HONDURAS / ¡CAMBIOS YA! MÁS INDIGENCIA Y CRIMEN MUEVEN NUEVA CARAVANA
- Publicado: 11 Diciembre 2020
El gobierno Hernández ha sido incapaz de gobernar para el bienestar de la mayoría de hondureños, sobran los indicadores sociales y económicos que demuestran la debacle nacional, y seguir en el cargo sólo profundiza cada día aún más el fuerte deterioro de la población hondureña y, en general, de las finanzas públicas y privadas del país.
Redacción Central / Honduras
Tegucigalpa. Honduras está quedando sin sueños y sin población en edad de trabajar. Antes de 2009, era un promedio diario de 500 compatriotas que desde distintos puntos del país salían hacia Estados Unidos; ahora, después de doce años, la migración se va en éxodos, se marchan familias completas, juntos caminan cientos y miles de connacionales un camino peligroso hacia el norte del continente. Los síntomas de la gravedad social son obvios, y los caminantes repiten y repiten, desean paz y empleo para ayudar a sus seres amados.
Un hombre mayor, de nombre José, lamentó dejar el país, le duele dejar a su familia literalmente en la calle, perdió lo poco que tenía tras el paso de los huracanes, aquí no deja nada material, reciente, y adelante tampoco tiene nada, sólo la esperanza que hallará algo que lo ayude para rescatar a sus hijos y su señora de la miseria en que ahora quedan luego de su partida.
Este día un fuerte grupo de la caravana llegó a la frontera en Ocotepeque, pero desde ayer han encontrado trabas en el muro policial montado por el Gobierno hondureño, les están solicitando pasaportes y prueba de Covid-19 negativa, ante eso la reacción de los compatriotas que han perdido todos sus bienes ha sido de indignación, varias personas tomaron la decisión de saltar a las montañas para evadir el cerco policial montado a tono con la política de gobierno de obstruir el paso de los éxodos para complacer a EEUU luego de declararse “país seguro” a petición de la mentalidad anti inmigración del régimen de Trump.
Pero según Migración, había unas 200 personas en San Pedro Sula y se esperaba que a las 5 horas de mañana del 10 diciembre salieran hacia Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), reportó que mantiene monitoreos con sus pares hondureños para coordinar el ingreso de los migrantes. Al final, el éxodo de unos 400 compatriotas partió a las 7:00 de la noche del 9 de diciembre.
Apenas el 5 de octubre anterior se produjo la primera caravana de alrededor de 4,000 hondureños, ante lo cual el Ejecutivo dispuso de un estado de Prevención para detener y repatriar a los migrantes.
La caravana generó tensión entre Guatemala y Honduras, así como con Acnur, organismo de la ONU para refugiados, al que la administración de Alejandro Giammattei pidió retirar a sus oficiales de la frontera porque estaban “entorpeciendo” las acciones del estado de Prevención.
Al respecto de la nueva migración, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Leiva, que la población migra porque no hay solución en el país, no hay políticas sociales desde hace una década.
Llevamos un registro de violaciones de derechos a mujeres, a campesinos, continuó, pero también nos preocupa el desaparecimiento de personas que son delitos de lesa humanidad.
Y enfatizó. “Este gobierno está caracterizado por ser un narcoestado y autocracia, por eso el empobrecimiento es una tendencia, por eso hemos pedido que se deje de entregar dinero a este gobierno que, de seguir, vamos a un verdadero desastre”.
Una mujer que vivía en la colonia Planeta de San Pedro Sula, dijo llorando antes de partir con la nueva caravana: “He luchado tanto tiempo en este país, he trabajado duramente para darle algo a mis tres hijos, con la pandemia perdí todo, he estado durmiendo en la calle con mis tres hijos y qué puedo esperar aquí, qué me puedo quedar haciendo aquí. La verdad que aquí no tenemos nada, si no es por nosotros nadie hace nada, he quedado en cero de vuelta con la tormenta perdí todo, perdí la casita que había hecho”.
Un mes después de que los huracanes miles de personas siguen esperando ayuda humanitaria
Cuatro semanas después de que las tormentas tropicales Eta e Iota devastaran Honduras y Guatemala, más de 400.000 personas permanecen en albergues temporales mientras que miles están viviendo en las calles y necesitan urgentemente asistencia humanitaria
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Nuevas cifras de la ONU revelan que, de 5,5 millones de personas afectadas por las sucesivas tormentas tropicales Eta y Iota en Honduras y Guatemala el mes pasado, 400.000 permanecen en albergues temporales mal equipados y 140.000 hogares fueron destruidos por las tormentas. Alrededor de 330.000 personas siguen sin recibir asistencia de emergencia debido a la destrucción de las vías y la interrupción de las comunicaciones en Honduras. Esta crisis ha golpeado a una región con necesidades humanitarias que ya superan ampliamente los recursos disponibles.
«La situación es totalmente desesperada. Comunidades enteras han quedado aisladas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Cientos de miles de personas aún no han recibido asistencia humanitaria, miles están durmiendo en las calles y bajo los puentes», advierte Dominika Arseniuk, directora del Consejo Noruego para Refugiados para América Central y Colombia. «La gente se está viendo obligada a soportar condiciones intolerables en una región descuidada por la comunidad humanitaria».
Las tormentas más recientes han empeorado las crisis humanitarias preexistentes en la región. Hace seis meses se identificó que 5,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Honduras, El Salvador y Guatemala, tras años de violencia crónica y extrema, desplazamientos, inseguridad alimentaria y los efectos cada vez más adversos del cambio climático.
Esta región también se ha convertido en sinónimo de las mediatizadas caravanas de migrantes y refugiados que buscan desesperadamente seguridad y oportunidades en el exterior. Más recientemente, las cuarentenas y restricciones para prevenir la propagación de Covid-19 paralizaron las economías locales y sobrecargaron los sistemas de salud, todo ello antes de que las tormentas tropicales dispararan las necesidades a niveles sin precedentes.
A las afueras de San Pedro Sula, una de las ciudades más grandes de Honduras, cientos de familias desplazadas han establecido albergues improvisados utilizando palos y láminas de plástico, con pedazos de cartón como colchones. Otros duermen bajo los puentes y decenas de miles han perdido sus casas y pertenencias, dejándoles sin ningún lugar a donde ir. Pocas personas tienen acceso a mascarillas, jabón o agua limpia para ayudar a prevenir la propagación de Covid-19.
Marlon (32), su esposa embarazada y su hija de un año perdieron todas sus posesiones en las inundaciones. Tuvieron que huir rápidamente cuando los huracanes azotaron su colonia y ahora se encuentran en las afueras de San Pedro Sula en Honduras. Marlon le contó al Consejo Noruego para Refugiados:
«Dormimos fuera de un edificio sin tener comida. Logramos traer algo de ropa para mi hija, pero mi esposa y yo sólo teníamos lo que llevábamos puesto. Esa primera noche, la lluvia cayó sobre nosotros y hemos estado viviendo en la calle desde entonces».
El Consejo Noruego para Refugiados, junto con otras doce organizaciones internacionales, ha pedido repetidamente a las Naciones Unidas (ONU) que desarrolle un plan de financiación para apoyar los esfuerzos de respuesta humanitaria en el norte de Centroamérica. Sin dicho plan, la respuesta humanitaria seguirá desfinanciada y descoordinada.
«Esta región ha sido completamente
descuidada por la comunidad internacional. Tiene uno de los niveles más
altos de personas que huyen y buscan asilo en el mundo. El número de
muertes violentas relacionadas con el crimen es mayor que en muchas de
las peores zonas de guerra del mundo. Y es una de las más afectadas por
los eventos climáticos extremos, como hemos visto este año. ¿Qué más se
necesita para que la comunidad humanitaria tome acción?» dijo Arseniuk.
THE GUARDIAN: HONDURAS, ENTRE LOS MÁS PELIGROSOS PARA DEFENDER LA VIDA
- Publicado: 06 Octubre 2020
El periódico británico, The Guardian, ha lanzado este martes 6 de octubre un artículo que se centra en la lucha social del río Guapinol, la criminalización de ambientalistas y el favor del Gobierno hondureño para empresarios que destruyen los recursos naturales.
Para fines de interés nacional, EL LIBERTADOR reproduce una traducción del artículo que puede leer en su versión original en este enlace: Cómo Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos para defender los recursos naturales
Agencias / EL LIBERTADOR
Gabriela Sorto no ha visto ni hablado con su padre en seis meses, desde que las draconianas medidas Covid-19 del gobierno hondureño prohibieron la mayoría de viajes y visitas a las cárceles.
Porfirio Sorto Cedillo, un constructor y trabajador agrícola de 48 años, es uno de los ocho manifestantes detenidos en prisión preventiva desde 2019 por presuntos delitos relacionados con su oposición a una mina de óxido de hierro que amenaza con contaminar su suministro de agua. Otros cinco defensores del agua de Guapinol, una pequeña comunidad de bajos ingresos en la costa norte del país, también podrían ser enviados pronto a la cárcel.
En respuesta a las denuncias penales presentadas por la empresa Inversiones Los Pinares, 31 personas, entre ellas un hombre que murió tres años antes de los supuestos hechos, han sido imputadas por múltiples delitos y la agrupación de base comunitaria falsamente acusada de vínculos con el crimen organizado.
La comunidad ha sido militarizada y sus líderes han sido objeto de amenazas, hostigamiento y campañas de difamación. Varios residentes huyeron en busca de asilo en Estados Unidos para escapar de la persecución criminal, en un caso ampliamente condenado por abogados, grupos de derechos humanos y legisladores estadounidenses y europeos.
“Mi papá ha sido encarcelado por defender un río que le da vida a nuestra comunidad, por tratar de detener la explotación de los recursos naturales por parte de empresas ricas a las que el gobierno ayuda para aterrorizarnos”, dijo Sorto, de 28 años. “Cada día que pasa sabemos menos sobre él. Es débil, ha tenido síntomas de Covid, nos preocupamos por su salud y seguridad en la prisión".
Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para defender los recursos naturales y los derechos territoriales después de que el golpe de Estado de 2009 marcó el comienzo de un gobierno autocrático pro empresarial, que permanece en el poder a pesar de múltiples acusaciones de corrupción, fraude electoral y vínculos con redes internacionales de tráfico de drogas.
Desde entonces, cientos de defensores han sido asesinados y muchos otros han sido silenciados como resultado de cargos criminales inventados.
Según un informe reciente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la “causa fundamental de la mayoría de los conflictos sociales [en Honduras] es la falta sistemática de transparencia y participación significativa” de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos naturales.
La víctima de más alto perfil fue la defensora indígena Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de 2016 luego de sufrir años de amenazas y hostigamientos vinculados a su oposición a una represa financiada internacionalmente.
Más recientemente, el caso Guapinol y la desaparición forzada de defensores de la tierra de la comunidad indígena Garífuna negra han provocado críticas generalizadas.
La lucha actual se remonta a 2011 cuando la montaña de Botaderos fue declarada Parque Nacional por el Congreso, ordenando la protección de las fuentes de agua que sirven a más de 42.000 personas, incluido el río Guapinol.
Sin embargo, al año siguiente, el Congreso redujo la zona de no desarrollo del parque para acomodar la mina, propiedad de Lenir Pérez, un empresario previamente acusado de violaciones de derechos humanos, y Ana Facussé, hija del fallecido magnate del aceite de palma Miguel Facussé, un importante agente político. Quien antes de su muerte en 2015 fue acusado de apropiación de tierras, represión violenta y vínculos con narcotraficantes.
Durante los siguientes años, se emitieron permisos de minería y comenzó la construcción de carreteras, incluso cuando las comunidades presentaron quejas legales, realizaron protestas y suplicaron a los funcionarios que protegieran los ríos, según muestran los registros.
“Arruinaron nuestro río… No podíamos usar el agua para nada, por eso nos organizamos, esa es nuestra lucha”, dijo Juana Zúñiga, de 36 años, cuyo esposo José Abelino Cedillo, un barbero de 36 años, también está preso en espera de juicio. .
Un campamento de protesta pacífica para oponerse al proyecto fue recibido con violencia. El 7 de septiembre de 2018, un joven manifestante recibió un disparo y resultó gravemente herido cuando decenas de guardias de seguridad armados que trabajaban para la mina intentaron desalojar el campamento. El incidente nunca fue investigado.
Mientras tanto, las autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión contra manifestantes vinculados a los hechos controvertidos de ese día y un intento anterior de desalojo del campamento.
