represas en Tegucigalpa están en niveles óptimos y hemos estado en contacto con la Central Hidroeléctrica El Cajón y tienen un buen colchón para recibir una buena cantidad de agua”, dijo el jefe de alerta temprana de Copeco, Juan José Reyes.
Aseguró que es importante decirle a la población que se van a mantener los niveles de alerta. “Hay departamentos con Alerta Roja y es de condición especial de evacuación, y eso no se negocia. Se está analizando si en las próximas horas se decreta Alerta Roja en todo el país”, manifestó Reyes.
Hasta ahora, la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, reporta que hay 839 familias afectadas por las lluvias. Al mismo tiempo, unas 197 personas han sido rescatadas, 317 viviendas afectadas, 16 tramos carreteros dañado y 38 comunidades incomunicadas.
Además se reportan 5 puentes totalmente destruidos. Los departamentos del litoral atlántico son los más afectados.
Bajo agua el Valle de Sula, el polo económico de Honduras
- 19/11/2020
Las imágenes aéreas revelan la magnitud de la destrucción que los huracanes Eta e Iota dejaron en el Valle de Sula, el polo económico de Honduras. Datos preliminares de productores revelan pérdidas arriba de las 80 mil toneladas de aceite de palma africana y más de tres mil 700 hectáreas de banano, más otros miles de granos básicos, y daños en la infraestructura: viviendas, edificios, puentes y ejes carreteros.
La situación del país es grave, Honduras se enfrenta a tres crisis económicas, una que inició hace 8 meses con la pandemia del Covid-19, que obligó al confinamiento y la paralización de toda actividad, ahora se suma el fenómeno Eta y esta misma semana Iota. Se calcula que las pérdidas económicas por los dos huracanes llegan a los 5 mil millones de dólares, teniendo nuevamente al Valle de Sula bajo el agua.
“Preliminarmente estamos calculando que las pérdidas por Iota lleguen a 5 mil millones de dólares, lo que se suma a las pérdidas que hace dos semanas dejó Eta, entre 3 a 5 mil millones, lo que significa que en menos de dos semanas Honduras perdió el 40 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB; y si sumamos los 7 mil millones de dólares del Covid-19, estamos hablando de unas de las peores crisis del país en los últimos 60 años”, dice Alejandro Kaffati, economista e investigador de Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh.
El impacto social que traerá las millonarias pérdidas se agudizará para el año 2021, el índice de pobreza se prevé llegará al 75 u 80 por ciento, 8 de cada diez habitantes viviendo en condición de pobreza, lo que reducirá la clase media del país, dice el economista.
Eta y su paso devastador
El recuento de la oficial Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, es que 57 personas murieron, más de 1,8 millones fueron afectadas, y más de 16.000 rescatadas, en el marco del huracán Eta. A estas estadísticas se suman los 1,5 millones de niños y niñas que están expuestos a los daños provocados por las inundaciones según la UNICEF.
“El 60 por ciento del Producto Interno Bruto está en la zona Valle de Sula. Ósea que todo se perdió, lo que se traduce en que Honduras no tendría la capacidad de reducir efectos económicos”, dice Kaffati.
Los cálculos del FOSDEH proyectan que Honduras tardaría en recuperarse de los dos huracanes, unos 10 años, sobre todo recuperar la infraestructura destruida por la fuerza del agua en municipios como La Lima, El Progreso, San Manuel, San Pedro Sula, el departamento de Atlántida, entre otros.
“Hablar de un plan de recuperación en este momento es complejo porque Honduras está sumergida en una triple crisis financiera, lo que nos mantendrá con un alto endeudamiento, si con suerte logramos fondos debido a la poca credibilidad y confianza de la cooperación internacional y la misma ciudadanía”, aseguró a Radio Progreso el economista del FOSDEH.
En la actualidad el 76 por ciento del PIB está endeudado, la ciudadanía en Honduras necesita 30 años para pagar ese alto endeudamiento, “desde ya las próximas tres o cuatro generaciones están comprometidas con esta deuda”.
Plan de reconstrucción
Salir de la crisis profunda que Honduras enfrenta será un camino largo y espinoso, que necesariamente debe contener un plan de reconstrucción, elaborado y puesto en práctica por una comisión multisectorial, que inicie con el cálculo de perdidas, luego priorice áreas, y decida el destino de los recursos que se aprueben o adquieran a través de préstamos, propone el FOSDEH.
“Lo que lamentamos es la poca apertura que tiene el gobierno con otros sectores. Desde el FOSDEH hemos presentado en el marco de la pandemia del Coronavirus más de 50 propuestas, y ninguna ha sido tomada en cuenta por las autoridades. Ahora estamos proponiendo que necesitamos una política para reconstruir este país con los fondos que el Congreso Nacional reoriente del presupuesto general de la república del año 2021, los que deberían ser destinados a la infraestructura productiva y vial, generando así construcción y generación de empleos”, aseguró.
