Prevención y ABC de Honduras: ¿Por qué no convertirla en gran tarea nacional?
Ismael Moreno SJ (melo) – 13 de Noviembre de 2020
Descuido y ausencia de previsión
La pandemia del Covid-19, y últimamente los fenómenos naturales Eta e Iota, nos han despertado de un tajo a lo que somos como sociedad: una sociedad desprotegida y desprevenida. Ya lo sabíamos, ni que fuésemos insensibles ante nuestra deprimente realidad, que de acuerdo a los expertos y analistas más acreditados dentro del país como de reconocidos medios e instituciones internacionales, es conducida y gestionada por reducidos grupos de políticos ladrones e incompetentes. Pero eventos extremos como los que nos han estremecido en el año, nos despiertan de nuestros tranquilos sueños, para unos tranquilos, para otros turbulentos. Ante estos eventos de riesgo damos respuestas improvisadas, dispersas, superficiales y con frecuencia populistas y demagógicas. Y alguna gente, la que duerme tranquila y a sus anchas, inevitablemente se despertó, pero volverá a su oficio y actitud de siempre: dormida y de espaldas a las realidades angustiosas de la inmensa mayoría de la sociedad.
En el caso de la tormenta Eta, todo mundo sabía dos semanas antes, incluso hasta pormenores de su intensidad y de su posible ruta, que en cualquier caso, siempre cruzaría territorio hondureño. El embate más fuerte de las intensas lluvias ocurrió en los días martes 3 y miércoles 4 de noviembre, pero sus aguaceros comenzaron desde el día domingo primero de noviembre.
Sin embargo, el día lunes 2 de noviembre, el gobierno siguió haciendo alharaca de la llamada semana de vacaciones morazánica. El propio titular del ejecutivo insistió en los más de doscientos mil pequeños empleos de turismo que se beneficiarían de esa semana, y que bajo ninguna circunstancia se suspendería. Esto se dijo y se ratificó mientras las alertas internacionales advertían de la peligrosa intensidad del evento y el indiscutible recorrido por territorio hondureño.
El miércoles 4 de noviembre, ya tarde de la noche, el gobierno convocó a Cadena Nacional para informar de los preparativos que se tenían, que incluía operativos de rescate y otras acciones a implementarse a partir del día siguiente. Esta información valiosa el gobierno la daba cuando decenas de miles de familias estaban damnificadas y muchas miles de personas llevaban más de 24 horas en los bordos de los ríos o en los techos de sus viviendas a lo largo de las comunidades del extenso valle de Sula.
El día viernes 6, siempre a altas horas de la noche, todo el equipo de gobierno responsable de conducir la emergencia, declaró en Cadena Nacional que las Fuerzas Armadas y las diversas instituciones del Estado estaban impulsando labores de rescate y emergencia, y se aprestaban a entregar 85 mil “comidas calientes” a las familias damnificadas. Sin embargo, las respuestas unánimes de los damnificados a la pregunta de si estaban atendidos por instancias del gobierno, ha sido que el gobierno está ausente, que nadie se ha hecho presente en las zonas inundadas y en los albergues. La inmensa mayoría de actividades, sea de rescate y atención urgente, fueron realizadas por iniciativas particulares de vecinos o de organizaciones improvisadas de jóvenes o personas que pusieron sus recursos al servicio de la magnitud de la emergencia.
El día sábado 7 de noviembre, el propio titular del Ejecutivo dijo que el operativo organizado para la emergencia se hacía bajo la consigna: “No están solos”. Sin embargo, para entonces se había extendido otra consigna por todos los ambientes de albergues y zonas inundadas: “Solo el pueblo salva al pueblo”, en base al testimonio universal de que el gobierno había dejado solo al pueblo, y que si no hubiese sido por las iniciativas particulares y de solidaridad surgidas de entre la gente, la población inundad habría muerto.
Mientras el gobierno declaraba que estaba destinando muchos recursos para la atención de los damnificados, un alto funcionario de COPECO confesaba en círculos muy íntimos que Casa Presidencial no respondía, que le suministraban nada para el trabajo de atención directa a la población afectada. Casa Presidencial dejó sola a la gente damnificada, así como unos pocos meses atrás había dejado sola a la población contagiada por el Covid-19, saqueando muchísimos de los millones aprobados para aliviar las consecuencias de la pandemia.
En el otro extremo, y siempre como expresión de la incompetencia e improvisación pública, el gobierno convocó a Cadena Nacional el día 12 de noviembre para decretar alerta roja a nivel nacional, cuando el fenómeno Iota estaba a 1500 kilómetros de territorio continental, faltaban al menos 92 horas para su llegada, y saltando los protocolos de las alertas verde y amarilla que significan preparación, organización y prevención inmediata, que preceden la alerta extrema de evacuación obligatoria. Esto conllevó no tanto a advertir a la población, sino a crear ambientes de pánico, de modo que a partir del anuncio del decreto de alerta roja, comenzaron a circular rumores de que rodo Lima desaparecería y que había de evacuarla, y que se avisaba a la población de El Progreso a desalojar por completo la ciudad porque las inundaciones arrasarían con toda la vida que encontraran a su paso.
Joh el desastre mayor
El régimen de Juan Orlando Hernández ha cumplido en diez años un imbatible y doble servicio destructor a la sociedad hondureña: por una parte ha destartalado la institucionalidad del Estado de derecho, y ha conducido a sus decisiones personales y discretas. Sea el Ministerio Público, sea la Corte Suprema de Justicia, sea COPECO o cualquier otra institución, subordinan sus acciones y funciones a los intereses del Titular del Ejecutivo, quien a su vez, no solo toma las decisiones por encima de los otros dos poderes del Estado, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sino que se permite inconsultamente de crear nuevas instituciones, como el Ministerio de Transparencia, dejando de lado varias instituciones que tienen justamente ese el oficio de auditar el uso de recursos públicos.
Y por otra parte ha dejado a la población en la intemperie ante la comunidad internacional. Nunca el Estado había tenido tan poca respuesta por parte de la cooperación internacional, como ha ocurrido en este tiempo de pandemia, y especialmente con el paso de los eventos climatológicos actuales. En otros eventos, no habían pasado ni 24 horas cuando era notable el anuncio de la comunidad internacional expresando su solidaridad y con el compromiso palpable de ayudar a las víctimas a través de las instituciones del Estado. En esta ocasión el perfil de solidaridad y ayuda ha sido muy bajo.
¿Por qué pasa esto? Basta el alto deterioro y desprestigio que ha alcanzado la administración de Juan Orlando Hernández para tener una respuesta. La comunidad internacional no está dispuesta a volcarse en ayuda al país por la experiencia que tiene y conoce –y que se dice a baja voz –cuando no hay micrófonos o ambientes protocolarios, por todos los pasillos de las embajadas y de organismos cooperantes– de las sospechas de los desvíos millonarios de los recursos por parte de los miembros de los equipos más cercanos a Casa Presidencial. Esta administración ha dejado en el abandono a la gente, por arrasar con la institucionalidad, y por ganarse la desconfianza de la comunidad internacional. Y en ambas situaciones, la población más empobrecida, paga todas las consecuencias en su propia vida. Por Honduras han pasado y están pasando varios eventos que han dejado desgracias, destrozos y desastres. Sin embargo, el desastre más grande que le ha ocurrido al país, al menos a lo largo del presente siglo, es una administración esencialmente corrupta, delincuente e incompetente como la de Juan Orlando Hernández.
Sociedad rota
Tanto el Covid-19 como los fenómenos climatológicos, como Eta, nos encontraron desprevenidos, tanto a la institucionalidad del Estado, como a los diversos sectores y organizaciones sociales y movimientos de la sociedad civil. Los miles de damnificados que salieron a los bordos de los ríos para salvarse, que perdieron todos sus enseres que tanto les costó, y que han tenido que guarecerse en improvisados albergues, eran damnificados mucho antes del evento catastrófico. Lo eran mucho antes de la pandemia, cuando progresivamente, y en especial a lo largo de estas dos primeras décadas del siglo, sus vidas se fueron degradando a la par de la degradación ambiental y ecológica y de la institucionalidad del Estado de derecho y la democracia.
Todo se fue viniendo abajo, y cuando a la población le cayó de un porrazo el Eta, ya era desde hacía mucho tiempo una población rota en todos sus tejidos humanos, familiares, políticos, culturales y religiosos. Todo está roto. A lo largo de lo que va del siglo, el pueblo hondureño se ha ido configurando en torno a un estado de indefensión y de damnificación.
Desconfianza y despolitización
Esa ruptura de los tejidos, se expresa en la desconfianza hacia todas las instituciones públicas y políticas, como ha quedado dicho en los diversos sondeos de opinión pública del ERIC realizados cada año a lo largo de una década. Se expresa en la migración constante de una confesión religiosa a otra, que convierte al pueblo hondureño en religioso pero con raquítica estabilidad en una institucionalidad confesional.
Se expresa en la despolitización de un porcentaje que supera el 40 por ciento de ciudadanos que dicen no pertenecer a ningún partido político, pero tampoco pertenecen a organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales o de derechos humanos. Esa despolitización convierte al pueblo hondureño en un pueblo amorfo, fácil de dejarse manejar por políticos o grupos de fuerza, como las pandillas o estructuras del crimen organizado, pero a su vez en un pueblo taimado, que dice sí a todo lo que viene de arriba, pero para hacer lo que le ronque la gana. Lo convierte en un conglomerado bajo la única divisa posible del sálvese quien pueda.
Huir de conflictos
Esa ruptura de tejidos se expresa en huir de los conflictos, evitar confrontaciones, y defenderse ante las amenazas con el silencio, la sumisión o la violencia activa, y cargada de crueldad. Y se expresa en huir hacia afuera. El pueblo hondureño es especialmente crítico de los políticos, y de estos políticos que conducen el Estado bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández. “Es un gobierno basura”, se suele escuchar en diversos ambientes. Pero nunca o casi nunca pasa de la palabra a la acción pública. Y en lugar de organizarse o de responder al llamado a emprender el camino interno hacia la capital demandar la salid de quien es responsable inmediato de sus males, la población agarra unos poquitos maritates y emprende el camino en caravana hacia el norte, así lo convierte en héroe mundial de las migraciones, pero ratifica su rasgo taimado, de no resolver de frente y con los demás sus problemas sino huir hacia otros lados, lejos, donde no tenga que dar cuenta de lo que hace más que a su familia, a través del envío de remesas.
