Propuesta de suspender elecciones es una maniobra para dejar a Juan Hernández en el poder
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Ante las declaraciones del diputado nacionalista Jaime Villegas, donde propone suspender las elecciones por la crisis producida por la COVID-19 y el paso de las tormentas Iota y Eta, varios sectores han salido al paso a repudiar la incitación.
Villegas a nivel de medios de comunicación, propuso que además de cancelar el proceso electoral del próximo año, se debe analizar la posibilidad de que las tres fuerzas políticas mayoritarias sean las que dirijan al país al menos por un año.
Como segunda opción plantea que si no hay acuerdos por parte de las fuerzas mayoritarias, sea el actual Gobierno que dirige Juan Hernández el que se quede en el poder por un año.
El principal argumento de Villegas es que Honduras debe enfocarse en reconstruir la nación ante el impacto de estos fenómenos, por lo que tomando una decisión de ese tipo se ahorrarían millones de lempiras en la celebración de elecciones.
Para diversos sectores hay que poner ojo a lo que sugiere Villegas, porque puede ser una campaña para abrir el camino a que Juan Hernández se quede en el poder más tiempo de lo que le permite la Ley.
La reacción del expresidenciable Salvador Nasralla se hizo presente al escuchar el planteamiento de Villegas. Nasralla dijo que el diputado está siendo utilizado por el partido de gobierno para sondear la forma en la que Juan Hernández se quede en el poder.
Jaime Villegas llegó al Poder Legislativo gracias a Salvador Nasralla, y es que el exfutbolista fue electo en su primer periodo como diputado a través de las planillas del Partido Anticorrupción, el cual fundó Nasralla.
“A Villegas lo usa el partido Nacional para que proponga que JOH se quede más tiempo, es como tirar un anzuelo y claro el Congreso lo puede aprobar, porque está compuesto por gente que no es honrada”, interpretó Nasralla.
Salvador cree que la propuesta de Jaime Villegas es otra traición a la patria y que ellos desde la oposición no lo permitirán: “nosotros exigimos que Juan Hernández debe irse ya, no esperar a elecciones sino que su salida debe ser inmediata”, enfatizó el político.
Otros sectores también opinaron sobre esta iniciativa del oficialismo, por ejemplo el exvicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez, manifestó que hablar de suspender las elecciones no crea un ambiente óptimo para el país.
“Pienso que hablar de posponer elecciones crea un ambiente adverso para los nacionales, para los Organismos Internacionales de Crédito y para los países donantes”, consideró Álvarez.
Asimismo dejó claro que la reconstrucción del país pasa por la vigencia del Estado de Derecho y la confianza que los partidos políticos deben construir en la institucionalidad del Estado.
Por su parte el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya también salió al paso y dejó claro que jamás aceptarán suspender el proceso electoral del 2021.
“Las elecciones no deben posponerse sino adecuarse a la trágica realidad nacional, podemos eliminar el costo millonario de L 400 millones en el sistema de transmisión y escrutinio, instrumento de fraude en 2013 y 2017”, dijo en redes sociales Manuel Zelaya.
Finalmente las autoridades del Partido Nacional se refirieron sobre el proceso primario y general del 2021, del que esperan se celebre bajo el calendario ya establecido en la Ley Electoral.
Tegucigalpa.- El régimen de Juan Orlando Hernández ha comenzado a ejercer presión para que, en medio de la pandemia de coronavirus en Honduras, se de inicio a la venta del territorio y de la soberanía del país.
Los primeros atisbos de amenaza contra las comunidades afectadas, se dieron a finales de septiembre en Roatán. Y en las primeras semanas de octubre, suena con fuerza en los medios tradicionales de comunicación, “cooptados por el régimen” , la instalación de otra Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
Hace unas semanas, en la comunidad de Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, elementos de la Policía Nacional y Municipal, desalojaron al CEO (Chief Executive Officer) de “Próspera”, Erik Brimen, quien iba a socializar el proyecto, pese a que la población ya le había manifestado su descontento.
A finales de septiembre de este año, y a través de un pronunciamiento conjunto, las Diócesis de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba, rechazaron el modelo extractivista impulsado por el régimen de Juan Orlando Hernández y condenaron la criminalización contra los defensores y defensoras de los territorios y el medio ambiente.
Los clérigos urgieron a las organizaciones sociales, políticas y religiosas a unirse a la defensa de la casa común y expresar “su protesta y solidaridad sobre el modo injusto y abusivo con que el gobierno de Honduras y empresas extractivas tratan a las personas, organizaciones y comunidades que defienden sus bienes naturales y sus territorios”, apunta el pronunciamiento.
Las tres diócesis de la iglesia Católica, señalaron al gobierno de Honduras, como responsable de la situación en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía; amenazados por la explotación del bosque, la agroindustria, el tráfico de drogas, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la minería en áreas protegidas.
Los religiosos católicos condenaron que desde las instituciones bajo el mando del Poder Ejecutivo, tales como la Secretaría del Ambiente, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), así como la Municipalidad de Tocoa, no se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada; dando “carta de legalidad a proyectos extractivos que en derecho y con argumentos técnicos no proceden en zonas protegidas de gran importancia biológica, ecológica, hídrica y ambiental para garantizar la vida de la población”.
Respecto a las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDES) que amenazan con crear un estado dentro del propio estado hondureño, que contará con órganos jurisdiccionales independientes, y que amenaza la soberanía nacional y traerá el desplazamiento de comunidades en la Península de Zacate Grande, Choloma, Lempira, Islas de la Bahía y otras zonas, organizaciones sociales y populares se refirieron a este tema en su vigésimo noveno manifiesto.
El manifiesto expresa que “mientras la narco-dictadura pisotea y subasta la soberanía y la dignidad de la patria y sus comunidades, las organizaciones aquí representadas apostamos por un nuevo modelo económico”.
Alzamos la voz ante la ignominia del régimen de Juan Orlando Hernández de autorizar la instalación de la primera ZEDE en Roatán, Islas de la Bahía para beneficio de la empresa norteamericana “Próspera” y para desgracia de los habitantes, expresa el pronunciamiento.
Y añade que las organizaciones sociales y populares “hacemos nuestra la lucha de Crawfish Rock, condenamos este nuevo zarpazo a la soberanía, así como todas las ZEDES anunciadas para el resto del país, al tiempo que exigimos la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDES y todas las reformas constitucionales que le dan vigencia”.
El pronunciamiento hace suyas las palabras expresadas por los obispos de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba que atienden pastoralmente los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía en su pronunciamiento público del 29 de septiembre”.
“Rechazamos el modelo económico extractivista, minero, energético, ZEDES, agroindustria, maderero o el tráfico de drogas. Es urgente construir y trabajar otro modelo económico para evitar mayores riesgos a la vida humana y natural”, sostuvieron.
Por su parte el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el editorial titulado “Empezó otro Tipo de Conflictos” y divulgado en su espacio radial “Voces contra el Olvido” en la emisión del sábado 26 de septiembre expresa que: “Antes de 2012, la Constitución decía que NADIE, ningún extranjero, podía adquirir tierras a 40 kilómetros de las costas, islas, litorales o fronteras en tierra firme. Fue el finado PINPON liberal, el profesor como le llaman los rojiblancos, quien traicionó el artículo 107 en 1995 con aquella histórica frase ridícula que no íbamos a pasar eternamente mirando los monos saltando de un coco a otro. Era nada menos que presidente del congrezoo”.
Y en referencia al inversionista estadounidense Erick Brimen y a otros, que pretenden instalar la sede denominada Roatán Próspera en la comunidad de Crawfish Rock, el editorial señala que: “A este grupo de piratas modernos les encanta repetir que la constitución de Honduras, en el artículo 329, les faculta ahora para constituir personalidades legales dentro del territorio nacional, con identidad jurídica independiente, al estilo de una municipalidad autónoma. Pequeñas republiquetas intocables que alojarán en su seno poblaciones extranjeras, células de millonarios viviendo y trabajando dentro de burbujas blindadas”.
El proyecto ya está trayendo división en la comunidad De Crawfish Rock, hay amenazas de desalojo y la consecuente represión que se cierne sobre las comunidades negras en Roatán, por eso el comentario editorial advierte que: “Eso es lo que producirán las zedes, eso es lo que están produciendo ya: desplazamientos forzados, emigración forzada y soborno colectivo de conciencias con un discurso pajero que pone al frente la generación de empleos y ese mensajito tramposo del filósofo liberal estadounidense John Rawls de la igualdad de oportunidades para todos”.
El 6 de septiembre de 2013 el Diario Oficial La Gaceta N° 33,222 publicó el decreto legislativo número 120-2013, que contiene la Ley que autoriza la instalación de Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) en Honduras, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, cuyo presidente de ese poder del estado era Juan Orlando Hernández y fungiendo como presidente de Honduras, el nacionalista Porfirio Lobo Sosa.
Solicitarán referéndum para que el pueblo hondureño decida futuro de “Ciudades Modelo”
- 16/10/2020
Por considerar que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), son inconstitucionales y que atentan contra la soberanía de Honduras, organizaciones sociales iniciarán este próximo fin de semana un proceso de recolección de firmas para solicitar al Congreso Nacional, apruebe un “referéndum” para que sea la población quien decida si acepta o no la instalación de las que también se conocen como “Ciudades Modelo”.
Lo anterior lo aseguró a Radio Progreso, el abogado constitucionalista Ramón Barrios. A renglón seguido manifestó que, las Zedes son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, serán territorios con sus propias leyes y tendrán su propia seguridad. Será una especie de pequeño país dentro deun país soberano.
“La figura de la expropiación de tierras explicada detalladamente en los artículos 25, 26 y 28, bajo la supuesta figura de uso público y a justiprecio para expandir el territorio de las Zedes, para su eventual entrega a inversionistas extranjeros, resulta inaceptable porque violenta la Constitución de la República”, cuestionó Barrios.
“La Constitución establece tres modelos de participación directa de la población: la iniciativa ciudadana, plebiscito y referéndum. El plebiscito se solicita antes que el gobierno tome una decisión sobre un asunto de interés nacional y el referéndum se presenta después que se haya tomado la decisión. Y en este caso, el Congreso Nacional y el Ejecutivo, ya aprobaron las Zedes. La idea es que en las elecciones generales se coloque una cuarta urna para el referéndum”, argumentó Barrios.
El Congreso Nacional y Poder Ejecutivo presidido por Juan Orlando Hernández, han decidido colocar capital transnacional sobre la riqueza natural de Roatán, Islas de la Bahía. Pero, su población sostiene no lo permitirá. De la misma forma la población de Choloma, Cortés, está en alerta después que se le anunciara a la municipalidad que en su territorio se instalará un enclave llamado “Ciudad Morazán”.
¿Cuándo y cómo aprobaron Zedes?
En junio de 2013, Juan Orlando Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional (CN) les dio vida a estos proyectos. Con 102 votos a favor y 26 en contra, los diputados y diputadas aprobaron la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).
Este mismo proyecto se conoció anteriormente con el nombre de “Ciudades Modelo”, sin embargo, fue declarado inconstitucional en octubre de 2012 por cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero Hernández como presidente del Congreso destituyó a los 4 magistrados, el 12 de diciembre de 2012 y los sustituyó por otros afines a su proyecto.
El único magistrado que en 2012 estuvo a favor fue Oscar Chinchilla, el actual Fiscal General de la República.
“Lo que hicieron tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo, son delitos de orden político que no prescriben. Con la aprobación de las Zedes se dieron pie a los delitos de violación a la Constitución de la República y la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos. Esto en su momento se debe juzgar. Pero antes la población tiene que organizarse para detener los proyectos ya aprobados”, concluyó el abogado Barrios.
Islas de la Bahía rechaza la “ciudad modelo”
Roatán Próspera, es el nombre del proyecto que busca una inversión de 500 millones de dólares para la construcción la “ciudad modelo”en Islas de la Bahía. “Sin embargo, la implementación de esta ley en nuestro territorio insular tendrá impactos negativos culturales, sociales, ambientales, económicos y políticos”, indicó Rosa Hendrix de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía.
“Mientras el gobierno y empresarios destacan las bondades del proyecto, nosotros como habitantes de esta zona sabemos que no es más que la entrega del territorio, además de ser inconstitucional, busca expropiarnos de nuestras tierras y aumentar la pobreza. Por lo tanto, el 99% de los habitantes de Islas de la Bahía, estamos en contra del proyecto. Aquí se nos va a respetar y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para no permitir el dañino proyecto”, dijo Hendrix.
Roatán Próspera se ejecuta en el sector de Crawfish Rock, Roatán. ¿Qué busca Roatán Próspera? De acuerdo a sus ejecutivos, se crearán nuevos proyectos para que haya más prosperidad. El primero, un centro de emprendedores de uso mixto entre unidades residenciales y espacios para trabajar, sobre todo en la economía naranja y un centro de convenciones, un pequeño hotel boutique. Eso será la semilla inicial, la idea es hacerlo todo en amistad con el medio ambiente buscando integrar la mayor parte posible con todas las comunidades locales, con enfoque local sobre todo.
Muchas veces no se podrá encontrar talento y se requerirá de San Pedro Sula, Tegucigalpa, etc. pero siempre darle prioridad a la comunidad local. Por ahora es bueno resaltar que el territorio que está incorporado dentro de la plataforma de Roatán Prospera son apenas 58 acres.
En Choloma también hay rechazo
Las autoridades municipales y la ciudadanía de Choloma, Cortés, están en alerta y en proceso de organización después que llegara a la Secretaría Municipalidad el proyecto que anuncia que en su territorio se instalará un enclave llamado “Ciudad Morazán”.
A diferencia de “Roatán Próspera”, el objetivo de “Ciudad Morazán”, es crear una Zona de maquilas y residenciales. El proyecto está avanzado porque ya se hizo la inversión en las primeras 50 hectáreas con un valor de alrededor de 100 millones de dólares, de los cuales 5 millones ya están gastados o comprometidos.
Esta cantidad incluye terrenos, estudios, infraestructuras básicas iniciales, 100 casas y apartamentos, y 4.000 metros cuadrados de espacio industrial. El regidor Miguel Ángel Alvarado, aseguró que en la corporación municipal de Choloma, hay un total rechazo a este proyecto, y se está organizando cabildos abiertos sectoriales para que la ciudadanía sea quien decida el futuro de su municipio.
Autoridades de Choloma, Cortés se pronuncian contra las Ciudades Modelo
- 01/10/2020
Por decisión unánime, la corporación municipal de Choloma en el departamento de Cortés, se pronuncia en contra de la instalación de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), también conocida como Ciudades Modelo.
Choloma está ubicada a unos escasos 10 kilómetros de San Pedro Sula, al norte del país. A la secretaria de la municipalidad llegó la notificación sobre la construcción y funcionamiento de las tres primeras empresas registradas en la “ZEDE Morazán”, con una inversión de 100 millones de dólares, abarcando 50 hectáreas del municipio.
