Los grupos empresariales que ganaron con la pandemia en Honduras
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa.-En total, comprando alimentos a las empresas privadas, en el marco de la Operación Honduras Solidaria (HS), el Estado destinó 757.5 millones de lempiras, un monto equivalente al 86 % del presupuesto anual del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), o al 40 % de los fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
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Criterio.hn te cuenta en esta III entrega de la serie Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo, el esquema de compras en el que entraron las grandes empresas de los productores, torrefactores y exportadores de café, los arroceros, azucareros y los harineros, mientras los pequeños dueños de bodegas de los mercados eran obligados a cerrar sus negocios por el confinamiento.
El café suele ser dulce para los grandes productores y comerciantes del rubro. Eso lo saben muy bien las empresas Molino de Café Maya S.A. y Gabriel Kafati S.A., que hicieron ventas al Estado por el orden de 103.8 millones de lempiras. La primera, surtidora de la marca Café Maya, recibió 55.7 millones; mientras la segunda, proveedora del Café Indio y Café Oro, ingresó 48 millones.
A pesar de la competencia entre estas marcas por controlar el mercado nacional, ambas empresas son propiedad de la familia Kafati, un grupo empresarial que domina la industria cafetalera de Honduras, que representa más del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Dirigido por Andrés Kafati Geadah, el Molino de Café Maya S.A. tiene capacidad para producir 80 % del consumo nacional de café. Mientras la empresa Gabriel Kafati S.A., presidida por su hermano Eduardo Kafati Geadah, controla 55 % de la comercialización al por menor, con 185 locales (en Honduras, Panamá, Estados Unidos y Taiwán) de la franquicia Espresso Americano.
Gabriel Kafati S.A. es probablemente la principal empresa tostadora de café en el país, también propietaria de más de 1,700 manzanas de plantaciones de este grano, ubicadas en el departamento de El Paraíso.
La familia Kafati forma parte de uno de los grupos corporativos más poderosos del país. En la década de los ochenta, los Kafati representaban 2.5 % del capital financiero del país, siendo la cuarta familia de ascendencia árabe con mayor patrimonio a nivel nacional, solamente detrás de los Bendeck, Andonie y Facussé.
Los Kafati, considerados históricamente de filiación liberal, no necesariamente tienen una sola bandera política. En su trayectoria han asumido algunos cargos públicos, en embajadas, comisiones y secretarías de Estado, como el ex patriarca de la familia, Óscar Kafati, quien fue el titular de la Secretaría de Industria y Comercio durante el periodo de Carlos Flores Facussé (1998-2002). Otros miembros, como Eduardo y Johnny Kafati fueron asesores presidenciales durante el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006).
A través de sus generaciones, la familia Kafati diversificó sus intereses en varios sectores, como socia del antiguo Banco Mercantil S.A.; dueña del Grupo Intur, propiedad de la familia Kafati-Villeda, ligada a la familia Ferrari-Villeda, que a su vez es propietaria de cadenas de radio y televisión (Emisoras Unidas/Televicentro); como copropietaria de la Cervecería Hondureña S.A.; y, además, tiene inversiones en el sector maquilero y energético [con representación en la junta directiva de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (Ahper)].
De acuerdo a Dun & Bradstreet, Molino de Café Maya S.A. tiene un ingreso anual de 365 millones de lempiras, mientras Gabriel Kafati S.A. reporta 280 millones de lempiras. Ambas empresas forman parte de la iniciativa de Marca País de Honduras, como parte de las alianzas públicos-privadas promovidas por el gobierno de Juan Hernández.
LOS AZUCAREROS
Con 50 millones de lempiras, la empresa Central de Ingenios S.A. (CISA) fue la segunda empresa privada con mayores ventas realizadas para la Operación HS. Esta compañía es la encargada de comercializar el azúcar que se produce en los siete ingenios que operan en el país.
CISA es propiedad de la familia Vinelli, uno de los grupos tradicionales de la élite económica de Honduras. Fundada en 1980, esta empresa es la principal comercializadora de azúcar en el país, un sector que aporta 1.5 % del PIB del país.
Socio y miembro de la Junta Directiva del Banco Atlántida, Robert Vinelli Reisman es el director de CISA. También es el presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Azúcar (AHPA), hasta 2019 fue el titular de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y actualmente es director suplente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Robert Vinelli es hijo de una emigrante judía estoniana y de Paul Vinelli, un italiano que vino a Honduras en 1949 como asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI), y quien junto a Miguel Facussé formó parte de la APROH, donde fungió como secretario de finanzas para esta agrupación corporativista de extrema derecha, dirigida por el extinto general Gustavo Álvarez Martínez.
Miembros del Grupo Financiero Atlántida, la familia Vinelli históricamente ha sido socia de los Goldstein, Larach y Bueso Arias, entre otras familias; en conjunto son de los principales inversionistas en seguros, bienes y raíces, sistemas privados de créditos y pensiones, así como de empresas de agroindustria en Honduras.
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LOS ARROCEROS
Por la compra de arroz, el Estado invirtió 43.3 millones de lempiras, beneficiando a siete empresas, en un sector donde hay cerca de tres mil productores, entre pequeños, medianos y grandes.
Con 16 millones de lempiras, la Empresa Dieck & Dieck fue la que registró la mayor cantidad de ventas. Propiedad de la familia Dieck, esta compañía opera en el municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés. Su director, Kamal Dieck Gabrie, ha sido también el presidente de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Honduras (Anamh).
Además de arroz, la Empresa Dieck & Dieck vendió 24.4 millones de lempiras en harina de trigo para la Operación HS, sumando en total 39.5 millones en sus ventas al Estado. Esta compañía se ubica en la octava posición de las empresas que realizaron mayores ventas para este programa asistencialista.
En segundo lugar, de los proveedores de arroz se encuentra el Beneficio de Granos Maturave S.A. Propiedad del productor agroindustrial Marco Tulio Ramos Velásquez, esta empresa ingresó 14.6 millones por la venta de arroz. Además, vendió harina de maíz y café molido, ingresando en total 22.4 millones.
Al igual que la Empresa Dieck & Dieck, el Beneficio de Granos Maturave S.A. goza de ventajas fiscales, como parte del «fomento» que provee el Estado a la producción agroindustrial. Según Dun & Bradstreet, esta empresa reporta un ingreso anual de 105 millones de lempiras.
En tercera posición, la empresa Industrias Molineras S.A. de C.V. (IMSA) vendió 6.1 millones de lempiras en arroz. Sumado a las ventas de harinas de maíz y de trigo, esta compañía ingresó en total 33.5 millones de lempiras.
IMSA forma parte del Grupo Corona, un consorcio fundado por Jorge Emin Abufele Salomón, otro exmiembro de la APROH, y asesor presidencial durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Este grupo incluye inversiones en el sector financiero, en la industria textil, en la exportación de café, en la venta de acero y en la construcción de empresas hidroeléctricas.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, IMSA ingresa 777.5 millones de lempiras anuales. Al igual que la mayoría de las empresas beneficiadas por la Operación HS, esta compañía también tiene algunos privilegios fiscales. Actualmente, su director general es Emin Abufele Marcos, quien ha sido presidente de la Cámara de Industrias de Cortés (CCIC) y vicepresidente del Cohep.
Propietarios de las empresas Inversiones de Generación Eléctricas, S.A. de C.V. (INGELSA) y Sociedad Eléctrica Mesoamericana, S.A. (SEMSA), el grupo económico de los Abufele tiene actualmente dos proyectos hidroeléctricos en el departamento de Atlántida, uno que opera sobre el río Mezapa y otro en construcción sobre el río Jilamito.
Ambos proyectos hidroeléctricos enfrentan procesos de resistencia por parte de las comunidades, quienes rechazan las construcciones en defensa del medioambiente y denuncian supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de las concesiones.
Sobre el río Mezapa también se construye la Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (HIDROCEP), propiedad de la familia Hawit, quienes, a través del Beneficio de Arroz Progreso, S.A. de C.V. (BAPROSA), vendieron cinco millones de lempiras en arroz y harina de maíz a la Operación HS.
Fundada en 1985 por Michel Hawit Mahchi, BAPROSA es una de las mayores productoras de arroz en Honduras, al grado que el festival de este grano básico en la ciudad de El Progreso lleva el nombre de este empresario.
Según Dun & Bradstreet, BAPROSA ingresa 202.5 millones de lempiras anuales. Su gerente general es Jason Hawit, también familiar de Jorge Johnny Handal Hawit, un diputado de Yoro por el Partido Nacional (durante cinco períodos), quien fue exdirector de BANADESA y viceministro de la SAG.
Al igual que los proyectos hidroeléctricos de la familia Abufele, la HIDROCEP ha sido denunciada por contaminar el medioambiente en el departamento de Atlántida. Por su oposición a este proyecto, la comunidad de Pajuiles ha sido constantemente reprimida por las fuerzas de seguridad pública.
Como las demás empresas arroceras de esta lista, el Beneficio de Arroz Progreso, S.A. de C.V. (BAPROSA) tiene privilegios fiscales.
Por la venta de 580 mil lempiras en arroz, la Industria Alimenticia Central S.A. de. C.V. (INDALCEN) es otro de los beneficiados por este rubro. En total, esta empresa ingresó 30.1 millones de lempiras, como proveedor de harina de trigo, espaguetis y de pasta de tomate, además del arroz.
INDALCEN es una subsidiaria de Molino Harinero Sula S.A., una empresa fundada en 1946 por el migrante polaco Boris Goldstein, quien formó uno de las familias tradicionales de la élite económica de Honduras. Su hijo, Gilberto Goldstein Rubinstein, también fue miembro activo de la APROH, donde coincidió con Paul Vinelli, uno de sus principales socios en la conformación del Grupo Financiero Atlántida.
En la década de los ochenta, el Grupo Goldstein era el sexto consorcio económico más poderoso del país, absorbiendo 4.9 % del total del capital financiero de Honduras. Actualmente siguen siendo uno de los consorcios más dominantes en el sector financiero (Banco Atlántida), mediático (Canal 11), energético, agrícola e industrial.
Cercanos a familias tradicionales del Partido Liberal, como los Rosenthal, los Goldstein también han estado vinculados directamente con el Partido Nacional. Gilberto Goldstein fue el secretario privado del presidente Callejas (1990-1994) y varios miembros de esta familia han sido diputados en diversas ocasiones en el Congreso Nacional (CN). En una entrevista, Gilberto Goldstein sostuvo que «mi participación en la política tiene dos razones. Una es de un compromiso con la patria, y segundo, como inversionista y empresario».
De acuerdo a Dun & Bradstreet, Molino Harinero Sula S.A. ingresa 680 millones de lempiras anuales. Además, también forma parte de las empresas que son exoneradas completa o parcialmente del pago de impuestos.
La empresa Inversiones y Desarrollos de Centroamérica (INDECASA) y el Granero San Miguel S.A. son las dos empresas restantes que vendieron arroz al Estado. La primera, ingresó 3.5 millones de lempiras, y la segunda, 3.4 millones.
INDECASA es propiedad de Sady Farid Andonie Reyes, quien fue diputado ante el CN por el Partido Liberal durante el período 2006-2010 y diputado suplente al Parlacén Centroamericano (2014-2018).
Por su parte, el Granero San Miguel S.A. es propiedad de la familia Handal Soliman, también dueña de la cadena de supermercados La Antorcha. Esta empresa productora de arroz, como otros citadas, está amparada en la política fiscal que otorga el Estado de Honduras al sector agroindustrial.
Criterio.hn te mostrará en la próxima y última entrega de esta serie, el lucro obtenido durante la pandemia por las multinacionales y un reducido grupo de empresas nacionales ligadas al poder económico.
Multinacionales y empresas controversiales se beneficiaron con Honduras Solidaria
Por: Ariel Torres
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Gráficos: Guillermo Burgos
IV ENTREGA/ Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo
Tegucigalpa. -En las jugosas ventas de la Operación Honduras Solidaria (HS) no podían quedar atrás las multinacionales que se han afincado en Honduras y empresarios nacionales ligados al poder económico y político y que sus negocios han crecido como la espuma en los últimos años.
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De los 757.5 millones de lempiras gastados para la Operación HS en su modelo centralizado, el 10 % fue absorbido por las ventas de empresas multinacionales que operan con compañías filiales o subsidiarias en Honduras.
En su cuarta y última entrega de la serie Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo, Criterio.hn te detalla los nombres y los montos de las empresas multinacionales que se convirtieron en proveedores del Estado para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
En primer lugar, de los consorcios internacionales se ubica la empresa Nestlé, la cual vendió al programa asistencialista 35.2 millones en sopas y cubitos de pollo.
Esta compañía de origen suizo, con presencia en 187 países, opera en Honduras desde 1964, donde se ha convertido en uno de los principales compradores de café del país. La empresa, gerenciada a nivel nacional por el suizo Kim Waigel, compra 300 mil quintales del grano hondureño, representando la mitad de sus adquisiciones a nivel centroamericano.
La segunda subsidiaria más beneficiada fue Derivados del Maíz de Honduras S.A. (DEMAHSA), propiedad del Grupo Gruma S.A.B. de C.V., una de las principales empresas mexicanas de la industria alimentaria. Por su venta de harina de maíz y de trigo, esta empresa ingresó 33 millones de lempiras.
El Grupo Gruma cuenta con 79 plantas y comercializa sus productos en 112 países, lideradas por la marca Maseca. A nivel centroamericano, se coloca entre las 30 principales empresas de la industria en general y entre las primeras 10 del sector de alimentos.
La familia González Barrera, fundadora del Grupo Gruma, es considerada la séptima familia más rica de México. Se trata de un consorcio que tuvo en Carlos Hank González a uno de los personajes más icónicos del empresariado y la política de ese país norteamericano, a quien se le atribuye la frase de «un político pobre es un pobre político».
Esta empresa llegó a Honduras en 1987 con la creación de la empresa DEMAHSA, donde construyeron una de las plantas de producción más moderna de América Latina, tras una inversión de 40 millones de dólares.
Por su parte, la Distribuidora Interamericana de Alimentos S.A. (DIA) vendió 24.3 millones de lempiras en pastas. Esta empresa forma parte de la Corporación Multi Inversiones (CMI), uno de los consorcios más poderosos de Centroamérica.
Fundada en 1936, CMI es propiedad de la familia dirigida por el guatemalteco Dionisio Gutiérrez, considerado como el segundo hombre más rico de la región y, quizá, el empresario más influyente en la arena política de su país.
CMI es la mayor productora de pastas a nivel centroamericano, absorbiendo varias marcas, entre ellas, compró en 1998 la marca Bruni, de origen nacional. En Honduras también es dueña de la empresa CADECA, quien a través de Pollo El Rey, concentra casi 50 % de la producción avícola.
La conexión de Dionisio Gutiérrez con Honduras, además de económica tiene también un curioso y dramático vínculo personal, ya que sus padres fallecieron en un accidente aéreo en 1974, cuando viajaban para ayudar a los damnificados del huracán Fifí en la zona norte del país.
El consorcio CMI es también dueño de la franquicia Pollo Campero (cuenta con 400 restaurantes en 15 países), un emporio que se extiende al sector financiero, inmobiliario, de telecomunicaciones, en los agronegocios y en la energía renovable.
Los Gutiérrez son uno de los 1,075 millonarios (con fortunas de 30 millones de dólares o más) que hay en Centroamérica, según las organizaciones británicas Wealth-X y UBS. En conjunto, estos empresarios acumulan 142 mil millones de dólares. Por países, el número se reparte con 260 millonarios en Guatemala, 225 en Honduras, 210 en Nicaragua, 160 en El Salvador, 120 en Panamá y 100 en Costa Rica.
Por último, la filial Unilever de Centroamérica S.A. de C.V. ingresó 3.8 millones de lempiras en la Operación HS, por la venta de jabón para lavar platos y pasta de tomate.