Más miserables que pobres
Esa ruptura se expresa en la agudización del empobrecimiento de la población mayoritaria en Honduras. Según expertos, al finalizar el 2020 ocho de cada diez personas estará en la línea de pobreza, y un alto porcentaje, muy por debajo de esa línea. Los desempleados que comenzaron el año, seguirán desempleados, y miles de personas que comenzaron empleados en la industria de la maquila, en el comercio o en la industria del turismo, terminan el año desempleadas. Es decir, avanzamos, y ya estamos en ella, hacia una sociedad con una alta dosis de miserables. Y esto es de alta peligrosidad, porque puede ser tierra fértil para levantamientos espontáneos y sin control, o tierra fértil para populismos y mesianismos que se alimentan de poblaciones miserables a las que se pueden manipular por una bolsa solidaria o un mendrugo, y la miseria se transforma en votos que legitiman autoritarismos y dictadores.
Desprevenidos desde la organización de base
Y un rasgo fundamental de esa ruptura de tejidos es esa actitud de dejar pasar, de llegar a ser una sociedad hondureña desprevenida, ya no solo desde una institucionalidad improvisada y puesta a la altura de los manejos discretos de quienes ostentan altos cargos de responsabilidad, sino a nivel de las organizaciones sociales o la sociedad civil. En esta esfera de la sociedad es en donde con más fuerza se hace sentir la desprevención. Cuando la furia de un fenómeno natural actúa sobre las poblaciones aledañas a los ríos, las organizaciones actúan con muy bajo perfil, algunas incluso desaparecen como por arte de olvido, y elevan su presencia a través de las redes sociales, desde donde lanzan sus dardos implacables en contra de la corrupción, ineptitud y mentira de las autoridades públicas. No es por falta de voluntad. Es falta de previsión, y como expresión de los tejidos rotos.
Como organizaciones sociales y de sociedad civil, se llegó imperceptiblemente a la incapacidad para construir puentes sólidos y auténticas relaciones de horizontalidad entre las diversas organizaciones que con el correr de estos años se han multiplicado y han brotado a borbotones hasta en los lugares más inverosímiles del territorio hondureño. En lugar de puentes e hilos para tejer los tejidos rotos, se consolidó el archipiélago hondureño en donde caben todas las organizaciones sociales, siempre que cada una se sitúa indefectiblemente como isla. Así, las organizaciones sociales de todo tipo y de sociedad civil se han anclado sobre el mar de calamidades hondureñas, como isla. La existencia de miles de islas con sus planes estratégicos, marcos lógicos, estrategias y compromisos, tienen una línea muy fuerte de verticalidad con organismos de cooperación, los cuales en muchos casos son los definidores y constructores de muchas de las islas.
La imagen es fuerte: cada isla con hilos verticales movidos por encima de cada una de ellas por financiamientos y temáticas de organismos cooperantes, en una relación asemejada a las marionetas que no tienen vida propia, sus movimientos se definen por los intereses y voluntad de las manos que desde arriba mueven los hilos. Al ser tantas las energías, creatividades y compromisos por dar informes, a las organizaciones sociales y de sociedad civil les queda muy pocas iniciativas y capacidades para buscar horizontalmente a otras islas, y entonces se quedan aisladas, literalmente, unas de las otras. Cada organización resuelve con sus destinatarios en otra línea imaginaria de verticalidad, en un mar de confusiones e individualidades.
Archipiélago en mar de calamidades
Este síndrome de archipiélago es la consecuencia extrema de los tejidos rotos y sitúa a cada una de las organizaciones sociales y de sociedad civil en estado de desprevención. Desprevenida la institucionalidad pública y quienes la conducen, desprevenidos los sectores privados, las diversas iglesias y las múltiples organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Esto significa que un problema estructural hondureño es la ausencia de prevención. No es solo de un sector, es asunto que cruza a la sociedad entera, y no es solo ausencia de prevención en cada una de las instituciones centralizadas y de los departamentos y municipios. Es ausencia de prevención que ha invadido los dinamismos más profundos de la sociedad y de los miembros de la misma, hasta convertirse en un problema cultural. No somos prevenidos mi institucional, ni social ni política y culturalmente. No es falta de trabajo o haraganería. La gente vive trabajando, las organizaciones sociales y de sociedad civil trabajan arduamente. Muchas veces el trabajo es extenuante, agotador y estresante. Solo en hacer informes para los organismos cooperantes los miembros de las organizaciones se pasan horas enteras del día y de la noche.
Cultura de supervivencia y del corto plazo
La ausencia de prevención no es por falta de dedicación de la gente. Es porque cada organización está sacando sus propias tareas para sobrevivir en el competitivo archipiélago de millares de individualidades, cada una buscando estar a flote ante un modelo sistémico que obliga a la sociedad entera a vivir bajo el lema del sálvese quien pueda. Porque las estructuras estatales han adquirido el tamaño de la improvisación de quienes las conducen, y a fin de cuentas son reflejo de una sociedad que ya no le quedó energías ni capacidades para invertir en futuro, sino para la sobrevivencia cotidiana. La sociedad hondureña ha sido condenada a la cultura de la improvisación y no para tener reservar para el mediano y largo plazo.
Unos años atrás a alguien se le ocurrió proponer invertir seis años para algo de prevención que se expresara en un plan que culminara con una propuesta nacional en 2021, a propósito del bicentenario de la firma del acta de independencia de Centroamérica. Mucha gente oyó la propuesta, y mucha gente asintió con su cabeza a la propuesta. Pero así como se escuchó así aquella propuesta de la llevó el viento. Era una propuesta a trabajar en seis años, y en Honduras es un tiempo demasiado prolongado, y la gente está atareada en resolver asuntos de sobrevivencia. La sociedad hondureña quedó atrapada en el corto plazo, no hay mirada de mediano y largo plazo, aunque los papeles y computadoras cargan con los más elegantes y técnicos lenguajes.
Llegamos al 2021, y entonces mucha gente está preparando foros y actividades políticas y culturales sobre los desafíos hondureños frente al Bicentenario. Todo se redujo al corto plazo, y con frecuencia a remolque o contrapartida a las festividades y eventos oficiales. Aunque se elaboren propuestas a diez años o veinte años, muy poca gente tiene la osadía de ver más allá de los tres meses o a lo sumo el año. Todo lo demás se lo lleva el viento, porque la sociedad está por entero sumergida en la lógica de lo inmediato, se vive muy a pecho aquello de que a “a cada día le basta su afán”. Es la actitud de la cabeza agachada y el cuerpo encorvado. Una vez que pasan los eventos, todo vuelve a lo de antes, quedan las tareas de reportar con verificadores a los organismos donantes. Y a seguir en otro evento que permita tener vigencia en la coyuntura, no hay respiros de largo aliento.
Una sociedad y un Estado estructuralmente desprevenidos
Todos los fenómenos naturales, políticos o humanos se convierten en amenaza, peligro y finalmente en mayores destrozos y deshumanización. Incluso asuntos como procesos electorales o el sistema de justicia se sitúan en esta desprevención estructural, porque en lugar de ser dinamismos e instituciones para fortalecer democracia y justicia, son amenazas y peligros para la misma democracia y para la aplicación de la justicia.
El hecho de que el Estado esté capturado por reducidos grupos políticos que lo usan para negocios y saquear recursos de las instituciones públicas, confirma la desprevención en la que la sociedad entera se encuentra. Cuando se habla de que Honduras es el tercer país más desigual del planeta después de Sur África y Haití, o el segundo país más vulnerable del planeta junto con Bangladesh o uno de los dos países más corruptos del continente, confirma la desprevención de la sociedad. Cuando el sistema de salud no logra controlar el dengue, o cuando en plena emergencia de la pandemia subordina sus decisiones a las de un grupo político que decide comprar discrecionalmente hospitales móviles que están muy por encima de los costos, y luego resultan en una estafa, confirma la ausencia de prevención sistémica de la sociedad.
Cuando la institucionalidad del Estado en varias de sus dependencias, como las Fuerzas Armadas, la policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y la propia Casa Presidencial, fueron contaminados y penetrados por sectores del crimen organizado, primordialmente por el narcotráfico, confirma la ausencia de prevención de la sociedad y el Estado. La ausencia de prevención condujo a estas desviaciones y debilitamientos institucionales, sociales, sanitarios y políticos, y una vez que estas instancias o políticas se encuentran en un estado de alta precariedad, contribuyen a que se profundice la desprevención, como en un círculo perverso de retroalimentación.
Cuando la violencia ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un asunto administrado exclusivamente por el Estado, sino que el Estado mismo ha delegado esta administración, por activa y por pasiva, a diversos grupos privados, regulares e irregulares, bajo la égida de la ley, pero sobre todo para legales e ilegales, de manera que se ha avanzado inexorablemente hacia el imperio de la ley de los fuertes, en donde cada quien se toma la justicia en su propia mano, confirma que la prevención es un asunto ausente y la sociedad entera queda en indefensión o víctima de una violencia sin control, en manos de sectores que de muy diversas maneras actúan en la impunidad y bajo el amparo del Estado.
Cuando la sociedad hondureña es productora de desempleo, a extremos que de cada cien hondureños con derecho a trabajar, unos setenta se encuentran en el subempleo o en el desempleo abierto, explica por qué Honduras sea mundialmente conocida por las caravanas de migrantes. Su gente se siente tan amenazada en su país que organiza estas caravanas, no para reclamar derechos dentro del país, sino para renunciar a vivir en su territorio, tras el convencimiento que su vida dentro del país se encuentra amenazada, sea por la violencia, sea por la ley de los fuertes, sea por el desempleo, sea el propio Estado que lo discrimina o lo reprime. Esto confirma la ausencia de prevención estructural de la sociedad.
Cuando los dinamismos estructurales de la sociedad conduce a que las riquezas se acumulen multimillonariamente en unas 200 personas, cinco de las cuales concentren una fortuna equivalente al salario mínimo anual de 2 millones de hondureños, y que existan centenares de miles de mujeres y hombres del campo que ganan un salario que apenas alcanza para una libra de queso y una libra de tres productos básicos, confirma que la sociedad está gobernada por un sistema de vida productor de desigualdades, y por eso mismo que anula sistémicamente la prevención.