“Esta Ciudad Modelo será de parques industriales y manufactura”, dijo el regidor Miguel Ángel Alvarado, asegurando que se estará convocando a cabildo abierto en los próximos días para que la ciudadanía sea quien decida el futuro de su municipio.
En Honduras se viven momentos de incertidumbre, producto de la pandemia y la gestación de las dos primeras Ciudades Modelo. La Articulación Nacional de Organizaciones Sociales califica como un zarpazo a la soberanía nacional los proyectos de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), aprobados en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, y Choloma, Cortés.
En entrevista a Radio Progreso Christopher Castillo, coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), dijo que las organizaciones sociales y populares consideran que las ZEDE, son el tercer golpe colonialista contra Honduras, por cuanto requiere un despertar para echar atrás dichos proyectos. A nivel nacional se anuncian movilizaciones el próximo 03 de octubre, para exigir la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico que da vida a las Ciudades Modelo.
Incrementa persecución contra defensores en Zacate Grande
- 02/10/2020
El anuncio de la construcción de las primeras ciudades modelos o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), reactivó la lucha de las comunidades de la Península de Zacate Grande, Amapala, Valle, zona sur de Honduras. Con las acciones de rechazo a estos proyectos de parte de las comunidades, las amenazas y persecución contra quienes defienden el territorio, también comienzan a incrementar.
A través de sus redes sociales, la Asociación para la Defensa de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), denunció que el ex presidente de la organización, Pedro Canales, en las últimas semanas ha sido víctima de hostigamiento por personas ligadas a los guardias de seguridad de las familias poderosas que han acaparan más territorio en la zona.
Pedro Canales comentó a Radio Progreso que el 23 de septiembre, personas desconocidas de varios disparos asesinaron al perro de su casa. Y aunque la muerte de la mascota para muchas personas podría parecer insignificante, en el contexto de Zacate Grande, es un mensaje amenazante en contra de su vida.
El defensor del territorio señala que, lo que vive su familia no es nada fácil, y el ataque contra su mascota es una especie de aviso sobre lo que les podría suceder a él y a sus compañeros y compañeras que luchan en defensa del mar y del territorio.
Canales contó a Radio Progreso que recientemente una persona ligada a la familia Facussé, le gritó que él sabía quién le iba a cortar la cabeza. “En el 2019 entre la laguna de camarón que tenemos como grupo y el cerco de malla que tiene la familia Facussé, los guardias forestales acribillaron otro perro en presencia nuestra”, explica.
Pedro Canales tiene claridad que todos estos ataques vienen a raíz de la lucha contra la instalación de las ZEDES, en el sector de Puerto Grande y La Flor; comunidades que están a la orilla del mar y donde existe conflictividad porque familias poderosas del país quieren entregar el territorio para que se construyan las famosas “ciudades modelo”.
La pandemia agudiza la crisis ambiental
El largo confinamiento y la restricción de derechos constitucionales a raíz de la pandemia del COVID-19, ha servido para agudizar la situación que viven las comunidades en la Península de Zacate Grande, dice Pedro Canales, ex presidente de ADEPZA. Según el luchador, la pandemia ha sido un espacio muy importante para los terratenientes y ricos del “Club de Coyolito”, sigan sembrando división en la población.
Canales cuenta que 15 días antes de iniciar el confinamiento, en la comunidad de La Flor, la población organizada eligió el patronato, sin embargo, al siguiente día la familia Facussé, en complicidad con el alcalde de Amapala, organizaron un patronato paralelo y desbarataron todo lo que la comunidad había hecho.
“Ellos se preparan en los momentos difíciles que viven los pueblos para hacerle daño a las comodidades. Todo lo que hablan de la llegada de la Hora del Sur, es eso que estamos viviendo; programas como las ZEDES que traen pobreza, división, cárcel y muerte para los luchadores. No sólo en la zona sur, sino que en toda Honduras”, concluye.
Gerardo Aguilar, director de la Voz de Zacate Grande -emisora comunitaria que acompaña la lucha de las comunidades de Amapala-, explica que los guardias de seguridad de Miguel Facussé constantemente llegan hasta las comunidades donde los campesinos tienen sus cultivos y sus proyectos. Van acompañados con militares de la Fuerza Naval quienes tienen como centro de operaciones, la Isla de Amapala.
Gerardo también explica que con el confinamiento se ha incrementado el hostigamiento contra las comunidades. Recuerda que el 29 de agosto un carro con vidrios oscuros y con personas desconocidas, intentó atropellar a dos comunicadores de la radio que iban a hacer entrevistas a Playa Blanca, otra comunidad organizada de la zona. En esa misma semana, otro vehículo desconocido anduvo tomando fotografías a las casas en la tierra recuperada de Playa Grande.
Gerardo Aguilar dice que los terratenientes en la zona mantienen una constante campaña de desprestigio para difamar a los líderes comunitarios. Sin embargo, a pesar de todas las campañas que montan las familias que tienen intereses económicos en la zona sur, los pobladores y pobladoras de Zacate Grande, no bajan la guardia y continúan los procesos organizativos en defensa de su territorio.
El modelo extractivo que impulsa el Gobierno de Juan Orlando Hernández, multiplica los conflictos en las comunidades; traen militarización en los territorios, destrucción de los bienes comunes, ruptura del tejido social, persecución y criminalización de la protesta social y el derramamiento de sangre.
La península de Zacate Grande es parte de ese sur de Honduras que está en la mira. En esta zona comenzará el experimento que promete sacar al país de la crisis, las Zonas Especiales de Desarrollo. Una de las zonas más deprimidas hoy se enfrenta a esta promesa que también es amenaza.
Las ciudades modelo, no son la única amenaza que visibilizan los pobladores y pobladoras de la zona Sur. Esta región también está marcada por la presencia de la minería, plantas fotovoltaicas y la agroindustria expresada en la siembra de melón, camarón, ocra y caña de azúcar.
Reacciones ante crimen de defensor: La violencia llegó a Guapinol con minera Inversiones Los Pinares
Wednesday, 14 October 2020 20:07 Written by Dina Meza y Heidy Dávila Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
El crimen contra Arnold Joaquín Morazán Erazo, defensor del Río Guapinol, la noche del 13 de octubre de 2020, ha generado una serie de reacciones de condena y exigencias de justicia pronta, imparcial y transparente, entre ellas la del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
De acuerdo a información en redes sociales a Morazán Erazo lo llegaron a matar a su casa hombres desconocidos que le dispararon y hay sospechas que pudiera tratarse de una represalia por ser defensor del ambiente y sobre quien pendían dos procesos penales por ese motivo.
Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitió un comunicado este 14 de octubre de 2020 donde demanda una investigación objetiva, imparcial y transparente de acuerdo a los estándares de la investigación criminal, además de exigir al Ministerio Público que cumpla con responsabilidad su rol, y criticaron sus actuaciones en abrir procesos penales contra los defensores del ambiente.
Vea este video donde el Comité señala que es el Ministerio Público es el que debe determinar quién cometió el hecho pero con una investigación objetiva:
Para esta organización la presencia de la empresa Minera Inversiones Los Pinares ha generado un clima de violencia en la comunidad que ha sido atizado por la complicidad y aquisciencia del Estado de Honduras que procedió a militarizar la zona.
Juan López, secretario de dicho Comité expresó a pasosdeanimalgrande.com que Morazán Erazo era un joven que desde que la comunidad emprendió la lucha se sumó . “Él cantaba canciones y le gustaba hacerlo en momentos de acompañamiento, pero después del primer requerimiento comentó que sentía mucho miedo”.
Agregó que en el segundo requerimiento también fue señalado, razón por la que terminó por alejarse de las actividades debido a las intimidaciones y asedio que había contra el grupo, ya que desde el 2018 para la comunidad se ha vuelto una situación tenebrosa por la noche, temiendo a que haya algún ataque.
Desde la semana pasada los pobladores de Guapinol han denunciado una presencia masiva de militares y policías, y aunque están allí argumentando que "cuidan a la comunidad", el crimen se dio sin que hicieran algo, por lo que eso genera sospechas.
La estrategia de muerte del Bajo Aguán se replica en Guapinol
El escenario grotesco de violencia en Guapinol tiene similitudes a las ocurridas en el Bajo Aguán donde campesinos luchan por la defensa de la tierra, allí en lo más álgido del problema hubo capturas, desapariciones forzadas, juicios, vigilancia, operaciones sicológicas y militarización ordenada por el gobierno de ese entonces en el año 2010 y continuada por la actual administración.
La situación tomó mucha atención internacional y trajo varias misiones que llegaron a constatar los hechos, pero la estrategia por parte de los terratenientes entre ellos Miguel Facussé se centró en utilizar campañas mediáticas a través de medios de comunicación y hacer parecer que el conflitcto estaba resuelto, pero la repression continúa contra los liderazgos campesinos y la impunidad hacia los responsables de generar esa situación está sin ninguna consecuencia.
Lo preocupante del caso es que este mismo patrón de actuación se está utilizando en Guapinol que también tiene el foco nacional e internacional por las connotaciones de violencia contra las personas defensoras del ambiente y quienes les acompañan en el sector.
En la actualidad hay ocho defensores detenidos a los que se les acusó por incendio agravado y privación injusta de la libertad de un integrante de la guardia de seguridad de el amepresa Inversiones Los Pinares, mientras las denuncias por amenazas interpuestas por las personas defensoras del sector han sido ignoradas por el Ministerio Público.
Un fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán ratificó la cárcel para ocho defensores del Río Guapinol que están presos desde agosto del año pasado y ordenó que otros cinco regresen a prisión, después de tener un sobreseimiento definitivo en los delitos por los cuales el Ministerio Público en contubernio con tan empresa minera, les envió a prisión a principios de 2019, según denunciaron los abogados defensores de los imputados el pasado 15 de Agosto de este año.
Este es el comunicado emitido por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos:
Se calienta represión contra indígenas de La Paz en sesión de corporación municipal
Friday, 16 October 2020 19:22 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia PASOS DE ANIMAL GRANDE
La coordinación general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras, MILPAH, alertó este 15 de octubre de 2020, que en una reunión ordinaria de corporación municipal, el alcalde discriminó y declaró a los miembros de esa organziación y de los Consejos Indígenas Lencas del municipio de La Paz, como personas non gratas que están en contra de que los proyectos se realicen, por lo que temen un atentado contra sus vidas.
En sesión de la Alcaldía Municipal, donde se encontraban actividistas del Partido Nacional, junto al Alcalde Filiberto Marlgar Argueta y los regidores de la corporación, declararon personas non gratas a María Felícita López; Valentín Martínez; Felipe Benítez Vásquez; y Martín Gómez Vásquez de MILPA, así como a Jeremías Nolasco; José Joel Benítez; Gabino Argueta Marquez; Edwin Heraldo Benítez; Adán Benítez Martínez; miembros del Consejo Indígena Lenca del municipio de Cabañas, en el Departamento de La Paz.
Jeremías Nolasco García, presidente del Consejo Indígena Lenca del Bailadero, del municipio de Cabañas, siempre en el departamento de La Paz, explicó que ellos fueron informados por amigos de la reunión que habría en la municipalidad porque fue organizada solo en el grupo de poder, y como se iban a tocar puntos importantes sobre los proyectos en la comunidad decidieron enviar a varios compañeros para informarse.
Según Nolasco el problema que están viviendo las comunidades es una lucha en contra de la implementación de proyectos sin participación de los pueblos. Los Consejos Indígenas acompañados por MILPAH, que les ha asesorado sobre el convenio 169 y los derechos humanos para que el pueblo indígena se niegue a firmar cualquier documento sin una consulta previa libre e informada.
El presidente del Consejo Indígena expresó que los grupos de poder en la zona han buscado muchas formas y estrategias, como hacerlos firmar poderes donde se ceden los derechos, desplazar los cargos en la junta directiva, también hacer pasar la socialización de los proyectos como capacitaciones para privatizar el agua y los bosques.
Felipe Benítez, coordinador de MILPAH, agregó que declararon non gratos a cuatro integrantes de la organización, pero no es algo nuevo, es una forma de criminalizar el acompañamiento que realizan a los consejos indígenas.
Los principales promotores de esas estrategias son la familia Melgar, personas pudientes en la zona quienes están impulsando los proyectos.
Benítez detalló que los pueblos tienen títulos comunitarios que los protegen frente a las decisiones que se tomen desde la comunidad, pero el alcalde Filiberto Melgar y un grupo de activistas del Partido Nacional han ejecutado las violaciones de derechos de los pueblos.
Según el entrevistado por pasosdeanimalgrande.com, miembros de MILPAH han interpuesto denuncias y quejas sin obtener resultados.
Agregó que el Mecanismo de Protección después que en el año 2019 les realizó un análisis de riesgo no han tenido respuesta, en su caso personal mencionó que tiene un celular móvil con poca señal en la zona y advirtió que algunas llamadas no entran, además sienten temor por la vida de María Felicita López, que es una de las más perjudicadas también por ser promotora en defensa de las mujeres.
La articulación entre MILPAH y los Consejos Indígenas es aproximadamente desde el 2010 en que nació la necesidad de asociarse en contra un proyecto que estaba por afectar a la comunidad, sin embargo aclaró que no están en contra del progreso sino que en el proceso se perjudiquen sus derechos y recursos naturales.
La alerta publica de MILPAH:
Roatán: una micro nación a la venta
Islas de la Bahía es el destino turístico por excelencia tanto para hondureños como para extranjeros y es también el territorio designado para la creación de Próspera, una Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Esta iniciativa fue puesta en marcha en mayo de 2020, mientras la población hondureña se concentraba en sobrevivir al tercer mes de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Texto: Lizz Gabriela Mejía
Fotografía: Deiby Yánes/ Archivo
«¿Te perdiste el Carnaval y tienes curiosidad por las Ciudades Privadas Libres? ¡Hay una solución para ambos! El viaje para inversionistas de Sin Estado 2020 es al país centroamericano Honduras. Conocido por la tasa de homicidios más alta del mundo occidental, sigue siendo un lugar atractivo para vivir e invertir. Al obtener residencia, incluso puedes esperar la exención de impuestos sobre los ingresos extranjeros», con esta entradilla se promueve Roatán como el lugar perfecto para invertir sin pagar impuestos. El blog Staatenlos (Sin Estado), del suizo Christoph Heuermann, promueve en Suiza, Alemania y Austria (la región DACH) una combinación de turismo e inversiones en ciudades libres de impuestos, una de ellas es Roatán, en donde se ha puesto en marcha la ciudad modelo Próspera.