Unilever es una empresa británico-neerlandesa, proveedora líder en el mundo de productos de belleza, cuidado personal, alimentos y refrescos, con presencia en más de 190 países. En Honduras amplió sus ventas a partir del 2000, al comprar al Grupo Dinant el portafolio y la producción de la Compañía Cressida.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, su filial en Honduras reporta ingresos anuales por 3.5 mil millones de lempiras. Además, esta es otra de las empresas que recibe algún tipo de privilegios fiscales en el país.
OTROS PROVEEDORES DE ALIMENTOS
Con 24.9 millones de lempiras, la empresa Distribuciones de Todo S. de R.L., fue el mayor vendedor de avena para la Operación HS. Esta compañía se dedica a la venta de productos alimenticios, limpieza de plantas solares, venta de combustible, comunicación y tecnología. Ubicada en Choluteca, esta es de las pocas empresas que no estén registradas en la zona central o norte del país.
Por su parte, la Fábrica Especias Don Julio S. de R.L. ingresó 16.9 millones de lempiras por las ventas de cubitos de pollo, pastas y salsas de tomate.
Propiedad de la familia Sabillón Portillo, esta empresa, fundada en 1977 se dedica al procesamiento, importación y exportación de productos de limpieza y alimenticios, bajo las marcas Don Julio y Doña Carmen. Desde el 2019, esta compañía exporta 34 productos a Estados Unidos, donde son comercializados por las tiendas Walmart. De acuerdo a Dun & Bradstreet, la empresa ingresa 287.5 millones de lempiras anuales.
En la otra cara de la medalla, en 2015, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron una investigación sobre lavados de activos e incautaron varios bienes de Rolando Sabillón Portillo, ligándolo presuntamente al narcotráfico.
Ante las acusaciones de la fiscalía, la familia Sabillón Portillo expresó que todas sus propiedades y bienes habían sido adquiridas de manera legal, y recordaron que incluso el edificio donde operaba el Ministerio Público en San Pedro Sula, era alquilado a ellos, supuestamente por 240 mil lempiras mensuales.
Por último, en noviembre de 2018, cuando Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Hernández, fue arrestado y declaró ante agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas), mencionó que «el dueño de la empresa Don Julio formaba parte de las reuniones ligadas al tráfico de drogas». Sin embargo, esta presunta vinculación no procedió a una investigación judicial.
En cuanto a los proveedores que vendieron avena, la compañía Alimentos ABC S.A. de C.V. ingresó 6.2 millones de lempiras, la Surtidora Internacional S.A. de C.V. (SISA), 5.1. millones; y, la Distribuciones A.M. de S.A. de C.V., 1.1 millones.
Por su parte, la Compañía Distribuidora S.A. (CODIS) vendió manteca por 1.6 millones de lempiras y la empresa Productos Importados Americanos S.A. de C.V. (PROIMA) vendió 11.6 millones en sardinas a la Operación HS.
Alimentos ABC S.A. de C.V. es una empresa «hermana» del Grupo IMSA, propiedad de las familias Facussé Salomón y Abufele Marcos. Mientras SISA y CODIS, quienes en conjunto sumaron 6.7 millones en ventas, forman parte del Grupo Empresarial Kafie, presidido por Rafael Schucry Kafie Larach.
Como sucede con los Nasser o los Atala, la familia Kafie es de los grupos económicos que en la década de los ochenta no aparecían como los más poderosos de Honduras. En esos años, las Inversiones Kafie representaban apenas 0.06 % del capital financiero del país. Sin embargo, este porcentaje creció en los noventa y en la primera década del presente siglo, hasta convertirse, para algunos, en el grupo familiar económico más poderoso del país.
Actualmente, el Grupo Kafie tiene inversiones en la banca (Ficohsa), en la importación y distribución de consumibles (SISA y CODIS), en la agroindustria, en la producción de alimentos, lácteos, jugos (LACTHOSA), en el sector farmacéutico (DIMESA y DROMEINTER) y, sobre todo, en la generación de energía eléctrica (LUFUSSA).
Como en el caso de otros empresarios que a inicios de los noventa aprovecharon la política de privatizaciones (como los Rosenthal y los Goldstein con Cementos del Norte), los Kafie adquirieron Leche Sula, una empresa estatal creada en 1950, la cual transformaron en Lácteos de Honduras S.A. (LACTHOSA).
Sin embargo, su negocio más rentable ligado al Estado es la generación de energía térmica, llegando a abastecer entre 25 % y 40 % de la energía en el país a través de su empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (LUFUSSA). De acuerdo a Dun & Bradstreet, esta empresa ingresa 529.7 millones de lempiras anuales. Cabe recordar que después de Nicaragua, Honduras es el país centroamericano con los costos de energía más altos en la región.
Como ocurre con otras empresas, siempre hay escándalos que las salpican. En 2015, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de Schucry Kafie Larach, como mayor accionista de la Empresa Distribuidora Metropolitana de Equipo Médico (DIMESA), a quien se le acusó por el delito de estafa en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS).
La cabeza más visible del Grupo Kafie fue señalado por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHHS) por sobrevalorar un contrato que ascendió a 2,500 millones de lempiras con esa institución. Por su parte, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con su investigación «Licitación Fraudulenta del Seguro Social» señaló que el instituto pagó 50 millones de lempiras de más a la empresa DIMESA.
A pesar de las acusaciones, en enero de 2019 el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán emitió la carta de libertad definitiva a favor de Schucry Kafie Larach, cerrando la causa en su contra. Un año después, la MACCIH también sería clausurada.
Por su parte, la empresa Distribuciones A.M. de S.A. de C.V., propiedad de la familia Maduro, vendió 1.1 millones de lempiras en avena para la Operación HS.
Dirigida por Arturo Osmond Maduro Zelaya, sobrino del expresidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006), esta empresa se dedica a la distribución de bebidas y alimentos en todo Honduras.
La familia Maduro es uno de los grupos económicos y políticos más sólidos del país. Durante la década de los ochenta, este grupo absorbía 1.68 % del capital financiero del país. En esos años, Osmond Maduro (hermano del expresidente) fungió como el encargado de «asuntos educativos» para la APROH. Por su parte, Ricardo Maduro dirigió las dos campañas electorales de Rafael Leonardo Callejas, quien ya en el poder lo nombró presidente del BCH y coordinador de su gabinete económico, encargado de implementar las medidas de ajuste neoliberal.
Se afirma que con el impulso adicional del Grupo Roble/Poma de El Salvador, Ricardo Maduro alcanzó la presidencia en 2002, conformando uno de los mandatos más evidentemente «corporativistas» en la historia de Honduras. En su gabinete incorporó a empresarios como Camilo Atala (fundador del Grupo Ficohsa), Eduardo Kafati (Grupo Intur) y a Mario Canahuati (empresario maquilador), entre otros.
También socio de la Corporación Dinant, el grupo de los Maduro es considerado por la Revista Forbes, como el cuarto conglomerado económico más poderoso de Honduras, con una fortuna que asciende a 24.7 mil millones de lempiras.
En medio de la pandemia, este grupo empresarial también ha tenido su cuota de acusaciones. El gerente de Distribuciones A.M. de S.A. de C.V, Arturo Maduro Zelaya, fue vinculado en abril de 2020 por la venta presuntamente irregular de equipos de bioseguridad a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), dirigida en ese momento por Marco Bográn, destituido en junio por supuestos actos de corrupción. (Ver publicación de Criterio.hn «Tentáculos de la corrupción sacuden a Honduras»).
De acuerdo con la información trascendida, la empresa Access Telecom, supuestamente propiedad de los Maduro, sobrevaloró el precio de los implementos de bioseguridad hasta en un 100 %, en una orden de compra que alcanzó los 88 millones de lempiras. Como en otros casos, a pesar de las denuncias, no hubo ninguna citación judicial. Semanas después del escándalo, la empresa Distribuciones A.M. de S.A. de C.V fue una de las proveedoras de la Operación HS.
Las compras en suministros alimenticios para este programa asistencialista concluyeron con la inversión de 842 mil lempiras en pastas por la empresa DISNA de Honduras S.A. de C.V., propiedad de la familia Zablah. Mientras a las productoras salineras y camaroneras Hernández y San Lorenzo (ambas ubicadas en el sur del país) se les compró 3.4 millones de lempiras y 252 mil en sal, respectivamente.
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LOS FARMACÉUTICOS Y PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE
De los 757.5 millones de lempiras gastados, 6 % ingresó a las arcas de las empresas Intercosmo S.A. de C.V. e Industrias Chamer S.A., proveedoras de jabones y gel antibacterial. También socios del Grupo Ficohsa, la familia Chahín Chahín es dueña de ambas empresas.
Otro proveedor beneficiado por la venta de gel antibacterial fue la empresa Laboratorios Finlay S.A., al vender 14.8 millones de lempiras de este producto.
Propiedad de la familia Canahuati Larach, esta empresa forma parte de uno de los grupos económicos más influyentes de Honduras. Un núcleo empresarial que cuenta con extensas ramificaciones en diversos sectores, tales como la industria farmacéutica, la financiera, la generación de energía, medios de comunicación, y en la producción de bebidas y alimentos. En el pasado también se le vinculó en una operación de importación y venta de armas a la Policía Nacional de Honduras (PNH) y a las Fuerzas Armadas.
Durante la década de los ochenta, los grupos Larach y Canahuati absorbían en conjunto el 3.8 % del capital financiero de Honduras.
Liderada por Jorge Canahuati Larach, quien fue el primer presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (ASETEL), este grupo tiene una importante cuota de influencia pública al ser dueño de la Organización Publicitaria S.A. (OPSA), de donde se derivan los diarios El Heraldo y La Prensa. Actualmente él es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Desde su fundación en 1962, el Laboratorio Finlay S.A. es uno de los principales proveedores de medicamentos al Estado hondureño. Para citar un ejemplo, de 2005 al 2011 vendió 288 millones de lempiras a la red hospitalaria pública, convirtiéndolo durante ese periodo en el cuarto máximo vendedor de medicamentos al Estado. De acuerdo a Dun & Bradstreet, este laboratorio ingresa 278 millones de lempiras al año.
La familia Canahuati Larach fue considerada por Forbes, como uno de los cinco grupos más ricos de Honduras, con una fortuna de 32.5 mil millones de lempiras.
Por su parte, el Grupo Macdel, que es una de las 14 empresas farmacéuticas beneficiadas con la exoneración de impuestos para la importación de materias primas como parte de las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria, vendió 10.8 millones de lempiras en gel antibacterial y jabones. Dirigida por Víctor Manuel Lara, esta empresa fundada en 1984, reporta ingresos de 339.5 millones de lempiras al año.
Inversiones y Equipos S de R L y Hush Cosmetics Products, S.R.L fueron otros de los mayores vendedores de gel antibacterial y jabones, ingresando 8.8 millones de lempiras cada uno. En mayo, la primera de estas dos empresas también le vendió 100 mil mascarillas a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
Propiedad de los Andonie Bendeck, la Droguería Andifar S. de R.L. de C.V., fundada en 1971, vendió 7.7 millones en gel antibacterial. Esta compañía farmacéutica ingresa unos 254 millones de lempiras anuales. Sus propietarios también figuran como socios del Grupo OPSA, la corporación de medios de comunicación, dirigida por Jorge Canahuati Larach.
La familia Kafie vuelve a figurar, ahora como dueños de la empresa farmacéutica Droguería Médica Internacional S.A. de C.V. (Dromeinter), ingresando 3.5 millones de lempiras.
Dirigida por Alex Rodolfo Kafie Handal, esta empresa fundada en 1987, ha sido una de las mayores proveedoras de medicamentos al Estado. Entre 2005 y 2013, Dromeinter ingresó 480 millones de lempiras por la venta de medicamentos a la Secretaría de Salud. De acuerdo a Dun & Bradstreet, la empresa genera 233.5 millones de lempiras anuales.
En 2017, el nombre de Alex Rodolfo Kafie Handal, quien también fue cónsul honorario de la India, fue mencionado en la investigación de los llamados «Papeles de Malta», una deriva de los «Panamá Papers», donde se reveló cómo ese país europeo se había transformado en un paraíso fiscal (evasión fiscal) para empresas y personas de todo el mundo.
De acuerdo con la investigación periodística publicada por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), al igual que en Panamá, muchas empresas registran sus compañías en Malta, con el objetivo de pagar menos impuestos. En la investigación aparece el gerente de Dromeinter como director de una empresa registrada en Malta, a nombre de Techno Systems Group Limited.
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Otro de los proveedores de la Operación HS que aparece en estos escándalos mundiales de evasión fiscal, es Gilberto Goldstein, quien supuestamente registró la empresa Melston Investment Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas (un diminuto territorio de ultramar con 27 mil habitantes).
Por último, el Grupo Deware S.A. ingresó 751 mil lempiras por la venta de gel antibacterial; el Grupo Jaremar de Honduras S.A. de C.V., 740 mil lempiras por proveer de harina de trigo y jabones; la Distribuidora Comercial Americana S.A. (DECASA) ingresó 584 mil lempiras por su venta de papel higiénico; y, la empresa Modelica S.A. de C.V., vendió 394 mil lempiras en jabón para lavar ropa.
El Grupo Jaremar de Honduras S.A. de C.V. es propiedad del nicaragüense, René Morales Carazo, quien junto a otros ganaderos y agroindustriales como Reynaldo Canales y Miguel Facussé Barjum, amparados por la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), se adueñaron, vía compra, de extensas parcelas de tierras de la antigua reforma agraria en la zona del Bajo Aguán.
Proveniente de una familia de políticos y banqueros, René Morales y su hermano Jaime Morales Carazo se instalaron en Honduras después del triunfo de la revolución nicaragüense en 1979.
Tras el final de la guerra fría, René Morales se volvió dueño de una parte de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde el ejército estadounidense entrenó a los contrarrevolucionarios centroamericanos. Por su parte, Jaime Morales retornó a Nicaragua en 1996, donde fue jefe de campaña y ministro del gobierno del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002). Posteriormente, en 2007, fue viceministro en el gobierno sandinista de su otrora enemigo, Daniel Ortega.
En Honduras, René Morales también fue socio del Banco Uno S.A., adquirido en 2002 por la empresa multinacional Citigroup. Actualmente, el Grupo Jaremar se dedica a la producción industrial de alimentos derivados de la palma africana, así como a la generación de biomasa. En 2003 adquirió las acciones en Honduras de la empresa multinacional DOLE.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, el Grupo Jaremar ingresa 830 millones de lempiras anuales.
Por último, la Distribuidora Comercial Americana S.A. (DECASA), la cual ingresó 584 mil lempiras por su venta de papel higiénico, es una sucursal del grupo salvadoreño Summa Industrial, propiedad de la familia Araujo Eserski, propietarios del Banco Azul, que opera solamente en El Salvador.
En definitiva, estos son los grupos empresariales proveedores de la «bolsa solidaria» implementada por el gobierno que encabeza Juan Hernández. La pandemia para ellos, al menos en este rubro, ha sido un «contagio» rentable.
Honduras: Pandemia golpea el bolsillo de los más pobres
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
San Pedro Sula. –Desde hace dos semanas doña María recorre nuevamente las calles sampedranas empujando un pequeño coche en el que vende bolsas con cacahuates y otros frutos secos. El toque de queda, provocado por el COVID-19 que suma a la fecha cerca de cien mil casos y 2,736 muertes, había dejado a esta mujer de 65 años sin la oportunidad de ganarse la vida honradamente.
“No podíamos salir a vender. Aquí no se miraba nadie en las calles, estaba “pelado”, le dice a Criterio.hn señalando una céntrica avenida sampedrana. Como no podía trabajar, le tocó pedir en uno de los bulevares de San Pedro Sula. Dejó la pobreza para convertirse en miserable al comenzar a depender de la caridad de los transeúntes. “Al principio me daba penita porque yo nunca había andado pidiendo, pero no me quedó otra alternativa”, nos cuenta con una sonrisa y la satisfacción de saber que su día de trabajo ha terminado.