Cuando existen centenares, quizás miles, de organizaciones sociales y de sociedad civil con temas transversalmente comunes entre unas y otras, con un discurso explícito o tácito, igualmente común anti capitalista, anti racista, anti patriarcal, en contra del extractivismo y de la privatización de los bienes y servicios comunes, inclusión de género, y trabajando con grupos o entre grupos metas comunes, pero que nunca, y rara vez se juntan para compartir un caminar similar, o para articulaciones duraderas. Rara vez aceptan estar en espacios comunes sin reivindicar su nombre y su logo, confirma que la ausencia de prevención cruza e invade también a esta dimensión de la sociedad que se sitúa desde las sectores humanos y sociales más vulnerables.
¿Cómo hacer frente a la desprevención?
Si cada vez, y de todas las aristas del país, se advierte la ausencia de prevención, no solo como un problema regional o coyuntural, sino como un asunto estructural hondureño, ¿qué toca, cómo abordarlo? Sin duda que desde una perspectiva de cambio estructural, y por grande que sean las actividades, por puntuales o coyunturales que sean los compromisos, solo situados desde esa perspectiva de cambio estructural es como tendrán rumbo y capacidad para no quedar reducidos a acciones y eventos temporales o asistenciales. Una labor puede ser muy coyuntural, o tener una tonalidad de asistencia, como llevar alimentos o agua a un albergue de damnificados, y repartir miles de raciones de alimentos para paliar el hambre, o entregar semillas a familias o grupos campesinos para la siembra, pero si se sitúa en una amplia perspectiva de construir institucionalidad y cultura de prevención, adquieren un valor trascendental.
Todas las situaciones de vulnerabilidad, todas las amenazas y todos los peligros naturales sociales, ambientales, sanitarios y políticos son prevenibles. Todos. Como dicen los expertos, los fenómenos naturales nadie los puede detener, ni las más altas investigaciones han logrado hasta ahora mecanismos que detengan los fenómenos naturales. Lo que se puede prevenir son los desastres. Bien dicen, nadie detiene los fenómenos naturales. Los desastres sí se pueden prevenir y detener. Igual con una pandemia como el Covid-19, una vez que el virus se desata, es difícil detenerlo, pero sí prevenir sus desastres. Las caravanas son las expresión de de un modelo productor de desigualdades y de hechos de corrupción oficiales. Ambos desastres se pueden prevenir, porque no son fenómenos naturales, son sociales, políticos, institucionales y humanos.
La prevención: un estado estructural de estabilidad y confianza
Seguridad y confianza ante todas las amenazas, por grandes que sean, y alcanzar capacidad para reducirlas, reorientarlas y convertirlas siempre en oportunidades. La prevención es un estado estructural de la sociedad para asumir todas las situaciones o eventos con un nivel de desafío y advertencia, y antes de que se presenten, la sociedad ya está predispuesta en positivo para asumirlos como desafíos y tareas. Y esto vale para todos los ambientes. Valen para fenómenos naturales, climatológicos o pandémicos, económicos, políticos, militares, culturales e institucionales.
Cuanta más se involucren las diversas instancias de la sociedad para poner en marcha procesos de prevención, más capacidad se tendrá para reducir las consecuencias. Y cuánto más cerca se esté en procesos que aborden las causas de los desastres, más capacidad se estará para que la prevención sea estructural y no puntal o coyuntural. Frente a situaciones de desastre en el Valle de Sula, en la costa norte y atlántica en general, y en la zona de la capital del país, se requiere la voluntad y la decisión política de quienes tienen las más altas cuotas de responsabilidad en tomar decisiones, en franca alianza con los diversos sectores privadas, municipales, comunitarios, sociales, eclesiales y ambientales y en asocio con la comunidad internacional.
Rompe con arreglos de cúpulas y líneas verticales, condición para construcción de prevención
La prevención institucional y cultural al tener una perspectiva de cambio estructural, nunca deberá sostenerse solo desde las líneas verticales, y definida solo desde cúpulas, como es la lógica del sistema actual. Sin negar el aporte de las cúpulas políticas, empresariales, sindicales, religiosas y sociales, la dinámica conductora ha de sostenerse en acuerdos nacionales con fuerte componente popular, y con participación de las bases, no como correas de transmisión de líneas diseñadas desde las cúpulas, sino como iniciativas y liderazgos indispensables. La prevención institucional y cultural ha de cruzar el corto plazo, pero orientado hacia compromisos en el mediano y el largo plazo. Ha de sustentarse en hechos y compromisos específicos y coyunturales, pero trascendiéndolos.
Retomando el ABC para Honduras
Años atrás ya se habló de una propuesta institucional y cultural de prevención que se llamó el “ABC para Honduras”, es decir los Acuedos Básicos Compartidos. En esta ocasión retomamos esta propuesta tan necesaria para estos tiempos cada vez mas inciertos.
Expertos hablan de degradación de la sociedad, tanto de su modelo económico, como del ambiente y la institucionalidad política. Cuando se habla de sociedad degradada. Se hace referencia a una sociedad y un Estado que finalmente son gobernados desde decisiones e incluso desde estructuras criminales organizadas transnacionalmente; donde ciertamente Honduras es una realidad muy importante, pero al final es sólo un eslabón más en la cadena multinacional de la violencia y el crimen.
Las elecciones son un factor imprescindible de la democracia política, representativa y participativa. Sin embargo, la sociedad hondureña actual está damnificada y la institucionalidad del Estado no sólo es precaria sino también rehén de quienes ejercen arbitrariamente el poder porque son fuertes e impunes. Participar en procesos electorales no se discute. Lo que está en cuestión es en qué condiciones se hace y bajo qué lectura política, porque a fin de cuentas las elecciones han pasado a ser un problema más en un Estado degradado que una respuesta para la democracia. Así como estamos, cada vez que vamos a elecciones hemos de tener la seguridad que saldremos todavía con menos democracia y estabilidad que antes de las mismas.
Lo que no acabamos de entender es que en este momento estamos en unas condiciones de tanto deterioro que la situación de Honduras se ubica en un estadio muy anterior a la democracia. Nos hemos desesmocratizado. Si acaso logramos tener en las últimas décadas una base de democracia política, la misma retrocedió y actualmente podemos hablar de una involución de la democracia. Las elecciones son la expresión y a la vez la garantía de la democracia. Pero si no existe democracia, ni Estado de Derecho en el sentido real, la apuesta primordial se sitúa en construir esas condiciones para que en efecto la realización de elecciones expresen y contribuyan a desarrollarlas.
Las elecciones que se han celebrado después de 2009 nos han dejado más chamuscados y confrontados que satisfechos. ¿Han cambiado las condiciones para creer algo distinto de las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2021? Claro que sí, dirán los que pactaron las llamadas reformas electorales. Pero al ser un pacto de cúpulas dejando intactos los dinamismos de la confrontación, nada indica que las elecciones y sus resultados serán distintos que las tres elecciones últimas.
Mientras no estén sentadas las bases de la democracia y del Estado de Derecho, o dicho de otra manera, si nos cerramos en hacernos creer a nosotros mismos que el remedo de Estado que tenemos es Estado de Derecho y que el sistema que nos gobierna es la democracia, entonces las elecciones que se organicen en tal contexto estarán en correspondencia con la legitimidad que necesita ese adefesio jurídico y político que de Estado de Derecho y de democracia tiene lo que de caliente pueda tener un témpano de hielo.
Para hablar de un proceso electoral en democracia hemos de abrirnos ante todo a sentar las bases de la democracia y del Estado de Derecho que necesitamos fundar, refundar, construir o reconstruir, según como mejor queramos llamar a este proceso. Dicho de otra manera, no se trata sólo de hablar de elecciones y de meternos en ellas. Se trata, más bien, de re-pensar el país para re-hacerlo desde una nueva democracia y un nuevo Estado de Derecho.
La sociedad hondureña atrapada entre la inseguridad y el empobrecimiento, la corrupción y el narcotráfico, los políticos y la violencia y delincuencia policial, es una sociedad deprimida y damnificada. Y si todo lo que se ofrece es más de lo mismo en el proceso del hundimiento humano y social, más vale lanzarse hacia las quimeras que participar en la complicidad con quienes no ofrecen más caminos que la exclusión y la impunidad. Este re-pensar el país ha de tener como punto de partida la aceptación consensuada de que así como estamos, al lugar que hemos llegado, nadie tiene la capacidad para impulsar un proyecto de país por su propia cuenta, y peor todavía, imponiéndose a los demás.
Mínimos consensos: lo máximo a lo que podemos aspirar
Un punto de partida imprescindible para poner en marcha un proceso de propuestas que rompan con la lógica política excluyente es la aceptación consensuada de que el país está tan resquebrajado que en el corto plazo, y previsiblemente en el mediano plazo, no estamos en capacidad para impulsar una propuesta buscando “máximos”; sencillamente porque la realidad no ofrece esas posibilidades.
Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mínimos” que pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción de democracia y Estado de Derecho. Y esto es así porque hemos perdido lo mínimo que una sociedad necesita de bien común para su convivencia armónica. Esos mínimos perdidos son los que hay que recuperar como condición para poner en marcha procesos auténticos de construcción de la democracia y un Estado de Derecho real. Esos mínimos son lo que han de estar representados en lo que llamaríamos el “ABC hondureño”, es decir, los “Acuerdos Básicos Comunes”.
Este ABC lo hemos de concretar en contenidos y temas nacionales en los cuales se encuentren identificados los diversos sectores y estratos de la sociedad hondureña, que podrían significar una respuesta para enfrentar las tentaciones a las respuestas fáciles y carentes de ciudadanía en el contexto de una sociedad humana, ética, social e institucionalmente deteriorada como la nuestra. Cuando estamos en una situación de tanta inseguridad, de “anomia” colectiva, las religiones, los caudillos, las armas y las regalías se presentan como factores salvíficos. He aquí el gran peligro hondureño, si es que seguimos conforme a las percepciones que nos arrojan las encuestas.
Convocatoria nacional, ¿quién la lidera?
Para ello, habría que poner en marcha una convocatoria en la que se pongan las bases, metodología, tiempos y responsables del proceso. ¿Quién convocaría? Quizás es la primera cuestión a resolver, porque un rasgo del deterioro social de lo institucional es la ausencia de credibilidad de los actores, instituciones y personalidades. La convocatoria y el proceso deberán estar bajo la responsabilidad de instancias que involucren tanto a actores nacionales del más alto reconocimiento, que también existen, como a representaciones internacionales.