Próspera Economic Development Platform, es un proyecto acogido bajo la Ley Orgánica de las ZEDE, decreto legislativo número 236 del 24 de enero de 2013. Con el desarrollo de este proyecto, se crearía la primera ciudad modelo en Honduras que ha prometido turismo médico, educación superior y viviendas vanguardistas y sostenibles, también fortalecimiento y diversificación de la economía de la isla. Además, los socios de esta empresa esperan que distintas empresas nacionales e internacionales tengan éxito en esta jurisdicción.
Las ZEDE son áreas del territorio nacional que están sujetas a un régimen distinto o especial, donde los inversionistas extranjeros y nacionales estarían a cargo de la seguridad, resolución de conflictos y la política fiscal. Las únicas leyes nacionales aplicables en este pequeño territorio son la Constitución de la República y el Código Penal. En otras palabras, es una porción de Honduras que se convierte en un enclave.
La ZEDE que planifican desarrollar en Islas de la Bahía no es la primera ciudad modelo que se intenta materializar en el territorio hondureño. Entre 2013 y 2017, el sur del país fue seleccionado para crear empleos y atraer la inversión extranjera a través de esta modalidad. En los municipios de Amapala, Goascorán y Alianza daría inicio el megaproyecto que prometía la atracción de turismo y un centro logístico en el departamento del Valle. Esta idea tenía el visto bueno de la República de Corea del Sur, incluso, se firmó un tratado y se realizaron estudios de factibilidad para mostrar la seriedad del proyecto. Sin embargo, la ZEDE no se concretó.
Honduras Próspera LLC, antes llamada Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras, inscrita en Delaware, Estados Unidos en 2017, asegura en sus cuentas de redes sociales y el portal prospera.hn que este sería el primer Distrito Próspera en Honduras, pero que La Ceiba es otro punto del país en el que esperan crear otra ZEDE*, en la que se desarrollará un parque industrial, con la asesoría de una empresa consultora alemana.
Según la página web del proyecto: «Próspera se asocia con gobiernos como el de Honduras para promover y operar Distritos de Desarrollo Económico, similares a Zonas Económicas Especiales (ZEE). Estos distritos están integrados con las comunidades locales y tienen una gobernanza y una reglamentación semiautónomas. Con un marco legal de derecho común, reglamentaciones familiares y flexibles, una declaración de derechos, impuestos bajos y protección del medio ambiente, Próspera permite a los empresarios resolver problemas de manera estructural y responsable para el pueblo de Honduras y del resto del mundo».
En redes sociales y notas publicadas en las páginas web de los socios de la empresa, han dicho que se estima la atracción de más de 500 millones de dólares de inversión extranjera y la creación de 10 000 empleos a lo largo de los 5 años en los que se ejecutará el plan. Erick Brimen, venezolano, presidente del Consejo Ejecutivo de Honduras Próspera LLC, explica en diversas publicaciones de LinkedIn y Twitter que en este consorcio de inversionistas internacionales hay centroamericanos aportando económicamente al desarrollo de la iniciativa, pero que menos del 25 % del total del capital es de inversionistas hondureños.
Documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, muestran cifras distintas a las expuestas por los socios de la empresa. En 2019, ofrecieron 400 000 dólares en acciones, de las cuales se vendieron 300 000 dólares. Este año pusieron a la venta 5 millones de dólares en acciones y solamente un cuarto de millón en acciones fueron vendidas. Se puede ver que el proyecto no avanza de la manera esperada y explicaría por qué han saturado las redes sociales para promocionar la ZEDE.
Contactamos a Brimen por mensajería de Twitter para hacerle preguntas al respecto. “Por ahora estamos comenzando con 58 acres pero tenemos opción de comprar aproximadamente unas 400 acres adicionales en total para seguir creciendo más adelante como en el corredor Norte en general, con La Ceiba en particular; también Cuyamel”, Brimen explica que esta iniciativa comenzó con 10 000 000 dólares* en capital semilla y que actualmente hay alrededor de 30 inversionistas en el proyecto. Sobre la venta de acciones no dio más detalles.
Brimen, sin embargo agregó que “Christoph no representa al grupo ni tiene rol de gerencia. Él es uno de varios compradores de acciones como un inversionista relativamente pequeño (menos del 0.5%). Principalmente a él le gusta mucho el proyecto porque reconoce que será atractivo para “digital nomad tourists” que lo siguen a el en sus blogs”, refiriéndose a lo publicado en el blog Staatenlos de Christoph Heuermann.*
El desarrollo de esta ciudad modelo se dividió en 3 fases. La primera parte será Próspera Village, un espacio de 23.47 hectáreas en las que se desarrollarán viviendas. La formación empresarial y la aceleración de los negocios es otro de los objetivos a cumplir en la primera fase. El terreno a utilizar fue transferido a Próspera ZEDE y está listo para iniciar con la construcción de la infraestructura, indica el sitio web.
Algunos pobladores de Roatán comentan que esas tierras fueron adquiridas a través de vendedores privados y que la empresa ha tratado de hacer negocios con varios empresarios y habitantes de la zona para la compra de más terrenos. Brimen asegura que la compra / venta de tierras se ha hecho legalmente, entre partes privadas y que han adquirido los terrenos “de buenos vecinos buscando tener un impacto positivo socialmente inclusivo”.
La segunda fase abarca el desarrollo del Pueblo de Próspera, se trata de un plan de uso mixto compuesto de resorts, edificios educativos, un hospital privado, centros residenciales, comerciales, financieros y de negocios, parques y un paseo público frente a la playa. Esto se desarrollaría en 10 años. Para finalizar, se construirá la Ciudad de Próspera, que sigue los estándares internacionales sobre infraestructura, edificios y operaciones sostenibles.
La resistencia local
En diciembre de 2017, los promotores extranjeros de Próspera llegaron a la isla para reunirse y hablar con los pobladores de las zonas aledañas al terreno en el que se construiría la ciudad modelo. En un inicio, ofrecían un proyecto turístico que atraería inversión extranjera al municipio. Los lugareños, específicamente los habitantes de Crawfish Rock, no se opusieron, pues el turismo es la actividad económica más importante en esta isla y han convivido con la inversión extranjera desde hace mucho tiempo.
Es hasta el 2020, cuando empiezan a salir notas de prensa y publicaciones en redes sociales, que los isleños se dan cuenta que Próspera no era solo una propuesta turística sino una ciudad modelo. Debido a esta situación, los patronatos empezaron a reunirse y a solicitar información acerca del proyecto que atenta con cambiar por completo su territorio.
El pasado 10 de agosto, mediante un comunicado, la federación de patronatos y distintas asociaciones civiles de la isla dieron a conocer que este proyecto ha causado incertidumbre, ya que este plan empezó a desarrollarse sin socializar o realizar una consulta popular. Agregan que se les ha violentado el derecho a conocer las consecuencias socioeconómicas, políticas y territoriales del mismo. Una de las preocupaciones expresadas es la idea de supeditarse a leyes extranjeras desconocidas, a la privación de los derechos de circulación en sus municipios y a ser expatriados dentro de su propio país por causa de utilidad pública.
«Considerando la preocupación sentida de diferentes sectores de la población en Islas de la Bahía, ya que la ley ZEDE en los artículos 25, 26 y 28 indica que no existe garantía alguna de que la propiedad privada no será EXPROPIADA por supuesto bien común. De esta manera son valederas las inquietudes de la población de la comunidad de Crawfish Rock (pertenecientes a uno de los 9 pueblos ancestrales, los Isleños de habla Inglesa), al ser expuestos ante el inicio supuestamente del proyecto promovido por Prospera Economic Development Platform (PROSPERA.HN) en esta localidad de la isla», indica el comunicado emitido y firmado en Roatán, Islas de la Bahía.
Óscar Hendrix, miembro de uno de los patronatos, comenta que después de la publicación del comunicado, el presidente del Consejo Ejecutivo de Honduras Próspera, se reunió con el patronato de Crawfish Rock, quienes serían los vecinos inmediatos de la ZEDE en caso de que la idea se materialice, para convencerlos de apoyar la iniciativa y desligarse del documento presentado a inicios de agosto. Incluso, los promotores de la ciudad modelo enviaron un documento, con fecha del 20 de agosto de 2020, a los pobladores de Crawfish Rock en el que se establecía que el patronato se desligaba del comunicado público y estaba de acuerdo con la creación de Próspera. Los miembros del patronato no firmaron.
«Entendemos que existen algunas preocupaciones en cuenta del actual gobierno de Honduras y las ZEDE en su generalidad. Sin embargo, estos grupos no nos representan ni estamos de acuerdo con su posición en su Comunicado Público en lo que se refiere específicamente a Próspera. Estamos trabajando activamente directamente con el Grupo Próspera, nuestra experiencia hasta ahora ha sido positiva y han apoyado a nuestra comunidad de muchas maneras desde que se convirtieron en nuestros vecinos incluso brindando a nuestros niños oportunidades educativas y a muchos de nosotros trabajos.
Agradecemos las intenciones de terceros, pero advertimos que pueden tener repercusiones negativas para nosotros y nuestra comunidad, ya que nuestros trabajos y oportunidades futuras están siendo puestos en riesgo por terceros que afirman incorrectamente representarnos. Tenemos acceso a una comunicación abierta con Próspera y plantearemos las inquietudes que tengamos, si las hay, directamente con el Grupo Próspera», indica la carta sin firma.
El 29 de agosto se realizó la elección de la junta directiva del Patronato de Crawfish Rock. Antes de iniciar con el proceso, se informó que solo aquellos que tuvieran 3 años o más viviendo en la zona podrían elegir o ser electos para formar parte de la directiva. Rosa Danelia Hendrix, presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, dio a conocer que a pesar de haber socializado el lineamiento mencionado anteriormente, un joven que vive fuera de Crawfish Rock y trabaja con Próspera quiso participar en la elección. Teniendo en cuenta que no forma parte de la comunidad y hay un claro conflicto de intereses, la asamblea no lo permitió.
Estos ciudadanos también temen que esta ciudad modelo se expanda por el casco urbano de Roatán, ya que otra empresa ha solicitado permisos para una ciudad modelo en el municipio de José Santos Guardiola.
Christoph Heuermann, inversionista de Próspera y promotor de estos proyectos en su blog Staatenlos, comentó a Mikkel Throup en el podcast The Expat Money Show, que la idea es expandirse lo más que puedan: «empezamos con un poco de tierra en Roatán, pero quizás después de algunos años tengamos toda la isla, luego las islas vecinas y parte del continente, y luego nos convertimos en un país (…), el próximo Singapur, Hong Kong». Estas declaraciones fueron vertidas el 21 de febrero de 2019.
Un año después de la participación en el podcast, Heuermann, promocionaba en su blog una excursión para inversionistas a una isla fértil para inversiones, ya que cuenta con el proyecto de ciudades libres más avanzado a nivel mundial, refiriéndose a Próspera en Roatán.
La gira por el Caribe hondureño incluía bucear en la zona de los arrecifes de coral, conocer la playa, disfrutar de la vida nocturna en West End, conocer Utila y Cayos Cochinos. Pero el objetivo primordial era reunirse con los promotores de la ZEDE para informarse sobre los antecedentes de Próspera y visitar el terreno en el que se construirá la ciudad modelo.
A esto se suma una visita a Santa Elena, una pequeña isla que mide alrededor de 3 kilómetros de largo y 1.5 de ancho, en la que inversionistas suizos, alemanes y austriacos planifican crear una «micronación» que se especializa en educación y será una extensión de la ZEDE Próspera. Esta isla es la quinta más grande del archipiélago de Islas de la Bahía, cuenta con pocos habitantes y actualmente no es un destino turístico popular.
Un documento publicado por Christoph Heuermann, indica que 3 empresas de Alemania, Austria y Suiza han comprado la parte sin desarrollar del oriente de la isla de Santa Elena, un terreno con playa de aproximadamente 5 acres. Agregan que esto no se trata de cualquier proyecto, sino de un territorio con un acuerdo de asociación con las ZEDE en Roatán. La conexión a esta zona especial, aún no ofrecida, será preparada por la asociación en la que todos los consultores e inversionistas del proyecto principal son parte de la ZEDE. Los contribuyentes activos son Marc-Felix Otto de la empresa Advisory House, Rahim Taghizadegan del Instituto de Investigación Scholarium y Christoph Heuermann, quien se dedica a invertir en ciudades privadas.
Más que contradicciones en el ámbito legal, estos proyectos son la expresión de una política de Estado dispuesta a entregar territorio nacional al mejor postor, sin controles, con absoluta autonomía y libertad. La ley orgánica que regula estas zonas indica en su primer artículo que estas son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional. Sin embargo, los inversionistas y promotores de los megaproyectos hacen ver que ellos son los dueños de los territorios en los que serán desarrolladas estas ciudades y que tienen el derecho de imponer un sistema de justicia y policía propio y autónomo.
Para el abogado hondureño Julio Gaborit, las ZEDE violentan la normativa legal del país, a pesar de que este territorio siempre va a regirse por la Constitución de la República y el Código Penal. «Es como tener una casa y una persona propone comprar, no alquilar, una habitación en la que va a hacer lo que más le guste, sin importar las reglas que se hayan establecido en la casa», explica Gaborit. Agrega que puede haber conflictos entre la Constitución, los tratados internacionales y las leyes internas de la ciudad modelo.
Gaborit comenta que la manera en la que se explican las ZEDE en la ley orgánica, deja un vacío con el tema de los poderes del Estado, porque si hay una normativa interna aplicable solamente a ese territorio, tendría que crearse un poder legislativo para esta ciudad modelo, o si los asuntos legales de la zona serán evacuados, a través de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, o si formarán un poder judicial aparte. «Solo porque se haya aprobado esta ley vía decreto legislativo, con el voto de los diputados, no implica que sea correcto. Así se han aprobado más leyes inconstitucionales e ilegales que afectan al país», puntualizó.
Recomendamos este reportaje de El Faro.net: Honduras y su experimento libertario en el golfo de Fonseca
Arquitectura sostenible, obras inaccesibles
El consorcio Zaha Hadid Architects (ZHA), en colaboración con AKT II y Hilson Moran Partnership, será el encargado de la construcción de las viviendas que estarán disponibles para los que estén interesados en habitar la ZEDE de Roatán. Las residencias Roatán Próspera, van desde pequeños apartamentos tipo estudio hasta casas familiares, y serán construidas a partir de materiales prefabricados de madera cultivada en la localidad. De acuerdo con ZHA, las residencias están diseñadas para atender las necesidades de los propietarios, por lo que el consorcio eligió la ubicación de los muebles, materiales, y la distribución de los interiores.
En teoría, el proyecto cuenta con aspectos ecológicos que incluyen la recolección de agua —mediante un tipo de sistema de deshumidificación— y paneles solares integrados que se conectarán a las baterías para almacenar electricidad, que también funcionarán como toldos de sombreado. El consorcio encargado de ejecutar el proyecto asegura en su propuesta que hacen un uso adecuado de la tecnología y que los desechos, la contaminación, la huella de carbono y la energía pueden reducirse mientras se logra una mejor calidad de construcción.