Para llegar a su casa, doña María deberá caminar unos cuatro kilómetros hasta la colonia Gracias a Dios donde vive con sus seis hijos. “Sigo trabajando porque no quiero ser una carga para mis hijos, porque ellos son pobres también”, nos explica.
La historia de doña María no es única. Es un retrato de miles de situaciones que ha dejado a su paso la pandemia. El hambre provocada por las medidas para contener la propagación del COVID-19 expuso a la mendicidad a miles de hondureños.
Esta condición de vulnerabilidad económica no es nueva, antes de la pandemia Honduras ya tenía uno de los índices de pobreza más altos de Latinoamérica. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2018 el 61.8 de los hogares hondureños eran pobres y de ese porcentaje, el 38 % eran extremadamente pobres.
Para el mismo período, el INE reflejaba en sus estudios que el 19.7 de los hogares hondureños, sobrevivían con un dólar al día. Estos indicadores después de siete meses de pandemia no son los mismos, han empeorado.
El economista Hugo Noé Pino expresa que las estimaciones realizadas indican que el porcentaje de pobreza puede aumentar hasta en un 5 %. Además, sostuvo que al mes junio el Banco Central de Honduras establecía un decrecimiento económico de alrededor del 10 %, debido al incremento del desempleo y la falta de ingresos en los hogares, como resultado de los impactos de la crisis sanitaria.
El exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central refiere que los efectos de la pandemia en la actividad económica son sumamente fuertes, a tal grado que el mismo BCH estima que el crecimiento económico puede disminuir entre 7 y 8 % durante el 2020.
Estas proyecciones macroeconómicas, ya las sufren personas como doña María, quien desde las nueve de la mañana recorre las calles sampedranas, pero sus ventas ya no son iguales. Antes del confinamiento la sexagenaria vendía hasta 1500 lempiras (unos 60 dólares) en cacahuate, pero ahora su venta se ha reducido a unos 500 diarios (20 dólares).
El sector informal de la economía dice Pino, se ha visto afectado por la poca movilidad, ya que la reapertura comercial sigue siendo limitada. El gobierno a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), permite la salida de personas mediante el último dígito de la tarjeta de identidad. En este momento pueden circular dos terminaciones, pero esto se cumple en la mayoría del comercio formal no así en la economía informal.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA CANASTA BÁSICA
El sol se esconde entre los nubarrones y en San Pedro Sula hay amenaza de lluvia. Doña María camina presurosa hacia su casa. Por el trabajo realizado ese día y otros, le pagarán 100 lempiras. No tiene ganancias porque el negocio de semillas y frutos secos no es de ella. A ella solo le queda lo poco que gana por vender.
La pandemia ha incluido nuevas necesidades en la canasta básica de los hondureños. Ahora comprar mascarillas o gel tienen tanta importancia como comprar frijoles o arroz. Pero doña María no percibe más dinero. Los únicos 100 lempiras que gana cuando sale a vender, y no lo hace todos los días, tiene que estirarlos para protegerse y proteger a los suyos. “Uno no puede darse lujos”, nos dice.
Doña María vive en la colonia Gracias a Dios, ubicada en las faldas de la montaña de El Merendón, donde comparte un predio con sus seis hijos. “Claro que he dejado de comprar algunas cosas (de la canasta básica)”, nos cuenta en referencia a los esfuerzos que debe hacer para hacerle frente a los nuevos costos de la pandemia.
Pese a que sus ingresos la convierten en una subempleada (trabaja 36 horas a la semana y gana menos del salario mínimo), doña María conserva la posibilidad de seguir trabajando, aunque no tenga las condiciones dignas de un trabajador como les ha ocurrido a miles de hondureños que perdieron sus fuentes de trabajo debido a la crisis sanitaria.
Aunque no hay una cifra exacta, las estimaciones de economistas sugieren que en ocho meses de pandemia se han perdido entre 300 mil y 500 mil empleos. La cifra abarca despidos y trabajadores suspendidos que aún no regresan a sus labores.
Alejandro Kafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) sostiene que la pandemia ha incrementado las obligaciones de los hogares hondureños y muchos que han perdido sus ingresos no tienen cómo hacerle frente. Las facturas de servicios como la energía eléctrica, con un mayor consumo al pasar más tiempo en el hogar, y el internet ha aumentado los gastos de las familias, por el teletrabajo y las asignaciones escolares de los niños y jóvenes estudiantes.
A finales de 2019 el equipo del Fosdeh calculó que el precio de la canasta básica en Honduras era de 15,000 lempiras y el salario mínimo para ese entonces estaba en 9,400 lempiras. “Desde ahí ya había un desequilibrio, que ahora es más agudo en medio de la pandemia”, sostiene Kafati.
Añadió que en el país hay zonas como el occidente y oriente donde algunos productos básicos han presentado una rebaja, sin embargo, la canasta básica en promedio ha tenido un incremento de 3.58 %, en comparación a 2019.
Kafati recuerda que el gobierno emitió una orden de congelamiento de precios, pero concluye que en este momento de escaso poder adquisitivo esa medida es de poca ayuda: “No va a tener ningún efecto porque puede estar un litro de leche a ocho lempiras, pero si no los tengo no lo voy a poder comprar”.
MIPYMES Y DESEMPLEO
En una aldea de Villanueva, en el norteño departamento de Cortés, un negocio forjado durante 10 años de trabajo casi desaparece en ocho meses de pandemia. Alexis Ordóñez es un hombre emprendedor. Junto a su familia tomó el reto de vender jugos de fruta, “si no fuera por el azúcar, serían completamente naturales”, nos dice. En un inicio los vendía en bolsa, pero al pasar los años cambió su presentación a una botella plástica, en cuya etiqueta aparecía el nombre “Tío Gil”, la marca con la que los bautizó.
El negocio iba bien, se ubicaban en las afueras del Zip Buena Vista en Villanueva, un enorme parque industrial asentado en el municipio azucarero. Ahí cada día, Alexis y su familia ofrecían sus jugos a unos 4500 empleados que entraban o salían de sus labores. El emprendimiento crecía hasta que llegó la pandemia.
Alexis dejó de vender por el confinamiento y por el miedo a contagiarse del virus. No quería poner en riesgo a sus dos hijas y a su padre que vive con él. Dejó de percibir hasta el 90 % de los ingresos que tenía antes de la pandemia. “Antes nos iba, gracias a Dios, bien”, dice.
Su negocio de 10 años estuvo muy cerca de derrumbarse. Pero desde hace dos semanas la familia comenzó nuevamente a vender jugos. Con la reapertura las botellas plásticas quedaron en el olvido. Han vuelto a las tradicionales bolsas plásticas. En la primera semana sus ventas no fueron las esperadas, debido a que la cantidad de gente que pasa por enfrente de su negocio es mucho menos.
No fue el único golpe para la familia. En el 2019, Alexis también decidió abrir un colegio privado en la aldea Pueblo Nuevo en Villanueva. “Ahora estamos con esta situación horrible. En el colegio fue fatal realmente”, confiesa. Gracias a que los maestros han aceptado un pago menos del acordado, la institución se mantiene brindando clases.
El caso de esta familia no es único. De acuerdo con cifras en manos de Alejandro Kafati, más del 56 % de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) cerraron o quebraron a consecuencia de la pandemia. Este sector ha sido muy golpeado porque históricamente no ha tenido acceso a crédito, asegura.
Sostiene que desde antes de la pandemia era un sector bastante marginado, pero paradójicamente muy importante para la economía nacional, pues las Mipymes contribuían con el 34 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generaban el 70 % de los empleos formales, que eran cerca de 900 mil. La crisis en este sector de la economía ha dejado en el desamparo a miles de familias hondureñas.
Las cifras que manejan la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y el Fosdeh señalan que los empleos perdidos serían arriba de 300 mil y podría acercarse al medio millón. Al perderse los puestos de trabajo ha provocado que crezca el subempleo –toda aquella persona que labora más de 36 horas a la semana y gana menos de un salario mínimo– “con los despidos y el poco dinamismo económico esos niveles de subempleo se han visto incrementados”, asegura Kafati.
En datos publicados por el INE en septiembre de 2018, la tasa de desempleo abierto era de 5.6 %, el subempleo visible de 14.2 y el subempleo invisible de 48.5 %.
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Desde hace años, Sobeida venía pensando en iniciar una actividad que le generará ingresos extras, pero se lo impedía el cuido de una hija de seis y uno de tres años. Pero las vicisitudes generadas por la pandemia la obligaron a iniciar su proyecto.
Hace un mes colocó en la esquina del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula una carpa, una mesa y un recipiente grande para la venta de jugos de naranja. A pocos metros de ella sus dos pequeños corretean y montan en bicicleta. “Hay algunos días buenos y otros no tanto”, nos cuenta.
La determinación de ir a vender a la calle llegó cuando se le acumuló la mensualidad de la escuela donde estudia su hija. “Nos hemos visto afectados económicamente”, refiere al hablar de la pandemia, mientras nos advierte que prefiere no aparecer en fotos.
Uno de los estratos sociales más golpeados por la pandemia es la clase asalariada, según el economista Hugo Noé Pino, quien nos explica que aun sin vivir la crisis sanitaria este sector se enfrentaba a un nivel elevado de supervivencia. “Algunos que son pobres pueden pasar a la extrema pobreza”, nos comenta.
“Y una persona de clase media baja puede pasar a la pobreza. Esto se está viendo en la pérdida de ingresos que tienen las familias. La clase media baja puede pasar a la pobreza por falta de recursos, ahorros o activos físicos”, nos explica el también exministro de Finanzas durante el gobierno del derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Ejemplo hay muchos. Alexis Ordóñez perdió mucho de lo que había trabajado durante 10 años, pero se lo toma con un poco de humor. “Ahora debe uno volverse vegetariano, no hay que comer tanta carne. Lo que salga más barato” y agrega, mientras se le escucha una pequeña carcajada: “si antes comíamos cuatro tortillas, creo que con tres nos llenamos ahora”.
CORRUPCIÓN Y PANDEMIA
En Honduras, la corrupción ha sido un pan infaltable en la mesa. En los últimos tres gobiernos nacionalistas las denuncias por corrupción han aflorado por todas partes, siendo el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el caso más vergonzoso y representativo, en el que se estima se desviaron a bolsillos privados alrededor de 350 millones de dólares que estaban destinados a preservar la salud y las pensiones de los trabajadores.
También hubo denuncias de corrupción en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y en el Congreso Nacional. A excepción del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, y otros funcionarios de esta institución, que ya fueron condenados por algunos delitos, lo demás quedó en denuncia.
Las estructuras dedicadas a saquear el erario no descansaron en tiempos de pandemia. Recientemente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estimó, al presentar el informe número doce, que la corrupción en tiempos de la pandemia ha provocado al Estado de Honduras una pérdida de más de L. 817 millones.
Uno de los casos más notables de corrupción ha sido el de la compra de siete hospitales móviles a una empresa de maletín con sede en los Estados Unidos. El CNA asegura que en esta compra hubo una sobrevaloración de 32 millones de dólares.
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Por la compra de los siete hospitales móviles el gobierno hondureño pagó por adelantado 48 millones de dólares y recién en octubre comenzó a funcionar a medio vapor el primero en San Pedro Sula, de dos que llegaron en julio. Dos más llegaron en octubre y quedan pendientes tres. Los hospitales se pagaron en marzo.
Hay otras denuncias de sobrevaloración en compras de mascarillas y equipo médico. Para el economista, Hugo Noé Pino, el gobierno de Juan Hernández está más interesado en canalizar recursos para continuar con el asistencialismo el próximo año de cara a las elecciones generales.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CICC), Pedro Barquero, manifestó a Criterio.hn que en Honduras nunca se terminó de tomar las medidas para controlar la pandemia de una manera más afectiva: “Nunca se hizo la suficiente cantidad de pruebas rápidas, reaccionamos tarde con los centros de triaje, esas cosas afectaron en salud y tienen repercusiones en la economía”.
En opinión del dirigente empresarial, la corrupción ha puesto en riesgo no solo la salud de los hondureños por la mala utilización de los recursos, sino que también el largo encierro y las restricciones de movilidad afectan directamente la economía, porque dilatan la posibilidad de una recuperación económica y con ello el regreso de los puestos de trabajo.
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PAGAR DEUDAS CON MÁS IMPUESTOS
Los expertos auguran momentos duros para Honduras y su economía durante al menos los próximos tres años. Y las cifras lo reafirman. De acuerdo con las estimaciones de Fosdeh, la economía del país ha perdido al menos 180 mil millones de lempiras en los meses de confinamiento.
Además, el economista del Fosdeh, Alejandro Kafati, indica que Honduras podría terminar con una deuda de 15,500 millones de dólares al finalizar este año. Esta cifra significa casi el 66 % del PIB, “esto ya genera un problema incluso, en un panorama de normalidad, porque año con año vamos a dedicar más recursos de nuestros impuestos a pagar la deuda”, señaló.
Para Hugo Noé Pino las implicaciones son fuertes debido a que la pandemia ha obligado a sobre endeudarse al país y eso vendrá a agudizar el problema fiscal.
Entre tanto, Pedro Barquero, advierte que Honduras tendrá un retroceso de 8 o 9 % en el Producto Interno Bruto (PIB) y que su economía tardará de tres a cinco años en recuperar el terreno perdido con la pandemia.
El directivo de la CICC vaticinó que los hondureños pasarán los próximos 30 o 35 años pagando las deudas que está dejando este gobierno y que eso es lamentable porque todo el endeudamiento de los últimos 10 años —que a su juicio ha sido de unos 10 o 12 mil millones de dólares— no ha traído ningún beneficio para la población.
Con este panorama, dice Alejandro Kafati, hay indicios de que el próximo gobierno deba acogerse a una reforma tributaria fuerte para hacerle frente a los compromisos. En buen español, el economista advierte de más o nuevos impuestos para cubrir el nivel de endeudamiento y la caída de la economía.
El Covid está dejando a su paso muerte, corrupción y pobreza, pero sus secuelas aún no están a la vista. Podría ser el peor momento en la economía de Honduras y al golpear fuertemente la macroeconomía también surgen estragos en los bolsillos de gente como doña María, que ofrece sus cacahuates con una sonrisa en las calles sampedranas.
Compras de vacunas en Honduras podrían conllevar a nuevos actos de corrupción
Colegio Médico sugiere ponerle «lupa» al tema y advierte que si el gobierno no garantiza la cadena de frío que requieren las vacunas, éstas se podrían dañar como ocurrió con 250 mil pruebas PCR.
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – Nuevos desplantes asoman ahora en las compras directas de la vacuna contra la Covid-19 que hará el gobierno y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), en un nuevo capítulo que rememora las compras irregulares y fraudulentas de insumos, ventiladores mecánicos y hospitales móviles aún inoperantes, en el preámbulo de un nuevo pico del patógeno viral que se podría registrar en enero de 2021 en el país.
La Constitución de la República en el artículo 145 dice que “se reconoce el derecho a la protección de la salud. El deber de todos a participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas…”.
Pese a ello médicos denuncian que Honduras no figura en la pre lista para la compra de la vacuna producida por AstraZeneca, mientras el gobierno, al que califican de irresponsable, dice garantizar el acceso a una vacuna que solo tiene 70 % de efectividad contra el patógeno viral.
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En noviembre el Congreso Nacional aprobó la compra directa 1.4 millones de dosis de vacunas y cubrir la demanda de 700 mil derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en una sesión virtual en la que la Junta Directiva del Poder Legislativo rechazó propuestas de asesoría científica e instancias de transparencia en la compra del fármaco.
Con la Ley de Vacunas de 2014 Honduras logró dosis para el 20 % de la población a través de la Alianza Mundial para las Vacunas (GAVI), que administra el mecanismo COVAX Facility para el acceso y certificación por una autoridad reguladora estricta de referencia para la Organización Mundial de la Salud (OMS), como las agencias de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos.