Alejandro Kaffati asegura que, en medio de esta emergencia, el proceso electoral únicamente podrá aportar o ser solución, si le apuesta a la unidad nacional, si desde los precandidatos y candidatos se coopera con las necesidades del país, de lo contrario, será otro de los problemas con los que tendrá que lidiar Honduras.
Panorama siniestro en Honduras tras el paso de la depresión tropical Eta
Desde el país centroamericano denuncian que a pesar del paso inminente del huracán y de los efectos devastadores que organismos internacionales preveían, el gobierno hondureño no alertó ni preparó a la población para el impacto del evento meteorológico. Lo que derivó en enormes daños de infraestructura y sobre todo en la pérdida de vidas humanas. Ante este oscuro panorama la población requiere toda la ayuda humanitaria posible.
Durante el mes de octubre trascendió en el panorama informativo hondureño, el escándalo que resultó de una compra corrupta de hospitales móviles para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en un país que hasta hace unas semanas tenía la astronómica cifra de 84.400 casos confirmados y 2.500 fallecimientos por la enfermedad.
A esta desfavorable situación que tenía de antemano una cuarentena agotadora, se sumó otra catástrofe: la depresión tropical Eta que ha dejado al menos 11 muertos antes de salir este jueves de Honduras rumbo al Mar Caribe. Fuentes consultadas por Caras y Caretas allí, refieren la calamidad que se vive durante esta jornada.
El vigésimo noveno organismo de la temporada ciclónica transitó por Honduras debilitado a depresión tropical con vientos inferiores a los 60 kilómetros por hora (km/h), luego de tocar tierra por la costa caribe norte de Nicaragua el martes, convertido en un huracán categoría cuatro de la escala Saffir-Simpson.
Las zonas norte, centro y caribeña del país se llevaron la peor parte del impacto de las fuertes lluvias que azotaron ininterrumpidamente la nación desde inicios de la semana y causaron numerosas inundaciones.
El gobierno de Juan Orlando Hernández en el mes de octubre había nombrado a un ex reguetonero, Max Alejandro González Bonilla como director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), justo en un país con las características de Honduras, proclive en gran medida a los fenómenos naturales y en temporada de huracanes, lo que causó gran preocupación y burlas dentro de la nación. Las consecuencias se ven con claridad en momentos como este en el que se contabilizan lamentablemente pérdidas de vidas humanas, destrucción de casas, inundaciones de poblados enteros, desconexión de internet.
Resulta más preocupante aún la situación que se avizora ya que actualmente no hay comunicación con la zona norte (Valle de Sula) , los puertos se deterioraron, los puentes que traían todo el alimento desde la costa para el interior se cayeron, los tractos camiones que trasladaban todos los productos de esa zona -que es sumamente próspera y se conoce como la despensa del país- quedaron inundados.
Muchos de los productos que se consumen en el interior de la región son importados desde Estados Unidos, específicamente desde Miami por cantidades, ahora no hay forma de que esos suministros lleguen. Por su parte el presidente salió por los medios de comunicación expresando contradictoriamente que hay suficientes toneladas de frijoles y arroz para cubrir la demanda y las “necesidades alimenticias”, cuestión que el pueblo, que ya sufre carencias, pone en duda.
Evidentemente el gobierno no protegió bienes materiales, ni se preparó para una catástrofe de esta magnitud. No hubo resguardos, ni prevención suficiente, no se prepararon albergues y mucho menos se alertó a la población del huracán Eta, todo con el fin de potenciar y “proteger” el turismo durante la semana Morazánica (10 días que son de vacaciones en el país).
Hay muchas personas que todavía no han podido evacuar, individuos que están en los techos desde el domingo, niños, ancianos, animales. Desde hace días están esperando que vayan las lanchas, los bomberos para rescatarlos.
La incompetencia del gobierno ha llevado a designar a un grupo muy reducido para el salvamento con solo 15 personas a cargo en regiones extensas, en territorios inundados y donde habría que movilizar a brigadas completas y numerosas.
Residentes preocupados denuncian que la opinión internacional debe conocer la verdadera realidad que impera en el país, que se encuentra en un caos total y en la más absoluta destrucción. Tegucigalpa, la capital, está como en una burbuja, pero el resto de las poblaciones necesitan de manera urgente toda la ayuda humanitaria posible. El desastre va a perdurar por muchos meses.
Estamos otra vez con el agua y la soga hasta el cuello. En unos cuantos días se juntaron cuatro emergencias, las más temidas que un pueblo pueda soportar: La pandemia viral que ha matado casi dos mil personas, el huracán Eta que se llevó más de 80 seres humanos, el huracán Iota que vino a rematar los valles de Sula, Leán y Aguán, y la plaga de un régimen autoritario y corrupto con chafas y policías inútiles tragándose el presupuesto de la gente que está inundada, despedazada y en la mierda.