La arquitecta hondureña Fernanda Aguilar, comenta que a pesar de la propuesta vanguardista y ecológica que presenta el consorcio ZHA, es muy bien sabido en el mundo de la arquitectura que estos diseños y proyectos no son factibles, pues suelen ser costosos por su belleza y el mantenimiento que necesitan, son infraestructuras para una minoría, si es que pueden financiarlos.
Aguilar asegura que «no cabe duda de que las obras de Zaha Hadid son impresionantes, pero su mantenimiento y el impacto ambiental suelen ser un problema. Se sabe de edificios en los que el presupuesto no dio abasto al momento de mantenerlo, incluso hay dos proyectos que fueron demolidos por ser económicamente inviables». Agregó que en Honduras estas edificaciones serían un fracaso porque requieren un alto presupuesto, mano de obra calificada y un alto riesgo laboral.
Un ejemplo del riesgo laboral en las obras diseñadas por el consorcio ZHA, es la construcción del estadio Al Wakrah de Qatar, que será utilizado para la Copa del Mundo 2022. Oficialmente se comunicó la muerte de 3 obreros, debido a accidentes laborales. Algunas fuentes indican que son muchos más los trabajadores que han perdido la vida. Asociaciones humanitarias como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han difundido comunicados denunciando las pésimas condiciones laborales en la construcción de estos estadios.
El centro Heydar Aliyev es otra obra invasiva y costosa que excluye a la mayor parte de la población, Hadid trabajó en ese proyecto con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para ayudar a transformar la ciudad capital del país asiático en el próximo referente de la cultura mundial. El diseño para este centro, que lleva el nombre del padre del presidente Aliyev, ganó el premio al Diseño del Año 2014 del London Design Museum, mientras 250 familias fueron expulsadas de sus hogares para dar paso a la materialización del diseño que deleitó a los críticos de la arquitectura.
Brimen, por su parte asegura que “absolutamente no se puede hacer daño al arrecife, hay que respetar las zonas protegidas, y hay que replantar árboles que se corten x2; adicionalmente se está estableciendo un comité de adopción de mejores prácticas adicionales”, además explicó que los precios de las casas irán entre 25 000 dólares y 1 000 000 de dólares. “Anticipamos que las que se venderán más estarán entre $50k y $100k (para jóvenes profesionales), se empezarán a entregar viviendas antes de que acabe el 2021”, explicó a través de sus respuestas a nuestras preguntas en la mensajería de twitter.
Roatán en la pandemia
Por ser un departamento cuya economía depende del turismo, Islas de la Bahía se ha visto sumamente afectado durante los casi 6 meses de la pandemia por COVID-19 en Honduras. La disminución de turistas y cruceros ha dejado a muchos de los habitantes sin ingresos fijos. Según el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, Menotti Maradiaga, en declaraciones brindadas a distintos medios de comunicación, el sector turismo ha dejado de percibir alrededor de 600 millones de lempiras al día, situación que pone en riesgo la estabilidad laboral de un estimado de 150 000 empleados.
Rony Alemán, empresario de la ciudad de Roatán explica que la cuarentena fue un duro golpe a su economía, tanto en su negocio como a nivel familiar. «Nos hemos visto muy afectados, lastimosamente los cruceros no están entrando, lo que significa que el transporte turístico está parado», explica Alemán, quien se dedica a brindar el servicio de transporte a los turistas que llegan a vacacionar a la isla. También menciona que los hoteles han estado alojando únicamente a nacionales que regresaron del exterior por la ausencia de veraneantes.
En cuanto a la apertura económica de este sector —anunciada por la ministra Nicole Marrder, a mediados de agosto— el empresario comenta que la afluencia de turistas es mínima, ya que solo han ingresado ciudadanos hondureños. Agregó que están a la espera de que el ferri vuelva a funcionar normalmente, ya que los turistas han estado entrando solamente vía aérea en viajes onerosos, lo que implica menos turistas.
Muchos pequeños y medianos empresarios, como Alemán, están sufriendo las consecuencias de un cierre total de país que no fue planificado y que tampoco ofreció soluciones o alivios verdaderos a aquellos que viven del turismo.
A esto se suma la situación precaria del Hospital Público de Roatán, que al inicio de la emergencia sanitaria no contaba con los insumos de bioseguridad necesarios para atender pacientes y proteger al personal médico. Hasta que se confirmó el primer caso de COVID-19 en la isla, las autoridades sanitarias comenzaron a tomar en serio la situación. En cuanto a la unidad de coronavirus del hospital, el espacio es reducido y solamente puede albergar a 15 o 20 pacientes. Debido a la poca capacidad de esta sala, se habilitó otra en la que se le puede dar atención a 30 pacientes más.
A pesar de ser el hogar de más de 50 000 personas y el destino turístico por excelencia en Honduras, Roatán no cuenta con la infraestructura hospitalaria adecuada para atender a su población, mucho menos para una pandemia. Un hospital y 2 centros de salud son los únicos establecimientos de salud que están a la orden para todos los habitantes. Solo aquellos que tienen una mejor posición económica, pueden acudir a la clínica privada que está en la isla.
Mediante comunicados, elección de juntas directivas y reuniones, los pobladores de Crawfish Rock han mostrado su preocupación y desconcierto. Óscar Hendrix califica de sospechosa la manera de proceder de estos empresarios involucrados en el desarrollo de la ZEDE, ya que, en plena pandemia, cuando la mayoría de la población está en casa y no cuenta con los medios o recursos para manifestarse, sale a la luz la iniciativa de crearla atentando contra la normativa interna establecida en la isla. A pesar del encierro, Hendrix asegura que «la gente ya está enfilada, porque siente que no fueron sinceros con la población y que están viéndoles la cara».
Mientras tanto, Staatenlos ofrece trabajo a austriacos, suizos o alemanes que quieran ir a vivir a Roatán y ser una especie de capataces europeos de un proyecto habitacional en playas vírgenes en la isla de un país que entrega su territorio para enclaves libres de impuestos, con su propia ley y policía. Unsere mikronation, nuestra micro nación, la llaman para atraer inversionistas y aventureros que, como en las películas western, estén dispuestos a vivir en la ciudad modelo de uno de los países más pobres, violentos y corruptos del mundo.
Aclaración:
*La ZEDE en La Ceiba será un distrito dentro de la misma ZEDE Próspera de Roatán.
*En el texto publicado el pasado miércoles 2 de septiembre se colocó por error que el capital semilla de Próspera fue de 10 000 dólares, sin embargo la cifra real es de 10 millones de dólares.
*En el texto publicado el pasado miércoles 2 de septiembre no se colocó la respuesta que el señor Erick Brimen dio con respecto a las opiniones del inversionista Christoph Heuermann, sin embargo en la nota no se menciona en ningún punto que éste último sea vocero del proyecto. Sus opiniones son relevantes por la atracción que hace de turistas, la oferta de trabajo a extranjeros dentro del proyecto y porque es un accionista del mismo.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Caso comunidad Garífuna de San Juan Tela admitido en la Corte IDH
Con la reciente admisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso de la comunidad de San Juan Tela (Durugubuti) Vs. Estado de Honduras, se demuestra una vez más la ausencia de compromiso político por parte de las diversas administraciones gubernamentales para resolver la agobiante problemática territorial que afecta al pueblo Garífuna en Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió de oficio una petición a favor de dicha comunidad en el año 2006, después de haber emitido Medidas Cautelares, ante el evidente despojo del cual había sido víctima la comunidad, por la emisión de un título definitivo de propiedad, que no garantiza los derechos territoriales de la comunidad, otorgando un título compuesto por una serie de polígonos, con los cuales el Instituto Nacional Agrario (I.N.A) reconoce la propiedad de foráneos asociados a la élite de poder del país.
El caso de San Juan Tela, ilustra el fracaso de la titulación neoliberal emprendida por la administración de Rafael Callejas y que se ha extendido durante las últimas tres décadas, despojando a las comunidades Garífunas, al cercenar el hábitat funcional incluyendo el borde costero y el territorio marítimo, esencial en la cosmovisión de nuestro pueblo. La mayoría de los títulos expedidos a las comunidades Garífunas, reconocieron la propiedad de terceros sin tomar en cuenta su respectivos tractos sucesivos y la validez de los mismos.
Una vez más la CIDH, resaltó la violación al derecho a la consulta previa, siendo esta una practica común de las administraciones gubernamentales, las que de forma deliberada confundieron consulta con socializaciones tardías. Cabe recordar que el estado fue condenado tanto en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz como el de Punta Piedra, por la violación al derecho a la consulta; y para agravar la situación, la actual administración siguiendo las instrucciones del Programa del Fondo de Carbono del Banco Mundial y el PNUD, elaboraron una anteproyecto de consulta previa que no se apega los estándares internacionales en materia de derecho indígena.
El caso incluye el asesinato de dos jóvenes ejecutados, Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo, los que fueron ejecutados el 26 de febrero de 2006 por miembros de la fuerzas armadas en febrero de 2006, en la Ensenada. Hasta la fecha se desconoce los motivos del crimen y mucho menos los detalles del juicio y el cumplimiento de las supuestas sentencias.
En el 2006 se dio una racha de actos de violencia en contra de jóvenes de la comunidad, que incluyeron secuestros y asesinatos, que no fueron esclarecidos por las autoridades. A pesar de las denuncias presentadas ante el Misterio Publico (MP), tanto por los despojos así como amenazas.
Como un caso ilustrativo de la situación en San Juan Tela, se encuentra la muerte de la Sra. Feliciana Eligio Suazo, la que falleció el 26 de febrero de 2006, camino la hospital, tras haber sido conminada a salirse del juzgado, donde era interrogada por haber “invadido” un terreno de su propiedad, que fue adquirido por un extranjero. El caso de Feliciana, el racismo y desdén hacia la vida de una señora de la tercera edad, muestra la práctica de los operadores de Justicia de Tela.
Cabe recordar que la comunidad de San Juan Tela, sufrió una masacre el 12 de marzo de 1937, a manos de la dictadura de Carías, la que confrontaba en ese momento una insurrección de los liberales. El resultado fatal de 19 Garifunas asesinados y una nueva diáspora hacia Belice de los sobrevivientes, muestra la cara de una de las dictaduras más cruentas que se ha dado en Honduras del partido nacional, la cual estamos viviendo de nuevo en la última década.
La Ceiba, 2 de Octubre del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Plataforma Agraria: Hay asesinatos selectivos para defensores del agua y la tierra
Friday, 16 October 2020 18:19 Written by Dina Meza Published in Denuncia PASOS DE ANIMAL GRANDE
Hay una ejecución de asesinatos selectivos, persecusión y criminalización contra defensores del agua y de la tierra en un departamento totalmente militarizado, señaló la Plataforma Agraria en un comunicado de prensa este 15 de octubre de 2020, al condenar el crimen del defensor del Río Guapinol, Arnold Joaquín Morazán Erazo, el pasado 13 de este mes.
Morazán Erazo fue acribillado a balazos por desconocidos que entraron a su casa en horas de la noche y a pesar de la fuerte presencia militar y policial no fueron capturados los responsables del crimen.La víctima tenía dos procesos judiciales por defender el Río Guapinol, el primero el año pasado y un segundo que está activo, por la anulación de un sobreseimiento definitivos a favor del defensor y otros cinco.
La Plataforma Agraria también señaló una intensa campaña de desprestigio en redes sociales contra defensores que tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pero criticó la inoperancia del Mecanismo de Perotección al no proteger de forma adecuada la vida de más de 100 personas incluidas en esa disposición internacional.
Demandaron una investigación urgente e imparcial del hecho violento y conminaron al alcalde de Tocoa, Colón, a respetar la decisión soberana del pueblo de declarra libre de minería el municipio.
Este es el comunicado completo:
Copinh demanda su participación en el proceso “Fraude sobre El Gualcarque”
- 16/10/2020
Las comunidades Indígenas Lencas, organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, presentaron una solicitud ante la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que se reconozca su participación como víctima en el proceso judicial denominado “Fraude Sobre El Gualcarque”.
En 2019, la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, Maccih, junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC, ahora UFERCO, presentaron el caso Fraude Sobre el Gualcarque, imputando a 16 funcionarios públicos por favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El abogado Rodil Vásquez, representante legal de las comunidades Indígenas Lencas, organizadas en el COPINH, recuerda que los juzgados anticorrupción reconocieron a las comunidades como víctimas, sin embargo, la defensa de los imputados apeló ante la Corte y la decisión fue revocada.
Otorgan nuevos beneficios económicos a empresas mineras
- 16/10/2020
El Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley de Minería, con la que se otorga a las empresas mineras nuevos beneficios fiscales.
La reforma a la Ley de Minería se aprobó sin someterla a una discusión seria y sin brindar la palabra a diputados de oposición. El oficialismo propuso otorgar más exoneraciones fiscales a favor de las empresas mineras.
El diputado del Partido Libertar y Refundación, Libre, Ramón Soto, dijo en Radio Progreso que este es un acto de crueldad que responde directamente a los intereses de Juan Orlando Hernández. Explicó que se reformaron los cánones del pago que tienen que hacer las empresas mineras nacionales y extranjeras que ya operan en el país.
La medida consiste en que las empresas podrán disfrutar de estas excepciones en los pagos de canones siempre y cuando sean relacionados a una actividad de extracción minera que se implemente en el territorio nacional.
Mediante la reforma a la Ley de Minería, se faculta al Poder Ejecutivo para que sea la instancia reguladora a la que deben acudir las empresas.
Demandan nulidad de proyecto hidroeléctrico de Jilamito, Atlántida
- 15/10/2020
Las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, presentaron ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, MI AMBIENTE, una acción de nulidad contra el proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito de Arizona, Atlántida, que el Estado de Honduras otorgó a Inversiones de Generación Eléctricas S.A. INGELSA, propiedad del empresario Emin Abufele.
Este proyecto ha tenido un proceso permanente de resistencia de las comunidades. Se han realizado al menos dos cabildos abiertos en los que ha rechazado su construcción, y se han presentado ante el Ministerio Publico, una serie de denuncias por supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de la concesión.
Hasta ahora, el Ministerio Público, lejos de atender las denuncias ciudadanas, ha procedidos a criminalizar a varios líderes comunitarios, entre ellos el actual alcalde Arnaldo Chacón.
El abogado Víctor Fernández del MADJ, dijo, en conferencia de prensa, que, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, han comenzado realizar una serie de acciones legales iniciando por Mi Ambiente, institución que ha violentado el derecho humano al agua y la vida.
Elena Gaitán, lideresa criminalizada desde hace tres años, explicó que son 16 comunidades del municipio de Arizona, Atlántida que se abastecen de las aguas del río Jilamito, por ende están dispuestos a defender su río y a denunciar a las autoridades que se confabulen con la empresa.