Una investigación reciente de la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia concluyó: “Este caso se enmarca en un patrón de violencia, hostigamiento e intimidación dirigido a defensores de derechos humanos en Honduras... que ilustra la tendencia del gobierno a favorecer los intereses económicos sobre derechos humanos y su disposición a atacar la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica de sus ciudadanos”.
Además de los ocho hombres detenidos en 2019, un juez pronto decidirá si otros cinco, cuyos casos fueron desestimados originalmente, también deben esperar el juicio en prisión o en casa. Los acusados niegan los cargos de incendio provocado y detención ilegal del jefe de seguridad de la mina.
Leonel George, de 41 años, un defensor de derechos humanos que apoya a la comunidad de Guapinol que enfrenta la prisión preventiva, dijo: "Quieren encerrarnos para asustar a la comunidad y debilitar la resistencia".
La empresa minera no respondió a denuncias específicas, pero en un correo electrónico dijo: “Inversiones Los Pinares es una empresa seria, responsable que respeta los derechos humanos y ambientales, y cumple con todas las leyes, regulaciones y estándares operativos… hemos generado desarrollo, desarrollo económico impulsó, ayuda con obras sociales para las comunidades y todos nuestros procesos son ambientalmente responsables”.
HONDURAS / APRUEBAN MÁS REGALÍAS A MINERAS, MÁS SAQUEO Y MUERTE DE AMBIENTALISTAS
- Publicado: 16 Octubre 2020
Marco Antonio Velásquez (gráfica), diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, es quien ayer presentó el proyecto para aumentar privilegios y perdonar los pocos impuestos que pagan las mineras extranjeras y nacionales que extraen oro, plata, mármol, entre otra variedad de riquezas del subsuelo hondureño.
El diputado Velásquez destaca por exponer iniciativas alejadas del interés de la nación hondureña, en agosto de 2018, introdujo en el Congreso el proyecto de reforma al artículo 184 para que se defendieran en libertad lavadores de activos, narcotraficantes, homicidas, entre otros. Propósito consumado en el nuevo Código Penal.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La iniciativa para aumentar las regalías a la industria minera expuesta por el diputado nacionalista por el departamento de Valle, Marco Antonio Velásquez, fue aprobada con rapidez en un sólo debate, sin considerar la opinión de ningún sector de la sociedad.
Todo ocurrió en sesión virtual en el Congreso Nacional celebrada ayer 15 de octubre de 2020, se le dio lectura a un dictamen favorable aprobado por la mayoría calificada, con el voto en contra del diputado por Cortés de Libertad y Refundación (LIBRE), abogado Samuel Madrid en su condición de miembro de la Comisión Especial de Dictamen.
Extrañamente, había enorme premura por aprobar los nuevos beneficios para las compañías que explotan los minerales en territorio hondureño, y se solicitó no realizar dos debates y aprobarlo de una vez el proyecto que fue presentado por el diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, Marco Antonio Velásquez, orientado a reformar por adición el Decreto Legislativo No. 238-2012, contentivo de la Ley General de Minería.
La iniciativa de Antonio Velásquez, de manera específica solicitó la reforma de los siguientes artículos: el número 8, relacionado a definiciones sobre agregados pétreos con relación a minerales metálicos y no metálicos. El 56, que se refiere a la tabla de canon territorial por derecho minero de exploración y explotación de minería metálica y no metálica.
Además, solicitó reformas al artículo 76 D, vinculado a los incentivos que se convierten en exoneraciones o perdón de impuestos por la exportación de recursos de minería metálica y no metálica.
El Partido LIBRE emitió un comunicado en el que ratifica que está en contra de la política de extracción, regalía y saqueo de los recursos naturales que, aunque son propiedad del pueblo hondureño, se hace con ellos lo que le viene en gana al actual gobierno. Igualmente, ha pasado con los gobiernos que de manera lamentable a través de la historia han mal administrado los bienes nacionales.- Los diputados de la bancada de LIBRE por unanimidad votaron en contra del decreto presentado por el parlamentario nacionalista.
El diputado Velásquez, que ayer actuó en nombre de las mineras, destaca por presentar iniciativas alejadas del interés de la nación hondureña, en agosto de 2018, presentó el proyecto de reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal para que se defendieron en libertad los enjuiciados por narcotráfico, lavadores de activos, homicidios, entre otros.
Propósito que en gran medida se consumó en el nuevo Código Penal, según revelan los expertos y lo demuestra la masiva entrega de cartas de libertad a personajes de la política nacional vinculados a escandalosos y emblemáticos casos de corrupción que presentó la extinta MACCIH.
Isleños de Roatán no “ZEDEran” sus bienes comunes
Roatán/Tegucigalpa, Honduras.- Ante la amenaza de despojo por la construcción de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras, denominada “Roatán Próspera”, los habitantes de la comunidad Crawfish Rock, mantienen su grito de alerta que traspasó las Islas de la Bahía.
Unas 400 personas que habitan en Crawfish Rock, municipio de Roatán, la isla más grande del archipiélago en el caribe hondureño, nunca han abandonado la playa donde nacieron. Heredaron de sus antepasados las costumbres y tradiciones valorando que la tierra es el sustento que les da felicidad.
Hace unos meses llegó el ruido que produce la transnacional Plataforma Próspera, que para este 2020 con la venia del régimen de Juan Orlando Hernández, planeó lanzar el primer distrito de desarrollo económico sostenible en la isla de Roatán.
Por lo que el pueblo se ha organizado para informarse e informar a los demás sobre el peligro de que una “ciudad modelo” se construya en el departamento insular, cuyo destino es casi desconocido para la mayoría de la población hondureña, no así para inversionistas y turistas extranjeros.
Las tierras de Crawfish Rock, se cotizan en la web, con texto en inglés, precio en dólares estadounidenses y una foto galería que muestra el paraíso terrenal hondureño compuesto por playas, arena blanca y un bosque tropical sin explotar. A esto se le agrega un aeropuerto accesible, muelle, hoteles, restaurantes de lujo y la tranquilad que no se halla en tierra firme, considerando que Honduras es uno de los países más violentos de la región latinoamericana.
Los habitantes de Islas de la Bahía son de ascendencia negra, inglesa y mestiza, con un número reducido de ascendencia indígena. Aunque el idioma oficial es el español, la mayoría de la población también habla inglés.
Islas de la Bahía fue habitado por los descendientes de esclavos negros traídos por los ingleses entre los siglos XVIII y XIX; además por negros que arribaron al país a trabajar a las compañías bananeras a comienzos del siglo XX, provenientes de Jamaica, Trinidad y Tobago, Caimán y Belice.
Esta pluralidad conformó al pueblo conocido como “isleños de habla inglesa” “negros ingleses” o “creoles”, quienes son muy arraigados, de tal forma que rara vez emigran; y si eso sucede, siempre vuelven a la isla, porque son felices a la orilla de la playa, detalló a Defensores en Línea, la lideresa comunitaria de Crawfish Rock, Vanessa Cárdenas.
Es así que, no están dispuestos al despojo territorial. Y para que toda la población conozca sobre lo que representa Próspera, la población se auto convoca en pequeños grupos comunitarios o caravanas vehiculares los fines de semana, siempre cuidando las medidas de bioseguridad ´para evitar contagios por el COVID-19.
Vanessa afirmó que no cederán a las pretensiones de los inversionistas, quienes no los han consultado para ese proyecto de desarrollo, violentando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C 169- OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales que ya establecen el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Además, que los Creoles o Isleños es una población desatendida históricamente por el Estado, no hay centros hospitalarios dignos ni universidades públicas cercanas, para recibir esas atenciones deben pagar establecimientos privados o viajar a tierra firme.
Es un pequeño grupo que abandona la Isla, y lo hacen para ir a estudiar a la Universidad, pocos emigran a otros países, pero el que se va, tarde o temprano regresa, porque aquí no se depende de un salario fijo, sino que trabajamos en la pesca, agricultura y atención al turista, así nos ganamos algo de dinero para la diaria subsistencia, agregó la defensora del territorio.
En esta lucha por la isla, han surgido grupos de choque, quienes están a favor de la ZEDE son personas que no nacieron o no se criaron en Roatán, por lo que no le tienen amor a la comunidad. Creen que Prospera les va a dar empleo, pero eso es algo temporal. Añadió que, si no luchamos ahora, nos quedaremos en la calle, porque quizá nos paguen por el terreno donde vivimos, pero ahí hay hasta cinco familias. La indemnización no alcanzará a 4 familias y no tenemos para dónde ir.
El 6 de septiembre de 2013 el Diario Oficial La Gaceta N° 33,222 expresa que el Congreso Nacional de la República de Honduras con la representación de Juan Orlando Hernández, aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), bajo el Decreto Legislativo 120-2013, durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa.
Por lo que los interesados en las ZEDE se amparan en este decreto y se podrían instalar en zonas ya habitadas por pueblos originarios en el territorio nacional.
Hace unas semanas, elementos de la Policía Nacional y Municipal, desalojaron al CEO (Chief Executive Officer) de Próspera, Erik Brimen, quien iba a socializar el proyecto, pese a que la población ya le había manifestado su descontento.
De instalarse la ZEDE, las familias nativas no tendrán acceso a vivir ahí y temen no tener donde instalarse.
“Se dice que tendrán su propio hospital, estación de bomberos y demás cosas que para nosotros no son posibles”, amplió Vanessa, en contraste a un comunicado de Próspera que expresa “Somos una plataforma de oportunidades sustentada en los principios de igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos universales y en apego a estos actuamos con nuestros vecinos de Crawfish Rock”, según publicación de hondudiairo.com
Existe temor de parte de las autoridades edilicias de Roatán, que la creación de una ZEDE conlleva tener sus propias autoridades, incluso su propio alcalde, declaró Vanessa, pueden constituir su personalidad legal, jurídica e independiente y que operan como una municipalidad.
Hasta el momento las acciones en defensa de la tierra, el territorio y las playas, son emprendidas por la ciudadanía que espera una reunión solicitada al alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds. Mientras se mantiene la calma para hacer actos masivos de protesta, por el Coronavirus está activo en la isla, y la asistencia de salud no es la óptima.
Vanessa Cárdenas finalizo la entrevista haciendo un llamado a toda la población hondureña para que no los abandonen en esta lucha, sino que se mantengan alertas a emprender acciones en la defensa del territorio nacional.
Por Marc Allas
Tegucigalpa.- Las falencias, la desidia y la inoperancia del Mecanismo Nacional de Protección las y los Defensores de Derechos Humnaos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia, fue el tema de análisis del programa Voces contra el Olvido, en su emisión del sábado 3 de octubre de 2020.
De cara a las recomendaciones contempladas en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, en 2015 fue aprobada la Ley de Protección a defensores, periodistas y jueces. Dicha ley creó en 2016 un Sistema Nacional de Protección con 36 empleados para todo el país, tres para recibir denuncias, 7 para analizar el riesgo, 3 para asesoría jurídica y el resto para administrar unos 900 mil dólares de presupuesto total.
En la opinión editorial del programa Voces contra el Olvido, espacio radial producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se abordó este tema bajo el título: “Un problema serio es la desconfianza”.
Al respecto, el editorial apunta que el informe más reciente de este llamado Sistema de Protección es de febrero 2020, entregado al Examen Periódico Universal de la ONU en Ginebra y colgado en internet el 13 de agosto pasado. En este texto se lee que el total de casos recibidos es de 384, de los cuales siguen activos solamente 204.
Al desmenuzar las cifras, el documento oficial de la dictadura dice que 40 casos activos corresponden a víctimas perfiladas como personas defensoras de derechos humanos, 21 personas son indígenas, 8 son garífunas y 12 corresponden a la diversidad sexual LGBTI.
Por supuesto, el texto no hace una valoración de los casos perdidos por asesinato mientras transcurrían las medidas o de los casos nunca prevenidos, pese a las insistentes señales rojas lanzadas por el contexto de las víctimas.
Para un país sumergido en las violencias públicas y privadas, esas cifras representan un valor minúsculo del total de hechos ocurridos entre 2016 y 2018. Equivalen, como dijimos al inicio, el alto nivel de desconfianza frente al Estado.
Para el analista político, profesional de la carrera de Trabajo Social, activista social y defensor de los derechos humanos, Tomás Andino, al referirse al tema abordado, señaló que el Mecanismo de Protección brinda un trato burocrático con ausencia de empatía y de solidaridad hacia los defensores y defensoras que acuden a esta instancia.
“No hay un compromiso de acompañar en todo lo que sea necesario a la persona víctima de violaciones a derechos humanos, y por otro lado existe desconfianza en acudir ante el Mecanismo, porque es peligroso denunciar”, sostuvo Andino.