Un punto de referencia compartido es que el gobierno actual no puede estar entre los convocantes. Las iglesias perdieron la base de credibilidad con la que contaban tradicionalmente. Pero no pueden quedar fuera. El empresariado está disperso y sin sustento común, pero no puede quedar fuera. Los organismos de incidencia o las llamadas ONG son tan diversas y dispersas que resulta muy difícil encontrar en ellas la base para una convocatoria creíble y movilizadora. Pero no deben quedar fuera, por sus implicaciones en tan variados campos de la vida nacional y especialmente por su involucramiento en procesos muy cercanos a los municipios y comunidades locales.
Lo mismo puede decirse de los diversos sectores políticos y del movimiento popular, frecuentemente muy ensimismados en sus dinamismos internos y viendo a la sociedad desde sus particulares intereses y cálculos. Seguramente se necesitaría un componente convocador internacional que pudiera estar ligado a la defensa de los derechos humanos, sin descartar la participación de representantes oficiales de la ONU, aún con el grado de descrédito y desconfianza que ha acumulado.
Este componente internacional es imprescindible, no sólo por la ausencia de consensos en torno a convocantes internos, sino porque cualquier propuesta de solución al caso hondureño ha de pasar por negociaciones que involucren a la comunidad internacional, puesto que los actores y condiciones que definen la ingobernabilidad tienen ramificaciones transnacionales. Cada uno de los sectores, tanto populares, políticos, empresariales como territoriales y temáticos, habría de organizar su propio proceso de elaboración del ABC, de manera que todo el país se ponga en movilización y estado de construcción del ABC. Desde las asambleas comunitarias, pasando por las sectoriales, municipales y departamentales, hasta llegar a las asambleas nacionales. Teniendo cada organización o sector poblacional su propuesta de ABC, se habría de tener la convocatoria nacional para debatir y negociar entre todos los sectores hasta lograr el ABC hondureño, el cual deberá ser refrendado en una consulta nacional.
¿ABC sobre qué?
Desde un punto de vista general, en un ABC de Honduras debían estar incluidas algunas categorías de acuerdos:
La primera podría incluir acuerdos socioeconómicos y ambientales como la tenencia de la tierra y políticas agrarias, la protección y manejo de las riquezas o recursos naturales, empleo y producción, la vulnerabilidad ambiental, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la política fiscal, la vivienda. Es decir, con el rumbo de un nuevo modelo de desarrollo y de inversiones que rompa con la galopante inequidad, factor decisivo de la violencia e inestabilidad.
La segunda categoría buscaría acuerdos sociopolíticos como los derechos humanos, la defensa de las comunidades y su territorio, los derechos étnicos, relaciones de género, medios de comunicación, libertad de expresión y derecho al acceso a la información y derechos culturales.
La tercera categoría sería la político-institucional-
Estas categorías no están separadas entre sí, cada una está remitida a las otras. La primera categoría contiene acuerdos mínimos en torno al empleo y la producción, lo que de inmediato vincula con acuerdos que se han de establecer en torno a la legislación que regula el empleo, como es el caso del Código del Trabajo, hasta lograr un acuerdo mínimo de estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores. De igual manera, si se buscan acuerdos básicos compartidos en torno al empleo, se deberá establecer el vínculo con acuerdos básicos compartidos relacionados con la defensa de los derechos humanos laborales de miles de obreras y obreros en toda la industria como las maquilas.
De entre todos estos temas habría que definir los prioritarios, por cuál orden comenzar su tratamiento y el proceso y mecanismos para su implementación. Un ABC de Honduras de esta naturaleza debería orientarse finalmente a su ratificación en una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución Política.
El diseño de un ABC de Honduras ha de ser una propuesta aglutinadora, es decir, que no sea más de la misma lógica de exclusión que ha caracterizado a tantas propuestas anteriores. Esto no significa que todo se ha de hacer desde cero, porque se pueden tomar en cuenta experiencias exitosas que se hayan realizado en algunas zonas, municipios u organizaciones del país. Este ABC de Honduras ha de garantizar que no sólo en los objetivos se busque la inclusión social y la democracia participativa, sino que el proceso mismo ha de ser una experiencia de inclusión y de democracia participativa.
Para lograr el ABC de Honduras será necesario que existan acuerdos previos entre sectores con formas de pensar e intereses afines, y que sea dentro de estos sectores afines donde se deberá practicar la inclusión y la democracia participativa, con el fin de que el clima de confrontación se comience a superar a partir de quienes son parecidos en concepciones e intereses. Así como los sectores empresariales debieran buscar sus propios acuerdos, los sectores sociales y populares debían buscar sus propios acuerdos, sin quedar atrapados en el cortoplacismo ni en los enredos propios de concepciones ideológicas inflexibles o en la búsqueda de la defensa de intereses muy particulares o de gremio.
El camino para el diseño del ABC de Honduras supone una condición previa: que cada sector haga frente a sus propias crisis internas y construya sus propias propuestas de ABC sectoriales, y desde allí avanzar hacia la búsqueda de acuerdos con los otros sectores desde la lógica del debate y la negociación. Los sectores populares y comunitarios, mucho más débiles y en desventaja frente a los grupos políticos tradicionales y empresariales, debían fortalecer sus propias instancias e identidades, y desde su fuerza organizada desarrollar sus propios acuerdos para convertirlos en fuerza y poder en una mesa de negociaciones, con el propósito de que al final se evite que se imponga la ley del más fuerte, sino los intereses nacionales.
La depresión tropical Eta comenzaba esta noche a salir de Honduras dejando una estela de muerte, dolor, daños a la infraestructura y cultivos agrícolas, y a muchos de los miles de damnificados subidos en los techos de su casa, a la espera de un rescate que tardará hasta el viernes.
Muchos de los damnificados que han quedado atrapados, residen en poblaciones de los alrededores de las ciudades de San Pedro Sula y La Lima, departamento de Cortés, en el norte del país, donde el esfuerzo de socorristas oficiales y particulares por rescatarlos este jueves, resultó infructuoso.
Funcionarios del Gobierno informaron en cadena nacional de radio y televisión que se mantiene una operación de rescate, que será difícil, y le pidieron a los damnificados que tengan un poco de «más paciencia» y confíen en que serán evacuados en lanchas y camiones altos que puedan acceder hasta donde están.
El acceso a las zonas más afectadas, donde han quedado vehículos y casas bajo el agua, fue cerrado en las primeras horas de hoy por las autoridades, debido al riesgo que representa para los socorristas, las lanchas y otros equipos de rescate.
En sectores como Ciudad Planeta y la Rivera Hernández, entre otros, muchas personas pudieron salir a pie o rescatadas en vehículos pesados y lanchas, pero «son muchos los que están atrapados», según testimonios de damnificados que ahora están en albergues habilitados.
La emergencia causada por Eta, como en otras tragedias similares que ha sufrido el país en los últimos 50 años, de nuevo evidenció la solidaridad de muchos hondureños con los afectados.
Algunos, incluso de ciudades distantes como Omoa y Cortés, en el Caribe, pusieron a su disposición lanchas que en condiciones normales utilizan para la pesca en el Caribe.
Otros han contribuido y sumado a los cuerpos de socorro con aportes de comidas calientes, agua, colchonetas, frazadas, mascarillas para evitar más contagios de los causados por la pandemia de la covid-19 y otro tipo de ayuda, para atender, con prioridad, a mujeres, niños y personas de la tercera edad.
La noche será larga y de mucho riesgo para los damnificados que llevan horas encaramados en los techos, de los que no se sabe cuántos son, solamente que son muchos.
También son muchos los damnificados de otras regiones del norte y occidente del país, que son cruzadas por los caudalosos ríos Ulúa y Chamelecón, entre otras fuentes.
El extenso valle de Sula, en el caribeño departamento de Cortés, que se extiende hasta una parte de su vecino Yoro, se convirtió en un inmenso espejo de agua que oculta una buena parte de la magnitud de los daños causados por la depresión Eta, que el martes, convertido en huracán categoría 4 en la escala Saffir Simpson, entró a Nicaragua, donde también dejó muerte y destrucción.
Las bandas de Eta cuando era huracán azotaron buena parte del Caribe, oriente y occidente de Honduras con fuertes lluvias, que se intensificaron a partir del martes, y el miércoles, cuando ingresó como tormenta tropical.
Damnificados y daños graves también hay en otros departamentos como Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, Colón, Atlántida, Copán, Lempira, Intibucá y Yoro, y en menor grado en el resto del país.
El ambiente en la región norte, occidental y caribeña es incierto para miles de damnificados, por más crecidas de los ríos pronosticados para esta noche.
De no ocurrir más crecidas de ríos y su caudal bajara, se espera que el rescate de los damnificados que no han podido salir de sus comunidades comience hacia las 04:00 horas locales (10:00 GMT), según funcionarios del Gobierno implicados en las operaciones para atender la emergencia causada por Eta.
El periodista Aldo Romero cuestionó la medida desesperada tomada por el «gobierno del desorden» del dictador Juan Orlando Hernández al ordenar la evacuación inmediata de todas las poblaciones en zonas bajas de la región del Valle de Sula, ya cuando la población está con el agua al cuello.
Luego de que anoche se inundara catastróficamente una gran parte del Valle de Sula, dejando a comunidades enteras bajo el agua, los técnicos de Cenaos y Copeco anunciaron este jueves a eso de la 01:00 pm, que los niveles de saturación en el Valle de Sula son muy altos, por lo que es necesario terminar de evacuar en dos horas (antes de las 3:00 pm).
Francisco Argeñal, jefe de Meteorología de Copeco, informó que «se registró una crecida de 15.83 metros en el río Ulúa, a la altura de Chinda, Santa Bárbara, casi cuatro metros más que lo que se vivió durante el huracán Mitch”.
Ante esta situación, el gobierno ha recibido una avalancha de críticas por no tomar medidas a tiempo, ya que el avance lento de la tormenta Eta permitió tomar todas las precauciones necesarias para evitar la tragedia que actualmente se está viviendo, cuando se reportan varios desaparecidos, mientras centenares de personas permanecen refugiadas en los techos de sus casas desde anoche.
Según Aldo Romero, hay una completa «improvisación gubernamental» , ya que se dan dos horas para la evacuación inmediata en zonas bajas del Valle de Sula pero, «no hay albergues, ni colchonetas, ni medicinas y alimentos, ni logística, ni liderazgo al frente de la emergencia» .