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, asiste a la plaza virtual de los “pañuelos blancos” a exigir como hace 38 años, verdad y justicia.
En este primer viernes de octubre hacemos causa común con las ideas de Francisco Morazán en 1821 y con las resistencias de las primeras naciones de América ante la avalancha colonizadora de 1492 y la neo colonización violenta de 1954.
Morazán fue fusilado por la oligarquía religiosa aliada de los piratas ingleses y los criollos de la reina por su osadía eterna de separar los clérigos de los asuntos públicos. Ese pensamiento revolucionario vigente hoy nos invita a exigir la salida de todas las iglesias parasitarias del seno de los poderes del Estado, porque su presencia fomenta la pobreza, la corrupción y la violencia.
El morazanismo estaría sin duda con su espada dirigida hacia esta nueva amenaza disfrazada de espiritualidad evangelizadora del poder, que fortalece más bien la nueva ideología del supremacismo que deriva en fascismo criminal contra los pueblos.
En esta plaza La Merced nos abrazamos en la víspera del 12 de octubre a todos los pueblos originarios de América, que desde hace más de 500 años, resisten el racismo, que es la misma violencia neoliberal capitalista destructora del planeta.
Sin las primeras naciones autóctonas de este continente, incluidos los 12 pueblos nativos de Honduras, la Madre Tierra no resistiría hasta hoy el proceso de destrucción brutal que generan las industrias del carbón, de petróleos sucios, la mafia farmacéutica internacional y los monocultivos feroces, entre otros, que desbordan hoy los mares y desordenan el clima con sus toneladas de gases de efecto invernadero.
Si estuvieran aquí nuestros seres queridos, desaparecidos por la APROH, el 3-16 y el gobierno de Estados Unidos, ellas y ellos junto a las comunidades indígenas y negras también lucharían contra la dictadura impostora que destruye a Honduras.
El próximo 6 de noviembre, ese remedo de gobierno hondureño que asaltó el poder en 2009, asiste a Ginebra delante de todos los Estados Parte de las Naciones Unidas, para informar sobre el incumplimiento de 152 recomendaciones recibidas en el último examen universal por violaciones a derechos humanos.
“De las 152 recomendaciones, 101 están implementándose, dice en su portal la secretaría de derechos humanos de la dictadura, resaltándose entre otras, la de protección a la mujer, a las personas migrantes, la protección a defensores de derechos humanos y la seguridad ciudadana”.
Agrega el informe oficial de la dictadura publicado en su portal de internet el pasado 13 de agosto que 34 recomendaciones sobre defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia están implementándose maravillosamente y que sólo 17 recomendaciones están pendientes de implementación, principalmente las relativas a la ratificación de protocolos facultativos de tratados internacionales.
“Entre 2015 y 2019, el Estado continuó asumiendo el compromiso de abordar las causas estructurales de la migración irregular, la protección de los migrantes en los países de tránsito y destino, y la reinserción de los migrantes retornados, por medio del Plan Alianza Para La Prosperidad, Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones y el Plan de Desarrollo Integral”, dice el texto fatal.
El Cofadeh rechaza esta forma vulgar de mentirle al mundo antes de la cita del 6 de noviembre, porque los hechos vividos por el pueblo de Honduras dicen todo lo contrario. Ahora mismo, una nueva caravana de más de 2000 personas huyen de la pandemia de corrupción, violencia y Covid que azota a Honduras. Huyen expuestos a todo. Y ahora mismo la familia del periodista Luisito Almendrares en Comayagua reclama que este régimen impostor no escuchó su voz durante cinco llamados de auxilio entre 2018 y el día mismo de su asesinato en 2020.
Delante de este discurso falso del sistema estatal de derechos humanos de la dictadura nos queda elevar nuestras voces de contraste, y es lo que hacemos para que la comunidad de naciones no cierre los ojos, no apague sus orejas ni ponga en blanco su memoria para olvidar la otra verdad, que golpea a la Unión Europea, a Inglaterra, Israel, Colombia, Estados Unidos y Canadá, responsables de nuestro desastre actual.
Deben escuchar las voces de los desplazados por la palma africana, los bananos, el café, las cañas de azúcar, los camarones, las eólicas, las represas, las minas a cielo abierto, las ZEDES y de toda esa industria criminal que irrespeta los territorios y la dignidad humana. Los garífunas desaparecidos y asesinados, las juventudes perseguidas y las comunidades militarizadas, criminalizadas y encarceladas, también.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de octubre de 2020
Publicado por CONADU Histórica - Argentina
PROGRAMA I CONGRESO MUNDIAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO EDUCATIVO
Tema transversal: El asedio neoliberal a la educación pública en la pandemia y post pandemia
Primer Día. Inauguración
Viernes 25:
17 Hrs Argentina
Presentación del Congreso en intervenciones de 6 minutos por parte de un grupo de dirigentes(as) representativas de las organizaciones participantes.
Moderan: Luis Bonilla-Molina, Pedro Hernández y Claudia Baigorria.
Intervienen: Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CTA-A, Argentina), Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), David Lobao (SINASEFE, Brasil), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Eduardo González (MUD, Chile), Nelson Alarcón (FECODE, Colombia), Jorge Dorantes Silva (CNSUESIC, México), Vladimir Laura (CONMAURB, Bolivia), Denis Solis (ASPE, Costa Rica), Luis Tiscornia (CONADU-H Argentina), Rosa Berrio (USTEC-STES-IAC, España), Mari Luz González (STES, España), Secretaria General de la FERC Francesa, Albert Sansano (FME,FSM), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), , Pedro Hernández (CNTE, Sección 9, México), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina)
Inicio de los debates
Mesa: Gremialismo, sindicalismo democrático y transformación educativa
19.20 Hrs Argentina
Moderan: Andrea Zilbersztain (CEIP-H Argentina), Ernesto Aguilar Mondragón (CNSUESIC, México), Aníbal Navarrete (Chile), Lev Velásquez, (CNTE, México)
Richard Araujo (APOESP, Brasil), Alfredo Cáceres (SUTEBA Tigre, Argentina), Andrés Quisphe (UNE, Ecuador), Carlos Munevar (La Roja, Colombia), Casey Davison (Sidney Australia), César Valdovinos (CINPECER, México), Faustino Celestino Martínez (Monterrey, Nuevo León, CNTE, México), Fredy Mamani (Maestros Rurales, Bolivia), Julia McRae (Surrey Teachers´ Association, Canadá), Gamaliel Guzmán Cruz (CNTE, Michoacán, México), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Miguel Ángel Hernández (SITRAIEMS, México), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Sara Chambers (CTU, Chicago), Dermeval Marins de Freitas (SEPE, Brasil), Yesid González (ADE, Colombia), Miguel Rivera González (FMPR, Puerto Rico), Luis Miguel Dorry (OVE México), Rebecca Garelli (National Educators United, Arizona, EEUU), Pedro Gómez Bámaca (CNTE, Sección 7 Chiapas, México), María del Carmen López (MAEC, Oaxaca), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Gustavo Teres de Rosario (AMSAFE, Argentina), Lorena Gordillo (SUTE, Mendoza, Argentina), William Velandia (FECODE, Colombia), Luis Miguel Cisneros (Investigador, México).
Segundo día
Sábado 26 por la mañana Intervenciones
- Mesa sobre Situación educativa mundial: Inicia: 10:30hs Argentina
Moderan: Eduardo González (Chile), Luz Palomino (OVE), Elizabeth Burigo (Brasil)
Intervienen:
Pedro Hernández (CNTE sección 9, México), Eblin Farega (ANDES, Brasil), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Antonio Elías (Uruguay), Daniel Libreros (UN, Colombia), Vladimir Laura (CTEUB, Bolivia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú) Marc Casanovas (USTEC, STES-IAC, Cataluña), Lucian Segami (NEHAWU, Sudáfrica), Denis Solis, (ASPE, Costa Rica), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Julieta Kusnir (Los Ángeles, EEUU), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Monique Dols (Nueva York, EEUU), Raúl Gil (Uruguay), Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), David Lobâo (SINASEFE, Brasil), Luis Bonilla-Molina (Otras Voces en Educación), Vicent Mauri (Intersindical de Valencia), Sheila
Ceccon (Instituto Paulo Freire, Brasil), Nelsy Lizarazo (CLADE), Mari Luz González (STES, España), Cecily Myart-Cruz (Presidenta UTLA), Luis Hernández Navarro (La Jornada, México), María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre)
Sábado 26 por la tarde
· Mesa sobre Universidad y defensa de la educación pública
Inicia: 16:30 hs Argentina
Moderan: Pedro Hernández (México), Luis Bonilla-Molina (OVE), Nelva Reyes (CGTP –
Panamá) y Mariángela Petrizzo (OVE Venezuela)
Intervienen: Claudia Baigorria (CONADU-H, Argentina), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Toninho Alves (FASUBRA, Brasil), Rosa Cañadel (España), Elizabeth Búrigo (Brasil), Rose Mary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Carolina Jiménez (CLACSO Colombia), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Fernando Gómez (COAD, Argentina), Roberto Aguilar (Bolivia), Hugo Aboites (México), Shirley Florencia de la Campa (México), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colombia), Denis Chávez (Universidad de Panamá), Leopoldo Munera (MANPUP, Colombia), Xavier Diez (Intersindical, Cataluña, España), Albert Sansano (FME/FSM) Ángel Rodríguez Rivera (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Osvaldo Coggiola (ANDES Brasil), Eloy López Hernández (CNTE, Sección 22, México), Karina Bathyany (CLACSO), Beatriz Introcaso (COAD, Rosario, Argentina), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Marcela Browne (Argentina), Oscar Hernández Neri (Red de Universidades Alternativas, RUA, México), Gustavo Adolfo López Torres (ASPU – UPN, Colombia).
Tercer Día
Domingo 27 por la mañana
- Mesa: Educaciones populares, pedagogías críticas y sindicalismo: Inicia: 10:30 hora Argentina
Moderan: Luis Bonilla-Molina (OVE), Sandra Lario (Argentina), Luz Palomino y Luis Miguel Dorry (OVE).
Intervienen: Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Edgar Isch (Ecuador), Tere Garduño (México), Anaida Colón (Chapman, EEUU), Ángela Zambrano (Ecuador), Peter McLaren (EEUU), Henry Giroux (Canadá), Bill Ayers (EEUU), Francisco Cabrera Romero (GIPE, CEAAL), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Oscar Jara (CEAAL), Jurjo Torres Santomé (A Coruña. España), Erika Candelaria Hernández (Oaxaca, México), Jesús Alemancia (Red Mesoamericana Alforja), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Martha Alfonso (Fecode, Colombia), Alfonzo Tamayo (Revista Educación y Cultura, Colombia), Mauro Jarquín (México), Vernor Muñoz (CME), Fernando García Culebro (Ove- Chiapas), Lourdes Urbáez (Educadora popular, Venezuela), Sócrates Silverio Galicia (CNSUESIC, México), Catherine Walsh (Ecuador), Juan Carlos Cascos (Kairós), Ezequiel Alfieri
(Argentina), Valeria Rojas Urrea (Coordinadora de Federaciones de Trabajadoras(es) de la Educación, Chile), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Luis Huerta-Charles (EEUU), Lara María Bertolini (Travazona, Argentina), Enrique Diez (Investigador, España), Nano Balbo (Argentina), Teresa Vélez (FMPR, Puerto Rico), Janeth Motato (Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC, Colombia), Juan Ramírez (UTLA, EEUU)
Domingo 27 por la tarde:
Moderan: María del Carmen López, Mardeliz Huizzi y Fernando García Culebro Inicia. 16:30 hs Argentina
Debate sobre Coordinación global de las luchas: David Lobao (SINASEFE, Brasil), Eduardo González (MUD, Chile), Lev Velásquez (CNTE, México), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el Derecho a la educación), Fernando Santana (CEIP-H, Argentina), Luz Palomino (Otras Voces en Educación), Edwin Morales Laboy (FMPR, Puerto Rico), Maura Elena López Aguilar (CNTE, Sección 34, Zacatecas, México) Nelva Reyes (CGTP, Panamá), Alberto Croce (FME/FSM), Jorge Adaro (ADEMYS, Buenos Aires)
Domingo 19.30 hs Argentina por la tarde/noche:
Mesa de cierre por: Pedro Hernández (México), Mercedes Martínez (Puerto Rico), Luis Bonilla-Molina (OVE), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Claudia Baigorria (Argentina), Alfredo Velásquez (Perú), Fernando Abrego (Panamá), Denis Solis (Costa Rica) Xavier Diez (Cataluña), David Lobao (Brasil), Eduardo González (Chile), Luz Palomino (OVE), Vladimir Laura (Bolivia), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colombia)
Conclusiones. Aprobación del Documento final. Coordinadora Internacional de los Trabajadores y trabajadoras de la educación (CITE).
Cierre cultural: Dos cantantes
I Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública
Este 25, 26 y 27 de septiembre de 2020 se realizó el I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo. En este, participaron diversas personalidades del ámbito educativo de distintos países de la región. Uno de los desafíos del congreso es el el establecimiento de una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), como espacio permanente de diálogo, encuentro y organizaciones de quienes luchamos en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.
Compartimos la declaración final respectiva:
DECLARACIÓN FINAL
Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo declaramos que:
La pandemia del COVID-19 generó una situación inédita de parálisis global programada, que desnudó las profundas desigualdades del sistema, pero que también se convirtió en una oportunidad para el gran capital en su propósito de avanzar en una redefinición de sus procesos y dinámicas, con elementos de mayor exclusión y dominación. La ola de privatizaciones de los servicios básicos y de interés social ocurridas en las últimas décadas, hizo que los sectores sociales más empobrecidos y la clase trabajadora fueran los más afectados por la crisis de la pandemia.
Tal parálisis se imbricó con la crisis económica del capital que venía eclosionando en una nueva recesión económica mundial. En ese contexto vimos surgir gobiernos neo- conservadores con políticas de corte fascista como el de Trump o Bolsonaro, que con sus políticas negacionistas de los riesgos para la salud del COVID-19 llevaron a miles de seres humanos a los hospitales y a la muerte. Muchos gobiernos, siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, privilegiaron las ganancias por encima de la vida humana. Esto debe ser enfrentando por los pueblos y sus organizaciones sociales y sindicales en el plano de las ideas, la movilización y la organización.
La actual coyuntura mundial es de crisis profunda del sistema capitalista que lo lleva, una vez más, a intentar colocar sobre las espaldas de los y las trabajadores los costes de esta situación.
Con lo que respecta a educación, la pandemia del COVID-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases remotas y virtuales.
El experimento de la virtualidad en casa está siendo usado para colocar una disputa que no existía en febrero de 2020, entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. El capitalismo sabe que no puede suprimir de manera impune y rápida las escuelas, pero está creando el imaginario social sobre la obsolescencia de lo escolar. Con ello procura dar entrada a las corporaciones tecnológicas y de contenidos educativos digitales al «mercado educativo», lo cual va acompañado de una desinversión sostenida en la actualización y formación docente para contextos digitales como el actual.