Porque existe una certeza de que hay filtración en este tipo de instancias del Estado, y eso conduce a crear una desconfianza general a todo lo que hace el gobierno y que por encima del Mecanismo, nos preguntamos ¿Quién vigila al Mecanismo?, comentó el analista.
Andino indicó que hay otro tema objetivo que expresa el editorial del COFADEH y es el de la “impunidad”. En ese sentido menciona claramente que existe impunidad y que por tanto no sirve de mucho acudir a este mecanismo.
“Veía el dato de que para alrededor de 2016, y más o menos en cinco años, hubo aproximadamente 14 asesinatos de personas que se habían acogido a estos mecanismos de protección y que tenían medidas cautelares y sin embargo fueron asesinadas, eso lo sabemos y por eso da la sensación de que la impunidad hace inservibles éstos mecanismos”, señaló el analista.
Otra situación preocupante, advirtió Andino, es que el Mecanismo de Protección es en realidad un mecanismo de “vigilancia del defensor”, porque nos investiga hasta el más mínimo detalle. Todos los pasos que damos son “mapeados”, estamos muy bien monitoreados por el mecanismo, que responde a un gobierno que nos violenta los derechos.
Quieren meternos miedo
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva dijo a www.defensoresenlinea.com que el Mecanismo de Protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, es “una vergüenza y una bofetada para todas aquellas personas que trabajamos y exigimos un ministerio de Derechos Humanos y que hubiese una ley que tuviera un mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos”.
Cuando uno se pregunta ¿Qué es lo hoy tenemos con el Mecanismo? yo siento vergüenza y a veces debo confesarlo en público, siento impotencia, porque el Mecanismo Nacional de Protección lo menos que hace es proteger a los que demandan su acompañamiento y su intervención.
“Hacemos uso del Mecanismo, con las personas que llevamos, y los resultados son muy pobres, no tienen conciencia de lo que es estar representando los derechos humanos. Ellos creen que están haciendo un favor a la población y además piensan que con comprometerse y no cumplir, y dejarlo en un acta, es que se ha avanzado”, estimó la defensora de derechos humanos.
Añadió que, al Mecanismo no le interesa la protección de los demandantes, porque existe una política de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos y mientras esa política de Estado no cambie, va a estar muy lejos que el Mecanismo de Protección, tenga una actitud diferenciada, aseguró.
En cuanto a los Tribunales de Justicia, Oliva señaló que el Poder Judicial, durante este régimen, está siendo utilizado como una herramienta para frenar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas y comunicadores sociales.
“Nosotras hemos estado denunciando al sistema judicial y al aparato estatal, que ha sido convertido en el brazo justiciero y vengador en contra de la población, para callarla y para someterla”.
Respecto a la masacre ejecutada en la comunidad San Fernando, municipio de Patuca, departamento de Olancho, el domingo 27 de septiembre, donde murió acribillado a balazos a manos de desconocidos, el luchador social y ambientalista José Antonio Teruel, junto a su esposa Francisca Zavala y su cuñado Marco Tulio Zavala, la coordinadora general del COFADEH señaló que “Teruel fue un acompañante de todos los esfuerzos sociales desde hace muchos años, fue un compañero que era silencioso pero siempre estuvo presente en las reivindicaciones sociales y en las últimas décadas se dedicó al trabajo ambiental, a la defensa del ambiente y de los recursos naturales”.
Oliva añadió que José Antonio Teruel se convirtió “en un ojo auditor” de los movimientos sociales generados a través del tiempo, en diferentes partes del país y específicamente en el departamento de Olancho.
“José Antonio Teruel, recuerdo en la Marcha por la Vida, que estuvo casi en todas las reuniones que se realizaron en el departamento de Olancho con los diferentes municipios para dar a conocer y elevar a nivel público y sacar de lo privado lo que se estaba generando con la depredación del bosque y con las múltiples violaciones a los derechos humanos”, comentó la coordinadora general del COFADEH.
Así que, José Antonio Teruel fue un militante permanente de lo social, de las luchas colectivas y lo hizo desde hace muchos años.
“Nos da mucho pesar, mucho dolor, mucho coraje; saber que hombres que luchan por la vida y esas mujeres que trabajan por la vida a favor de lo colectivo, sean masacradas de la forma en que ha sucedido en los últimos años, por defender el ambiente y los territorios”, Berta Oliva
En relación al crimen perpetrado contra el periodista Luís Almendares, que fue víctima de una emboscada por parte de desconocidos que le infirieron cuatro impactos de bala contra su humanidad, y que falleció el 27 de septiembre en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, horas después de ser intervenido quirúrgicamente en el hospital “Santa Teresa” de Comayagua, Oliva dijo que “el hecho representa un nuevo ataque contra de la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Nos quieren al igual que con el asesinato de Teruel, meternos miedo, nos quieren paralizar. Es evidente que con el asesinato del periodista estamos pensando que los ataques van en serio y lógicamente los resultados van a ser los mismos que de todos los periodistas asesinados; los resultados van a ser los mismos que de todos los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados donde no va a haber ningún avance en los procesos de investigación”, advirtió.
Estamos obligadas a mantener las demandas y las denuncias permanentes que hacía Luis Almendárez a través de su micrófono y publicaciones, porque no necesariamente se necesita ser periodista para colocar las denuncias a nivel público y hacer acciones a nivel privado, sostuvo Oliva.
Acusación contra Marco Bográn es una burla para el pueblo, dice penalista
- 05/10/2020
“Que el Ministerio Público emita una acusación contra Marco Bográn, por un delito ligado al pago de 100 mil lempiras en concepto de viáticos a cuatro extranjeros, es una burla, un chiste, especialmente porque la ciudadanía está esperando que se presenten requerimientos fiscales por la malversación de al menos 36 millones dólares en la compra de los hospitales móviles, considerada la mayor ofensa del ex funcionario”, dijo en Radio Progreso el abogado penalista Omar Menjivar.
La acusación que mantiene a Bográn y al ex administrador de la Inversión Estratégica de Honduras, Invest-H, Alex Alberto Moraes, en los tribunales se basa en el pago de un hotel de lujo para que cuatro extranjeros hicieran la cuarentena después de realizar una gira por los lugares donde se instalarían los hospitales móviles y tener contacto con pacientes positivos por Covid-19.
Bográn autorizó el pago del hotel a pesar que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de Tegucigalpa, según la fiscalía.
“Nos quieren ofrecer un show para generar la sensación que el Ministerio Público está procurando todo el peso de la ley contra Bográn”, el abogado Menjivar cree que, si hay una malversación en el pago de esos viáticos debe aplicarse la ley, sin embargo, hay una serie de irregularidades en la adquisición de los hospitales móviles y es condenable que aún no se presenten requerimientos fiscales contra Bográn y compañía, porque además de la sobrevaloración, los hospitales que llegaron al país cuentan con equipo médico vencido, no funcional para atender a la población.
El delito de malversación de caudales públicos en el nuevo Código Penal tiene una pena máxima de 15 años, pero para que se llegue a esa pena, se necesitan otras agravantes, por ejemplo, que el delito se haya cometido en seno de un grupo criminal organizado. Pero el caso de Bográn se presentó en el juzgado de justicia ordinaria penal ubicada en La Granja de la capital, y no en el circuito anticorrupción que fueron creados bajo la lógica de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, quien se había instalado en el país para combatir redes de corrupción.
“Nos hacen creer que solo buscan deducir responsabilidad a Bográn y no a la mafia que ha saqueado los recursos del Estado en la pandemia”, dijo Menjivar, dando al mismo tiempo el beneficio de la duda al Ministerio Público al pensar que, los próximos requerimientos se presentarán en los juzgados anticorrupción, y que ahora no lo hace porque está trabajando duramente para desentrañar la red de corrupción con nombres y apellidos que opera en el país.
En las próximas horas el juzgado puede seguirle el juego al Ministerio Publico y va a ordenar la detención judicial y Bográn pueden ser enviado a una cárcel o el batallón. Dentro de 5 días ser realizaría la audiencia inicial donde se presentarán los alegatos para sostener que él y su administrador cometieron el delito.
Emiten requerimiento fiscal contra ex director de Invest-H, Marco Bográn
- 05/10/2020
La portavoz de los Juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, confirmó a la prensa este lunes (05/10/2020) que se ha emitido requerimiento fiscal contra el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales y Alex Alberto Morales Girón, exadministrador.
La solicitud bajo el numeral 02096-2020, con observación de librar orden de captura, fue presentada por los juzgados Anticorrupción por el ilícito de malversación de caudales públicos en prejuicio de las finanzas del Estado hondureño en medio de la pandemia por Coronavirus.
A Bográn y Girón se les acusa de malversar fondos públicos en la compra de los siete hospitales móviles valorados en 47.4 millones de dólares, que fueron pagados de contado entre los meses de marzo y abril, pero hasta la fecha solo dos de ellos han llegado al país, y no son funcionales según expertos de salud.
Por su parte, el abogado Marco Tulio Castro, integrante del equipo legal de Bográn, manifestó que en efecto, el requerimiento fiscal fue librado por las autoridades para el respectivo proceso. Sin embargo, expresó a medios de comunicación que no hay necesidad de emitir orden de captura porque su cliente está en disposición de colaborar con la justicia.
HONDURAS / EN SU CASA CAPTURAN A EX ADMINISTRADOR DE INVEST-H, ALEX MORAES
- Publicado: 05 Octubre 2020
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La mañana de este 5 de octubre, el ex administrador de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Alex Moraes Girón, fue arrestado en su casa de habitación por funcionarios de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por suponerlo responsable del delito de malversación de caudales en perjuicio de la administración pública, de acuerdo con el expediente 2096-2020.
Tras la filtración de información sobre el requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra Moraes y el ex director de Invest-H, Marco Bográn Corrales, el MP ha oficializado en su cuenta de Twitter que “la #ATIC ya dio captura a Alex Moraes, administrador de INVEST-H, quien junto a Marco Bográn, participó en uno de los actos corrupción más reprochables y abominables de la historia del país. En este primer caso el delito imputado es malversación de caudales públicos”.
NOTA DE INTERÉS: ATIC CAPTURA A MARCO BOGRÁN, CARA VISIBLE DE “HOSPITALES FANTASMAS”
Y minutos antes esa información había sido confirmada mediante un tuit del Poder Judicial. “Ante el #JuzgadoLetrasPenal de la ciudad de #Tegucigalpa se presentó requerimiento fiscal contra Marco Bográn Corrales y Alex Morales Girón, por la supuesta comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras”, han publicado.
“Este día, llegó a la ATIC a declarar en calidad de investigado el señor Alex Alberto Moraes por el caso de la presunta compra irregular de mascarillas”, confió el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, quien detalló que por ese caso han prestado su declaración al menos diez personas, entre ellas la diputada nacionalista Waleska Zelaya y su esposo, el empresario Juan José Lagos, así como la señora Ingrid Ordoñez e Irma Espinal ambas funcionarias de la institución.
El empresario Lagos y la diputada Zelaya, a través de la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T), vendieron 474 mil mascarillas KN95 por un valor de más de 50 millones de lempiras INVEST-H, y según investigaciones del MP fueron citados “para determinar en qué términos se efectuó esta transacción, puesto que según la Ley de Contratación del Estado prohíbe a los funcionarios hacer negocios con el Estado, donde también se incluye a los familiares en el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad”. Además, están siendo investigados por la posible comisión de los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
Por su parte, Moraes fue responsable de firmar las autorizaciones de multimillonaria compra de insumos de bioseguridad, maquinaria médica así como los carísimos hospitales móviles que aún no han llegado al país en su totalidad.
HONDURAS / HOY DORMIRÁ EN PRISIÓN MARCO BOGRÁN POR “POOL PARTY” INVEST-H
- Publicado: 06 Octubre 2020
Los juzgados capitalinos confirmaron esta tarde prisión preventiva para el ex director y el ex administrador de Invest-H, Marco Bográn y Alex Moraes, respectivamente, pero de acuerdo con la autoridad, este es sólo el primer requerimiento fiscal contra los imputados por suponerlos responsables del delito de malversación de caudales públicos, cuyo proceso es parte de las 22 líneas de investigación por compras de emergencia durante la pandemia del Covid-19.