El ciclo de las llenas feroces aceleradas por el cambio climático ha cumplido una vez más su visita a la región centroamericana. Puntuales desde 1935, 1954, 1974, 1998 y 2020, las aguas han bajado, penetrado, retorcido, inundado y destrozado todo a su paso. Más de 100 mil familias lloran en Honduras por la pérdida de sus cosechas, animales de patio, y sus casas.
En 22 años lanzamos al carajo, como dice el padre Melo, las lecciones de 1998. Aquel huracán nos dejó la obligación de respetar la declaración de Estocolmo que condiciona las inversiones al respeto del medio ambiente y a la transparencia. Pero el Choep, la Anamih y los maquiladores llenaron el país de minas, represas abusivas y naves contaminantes de ropas industriales. Y todo tipo de negocios sucios.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea apoyaron el golpe de Estado en 2009 y el continuismo ilegal en 2017, y hoy cosechan un país destruido sin relaciones de confianza entre sociedad y Estado, y se exponen a una nueva marea de migración forzada expulsada por la desigualdad, la discriminación y las opresiones.
En las actuales circunstancias, en medio de la Covid y tras los dos huracanes, no hay coordinación básica con nadie en los territorios afectados. Los municipios están con bolsas en las manos, buscando la reelección de los alcaldes; COPECO lleno de activistas cachurecos a nivel nacional – más de 1500 burócratas – que no se mueven si el dictador no se los ordena. Y el cacique de todos, buscando la foto por tierra y aire, vendiendo paja en cadena de radio y televisión, y tratando de convencer a una comunidad internacional solidaria que está paralizada por la corrupción del régimen.
“Nos hablan de todos lados de Estados Unidos y Canadá y nos dicen: queremos ayudar, pero por favor, no entreguen nada al gobierno” relata el sacerdote jesuita Ismael Moreno durante un foro virtual el jueves con la comunidad hondureña residente en Quebec. “Los niveles de desconfianza son extremos. No tenemos gobierno. El descrédito es tan grande que las ayudas llegan a cuenta gotas” a pesar del monumental desastre.
En ese encuentro quedaron reflejados otra vez los dos extremos que suceden en una catástrofe de estas dimensiones. Los sectores que ponen al frente las emociones más inmediatas del corazón y aquellos que empujan una mirada de la mente hacia más adelante. Ambas reacciones son importantes en situaciones de emergencia, pero ambas deben complementarse. Es preciso comprender que desde ahora y hasta febrero 2021 la emergencia es salvar vidas, atender albergues con colchones, agua, comida, medicinas y abrigos; consolar a las personas afligidas, construir la esperanza y, luego, recuperar las cosechas, limpiar las casas y aportar siquiera un mínimo de estabilidad.
Después, tiene que venir lo otro: el momento de los acuerdos compartidos, que pasa por una nueva política agraria, un pacto fiscal inevitable, empleo, detener la corrupción, responder a la impunidad y, particularmente, reorientar el presupuesto nacional hacia la transformación institucional. No más armas y todas esas papadas inútiles para policías y chafas.
En estos términos transcurrió el diálogo entre Honduras y Québec al que aportaron sus impresiones las periodistas Gilda Silvestrucci y Claudia Mendoza, y enseguida vino la propuesta que el director de Radio Progreso llama el ABC de los acuerdos básicos compartidos y que se resumen en tres grandes ejes.
La desigualdad profunda y prolongada que hiere a Honduras con la Covid19, la corrupción y la impunidad, con una relación de 8 personas de cada 10 sometidas al empobrecimiento.
La crisis ambiental y ecológica es el segundo eje de esta propuesta, apuntando directo al rostro de la industria extractiva que envenena los ríos y los valles con un modelo depredador que convierte la Naturaleza en dinero, y al que no le importa la destrucción general de Honduras. Así no podemos continuar.
Las imágenes de las lagunas con cianuro del occidente de Honduras vertidas hacia los ríos son aterradoras y esas toneladas de químicos verduzcos de las maquilas del valle de Sula flotando sobre las corrientes… es el apocalipsis ambiental.
Y el tercer eje de la propuesta del director de Radio Progreso señala a la vertiente política institucional. La democracia no se resuelve con elecciones, dice categóricamente, más bien en este momento el agite electoral se vuelve a constituir en parte del problema.
Para seguir en la línea de este encuentro virtual realizado vía zoom el jueves anterior entre Honduras y Canadá, al cierre, surgieron dos propuestas de carácter local y regional que es importante citar.
La primera es a nivel de El Progreso Yoro y alrededores, consiste en una Red de Emergencia y Solidaridad que integra sectores sociales y populares, medios de comunicación, colegios e instituciones eclesiales.
Uno de los desafíos que enfrenta esa red es la coordinación con las instancias municipales locales que se rehúsan al contrapeso ciudadano, pero “debemos insistir en buscar coordinaciones porque debemos recuperar el Estado en su dimensión general. Y nunca aceptar que el Estado sean las iglesias o los sectores civiles afines. Eso sería aceptar una sociedad amorfa y un Estado degradado sin capacidad de existir y conducir las acciones alrededor de la persona humana”, insistió el padre Melo.