La propuesta de educación virtual, híbrida y multimodal ha encontrado a millones de niños, niñas y jóvenes sin posibilidades reales de continuar sus estudios. No son ellos, los y las jóvenes y los más chicos(as) quienes están dejando los estudios, es el sistema capitalista quien los está dejando fuera, al romperse el papel igualador de condiciones de aprendizaje asignado a la escuela.
A pesar de ello, la docencia internacional ha asumido por cuenta propia y con el acompañamiento de sus gremios y sindicatos la tarea de actualizarse para enfrentar los actuales desafíos pedagógicos. Los educadores del mundo somos un digno ejemplo del compromiso con la continuidad del derecho a la educación, en condiciones cada vez más adversas, quienes hemos garantizado de manera real el sostenimiento del vínculo pedagógico con los y las estudiantes.
Los/as docentes han sido sometidos al acoso laboral, sobre carga en sus horarios y tareas, encerrados/as en sus casas, resolviendo por su cuenta la continuidad de la actividad educativa. Situación que además, ha incrementado la jornada de trabajo por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, afectando especialmente a las trabajadoras docentes con hijes menores o adultes mayores a su cargo Esto lo ha hecho el magisterio mundial con el mínimo o ningún reconocimiento de los gobiernos.
Ello no oculta la emergencia de nuevas formas de privatización, al transferir a las familias, docentes y estudiantes las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la educación. Son ahora las familias, docentes y estudiantes quienes deben comprar o repotenciar computadoras, pagar planes de datos para el acceso a internet e incluso adquirir plataformas privadas para poder dar clases virtuales. Esta privatización está siendo ocultada con una estruendosa cortina de humo comunicacional de los gobiernos algunos de los cuales, incluso, han sostenido un supuesto éxito educativo en la pandemia, con frases oportunistas sobre la vocación docente.
Algunos gobiernos de manera irresponsable han intentado convocar a una vuelta a clases en medio del ascenso de los contagios, sin que aún se cuente con una vacuna y sin las adecuadas condiciones de bio seguridad, cuestión que expresa con claridad que sus mayores preocupaciones están en reactivar la economía capitalista en crisis, a costa de la seguridad y vida de les niñes, familias y les trabajadores de la educación, exponiendo a la inmunización por rebaño.
Mientras el capital hoy defiende la escuela como guardería y sitio para transmitir conocimientos funcionales al modo de producción, nosotros defendemos la escuela del pensamiento crítico, de la solidaridad, del encuentro humano, del vínculo con la transformación social.
La actual crisis ratifica viejas certezas al tiempo de instalar nuevos desafíos. La certeza según la cual la experiencia educativa ineludiblemente se sostiene en una actividad presencial ha recuperado nuevamente valor para el ejercicio docente, tan denostado por la mercantilización educativa neoliberal. Con todo ello, el retorno a las aulas y a la presencialidad no puede ser un regreso a aquella realidad naturalizada de desigualdades expresadas antes de marzo 2020 y con dramatismo durante la pandemia.
El desafío que enfrenta la generación de trabajadores y trabajadoras de la educación en el presente es aún mayor: se trata de pensar y construir respuestas, no solo para la coyuntura, sino que desde el presente de resistencias se pueda trazar un horizonte estratégico, que pasa ineludiblemente por la construcción de alternativas pedagógicas que sustenten una nueva escuela, una nueva universidad.
Asumir de la manera más consistente y responsable este desafío, supone ir más allá de las fronteras nacionales puesto que lo que está en juego es precisamente la superación de la crisis de un modelo globalizado de educación neoliberal.
La universidad pública intenta ser tensionada por el capital hacia modelos de privatización, lo cual demanda un renovado compromiso con su carácter público, algo que forma parte de nuestras preocupaciones centrales.
Por ello, este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda:
Primero: condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes. La crisis generada por el COVID-19 no puede ser un pretexto para imponer el paradigma neoliberal de sociedad educadora ni para descargar sobre los y las trabajadoras(es) la actual crisis económica mundial;
Segundo: declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista y de excelencia es para nosotres entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías Por ello, denunciamos los intentos de las grandes trasnacionales y corporaciones tecnológicas de promover el modelo de educación en casa, como una ruta para elevar sus ganancias en detrimento de las necesidades humanas de aprendizaje de los pueblos;
Tercero: la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio. Este tema se convierte en central en la lógica de frenar nuevas formas de dependencia científica y del conocimiento derivadas de la dependencia tecnológica. La docencia mundial tiene el saber pedagógico para trabajar desde cada especificidad el conocimiento que se corresponda al desarrollo tecnológico en las aulas con una perspectiva igualitaria, de justicia social, anti patriarcal, feminista, ecológica, crítica, emancipatoria, de defensa de nuestra memoria histórica y los pueblos ancestrales y anticapitalista;
Cuarto: Ante la desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, lo cual se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de les docentes, planteamos a la OIT y la UNESCO la urgencia de producir una nueva actualización de las «Recomendaciones de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966)» y de las «Recomendaciones de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior» (1997), así como de sus revisiones posteriores. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia, con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio, a cargo de los estados y las instituciones educativas.
Quinto: es urgente abrir un diálogo educativo abierto y permanente con las organizaciones de los/ las estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación en los nuevos contextos de asedio de las corporaciones tecnológicas, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas;
Sexto: establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. En ese sentido trabajaremos en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la semana mundial de movilizaciones en defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura, en la cual se coordinen organizaciones de les trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantiles. Trabajaremos en el post congreso para impulsar la Marcha Global de les Trabajador@s de la Educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura;
Séptimo: Transformar el Grupo de Contacto Internacional que posibilitó llegar a este Congreso Mundial, en el Espacio de Encuentro Global de las Luchas en Defensa de la Educación Pública con el propósito de allanar el camino para la conformación de un espacio estable y permanente, la Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores(as) de la Educación.
Octavo: se aprueba emitir por separado las declaraciones de solidaridad con las luchas de los pueblos y el movimiento pedagógico que fueron presentadas ante la mesa de debates.
Participantes en el I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo
Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CTA-A, Argentina), Pedro Hernández (CNTE, Sección 9, México),Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), David Lobao (SINASEFE, Brasil), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Eduardo González (MUD, Chile), Luz Palomino (CII-OVE), Nelson Alarcón (FECODE, Colombia), Jorge Dorantes Silva (CNSUESIC, México), Vladimir Laura (CONMAURB, Bolivia), Denis Solis (ASPE, Costa Rica), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Rosa Berrio (USTEC-STES-IAC, España), Mari Luz González (STES, España), Secretaria General de la FERC Francesa, Albert Sansano (FME,FSM), Laura Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Andrea Zilbersztain (CEIP-H Argentina), Ernesto Aguilar Mondragón (CNSUESIC, México), Aníbal Navarrete (Chile), Lev Velásquez, (CNTE, México), Richard Araujo (APOESP, Brasil), Alfredo Cáceres (SUTEBA Tigre, Argentina), Andrés Quisphe (UNE, Ecuador), Carlos Munevar (La Roja, Colombia), Casey Davison (Sidney Australia), César Valdovinos (CINPECER, México), Faustino Celestino Martínez (Monterrey, Nuevo León, CNTE, México), Fredy Mamani (Maestros Rurales, Bolivia), Julia McRae (Surrey Teachers´ Association, Canadá), Gamaliel Guzmán Cruz (CNTE, Michoacán, México), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Miguel Ángel Hernández (SITRAIEMS, México), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Sara Chambers (CTU, Chicago), Dermeval Marins de Freitas (SEPE, Brasil), Yesid González (ADE, Colombia), Miguel Rivera González (FMPR, Puerto Rico), Luis Miguel Dorry (OVE México), Rebecca Garelli (National Educators United, Arizona, EEUU), Pedro Gómez Bámaca (CNTE, Sección 7 Chiapas, México), María del Carmen López (MAEC, Oaxaca), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Gustavo Teres de Rosario (AMSAFE, Argentina), Lorena Gordillo (SUTE, Mendoza, Argentina), William Velandia (FECODE, Colombia), Luis Miguel Cisneros (Investigador, México), Eblin Farega (ANDES, Brasil), Luis Tiscornia (CONADU-H, Argentina), Antonio Elías (Uruguay), Daniel Libreros (UN, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú) Marc Casanovas (USTEC, STES-IAC, Cataluña), Sidney Kgara (NEHAWU, Sudáfrica), Denis Solis, (ASPE, Costa Rica), Julieta Kusnir (Los Ángeles, EEUU), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Monique Dols (Nueva York, EEUU), Raúl Gil (Uruguay), Sebastián Henríquez (SUTE, Mendoza), Vicent Mauri (Intersindical de Valencia), Sheila Ceccon (Instituto Paulo Freire, Brasil), Nelsy Lizarazo (CLADE), Mari Luz González (STES, España), Cecily Myart-Cruz (Presidenta UTLA), María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre), Nelva Reyes (CGTP – Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Toninho Alves (FASUBRA, Brasil), Rosa Cañadel (España), Elizabeth Búrigo (Brasil), Rose Mary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Carolina Jiménez (CLACSO Colombia), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Fernando Gómez (COAD, Argentina), Roberto Aguilar (Bolivia), Hugo Aboites (México), Shirley Florencia de la Campa (México), Pedro Hernández Castillo (ASPU, Colombia), Denis Chávez (Universidad de Panamá), Leopoldo Munera (MANPUP, Colombia), Xavier Diez (Intersindical, Cataluña, España), Albert Sansano (FME/FSM) Ángel Rodríguez Rivera (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Osvaldo Coggiola (ANDES Brasil), Eloy López Hernández (CNTE, Sección 22, México), Karina Bathyany (CLACSO), Beatriz Introcaso (COAD, Rosario, Argentina), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Marcela Browne (Argentina), Oscar Hernández Neri (Red de Universidades Alternativas, RUA, México), Gustavo Adolfo López Torres (ASPU – UPN, Colombia), Sandra Lario (Argentina), Luis Miguel Dorry (OVE), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Edgar Isch (Ecuador), Tere Garduño (México), Anaida Colón (Chapman, EEUU), Ángela Zambrano (Ecuador), Peter McLaren (EEUU), Henry Giroux (Canadá), Bill Ayers (EEUU), Francisco Cabrera Romero (GIPE, CEAAL), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Oscar Jara (CEAAL), Jurjo Torres Santomé (A Coruña. España), Erika Candelaria Hernández (Oaxaca, México), Jesús Alemancia (Red Mesoamericana Alforja), Martha Alfonso (Fecode, Colombia), Alfonzo Tamayo (Revista Educación y Cultura, Colombia), Mauro Jarquín (México), Vernor Muñoz (CME), Fernando García Culebro (Ove- Chiapas), Lourdes Urbáez (Educadora popular, Venezuela), Sócrates Silverio Galicia (CNSUESIC, México), Catherine Walsh (Ecuador), Juan Carlos Cascos (Kairós), Ezequiel Alfieri (Argentina), Valeria Rojas Urrea (Coordinadora de Federaciones de Trabajadoras(es) de la Educación, Chile), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Luis Huerta-Charles (EEUU), Lara María Bertolini (Travazona, Argentina), Enrique Diez (Investigador, España), Nano Balbo (Argentina), Teresa Vélez (FMPR, Puerto Rico), Janeth Motato (Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC, Colombia), Juan Ramírez (UTLA, EEUU), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el Derecho a la educación), Fernando Santana (CEIP-H), Edwin Morales Laboy (FMPR, Puerto Rico), Maura Elena López Aguilar (CNTE, Sección 34, Zacatecas, México), Víctor Manuel Fernández Andrade (Magisterio Zacatecas, México) y diez mil seiscientos ochenta y un (10.681) inscritos e inscritas, quienes participaron activamente en los debates a través del YouTube de Otras Voces en educación y los Facebook live, Instagram live y Twitter live de las organizaciones participantes
Entrevista a Luis Bonilla-Molina: «El Congreso Mundial de educación la más importante convergencia de fuerzas en defensa de la educación pública»
Llegó el momento de juntar voluntades, experiencias y esfuerzos organizativos para defender la educación pública en un momento en el cual el neoliberalismo pretende avanzar en nuevas formas de privatización mediante el paradigma de sociedad educadora.
Luis, formas parte del equipo que convoca al Congreso Mundial de Educación 2020 en defensa de la escuela pública y contra el neoliberalismo educativo. ¿Cómo se llega a esta convocatoria, cuáles fueron las convergencias que lo hicieron posible?
En marzo de este año, desde el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) lanzamos la iniciativa de crear un Grupo de Contacto Internacional (GCI) para que dialogaran de manera horizontal, plural y democrática las organizaciones gremiales, sindicales, movimiento pedagógico, organizaciones de educación popular y pedagogos críticos que luchan contra el neoliberalismo educativo.
Esta iniciativa tuvo una gran acogida y más de un centenar de organizaciones y movimientos de América y el mundo se sumaron a la iniciativa. Funcionamos con los mecanismos de comunicación de este periodo, especialmente las plataformas virtuales. Establecimos un diálogo fluido de tres tipos, la primera de manera permanente a través de un grupo virtual de comunicación en WhatsApp, la segunda mediante foros todos los viernes por la tarde en los que dialogamos cinco o seis organizaciones sobre la coyuntura y perspectivas y, tercero, mediante reuniones internas y diálogos bilaterales.
Este proceso fue hermoso porque conocimos las iniciativas que cada uno(a) adelantaba, nos reconocimos en las coincidencias, respetando las diferencias. Muches habíamos escuchado lo que los otres estaban haciendo, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos y reconocernos en las luchas de los otres. Las organizaciones tomaron rostro, palabra, mensaje, sonrisa, alegría, determinación y así nos fuimos (re) encontrando.
En el transcurso de estos seis meses fue surgiendo la idea de convocar a una cita internacional, para juntar ideas movilizadoras, reflexiones críticas y proyectos transformadores. Se trataba de ir juntando esfuerzos, respetando los desarrollos de cada uno(a), aprovechando las experiencias de ese ser colectivo que se iba formando.
Fue muy importante conocer las luchas que cada gremio, sindicato, organización estaba librando en el marco de la pandemia, para desde allí reconocernos en las similitudes de nuestros desafíos. No se trató solo de un diálogo de ideas sino de un intercambio de experiencias. El hacer se fue convirtiendo en nuestro hacer. Comenzaron a hacerse cotidiana la firma de respaldo a las luchas que unos y otras librábamos, fuimos construyendo un espíritu colectivo.
Recuerdo que fue la compañera Mercedes Martínez de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR) la primera, quien de manera pública expresó este sentir compartido, esa necesidad de encontrarnos en un evento internacional. Lo hizo en uno de los foros de los viernes y a partir de ese momento el murmullo y sentir colectivo fue tomando cuerpo.