HONDURAS APRUEBA “FONDOS ETA”; TIBURONES Y COCODRILOS ¡A LA VISTA!
- Publicado: 08 Noviembre 2020
El gabinete de Juan Hernández ha urgido al BID el desembolso de los 35 millones de dólares que aprobó en diciembre anterior para “fondos verdes”, al afirmar que los recursos del país son “limitados”, pero no dice que gastó el Fideicomiso de Infraestructura Vial en la supuesta compra de los hospitales móviles que hizo el mandatario a través de Invest-H.
Es curioso, pero el fenómeno climático “Eta” no sólo ha dejado muerte y destrucción a su paso por el territorio nacional, sino que también ha expuesto depredadores que sigilosamente merodean a la sociedad, como los tiburones divisados en La Ceiba o el enorme cocodrilo capturado en San Manuel, Cortés.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El secretario de Finanzas, abogado Marco Midence, ha dicho que el gabinete de Juan Hernández tiene recursos “limitados” para atender los efectos del fenómeno tropical “Eta”. A través de sus redes sociales, informó que “para atender los impactos de la tormenta tropical Eta, estamos reorientando y priorizando recursos del presupuesto nacional, lo que ayudará a salvar vidas, atender familias afectadas y mitigar los impactos económicos. Pero los recursos son limitados y las necesidades inmensas”.
Midence agregó que una ayuda concreta sería “acceder a los fondos verdes [del clima]”, que en diciembre anterior aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Honduras.- Este fondo surge de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como mecanismo para ayudar a países en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
“Pedimos al BID que adelante el desembolso de fondos en apoyo de toda la población, pues inyectaría 35 millones de dólares (850 millones de lempiras al tipo de cambio actual) que se manejarán de manera transparente y eficiente para atender a quienes más lo necesitan”, publicó el empleado público.
Midence
aseguró que la administración Hernández, “cuenta con políticas
macroeconómicas y fiscales estables, que reflejan mejora en las
calificaciones crediticias y que permitió acceder a los fondos verdes a
suscribir en diciembre 2020. La situación apremia para evitar más
calamidades”.
AXEL SE LLEVÓ CARRETERAS
Sin embargo, el anuncio ha desatado las alertas en la población y en organizaciones de sociedad civil, en vista que el manejo de los recursos “de manera transparente y eficiente” no ha sido una cualidad del Gobierno y los escándalos de corrupción lo demuestran.
El caso más reciente es de los “desechos móviles” que Hernández compró al pseudoempresario Axel Gamadiel López, de origen guatemalteco y radicado en Estados Unidos.- A través de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), López recibió casi 50 millones de dólares (1,200 millones de lempiras), por siete hospitales móviles serían para la emergencia por la pandemia del Covid-19, a través de su “empresa” Elmed Medical Systems, pero a ocho meses de la crisis sanitaria, aún no han llegado en su totalidad y ninguno de los cuatro que están en el país ha empezado operaciones.
En lo que no se equivoca el abogado que administra las finanzas del Estado es que los recursos son “limitados”, pero obvió decir que ese escándalo de corrupción drenó Fideicomiso de Infraestructura Vial, como demostró en julio este rotativo cuando en tan sólo 26 minutos y tres segundos, tres empleados de Invest-H aprobaron el primer pago a López de dos hospitales con capacidad para 91 camas, a un costo de 15.9 millones de dólares (más de 392 millones 786 mil lempiras).
NOTA DE INTERÉS: ¡EXCLUSIVA! EN 26 MINUTOS GOBIERNO HONDUREÑO PAGÓ HOSPITALES “FANTASMAS”
Los empleados públicos que mostraron una inusual celeridad en trámites burocráticos son: la especialista financiero Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, el contador general, Carlos Luis Guevara Mondragón, y el director administrativo, Alex Alberto Moraes Girón, quienes al parecer en ese lapso de tiempo siguieron los pasos que manda la ley para hacer transferencias sin garantía bancaria, y más cuando se trata de una suma tan elevada.- En la actualidad, Moraes enfrenta un juicio por el delito de malversación de caudales en perjuicio de la administración pública al autorizar una “cuarentena VIP” de personal de la estatal.
¡ALERTA DE DEPREDADORES!
De acuerdo con la ejecución de gastos R_EGA_F01F07, de fecha 20 de marzo de 2020, el organismo financiador de los sobrevalorados “hospitales” es el Fideicomiso de Infraestructura Vial, y la transacción se consumó el 18 de marzo mediante el documento de precompromiso 00365, cuando supuestamente la especialista financiero Rodríguez verificó la información presentada por Elmed Medical Systems, a las a las 2:46 de la tarde con 36 segundos.
A las 3:01 de la tarde con 54 segundos, el contador Guevara aprobó la documentación y el pago de casi 400 millones de lempiras, y a las 3:11 de la tarde con 39 segundos el director administrativo Moraes firmó la transacción, así, en 26 minutos y 3 segundos decidieron la suerte de millones de hondureños.
Y un dato curioso sobre la depresión tropical “Eta”, es que además de la muerte y destrucción que ha dejado a su paso, también ha expuesto depredadores que sigilosamente merodean a los hondureños.
Ejemplo de ello es un vídeo que circula en redes donde se aprecia a dos tiburones a unos cuantos metros de las playas de La Ceiba, o las imágenes de un enorme cocodrilo que fue capturado en una carretera en San Manuel, Cortés, cuando el desbordamiento de los ríos afectaron su hábitat.
HONDURAS / COPECO IGNORÓ HURACÁN POR “PARTY MORAZÁNICO”; SUMAN 11 MUERTOS Y DESASTRES
- Publicado: 06 Noviembre 2020
Los empleados públicos nombrados por el mandatario Juan Hernández, han actuado con negligencia manifiesta durante la pandemia del Covid-19 y ahora ante el fenómeno natural “Eta”, el que ha arrebatado la vida de 11 hondureños y al menos 338,560 evacuados.
Datos preliminares de los bomberos dan cuenta de 26 vías afectadas, 437 viviendas destruidas y 24 dañadas, 22 árboles caídos, nueve puentes destruidos, seis ríos desbordados, entre otros daños de aldeas y caseríos inundados, sobre todo, en el norte y centro de Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Luto y horror en Honduras por la tormenta tropical “Eta”, que este 5 de noviembre ingresó al país. El inspector general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, ha confirmado que hasta el momento se registran 11 muertes por esa tormenta tropical; 9 son menores y 2 mujeres, todos en el norte y occidente del país.
De acuerdo con Artica, cinco de las víctimas residían en Santa Bárbara, Santa Bárbara; cuatro en Tela, Atlántida; uno en San Pedro Sula, Cortés, y otro en Sulaco, Yoro. Además, ha informado que entre los daños ocasiones por “Eta”, que de huracán categoría 4 pasó a tormenta tropical, se encuentran más de 338,560 personas evacuadas, 41 comunidades han quedado incomunicadas.
Asimismo, 26 vías afectadas, 437 viviendas destruidas y 24 dañadas, 22 árboles caídos, nueve puentes destruidos, seis ríos desbordados, entre otros daños.- En este momento, el paso de “Eta” se ubica en Francisco Morazán, a 14 km al noreste de Talanga, con una velocidad de desplazamiento de 13 km/h.
Por su parte, el empresario de la zona norte, Mateo Yibrín, dijo a periodistas que el impacto del temporal ha superado los daños económicos que provocó el huracán Mitch, en 1998.
“Lo
que he visto hasta ahora en el occidente hasta el Valle de Sula, es el
Mitch más un 30 o 40 por ciento más”, dijo Yibrín al explicar que el
daño a la infraestructura, carreteras y caídas de puentes así como la
obstrucción de carreteras principales son parte de los efectos
catastróficos de la tormenta tropical.
Cabe recordar que el huracán Mitch dejó alrededor de 6,000 muertos, pérdidas económicas por más de 4,000 millones de dólares, más de un millón de damnificados y cientos de desaparecidos; es decir, que según los cálculos del empresario hondureño, “Eta” dejaría al menos 5,600 millones de dólares en pérdidas (136 mil millones de lempiras).
Al margen de eso, la evidencia demuestra que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), obvió la alerta de huracán que dio Estados Unidos a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), de Miami.
Lo anterior, porque el Centro de Huracanes emitió la alerta sobre “Eta” desde el 29 de octubre, pero el gabinete de Juan Hernández no se manifestó ese día, al contrario, un día después anunció los operativos para el “feriado morazánico”, programado del 4 al 8 de noviembre.
El 31 de octubre, en cadena de radio y televisión, Copeco y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), anunciaron que preparaban operativos en todo el país para el “party morazánico” o “feriadón” y la suspensión de restricciones de circulación; y al mediodía del 1 de noviembre, cuando el Centro de Huracanes advirtió sobre el peligro de “Eta”, a través de un boletín Copeco anunció que enviaba comida a zonas vulnerables y es hasta tres días después que emite las primeras alertas.
La mañana del 2 de noviembre los primeros impactos de “Eta” son devastadores, mientras el gobierno llama a vacaciones “con responsabilidad”; no es sino hasta cerca de las 8 de la noche cuando Copeco da una conferencia para anunciar la suspensión del asueto y las acciones para “minimizar el impacto de Eta”.
Cruz Roja Internacional alerta ante desastre humanitario dejado por Eta en Nicaragua, Honduras y Guatemala
Por: Redacción CRITERIO.HN edaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó un llamado de Emergencia ante el desastre humanitario, social y económico que deja tras de sí el huracán Eta que afectó a 2.5 millones de habitantes en Nicaragua, Honduras y Guatemala, para lo que destinó un fondo inicial de 20 millones de francos suizo, entre otras medidas de apoyo a mediano y largo plazo.
La información trascendió en una conferencia de prensa vía Zoom para periodistas y disertaciones de los presidentes de la Cruz Roja de los países más afectados, y de los representantes de la Federación Internacional de la Cruz Roja para Centroamérica, Felipe del Cid y Nelson Alí.
Evaluaciones preliminares estiman en más de 2,5 millones de personas afectadas, desde Panamá hasta Belice, especialmente en Honduras, donde 1.7 millones de personas sufrieron daños o han sido desplazadas, entre estos niños, mujeres y comunidades indígenas que perdieron todo, sin acceso a agua y alimentos.
La Federación Internacional dispuso una ayuda inicial de un millón de francos suizos, envío de un avión y dos camiones con 98 toneladas de ayuda humanitaria desde el Centro de Logística Humanitaria en Panamá, para Nicaragua y Honduras.