Al ampliar sobre este tema de la irrupción de las iglesias en el espacio público de las urgencias, el religioso católico fue coherente al ponerlas en su lugar. Las iglesias tienen un espacio en la vida privada de las personas, pero no tienen ni la atribución ni la responsabilidad de conducir las políticas públicas.
Durante el encuentro informativo pasó rápidamente una imagen sobre un puente en los alrededores de El Progreso, Yoro, donde cristianos evangélicos de rodillas junto a militares y activistas de Copeco, alzan sus manos pidiendo detener la tempestad que ya había cesado, y claman para detener las bravas corrientes, que ya habían pasado bajo ese puente…
“Tenemos que hacer acopio de todas las relaciones posibles, rehacer los tejidos de la comunicación rota en los territorios e idealmente coordinar toda la solidaridad con las estructuras oficiales, alcaldías, ministerios, copeco y con todos los demás hasta juntarnos, pero dejar que el proselitismo cristiano nos suplante ,eso sería aceptar el fracaso del Estado”, subrayó Melo durante su intervención.
La segunda propuesta mencionada en el encuentro Honduras-Québec es regional, se trata de la Mesa de Trabajo y Búsqueda de una respuesta integral a la desigualdad, la crisis ambiental y la debacle institucional, que de momento integran el FOSDEH, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el ERIC. “Esta propuesta no viene de un rincón ni está cerrada, al contrario, es abierta a los diversos sectores de la sociedad para atender lo inmediato y asumir la recuperación de Honduras”, aclaró Melo Moreno, quien fue preciso al señalar el primer consenso: No estamos invitando al gobierno.
El gobierno es la dictadura, pero la dictadura no es gobierno, por eso no es invitado. Esa es la verdad. Por eso la recuperación de la zona occidental, norte y el litoral Este de Honduras serán monumentales desafíos para la gente. Los próximos meses serán un forcejeo entre el proselitismo religioso, el proselitismo partidario y las enfermedades ambientales. Un cocktail de difícil digestión.
No hay ninguna duda que la desesperación y la migración forzada serán las primeras consecuencias de este desplazamiento ambiental que producen los fangos de Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.
A partir de ahora y durante las próximas décadas tendremos oleadas de migrantes climáticos desplazados de sus territorios por un modelo de exportación de materias primas al que no le importa ni la naturaleza ni la gente. Y al que debemos parar antes que nos mate a todos y a todas.
Este no es un problema del dios de los cristianos. No es ningún castigo de ese señor enojado que pintan detrás de los huracanes, ya paren ese discursito tonto de pulpitos manipuladores de la conciencia colectiva. Apuntemos las balas de la indignación colectiva hacia los culpables terrenales de esta tragedia. Al Cohep, la AnamiH, la industria maquiladora, los eléctricos, el partido nacional y liberal y las Fuerzas Armadas. Arriba de ellos sus socios de Miami, Washington, Ottawa y Brucelas. Ellos son los responsables.
Nos resta decirle a la cooperación internacional solidaria que es importante pasar de la emergencia a las acciones del mediano plazo, sin perder de vista las trancas que se deben poner a la corrupción. Una de las conclusiones del Foro Honduras-Québec fue realizar una Mesa Alternativa de Cooperación informada para definir los próximos pasos que posibiliten la transformación de Honduras.
¡Nos despedimos, los animamos a ser fuertes y a responsabilizarnos de Honduras!
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 21 de noviembre de 2020
Pequeños agricultores de Honduras a la deriva por pérdidas en cosechas
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. Mientras el gobierno de Juan Hernández asegura que tras el destructivo paso del huracán Eta, Honduras no afrontará escasez de granos básicos porque hay “buena reserva estratégica”; el líder campesino Rafael Alegría advirtió que “la situación de los pequeños agricultores es dramática en términos de soberanía alimentaria”.
Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina en Honduras
Alegría manifestó que el Estado afirma que no habrá escasez porque desde ya planifican la importación de granos básicos, sin embargo los pequeños agricultores de una a diez manzanas permanecerán en “desgracia total”. Esto no solamente por el paso del huracán Eta, sino también debido a que las instituciones que deberían estar al frente de la recuperación del agro están cerradas como el Instituto Nacional Agrícola (INA) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa); o ni siquiera cuentan con cifras reales sobre las pérdidas provocadas por las inundaciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
A esto agregó que el dinero que el Estado destina al sector agro se lo dan a “instituciones que no tienen nada que ver con el sector agrícola”, como es el caso de las Fuerzas Armadas, entre otras. Además, remarcó que la institucionalidad agrícola “está desarmada totalmente” y tampoco hay voluntad política para hacer frente a la crisis.
El líder campesino urgió al Estado hacer un diagnóstico sobre las pérdidas y la situación de los pequeños agricultores. “Además de golpeados, la situación económica de estas personas en el campo […] está destruida. Primero por la sequía, después las inundaciones, ahora lo que la gente va hacer es fortalecer esas migraciones […] porque no encuentra ninguna salida en el país”, advirtió.