El apoyo a la idea fue creciendo, en el entendido que este encuentro fuera un punto de relanzamiento del camino recorrido, abriéndonos a otros diálogos, miradas y encuentros. Es decir, el Congreso Mundial de educación no es un punto de llegada, sino una parte importante del camino hacia el encuentro y la unidad de quienes luchamos contra el neoliberalismo educativo. Y desde esa perspectiva se decidió convocar para los días 26 y 27 de septiembre, al I Congreso Mundial de Educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo Este Congreso Mundial es la más importante convergencia mundial de fuerzas a favor de la educación pública, gratuita, laica, científica, popular y presencial.
¿Puedes mencionar algunos de los gremios, sindicatos, organizaciones y personalidades que forman parte del Grupo de Contacto Internacional?
Claro. Desde Canadá hasta la Patagonia, saltando el mar hacia Europa, Asia y África, múltiples voces y organizaciones se sumaron. Entre otros, la Federación de Maestros de Puerto Rico, sindicatos de profesores universitarios de EEUU, la CNTE y la CNSUESIC de México, ASOPROF, AEVE y el sector educativo de la CGT de Panamá, APSE y SINDEU de Costa Rica, Sectores de FECODE y ADE de Colombia, SINASEFE, ANDES, FASUBRA, APOESP para nombrar algunos de Brasil, la corriente del MUD dentro del Colegio de Profesores de Chile, Las coordinadoras de maestros urbanos y rurales de Bolivia, FeNaPES y la Intersindical de Formación Docente de Uruguay, el SUTEP de Perú, la CONADU-H, el SUTE de Mendoza, varios SUTEBAS para mencionar algunos de Argentina, el FOVEDE de Venezuela, la Asociación de Pedagogos de Cuba, el USTEC de Cataluña, la Intersindical de Valencia en España, la FERC CGT de Francia, la corriente clasista del sindicato de maestro de Australia. Ruego me excusen si se me escapan algunos. También forman parte movimientos de educación popular como la CEIP-H y ENDYEP de Argentina, el CEAAL, la Coalición Chilena por el derecho a la Educación, la Mesa Amplia en defensa de la Educación Pública de Colombia, la red Mesoamericana de educación Popular Alforja, entre otros y, destacados académicos como Marco Raúl Mejía, Jurjo Torres Santomé, Peter McLaren, Luis Hernández Navarro, Oscar Jara, Rosa Cañadel, Catherine Walsh.
Una vez que anunciamos la convocatoria al Congreso Mundial se han incorporado al movimiento el Foro Mundial de Educación del Foro Social Mundial (FME /FSM), la Campaña Latinoamericana por el derecho a la Educación (CLADE), estamos en conversaciones con la CTU de Chicago y la UTLA de los Ángeles, la Federación d Maestro de Inglaterra, el sindicato de maestros de Australia y sindicatos de Suiza.
Como te das cuenta una parte importante del movimiento lo conforman sindicatos y gremios tanto docentes como de empleados del sector educación, pero ello se hace en convergencia con movimiento social e intelectualidad educativa.
¿Cuál es la fecha y propósito del Congreso Mundial de Educación?
Como te indiqué el Congreso Mundial se realizará el 26 y 27 de septiembre de 2020, de modo virtual y podrá ser seguido en directo por el público a través del YouTube de Otras Voces en Educación y los Facebook y páginas web de las organizaciones participantes.
Los
propósitos son elevar el nivel de diálogo entre organizaciones que
luchan en defensa de la educación pública a nivel mundial, generar
un documento que sintetice la opinión del movimiento y establecer
mecanismos de articulación y coordinación en la etapa posterior al
Congreso Mundial. Los interesados en conocer más o establecer
contacto con el comité organizador lo pueden hacer escribiendo a
congresomundialdeeducacion2020
¿El Congreso Mundial de educación 2020 abordará las nuevas formas de privatización educativa que se han puesto en marcha en la pandemia del COVID-19?
En efecto. En el marco de la pandemia hemos visto y denunciado como en el orbe avanza el paradigma neoliberal de sociedad educadora. Las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el derecho a la educación han sido transferidas a les ciudadanes, a las familias, docentes y estudiantes quienes han tenido que repotenciar sus equipos, comprar computadores, pagar los planes de datos a internet para garantizar la continuidad del vínculo pedagógico. Muchos Estados se desentendieron de su responsabilidad en garantizar esas condiciones mínimas.
El avance de la agenda neoliberal de sociedad educadora se torna especialmente dramático en los países llamados de ingresos medios bajos o bajos, en los cuales a les docentes se les ha hecho muy difícil asumir las responsabilidades que corresponden a los Estados. Incluso en los países de ingresos altos, no todes las familias, estudiantes y docentes cuentan con los ingresos suficientes para poder costear equipos y conexión.
Este congreso, como lo plantea el documento de convocatoria, tiene el desafío de analizar esta situación y proponer rutas de resistencia ante este avance neoliberal. En ese marco, nos proponemos también revisar cuál es la perspectiva del capitalismo cognitivo de la cuarta revolución industrial en materia educativa, para poder plantearnos resistencias y alternativas acordes a la actualidad de la lucha en defensa de la educación pública.
También discutiremos los intentos de muchos gobiernos de convocar a una vuelta a clases presenciales en contextos de elevación de los contagios.
En lo particular me interesa mucho ver la posibilidad que este congreso postule ideas transformadoras para los sistemas educativos en un contexto de impacto directo de la aceleración de la innovación tecnológica en lo educativo, en lo escolar.
Poder político obstruye aplicación de justicia a víctimas de lesa humanidad
Tegucigalpa, Honduras.- Las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares se han enfrentado al sistema nacional e internacional para obtener justicia; sin embargo, ésta ha llegado a medias, porque el Estado hondureño no cumple en su totalidad las sentencias, pese a que no requiere dinero, sino poder político.
Las clausulas pendientes en las 11 de 13 sentencias condenatorias de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) contra el Estado de Honduras, a las que se les da seguimiento, refieren a reparaciones a su memoria, por lo que “hay medidas que no costarían un centavo, solo es poder político, como el reconocimiento de la labor de los defensores de derechos Humanos”, declaró Meri Agurcia, procuradora de derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Lo anterior, fue analizado en el foro “Los derechos de las personas defensoras de derechos humanos a luz de las sentencias Luna López y Escaleras Mejía y otros vs. Honduras”, en la continuación de los seminarios virtuales “Análisis de casos ante el SIDH: impactos y deudas pendientes en Honduras”, con la participación de las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento), este mércoles 7 de octubre.
Con la moderación de Eduardo Lomelí del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y las exposiciones de Astrid Ramos – de la Red Lésbica Cattrachas; María Luisa Gómez – CEJIL; y Mery Agurcia – del COFADEH, expusieron sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos, la aplicación de mecanismos de protección y la desconfianza hacia el Estado, que debe cuidar, proteger y hacer respetar el trabajo de defensoría.
En 1968 se aprobó la Convención Internacional estableciendo la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, mientras que varios países han establecido que los mismos tampoco pueden ser objeto de amnistía, u otras formas de atenuación de las responsabilidades establecidas por ley.
Para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad existe el principio de jurisdicción universal según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores, independientemente del lugar donde los mismos hayan sido cometidos, debido a que por su propia naturaleza la afectada es la comunidad internacional y la humanidad como tal.
El Estado de Honduras forma parte de los Estados de la región que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para conocer y resolver sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos ocurridas en sus jurisdicciones.
La Mesa de Seguimiento vela para que el Estado cumpla las sentencias, lo que es fundamental para garantizar la implementación efectiva de las medidas dictadas y, con ello, avanzar hacia la justicia y reparación para las víctimas, así como la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Este proceso puede durar años, por lo que las víctimas, familiares y acompañantes deben mantenerse firmes en su determinación, ya que un litigio de esta naturaleza le apuesta a cambios estructurales y a que los hechos no vuelvan a repetirse.
La Corte-IDH ordena reparaciones para las víctimas directas y para todos los afectados, porque una ejecución por amenazas constantes constituye tortura que afectan a la familia, a los amigos y la sociedad. El cumplimiento ha sido deficiente y actualmente presenta una gran deuda ante las víctimas, comunidad nacional e internacional.
Sin protocolo que evite impunidad en la investigación
En el caso de asesinato contra el ambientalista Carlos Escaleras, la Sentencia emitida el 26 de septiembre de 2018 de la Corte interamericana le ordena al Estado de Honduras Garantías de no repetición como ser la aprobación e implementación de protocolos de debida diligencia en la investigación de delitos y crímenes cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Este protocolo deberá incorporar como mínimo: los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos; el contexto en el cual desarrollan su trabajo las personas defensoras de derechos humanos; la perspectiva de género e intercultural en la investigación de los delitos involucrados; y las mejores prácticas y estándares – internacionales sobre debida diligencia según el tipo de delito.
Para la elaboración del protocolo, el Estado se comprometió a contar con “un grupo integrado por miembros de la Fiscalía Especial de delitos contra la vida, Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Módulo Estratégico de Persecución Penal (MPP) de la Unidad de Convenios y Asuntos Internacionales del Ministerio Público, y especialistas en protocolos de investigación”, detalló Agurcia.
Además, se comprometió a permitir la incorporación de personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, como apoyo técnico. Y se obligó a gestionar y dotar el presupuesto necesario para asegurar el trabajo del grupo mencionado.
Entre los compromisos estatales es informar periódicamente a las víctimas y sus representantes cada cuatro meses acerca de los avances del protocolo y socializar su borrador con organizaciones especializadas que se determinarán de manera conjunta, las que podrán presentar recomendaciones u observaciones que el Estado deberá tomar en cuenta. El plazo máximo fue de 18 meses desde la firma del acuerdo el 4 de mayo de 2018. Posteriormente debería presentar un informe final sobre las acciones adoptadas para la implementación efectiva y el estado de cumplimiento del protocolo, incluyendo estadísticas sobre los casos investigados y las etapas en las que se encuentran.
A dos años y medio del compromiso asumido, no se ha elaborado ni implementado el protocolo. De lo contrario no se hubieran ejecutado los asesinatos de los defensores [indígenas] Tolupanes en 2019 y el ambientalista José Antonio Teruel en 2020.
En el foro se expuso que, la investigación y la sanción a todos los involucrados es el remedio para reducir la impunidad. Pero la Fiscalía especializada para investigar crímenes contra los defensores, carecen del personal idóneo que atienda a defensores en peligro, no tienen ni el conocimiento ni la voluntad para atender esta población especial.
Cuando un defensor denuncia que su vida está en peligro, se desencadena un proceso de investigación para analizar la condición del denunciante y la veracidad de sus temores con un exceso de formalismo que impide a los defensores rurales darles el seguimiento respectivo.
Ni al Gobierno ni a la Fiscalía les interesa establecer un sistema propio para esclarecer el número de líderes asesinados, las presuntas motivaciones y sancionar a los responsables.
Ambientalistas desprotegidos
En el Caso del ambientalista Carlos Luna, la sentencia del 10 de octubre de 2013, emitida por la Corte-IDH le ordena al Estado implementar, dentro de un plazo razonable, una política pública efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los defensores del medio ambiente con la participación de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en cuestión.
El programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación; y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores.
Además, la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo; y la creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de los defensores de derechos humanos, entre otras.
“El cumplimiento de esta política de protección resulta particularmente urgente ante la grave situación de riesgo, criminalización y violencia que todavía enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y que puede evidenciarse en el reciente asesinato de defensores; en la criminalización de más de 6 mil personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol; y en las amenazas y acciones violentas que defensores de los derechos de los pueblos indígenas, defensores del ambiente, tierra y territorios”, reflexionó el panel.
Deficiencias desde el Mecanismo Nacional de Protección
En mayo de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que debería de formar parte de esta política pública de Protección de Defensores.
Para la Mesa de Seguimiento, este Mecanismo de Protección requiere fortalecerse y cambiar prácticas que afectan el fin último de su existencia garantizar la seguridad de los Defensores.
- El programa de protección no aborda de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores y defensoras.
- La creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo.
- La creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de los defensores de derechos humanos.
- El diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada defensor y defensora y a las características de su trabajo.
- La promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, y,
- La dotación de los recursos humanos y financieros suficientes que responda a las necesidades reales de protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos.
El foro concluyó en que existe un bajo grado de voluntad política en hacer cumplir a cabalidad las Sentencia, con miras a la protección de los defensores de derechos humanos, cuyas acciones son insuficientes. Además, genera una reacción sumamente limitada y no responden a todas las formas de violencia que sufren las personas defensoras.
Es notable la ausencia de reconocimientos públicos y Políticos sobre la labor de los y las defensoras de derechos humanos, y que el Estado reacciona frente a hechos no fenómenos.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
El objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para avanzar en las respectivas sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas
Un total de 117 Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos, agrupadas en redes, Coaliciones, Plataformas y Grupos de Base Comunitaria,participamos este martes 13 de octubre en la 36 Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos(CDH), presentando una Declaración del Informe Alternativo,del Examen Periódico Universal (EPU), sobre el cumplimiento de recomendaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en los últimos cinco años.
El Informe Alternativo, incluye entre otros temas, desigualdad social,el aumento de casos de tortura, violación de derechos humanos a grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad como la niñez, juventud, discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.
Relevamos nuestra preocupación por el aumento del militarismo y el establecimiento de los tribunales de jurisdicción nacional,la falta del combate efectivo a la corrupción, el resquebrajamiento del Estado de derecho y la violencia sistemática que el Estado de Honduras ejerce a través de sus políticas institucionales, contexto empeorado en la actual pandemia por COVID-19.
Nuestro países hoy el más desigual de América Latina y se encuentra dentro de los seis más desiguales del mundo, con casi el 70% de la población viviendo en condiciones de pobreza y más del 40% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. La pobreza es una condicionante que, sumada al desempleo y la falta de oportunidades, generan la migración de familias enteras, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados.
En 2020, entre enero y septiembre han retornado al país 31,321 personas, de los cuales 3,954 son menores de edad no acompañados. Del 27 de marzo al 07 de octubre, durante el distanciamiento social por la COVID-19 han retornado al país 1,937 Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. El gobierno de Honduras no ha cumplido con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, y esto coloca a menores de edad en mayor riesgo de ser víctimas de este flagelo.
La cultura de militarización es impulsada como política del Estado. La presencia militar se observa en tareas de seguridad ciudadana, en centros educativos a nivel nacional y en el sistema penitenciario nacional,con la agravante de un uso excesivo de la fuerza y estricto control de la población privada de libertad, sin que exista un marco jurídico claro en relación con el papel de los militares en la seguridad pública.La desproporcionalidad de los presupuestos destinados a las Secretarías de Defensa y Seguridad, que superan los 364 millones de dólares,ubicándonosentre los países con mayor inversión militar impactando directamente en la violación de los derechos humanos.