Los bienes incluyen mosquiteros, kits de cocina, higiene y limpieza; además de lonas, bidones, herramientas y equipos de protección COVID y ayudar a 75 mil personas más afectadas durante al menos 18 meses.
La organización anunció gestiones ante la ONU, BID, Unión Europea, la Agencia de Cooperación de España, así como con las federaciones de Cruz Roja de Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia e Inglaterra, para reconstruir y reparar refugios, mejorar el acceso al agua potable, higiene, saneamiento, atención médica y prevención de COVID-19.
Además, brindar apoyo psicosocial, género, inclusión social, asignaciones monetarias y medios de vida a través de programas de siembras, que permitan acceder a alimentos y desplazamiento de personas a centros urbanos.
“La región enfrenta una triple crisis: Eta, COVID-19 y la provocada por las condiciones de vulnerabilidad preexistentes que afectan a los países centroamericanos. Estamos hablando de millones de personas afectadas en siete países. La necesidad de La ayuda es dramática”, agregó Felipe del Cid.
Coordinando esfuerzos de búsqueda y rescate, apoyo en refugios, atención prehospitalaria a los heridos e información para prevenir el COVID-19 a los sobrevivientes.
Además, monitorea de cerca posibles nuevos sistemas de tormentas en proceso de desarrollo y que podrían representar una amenaza a las comunidades que ya sufren estragos por Eta.
Consultado sobre la distribución de ayuda humanitaria gestionada por la Federación Internacional, Del Cid aseveró que la misma se canaliza a través de las Sociedades Nacionales de Cruz Roja las que complementan las labores de gobierno en esta emergencia.
Impiden a Radio Progreso hacer cobertura periodística en el COE de El Progreso
- 11/11/2020
Radio Progreso da cobertura a la emergencia que enfrenta el país por el paso del fenómeno Eta. Los micrófonos de Radio Progreso están en las comunidades con los afectados directamente al igual que en el sector oficial, con las autoridades de gobierno tanto nacional y local.
Desde hoy, miércoles, el equipo de cobertura periodística de Radio Progreso ha comenzado a tener obstáculos para acceder a la información oficial y declaraciones de las autoridades municipales que están al frente del Comité de Emergencia Municipal, Codem.
Este día, no se le permitió la entrada a la sede del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, a un reportero de Radio Progreso. El Policial Municipal, a cargo del control de ingreso, cerró de inmediato el portón cuando nuestro reportero se dirigía a las instalaciones.
Cuando se preguntó las razones, el Policía Municipal aseguró que tenía instrucciones de no dejar ingresar a Radio Progreso a dichas instalaciones.
¡URGENTE! HONDURAS SUPERÓ LOS 100 MIL CONTAGIOS DE COVID-19
- Publicado: 12 Noviembre 2020
Al último reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), se informó que ya son 100,804 hondureños que han contraído el Covid-19, y de acuerdo con el laboratorio de datos de Unitec, sólo en octubre se registró un promedio de positividad de pruebas del 41.7 por ciento.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cerca de 3,000 hondureños han perdido la batalla contra el Covid-19, según los reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que contabiliza a la fecha 100,804 contagios en todo el territorio nacional.
Entre los datos positivos, se registra que 43,507 personas se han recuperado del virus; sin embargo, según el Observatorio Covid-19 y dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), quienes logran curarse tienden a desarrollar complicaciones de memoria, concentración, lenguaje, movimiento y respiración.
En su más reciente informe, los especialistas de Unitec aconsejan que “estos pacientes deben tener un seguimiento continuo a mediano plazo”. De acuerdo con este estudio en octubre pasado, del total de pruebas aplicadas por los sistemas de emergencia, se encontró una positividad del 41.7 por ciento.
Con relación a los fallecidos, registrados hasta el 31 de octubre, Unitec señala en su boletín que el 68 por ciento de las víctimas tenía entre 51 y 80 años, y que el 63 por ciento eran del sexo masculino.
A pesar de que el Gobierno se ha enfocado en atender la catástrofe de Eta, el coronavirus se sigue expandiendo por todo el territorio nacional y contrario a extremar medidas de bioseguridad, el régimen ha dejado “libre circulación” hasta nuevo aviso.
Cabe mencionar que en centros de acopio para damnificados, la bioseguridad es inexistente, ya que no se ha hecho público un plan de contingencias para catástrofes climáticas y contención del virus.
39 diputados del parlamento europeo piden a Honduras liberar los defensores de Guapinol
Esta carta fue publicada pocos días después de que seis miembros del Congreso de los EE.UU. enviaran una carta al Departamento de Estado de los EE.UU. instando a la acción en el caso Guapinol. Lea su carta aquí.
Bruselas, 30 de octubre de 2020
Al Presidente, Juan Hernández, l Ministro de Relaciones Exteriores Lisandro Rosales Banegas, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, al Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, al Secretario de Estado de Gobernabilidad, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala Alvarenga, a la Secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH Roberto Herrera Cáceres, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, NPM-CONAPREV
Sujeto: Llamamiento para liberar a los defensores de los derechos humanos de Guapinol Excelencias, Los miembros del Parlamento Europeo abajo firmantes le escribimos para expresarles nuestra más profunda preocupación por la situación actual de los finalistas del Premio Sajarov: Los defensores de los derechos humanos de Guapinol y Berta Cáceres. Estamos especialmente preocupados por los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, actualmente encarcelados: Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.
Nosotros, como miembros del Parlamento Europeo ya le enviamos una carta el 6 de abril de 2020 en la que expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos del Guapinol. Ahora los defensores de los derechos humanos han pasado más de un año en prisión preventiva sin ninguna justificación legal sólida y la criminalización contra ellos y contra la comunidad ha aumentado aún más.
El equipo jurídico de los defensores de los derechos humanos presentó el lunes 12 de octubre un recurso de amparo en respuesta a las resoluciones de la Corte de Apelación, que, aunque se emitieron en marzo, no fueron notificadas hasta agosto de 2020. Estas resoluciones violan el derecho al debido proceso. Además, en septiembre, la Sala Constitucional admitió el amparo contra otra resolución de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de las medidas de detención preventiva, que había sido copiada y pegada de una resolución completamente distinta, lo que demuestra una vez más el carácter temerario y arbitrario de las decisiones y procedimientos judiciales en este caso. La Sala Constitucional aún no ha dictado su sentencia definitiva.
Como saben, el Parlamento Europeo eligió a los finalistas para el Premio Sajarov 2020 a la Libertad de Pensamiento. Uno de ellos es el líder de la comunidad de Guapinol (y Berta Cáceres) en Honduras. Esto demuestra el alto interés del Parlamento Europeo por estar junto a los defensores de los derechos humanos y garantizar el debido proceso. Trágicamente, el 13 de octubre, uno de los líderes de la comunidad de Guapinol fue asesinado en su propia casa. Arnold Joaquín Morazán, fue uno de los 32 comunitarios criminalizados en el caso de Guapinol.
También es el segundo de las 32 personas criminalizadas que han sido asesinadas. Además, se nos ha informado de que patrullas militares y policiales, en promedio unas 50 personas de seguridad, han estado asediando a la comunidad de Guapinol en ausencia de un debido proceso y de una causa probable, incluidos objetivos de seguridad o policiales. Si bien se temía que algunos de los cinco líderes pudieran haber sido arrestados, lo que ocurrió fue el asesinato de otro miembro de la comunidad, como también informó la compañía minera.
También hemos recibido informes de diferentes organizaciones hondureñas e internacionales que señalan irregularidades en el proceso judicial contra los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Mientras continúa la impunidad en este caso, la organización que ella fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y la comunidad de Río Blanco, son sistemáticamente excluidos de participar en los procesos judiciales que los afectan. También son objeto de campañas de desprestigio y amenazas, por exigir una justicia integral.
En esta situación, y respetando plenamente la división de poderes y, por tanto, la soberanía de la justicia, exigimos urgentemente a las autoridades que garanticen el respeto de las normas constitucionales e internacionales consagradas en materia de prisión preventiva, así como las garantías internacionales de debido proceso y juicio justo. Además, quisiéramos subrayar que, de conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las audiencias sean públicas y que sea posible la observación internacional; por lo tanto, le pedimos que se asegure de ello y nos informe cuando se celebren las futuras audiencias.
Esperamos que el Fiscal General de Honduras y la honorable Corte Suprema de Justicia tomen las medidas inmediatas necesarias y se pronuncien de acuerdo con las normas internacionales. Esto implica retirar los cargos contra los 32 defensores del agua y liberar a los defensores de los derechos humanos encarcelados – Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.
Pedimos a las autoridades que tomen las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la comunidad de Guapinol, de los líderes encarcelados, de COPINH y de la familia de Berta Cáceres.
Además, pedimos a las autoridades competentes que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de Arnoldo Joaquín Morazán, de los demás miembros de su comunidad y de todos los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras.
Atentamente,
Tilly Metz
Miguel Urbán Crespo,
Alviina Alametsä
Brando Benifei
Malin Bjork Geert
Bourgeois Benoit Biteau
Michael Bloss.
Anna Cavazzini
Leila Chaibi
Clare Daly
Anna Deparnay-Grunenberg
Alexandra Geese
Alexis Georgoulis
Francisco Guerreiro
Jose Gusmao
Claude Gruffat
Heidi Hautala
Yannick Jadot
Sean Kelly
Dietmar Köster
Stelios Kouloglou
Marisa Matias
Hannah Neumann
Niklas Nienaß
Ville Niinistö
Grace O’Sullivan
Diana Riba i Giner
Manuela Ripa
Michèle Rivasi
María Eugenia Rodríguez Palop
Caroline Roose
Isabel Santos
Massimiliano Smeriglio
Jordi Solé
Marie Toussaint
Ernest Urtasun
Nikolaj Villumsen
Mick Wallace
Estado hondureño debe implementar política pública integral dirigida a personas defensoras
- 21/10/2020
Entre 2009 y 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, emitió tres sentencias contra el Estado de Honduras, que resultan claves y fundamentales para el marco internacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y territorios. Estas sentencias son por ambientalistas asesinados en los años 90; Blanca Jannette Kawas, Carlos Luna y Carlos Escaleras.