El 20 % de las dosis será obtenido por el Estado de Honduras en carácter de donación y se estima en al menos 1.9 millones de dosis.
Recientemente la secretaría de Salud solicitó al Congreso Nacional la aprobación de 748 millones de lempiras para adquirir otras 1.9 millones de dosis y acumular 3.8 millones para atender a la población en riesgo.
La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ida Berenice Molina, detalló que, en aplicación de la Ley de Vacunas, las dosis serán compradas a través del fondo rotatorio de los estados miembros de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Será la OMS la que definirá cuál de las vacunas, que está en proceso de aprobación, llegue al país tentativamente en el segundo semestre de 2021, mientras que las dosis con AstrZeneca, de acuerdo con el contrato suscrito con el Cohep, se espera que comiencen a llegar en el segundo trimestre.
En cuanto al IHSS el componente de compra se basa en un anticipo de 20 % por adhesión a la compra; 40 % más si una agencia reguladora autoriza el fármaco, ambos pagos son capital de riesgo propicio a perder si el fabricante recibe una oferta más atractiva; y el 40 % restante en el momento de entrega de la vacuna.
El procedimiento lo cubre una garantía de 1.5 millones de dólares que aporta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (COHEP), por si fracasa el proceso de elaboración y no se afecte las finanzas del Seguro Social ya que un banco o una aseguradora cubriría el riesgo financiero de compra, según Carlos Salinas, miembro de la Junta Interventora del IHSS.
No obstante, los expertos critican que el procedimiento de compra por sí sola no cubre posibles efectos secundarios o secuelas que implican una pócima no certificada por La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), como punto de inflexión en antecedentes de impunidad en el saqueo del IHSS, frecuentes actos de corrupción en Inversión Estratégica de Honduras, (Invest-H) y la Comisión Permanente de Contingencias, (Copeco), en el manejo de los recursos públicos durante la pandemia de Covid-19.
INMUNIZADOS
La búsqueda y acceso a la cura de la Covid-19 es de poder público-privado de las potencias mundiales por producirla y acapararla como muestran inversiones millonarias y no existe un punto de equilibrio cuando los países pobres y subdesarrollados solo tienen acceso garantizado para el 20 % de su población.
Y a pesar de la unión de esfuerzos de los más débiles y de los organismos mundiales para disponer de ella, también confluyen intereses y compromisos de empresas privados y la opacidad en cláusulas de confidencialidad con la que actúan gobiernos de cuestionada legalidad y legitimidad como la actual administración hondureña.
El futuro de la salud y la vida de los hondureños está ante un riesgo inimaginable e incierto, y si las vacunas son insuficientes y la inmunización del fármaco producido por AstraZeneca es insuficiente, el aislamiento, distanciamiento social y las medidas de bioseguridad serán las mejores barreras para evitar que más gente enferme y que un porcentaje de ellos mueran.
Las compras serán bajo la cuestionada credibilidad del gobierno, la voracidad de firmas farmacéuticas y dudas de que la vacuna no sea peor que la enfermedad. Quizá lo único rescatable sea la experiencia que dejó la campaña de vacunación contra la poliomielitis de 1984, cuando más de un millón de infantes recibieron su dosis en una sola jornada de 48 horas.
LA POLITIZACIÓN
El temor de que la política contamine el manejo de la vacuna es otra posibilidad por el uso político que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo con la vacuna en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.
En Honduras esa arma se convierte en la utilización de los recursos públicos, aprovechando la pandemia y los dos huracanes que azotaron al territorio hondureño en noviembre pasado, para comprar votos de cara a las elecciones. A diario se ve a los precandidatos presidenciales, a alcaldes y a diputados, repartiendo víveres, ropa, frazadas, entre otras cosas. La mayoría del partido de gobierno (Nacional), pero en estas acciones también se incluye a candidatos a diputados de la oposición que buscan la reelección y que también reciben fondos estatales.
En un año político, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) Suyapa Figueroa, no descarta que la vacuna sea utilizada como instrumento político por parte del gobierno para buscar votos que favorezcan la permanencia en el poder del Partido Nacional.
“Este gobierno es capaz de cualquier cosa, nosotros de este gobierno podemos esperar lo peor y el hacer actos demagógicos con la vacuna sería más bien poco, para lo que han hecho. Han negociado con el hambre de la gente, aquí han negociado con esa gente que está muriendo de sed y comida, entonces si no les dan una bolsa solidaria por no tener simpatía política, por qué no pensar que no pueden hacer esto con la vacuna”, expresó Figueroa en una entrevista con Criterio.hn.
El 25 de noviembre el presidente de Honduras, Juan Hernández, firmó en calidad de testigo de honor una carta de intención con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 1.400.000 dosis de vacuna ZD 1222 contra la Covid-19 por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Y el 26 de noviembre envío al Congreso Nacional una iniciativa de ley para que se garantice que la vacuna contra la Covid-19 sea gratuita para los hondureños.
Ante la falta de transparencia y los reiterados actos de corrupción, la presidenta de los médicos hondureños pidió, tras la aprobación en el Congreso Nacional de la adquisición de las dosis, que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) investigue a profundidad el tipo de vacuna y si su manejo puede ser garantizado por el gobierno.
“Yo le sugeriría al CNA que investiguen exhaustivamente si se está haciendo de acuerdo a la ley y a los procedimientos, yo le pondría lupa a ese tema”, sugirió Figueroa.
La compra, abastecimiento y calidad de la vacuna son dudosos, afirma segura Carlos Umaña, presidente de los médicos que laboran en el IHSS en San Pedro Sula, quien con sus colegas Yadira Álvarez y Hugo Fiallos coinciden en que el gobierno no tiene acceso garantizado y busca adquirir el fármaco de menor inmunización a la Covid-19.
“Aquí se vende la idea de que la vacuna es la solución a la Covid-19, pero es una nueva zanahoria que han colgado frente al burro para que avance; un nuevo sueño guajiro que nos están queriendo vender como si va a ser la solución a nuestros problemas y lamentablemente no va a ser así”, sostiene el doctor Fiallos.
Y tres factores fundan su posición, “no es la más ideal con 70 % de seguridad; es la más barata y obviamente primero la recibirá la gente económicamente solvente, después los amigos, luego los recomendados, de ahí todos los activistas que trabajaron con fuerza por el partido y al final se va a empezar a establecer a la población en riesgo”.
“Traen genéricos y cosas de tercera categoría para ofrecerlas como la octava maravilla del mundo cuando la vacuna podría llegar en septiembre u octubre del 2021 y probablemente sea politizada o genere violencia”, subraya el galeno.
Sin embargo, no hay explicación por qué en el Congreso Nacional se están creando decretos para compras directas de la vacuna; pidiendo dinero para una vacuna que la OMS está ofreciendo de forma gratuita, acotó la doctora Yadira Álvarez.
Ella comparte que el fármaco tal vez llegue en septiembre o finales del 2021, sin que el país aproveche la opción de Nicaragua, inmersa en producir y obtener un buen lote de la Sputnik-5 que brinda dos años de inmunización.
El medico Fidel Barahona indicó que la ley para comprar vacunas contra el coronavirus servirá para justificar futuras irregularidades pues fue aprobada cuando ya se cuenta con una normativa adquirirla.
“Eso llama la atención cuando hay toda una tendencia para descapitalizar a las instituciones de previsión social y cuando uno ve eso está indicando que el gobierno está desatendiendo su responsabilidad y le está pasando eso al IHSS, diciendo que debe atender a sus derechohabientes. Ellos hacen la ley para justificarse porque esa ha sido la norma de este gobierno”, dice Barahona.
Además, cuando no se permite la labor veedora es porque algo raro está pasando por bajo, por ejemplo, si la red fría no es compatible con las recomendaciones de la vacuna, no tendría sentido comprarla, concluye.
Al respecto la presidenta del Colegio Médico de Honduras advierte que si el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para garantizar la cadena de frío que se requiere, las vacunas podrían correr la misma suerte que las 250 mil pruebas PCR que se dañaron por la mala manipulación.
Figueroa explicó que la cadena de frío requiere de un costo adicional, «que esperamos nosotros se haya tomado en cuenta a la hora de comprar la vacuna».
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En ese contexto como el del descrédito oficial en el manejo de la pandemia, fue el que la directora médica del lHSS, Bessy Alvarado, aseguró que el gobierno «no firmó el convenio, que venció el pasado viernes (21 de noviembre), para reservar las vacunas que se entregarían en marzo de 2021», lo que generó críticas y descontento.
Con este convenio el fármaco se obtendría a precio de 4 dólares, del primer lote que fabricará Oxford, sin embargo, ahora el país tendría que esperar, si acaso, hasta septiembre y adquirirlas a valor de mercado, que sería de 8 a 16 dólares.
Las redes sociales propagaron el malestar ciudadano que comparó la denuncia con el fraude millonario de los siete hospitales móviles adquiridos para la “emergencia sanitaria” y que no serán utilizables sino a finales de febrero de 2021.
ESFUERZOS REGIONALES
La OMS y la OPS, planean vacunar a la población meta del hemisferio occidental a un costo mayor a 2,000 millones de dólares que son insuficientes ante la demanda de una cura y protección urgente para la población más vulnerable del continente, en una operación de salvataje planetario en la que los arietes son las firmas AstraZeneca y los laboratorios Moderna en colaboración con la Universidad de Oxford, Inglaterra.
A inicios de octubre, México pagó 159 millones 876,920 dólares a la Alianza GAVI y presentó los documentos de garantía de riesgo por 20 millones 629,280 dólares, para participar en el mecanismo COVAX Facility, teniendo la alternativa de comprar más vacunas a través del fondo renovable de la OPS, que acelera el acceso a las dosis.
En octubre el gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo para comprar un millón y medio de dosis de la vacuna candidata, iniciando en el primer trimestre de 2021 con la firma Pfizer y BionTech, operación de la que no trascendieron detalles por acuerdos de confidencialidad comercial que exigen las empresas.
El gobierno ´tico´ también se sumó a COVAX-Facility para recibir un millón de dosis. “Este es uno más de los esfuerzos que realiza el Gobierno para procurar la vacuna necesaria para enfrentar el Covid-19. Cuando se encuentre disponible, estaremos garantizando la protección del derecho a la salud, la cual es un derecho invaluable y es necesaria más para levantar la economía post pandemia. En esta misma dirección se desarrollan otros esfuerzos para tener más cantidad de vacunas, que serán anunciados oportunamente”, manifestó el presidente Carlos Alvarado.
El 24 de noviembre el gobierno de El Salvador acordó con AstraZeneca la compra de 2 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica y la Universidad de Oxford, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter.
Nicaragua mantiene tres opciones para inmunizar a la población de la Covid-19. Un financiamiento de 50 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para inversiones público-privadas y acuerdos con la Federación Rusa para la transferencia de tecnología para producir la vacuna Sputnik-5 de manera local, sin descartar adherirse a COVAX Facility.
HAGAN FILA
Las compras realizadas por los gobiernos de la región agrandan el rezago de Honduras que con dos mil 500 millones de dólares en deuda externa comenzó a enfrentar la pandemia, aprobó una ley paralela de vacunas que faculta más empréstitos foráneos y aun así no figura en la pre lista de clientes.
Uruguay tendrá la vacuna para el 25 % de su población a un precio de tres dólares la dosis. Asimismo, 750 millones de dólares para compras adicionales del fármaco.
Colombia espera recibir 10 millones de vacunas en el segundo trimestre de 2021 con COVAX y tiene acuerdos de confidencialidad con seis empresas que lideran el proceso, como Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Cancino y el Serum Institut de la India.
PFIZER LA ÚNICA REGISTRADA ANTE LA FDA
La firma Pfizer, la única que hasta ahora presentó una solicitud de registro de emergencia de su vacuna en la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés), tiene previsto producir 50 millones de dosis este año y mil 300 millones en 2021, con la desventaja que se conserva a 70 grados bajo cero, pero con una eficiencia de 95 %, la más segura producida hasta ahora y a un costo que rondará 15 dólares la unidad en el territorio norteamericano.
AstraZeneca, que será distribuida en América Latina con el protocolo COVAX Facility, tiene 70 % de efectividad y necesita una cadena de frío de 20 grados bajo cero y con la que ya se cuenta debido a la extensa experiencia de país en vacunación, lo que la hace la más asequible de todas las vacunas hasta ahora. En los últimos días el laboratorio británico y la Universidad de Oxford indicaron que esta vacuna requiere un “estudio adicional”.
Se espera que comience a ser comercializada en junio del 2021, a un costo de cuatro dólares; entre tanto la vacuna rusa, Sputtnik-5, con 91 % de eficiencia, se puede conservar en un refrigerador y valdrá 40 dólares.
Brasil, que con Cuba poseen el mayor bagaje científico y productivo de medicinas del continente, compró 175 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, la que espera recibir el segundo semestre del 2021.
Mientras, por otro lado, el gobierno de Jair Bolsonaro botaba el convenio para comprar 46 millones de dosis de la vacuna china Coronavir, entre el gobierno del estado de Sao Paulo, en manos de un férreo opositor al mandatario, y la firma china Sinovac Biotech, aludiendo que no quería que los brasileños sirvieran de “conejillos de indias”, pese a que es la vacuna más efectiva hasta hoy.
En esa línea de pensamiento actuó el presidente Donald Trump antes de las elecciones cuando en un tuit culpó a la FDA de ser parte de un “Estado profundo» (que conspiraría en su contra) por demorar el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19 hasta después de las presidenciales del 3 de noviembre.
Sin embargo, Brasil, donde tres firmas tienen sus vacunas en fases adelantadas, anunció que comprará 178 millones de doses y se une a COVAX Facility para adquirir 40 millones de dosis del fármaco del laboratorio Moderna.
Esta etapa también ha sido de crecimiento vertiginoso de las ganancias de las farmacéuticas, que pasaron de 98 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares al mes de octubre, una abundancia que en plena enfermedad permitió al CEO de Pfizer embolsarse 5.6 millones de dólares el día que la firma anunció la efectividad de su vacuna.
Hospitales móviles de Choluteca y Santa Rosa de Copán también presentan irregularidades: CNA
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Un nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), ha dejado en evidencia de que todo el proceso de compra de siete hospitales móviles ejecutado por Inversión Estratégica de Honduras, (Invest-H), es un mismo paquete de engaños y fraudes en perjuicio de la salud pública y la economía del Estado.
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“La Corrupción en Tiempos de Covid-19, Parte XIII, El Monumental Fraude del 2020: Un Seguimiento Investigativo a los Hospitales Móviles de Choluteca y Santa Rosa de Copán”, corre la cortina a los severos daños en estas compras de Invest-H, que se destinarán a estas ciudades, donde ni siquiera el predio que se les destinará posee postes para las instalaciones y tomas de electricidad. (Descargue aquí el informe del CNA)
“Esas fallas pueden provocar graves daños a los equipos médicos y peor aún, el hecho de que pueden poner en riesgo la vida de algún paciente en estado crítico que dependa de algún tipo de equipo médico de cuidados intensivos”, advierte el CNA en estas pesquisas.
El documento confirma la sobrevaloración en esta compra que tampoco justifica el desplazamiento que hizo a Turquía una comisión de Invest-H, en un afán de avalarla, puesto que los mismos tienen más daños que los dos que llegaron con anterioridad.
Este nuevo capítulo de corrupción institucionalizada gravita en que ambos módulos vienen faltos de sistema eléctrico en áreas de instalación; muestran deterioro por corrosión, daños y filtraciones en las estructuras.
El CNA logró constatar que presentan óxido y corrosión exterior y en algunas partes internas, que los elevadores de cadáveres de la morgue son manuales y no eléctricos.