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En relación a la reserva estratégica que promocionan desde la administración Hernández, afirmó que 60 mil quintales solo durará unas semanas y con las pérdidas en cosechas de este año, “el negocio lo van hacer como lo han hecho [siempre], los importadores y quienes vamos a pagar los platos somos los consumidores que no sabemos ni de donde vamos a comer maíz, arroz, frijoles y hortalizas”.
Alegría identificó los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés, Colón y Santa Bárbara, como unos de los más golpeados en el sector agrícola por las inundaciones y deslizamientos provocados por el huracán Eta en Honduras.
La indefensión de las defensoras
Entre enero y julio de 2020, la RNDDH registró al menos 530 agresiones, de las cuales 425 fueron colectivas, otras 100 fueron agresiones personales y 5 fueron ataques contra organizaciones a las que pertenecen las activistas. También se lanzaron 20 Alertas Defensoras2.
Las defensoras que sufrieron más agresiones fueron las que defienden tierra, territorios y bienes comunes contra proyectos extractivos, seguidas por aquellas que defienden los derechos relacionados con el cuerpo y autonomía de las mujeres.
Eso incluye los derechos sexuales y reproductivos y el de una vida libre de violencia.
Intimidaciones, hostigamiento psicológico, amenazas y ultimátum constituyeron más de dos tercios de las agresiones registradas.
También se señalaron varios casos de restricción a la libertad de expresión, movimiento y reunión, calumnias y campañas de desprestigio, expresiones de odio, homofobia y racismo.
Asimismo, se lograron comprobar al menos 4 casos de violencia sexual, 3 detenciones y arrestos ilegales. El personal sanitario fue otro blanco de discriminación, hostigamiento y amenazas durante los meses de la pandemia.
Entre los autores de las agresiones figuran policías, militares, actores relacionados a empresas, agentes de seguridad privada, hombres con relaciones de poder vinculados a terratenientes y funcionarios públicos.
Muchos perpetradores de agresiones quedaron desconocidos. También se registraron varios casos donde el agresor está vinculado con el movimiento social o partido político al que pertenecen las víctimas.
En los primeros siete meses del año, cuatro defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.
Ignacia Piota Martínez, activista de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), falleció en enero tras haber sufrido un atentado en la comunidad garífuna Masca. Era hermana de Mirna Suazo Martínez, presidenta del patronato, también asesinada unos meses antes.
En abril, en el marco de un desalojo violento e ilegal en el municipio de Marcovia (Choluteca), agentes de la seguridad privada de la empresa azucarera La Grecia asesinaron a la defensora de la tierra Iris Argentina Álvarez.
Un mes después fue asesinada Luz Clarita Zúniga, joven trans de 23 años y activista de la Organización Pro Unión Ceibeña (Oprouce), quien fue lapidada en la ciudad de La Ceiba.
En julio, en un sector de la capital, desconocidos ultimaron de varios balazos a Scarleth Cáceres, mujer trans, activista de la Asociación Arcoíris e integrante del grupo Muñecas de Arcoíris.
“La militarización de la sociedad y los territorios, la corrupción pública y privada, la impunidad y la violencia del despojo patriarcal, capitalista y racista han marcado la historia de nuestro país.
Los impulsores de este modelo siempre quisieron hacernos creer que, para las mujeres, vivir es un privilegio y no un derecho.
La pandemia, lo que vino a hacer fue poner de manifiesto una crisis histórica y estructural, agudizando la condición de vulnerabilidad de la población y la de indefensión de las defensoras de derechos humanos”, dijo Ninoska Alonzo, de la RNDDH.
En especial, el informe hizo énfasis en la situación de zozobra en que viven aquellas defensoras que sufren agresiones de odio por ser disidentes de la heteronormatividad3.
“Se presenta la heterosexualidad como algo necesario para el funcionamiento de la sociedad, y como el único modelo válido de relación sexo-afectiva y de parentesco.
Quien es disidente de la heteronormatividad se convierte en blanco de agresiones y manifestaciones de odio.
Scarleth y Luz Clarita fueron asesinadas a mansalva y de manera brutal, casi como a querer desaparecer su identidad y lo que representan”, advirtió Melissa Cardoza, escritora y miembro de la RNDDH.
Mujeres feministas y de los pueblos indígenas y negros de Honduras son otros de los blancos de ataques de odio y con fuerte sesgo racista.