“Informamos a la población que hay trabajos complejos requiriéndose en ellos información que ha sido solicitada a otros países como Turquía, Guatemala, Estados Unidos y Panamá”, han dicho las autoridades y que al recibir esos los elementos probatorios se presentarán los requerimientos fiscales científicamente sustentados para deducir la responsabilidad penal a las personas imputadas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hace unos instantes, la justicia hondureña ha dictaminado auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el ex director y ex administrador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, por suponerlos responsables a título de autores de la comisión del delito de malversación de caudales en perjuicio de la administración pública. La acción judicial implica que el juez halló indicios racionales de culpa en Bográn y Moraes.
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Y agrega que: “De acuerdo a la relación de hechos en este caso, el pasado mes de marzo cinco funcionarios de Invest-H iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades del país donde estarían ubicados los hospitales móviles comprados a Turquía, al terminar sus labores y regresar a la capital se les informó que por 15 días estarían alojados con todos los gastos pagados en un hotel de la ciudad, argumentándose que se hacía como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigían para personas que habían tenido contacto con pacientes positivos de Covid-19, gastándose del presupuesto de Infraestructura Vial la cantidad de ciento un mil, ciento noventa y nueve lempiras con cuarenta centavos (L 101,199.40)”.
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Fue así –prosigue el documento– que las investigaciones determinaron que tanto el señor Bográn como Moraes Girón, con pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos, ya que los fondos no fueron usados para la pandemia sino para hospedar y alimentar a cuatro funcionarios de Invest-H en un hotel de lujo, a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de Tegucigalpa.
Por tanto, el MP decidió solicitar al juez competente que se librara orden de captura y detención judicial con la oportuna prisión preventiva, como establece el artículo 178 Numeral 2 del Código Procesal Penal donde se hace referencia “a la posible obstrucción de la justicia por parte del imputado, en vista de que el señor Marco Bográn está siendo investigado en otros casos”.
Y han reiterado que “al contar con todos los elementos probatorios que sustenten un requerimiento fiscal científicamente bien elaborado y que se reciba la información solicitada por medio de la Asistencia Jurídica Internacional a cuatro países (en algunas de las líneas de investigación), estos serán presentados ante juez competente para deducir la responsabilidad a las personas imputadas”.
CONFINAMIENTO VIP
Cabe recordar que el 30 de abril, una investigación de EL LIBERTADOR reveló cómo Invest-H desembolsó un total de 101,199.40 lempiras del Tesoro Nacional para pagar el hospedaje y alimentación de los empleados que, entre el 26 de marzo y el 1 de abril, viajaron a San Pedro Sula para estudiar los terrenos donde se tiene previsto instalar los hospitales móviles.
Ese “angustiante confinamiento” incluyó servicio a la habitación, agua caliente, piscina, almuerzo y cena tipo gourmet, con internet de alta velocidad y con disposición de otros lujos, como lo demuestran las órdenes de compra No. 014-2020 y No. 014-a-2020 y factura No. 000-001-01-00259747 que emitió el Hotel Alameda a la estatal entonces dirigida por Marco Bográn.
Asimismo, Rodríguez, Guerrero y Moraes elaboraron otro informe para justificar que cinco empleados de Invest-H recibieran por concepto de viáticos 17,541.80 lempiras cada uno, es decir 87 mil 709 lempiras, los beneficiados son: Marco Vinicio Molina Briones, Rubén Reyes Velásquez, Gerardo Enrique Cerrato Cerrato, Sireya Yamileth Díaz Mejía y Luz María Aguilar Chacón.- Es decir que sólo ese “selecto” grupo de empleados se vieron beneficiados con vacaciones de primera a un costo total de 188 mil 908 lempiras.
Pero el gasto en pago de supuestos consultores para supervisar terrenos para la instalación de los “hospitales fantasmas”, supera los 233 mil lempiras como ha demostrado este rotativo, porque de acuerdo con los documentos del archivo 22 de Invest-H, secciones adquisiciones y elaborado, otra vez, por la especialista financiero Rodríguez y el contador general Guerrero, los empleados Juan Carlos Cruz Espinal y Eliaquin Pinto Guardado recibieron 3,205.41 cada uno por la gira del 26 al 27 de marzo.
Además, del 27 al 28 de marzo Juan Carlos Centeno Sarmiento recibió 4,490.75 de viáticos; del 30 al 31 de marzo, erogaron 3,205.41 para Gerardo Alfredo Alvarenga Montoya e igual cantidad para Guillermo Antonio Ponce Zepeda. Asimismo, Carlos Eduardo Valladares Bustamante realizó una gira del 30 de marzo al 4 de abril por la que recibió 14,695.95 y el mismo Valladares Bustamante recibió 11,851.15 por otra gira realizada del 14 al 18 de abril.
Esposa de Jeremías Martínez: “ser un ambientalista no es un delito”
Tocoa, Colón.- Familiares de los defensores del agua y de la vida de Guapinol, continúan con la exigencia de su libertad, después que fueran encarcelados por defender los ríos Guapinol y San Pedro, en Tocoa, Colon, de los que siete de ellos permanecen recluidos en la cárcel de Olanchito, Yoro, desde septiembre del 2019, mientras que Jeremías Martínez, se encuentra recluido en la cárcel de La Ceiba, Atlántida, desde el 28 de noviembre de 2018 solamente por defender los bienes de la naturaleza.
La esposa de Jeremías Martínez, doña Lidia Ramos Simeón, dijo a defensoresenlinea.com que se siente muy triste, ya que desde febrero ella no puede ir a visitar a su esposo recluido injustamente en una cárcel de La Ceiba, Atlántida.
“No lo veo desde el mes de febrero, desde que inició la pandemia, yo solo le mando el medicamento porque él padece de un reflujo a raíz que se le reventó una úlcera, y como no puedo ir, el medicamento se lo envío cuando van los abogado a verlo, hace poco se lo envié”.
Agregó que su esposo esta preso de una manera injusta, “me siento triste porque él no es para que esté preso como cualquier criminal; me siento triste porque yo sé bien que él no debe nada y otra cosa que a él lo capturaron con otra característica, la otra persona no apareció y lo equivocaron con él, con otro apellido y con otro número de identidad diferente, porque él es Martínez Díaz y el que capturaron es Martínez Cruz.
Añadió que estamos ante un poder económico, ante una oligarquía y un país fallido de leyes que no cumplen, donde su esposo está preso por defender los ríos y la Montaña Carlos Escaleras, mientras que los que están robando las arcas del estado están libres y siguen cometiendo actos de corrupción.
La esposa de don Jeremías expresó que ella lo que esta exigiendo es la libertad de su esposo y de los demás defensores de Guapinol.
“Yo lo que les pido que hagan justicia, que se pongan la mano en la en la conciencia, que me lo dejen libre, porque no debe nada y que también saquen los siete ambientalistas que están en Olanchito, que no deben nada, yo los conozco, son gente honrada”.
En el caso de Jeremías Martínez, defensor del Río Guapinol, privado de libertad desde noviembre de 2018, la semana pasada en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa se realizó audiencia de examinación de diligencias.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa, presentaron una nulidad por falta de competencia del Tribunal para conocer el caso y solicitaron una medida cautelar distinta a la prisión preventiva a favor del defensor del Río Guapinol.
El Tribunal, en su resolución revoca la medida prisión preventiva y la sustituye por arresto domiciliario. Pero el defensor Jeremías Martínez no podrá gozar de esta medida hasta que se resuelva el expediente donde también están los otros siete defensores que se encuentran presos en la cárcel de Olanchito, Yoro.
El abogado Allan Alvarenga, quien forma parte de la defensa de don Jeremías, expresó que “él está preso desde el 28 de noviembre de 2018, ahorita estamos casi 1 año 10 meses de que el esta privado de libertad, ha sido un proceso plagado de irregularidades y de arbitrariedades, ya que el señor Jeremías Martínez Díaz no está acusado en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, si no que están acusando a una persona llamado Jeremías Martínez Cruz, y esta situación al juez de letras no le importó y le dictó auto de formal procesamiento haciéndose una arbitrariedad”.
“Esta semana se realizó en el Tribunal de Sentencia la audiencia de examinación de diligencias para plantear nulidades y excepciones las cuales fueron presentadas en el momento oportuno, pero fueron declaradas sin lugar, pero el juez presidente del Tribunal de Sentencias al declarar sin lugar estas excepciones, pero al mismo tiempo otorga una sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por una de arresto domiciliario”, añadió Alvarenga.
Pero el defensor de 64 años no podrá gozar de dicha medida hasta que se resuelva la situación de los otros siete defensores que están injustamente encarcelados.
Alvarenga continuó expresando que “ese proceso es un caso político, jurídicamente siempre hemos tenido la razón y de manera injusta están guardando prisión los compañeros de Guapinol, donde en el proceso no ha valido la argumentación jurídica y se ha impuesto una posición del Ministerio Público en los juzgados, sirviendo a los intereses de la empresa minera.
Los defensores presos en la cárcel de Olanchito por defender el agua y la vida son: Porfirio Sorto, Arnold Alemán, Daniel Márquez, Ewer Cedillo, Kelvin Romero, José Cedillo y Orbin Hernández, y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz.
A dos meses del asesinato de Rufino Portillo por elementos policiales, su familia exige justicia
Tegucigalpa.- Eran aproximadamente las 7:30 de la noche del 3 de agosto cuando Rufino Portillo López se encontraba platicando con un amigo afuera de su casa en Trascerro,s Nueva Frontera, Santa Bárbara, cuando llegaron elementos represores del estado a detenerlo sin ninguna razón, lo torturaron hasta matarlo, así lo expresaron sus familiares.
Al momento de la detención, Rufino no opuso resistencia, pero en cuestión de tiempo, la familia recibió una llamada en la que les informaban sobre su muerte.
Los familiares procedieron a denunciar el crimen en diferentes medios de comunicación, afirmando que Portillo López “fue detenido sin ningún rasguño y se los entregaron muerto, con aparentes signos de tortura y sin darles ninguna explicación”.
“Toda la familia estamos seguros que lo mataron, porque él tiene un ojo destripado, está desnucado, tiene una herida profunda bajo una de sus orejas, con el hueso quebrado y golpes en todo el cuerpo y en la espalda, lo torturaron y lo golpearon”, señaló en ese entonces su esposa Lidia Cardona.
Hoy a dos meses del crimen a manos de la policía Nacional, no hay nadie pagando por el asesinato de don Rufino, por lo que su familia continúa la exigencia de justicia, así lo expresó doña Lidia Cardona a defensoresenlinea.com.
“Lo que queremos es justicia, esos personajes que estuvieron aquí hicieron mucho daño y no solo a mí, sino que a otra gente, pero las personas no se quejaban por esos delitos que comete la policía”, señaló.
Asimismo expresó que el crimen de su esposo a manos de la policía de Nueva Frontera, es un crimen que dejó impactado a todo un pueblo, ya que aunque Rufino no era originario de ahí, la gente lo apreciaba porque él era una persona que le gustaba ayudar al prójimo.
“Mi esposo era una persona buena con todos, con los niños y ancianos. El día del entierro se reunieron todos, ancianos y jóvenes han venido aquí a decir que ellos si les duele mucho, eso porque él les ayudaba, si alguien no tenían de que vivir él se sacaba de su dinero y les ayudaba con lo que podía”.
Agregó también que Rufino fue una persona muy trabajadora desde que era un niño, y que además se había ido 13 años para Estados Unidos y tenía apenas tres años de haber regresado con su familia.
“Él fue una persona muy trabajadora, en su vejes fue a los Estados Unidos, se estuvo 13 años y tenía tres años que había venido, porque sus hijos le dijeron que él ya les había servido bastante, que ahora les tocaba a ellos retribuirles el sacrificio de padre”.
Lidia denunció que el día que fue detenido, Rufino andaba diez mil lempiras en la cartera y se le perdió, “ellos mismos se lo quitaron”.
Agregó que a la policía de la zona no le importa nada, solo hacer daño.
“A mí me dijeron que fuera a Quimistan, que lo iban a llevar para allá. Me trasladé y me dijeron que no lo habían llevado, entonces fuimos a hacer denuncia, y quizá lo archivaron todo, porque no se siguió nada; presentamos hasta las llamadas que le hicieron a un familiar, quien le pidió una llamada para hablar con él para ver cómo se encontraba y no se la quisieron dar, lo sorprendente es que en menos de tres horas lo dieron por muerto”.
Lidia siguió relatando que “a las 7:30 de la noche lo recogieron aquí de la acera de mi casa y cuando eran las diez de la noche ya estaba muerto, quiere decir que horas antes lo mataron y le decían que estaba grave y ella (un familiar) les decía pásemelo pues, y ellos le decían que no, que no podemos pasárselo y ya al rato le dijeron que estaba muerto”.