Los contenedores presentan malos acabados; llavines, bisagras, paneles instalaciones en general de muy mala calidad en diseño y acabados para la finalidad por la que fueron adquiridos.
Asimismo, el documento detalla que cada equipo contenido en los hospitales móviles es muy general, de acuerdo con el criterio del ingeniero biomédico del Ministerio Público que los perició.
Los peritos en materia eléctrica enumeraron varias deficiencias en el centro de carga, cableado y el voltaje adecuado para el funcionamiento de los equipos médicos, el cual corre peligro de deterioro ante las subidas y bajadas del fluido eléctrico.
El juego de imágenes contenidas en el nuevo expediente del CNA muestra llaves de cerraduras rotas, deficiente recubrimiento de pintura y filtraciones de agua lluvias a lo largo del panel central del módulo denominado “Corredor”.
Además, mala aplicación de químicos catalizadores de pintura y pegamentos en los muebles y gabinetes médicos; los marcos, contramarcos y mochetas de las puertas de cada módulo están descuadrados.
El CNA señala que especialistas determinaron que el predio en Santa Rosa, de Copán donde se ubicará el módulo hospitalario carece de energía eléctrica y esto podría impedir su entrada en operaciones ya que se requerirán al menos de 70 postes de tendido eléctrico para que entre en servicio.
Asimismo, expresa su preocupación por las fallas que siguen presentando los demás hospitales móviles que aún no entran en funcionamiento, que incluso la estructura móvil instalada en San Pedro Sula, que ya funciona, sigue presentando fallas preocupantes.
El CNA dice en sus conclusiones que seguirá exhortando al Ministerio Público para que en la brevedad de lo posible comience a presentar los requerimientos fiscales correspondientes en contra de aquellas personas que participaron en este acto de corrupción sin precedentes.
En marzo pasado el entonces director de Invet-h, Marco Bográn, pagó sin ninguna garantía 47 millones 500 mil dólares, (1,168 millones 500 mil lempiras) para la adquisición de siete hospitales móviles a la compañía Elmed Medical Systems Inc. DBA Hospitales Móviles.
Esta empresa es propiedad de Axel López, un ciudadano americano de origen guatemalteco, quien es acusado por la compañía turca, SDI Global LLC de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio de los hospitales con el gobierno de Honduras.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, informó en su momento que, de acuerdo con investigaciones realizadas por los empresarios, el gobierno le incrementó 680 millones de lempiras al precio real de los siete hospitales móviles.
El pasado 8 de octubre, un juzgado ordenó medidas distintas a la prisión a favor de Marco Bográn a pesar de que le dictó un auto de formal procesamiento por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, por uno de los tantos casos que se le atribuyen y que se circunscribe apenas al pago de renta de habitaciones en un hotel por un poco más de 100 mil lempiras, dejando de lado el resto del latrocinio causado durante su gestión en al menos 21 casos más.
Inversión Estratégica de Honduras: una nueva mafia institucional al desnudo
Compra irregulares de insumos médicos y hospitales móviles que no llegaron a su destino en la presente crisis del Covid-19, destapa antiguos problemas de transparencia estatal y escandalosos vínculos entre empresarios cuestionados y autoridades hondureñas.
Reportaje colaborativo con Expediente Público
Tegucigalpa.-Hasta finales de junio, Marco Antonio Bográn Corrales, ocupó la dirección de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) -la agencia estatal para la gestión de proyectos y programas de desarrollo-, un importante cargo que la prensa de su país atribuye a las conexiones de su familia con el engranaje gubernamental.
Ahora Bográn se enfrenta a innumerables acusaciones por corrupción que podrían conducirlo a la cárcel, según las leyes hondureñas, tras destaparse la compra fraudulenta de hospitales móviles e insumos médicos que le costaron al erario decenas de millones de dólares.
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El escándalo salpica la presidencia de Juan Orlando Hernández, en plena crisis de coronavirus.
Entre 2010 y 2014, la madrina de bautismo de Bográn, María Antonieta Guillén de Bográn, esposa de su tío Roberto Bográn, fue la vicepresidenta del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y el primer día de ese mandato, el 27 de enero del 2010, Marco Bográn, que fungía como director ejecutivo de la Cuanta del Milenio pasó a ser el director de INVEST-H.
Además de contar con la protección de su madrina, María Antonieta Guillén, también goza del cariño y el amparo de su tío, Arturo Corrales Álvarez, señalado de corrupción, quien destaca como importante figura de los gobiernos nacionalistas de Juan Orlando Hernández y Lobo Sosa.
Marco Bográn también tiene nexos políticos y de parentesco con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Juan José Pineda Varela, ente encargado de establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios públicos defraudadores del Estado.
El esposo de su hermana, Cinthya María Bográn, José Alejandro Pineda Moncada, es hijo del titular del TSC.
Toda la familia Bográn es de filiación nacionalista y de acuerdo a la opinión de la clase política y la prensa, goza de los privilegios que les ofrece el Partido Nacional hecho gobierno, fuerza política que en la actualidad controla la institucionalidad del país y protege a los hombres cercanos del presidente.
A juicio de Lester Ramírez, director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el presidente Hernández mantiene cooptada la unidad de compras.
ASJ es la entidad que representa a Transparencia Internacional en Honduras y en sus informes ha develado innumerables actos de corrupción en las compras realizadas por INVEST-H para el combate de la pandemia de la Covid-19.
“Por decreto le dan las potestades al director de INVEST-H de no pedirle permiso al Consejo Directivo, pero el director de INVEST-H tuvo que haber consultado y pedir autorización para hacer estas compras”, manifestó Ramírez.
El pasado 19 de junio ASJ se retiró de los procesos de auditoria social que, bajo un convenio firmado con INVEST-H, venía realizando en las compras de medicinas, materiales y equipos.
En esa misma dirección también se pronunció Blanca Munguía, coordinadora de Transformemos Honduras, coalición que reúne a más de una decena y media de organizaciones sociales.
Ella dice que es evidente la falta de transparencia con que se realizan las compras para combatir la pandemia.
Desde el 2014 ese organismo ha venido observando los procesos que la Secretaría de Salud realiza a través del Fideicomiso con Banco de Occidente y refuta que en este momento esa Secretaría de Estado ya no solo esté comprando mediante este procedimiento, sino que también a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y de INVEST-H.
Ella dice que cuando los técnicos del fideicomiso le recomiendan a la Secretaría no comprar determinado producto que consideran elevado en su precio o de no muy buena calidad, las autoridades acuden a cualquiera de las otras dos instituciones para imponer sus criterios de negocio.
Eso indica, a criterio de los analistas aquí consultados, que la secretaría de Salud ha regresado a los procesos de compra viciados de corrupción que se daban antes de la suscripción del fideicomiso suscrito en el 2014 para transparentar las compras de medicinas y del equipo hospitalario.
Presidente autoriza las compras directas
El presidente Juan Hernández autorizó en febrero que en el marco de la emergencia sanitaria se realizarán compras y contrataciones directas por parte de INVEST-H, evadiendo los procesos contemplados en la Ley de Contratación del Estado.
Ante la enorme corrupción que se daba con las compras directas de medicinas y de equipos médicos en la Secretaría de Salud, por recomendación de organismos nacionales y extranjeros, en el 2014 las autoridades determinaron que todos estos procesos se realizarían a través de un fideicomiso con el Banco de Occidente, mecanismo que les permitió mayores niveles de eficiencia y de transparencia en la adquisición y suministro.
La modalidad incorporó la participación de la Agencia de Cooperación Internacional del Sistema de Naciones Unidas (UNOPS), como la responsable de coordinar bajo su propia normativa los diferentes procesos de adquisición y fiscalización ciudadana.
Sin embargo, en el marco de la pandemia todo cambió porque el presidente Hernández, mediante ley centralizó las compras para el combate de la Covid-19 en dos instituciones cercanas a él y sin el mínimo conocimiento institucional.
En una reunión de Consejo de Ministros celebrada el pasado 10 de febrero, Hernández aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 para declarar emergencia nacional por la Covid-19 y autorizar la ejecución de compras directas evadiendo los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Mediante los decretos PCM (leyes aprobadas por el presidente de la República en Consejo de Ministros), instrumentos jurídicos mediante los cuales Hernández se ha arrogado facultades como titular del Poder Ejecutivo, se fraccionó en tres partes los recursos de la Secretaría de Salud, por lo que hoy las compras en dicha institución se realizan a través de la Comisión Permanente de Contingencias, (Copeco), de INVEST-H y del Fideicomiso de Banco de Occidente.
Compras a empresa de maletín
Bográn, quien renunció a finales de junio a la dirección de INVEST-H, no ha podido respaldar la garantía sobre el pago de US$ 47.5 millones que hizo a una empresa de maletín radicada en Orlando Florida, para la compra de los siete hospitales móviles.
Para combatir la pandemia por coronavirus, mediante la orden de compra Marzo 30-2020-e-RFQ, el director de INVEST-H, Marco Bográn, le entregó a ELMED Medical System, Inc. DBA Hospitales Móviles, dos trasferencias bancarias por valor de 47 millones 500 mil dólares, unos 1,168 millones 500 mil lempiras, por la venta de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento de residuos médicos.
Según su portal, ELMED Medical, presidida y representada legalmente por el guatemalteco, Axel Guzmán López, más conocido como Axel López, mantiene su domicilio en Orlando, Florida, Estados Unidos y se dedica a la fabricación y distribución de equipos médicos y al desarrollo de soluciones para facilitar servicios críticos en áreas remotas o de difícil acceso
En su sitio detalla, que estas unidades móviles las construye en contenedores expandibles de 4 hasta 13 metros de largo que pueden extenderse y proveer 75 metros cuadrados conectables entre sí para ofrecer soluciones modulares en proyectos de 20 hasta 500 camas.
De acuerdo con información oficial, INVEST-H, le pagó a esta empresa el 100 % del valor de los hospitales móviles, sin que ELMED Medical les presentara las garantías de que en realidad se estaban construyendo y que llegarían al país, en el momento en que se necesitan.
“El pago se hizo de buena fe”, dijo Marco Bográn, en comparecencia pública ante una comisión especial del Congreso Nacional, que lo llamó para interpelarlo por las compras amañadas.
El gobierno asegura que las compras llegarán a mediados de julio, pese a que el contagio de la enfermedad al 29 de junio ya era de 18,082 personas y había cobrado la vida de 479 hondureños, según cifras oficiales, con dos semanas de retraso.
No obstante, el Director Ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, ha manifestado que ELMED Medical “es una empresa que no llega ni a ser de maletín, sino que de USB” y que Axel López, ha tenido procesos judiciales “porque no ha sido capaz ni de pagar sus tarjetas de crédito”.
Vale decir que el 21 de abril la embajada de Turquía en Guatemala advirtió la anómala situación que ya venían destapando los medios de comunicación y mediante un comunicado explicó que ninguna empresa en su país estaba construyendo hospitales móviles para Honduras.
No obstante, el director ejecutivo de INVEST-H, Marco Bográn, ha insistido en que los modulares “serán una realidad”.
Por su parte, el cónsul honorario de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, aseguró la noche del lunes 22 de junio, que la justicia estadounidense ya le sigue los pasos al presidente de ELMED Medical, Axel López y confirmó que la empresa, SDI Global LLC denunció a ese ciudadano por el delito de falsificación de documentos.
Facussé asegura que el Buró Federal de Investigación (FBI) investiga a Axel López por este caso.
Las declaraciones de Facussé se derivan mediante un comunicado, que el pasado domingo 21 de junio, hiciera la empresa turca, SDI Global LLC, contra la compañía estadounidense, ELMED Medical, a la que culpa de falsificar una cotización que ellos le entregaron para la venta de los hospitales móviles al gobierno de Honduras.
SDI Global LLC asegura en su documento, que el presidente de ELMED Medical, les solicitó una cotización de los hospitales móviles de aislamiento para la Covid-19 y después descubrieron que Axel López la modificó para obtener los millonarios contratos que, respaldados por el presidente de Honduras, le otorgó INVEST-H.
La empresa turca afirma que jamás ha tenido contacto directo con las autoridades hondureñas o con la embajada de Honduras en Alemania y expresa que en el mes de marzo fueron contactados por los cónsules honorarios en Ankara y Estambul exclusivamente para detallar las medidas y el peso de los hospitales, con propósitos de explorar opciones. Y sostiene, que el único contacto comercial fue el señor Axel López.
La Ley de Prácticas Corruptas
Los funcionarios corruptos de Honduras podrían ser castigados en EE. UU. por la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas
En la última década, gobernada por el Partido Nacional, se hizo costumbre decretar emergencia nacional y realizar las compras sin licitación, situaciones que se han prestado para el fraude mediante la sobrevaloración de precios y demás acciones delictivas, denunciadas en la prensa local sin que Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia tomen acciones.
Sin embargo, los analistas aquí consultados consideran que, en esta ocasión, de comprobarse que en la compra de los hospitales hubo corrupción, la justicia estadounidense podría sancionar a los propietarios de ELMED Medical y a los hondureños involucrados en el supuesto fraude.
El estamento jurídico de los Estados Unidos mantiene incluida la Ley Anti Bribary Act de 1977 que sanciona a las empresas de esa nación, que negocien, paguen o faciliten sobornos en negociaciones con funcionarios de países extranjeros.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, establece que es un delito que cualquier persona o compañía de EE. UU., directa o indirectamente, pague u ofrezca pagar dinero o cualquier cosa de valor a cualquier funcionario extranjero con la intención de obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja inapropiada.
Matteson Ellis, abogado de la FCPA, que se enfoca en América Latina, explica que los países con niveles más altos de impunidad son los que optan por dar y recibir sobornos, sin embargo, “los países con instituciones gubernamentales fuertes encuentran maneras más eficientes para criminalizar la corrupción pública y sancionar a los culpables porque cuando el riesgo de ser aprehendido aumenta, el comportamiento tiende a cambiar”.
No obstante, -amplía- no importa que tan estrictas sean las leyes anticorrupción de un país, el soborno no se puede prevenir al cien por ciento.
“Los latinoamericanos se sorprenden al oír que las disposiciones antisoborno de la FCPA. Muchas veces piensan que la ley se enfoca erróneamente en los extranjeros, reflejando un desequilibrio al abordar la corrupción. Para algunos, la FCPA demuestra una visión mundial parcial a los Estados Unidos, y que sugiere que el soborno no es un problema en los Estados Unidos si no sólo en el exterior”.
Ante ese escenario, considera Ellis, la Justicia norteamericana podría enjuiciar a involucrados en la adquisición de hospitales falsos; los responsables de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), y demás funcionarios del gobierno podrían ser enjuiciados, como sucedió con Alfredo Hawit y el extinto presidente hondureño, Rafael Leonardo Callejas, por el denominado caso FIFA Gate.
Callejas fue acusado de 16 delitos de corrupción durante fungió como presidente de Honduras, pero la justicia de este país lo exoneró de todos los cargos y le permitió seguir ocupando importantes puestos en la administración pública y otras entidades, como la Federación Nacional de Futbol (Fenafuth), hasta que el brazo de la justicia estadounidense lo alcanzó por corrupción internacional.
Pero en el marco de la pandemia de la Covid-19 la compra de los hospitales solo es una pequeña parte de una ola de denuncias de corrupción.
En el contexto también se ha denunciado sobrevaloración de precios en los equipos y material de bioseguridad, negligencia y complicidad en la compra de equipos y materiales de mala calidad y hasta el robo de los insumos
Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, solicitó mediante un oficio la compra directa de los siete hospitales móviles y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales.
En una comparecencia ante varios diputados, miembros de la comisión especial nombrada por el Congreso Nacional para conocer el tema, el director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, informó que la compra de los hospitales fue una determinación de su equipo multidisciplinario, donde el Consejo Directivo no tuvo nada que ver.