Cuando la Corte-IDH emite una sentencia, esta debe ser la base para que los países miembros de los Estados Americanos construyan y aprueben políticas públicas que garanticen la vida de los defensores y defensoras. Sin embargo, Honduras, el actor principal de las sentencias, ha ignorado el mandato de la Corte, “y reflejo de eso es que, sigue figurando como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales”, dijo en el foro virtual en memoria del ambientalista Carlos Escaleras, María Luisa Gómez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.
Las tres sentencias significan un avance porque la Corte- IDH pudo comprobar que estos tres asesinatos no fueron hechos aislados, sino que se enmarcaron en un contexto general de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, que se había agravado desde la década de los 90, y que al momento de la emisión de estas sentencias continua vigente con miras a la agudización.
“Además, se pudo comprobar que previo a los asesinatos había un patrón de denuncias sistemáticas por la labor que realizaban los defensores en sus comunidades, y que no se les dio el tratamiento que necesitaban”, dijo asegurando que ante las señales de alerta que se emitieron, el Estado fue incapaz de implementar medidas para proteger la vida de los defensores, “situación que sigue repitiéndose en la actualidad”.
Los casos de Escaleras, Kawas y Luna también revelan la correlación de poderes económicos con participación de agentes estatales tanto en el diseño como la ejecución de estos asesinatos, explicó la representante de Cejil.
En el Foro también participó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, Marina Comandulli representante de Global Witness y Ramón Cadenas de la Comisión de Juristas Internacionales. Además, se entregó la quinta edición del Premio Nacional Carlos Escaleras a los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro privados de libertad desde hace más de un año.
“Las sentencias deberían mejorar el sistema normativo en Honduras, que se haga justicia, para que las violaciones de derechos humanos no se repitan”, dijo Gómez, haciendo énfasis que la impunidad en estos asesinatos es la principal causa para que más asesinatos y agresiones sigan registrándose en el territorio nacional.
Una política de protección integral
Es imprescindible que Honduras implemente una política pública integral dirigida a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, que incluya la participación de las víctimas, organizaciones de sociedad civil, sectores expertos en la elaboración de las normativas de protección, así como el abordaje interinstitucional de la problemática y la adopción de medidas inmediatas frente a las denuncias interpuestas por los defensores.
Producto de las sentencias y presiones de las organizaciones de derechos humanos, en Honduras en 2015 se aprobó la Ley de Protección para los Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y la creación del Mecanismo de Protección.
Sin embargo, la propia Corte-IDH a través de una resolución de supervisión de cumplimento de las sentencias, pudo comprobar que el país tiene serios problemas para avanzar en la implementación de una normativa que garantice la vida de los defensores.
“Con la sentencia de homologación el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado entre el Estado y la representación del ambientalista Carlos Escaleras en 2018, se le recordó al Estado de Honduras la tarea pendiente de crear una verdadera política pública integral de protección”, señaló María Luisa Gómez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.
El país más peligroso
América Latina es la región donde más ambientalistas son asesinados en el mundo. Pero cuatro países en particular tuvieron las tasas más altas de asesinatos en relación con su población: Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala, indica el reporte “Defendiendo el mañana” publicado por la organización de derechos humanos Global Witness.
Estos países, según el informe, son los que tienen más asesinatos de ambientalistas por millón de habitantes, siendo Honduras el país que encabeza esa lista. La organización identificó 14 asesinatos para una población de apenas 9,5 millones de habitantes.
Marina Comandulli representante de Global Witness, dijo durante su presentación en el foro virtual que, la instalación de empresas mineras es la principal causa que provoca el asesinato de ambientalistas, especialmente en territorios indígenas o afrodescendientes. Además, advirtió que con la crisis sanitaria por la Covid-19, las empresas aprovechan las medidas impuestas por el Estado, para agudizar las campañas de desprestigio e intimidación contra los defensores y defensoras.
HONDURAS / MAESTROS VUELVEN A LAS CALLES POR INAUDITA LEY DE INVERSIONES
- Publicado: 13 Noviembre 2020
Tras conocer que el dinero de su jubilación será destinado a los Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes), decenas de maestros salieron este jueves a las calles para protestar en contra de esa decisión, en Tegucigalpa, hubo plantón en las afueras del Inprema.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cientos de maestros protestaron este jueves por la polémica ley que aprobó el Congreso Nacional que permite que el dinero de los obreros sea destinado a los Fondos de Desarrollo Sostenible (Fondes), en el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), los docentes se apersonaron al Instituto de Previsión social del Magisterio Nacional (Inprema).
En ese contexto un docente, que pidió anonimato por razones de seguridad, ha hecho comunicación con EL LIBERTADOR para señalar que el patrimonio del Inprema ronda los 50 mil millones de lempiras.
Además ha mencionado que en promedio 63 de cada 100 maestros es de afiliación al gobernante Partido Nacional, lo que significa que apoyan todos las medidas que aplica el régimen de Juan Hernández, “no les importa que esa banda de criminales que maneja ese partido siga haciendo desastres con la economía del país”.
NOTA DE INTERÉS: HONDURAS/ DR. PINO REVELA NUEVO ABUSO DE JOH Y OLIVA CON DINERO DE OBREROS
Explica también que incluso se ha llegado a mentir al girar que este instituto de previsión ha estado en bancarrota sino que: “El Estado que no dirige la política económica sino que se lo ha dejado a los banqueros, esos mismos que dieron el golpe de Estado (2009) y los militares; han dejado en la idea del magisterio que el Inprema ha estado quebrado y jamás lo ha estado”.
Argumenta
que el único problema del Inprema es que el partido de gobierno ha
dejado de depositar fondos en efectivo para hacer en papeles o bonos; no
obstante, el patrimonio sigue teniendo buena capacidad financiera para
asegurar la jubilación del gremio de docentes.
“Vea como sacaron 5,000 millones, que es lo que se necesita para una jubilación digna, lo sacaron para el Centro Cívico Gubernamental, en una inversión que no tiene regreso, va a ser una nueva CONADI, un robo descarado”, dijo.
Cabe recordar que la Corporación Nacional de inversiones (CONADI), fue un órgano estatal creado en 1974 como parte de la estrategia para consolidar el nuevo modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y que sirvió como aval para que empresarios como el extinto Miguel Facussé hicieran capital en negocios con funcionarios militares a base de estafa, fraude y malversación de caudales públicos. Todos los casos llevados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no prosperaron.
La fuente dijo que en esta nueva ley de Fondes se encuentran todos los entes de jubilaciones menos el Instituto de Previsión Militar (IPM) “y eso significa que debemos ir en contra de quienes pero para eso hay que unificarse y tener dignidad humana”.
Banca privada administrará por 30 años cobro por servicio de agua en Tegucigalpa
- 26/10/2020
Organizaciones ambientalistas del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, denuncian que el alcalde capitalino, Nasry “Tito” Asfura, avanza el proceso de privatización del agua, al otorgar un contrato a Banco FICOHSA para el manejo financiero de los ingresos de la Tesorería de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
De acuerdo a la información de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra, la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), durante un periodo de 30 años, Banco FICOHSA recibirá el 0.500% de los ingresos, recaudados por la UMAPS, es decir 700 millones de lempiras anuales.
“En atención a la recomendación del Comité Evaluador, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la presente, le adjudicará el contrato del proceso del concurso público que se indica en la referencia, por un costo total negociado del servicio en cero puntos quinientos por ciento (0.500%), con un plazo de servicio de treinta (30) años”, comunicó el alcalde Asfura, a través de una nota con fecha 19 de agosto de 2020, al representante legal de Banco FICOHSA, Abel García Castañeda.
Las organizaciones ambientalistas manifiestan que “proyecciones conservadoras indican que FICOHSA recibiría ingresos no menores a cuatro (4) millones de lempiras anuales que, sin duda, se verán reflejados en el aumento a las tarifas al consumidor y son producto de una acción ilegal, incurriendo en responsabilidad civil y penal constitutiva de abuso de autoridad”.
IDAMHO, ARCAH y las Comunidades de La Tigra indican que la pandemia ha profundizado la corrupción “y es utilizada no sólo para el saqueo y venta del territorio, sino que, acelera los procesos de privatización, como el derecho al agua potable y saneamiento, condición básica para una vida digna y de calidad”.
Christopher Castillo, coordinador de ARCAH, señala que el proceso de privatización del agua en capital comenzó sin antes realizarse el traspaso de administración el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) al Municipalidad del Distrito Central: “no estamos legitimando que se municipalice el agua, una de nuestras demandas es que se fortalezca el SANAA como una institución descentralizada y que se coordine con las municipalidades”.
Castillo recuerda que, en enero de 2020, presentaron una denuncia contra el alcalde Asfura, ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre la Municipalidad del Distrito Central y la compañía ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, para el mantenimiento de tuberías y acueductos. Hasta la fecha no hay información del estado de la denuncia, dijo Castillo.
Ante los señalamientos de privatización, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de su página web, publicó que han completado los procesos de licitación y recepción de ofertas públicas de dos micro embalses en el río Guacerique, un reservorio en la zona de Rancho Viejo en El Picacho y la represa San José en el río Sabacuante, donde en conjunto se podrán almacenar más de 25 millones de metros cúbicos de agua, manifestando que “la municipalización del agua en la capital hondureña, no es, ni será sinónimo de privatización, sino la mejora continua y administración pública del suministro desde la AMDC”.
Metástasis: venta del territorio hondureño también incluye a La Ceiba
Ofraneh denuncia instalación de ZEDE en La Ceiba
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció la instalación de una nueva Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en La Ceiba, litoral atlántico de Honduras y reclamó el silencio que guarda el alcalde de dicho municipio, Jerry Sabio.
También lea: Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras
La información trasciende luego que el pasado sábado 31 de octubre, Financial Times publicó una entrevista en la que Erick Brimen confirmó que planea una expansión de la ZEDE Próspera en La Ceiba a inicios de 2021. De acuerdo con la publicación, este centro estará enfocado en un parque industrial dedicado al café, bananas y posiblemente autopartes.
Anteriormente, el sitio de la empresa de responsabilidad limitada TUM International, ligada a la Universidad Técnica de Munich, publicó que InSITE BAVARIA está a cargo del desarrollo de las actividades económicas de la ZEDE Próspera y manejará el sitio industrial en La Ceiba.
La ZEDE, que se instalaría en La Ceiba, estaría ligada al Proyecto de Honduras Próspera en el municipio insular de Roatán, cuya figura pública y director ejecutivo es Erick Brimen. Ligado al proyecto también destaca el ciudadano alemán Titus Gebel, escritor del libro Ciudades Privadas Libres publicado en el año 2018 y cuya ideología es libertaria o capitalista radical.