Por su parte Juan Carlos Portillo, uno de sus hijos, expresó que se siente impotente porque las autoridades correspondientes no están haciendo nada para esclarecer el hecho y castigar a los responsables.
“Yo me siento como impotente viendo qué tipo de autoridades tenemos y el tipo de sistema que hay en nuestro país, que a pesar de que las cosas fueron muy claras, muy trasparentes, sin embargo no han hecho nada para esclarecer este hecho y castigar a los culpables”.
“Todo el pueblo está indignado por lo que pasó, no solo el vacío que tenemos nosotros como parientes, cuando salimos la gente solo el mismo tema nos toca, porque la indignación y el dolor no solo lo sentimos nosotros como familia, si no que lo siente mucha gente; ya ni salir queremos porque nos hablan de él lamentando lo que pasó”, añadió.
Así mismo agregó que al igual que su madre y el resto de la familia exige justicia ante este crimen cometido contra a su padre.
“Exijo justicia, que la cosas se aclaren, queremos justica. No es el primer caso de violaciones a derechos humanos, anteriormente han golpeado a muchas personas aquí, de hecho hay un caso de un muchacho que golpearon y además tratan de intimidar a las personas, los niños cuando miraban la patrulla más bien les tenían pánico, porque sabían cómo eran”.
La comunidad de Trascerros, Nueva Frontera, ha mostrado su apoyo a la familia por el crimen cometido contra Rufino Portillo López, además expresaron su indignación por los actos de violaciones a los derechos humanos que están cometiendo las fuerzas represoras del Estado que, sin importar la edad de las personas a quienes les violentan sus derechos humanos, los torturan hasta matarlos como es este caso.
En el marco del toque de queda por la pandemia del coronavirus, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha documentado casos de violaciones a derechos humanos cometidos por la Policía-Militar contra ciudadanos en diferentes municipios de Santa Bárbara, así como en diferentes departamentos a nivel nacional, sin que se aplique justicia para las víctimas.
En lo que va de estos seis meses de confinamiento por la pandemia, no solo el caso de Rufino se ha reportado, también está el caso de Rinel Argueta, asesinado por agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y agentes de la Policía Nacional preventiva, hecho ocurrido en el municipio de San Esteban, Olancho, el 21 de junio.
Así mismo el pasado 24 de abril agentes la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asesinaron a Marvin Alvarado en la comunidad de El Paraíso, Omoa, Cortés.
Condenan asesinato de defensor del río Guapinol en Tocoa
- 14/10/2020
Cuando la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón levantó la bandera de lucha contra la instalación del proyecto minero Inversiones Los Pinares, el canto y la alegría de Arnold Joaquín Morazán, animó la resistencia en defensa del río Guapinol. Situación que le acarreó dos procesos criminales en su contra junto a 31 pobladores más.
Tenía apenas 32 años de edad y era pastor de una iglesia evangélica. La noche del 13 de octubre, dos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta su casa de habitación para asesinarlo. Llenando de mayor dolor y luto a una comunidad que le costado sangre y lágrimas la instalación de la mina a favor del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
Arnold no participó en la presentación voluntaria ante los tribunales de justicia como los demás defensores por temor, “porque para nadie es fácil enfrentarse a un sistema de justicia que solo sirve a los ricos poderosos. Un sistema que solo garantiza cárcel para los que defienden el agua y bosque”, dijo en entrevista a Radio Progreso, Juan López, coordinador del Comité Municipal Ambiental de Tocoa.
El Comité Municipal a través de un comunicado condenó el asesinato de Arnold, el segundo que se da contra los 32 criminalizados del caso Guapinol. El primero ocurrió en agosto de 2019, cuando fue asesinado Roberto Antonio Argueta, en las cercanías del hospital San Isidro de Tocoa.
“El pueblo de Guapinol en Tocoa está sufriendo la violencia del gobierno al implantar y legalizar proyectos extractivos en territorio protegido. La llegada de Inversiones los Pinares en contubernio con toda la institucionalidad y la militarización marca la llegada de este ambiente de violencia contra comunidades y vecinos de este territorio Municipal. ¿Cuándo el gobierno central y Municipal va a respetar la decisión soberana de Tocoa en cabildo abierto el 29 de noviembre 2019? Dice el comunicado emitido un día después del asesinato de Arnold.
Para el Comité los únicos responsables de los asesinatos, desplazamiento forzado, criminalización de los defensores y el daño ambiental que la empresa ha provocado en el parque nacional Carlos Escaleras, son los diputados del Congreso Nacional que en 2013 redujeron la zona núcleo del parque y aprobaron la concesión minera. “También son responsables el ICF, INHGEOMIN y el alcalde Adán Fúnez”, señaló.
Desde el Comité Municipal se demanda una investigación objetiva, imparcial y transparente de las autoridades, así como la cancelación inmediata del proyecto minero por considerarlo la causa de la espiral de violencia que azota a la comunidad de Guapinol.
EN MEMORIA A JOSÉ ANTONIO TERUEL:
EL TERROR DEL NEFASTO NARCO-ESTADO HONDUREÑO
por Rodolfo Cortés Calderón
Con mi coetáneo educador, defensor de los derechos humanos y ambientalista José Antonio (Toño) Teruel, 72, nos conocimos en los primeros años de la década de los 80s mientras la sociedad se desangraba y encontraba convulsionada por el militarismo y la doctrina de seguridad nacional impuesta dentro del Plan Cóndor por el Departamento de Estado-Pentágono-CIA de Estados Unidos a los pueblos de Latinoamérica con selectivos asesinatos y desaparecimientos físicos de combativos líderes y lideresas sociales.
Precisamente en la naciente lucha por la defensa de los derechos humanos que agrupaba ciudadanos hondureños con un altísimo nivel de patriotismo y compromiso social, coincidimos reiteradas veces con él en estos procesos de formación, la mayoría recibidos en Valle de Ángeles, donde también participaron compañeros de grato recuerdo como Miguel Ángel Pavón, Rolando Vindel González, Gladiz Petrona Lanza, Manfredo Velásquez, Juan Ramón Dermith, Jorge Maldonado, entre otros. La casi totalidad asesinados o desaparecidos. En esta terrorífica década más de un centenar de personalidades, fueron asesinadas por el estatus quo militarista que encabezaba el Gral. Policarpo Paz García (1978-1982) y el subsecuente gobierno liberal del pro yanqui Roberto Suazo Córdova (1982-1986) fieles seguidores de las políticas de Reagan y los Bush. Estos patriotas fueron con su testimonio un digno ejemplo de lucha para nuestra sociedad y el pueblo aún estamos en deuda con ellos y ellas.
Pero la masacre donde se asesinó a tiros a José Antonio Teruel fue cruel. Además de él asesinaron a su esposa Francisca Aracely Zavala de 70 años y a su cuñado Marco Tulio Zavala de 68 y se habla, sin confirmar, de una cuarta víctima. Sólo en este año las organizaciones de derechos humanos de Honduras reportan 37 masacres en la que han muerto 139 personas.
Pero el terror en Honduras ya lleva medio siglo. Sólo en este año 2020 han sido asesinadas y desaparecidas decenas de personas. Periodistas y comuneros defensores de los DDHH y de los territorios, estos últimos relacionados con las oprobiosas Zonas Económicas de Desarrollo, ZEDE, más conocidas eufemísticamente como “ciudades modelos” una maquillada forma de entrega del territorio nacional a las compañías extranjeras de parte del narco-gobierno. El caso de los cuatro garífunas desaparecidos es el más reciente.
EL CASO DE TOÑO TERUEL Y SU FAMILIA
El asesinato de miembros de la familia Teruel Zavala ocurrió en la comunidad de Patuca, oriental departamento de Olancho, una zona hace varias décadas muy montañosa y donde se encuentra en parte la principal biósfera de Honduras, ahora diezmada por las empresas agropecuarias, maderables e hidroeléctricas y zona de cobijo del narcotráfico.
Como maestro de educación Teruel participó muy activamente cuando el movimiento magisterial fue muy beligerante, hoy ni la sombra, dentro de su colegio COLPROSUMAH y participó muy activamente desde los años ochenta como defensor de los derechos humanos y el movimiento ambientalista. Así que su asesinato y el de sus familiares no es casual, responde a una política de Estado de exterminio de los líderes “molestos”.
En la última década fue muy activo y promovió reuniones para encontrar soluciones entre los pobladores de la comunidad de Patuca y las autoridades de la empresa nacional de energía, ENEE, por las consecuencias de las represas en el sector. No debemos olvidar que en los años 70, el Estado declaró zona de Reforma Agraria aquél territorio.
Una nota del periódico EL LIBERTADOR, Primer Auditor Social de Honduras, dice al respecto: “El pueblo hondureño y la ONU se han manifestado con indignación por el asesinato del “amigo de los ríos y las montañas”, José Antonio Teruel, acribillado el pasado domingo junto a su esposa y otros familiares; en los tribunales aún esperan justicia las demandas por los asesinatos de Berta (Cáceres) y Margarita (Murillo)”.
LOS GARÍFUNAS DESAPARECIDOS EN EL TRIUNFO DE LA CRUZ
Como la región atlántica hondureña es muy rica en clima tropical, paisajes, bellas playas, bancos de coral, naturaleza, puertos y aeropuertos de fácil acceso, esta zona es muy apetecida por la industria hotelera internacional. Son más de 600 kilómetros de costa.
Una veintena de comunidades garífunas negras, misquitos y ladinos están asentadas en esta vasta región desde el coloniaje español y para efecto de las pretensiones empresariales hoteleras estos compatriotas hondureños estorban. De ahí que desde hace unas cuatro décadas vienen siendo hostigados por los gobiernos neoliberales que respiran por la nariz de estas grandes empresas transnacionales.
La comunidad de El Triunfo de la Cruz, en Tela, departamento de Atlántida es una de las más apetecidas y sus pobladores garífunas dan actualmente la batalla.
Para amedrentarlos hace cuatro meses, exactamente el 18 de julio de 2020, fueron secuestrados cuatro ciudadanos garífunas miembros de la Junta del Patronato local; desde entonces estos cuatro jóvenes se encuentran “desaparecidos” y hoy sus familiares y pobladores claman por su libertad.
El padre de una de estas personas en entrevista a EL PERRO AMARILLOTV.COM dijo: “nuestros familiares fueron secuestrados por una docena de elementos de la Policía Nacional que llegaron plenamente uniformados en tres vehículos pick up y dos motos propiedad del Estado de Honduras a las 4.30 am y procedieron violentamente a subir a los carros a sus familiares”.
En otra nota de la periodista Claudia Mendoza de CESPAD se lee: “En el Triunfo de la Cruz se coincide en que aproximadamente a las 5:20 minutos de la mañana del sábado 18 de julio, los gritos en el barrio El Tigre despertaron a todos y a todas. Muchos salieron y vieron cómo el primero a quien sacaron de su casa los secuestradores, a punta de empellones, golpes y gritos, fue a Alberth Esnider Centeno Tomas, el presidente del Patronato de la comunidad. Pero a Centeno, los captores lo utilizaron para sacar del mismo barrio, en otra casa de habitación, a Milton Joel Martínez Álvarez. Posteriormente se dirigieron a El Potrero, el barrio en donde dormía aún Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Róchez Cálix”.
EL PERIODISMO EN LA MIRA DE LA DICTADURA
El domingo 28 de septiembre fue asesinado en la ciudad de Comayagua, centro de Honduras, el periodista Luís Alonso Almendares de 35 años. Dos individuos en motocicleta acabaron con su vida después de haberle impactado 3 balazos. Almendares además de periodista egresado de la UNAH realizaba estudios de abogacía en la misma.
Según versiones de los medios, Almendares había hechos fuertes denuncias de corrupción y narcotráfico a algunas autoridades políticas de Comayagua.
En nota de CNN-Español leemos: “Según Cesario Padilla, del Comité para la Libre Expresión en Honduras, en lo que va del año han sido asesinados tres trabajadores de los medios de comunicación: dos periodistas y un camarógrafo. Padilla agregó que desde 2001 a la fecha esa organización tiene contabilizado el asesinato de 86 trabajadores de la comunicación entre periodistas, camarógrafos, personal técnico. Asegura además que el 90% de los casos permanece impune”.
Ya hace un par de meses el periodista Luís Rodríguez, exilado, había denunciado al estado de Honduras por estar preparando el asesinato de periodistas insignes como José David Romero Ellner (QEPD) de GloboTV y Milton Omar Ávila Benítez de EL PERRO AMARILLO.