Afirmó que el Consejo Directivo no aprobó la compra de los hospitales ni el Plan para la obtención por emergencia. Sin embargo, aseguró que esa adquisición fue socializada con varios miembros del gabinete de gobierno, con el Consejo de Ministros, que preside el presidente Juan Hernández y la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Esa versión fue objetada por la Comisión Interventora del IHSS aclarando mediante un comunicado, que ni la institución como tal, ni las autoridades han participado en la toma de decisiones y procesos de adquisición realizados por INVEST-H.
Bográn aseveró que antes de la pandemia nadie en INVEST-H, conocía a Axel López ni a ELMED Medical, como empresa y que llegaron a ellos mediante un barrido en internet buscando proveedores.
Para él, esta empresa ya tenía experiencia en la venta de insumos médicos y ofrecía soluciones modulares integrales, no perecederas, que podrían servir en la red hospitalaria, una vez pasada la emergencia.
Acotó, que todas las compras las hicieron por los requerimientos que les hizo la Secretaria de Salud Pública.
En efecto, en el oficio 630-SS-2020 del 16 de marzo pasado, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, le solicita la adquisición directa de siete hospitales de aislamiento y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de las clínicas.
El oficio también establece la compra directa de equipo médico hospitalario, insumos, material clínico y todo lo que sea necesario para la adecuación de las instalaciones hospitalarias.
La contratación directa de repuestos y equipos de reparación y la adquisición directa de al menos 200 unidades de cuidados intensivos.
Para conocer la realidad acerca de la negociación de los hospitales, Expediente Público y CRITERIO.HN buscaron la reacción del señor Axel López, presidente de la empresa proveedora, a través de un correo electrónico enviado el 24 de junio; el señor López respondió, que contrario a lo que dice el director de INVEST-H, él si asegura tener amigos en Honduras. Y prueba de ello es que en la última semana circuló en las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a la ex vicepresidenta de Honduras y madrina de Marco Bográn, María Antonieta Guillén de Bográn.
“En su país hay personas lindas, en 1997 en plan de negocios fui a su país y tengo amigos doctores, empresarios, personas comunes que conocen de mi persona y nuestra rectitud”, dijo.
Aseguró que forma parte de un grupo de
empresas de USA con oficinas y fábrica en Turquía y que recibió la
orden de compra de INVEST-H y que en 2 o 4 semanas enviará personal a
San Pedro Sula y a Tegucigalpa hacer las
instalaciones
Los señalamientos de corrupción le llegan a Bográn de diferentes direcciones y hasta el Ministerio Público anunció el martes 23 de junio haber iniciado las investigaciones del caso y haberlo citado en calidad de investigado.
A través de un comunicado, INVEST-H informó que ya están en camino dos hospitales de 91 camas que serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El documento no menciona a los otros cinco hospitales, que ya fueron pagados.
Ante las acusaciones por corrupción, el pasado sábado 27 de junio Bográn interpuso su renuncia, dos días después de que el Consejo Directivo le solicitara al presidente Juan Hernández su separación.
Gastos y endeudamiento
A través de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, aprobada en el Congreso Nacional, el pasado 13 de marzo, el gobierno destinó 420 millones de dólares, unos 10 mil 374 millones de lempiras para el combate de la Covid-19.
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, informó en su momento, que con ese dinero se construirían 90 hospitales y contrarían el personal médico y de enfermería necesario en todo el país. Anunció, además, la instalación de una plataforma electrónica.
Aparte, mediante un decreto de emergencia para combatir el dengue, el 10 de febrero, el gobierno ya había aprobado la utilización de 110 millones de lempiras para compras directas de los insumos necesarios para combatir el zancudo transmisor y el 25 de abril el Congreso Nacional también autorizó dos líneas de endeudamiento por 4,850 millones de lempiras con el Banco Mundial (BM).
De acuerdo con la legislación este dinero estaría siendo utilizado para apoyar a los empresarios de la agroindustria, a las municipalidades y la salud.
Asimismo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó 200 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 50 millones de dólares para la compra de equipo y puesta en marcha de la tecnología necesaria para hacerle frente a la pandemia.
Los muertos se cuentan por decenas y a diario se reportan centenares de contagiados que ya no tienen a dónde acudir, por la precariedad del ya colapsado sistema de salud pública.
Y mientras eso sucede, los médicos y enfermeras de todo el país claman por materiales de protección y en algunos lugares, como en Tegucigalpa, donde ya no hay espacio para los enfermos, hacen hasta colectas para la compra de carpas necesarias para albergar a los contagiados.
Informes de organizaciones sociales afirman que en los distintos procesos de compra están presentes el fraude, el abuso de autoridad y la malversación del dinero público.
Por ejemplo, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), representante en Honduras de Transparencia Internacional, decidió en las últimas horas retirarse de la veeduría social de las compras de la emergencia, por la podredumbre que se observa en su interior.
Recientemente, la ASJ presentó el informe de una auditoria en la que señala que INVEST-H compró equipo de bioseguridad y materiales quirúrgicos por 390.6 millones de dólares, con procesos irregulares.
Sostiene que las autoridades compraron bienes y servicios con decisiones discrecionales, sin conocimiento de lo que iban a comprar y violentando procesos legales.
El informe dice que los responsables de hacer las compras exoneraron de responsabilidades por incumplimiento de garantías a los proveedores y precarizaron aún más, los servicios de la salud pública.
Refiere que el gobierno adquirió por 191.8 millones de dólares, 46.5 millones de lempiras, 250 mil kits de pruebas para la detección de la Covid-19 que están incompletos y los médicos no pueden utilizar pese a la gran cantidad de enfermos.
De igual manera, por 144.1 millones de dólares, 3,559.3 millones de lempiras, compraron 740 ventiladores mecánicos que tampoco pueden utilizarse por dos razones. Hay 140 ventiladores mecánicos que llegaron de los Estados Unidos, que no sirven para esa enfermedad y el resto llegará por partes. Los últimos estarán en Honduras hasta en diciembre.
Por 7.8 millones de dólares, 192.7 millones de lempiras, INVEST-H compró equipo de bioseguridad con precios superiores a lo real.
Entre estos materiales se incluye un lote de mascarillas de papel y mascarillas KN-95, estas últimas adquiridas por 200 lempiras cada una, cuando su precio al detalle en el mercado es de 40 lempiras.
Finalmente, está la millonaria compra de los hospitales móviles, que desataron las denuncias.
El Tribunal Superior de Cuentas, es el encargado de fiscalizar los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, municipalidades o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas.
Es dirigido en forma colegiado por tres miembros electos por mayoría calificada por el Congreso Nacional. Electos por un periodo de siete años. Decreto No 268-2002.
Los Bográn sus transacciones y negocios
De acuerdo con el Registro Nacional de las Personas, Marco Antonio Bográn Corrales es hermano de Cinthya María Bográn Zavala y sobrino del hombre fuerte en los últimos tres gobiernos nacionalistas, Arturo Corrales Álvarez, acérrimo defensor del fraude electoral mediante el cual, Juan Hernández, se aferró al poder gracias a una cuestionada reelección.
En su momento, tras el cambio de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral que le dio la ventaja a Hernández, en las elecciones generales del 2017, Corrales Álvarez dijo que Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, había perdido las elecciones por el abstencionismo registrado en la capital y porque los votos rurales le habían favorecido a los nacionalistas.
Pero de la misma manera que hoy sucede con su sobrino, Marco Bográn Corrales, Arturo Corrales también ha resistido señalamientos de corrupción sin que esas denuncias hayan producido efectos de investigación en el Ministerio Público u otra entidad del Estado.
Corrales Álvarez es dueño de las empresas, Ingeniería Gerencial y del Consorcio de Servicio Medición de Energía Eléctrica de Honduras (SEMEH), que han obtenido millonarios contratos con el gobierno. Y de manera alterna, ha ocupado importantes cargos, como ministro de Seguridad y hasta Canciller de la República, en los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo y Juan Hernández.
CRITERIO.HN y Expediente Público, confirmaron que el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda Varela ha representado en procesos legales a la hermana de Marco Bográn, Cynthia María Bográn Zavala.
Además, Cinthya María Bográn, hermana de Marco Bográn, es la esposa y socia comercial de José Alejandro Pineda Moncada, el hijo Juan José Pineda Varela, presidente del Tribunal Superior de Cuentas.
Ambos constituyeron la sociedad mercantil Global Sopplies Export e Import. (Descargue)
El 24 de septiembre de 2019, Global Sopplies Export e Import se asociaron con PWP, S.A., también propiedad de José Alejandro Pineda Moncada y del diputado nacionalista, Juan Diego Zelaya. (Descargue) .
Además, Juan José Pineda Varela es socio comercial de Virgilio Umanzor, el notario público que ha hecho muchas escrituras de propiedades al padre de Marco Bográn, Marco Antonio Bográn Idiáquez. (Descargue)
El 5 de agosto del 2013 ante los oficios del notario público, Virgilio Umanzor, Marco Antonio Bográn Idiáquez traspasó a favor de su hija, Cinthya María Bográn, un terreno situado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa. (Descargue)
Y el 6 de septiembre del 2018 ante el notario Norberto Napoleón Bográn Guillén, primo de Marco Bográn, Carmen Lucía Lang Rivas traspasó a favor de Cynthia María Bográn Zavala un terreno en El Hatillo, valorado en 170,000 dólares.
En esa transacción, Cynthia María fue representada por su suegro, Juan José Pineda Varela. (Descargue)
Las escrituras públicas detallan que ese terreno se dividió en dos y el otro lote fue adquirido por David Chávez Madisson, un diputado nacionalista de Honduras, acusado de un millonario desvió de fondos del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). (Descargue)
La madre de este congresista también ha sido acusada del manejo irregular de fondos públicos, junto con la primera dama, Ana García de Hernández.
El 22 de febrero de 2010 Juan José Pineda y Marvin Iván Carbajal crearon el restaurante y bar Partenza, de la que también fue socia Cynthia María Bográn Zavala. (Descargue)
Conflicto de intereses
Marco Bográn también pactó un contrato millonario con una empresa propiedad de su tío, Napoleón Bográn Idiáquez, para la supervisión de obras de construcción del plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el viernes 26 de junio que el director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, favoreció con contratos millonarios a empresas que están ligadas a funcionarios públicos.
La entidad anticorrupción verificó que el 26 de marzo se suscribió un contrato por más de 1,200 millones de lempiras entre Invest-H y la sociedad mercantil CINSA, para realizar la supervisión de obras de construcción de plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán, situado a 320 kilómetros al oeste de Honduras.
En el informe logró determinar el grado de consanguinidad del director ejecutivo de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales, con el señor Napoleón Bográn Idiáquez, quien es socio y presidente de la sociedad mercantil CINSA, siendo sobrino y tío respectivamente entre sí; este lazo familiar es en virtud de que el papá del director de Invest-H (el señor Marco Antonio Bográn Idiáquez) es hermano del señor Napoleón Bográn Idiáquez.
Se identificó el contrato CD-DCPV-127-2020 el cual es celebrado por parte Marco Antonio Bográn Corrales en su condición de director ejecutivo de Invest-H y la sociedad mercantil CINSA.
Asimismo, el CNA verificó que, en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, el 7 de septiembre del 2018, la Asamblea General eligió a Napoleón Bográn Idiáquez como presidente de dicha sociedad. Y previamente ya había sido en múltiples ocasiones el representante legal.
La Ley de Contratación del Estado de Honduras, en su artículo 15 ya determina las inhabilidades que limitan para poder contratar con el Estado, específicamente en el numeral 6 en el cual se contempla que una de estas inhabilidades es: “Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la pre calificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato”.
El extremo antes expuesto evidencia un claro conflicto de intereses manifiesto por parte del director ejecutivo de INVEST-H por contratar con la sociedad mercantil de la cual su tío forma parte, pese a la existencia de múltiples compañías que prestan el mismo servicio.
Contrato con la empresa Thales es un «secreto de Estado»
PNUD se niega a dar la información y el RNP dice que no es responsable de facilitar el contrato
Por: Leonardo Aguilar
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. –El pasado 22 de agosto las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) informaron que el consorcio francés, Grupo Thales, había sido declarado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ganador del proceso de licitación para la fabricación de la nueva tarjeta de identidad, a través de la empresa THALES – SELP, con sede en Polonia.
Posteriormente, el PNUD detalló que cada identidad tendrá un costo de US$ 1.70 y que el contrato que se firmó asciende a US$11,157,750.01. Pero el documento contractual sigue sin publicarse.
Criterio.hn ha venido solicitando el contrato desde el momento en que se supo del mismo. En primera instancia la solicitud fue dirigida al correo que el PNUD ha puesto a la disposición del público a través del Proyecto Identifícate (identificatehn@undp.org), pero no se obtuvo respuesta. Posteriormente, en agosto, se hizo la petición de manera directa al entonces comisionado presidente del RNP, Roberto Kattán, quien respondió que no tenía dicho documento porque el trámite lo había realizado el PNUD.
Ante la infructuosa respuesta, este medio de comunicación hizo una petición de información en octubre pasado mediante el portal de transparencia del RNP, pero esta institución respondió con base, supuestamente, a una respuesta obtenida por el PNUD, que se buscara la información en un enlace.
Para el asesor jurídico de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y uno de los veedores del proceso de Identifícate, Rafael Jerez, cualquier información de este proceso debe ser pública, porque al final, realmente están haciendo una función ciudadana, tanto el RNP como el PNUD, porque es de interés público el Censo Nacional Electoral, y es necesario saber cuáles fueron los criterios que se tomaron para asignar esas cantidades de dinero que en realidad son elevadas.
«Ellos argumentan que no se tiene acceso al contrato con la empresa Thales, lo único publicado ahí es el convenio entre Naciones Unidas y el RNP, pero el del consorcio Thales no está disponible ni están interesados en encontrarlo», dijo a Criterio.hn el político hondureño Salvador Nasralla.
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El contrato firmado con la firma de capital francés Thales Selp, encargada de la impresión de la nueva tarjeta de identidad, tiene un costo de US$ 11,157,750.01, según el organismo de las Naciones Unidas.
«Es increíble que hayan empezado a hacer la impresión de las identidades sin que haya una auditoría. Esto constituye una violación a las leyes y soberanía de Honduras; me dieron información confusa, diciendo que las identidades serán revisadas de nuevo una vez que lleguen impresas en el RNP para verificar su autenticidad, incluso los técnicos me dijeron que allá en Polonia no se iba a grabar con los nombres y los datos de las personas, sino que Polonia, un país en donde no son expertos en eso, solo nos darán el esqueleto de la grabación que se va a hacer para la identidad. Pero luego aparentemente en otro lado, que no sabemos dónde, se van a imprimir todos los datos. No me aclararon cuántos equipos se compraron», agregó Nasralla.
El proyecto Identifícate ha avanzado sin que los hondureños conozcan los detalles de qué y cómo se están invirtiendo los fondos. Criterio.hn ha solicitado también información al PNUD mediante el correo identificatehn@undp.org sobre los contratos de arrendamiento de vehículos, fabricación de la tarjeta de identidad y demás relacionados al Proyecto Identifícate, pero no ha logrado respuesta.
En una publicación de septiembre el expresidente del Congreso Nacional y director del Banco Central de Honduras (BCH) Carlos Montoya, denunció ante Criterio.hn que Naciones Unidas había delegado al francés Richard Barathe, representante del PNUD en Honduras, para que apoyara este nuevo proyecto. «Los fondos para una nueva tarjeta y censo son de Europa, este señor tiene dos empresas francesas con las que ha estado negociando el proceso de las licitaciones», dijo Montoya, cuando todavía no se conocía que el ganador de la licitación había sido el consorcio francés THALES.
«Si hay un hecho que debe publicarse, como contratos, valores y detalles, debe hacerlo la institucionalidad (el RNP), porque si bien los procesos se están ejecutando a través del PNUD, al final los fondos son nacionales, y aunque algunos son fondos del BCIE, a la larga también serán nacionales porque serán pagados por una deuda reembolsable. Se debe definir mecanismos de transparencia para generar confianza», expresó por su lado, Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia.