En Managua, Giorgio Trucchi | Rel UITA
1 https://bit.ly/2I15JFv
2 mecanismo de denuncia nacional e internacional para casos graves
3 sistema de creencias o suposiciones de que todas las personas son
heterosexuales o que la heterosexualidad es el estado predeterminado o
“normal” del ser humano
Comunicado conjunto
HONDURAS FRENTE A SÍ MISMA EN EL EPU 2020
Garantizar el respeto de los derechos humanos debe ser su compromiso
Tegucigalpa, París, 3 de noviembre 2020.- Hoy, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras – COFADEH, y la FIDH – Federación Internacional por los Derechos Humanos, comparecen en rueda de prensa en la víspera del Examen Periódico Universal (EPU) con tres propósitos:
Dar a conocer las recomendaciones sugeridas por el COFADEH a los Estados proponentes, tanto en Tegucigalpa como en Ginebra.
Denunciar la militarización desproporcionada del país, la criminalización de la comunidad de personas defensoras de derechos humanos, y la impunidad como Política del Estado de Honduras.
Demandar la aparición con vida de los cinco miembros desaparecidos de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y de 7 personas más durante el confinamiento irregular de marzo a noviembre de 2020.
En el contexto de esta evaluación a Honduras por todos los países del Consejo de Derechos Humanos, prevista para este 5 de noviembre, las organizaciones firmantes manifiestan ante a la comunidad internacional que una dictadura violenta, basada en la manipulación de los tribunales, la fuerza militar, los credos religiosos y la corrupción, impone un código penal abusivo que propicia la criminalización de los actores sociales y políticos.
« Este no es un juego escolar de quién hizo la tarea para obtener una nota de excelencia o de pasable a fin de contentar al capital transnacional que irónicamente incluye indicadores de derechos humanos en sus proyectos de muerte. Estamos hablando de vidas humanas, de sus libertades y dignidades concretas en este momento. Por eso repudiamos la actitud de la dictadura al asistir a Ginebra con “porcentajes” de cumplimiento de las 150 recomendaciones de 2015, utilizando fórmulas publicitarias para engañar a los incautos », ha declarado en la víspera Bertha Oliva del COFADEH.
En octubre pasado, 117 organizaciones no estatales ni gobiernistas, incluido el COFADEH participaron en la pre sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para depositar un Informe Alternativo que da cuenta de esa otra Honduras: la desigual, la víctima de la corrupción, la torturada y la destruida por las violencias institucionales contra las minorías y las mayorías vulneradas. Esta Honduras que carga consigo más de 200 personas desaparecidas.
En esta rueda de prensa, con el dolor y la esperanza de Jeanethe Mejía, madre de una de las 12 personas desaparecidas durante el confinamiento forzado, deseamos habitar una Honduras justa, orientada a la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y que garantice la no repetición. Una sociedad que observe plenamente la vigencia y respeto de los derechos humanos de su población.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
París, Tegucigalpa, 3 de noviembre 2020.
Tegucigalpa.- César Roberto Ortiz Mejía, de 19 años, desapareció el 22 de junio pasado en Tegucigalpa y su madre Yanneth Mejía ha emprendido una búsqueda incansable, donde ha denunciado que recurrió a todas las instancias correspondientes, pero las autoridades no han hecho absolutamente nada para dar con el paradero de su hijo.
Al no tener el apoyo de ninguna autoridad correspondiente, Yaneth acudió al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para solicitar el apoyo para poder encontrar a su hijo, así lo informó en una conferencia de presa que esta organización realizó junto con la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH).
En su comparecencia doña Yaneth expresó con voz quebrantada y llena de angustia que su hijo “solo tiene 19 años, es estudiante de último año de la carrera de informática, tiene tres años de ser scouts y es una persona de muy buenos sentimientos”.
Según su madre, el joven salió a las 12:20 del día de la casa de sus abuelos porque iba por ella para ir a comprar unos medicamentos que se le habían agotado y luego regresarían a la casa.
En si relato Yaneth expresó que la distancia de la casa de sus papás a su oficina es muy corto y a las 12:40 al ver que no llegaba, comenzó a llamarlo pero no tuvo contestación.
Añadió que llamó a su madre para preguntar por Roberto, pero ella le dijo que había salido hace más de 20 minutos.
“Mi hermana llegó a la oficina y le digo Roberto no me contesta, empezamos a llamarlo, lo mismo mi cuñada y empezamos a hacer una búsqueda interna en las rutas que él transitaba, buscando si había chocado o había tenido algún accidente o algo”, señaló.
“Mi hermano y cuñada se fueron a todas las postas policiales para ver si estaba detenido, no nos dieron mayor información, la posta de La Granja le dijeron que allí no estaba, se fue al Core 7 a interponer la denuncia, donde nos dijeron que no aceptaban denuncia por desaparecido, porque no habían pasado 24 horas y que teníamos que esperar ese tiempo para poder poner una denuncia”, agregó.
La madre del menor dijo que “con ayuda de otras instancias y de amistades pudimos tener la ubicación del teléfono de mi hijo por GPS, y la primera ubicación que daba era en la posta de La Granja, entonces familiares míos se abocaron a esta posta para preguntar y poner la denuncia otra vez, y ahí les dijeron que no aceptaban denuncia, que no prestaban ningún apoyo, que ahí solamente iba a dormir el personal”.