LAS “CIUDADES MODELO” UNA VERGÜENZA
Las “ZEDES”, “Redes Especiales de Desarrollo” o “Ciudades Modelos” han vuelto a cobrar vigencia después de estarse cocinando subrepticiamente su implementación. Debemos recordar que la Ley de las zonas especiales es producto de la “diarrea legislativa” que Juan Orlando Hernández, JOH, aprobó de manera ilegal como presidente del Poder Legislativo (2010-2014), unas semanas antes de asumir como presidente constitucional de Honduras, en Enero de 2014.
A partir del 2014 se dieron en la capital de Honduras, Tegucigalpa, nutridas movilizaciones en contra de las ZEDES. Varias organizaciones ciudadanas presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Hoy día, los litorales Atlántico y Pacífico y algunas islas (Amapala, Zacate Grande e Islas de la Bahía) están fuertemente amenazadas y grandes sectores campesinos, indígenas y garífunas serían afectados.
LA ENÉSIMA CARAVANA DE MIGRANTES
Durante el año 2019 y principios del 2020 las fuertes y masivas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos tuvieron sus orígenes en Honduras, que se alimentaron posteriormente con nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos todos huyendo de la miseria y represión de sus gobiernos de corte neoliberal.
Debido al COVID 19 estas se contuvieron, ya el día 30 de septiembre recién pasado zarpó la primera caravana con 3,000 personas desde la ciudad de San Pedro Sula, centenares de madres con niños de brazo, jóvenes y algunos minusválidos. Según analistas en el camino se unirán de otros países llegando a 10,000.
Como siempre los gobiernos de Estados Unidos y México, Donald Trump y AMLO, han puesto el grito en el cielo. Lo que no dicen ambos es que engañaron a los migrantes con la apertura de centros de trabajo prometidos en el suroriente de México, lo que fue una burla.
CONCLUSIONES
· En Sud América aún se viven los juicios contra sanguinarios militares asesinos, lo mismo en El Salvador. En Honduras nos preguntamos ¿Cuándo? Ningún militar ha sido escarmentado por los desaparecidos y asesinados, todos se pavonean monda y lirondamente como ejemplares personalidades.
· Si el gobierno de ESTADOS UNIDOS siente escozor, animadversión y odio hacia los migrantes provenientes de Latinoamérica debe abstenerse de apoyar y financiar gobiernos corruptos y saqueadores de HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA y tantos más que son los causantes directos de estos éxodos masivos. Solicitamos al gobierno de MÉXICO no poner obstáculo al paso de estas caravanas que lo único que desean es un mejor futuro para ellos y sus familias.
· Los gobiernos de ESTADOS UNIDOS, CANADÁ y la UNIÓN EUROPEA y los organismos financieros como el BCIE, FMI, BANCO MUNDIAL tienen alta responsabilidad de la crisis humana, social y económica que afecta a estos países y sociedades por apoyar a gobiernos corruptos y dictatoriales.
Exigimos justicia para JOSÉ ANTONIO TERUEL y JOSÉ LUÍS ALMENDAREZ.
Y nos seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUATRO HERMANOS GARÍFUNAS?, ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?, ¿DÓNDE ESTÁN LOS 9 MILLONES DE MASCARILLAS? ¿DONDE ESTÁN LOS 95 HOSPITALES COVID 19?
¡LAS ZEDES SON PROYECTOS DE MUERTE, COMBATÁMOSLAS!
No descansaremos hasta recuperar Honduras de la sarna bancaria, empresarial, política, mediática, religiosa y la intromisión extranjera.
A nuestros pueblos y naciones no les falta nada. Con que sus propios gobiernos y los organismos internacionales financieros no los saquen y esquilmen, es suficiente para salir adelante.
3 de octubre de 2020. DUOCENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL PALADÍN CENTROAMERICANO FRANCISCO MORAZÁN.
Defensores del Río Guapinol y legado de Berta Cáceres finalistas del Premio Sájarov
- 12/10/2020
La Conferencia de Presidentes y líderes de grupos políticos del Parlamento Europeo ha seleccionado como finalistas del Premio Sájarov, a la libertad de conciencia, a los defensores y defensoras del Río Guapinol, junto al legado de Berta Cáceres.
Miguel Urbán Crespo, eurodiputado y cofundador del Partido Podemos, manifiesta que lograr la candidatura de los ambientalistas del Río Guapinol y la resistencia de Berta Cáceres al premio Sájarov, es una victoria y consigue poner el foco sobre un laboratorio neoliberal que ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
“Es poner el foco sobre la impunidad que goza el caso el de Berta Cáceres, exigiendo una vez más justicia para Berta, y evidentemente también pone el foco sobre e el juicio y sobre el acoso a los defensores y defensoras del Río Guapinol, entendemos que es una victoria y que no solo se está poniendo el foco sobre Honduras, sino que se está poniendo el foco sobre un modelo extractivista neoliberal que esquilma los recursos humanos y los derechos de los pueblos y de los pueblos indígenas”, dijo Miguel Urbán, al declarar que la nominación final es una victoria de todos y todas.
La nominación final al premio Sájarov es parte del reconocimiento a las luchas por el agua, el territorio y por la vida, pero, además, se demuestra que la institucionalidad hondureña ha sido diseñada para conspirar contra la dignidad del pueblo, expresa Juan López, quien enfrenta un proceso de criminalización por la defensa del Río Guapinol, ante proyecto minero Inversiones Los Pinares.
De alguna manera que lo haga el Parlamento Europeo, mínimamente, salda esa deuda enorme que Europa tiene con América y tiene con Honduras, los europeos saquearon, destruyeron nuestro continente, nuestros países, pero hay una nueva generación de gente dando la batalla por reconstruir estas relaciones de amistad y hermandad, agrega López, y reitera que es una lástima que Honduras este encarcelando, persiguiendo y judicializando, mientras el Parlamento Europeo reconoce a gente que lucha por la vida.
Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), comenta que la nominación del legado por la defensa los territorios ancestrales que libró Berta Cáceres es importante, en medio del proceso de búsqueda de justicia por el asesinato de Cáceres, que se opuso a los intereses de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
“Es algo importante en medio de este proceso que ha arrancado contra el señor David Castillo y en el proceso denominado fraude sobre el Gualcarque, a pesar que COPINH no es reconocido como víctima de manera explícita, nuestros esfuerzos están encausados hacia esa lucha que en vida desarrolló ella y que esperamos que algún momento va a ser reconocida, no solo en un premio, sino que también en derechos y justicia”, apunta Zúniga.
Carlos Del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos, dice que es una vergüenza para Honduras que en otros países reconozcan la labor de defensa de los ambientalistas del Río Guapinol y las luchas de Berta Cáceres, mientras el Ministerio Público está colusión con los grupos de poder: “el sistema realmente ha demostrado que esta fallido, tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema, porque no han cumplido lo que la misma ley y les exige, que es respetar los territorios, respetar la defensa de los derechos humanos, la defensa que esto compañeros y compañeras han estado haciendo”.
El Premio Sájarov a la libertad de pensamiento, otorgado cada año por el Parlamento Europeo, fue creado en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, y lleva su nombre en honor al físico y disidente político soviético Andrei Sakharov.
Honduras excarcela a 2,700 privados, pero se ensaña con los ambientalistas de Guapinol
Tegucigalpa, Honduras.- “Entré en la Casa de la Justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes (…) Y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, estas son estrofas, vigentes hoy en día, del poema La Casa de la Justicia del hondureño Roberto Sosa, fallecido el 2011. Esas rimas están más vigentes que nunca, cuando expertos en derecho penal manifiestan que la justicia de Honduras se ha vuelto selectiva y que no toca a los poderosos, enseñándose solamente contra los humildes hondureños.
Según registros de la Coordinación de los Juzgados de Ejecución del país, más de 2,700 privados de libertad han sido beneficiados con diferentes figuras que permiten su excarcelación, durante el período de emergencia ocasionado por la pandemia Covid-19 (marzo a septiembre de 2020), informó este martes el Poder Judicial de Honduras.
Aparte de las excarcelaciones por Covid-19, están las excarcelaciones por la aprobación del nuevo Código Penal, que benefició a uno de los implicados en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Rojas, quien obtuvo su liberación con la entrada en vigencia de la nueva normativa. Rojas, tío de Mario Zelaya, quien es uno de los cabecillas del escandaloso robo y que fue acusado por la Fiscalía por lavado de activos en uno de los sonados casos del Seguro Social. Mario Rojas se desempeñaba como presidente de la Federación de Béisbol de Honduras al momento de la captura el 1 de abril de 2016.
También están las excarcelaciones por las casaciones, como es el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo (esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa 2010-2014) quien salió de prisión en julio de este año, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aceptará la casación, ordenará la repetición del juicio y le concediera el derecho para defenderse en libertad.
Pero la justicia de Honduras no ha actuado igual con los ambientalistas de Guapinol, quienes están presos por delitos que no ameritan la prisión preventiva, y que todavía peor, no han gozado de ningún beneficio ni por la pandemia ni por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Contra ellos la justicia es implacable.
Justicia selectiva, dice Omar Menjívar
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales de Guapinol y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
Este es un asunto que ratifica el proceder de la justicia de Honduras que tiene una característica fundamental de ser selectiva, la justicia se aplica selectivamente y no con criterios objetivos que establece la ley y que se derivan de condiciones objetivas que presenta personalmente cada imputado, los hechos que lo vinculen al proceso, la naturaleza del hecho y, sobre todo, lo que dice la ley, dice el experto en derecho penal Omar Menjívar.
“Chabelo” Morales vs Rosa Elena de Lobo
“Hay varia gente que ha sido beneficiada y no es que cuestione yo si está fuera de la ley o no, por ejemplo en el caso de Rosa Elena Bonilla, no se le excarceló por la pandemia ni por la aplicación del nuevo Código Penal que salió, fue porque se le declaró con lugar un recurso de casación en el que se le dio la razón a la defensa pero no en el fondo, la casación no fue porque se le declaró inocente o culpable, de acuerdo con la sentencia que emitió la Corte correspondía dejarla en libertad porque nadie puede estar en una cárcel más de dos años sin una sentencia que le condene (…) pero por ejemplo, en el caso de José Isabel Morales, “Chabelo”, pasó que se le condenó por un homicidio en un primer juicio, interpusimos recurso de casación y fue declarado con lugar y no por vicios de forma sino por cuestión de fondo, en el sentido de que se cometió infracción de precepto constitucional, y nada más y nada menos que aquel que dice que ninguna persona puede ser tenida como culpable mientras no se le pruebe lo contrario, es decir, que la sentencia decía que a Chabelo se le condenó sin que la otra parte demostrara que era culpable. Es decir, se condenó a un inocente; ahí correspondía que la Corte anulara la sentencia y lo declara inocente, sin embargo, la ley no lo dejó en libertad, sino que ordenó que se repitiera el juicio. El Tribunal de sentencia tenía que poner en libertad a Chabelo, porque a esas alturas llevaba 4 años privado de libertad, sin una sentencia que lo condenara; pero qué pasó, estuvo 7 años en prisión preventiva, y fue hasta en un tercer juicio, porque en el segundo juicio lo volvieron a condenar cometiendo el mismo error, donde el Tribunal de Sentencia por fin le permitió defenderse en libertad. En conclusión, vemos cómo para unos la justicia sí funciona, como en el caso de Rosa Elena, que se le va a repetir el juicio, y para otros, que no tienen ninguna vinculación con el poder, como Chabelo, entonces para esos hay un ensañamiento”, explica el abogado Menjívar.
Caso Mario Rojas, tío de Mario Zelaya vs ambientalistas de Guapinol
Menjívar dice que en el otro caso, el señor Mario Rojas, a este sí le aplicaron lo que dice el nuevo Código Penal que a la persona que pase los 70 años, en el caso del señor, puede obtener la libertad condicional, pero esta no es una libertad definitiva y queda sometido a otras medidas de control de parte del Juzgado de Ejecución, pero yo, la experiencia que tengo, después del decreto del Congreso Nacional para que las personas que tuvieran una enfermedad de base por esto de la pandemia Covid-19, y que pudiera representar riesgo de muerte, diabéticos, hipertensos u otras enfermedades, se les aplicara el beneficio, pero yo he presentado al menos tres casos en los que las personas que están en prisión preventiva, casualmente las tres con hipertensión y diabetes, acreditados debidamente, y el juez simplemente ha denegado la suspensión de una manera arbitraria.
“Existe una cualidad que caracteriza al Poder Judicial nuestro, al sistema de justicia, actúa de manera selectiva y discriminatoria”, confiesa el abogado.