Desde el año 2014,el gobierno a través de las Fuerzas Armadas ha implementado el Programa “Guardianes de la Patria”que promueve una cultura castrense y viola los estándares internacionales que protegen a la niñez para ser educada en condiciones de paz.
El Estado debe asignar presupuesto a las políticas relativas al acceso a la educación, salud y prevención de violencia hacia la niñez. Además, debe fortalecer el marco normativo y los sistemas de monitoreo que generen la información suficiente para tomar las medidas necesarias en respuesta a la niñez y juventud.
Honduras es también uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de derechos humanos, la situación de criminalización, violencia, estigmatización y persecución dedefensores y defensoras hondureñas es alarmante.
Según registros de los observatorios de sociedad civil, once defensores y defensoras de derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017, entre 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a personas defensoras, seis de las cuales fueron asesinadas.
Entre 2001 y 2020, se han asesinado a 85 personas que trabajaban en medios de comunicación. A pesar de que el Estado no cuenta con una lista oficial de casos que investiga en relación a su quehacer periodístico, según el Ministerio Público, a julio del 2018 se han judicializado 17 casos, se han obtenido seis condenas y se encuentran en investigación 20 casos, pero ninguno de ellos involucra a los autores intelectuales.
Por otro lado, entre 2001 y 2018, 6,265 mujeres fueron asesinadas, alcanzando un 98% en la tasa de impunidad. El Estado no brinda información completa sobre los derechos de las mujeres en el caso de continuar con la denuncia, ni sobre las medidas de protección disponibles. Es urgente que el Estado se responsabilice por la poca justicia que proporciona a estos casos.
De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018.Este aumento del desplazamiento forzado es el resultado de patrones de violencia,alimentados por desigualdad social, impunidad, corrupción y violaciones generalizadas a los derechos humanos. La respuesta del gobierno hondureño a las Caravanas y al incremento de las personas deportadas ha sido la criminalización, sin estrategias de atención, protección e integración.
Esto se ha hecho más flagrante en tiempos de COVID, en los cuales el Estado ha arriesgado la salud y la vida de aproximadamente 18 mil personas deportadas, de los cuales casi 2 mil hansido menores no acompañados.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se criminaliza la protesta social, el derecho de reunión y de asociación,contiene restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a defender derechos humanos. Esto incluye,la criminalización por la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos, produciendo afectación a jóvenes por ser su principal plataforma de expresión. Los delitos de trata y otras formas de explotación contra la niñez no guardan armonía con los estándares internacionales, algunos tipos penales se derogan y en su mayoría se disminuyen las penas.
Otra normativa restrictiva es la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, denominada “Ley de Secretos”,que sigue siendo un obstáculo en el acceso a la información pública, especialmente para aquella que tiene que ver con la persecución de delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y policiales.
Otros elementos relacionados con la igualdad de derechos, es la postergada ratificación el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones.
En los últimos cinco años, se presentó el proyecto de ley para implementar educación sexual integral en centros educativos. Sus decisionesfueron poco fundamentadas en la ciencia ysinconsiderar el bien común de la población,pese ala creciente tasa de embarazo en adolescentesy violencia sexual.
Igualmente, urge que el Estado derogue el Acuerdo Ministerial número 2744, que prohíbe la venta, promoción y uso de los anticonceptivos de emergencia (PAE), que se apruebe el Protocolo de Atención Integral para Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexualy que eliminede lalegislación actual lapenalización del aborto.
Se debe reconocer plenamente la igualdad de derechos a nivel legislativo mediante la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario. Asimismo, debe implementar una ley de Identidad de Género y/o reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas, que permita a la población LGTBI la adopción legal del nombre asumido en razón de identidad y expresión de género.
Conforme a cifras que hace públicas el “Observatorio de muertes violentas de personas LGBTI”, del 2015 hasta mediados del 2020 se han producido más de 150 casos de muertes violentas contra personas LGTBI, en promedio 30 muertes por año.
Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la independencia del Estado hondureño de las religiones, evitando que prácticas y doctrinas religiosas interfieran en el reconocimiento de derechos en materia de derechos humanos, retirando de las esferas formales de decisión en materia de derechos de las mujeres a representantes de las iglesias.
Las solicitudes de asilo de hondureños y hondureñas se han incrementado de 1,516 en 2009 a 78,100 en 2019, situación que coloca al país como el cuarto del mundo en número de solicitantes de asilo.
Finalmente, el día de hoy, nos presentamosante la comunidad nacional e internacional para compartir una mirada crítica a las recomendaciones incumplidas, ignoradas y no asumidas por el Estado de Honduras,con el deseo profundo de contribuir a generar cambios estructurales para el disfrute integral de los derechos humanos de toda la población sin sesgos ni discriminación.
Tegucigalpa M. D.C 13 de octubre 2020
Derrotar a Trump, meta que une a demócratas de centro y progresistas
Joe Biden y Kamala Harris serán candidatos oficiales del Partido Demócrata en unos días. Foto: AP.
Los demócratas, divididos entre su cúpula centrista y su ala progresista, llegan unidos sobre su objetivo de derrotar a Donald Trump al arranque de su convención nacional este lunes, mientras el presidente se dedica a descarrilar el proceso electoral advirtiendo que es posible que no se conocerán los resultados por meses después de la elección del 3 de noviembre.
La Convención Nacional Demócrata inicia este lunes y se extenderá durante cuatro noches seguidas bajo condiciones sin precedente por la pandemia donde casi toda la obra sera virtual en lugar de realizarse ante decenas de miles en una arena. El programa se reduce a dos horas cada noche, culminando con la coronación de su candidato presidencial, Joe Biden, y su recién seleccionada compañera de fórmula para ocupar la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.
El objetivo central de la producción será mostrar al país un Partido Demócrata unido, multirracial y multiétnico, que busca rescatar al país de las manos de un presidente antidemocrático en medio de la peor crisis de salud pública en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
Por ahora, aunque las divisiones dentro del partido persisten entre el poder cupular centrista y las filas progresistas, la urgencia de derrotar a Trump como el primer objetivo es compartido por todos. De hecho, la cúpula que cerró filas para frenar la campaña insurgente de Bernie Sanders ha buscado trabajar con él y sus aliados mediante una serie de procesos internos para negociar y elaborar la plataforma del partido, así como algunas de las iniciativas para organizar y movilizar el voto.
Con ello hay un acuerdo de frenar, por ahora, el fuego amigo para enfocarse sobre lo que todos acuerdan es la prioridad: expulsar al ocupante de la Casa Blanca.
La mayoría abrumadora de progresistas entienden que Trump es el presidente más peligroso en la historia de Estados Unidos
, comentó ayer Sanders. Por lo tanto, dijo que para el ala progresista dentro del partido, la agenda de corto plazo es derrotar a Trump; la de largo plazo es presionar un gobierno de Biden de ser más progresista
.
Trump, por su lado, está saboteando con descaro el proceso electoral al promover el deterioro del servicio postal nacional para limitar su capacidad de procesar el volumen sin precedente (tal vez hasta 70 por ciento del voto) de boletas electorales que se enviarán por correo en lugar de ser depositadas en casillas como consecuencia de las condiciones de la pandemia aún descontrolada.
El presidente afirmó abiertamente que está negando fondos para el servicio de correos justo para limitar el uso de voto por correo, al insistir en que ese mecanismo llevará a un fraude masivo
, a pesar de que no existe evidencia para esta acusación.
Demócratas han denunciado la maniobra como un intento de suprimir el voto y algunos están exigiendo una sesión de emergencia de la Cámara de Representantes para investigar el asunto.
Este fin de semana Trump anunció que es posible que no se conocerán los resultados del voto hasta meses o años
después de la elección, si se utiliza el voto por correo, obviamente
sin indicar que en gran parte esto podría ser cierto por su sabotaje.
Mientras, el jefe de la Casa Blanca afina su puntos de ataque contra
su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, y ahora
contra Harris, al insistir en que son títeres
de la izquierda radical
, la cual ha tomado el control del Partido Demócrata, algo que no deja de asombrar al ala progresista de ese partido. Declaró que Harris es muy desagradable
y que se ha comportado feamente
.
Advierte que si Biden y los demócratas ganan, no sólo estará en peligro el país ante los anarquistas
y los inmigrantes a quienes se les permitirá ingresar gracias a la política de fronteras abiertas
, sino que acusó que su rival, católico practicante, está contra Dios
y que dañará a la Biblia
y tal vez peor, que quitará las armas a los ciudadanos.
En otra vertiente de su estrategia electoral, Trump continúa
refiriéndose a China como el nuevo enemigo mortal del país, además de
acusarlo de ser responsable de la pandemia, o lo que llama el virus chino
;
esta semana declaró: “si no gano la elección, China sera dueña de
Estados Unidos… tendrán que aprender chino, esa es la verdad”.
A la vez, continúan los autoelogios ya comunes de Trump. Insiste en
que nadie más podría haber enfrentado la crisis de la pandemia como él,
que ha hecho más que cualquier otro presidente para los
trabajadores, para los afroestadunidenses y, el hombre acusado de
hostigamiento sexual por 20 mujeres, afirmó: yo he hecho más por las mujeres que casi cualquier otro presidente en la historia
.
Pero los últimos días no han sido tan buenos para el magnate. Primero, uno de los líderes evangélicos conservadores más influyentes del país y fiel aliado del presidente, Jerry Falwell, fue obligado a tomar licencia de su puesto como rector de la Universidad Liberty y a esconderse después de subir, de manera inexplicable, una foto de él con los pantalones desabrochados abrazando hacia una joven también con sus shorts medio abiertos.
Por otro lado, su ex abogado personal Micheal Cohen está por publicar
un libro en el cual revela que fue testigo de que Trump participó en
actos sexuales con orina (golden showers), fraude fiscal, que le mintió a Melania, además de calificarlo de racista
y describirlo como un estafador que desea ser presidente vitalicio.
Mas aún, el fiscal de distrito en Nueva York, Cyrus Vance Jr, sugirió que la investigación sobre Trump es más amplia de lo que se conocía, e incluye posible fraude bancario y no sólo sobre sus pagos a cambio de silencio a dos mujeres que dicen que tuvieron relaciones sexuales con él hace unos años.
Tal vez todo esto explique en parte por qué se ha registrado un incremento significativo en el uso de LSD y silocibina en Estados Unidos.
(Tomado de La Jornada)
"Condenamos el juicio-espectáculo contra Julian Assange y exigimos su liberación inmediata"
Nosotrxs, miembros del Consejo de la Internacional Progresista, apoyamos la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se lleva a cabo actualmente en su contra en Londres. Julian Assange ha sido un periodista, editor e intelectual que ha definido el mundo y cuya labor ha sido crucial para promover la justicia mundial. El enjuiciamiento por parte de los Estados Unidos de un ciudadano australiano por sus actividades periodísticas realizadas en países soberanos de Europa, constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Lo que es más peligroso, sienta un precedente jurídico que significa que cualquier disidente de la política exterior de los Estados Unidos puede ser enviadx a los Estados Unidos para enfrentar una cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Los resultados del caso amenazan la libertad de expresión y la soberanía nacional en todo el mundo.
WikiLeaks ha sido una inspiración para los movimientos sociales de todo el mundo en su lucha por la verdad y la justicia. El trabajo de Assange como editor y periodista de WikiLeaks ha revelado más irregularidades gubernamentales que cualquier otro medio editorial en este siglo, desde el lavado de dinero hasta la corrupción en países como Islandia o Namibia. Aunque recibió premios mundiales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, sólo cuando WikiLeaks comenzó a revelar los crímenes del gobierno de EE. UU. —en particular, sus crímenes de guerra en Irak, la tortura en la Bahía de Guantánamo y el programa ilegal de guerra cibernética de la CIA revelado por los documentos filtrados de "Vault 7"— Assange fue tratado como un criminal y terrorista por los Estados Unidos.
Debemos recordar que Assange está siendo procesado ahora por nada más que actos de publicación.
Creemos que el apoyo a Julian Assange en el caso contra la extradición es una prueba de fuego para las fuerzas progresistas en todo el mundo. A pesar de sus consecuencias históricas, este caso se ha mantenido en demasiado silencio —y es la responsabilidad de todas las fuerzas progresistas levantar sus voces ahora. Mientras tanto, se ha dejado a Assange languidecer en el aislamiento, primero en la Embajada de Ecuador en Londres, y ahora en la prisión de Belmarsh, donde permanece en confinamiento 23 horas al día. Assange ya ha sufrido bastante y su prolongado encarcelamiento podría llevar a la pérdida de uno de los más valientes editores del siglo XXI. No apoyar a Assange en esta coyuntura sería un acto de cobardía monumental, y una autolesión excepcional.
Sabemos que el caso de Julian Assange determinará más que solo su destino. El resultado del caso de Assange lleva el peso de nuestra seguridad colectiva contra los abusos de lxs poderosxs. Si no nos levantamos ahora, si no encontramos el valor para hablar en nombre de Assange, será enviado a un tribunal secreto, encarcelado de por vida, y lo dejarán morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La solidaridad internacional con Assange es ahora más necesaria que nunca.
Lucharemos contra la extradición a EE. UU. hasta que sea libre.
Signatarios:
Julian Aguon
Abogado de Derechos Humanos, Micronesia
Slim Amamou
Activista, Túnez
Celso Amorim
Ex Ministro de Exterior de Brasil
Renata Avila
Abogada de Derechos Humanos, Guatemala
Alicia Castro
Activista política y sindical, Argentina
Noam Chomsky
Lingüista, EE. UU.
Rafael Correa
Ex Presidente de Ecuador
Tasneem Essop
Activista climática y por la justicia social, Sudáfrica
Nick Estes
Historiador, Tribu Lower Brule Sioux
Harry Halpin
Co-fundador de Nym Technologies, EE. UU.
Rachmi Hertanti
Indonesia por la Justicia Global
Srećko Horvat
Filósofo y co-fundador de DiEM25, Croacia
Giorgio Jackson
Político y activista, Chile
Scott Ludlam
Escritor, activista y ex senador, Australia
Harsh Mander
Activista por los derechos humanos y escritor, India
John McDonnell
MP del Partido Laborista, Reino Unido
Kavita Naidu
Defensora de los derechos humanos, Fiji
Vijay Prashad
Director de Tricontinental: Instituto para la Investigación Social, India
Aruna Roy
Fundora MKSS, India
Arundhati Roy
Novelista, India
Ahdaf Soueif
Autor, Egipto
Yanis Varoufakis
Economista and Secretario General de MeRA25, Grecia
Mona Seif
Activista de derechos humanos, Egipto
Natália Bonavides
Congresista, Brasil
Andrés Arauz
Candidato presidencial, Ecuador
Gráficas: Max Gede