Ante el sombrío panorama el economista, Ismael Zepeda, cree que ya existe incertidumbre porque no hay transparencia a pesar de que desde el PNUD intentan subir alguna información, pero «pareciera que el PNUD está haciéndole mancuerna al RNP de no llevar el proceso como se debería. No se está conociendo a detalle los contratos ni la adquisición de consultores. No hay ningún cambio en la cuestión de fondo, sobre todo en materia de transparencia y rendición de cuentas. Conforme a estas nuevas instancias, se sigue teniendo los mismos vicios».
Nasralla cree que Naciones Unidas se está prestando para saltarse la barda. «Cuando uno le pregunta a Rivera o a Kattán, ellos le dicen a uno: no, eso le corresponde a Naciones Unidas. Ellos le pasan la pelota a Naciones Unidas, cuando vengan todo ese montón de errores, lo que va a hacer el RNP es lavarse las manos diciendo que la culpa fue de Naciones Unidas, por contratar a una empresa incompetente. Perderemos 71 millones de dólares».
DENUNCIAS E IRREGULARIDADES
El joven progreseño Alberto Palma Cerna publicó en su cuenta de Facebook que logró enrolarse dos veces con dos domicilios diferentes, primero en San Pedro Sula y luego en El Progreso, dos ciudades ubicadas en la zona norte de Honduras.
«En San Pedro Sula me enrolé para cumplir con el requisito para obtener el nuevo DNI (…) Hace una hora hice el mismo proceso aquí en El Progreso donde sí vivo. Lo hice para verificar si el programa que están utilizando es eficiente y seguro. Sin ningún problema me dieron un nuevo comprobante», escribió Palma Cerna, que se volvió viral por tener dos comprobantes en sus manos y quien posteriormente recibió una respuesta de los administradores de la página de Facebook del RNP, quienes le prometieron darle una sola identidad.
Nasralla añadió que hay 607 mil fotografías mal tomadas, lo que hará que te den «otra identidad con el número y tarjeta de una persona muerta. Así es como prepara el fraude el Partido Nacional”.
La diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), contó a Criterio.hn que muchas situaciones ya fueron denunciadas por su partido en el Congreso Nacional, sobre todo de personas que se han enrolado dos o tres veces, según denuncias presentadas en algunos municipios. Gutiérrez afirmó que llevaban activistas a enrolarse a varios lugares. «Hay que hacer una depuración del censo. Mientras no se pueda hacer eso continuará la información de las personas fallecidas», dice.
El RNP remitió la actualización del Censo Actual al 31 de agosto de 2020 que incluía las rectificaciones, defunciones y nuevos votantes, mediante Oficio No. 001/RNP – 2020. El documento menciona que el Proyecto Identifícate llevaba 1,459,086 ciudadanos enrolados (información enviada el 10 de septiembre de 2020 mediante Oficio No. 211/RNP-2020), encontrándose 117,715 inconsistencias pendientes de rectificar, según un informe del Fosdeh.
«Se espera un censo nacional electoral transparente y actualizado, con la exclusión de todas aquellas personas que ya no tendrían que estar en él. Recordemos que cuando en 2019 se hizo la reforma constitucional al RNP se le da un carácter de función pública registral, pero se le excluye de la función electoral», explicó el asesor jurídico de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y uno de los veedores del proceso de Identifícate, Rafael Jerez.
Nasralla explicó en una entrevista concedida a Criterio.hn el pasado 30 de noviembre que los datos de las más de cuatro millones enroladas no coinciden con la velocidad con la que trabajaban los enroladores y que tampoco hubo claridad de parte de Naciones Unidas.
Además, este político y cronista deportivo, duda de la llegada de 1400 equipos de enrolamiento y revela que durante una reunión que sostuvo con Richard Barathe, representante del PNUD, y también con la representante en Honduras de las Naciones Unidas Alice H. Shackelford, y con un par de técnicos que se encuentran en Europa, «prácticamente no pudieron satisfacer las preguntas, que tanto Julio Larios como yo les hicimos en una comunicación de tres horas, tratando de que me pudieran aclarar puntos tenebrosos», afirma.
Para Nasralla están violando la ley mediante la impresión y enrolamiento de la gente, principalmente el artículo 55 de la Constitución y a su juicio también se violentó la Ley del Registro Civil. «No sé por qué Naciones Unidas, a través del PNUD, está tercerizando el trabajo para la impresión».
«Le pedí al representante del PNUD que me mandara las pólizas de aduanas, que demuestran que ingresaron 1400 equipos de enrolamiento, pero no me las enviaron. Tengo la sospecha que solo entraron 600 de esos equipos. No aclararon, pero sí reconocieron que hay una tercerización de proveedores lo cual es un abuso para la soberanía nacional, porque el habeas data del país puede llegar a manos de quien quiera», dijo.
EXORBITANTES GASTOS EN RENTA DE HOTELES Y VEHÍCULOS
El proyecto Identifícate ha sido bastante generoso para quienes andan en labor de campo, por lo menos eso aparece en un reporte del PNUD registrado el 13 de febrero, que indica que en un solo día se gastó —bajo el concepto de alimentación y de alquiler del salón— en Finca Las Glorias, ubicada en un complejo turístico junto al Lago de Yojoa, en Cortés, nada más y nada menos que la cantidad de $16,000, un aproximado de 388 mil lempiras; aunque a decir verdad esta cantidad es inferior a lo gastado en el Hotel Plaza del General, con $25,192, el equivalente a 612 mil lempiras, pero además, está registrado otro pago de alquiler a la Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V., con $27,257, lo que representa 662 mil lempiras. (Vea aquí el desglose en gastos de hotel)
La Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V., registrada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), está integrada por varios empresarios de la zona norte, entre ellos, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, quien es uno de los socios fundadores y socio accionista, aunque aparece inactivo en un resumen del 2018 del registro mercantil de la CCIC.
Pero muy superior a lo descrito es el alquiler de vehículos, que, en suma, desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, alcanza un total de 3 millones de dólares, lo que representa cerca de 72.9 millones de lempiras y en el que una de las empresas más beneficiadas, con contratos altos, es la arrendadora de vehículos S.A. en la que uno de los socios, según el portal Empresas Abiertas, es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, lo que queda reflejado en la siguiente escritura pública.
Epaminondas Marinakys se ha desempeñado como cónsul honorario de Polonia en Honduras y fue premiado, en una ceremonia en la que estuvo presente Juan Hernández en octubre de 2019, con La Orden del Mérito de la República de Polonia en el grado de la Gran Cruz de Caballero. La entrega la hizo el embajador de ese país Baily Leszek «por sus 20 años de servicio a través de intercambios culturales, comerciales y políticos, desde 1999».
Las supuestas irregularidades del Proyecto también han sido denunciadas por proveedores. En marzo del presente año el abogado Jaime Banegas, representante legal de la empresa mercantil ECONO RENT A CAR, la otra empresa que ha sacado jugosas ganancias, y que es proveedora de servicios de alquiler de vehículos, presentó una demanda por daños y perjuicios en contra del RNP.
El abogado señaló que existían irregularidades en el proceso de licitación de alquiler de vehículos, realizado en noviembre de 2019 por el PNUD.
Pero para el 21 de septiembre ECONO RENT A CAR tenía cuatro desembolsos en su bolsa, uno de ellos por un total de $1,129,584, pero que en total suman hasta la fecha $1,320,822, según los reportes del PNUD en su página web.
Banegas aseguraba haber presentado las pruebas del caso, pero esquivó dar una entrevista a Criterio.hn para conocer a fondo el proceso. Sin embargo, aseguró que la adjudicación se pretendía hacer a una empresa internacional de un hermano país centroamericano, lo que implicaría posibles conflictos pues se trataba de una flota considerable de vehículos para uso dentro de Honduras. Las bases de la licitación establecen como requisito para postularse que, las empresas participantes en el proceso debían tener, como mínimo, oficinas de atención al cliente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una fuente dijo a Criterio.hn que una empresa a la cual se le adjudicó el alquiler de una flota vehicular de 150 vehículos tipo Pick up, 4×4, radica en Guatemala, país de origen de Roly Dávila, asesor técnico principal del PNUD para el Proyecto Identifícate, quien desde el año 2013 se desempeña en Honduras como asesor internacional en materia electoral.
Por otra parte, cabe resaltar que el actual representante residente del PNUD en Honduras, Richard Barathe, se desempeñó como director del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, previo a ello fue director de País del PNUD en Guatemala, además ejerció el cargo de representante residente adjunto del PNUD en la oficina de El Salvador y Belice.
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OTROS GASTOS
Como parte de los numerosos proveedores aparece una empresa extranjera para los diseños de las identidades, misma que ha cobrado hasta la fecha más de 1.1 millones de dólares, lo que se acerca a los 26.9 millones de lempiras.
Mientras tanto, a la empresa de Servicios de Comunicaciones de Honduras, también conocida como SERCOM Honduras, operadora de la multinacional Claro, la han beneficiado con 4 desembolsos, que suman 550 mil dólares, que representan un aproximado de 13.3 millones de lempiras. Los socios fundadores de esta empresa son Ricardo Antonio Nasser Selman y José Fernando Cálix Bonilla, según consta en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Un estudio sectorial de telecomunicaciones en Honduras sugiere que en la actualidad existen tres operadores de telefonía móvil debido a que SERCOM adquirió las operaciones de DIGICEL en Honduras. De acuerdo con estos datos, para el año 2018 la empresa CELTEL tenía el 62 % de usuarios, SERCOM el 37 %, mientras que la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) había quedado con menos del uno por ciento de los usuarios (70,846 usuarios).
El registro mercantil de Tegucigalpa reportó, el 28 de enero de 2019, que la presidencia del consejo de administración de SERCOM pasaría a manos de Oscar Peña Chacón, de nacionalidad mexicana y residente en Guatemala.
En concepto de «acuerdo de consultorías» se alcanza la cifra de $ 501,913, que representa un valor aproximado de 12 millones de lempiras; a estos consultores les hicieron pagos individuales que van desde los 20 mil hasta los 70 mil dólares. Aunque se desconoce si un solo consultor pudo recibir fondos varias veces porque no está detallado por nombres.
El Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en su informe «El Costo de la Democracia Parte II», detalló que el comportamiento del presupuesto del RNP para el año 2020, se desarrolla marcado en su mayoría por la ejecución del Proyecto Identifícate, y que este, evidentemente, ha sido trastocado por el contexto de pandemia y ambiente preelectoral.
Y no es para menos los gastos en equipo de bioseguridad han sido fuertes, ya que se han desembolsado al menos 443,832 dólares en apenas 6 meses de pandemia, representando esto un valor aproximado de 10.7 millones de lempiras.
ATRASO DE PAGOS A ENROLADORES VS LOS ENORMES SALARIOS DE LOS ASESORES
Pero las anteriores cifras en pago de alimentación, pagos a consultores, alquiler de vehículos y equipo de bioseguridad, contrastan con las denuncias de los enroladores de campo.
En octubre de este año, el personal contratado por PNUD, para gestionar el trámite de la emisión de la nueva tarjeta de identidad de los hondureños, comenzó a denunciar atrasos en los pagos de sus salarios. Para el Proyecto Identifícate se contempló la contratación de 2,718 enroladores, 453 supervisores y 60 coordinadores nacionales.
El pasado 20 de octubre, un joven universitario, que apenas gana 10 mil lempiras como enrolador con un contrato definido por siete meses, puso en evidencia el desorden administrativo que gira en torno al Nuevo Censo Electoral, pues este estudiante, contratado para colaborar en el Programa Identifícate denunció atrasos en su salario. El convenio 00118949 establece que en el proyecto Identifícate las contrataciones son gestionadas por el PNUD.
El joven dijo a Criterio.hn que, a pesar de que la pandemia ha paralizado al transporte público, en ocasiones no les asignaron vehículos para movilizarse. Además, dijo que no gozan de Seguro Social y que les proveyeron un seguro privado. Se quejó además que no se les proporciona equipo de bioseguridad y que no existen personas asegurándose del respeto del distanciamiento social, poniéndoles a ellos en situaciones potencialmente peligrosas.
En contraste, no se ha escuchado atraso en el pago de los salarios que deben recibir mensualmente los comisionados que presiden el RNP, quienes ostentan salarios que rondan los 180 mil lempiras mensuales, según se conoció desde enero de este año
PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO IDENTIFÍCATE
El Proyecto Identifícate, ejecutado en tramos A, B y C, tiene un presupuesto de $ 70,775,453 (el equivalente a más de 1,740,000,000 lempiras) de los cuales $ 63,428,381 corresponden a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $ 7,347,072 del presupuesto nacional y $ 242,978 en aportes en especie del PNUD, que se encarga de la administración y ejecución de los fondos, con base en sus políticas y lineamientos. (descargue aquí el convenio) Posteriormente, se adicionó al presupuesto un préstamo de $ 14 millones de la Unión Europea.
El presupuesto aprobado para el “Tramo A” comenzó con la proyección de L. 1,963.8 millones, con un periodo de ejecución de 2 años (2019-2020).
El pasado 01 de septiembre de 2020 el secretario de Finanzas, Marco Midence y el presidente del BCIE, Dante Mossi, acordaron el préstamo para el “Tramo B”, que dispone de recursos financieros por la suma de 39.46 millones de dólares.
El BCIE aprobó el pasado 25 de noviembre de 2020 un nuevo empréstito por 10.8 millones de dólares para el “Tramo C”, con un plazo de 20 años, incluyendo 5 de gracia y una tasa de interés anual del 2.75 %.
El Fosdeh observó que por el movimiento de personal y la necesidad de cubrir las demandas en el Presupuesto por grupo de gasto se destinaría la mayor cantidad de recursos en servicios personales, es decir, sueldos y salarios de los empleados.
ATRASO EN LA ENTREGA DEL CENSO PROVISIONAL ELECTORAL
El pasado 27 de noviembre, Roberto Brevé Reyes, comisionado presidente del RNP, dijo que el 30 de noviembre se haría el cierre del enrolamiento a nivel nacional para entregar el Censo Provisional al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero este último organismo denunció en un comunicado que la información no fue entregada en tiempo y forma.
Brevé aseguró que enrolar a 4.4 millones de hondureños fue algo «exitoso» y justificó que no se cumplió la meta de los 5.5 millones previstos por las vicisitudes registradas por la pandemia y los daños registrados por los fenómenos tropicales Eta y Iota, así como las posteriores lluvias.
Ismael Zepeda, economista del Fosdeh, cree que hay incertidumbre porque a través del Congreso Nacional se deben hacer diferentes reformas, pero hoy por hoy ni siquiera se ha aprobado la Ley Electoral y falta luego la Ley de Justicia Electoral. Además, criticó que han movido por tercera vez el cronograma de la presentación del censo.
«El programa inicial del proyecto Identifícate tenía establecida una fecha, luego se movió por la pandemia, luego se movió una vez más con la aprobación de los artículos transicionales. Todos estos movimientos hacen que exista incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Y más ahora, que algunos diputados están proponiendo que se posterguen las elecciones o se hagan triunviratos», dice Zepeda.
Congreso Nacional de Honduras es una fábrica de corrupción e impunidad
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En el marco de la discusión para aprobar la Ley de Vacunación contra la COVID-19, diputados de oposición cuestionaron a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras, acusándolos de ser abanderados de la corrupción por promover leyes que limitan la transparencia y rendición de cuentas.
Ante las acusaciones planteadas por legisladores del PINU, Libre y algunos liberales, el diputado Mario Pérez quien, ante la ausencia de Mauricio Oliva, dirigía la sesión de pleno, salió al paso y se defendió manifestando que quienes hablan de corrupción usan ese tema como cortina de humo y bandera política para ganar votos.