A renglón seguido expresó que las autoridades de la posta de La Granja “le dijeron que se fueran a la posta de El Manchen, pero ellos se fueron a la posta de la Santa Fe, a la Cuarta Estación y ahí si le prestaron una patrulla, donde nos llamó mucho la atención es que no se les había dicho la ubicación que nosotros teníamos, y esta patrulla con estas personas inmediatamente la llevaron donde estaba el vehículo”.
Asimismo dijo que las autoridades no hicieron nada para recibir su denuncia e iniciar con la búsqueda, más bien contaminaron algunas pruebas o datos que podrían llevar hasta el paradero del joven de 19 años.
Mi hijo andaba el vehículo de mi papá, ellos no utilizaron guantes, el carro lo llevaron conduciendo hacia la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) de la Kennedy.
Señaló que les informaron que al día siguiente habían visto el vehículo estacionado en la posta de La Granja, y al ir se sorprendieron al revisar el libro de novedades donde aparecía una nota diciendo que el padre de familia de un hombre de nombre Lirving Salgado, se había presentado a hacer una denuncia de que su hijo estaba desaparecido en el barrio Villa Adela, a la misma hora en la que ellos había llegado a solicitar ayuda.
Añadió que a pesar de tener conocimiento de la denuncia de la desaparición su hijo desde junio, “hace como dos semanas me asignaron un fiscal, más o menos asignado, porque todos este tiempo me han dicho que el hecho de estar desaparecido no es un delito”.
Indicó que ha buscado por todas las instancias apoyo y que hace tres semanas tuvo conocimiento de todo lo que es COFADEH y el Alto Comisionado, porque las autoridades siempre le han dicho que no hay huellas en el vehículo y que la han hecho dar vueltas en el mismo círculo.
Además denunció que las mismas autoridades al ver su desesperación en publicaciones que comparte para poder dar con el paradero de su hijo, le dicen que se resigne.
Asimismo agregó que hay denuncias que dicen que ella ya tiene a su hijo sin importarles el dolor que siente en este momento de angustia, de no saber nada de su hijo.
“Han salido varios noticias diciendo que él ya está muerto, de que la persona ya está capturada y que esta persona ha confesado donde está enterrado; yo ya he organizado búsquedas con la DPI y los bomberos en el sector de La Granja, el Rio San José y lo que es ahora La Bolsa, la policía no ha hecho absolutamente nada y siguen bajo el concepto que estar desaparecido no es un delito, y ha estado tan parado mi caso que estoy aquí ante ustedes porque ya no sé qué hacer, mi hijo no salía de la casa si no era conmigo”.
Agregó que la inspección en el vehículo la vinieron a hacer un mes y medio después de que este estuvo en el parqueo a sol y agua; abierto, donde hubo la manipulación total.
Así como César Roberto Ortiz hay otras personas desaparecidas, como lo es el niño de 16 años José Miguel Hernández Tejada, que desapareció el 3 de agosto de 2020 y su familia ha emprendido una larga búsqueda y las autoridades siguen sin dar respuesta.
Durante el confinamiento producido por la pandemia del coronavirus, el COFADEH tiene conocimiento de al menos 17 personas desaparecidas de las que las autoridades no dan respuesta a sus familiares, más bien les piden que se resignen
Denuncian injerencia del Partido Nacional en la Democracia Cristiana
Tegucigalpa, Honduras.- A lo interno de la Democracia Cristiana, se han tomado varias decisiones que han incomodado a corrientes internas de este instituto político, una de ellas, ha sido abrir las puertas al diputado nacionalista Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Ante la presencia de Lobo, la corriente interna “Alfredo Landaverde”, se ha posicionado públicamente pidiendo a las autoridades de su partido, que antes de tomar una decisión de este tipo se consulte a las bases.
El dirigente Nieves Fernando Pérez, integrante de este movimiento, dijo que el partido de gobierno está haciendo injerencia sobre este instituto minoritario de cara a las elecciones del 2021.
La injerencia llega a tal punto que la Democracia Cristiana postuló antes de consolidarse la alianza con las fuerzas minoritarias, a Jorge Lobo como candidato presidencial.
Luego Lobo fue quien llevó a la Democracia Cristiana a unirse a otras fuerzas minoritarias en la estructuración de la Alianza CREO que es dirigida por el exministro de Educación, Marlon Escoto.
Pérez ha cuestionado que las autoridades del oficialismo de su partido han determinado hacer alianzas con el dirigente y actual diputado nacionalista Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, de quien tienen muchas dudas.
“Hago un llamado a todos los militantes de la Democracia Cristiana para que no se dejen sorprender con candidatos del partido de gobierno que se andan promocionando como demócratas cristianos”, expresó Pérez.
Pérez cree que su partido no debe considerar estas alianzas sin antes consultar a su base, porque desde su óptica con estas decisiones están entregando en bandeja de plata el partido a los nacionalistas.