Concluye que en el caso de los defensores de Guapinol lo que hay es un uso abusivo del derecho penal, porque se les está acusando por hechos que no constituyen delito en primer lugar, en segundo, digamos que fuera cierto que habrían incurrido en esos hechos, de ser cierto, nadie por esos delitos está en prisión preventiva. Por ejemplo, por los delitos de usurpación y daños a nadie se le mete preso, ni siquiera cuando se le condena, antes con el Código Penal estaba la figura de la conmuta para pagar los días de cárcel con dinero, entonces para estos delitos nadie iba preso, y mucho menos durante el proceso. Entonces, sin embargo, a los defensores de Guapinol se les metió preso por usurpación y por daños. Pero no solo eso, se les acusó ante una jurisdicción que fue creada para enjuiciar a la criminalidad organizada, a sujetos que cometían delitos siendo parte de una organización criminal, que cometen delitos por cuenta y encargo de la organización criminal. Ese trato se les ha dado. Se les aplica las hipótesis de investigación criminal más severas a través de los medios más severos y en la jurisdicción más severa. Eso ratifica el carácter selectivo que tiene la justicia nuestra.
Denuncian violaciones a derechos laborales y de salud a mujeres en las maquilas durante la pandemia
De acuerdo a Codemuh, solo 105 de 324 empresas maquiladoras se adhirieron a la iniciativa “aporte solidario temporal” para empleadas suspendidos por la pandemia
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Despidos injustificados, exigencia a obreras para presentarse a labores aun con síntomas de covid-19 e irrespeto a dictámenes médicos, son algunas condiciones de violación de derechos que sufren las mujeres trabajadoras del sector maquilero, denunciaron organizaciones defensoras de la mujer.
Para ahondar en esta problemática la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios “Gladys Lanza”, en conjunto con la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) y la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), desarrollarán este miércoles el foro “Situación de las mujeres obreras de la maquila en el contexto de la pandemia COVID-19”.
En el foro participarán: María Luisa Regalado, directora de Codemuh; Zoila Lagos, coordinadora de Apomuh; Paula Isabel Urbina, obrera de maquila y presidenta de Codemuh, y Alba Zelaya, psicóloga y docente.
Las panelistas expondrán las diversas violaciones a derechos laborales y de salud que sufren las trabajadoras de maquilas, entre ellas: despidos injustos e ilegales con dictamen médico de reubicación laboral o de enfermedades profesionales emitidos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), despidos de mujeres embarazadas durante la suspensión de los contratos individuales de trabajo y exigencia a las obreras en las plantas maquiladoras para presentarse a laborar incluso con síntomas de covid-19.
A casi siete meses de declarada la emergencia sanitaria nacional por covid-19, miles de obreras y obreros de la maquila permanecen con sus contratos de trabajo suspendidos.
El 13 abril, las empresas del rubro notificaron a las trabajadoras y trabajadores una suspensión de contratos por 120 días, sin goce de sueldo.
Aunque el gobierno aprobó mediante Decreto 33-2020 el pago voluntario de la denominada “aportación solidaria temporal” de L 6,000.00 a los empleados suspendidos (monto del cual L 2,500.00 serían pagados por el patrono y L 3,500.00 por el Estado), de acuerdo a Codemuh solo 105 empresas de las 324 inscritas en la Asociación Hondureña de Maquiladores se adhirieron a la recomendación.
Eso representó solo el 33% de las empresas, es decir solo 1 de cada 3 empresas apoyaron las empleadas.
Algunas solo pagaron una parte del bono a las trabajadoras, incrementando la calamidad doméstica en la que se encuentran.
Impacto psicológico
A la ya precaria situación económica y de violación de derechos a la que están expuestas las obreras del sector maquilador, se suma el impacto en la salud emocional de las trabajadoras durante la pandemia de covid-19.
Estudios de la Codemuh y la Universidad Autónoma de Xochimilco indican que la ansiedad es el trastorno que presentó mayor frecuencia en la población analizada, con un 55% de casos, seguida por la depresión con 52% y distrés, con 38%. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, la situación se agravó.
Las investigaciones apuntan que los trastornos asociados a los factores psicosociales pueden derivar además en infartos, úlceras gástricas y los trastornos musculoesqueléticos.
La terrible realidad a la que se enfrentan las obreras de la maquila se ve aún más oscurecida por la sombra de la violencia de género, los riesgos a ser abusadas sexualmente durante el traslado desde sus hogares hacia los bulevares donde circula el transporte de las empresas, la violencia doméstica que muchas han sufrido sin poder denunciar o buscar ayuda con familiares debido al confinamiento, además de la desconfianza en las instituciones operadoras de justicia que les impide realizar las denuncias.
Esta problemática también será expuesta en el foro, espacio en el que se detallarán los grandes desafíos que enfrentan las empleadas de las empresas maquiladoras residentes en comunidades con altos índices de violencia.
Datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) estiman que 53% de las personas empleadas en maquilas son mujeres. Entre 1998 y 2014, la organización registró al menos 785 denuncias de trabajadoras de maquilas por: falta de estabilidad laboral o pago, discriminación de género, violencia laboral, riesgos en el trabajo y violencia doméstica.
Ante la situación, la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios “Gladys Lanza”, la Codemuh y la Apomuh, demandan acciones urgentes para frenar las violaciones de derechos que afrontan las mujeres empleadas del sector maquilador, una realidad agravada durante la pandemia de covid-19.
En tal sentido, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigen la atención urgente de las autoridades de la Secretaría de Trabajo para garantizar la estabilidad laboral de las trabajadoras con dictámenes de reubicación laboral, de calificación de enfermedades profesionales o quienes los tienen en proceso; así como el pago de las vacaciones y los feriados a las obreras.
A las autoridades responsables de la prevención y atención de la salud de las trabajadoras, urgen la aprobación y aplicación de políticas públicas para prevenir la violación a los derechos humanos laborales y condición de género; al IHSS, agilizar la emisión de dictámenes de las trabajadoras, calificar los casos de covid-19 como enfermedades profesionales y atención de calidad para las mujeres.
A los operadores de seguridad, reclaman condiciones seguras en las comunidades para que las mujeres trabajadoras no enfrenten múltiples riesgos de ser abusadas ni asaltadas.
Finalmente, exigen a las empresas transnacionales maquiladoras que respeten los derechos humanos laborales de las trabajadoras, su derecho al empleo digno, al salario y a la salud, el reintegro inmediato de las trabajadoras despedidas y el pago de los salarios dejados de percibir.
HONDURAS / COMISIONADO LEONEL SAUCEDA SEGUIRÁ PRESO POR LAVADO DE ACTIVOS
- Publicado: 16 Octubre 2020
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El comisionado de Policía Nacional, Leonel Sauceda, y su esposa Patricia Estrada Pacheco, seguirán afrontando la acusación en su contra desde la cárcel. Así se ha definido en una audiencia al declarar sin lugar la solicitud de excarcelación.
Cabe mencionar que en julio pasado, los apoderados legales de la pareja pidieron excarcelación aplicando las reformas del artículo 184 del nuevo Código Penal y el decreto PCM 36-2020, relacionado a la pandemia y que podría otorgar medidas sustitutas en algunos casos.
En esa ocasión se negó el beneficio tras conocerse que la pareja no padece enfermedades base que los ponga en riesgo. En segunda instancia la defensa ha pedido la liberación a cambio del pago de una fianza y una garantía hipotecaria sobre un inmueble valorado en tres millones de lempiras.
Según la investigación contra el oficial de Policía, en un periodo de 11 años, entre 2006 y 2017, no ha podido justificar los ingresos que ascienden a casi 14 millones de lempiras, cifra que no incluye movimientos financieros en 13 cuentas bancarias.
La pareja fue arrestada el pasado 11 de febrero, y en otras líneas de investigación en este mismo caso, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público afirmó que los bienes muebles e inmuebles obtenidos, más las inversiones realizadas por el oficial y su esposa, carecen de fundamento económico legal.
También se constató que algunos de esos bienes valorados hasta en 1.5 millones de lempiras, no tenían huella financiera ya que se pagaron en efectivo sin que se pudiera determinar la procedencia de los fondos.
En total, a la pareja se le incautó 33 bienes supuestamente adquiridos de forma ilícita, ocho de esos son inmuebles, dos vehículos y 23 corresponden a productos financieros a sus nombres.
Caravana: Más de 3 mil personas huyen de Honduras por la pobreza y violencia
- 01/10/2020
Honduras vuelve a estar en los ojos del mundo mostrando una vez más su dura realidad de pobreza, miseria y violencia que, cada año expulsa a miles de personas hasta en caravanas.
Más de tres mil migrantes integran la segunda caravana de 2020 que, salió de San Pedro Sula, al norte del país, este 01 de octubre. Es la primera en tiempos de Coronavirus, y ocurre cuando solo falta un meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Los integrantes de la caravana, en su mayoría mujeres, niños y jóvenes, relataron a Radio Progreso que en Honduras no cuentan con oportunidades para seguir viviendo. La pandemia ha venido a incrementar el desempleo, hambre y ha desnudado la precariedad del sistema sanitario público.
En el primer día de la caravana, entre caminando, a «ray» o «jalón», lograron llegar al desvío de Entre Ríos, Izabal, Guatemala. Las personas cargan sobre sus hombros a sus hijos, una mochila y agua para hidratarse. “No tenemos dinero solo vamos a la mano de Dios”, dijo una joven de 20 años originaria de Villanueva, Cortés, quien migra junto a su madre y un hermano.
Un joven originario de San Pedro Sula, a quien se le conoció como “Kike”, falleció al caer de un vehículo tipo rastra, donde se transportaba junto a otros para alivianar el camino. Sus compañeros/as de viaje se muestran consternados por su muerte. A pesar de la pronta atención de la Cruz Roja de Guatemala, murió en el lugar del accidente.
La Secretaria de Gobernación de México, a través del Instituto Nacional de Migración, advierte sanciones a personas extranjeras que ingresen al país sin las medidas sanitarias contra la COVID-19.
Ante el avance de la caravana, las casas de migrantes de Guatemala se han pronunciado exigiendo se respete el derecho humano a migrar, pero lamentando no poder asistir a la población como en las caravanas anteriores, debido a las medidas impuestas por la pandemia. Únicamente podrán proporcionar kit de alimentación, bioseguridad e higiene desde la calle.
El futuro de la caravana de migrantes es incierto por las políticas públicas que México ha adoptado a raíz de las presiones económicas de Estados Unidos, bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro, y por el silencio cómplice del gobierno de Honduras que sigue sin pronunciarse ante este éxodo migratorio.
Honduras, el laboratorio neoliberal de Centroamérica
Hace dos años un fenómeno nuevo atravesaba Centroamérica y se plantaba en las mismísimas puertas de la valla de Trump: habían nacido las caravanas migrantes. Un movimiento migrante autoorganizado y colectivo que por primera vez cuestionaba la migración como un tránsito individual para reivindicarse, ante un contexto de violencia y pobreza estructural, como un movimiento colectivo que cuestiona el modelo de capitalismo depredador y extractivista imperante en Centroamérica. Como decía el maestro Galeano, los y las invisibles son ahora visibles porque se han organizado en una caravana migrante. La pasada semana volvieron las imágenes de como la autorganización migrante de las caravanas volvía a sacudir la escena política centroamericana al volverse a dirigir de forma masiva al menos 5.000 personas hacia EE UU, y todo a un mes escaso de las elecciones presidenciales y a pesar de la pandemia por covid19. Es, de hecho, la primera caravana en tiempo de coronavirus y la segunda en lo que va del año, si bien la de enero fue menos masiva e inmediatamente disipada por el muro militar y jurídico de López Obrador.
Pero ¿por qué es Honduras el epicentro de estas caravanas? Para poder responder a esta pregunta nos tenemos que retrotraer al gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Durante su inconcluso mandato, intentó paliar la crisis social que vivía el país aumentando el salario mínimo, estableciendo una alianza con Petrocaribe para atajar la crisis energética y para sorpresa de muchos sectores, incluso se negó a la privatización de la empresa nacional portuaria. Además, aumentó la inversión social principalmente en educación y salud, entre otras medidas de tipo social. Para las conservadoras élites hondureñas Zelaya ha sido, probablemente, el único presidente contemporáneo que ha cuestionado sus intereses y cuya retórica sobre la redistribución de la riqueza suponía un abierto desafío al mismo tiempo que una traición, ya que Zelaya había sido parte de la poderosa élite económica hondureña.