LA FRASE
“Ustedes parecen lora cada vez que participan en cualquier tema que hablan en el Congreso, solo hablan corrupción, corrupción, parece que es un tema de ganar votos”: Mario Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras.
Mario Pérez les transmitió a sus compañeros del Congreso la idea de que los diputados del oficialista Partido Nacional han sido transparentes en todo lo que aprueban y que las denuncias de corrupción en contra de su partido son infundadas.
La declaración de Pérez es ridícula puesto que más allá de que los diputados cuestionen la corrupción para ganar votos, el Congreso Nacional ha sido en la última década una maquinaria generadora de corrupción e impunidad.
PODER LEGISLATIVO UNA PLATAFORMA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Los datos reflejan que el Congreso Nacional es una instancia desde la que se origina corrupción e impunidad, situación que se constató con la mayoría de los casos presentados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y que comenzaron a hacerse evidentes en diciembre de 2017 con la Red de Diputados, un caso en el que se imputó judicialmente a cinco diputados con el desvío de fondos públicos a través de oenegés.
En total, la MACCIH imputó a 25 diputados de cuatro partidos políticos en cuatro de sus doce casos presentados durante su gestión y que se resumen en la “Red de Diputados”, “Arca Abierta”, “Pacto de Impunidad” y “Pandora”. Pero la instancia advirtió previó a su término que al menos 160 diputados habían participado en el latrocinio de fondos públicos, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
En ese momento la MACCIH dio a conocer que esa investigación involucraba a más de 60 diputados y exdiputados y después amplió el número a más de 160, incluyendo a Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, así como a funcionarios y representantes de más de 30 organizaciones no gubernamentales.
Los legisladores al verse amenazados por la investigación aprobaron desde el Congreso una reforma para protegerse. Los partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica y Unificación Democrática, aprobaron el 18 de enero de 2018 el Decreto 141-2017, el que reformó la Ley Orgánica del Presupuesto, con el objetivo de impedir a los órganos de investigación realizar acciones judiciales por actos administrativos, civiles o penales contra funcionarios, diputados y organizaciones no gubernamentales.
Sobre esta decisión la MACCIH presentó una denuncia, calificando el acto como “Pacto de Impunidad”.
En torno a ambos casos, un estudio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), realizado a las acusaciones del expediente Red de Diputados y Pacto de Impunidad, concluyó que la corrupción se promueve desde las estructuras del Estado como el Congreso Nacional.
En las lecciones aprendidas luego del análisis de ambos expedientes, el Cespad valoró: “la lección más importante es que cuando la institucionalidad alberga y protege la impunidad, en virtud de que las redes de corrupción imputadas son las mismas que imponen la norma legislativa, es imposible lograr avances en la justicia anticorrupción”.
La segunda conclusión a la que llegó el estudio plantea: “los hechos no se circunscriben solo al Poder Legislativo, ya que, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial muestran un alineamiento que hace impensable hacer retroceder las disposiciones impuestas. Realmente, este caso evidencia cómo la institucionalidad es una sola y se retroalimenta de todas las estructuras constituidas para blindar la acción de la justicia a favor de funcionarios coludidos en redes de corrupción y los actos que atentan contra el Estado y la sociedad”.
Finalmente, el Cespad consideró que esta realidad se desprende de la politización y control partidario de las instituciones del Estado: “el cimiento de este alineamiento parece ser, nuevamente y de manera repetitiva, la alta politización de las instituciones, sumados a las deficiencias estructurales y técnicas que exhiben”.
REACTIVACIÓN DEL FONDO DEPARTAMENTAL
Otra constante en el Congreso Nacional es la creación de Leyes para usar fondos públicos en campañas políticas y no rendir cuentas ante los órganos fiscalizadores del Estado.
Este tipo de manejos se amparan en la reactivación del Fondo Social Departamental, llamado a partir del 16 de octubre de 2019, Ley especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, contemplada en el Decreto 116-2019.
A raíz de las denuncias presentadas por la MACCIH el Fondo había estado inactivo desde abril del 2018.
Desde el punto de vista del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, esta normativa también es un pacto de impunidad que permite cometer más corrupción y no rendir cuentas.
Gracias al manejo de fondos para obras sociales por parte de diputados, la MACCIH presentó en 2018 el caso Arca Abierta, en el que 21 personas, incluidos cinco diputados activos y seis exdiputados, quienes fueron señalados por la malversación de 21.1 millones de lempiras de proyectos dirigidos a obras sociales.
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Otro caso similar fue el expediente Pandora, en el que diputados y funcionarios desviaron más de 282 millones de lempiras de proyectos que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), debían ejecutar. Estos fondos se trasladaron al financiamiento de campañas políticas del Partido Nacional y Liberal.
Pero en el Poder Legislativo se han modificado leyes que han atentado contra la transparencia, tal fue el caso del actual secretario del Congreso Tomás Zambrano y el diputados Román Villeda, Antonio Rivera Callejas y Sara Medina, quienes fueron acusados por la MACCIH de trastocar ilegalmente la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para crear un pacto de impunidad que impidiera que los diputados fuesen investigados por corrupción.
Dicho caso es uno de otros más que ha quedado en la impunidad producto del control de la institucionalidad que gira en torno al poder político de turno.
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EXPULSIÓN DE LA MACCIH Y CÓDIGO PENAL
En diciembre de 2019, el Poder Legislativo brindó un informe en el que se concluyó que la presencia de la MACCIH no era necesaria en el país para combatir la corrupción, siendo esto el primer movimiento para que, en enero de 2020, el Poder Ejecutivo no renovara el convenio de continuidad de la Misión, suscrito por el gobierno de Honduras con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cuando Juan Hernández, titular del Poder Ejecutivo anunció que la MACCIH no continuaría, creó un Sistema de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción e Impunidad, el cual hasta la fecha no ha rendido frutos.
En su momento el diputado Yavhé Sabillón, presidente del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, denunció que este era el principio de una nueva etapa de corrupción e impunidad para los que habían sido incomodados por las investigaciones de la MACCIH.
Sabillón criticó a los diputados del Congreso que se prestaron para presionar para que no se renovara la continuidad de la Misión de la OEA.
El Frente Parlamentario concluyó que la presión para expulsar a la MACCIH se originó en el Poder Legislativo, pues muchos diputados habían sido involucrados en actos ilícitos.
La MACCIH vinculó a diputados con trayectoria política, en los casos Pandora, Arca Abierta y Pacto de Impunidad: Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos, Milton Puerto, Gladys Aurora López, Román Villeda, Sara Medina, Tomás Zambrano, entre otros.
La salida de la MACCIH se combinó a la perfección con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa aprobada desde hace dos años y que a mediados de 2020 entró en vigencia, sentando las bases para el beneficio de todos los imputados por la MACCIH.
En la actualidad, gracias al nuevo Código Penal, ya fueron absueltos todos los diputados del caso Red de Diputados, Pacto de Impunidad, Pandora, Arca Abierta y hasta el de la Caja Chica de la Dama, que involucra a la esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla.
La exdiputada Fátima Mena, junto a otros diputados que integraron el Frente Parlamentario, aseguraron que estas maniobras impulsadas desde el Poder Legislativo están dando los frutos por las que fueron creadas, que es consolidar la corrupción y fortalecer la impunidad.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), también repudió la aplicación del nuevo Código, para favorecer a diputados y funcionarios acusados por la MACCIH. Como parte de la aplicación de esa justicia selectiva, recientemente fueron beneficiados el exministro de la SAG, Jacobo Regalado, a quien la Corte Suprema de Justicia le otorgó casa por cárcel luego de haber sido judicializado por el caso Pandora y Miguel Pastor, acusado en el caso “Narcopolítica”, podrá defenderse en libertad porque la Sala de lo Constitucional ordenó el cambio medidas.
CONGRESO NACIONAL CLAVE DE LA CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA
“Ya no sabemos ni cuantos fondos se han aprobado para manejar la pandemia, por eso exigimos que no se sigan aprobando préstamos hasta que nos digan dónde está el dinero”, cuestionó el diputado de Libre Juan Ramón Flores, a la Junta Directiva del Congreso Nacional en una sesión virtual de pleno realizada en noviembre pasado.
Para el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera, el Congreso se convirtió en una plataforma tramitadora del Poder Ejecutivo, porque todo lo que Casa Presidencial envía, es aprobado a ojos cerrados por el oficialismo.
El diputado del PINU-SD, Luis Redondo, ha criticado en cada sesión de pleno la forma en cómo se ha manejado la situación de emergencia por la COVID-19 en el Congreso, desde la violación sistemática a la Ley Orgánica, hasta la aprobación de préstamos millonarios con organismos internacionales.
Los diputados de oposición aseguran que por ahora no llevan un control de cuántos préstamos se han aprobado, y esto genera falta de transparencia y prepara las condiciones ideales para que se cometa corrupción.
A inicios de la pandemia, el Poder Legislativo, a petición del Poder Ejecutivo, otorgó facultades a Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H), para que fuera el ente encargado de manejar los fondos de emergencia por la COVID-19, entidad que meses después ha estado en el ojo del huracán de la corrupción en temas relacionados a la pandemia.
En ese sentido, diputados que ahora se aglutinan en el Frente Legislativo contra la Corrupción, recalcaron que el oficialismo ha convertido al Congreso Nacional en una fábrica de ilegalidades.
Organizaciones políticos-sociales demandan ley de justicia electoral
Tegucigalpa. – Red por la Equidad Democrática, una organización integrada por sectores académicos, políticos y gremiales llamó la atención sobre la falta de institucionalidad en el sistema político-electoral y las falencias del Censo Nacional Electoral en la reconstrucción con transparencia y respeto a la voluntad ciudadana
El momento que vivimos exige mucha responsabilidad y madurez de nuestros actores políticos, no podemos hablar de reconstrucción, sin reconstruir y transformar nuestra democracia, por lo cual las medidas de austeridad no pueden ir en detrimento de la calidad de las elecciones y de la confianza ciudadana en el proceso electoral, señalan en un documento público.
La falta de la nueva ley electoral genera desconfianza y opacidad pues no existen reglas claras en cuanto a las elecciones y los conflictos que se puedan presentar.
Su retraso injustificado genera incertidumbre e inseguridad jurídica, sobre todo cuando estamos a las puertas de un proceso electoral primario y las autoridades, partidos y ciudadanía, no tienen claridad sobre las reglas del juego electoral.
Igual sucede ante la ausencia de una ley orgánica que defina los procedimientos que el Tribunal de Justicia Electoral requiere para resolver las controversias que se presenten entre los distintos actores políticos y remediar la posible vulneración de derechos político-electorales de la ciudadanía.
Para el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, las elecciones primarias y generales plantean desafíos y dificultades políticas y técnicas, por lo que fortalecer su capacidad para celebrar elecciones exitosas, es vital para nuestra democracia.
La red sostiene que la ciudadanía, medios de comunicación y la empresa privada, entre otros actores, deben ser invitados a impulsar y acompañar iniciativas que promuevan el fortalecimiento de estos órganos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Cuestiona al Consejo Nacional Electoral el nombramiento de personal fuera de los conceptos de méritos y conocimientos técnicos que garanticen la imparcialidad y la neutralidad política en sus decisiones y actuaciones.
De igual forma demandan del Registro Nacional de las Personas, (RNP), ser más preciso con la información ciudadana para que genere certeza, mejore su capacidad de comunicación y coordinación con los demás órganos electorales y la ciudadanía en general.
Asimismo, ratifica su demanda de elecciones transparentes y limpias, con reglas claras que profundicen la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de la ciudadanía.
La experiencia internacional en países que han realizado elecciones a pesar de la pandemia y otros factores climáticos ha mostrado que, con los marcos legales adecuados, es posible hacer ajustes que garanticen las condiciones de salud necesarias para llevarlas a cabo, sin sacrificar su calidad ni tiempos y plazos establecido.
EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO: LA CULTURA DEL HAMBRE
- Publicado: 18 Diciembre 2020
EDITORIAL
LA CULTURA DEL HAMBRE
El hondureño este día avanza inanimado, inmune al dolor de la nación, pocos increpan la egolatría y depredación del actual régimen en su empeño por extinguir el Estado, población y territorio, porque del Gobierno sólo resta barrer los despojos.- Se ha vuelto absoluto el clima de traición contra el pueblo y contra la Constitución; la mayoría duerme en la cómoda burbuja de la superstición, donde pereza y esperanza montan todo deber personal y social en los hombros de Dios.
En este país nada asombra, algo muy peligroso, la maquinaria que fabrica sumisión con miedo, crimen con complicidad y hambre con ignorancia, sigue funcionando por mecanismos que engrasa el poder desde hace 500 años; por eso, ciertamente, hoy estas palabras no serán leídas por muchos, ni agitarán a la sociedad hacia grandes acciones comunes de liberación y vergüenza. Aun así, jamás debemos admitir como normal lo anormal, sino la adaptación del hondureño como ser social e individual, impondrá una sociedad de locura y mente criminal.
Que Honduras aparezca en el continente americano en segundo lugar de peor desigualdad en ingresos entre los más pobres y los más ricos, no existe desarrollo humano; además, el primer país de mayor impunidad y segundo en el mundo, según el Informe Global de Impunidad 2020, tales cifras fatales deberían convocar a debates con solución en las mentes más lúcidas y en los sectores económicos dañados de manera directa como el capital, las empresas, la academia y organizaciones civiles, pero no se oyen, ni se oponen frontalmente al atraso.
Y, en primera fila, en semejantes reuniones, estaría sentado el Gobierno para que rinda cuentas, incluso, si sus argumentos son flojos como en efecto lo son en el plano de hechos y pruebas en la actualidad, tendría que ser sustituido por incapacidad peligrosa y corrupción permanente certificada durante una década, cada año, entre tantos, por los medios de comunicación nacionales y extranjeros, por la Cuenta del Milenio y por Transparencia Internacional (TI).
Pensadores hondureños de la Historia y lúcidos analistas de Ciencias Sociales ven incrédulos el posible levantamiento popular en el país, pero igual se creyó de otros pueblos que después de siglos de sufrimiento erradicaron a sus tiranos, ahora son naciones desarrolladas y otras aún cargan problemas sociales y económico, pero con una revolución en su currículo que frena nuevos dictadores y pone a pensar a sanguinarios y ladrones de esos que hoy hasta son funcionarios de Honduras.
Pero en la práctica se caen todas las teorías, y así como cada pueblo es único, cada manera de romper la opresión y castigarla también es distinta en tiempo y método en cada sociedad. La hora del pueblo hondureño llegará, así como nunca imaginaron en ningún sitio donde por generaciones un puñado de familias saqueó y tiranizó una nación que parecía aguantadora, tonta y cobarde, precisamente esa provocación infinita sin resistencia, es lo que confunde y autodestruye al poder salvaje.
Dicen investigadores que al hondureño del presente –evolucionado desde la ficticia emancipación en 1821, se le incrustó en el alma la cultura del hambre y, que de ahí, surgió ese paisano servil al forastero, indiferente y con débil arrojo para vencer los políticos y capitalistas que lo atan a los más crueles ultrajes, suma además para esa conducta, que durante 300 años se le había domado en servidumbre, con látigo y cruz bajaba la cabeza ante el amo, un vulgar sicario a sueldo de los reyes de España, pagado con nuestro oro, un rebaño de rabiosos requinteros españoles que robaron lo que hallaron mal puesto en América. España debe pedir perdón.
Se afirma que por esa mala herencia, los criollos ilusos, embebidos en creerse aristocracia no trabajaron en construir un capital hondureño, contrario a países vecinos, fue así que en menos de 50 años pasaron la riqueza nacional a los árabes que, desprovistos de tierra y dinero, con la marca de esclavos bajo la bota del imperio turco, hallaron aquí la tierra ideal, donde ahora ponen dictadores y quitan presidentes, son el poder político y económico. La historia del hondureño apenas empieza a escribirse, nosotros pondremos el punto final, seguro.
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