En la denuncia realizada por Ofraneh desde su perfil en Twitter, la organización destaca un párrafo de la conversación que sostuvo Gebel en el podcast de Stephan Livera en marzo de 2020.
En esta intervención, Gebel inicia hablando sobre los marcos legales y jueces en países como Dubai. Comenta a Livera que Honduras realizó cambios a su Constitución para hacer posible el proyecto de las “zonas de prosperidad” que les permite crear sus propias reglas. También señala que hay dos proyectos, y que él estuvo ligado a uno de ellos durante varios años, creando el marco legal.
Posteriormente, se refiere a que esperan salir a la bolsa a mediados del año pero que no puede dar más información al respecto; para después referirse a ejércitos. Seguido de «La secesión [separación] siempre es difícil y viene con violencia y tal vez a veces es necesaria, pero creo que el camino evolutivo, que podemos seguir ahora, se está infiltrando en esas zonas económicas especiales o convirtiéndola en una zona administrativa especial y luego al siguiente nivel y luego hay más competencia, luego tal vez un país se desmorona y de repente tienes tu soberanía. Entonces ese es mi plan si quieres».
El podcast tiene una duración de 72 minutos y en él, Gebel expresa sus diferentes puntos de vista sobre las ciudades libres privadas y sus expectativas sobre el proyecto en Honduras. Stephan Livera es un presentador de podcast que promueve la idea de ciudadelas de Bitcoin.
METÁSTASIS
Pesquisas de Criterio.hn en internet confirman varios que ofrecen predios en venta y de distintas dimensiones al este de La Ceiba, Balfate y Trujillo, entre otros puntos de la costa atlántica, en montos de millones o miles de dólares “islas privadas a 30 kilómetros de La Ceiba”. En las ventas se ofrecen también propiedades en 6.5 acres en Cayos Cochinos y Cay Islands a 2.7 millones de dólares, según la publicación.
“Este es un Premium Caribbean Islands a la venta, no se podría pedir nada mejor, su propia isla privada frente al continente de Honduras que ahora estamos incluyendo en el nuevo listado de Cayos Cochinos Real Estate”, señala el sitio de la empresa hondurasrealestatepro.com, dedicada a bienes raíces en internet.
Parece que todas las personas que han mantenido una cercanía con el dictador Juan Orlando Hernández terminan en una prisión o enfrentando cargos por narcotráfico, este es el caso del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de defensa de México.
Fue en el año 2017 cuando Juan Orlando condecoró a Cienfuegos con la Cruz de las Fuerzas Armadas, el motivo fue la colaboración en materia educativa entre los Gobiernos de México y Honduras.
En ese mismo evento, las Fuerzas Armadas de Honduras celebraron los ascensos dentro de la cúpula militar y fue Juan Orlando el encargado de dar los reconocimientos correspondientes.
«Con Honduras nos unen fuertes lazos de historia y cultura, una amistad que data de 138 años de exitosas relaciones diplomáticas y de excelente cooperación bilateral», expresó el General Cienfuegos en el 2017 luego de recibir la condecoración por parte de Juan Orlando.
La detención de Cienfuegos fue realizada por agentes de la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles en la tarde del jueves y los cargos por los cuales se le acusa son de narcotráfico y lavado de activos.
Gobierno de Honduras anuncia más endeudamiento externo por Eta
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno nacionalista de Juan Hernández Alvarado anunció esta tarde que recurrirá a mayor endeudamiento externo para enfrentar las terribles y trágicas secuelas del huracán Eta que conmocionan a Honduras.
En breves declaraciones a medios de prensa el titular de la cartera de Finanzas, Marcos Midence, anunció que el gobierno cuenta con 200 millones de lempiras para reparar la enorme cantidad de daños y derrumbes que sufrieron las carreteras, puentes, cajas puentes y accesos a las comunidades en todo el país.
Midence, asimismo, indicó que el gobierno realiza gestiones ante organismos multilaterales para obtener un fondo adicional de mil 200 millones de dólares para seguir enfrentando la crisis, sin indicar si se trata de recursos del Banco Mundial, (BM), Fondo Monetario Internacional, (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) u otra fuente similar.
Entre tanto, en las redes sociales se hizo viral un tuit que señala que no hay dinero para reparar la red vial primaria, pues un fideicomiso de 1.174 millones de lempiras para infraestructura vial se desvió a la compra de siete hospitales móviles en lo que hoy constituye uno de los fraudes más repudiables atribuidos a la actual administración.
El país ya vivía una crisis por la inestabilidad que se vive desde el golpe de estado de junio de 2009, se agravó con fraudes electorales denunciados en 2013 y 2017 y una polémica reelección presidencial denunciados por la oposición.
Además de una emisión de Bonos Soberanos de 850 millones de dólares, durante la pandemia el gobierno dio luz verde a la adquisición de deuda externa por 2.500 millones de dólares para atender el Covid-19; 600 millones de dólares para pago de deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con lo que la deuda externa de Honduras, solo este año, supera 82 mil millones de lempiras, alertó Federico Álvarez, ex vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE).
“Honduras va a una deuda impagable para los próximos años; no es malo endeudarse, pero no para pagar deudas si no focaliza recuperar esa inversión, lo que estamos haciendo es caer en una trampa”, señaló Ismael Zepeda, analista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, (FOSDEH).
Garífunas de Nueva York exigieron justicia para Frankie Williams
Garífunas de Nueva York exigieron justicia para Frankie Williams
Texto: Kenny Castillo
Fotos: Allan Castillo
Garífunas de Nueva York se apostaron frente a la corte criminal del Bronx para exigir la condena del
dominicano Ronny Torres acusado de asesinar a Frankie Williams originario de Triunfo de la Cruz, municipio de Tela.
Tegucigalpa.- Garífunas de Nueva York hicieron presencia hoy frente a la corte criminal del Bronx para exigir la condena Ronny Torres acusado del asesinato en perjuicio de Frank Wiliams, joven garífuna oriundo de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
La muerte de Frankie Williams causó gran conmoción en la comunidad hondureña. Williams de 37 años, era un artista cuyo último éxito fue el conocido Scooby Doo Papaa en ritmo punta. Era un joven carismático, frecuentemente alma de las fiestas. En uno de sus populares vídeos, alojados en Facebook, muestra a Frankie bailando punta mientras la gente alrededor disfruta de su excelente sentido del humor.
Sin embargo el pasado jueves 24 de octubre Ronny Torres, de origen dominicano, le quitó la vida. Un día después del hecho, un video muestra lo que realmente pasó: Frankie caminaba en el interior de un mini mercado, buscaba un producto que quería comprar, estaba totalmente ajeno que cerca de él, Ronny Torres lo observó sigilosamente, lo contemplaba, cuando encontró la oportunidad sin mediar palabra, el dominicano le asestó una puñalada, en los segundos que siguen del video, William trata de defenderse, pero fue inútil, estaba mortalmente herido.
En los primeros minutos tras el incidente surgió la versión de que la agresión a Williams había sido porque él había tomado una cerveza sin pagar. Pero el vídeo muestra algo completamente distinto. Los garífunas de Nueva York estaban completamente indignados.
Posteriormente, una ola de condena apareció en las redes sociales y al confirmarse la primera aparición ante el juez, surgió la convocatoria de ir a exigir justicia. Se trata de una demostración inédita. El crimen de Williams tocó las fibras más sensibles de una comunidad poco acostumbrada a las manifestaciones.
Desde la mañana de este miércoles, los garífunas de Nueva York empezaron a aglomerarse frente a la corte. Ni siquiera el frío los detuvo. Estaban vestidos de negro, amarillo y blanco, los colores que identifican a los garífunas. También se hicieron notar a través de banderas; la de la nación garífunas y la de la República de Honduras.
El sonar de los tambores esta vez fue a manera de reclamo. Vale hacer notar que el 2019 ha sido un año mortífero para la comunidad con saldo de 21 garífunas muertos de manera violenta; 16 en Honduras, 4 en Estados Unidos y 1 en México.
- 12/11/2020
Según el monitoreo inicial de daños a la agricultura nacional ocasionado por el paso de la Depresión Tropical Eta, la devastación en el campo agrícola ha sido inmensa poniendo en peligro la soberanía alimentaria de la población.
El dirigente campesino Rafael Alegría de la organización Vía Campesina dijo en Radio Progreso que en un 80% de la producción quedó afectada casi en su totalidad.
“Los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara y gran parte de Colón son las zonas más afectadas del país, allí la afectación es casi total”, dijo Alegría.
Por su parte, Rodolfo Pastor Fasquelle, productor agrícola del Valle de Sula, manifestó a Radio Progreso que el paso de Eta por el territorio hondureño arrasó con los cultivos a pequeña y gran escala, lo que significa una alarmante reducción en la producción.
Fasquelle pronostica que para los pequeños productores agrícolas será imposible recuperarse, por lo que se hace urgente la creación de políticas públicas para apoyar a los pequeños agricultores y ganaderos.
ALERTA! Continúa la criminalización contra miembros de la comunidad de El Achotal, Siguatepeque.
Este día en horas de la madrugada, 3 compañeras y 3 compañeros miembros del COPINH de la comunidad de El Achiotal, Siguatepeque fueron detenidos por la Policía Nacional de Honduras.
Las compañeras Doris Perez, Maria Lidia Díaz, Juana Fúnez, y los compañeros Abraham Hernández, Adalberto Mazariego y José del Carmen Sanchez Martínez se encuentran a la espera de la audiencia de imputados.
Sus familiares denuncian que miembros de la Policía Nacional entraron de manera violenta a sus casas sin orden de allanamiento y fueron detenidxs sin presentar una orden de captura.
Maria Lidia Díaz es madre de un niño de 16 meses.
Las y los compañeros forman parte de un proceso de recuperación de tierra y junto a la comunidad del Achotal han sido víctimas de múltiples ataques con el fin de desalojarlos de sus tierras.
Condenamos estas acciones de criminalización en contra de las personas que ejercen su derecho legítimo a trabajar la tierra.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a denunciar la persecución, criminalización y judicialización de las personas que defienden su derecho a la tierra.
¡La tierra es de quien la trabaja!
Trabajar la tierra #NoEsDelito
Policía Nacional, Siguatepeque: 2773-0042
Secretaría de Derechos Humanos: 2231-3075
Secretaría de Seguridad: 2236-1201