En torno a los cuestionamientos contra Jorge Lobo, su padre y familiares, Pérez explicó: “nos preguntamos qué hizo Porfirio Lobo Sosa por el país, la respuesta es: nada, es más en su Gobierno mataron a Alfredo Landaverde y hasta la fecha su crimen está en la impunidad, entonces no podemos desprestigiar al partido de esta forma”.
Pérez siguió denunciando: “debemos también preguntarnos por qué está preso el hijo de Pepe Lobo en Nueva York, es mejor tener un partido con gente honesta, con integridad pero no con este tipo de personas. Estamos abiertos a las alianzas pero con gente honesta y no con personajes de este tipo”.
El dirigente demócrata cristiano, enfatizó en que su partido necesita un cambio a lo interno que pasa por nombrar a una dirigencia honesta, pura y democrática.
Para poner solución a la polémica, Pérez sugiere a las autoridades de la Democracia Cristiana a que apuesten por realizar un proceso de elección primaria, donde además le consulten a la base si está de acuerdo con la presencia de Jorge Lobo en su partido.
“Por eso debemos ir a un proceso interno, para que se decidan estas situaciones, si se darán alianzas y con quienes se construirán las mismas”, concluyó Pérez.
Gobierno le monta paralela al IAIP; crea Secretaría de la Transparencia
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Fotos: Redes sociales Presidencia de la República
Tegucigalpa. –El gobernante de Honduras, Juan Hernández, le ha dado una estocada más a la transparencia y rendición de cuentas, al montar una oficina paralela al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que dependerá directamente del Poder Ejecutivo.
La determinación de Hernández se consignó mediante la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) quien se encargará de “coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la implementación de la Política Nacional de Probidad, Integridad y Prevención a la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, reza el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el viernes 6 de noviembre. (Descargue aquí).
Con lo anterior Hernández sepultó cualquier acción que se adopte por los comisionados del IAIP, Ivonne Ardón, Hermes Moncada y Julio Vladimir Mendoza, en aras de darle cumplimento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que de por sí se ha debilitado con la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”.
La directriz emanada por Hernández establece que la nueva institución emitirá los lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones públicas, será de carácter obligatorio, es decir, que ahora los ciudadanos que requieran cualquier información pública deberán recurrir a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia.
Criterio.hn conoció que la actual Ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros, será la ungida en el cargo de la nueva secretaría de Estado y será quien, prácticamente, asumirá el rol de los tres comisionados del IAIP.
La nueva institución del Poder Ejecutivo estará integrada por un secretario de Estado, dos subsecretarios de Estado, una Secretaría General, tres unidades de apoyo y una oficina de auditoría interna.
El artículo 9 estipula que la Secretaría de Transparencia “brindará apoyo y coordinación que se requiera por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la ley”.
Lo anterior implica una injerencia directa en una institución que, de acuerdo con la ley, goza de autonomía, aunque en la práctica no lo ha evidenciado en su totalidad, por estar integrada políticamente.
La génesis de la creación de la SDT es boicotear el trabajo que desde el IAIP se pudiera realizar para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y porque es precisamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes incumplen con la ley cuando la ciudadanía efectúa los requerimientos.
Otra de las incongruencias es que trabajará de forma coordinada y “brindará apoyo a los órganos de control superior e investigación”, entre los que se cita al Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, cuando se suponen que estas instituciones son autónomas.
Inicialmente la nueva institución funcionará con el presupuesto de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Será hasta que esté debidamente operando que contará con su presupuesto. Sin embargo, en el artículo 12 se instruye a la Secretaría de Finanzas identificar y viabilizar fondos, para que asigne los recursos necesarios, incluyéndose en el presupuesto de la Presidencia de la República de forma anual a partir del ejercicio fiscal 2020.
En el artículo 2 del decreto se establece que la Secretaría de Transparencia se encargará de auxiliar al Presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su efectiva implementación.
La intención de Hernández es blindarse aún más por los señalamientos de corrupción de su gobierno. En 2014 logró que el Congreso Nacional aprobará la “Ley de Secretos Oficiales” que le ha dado un respiro al ocultar la información pública hasta por 50 años en 16 instituciones públicas.
Como parte de sus funciones el Decreto Ejecutivo establece en su artículo 2, darle seguimiento a las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y al Mecanismo de Seguimiento a la Comisión Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción (UNCAC) y representar al país en los espacios internacionales de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.
También coordinará la implementación de instrumentos internacionales de prevención y lucha contra la corrupción, entre los que se cita a la Alianza de Gobierno Abierto, Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST) y la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y el convenio entre el gobierno de Honduras y Transparencia Internacional.
Actualmente, la ciudadanía puede solicitar la información pública a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) que coordina el IAIP con las diferentes instituciones obligadas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la nueva secretaría de Estado, se implementará el Sistema Nacional de Transparencia mediante el cual se recibirá denuncias de la ciudanía sobre supuestos actos de corrupción a través de la plataforma Programa Presidencial Línea 130 o correos electrónicos designados.