Pero si algo han demostrado que tienen en común las élites latinoamericanas es que no perdonan ni la traición ni que nadie cuestione sus intereses y a la primera oportunidad retomarán el control político de la forma que sea. La posibilidad de una cuarta urna fue la excusa para el golpe de Estado de 2009. Este golpe de Estado no solo inauguró una creciente represión social sino que, desde entonces, Honduras ha profundizado la construcción de un modelo neoliberal que suma todas las distopías sociales y ambientales. Este golpe continuaría con el fraude electoral de 2013 y el golpe electoral de 2017 a través del cual llegó Juan Orlando Hernández (JOH) al Ejecutivo como presidente de la República.
A partir de la ilegítima elección de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, como intento de salida a la crisis abierta por el golpe militar de 2009, se prepararon las condiciones para restituir no sólo al Partido Nacional en el poder político, sino sobre todo para asegurar un modelo que blindase por sobre todas las cosas los intereses del capital nacional aliado con el capital transnacional. Una de las primeras acciones fue revertir todo lo realizado por Zelaya, reduciendo la intervención del Estado en la economía y restableciendo un camino ganador para el Partido Nacional, como único garante del estatus quo.
Entre 2009 y 2013 fueron realizados cambios en la legislación respecto al impacto medioambiental, priorizando la alianza público-privada para la privatización de servicios básicos, disminución de los trámites administrativos para la inversión extranjera, la concesión de territorios costeños, la Ley General de Minería y la designación de magistrados en la Sala Constitucional del órgano de justicia, afines al Partido Nacional, gracias a quienes fue posible la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades modelo, como se les conoce popularmente.
También se creó la Policía Militar y la unidad especial TIGRES (Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad) bajo la excusa de combate contra el crimen organizado, incluyendo las pandillas, pero que en la práctica funcionan para la protección de intereses privados y la desarticulación de la protesta social. Así, en poco tiempo, se generó un modelo jurídico que legaliza la entrega y expoliación de territorio hondureño, una institucionalidad que lo facilita y recursos coercitivos especializados en materia de control social y represión, todo al servicio del modelo económico neoliberal.
Las ciudades modelo vienen a resumir este enfoque neoliberal. En la práctica se trata de creaciones de micro-estados con liberación comercial y política, régimen fiscal especial, autonomía administrativa, tribunales independientes, policía y un gobierno propio llamado Comité de buenas prácticas nombrado por el presidente de la república. Una zona (urbana o no) puede ser declarada régimen ZEDE si tiene un inversor o grupo de inversores que presente un proyecto económico. El régimen reconoce la propiedad de los bienes inmuebles privados dentro de la zona, no así de los públicos, que pasan a ser activos del capital inversor mientras, también se abre la posibilidad de que el Estado hondureño expropie a favor de las ZEDE. Los inversionistas negocian bajo políticas de libre comercio y competencia, y todo esto se ampara por el derecho estadounidense. Se trata pues de pequeños paraísos fiscales, un neocolonialismo y una suerte de feudalismo para su población, con el capital sustituyendo al señor feudal.
La primera de estas ciudades modelo ha sido denominada con el orwelliano nombre de Honduras Próspera y está ubicada en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, epicentro de la industria turística anclada en el Caribe. Al constituir un régimen político y económico propio, esta ZEDE desplaza y amenaza el territorio de las comunidades garífunas afrodescendientes y ha provocado la resistencia frontal de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en la zona norte del país. Actualmente hay muchos territorios en disputa ZEDE de norte al sur, como en la sureña península de Zacate Grande, también marcada por la minería, plantas fotovoltaicas y proyectos turísticos que despojan a las comunidades de sus territorios.
Este modelo también multiplica los conflictos en las comunidades. Los mercenarios y paramilitares a sueldo de empresarios e inversores primero tratan de sobornar y si no funciona se inicia la criminalización, el hostigamiento y la violencia contra quienes se oponen. Romper el tejido social es una condición previa necesaria para la destrucción de los bienes comunes, la militarización de los territorios, todo lo cual ha aumentado en tiempos de covid-19. La pandemia agudiza la crisis social y ambiental, así como se convierte en una coartada perfecta para las medidas de excepción y restricción de libertades. Cada día son más los sectores que rechazan las ZEDEs y la tensión social crece en las calles al mismo tiempo que crece la represión. El totalitarismo necesario para implementar este modelo no ha logrado detener las movilizaciones y protestas contra la desigualdad y una sociedad fundamentada en los intereses de un elitismo conservador, excluyente y racista.
Como colofón para dejar atado y bien atado el laboratorio neoliberal hondureño, un evangelismo en auge ha penetrado en las esferas políticas para imponer su agenda ultraconservadora y mediante la teología de la prosperidad justificar las desigualdades y la prosperidad material como designo divino. De esta forma, el evangelismo dominante en Honduras disuade la acción solidaria de la liberación colectiva y promueve estrategias individuales para la movilidad ascendente defendiendo el triunfo individual: Una transformación sustancial en la mentalidad de los barrios populares hondureños que se ha convertido en la coartada ideológica perfecta para la aceleración de las reformas neoliberales de estos últimos años.
Hoy, cuando las caravanas migrantes desde Honduras vuelven a ser noticia, tenemos que recordar que este fenómeno esta claramente vinculado con el feroz neoliberalismo extractivista y la violencia estructural imperante en Honduras. Incluso las caravanas migrantes se han convertido en un ejercicio de protesta que cuestiona un Estado que se muestra fallido para asegurar las garantías sociales mínimas, pero que es tremendamente eficiente para los intereses de la oligarquía y el capital trasnacional.
Miguel Urbán Crespo es eurodiputado y militante de Anticapitalistas y Maureen Zelaia Paredes es miembro de la Plataforma por Honduras en Madrid.
Han pasado 40 años desde el día que me otorgaron el Premio Nobel de la Paz, cuando el país vivía en el dolor y la resistencia bajo la dictadura militar, hacía poco que me habían liberado de la prisión y de la libertad vigilada.
Cuando el embajador de Noruega me da la noticia el primer sorprendido fui yo, no esperaba premio alguno, le dije al embajador que no podía recibirlo a título personal, el trabajo no es de una persona, sino de miles de hombres y mujeres en toda Latinoamérica que luchamos juntos por alcanzar y construir un mundo de iguales, que lo asumía en nombre de todos los pueblos de América Latina, de los hermanos y hermanas indígenas, campesinos, religiosos y religiosas, organizaciones sociales de derechos humanos, de las queridas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de DDHH que luchan día a día por un mundo más justo y fraterno.
Ese año 1980 es asesinado Monseñor Oscar Romero en El Salvador, da su vida para dar Vida y esperanza su pueblo y a la Iglesia. Estos años continúan siendo caminos entre dolores y esperanzas, pero hay que seguir andando, como decía el querido “pelao” Angelelli, tenemos que aprender a vivir como si “fuéramos eternos”, a pesar de nuestras pequeñeces y errores, saber que lo que sembramos recogemos, siempre afirmé que nadie puede sembrar con los puños cerrados, hay que abrir la mano para que la semilla vuelva a la Madre Tierra y de su fruto.
Hoy a 40 años el mundo se encuentra en zozobra, camina entre angustias y esperanzas frente a la Pandemia del Covid 19 que ha cobrado miles de vidas y pone al descubierto las desigualdades sociales, económicas y políticas, el aumento del hambre, el desempleo, la pobreza. El daño que el ser humano ha hecho a la Madre Tierra en su afán mercantilista de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida y continúan su explotación y daños a nuestra Casa Común.
Vivimos en un mundo dónde sobran los alimentos y dónde aumentan los hambrientos. Desigualdad que viola los DDHH y derechos de los Pueblos.
Son tantos los recuerdos y vivencias del caminar por nuestro continente y el mundo que no alcanzan las palabras. Sólo agradecer y decirles gracias… tomar fuerzas para continuar al servicio de miles de rostros que nos cuestionan e interpelan y reclaman un lugar digno en la vida y sabe que otro mundo es posible si hay fuerza y unidad en la diversidad.
Violeta Parra nos ha regalado esa canción que debemos llevar en nuestra mente y corazón: “Gracias a la Vida que me ha dado tanto…”.
En este caminar de luchas y esperanzas, agradezco a cada uno y una el compartir caminos de un nuevo amanecer y agradecer a mi familia, a los compañeros/as del Serpaj en América Latina, a tantos amigos, amigas militantes de la vida en el mundo que nos acompañan, a las organizaciones de cooperación, a las Iglesias, a la Comisión Provincial por la Memoria, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a mis alumnos/as. Quiero transmitirles que la Universidad Nacional de Buenos Aires, junto con el Serpaj hemos decidido que el Premio Nobel de la Paz, condecoraciones, obras de arte, biblioteca, archivos, se constituya La Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos en la antigua sede del Serpaj en la calle México y Bolívar de la CABA, La UBA será Custodia de todo lo señalado en nombre de los pueblos de éste continente como testimonio de quienes dedicaron sus vidas a la investigación científica, a la literatura y a la Paz.
Un fuerte abrazo y mucha fuerza y esperanza.
Buenos Aires, 13 de octubre del 2020
- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz de 1980.
El intelectual estadounidense señaló que la información que difundió WikiLeaks tiene el potencial de emancipar a los ciudadanos. Y que el gobierno de EEUU está criminalizando al periodista australiano.
Noam Chomsky aseguró que el periodista Julian Assange hizo un gran servicio a la humanidad al publicar miles de archivos secretos del gobierno de EEUU. Además señaló que la información revelada por WikiLeaks desde 2010 tiene el potencial de emancipar a los ciudadanos para que dejen de ser súbditos del poder. El lingüista y filósofo agregó que el gobierno estadounidense está criminalizando al periodista.
El testimonio de Chomsky fue presentado por los abogados de Assange durante una nueva jornada del juicio de extradición a EEUU. Además testigos presentados por la defensa del activista australiano revelaron cómo fue espiado durante su asilo en la Embajada de Ecuador. La fiscalía estadounidense lo acusa de espionaje y piratería informática por lo que quiere juzgarlo en territorio norteamericano.
Chomsky no dudó en manifestarse a favor de Assange y determinar la importancia del trabajo hecho por WikiLeaks. “En mi opinión, Julian Assange, al defender valientemente las creencias políticas que la mayoría de nosotros profesamos compartir, prestó un enorme servicio a todas las personas del mundo que atesoran los valores de la libertad y la democracia y que, por lo tanto, exigen el derecho a saber qué es lo que están haciendo sus representantes”, estableció Chomsky en su declaración por escrito ante la Justicia inglesa.
Además señaló queel gobierno norteamericano busca criminalizar al periodista ya que sacó a luz información que podría evaporar el poder de EEUU. Para el intelectual el uso que haga la ciudadanía de datos como los revelados por WikiLeaks pueden llevarla a conseguir la independencia y abonar a la construcción de una sociedad libre. De lo contrario el mundo seguirá siendo súbdito de amos que operan en secreto, sostuvo el lingüista.
Chomsky cuestionó también la naturaleza de los documentos secretos del gobierno norteamericano. «Cualquiera que busque en los archivos se habrá dado cuenta de que lo que se mantiene en secreto rara vez tiene que ver con seguridad, a menos que sea la seguridad de los poderosos frente a sus enemigos y su propia población», explicó.
Espionaje en la Embajada
El juicio de extradición contra Assange llegó a la jornada número 17. Durante el miércoles también se conocieron datos reveladores sobre cómo se dio el espionaje contra el periodista en la Embajada de Ecuador. La defensa presentó el testimonio de de dos testigos anónimos que trabajaron para la empresa española US Global, encargada de brindar el servicio de seguridad a Ecuador mientras el periodista estaba asilado en la sede diplomática.
El diario El País había revelado en julio del año pasado que las reuniones del activista australiano estaban siendo espiadas por esta empresa. Uno de los testigos encubiertos señaló que el presidente de la compañía, el español David Morales, dio la orden de espiar a Assange. “Morales (…) traicionó los términos del contrato y la confianza depositada en él por el gobierno de Ecuador, al entregar de forma sistemática información a las autoridades de inteligencia de EEUU, a las que trasladaba de forma recurrente y durante un periodo de tiempo todo el material relacionado con la seguridad de la Embajada», señaló el denominado Testigo 1 según Sputnik.
El 19 de junio de 2012 Assange había ingresado en la sede diplomática ante el pedido de extradición que hizo el gobierno sueco a la justicia inglesa. En ese momento el periodista estaba siendo acusado por supuesta violación y acoso sexual. En 2019 la justicia de Suecia cerró el caso.
