Solicitarán referéndum para decidir futuro de “ciudades modelo”
- 19/10/2020
Por considerar que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Zedes, son inconstitucionales y atentan contra la soberanía de Honduras, organizaciones sociales iniciaron, el fin de semana, un proceso de recolección de firmas para solicitar al Congreso Nacional, apruebe un “referéndum” para que sea la población quien decida si acepta o no la instalación de las que también se conocen como “Ciudades Modelo”.
Lo anterior lo aseguró en Radio Progreso, el abogado constitucionalista Ramón Barrios. A renglón seguido manifestó que las Zedes son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, serán territorios con sus propias leyes y tendrán su propia seguridad. Será una especie de pequeño país dentro de un país soberano.
La Constitución de Honduras establece tres modelos de participación directa de la población: la iniciativa ciudadana, plebiscito y referéndum. El plebiscito se solicita antes que el gobierno tome una decisión sobre un asunto de interés nacional y el referéndum se presenta después que se haya tomado la decisión. Y en este caso, el Congreso Nacional y el Ejecutivo, ya aprobaron las Zedes.
La idea es que en las elecciones generales se coloque una cuarta urna para el referéndum, aseguró Ramón Barrios.
Persecución, cárcel y muerte es el escenario para defensores ambientalistas
Valle, Honduras. – Defender los bienes comunes de la naturaleza es una amenaza para los y las defensoras de derechos humanos, en el país más peligroso del planeta para defender el ambiente. Es una situación de incertidumbre y temor porque no se sabe de dónde puede llegar el ataque.
Más de 150 personas han sido asesinadas en la última década por defender la tierra y el ambiente y al menos ocho defensores del agua y la vida son presos políticos y otro tanto están amenazados con procesos judiciales. La mayoría de casos se han dado en la zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras, pero la zona Sur vive en constante alerta.
Con la “Ruta del Sol” proyecto turístico anunciado por el ilegal presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el 24 de marzo de 2014, en Coyolito, Amapala, departamento de Valle, como parte del programa presidencial “Llegó la Hora del Sur”, lo que se anunciaba era el despojo de las comunidades que desde hace dos siglos habitan en la Península de Zacate Grande.
Pedro Canales Torres, defensor de derechos humanos de la Zacate Grande y miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), asegura que esta “hora del sur” es para beneficio de los más ricos quienes poco a poco instalan una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La defensa de la tierra y el territorio es una situación que mantiene en permanente persecución a los defensores y defensoras en los departamentos de Choluteca y Valle, desde el momento que inventaron ese proyecto denominado ZEDE o “ciudades modelo” se están violentando nuestros derechos, afirmó Canales.
Entre los ataques a defensores, mencionó el crimen contra la compañera campesina Iris Argentina Álvarez, el 2 de abril de 2020, asesinada en el municipio de Marcovia, Choluteca, durante un desalojo violento que involucra a las fuerzas represoras, porque cuando actúa el ejército y la policía en cualquier ataque, es el mismo Estado que incumple las leyes, cuando se le quita la vida a un luchador o una luchadora es una forma de advertirle al pueblo que quien manda son ellos.
El defensor, quien es víctima de un proceso judicial desde hace 10 años por defender el territorio donde está la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, considera que las acciones intimidatorias de parte de los que tienen poder, son advertencias de que les espera la cárcel, tomando en cuenta que existen procesos judiciales también contra defensores de Namasigüe, El Tránsito y Zacate Grande, ya que para los persecutores no existen los derechos humanos, para ellos vale más la extracción, la instalación de empresas de energía fotovoltaica, todo lo que genera dinero para los ricos se antepone a la vida humana.
Me refiero a los procesos legales y judiciales contra luchadores por la tierra, solo en Zacate Grandes más de 64 personas hemos sido procesadas y algunos tenemos vigente el proceso por la lucha del territorio donde está la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Es un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos en la Península, esa es la llegada de “la hora del sur”, explicó Canales.
En cuanto a la ZEDE, declaró que en este momento están viviendo la misma realidad que los compañeros en Roatán, y que este proyecto gubernamental ya está en los cuatro puntos que mencionaba el Decreto Legislativo 120-2013 ubicadas ya en Roatán (Islas de la Bahía), Choloma (Cortés), Valle de Quimistán (Santa Bárbara) y el sur que representa a los departamentos de Valle y Choluteca.
Desde el análisis de Canales, todo lo que está pasando es fácil de entender. El régimen está generando riqueza para los más ricos, porque donde están las cuatro instalaciones de energía fotovoltaica más grandes de Centroamérica (Agua Fría, Nacaome), vive la población que paga el costo más alto de energía eléctrica.
Es decir, en Isla Exposición eliminaron la concesión que había a favor de la familia Suazo Tomé y la pusieron a la disposición de los inversionistas, y digo esto también que en el caso de la venta de la Isla tienen mucho que ver los diputados Alfredo Saavedra, Antonio Zambrano, Marcos Velásquez y los alcaldes municipales de Nacaome, Alianza y Amapala.
Todo parte de la voluntad política –añadió Canales- esta gente no piensa en los daños que le han hecho a la población del Sur, el daño que le hacen a cada una de las familias en la península de Zacate Grande, somos 5,500 habitantes en Amapala y cada uno expresa el lamento de lo que viene y prueba de eso es el proyecto turístico que impulsa Nasry “Tito” Asfura (alcalde del Distrito Central) generando una contaminación apenas a un kilómetro del muelle de Coyolito, y si hubiera algún beneficio para la comunidad aún no lo sabemos, porque no hay ni un solo trabajador de Zacate Grande, que diga que está ganando un sueldo y lleva alimento a su familia.
Al ver el panorama, nos indica que ya están produciendo dentro de las ZEDE, pero para hacerse más ricos, reiteró. Se favorece al poder criminal de este gobierno, el cual es un asesino. No le importa la vida del pueblo, lo que le importa es generar más riqueza porque no le ajusta lo que tiene ya ni con lo que han generado del narcotráfico, van arrasando con todo, es un activismo criminal que ha montado el sistema a través del neoliberalismo y el capitalismo que es lo que está plantado aquí en el sur y es lo que está en toda Honduras, denunció el defensor, que enfrenta una vez más amenazas a muerte.
El sistema es el responsable por su vida
Desde la persecución, vigilancia, judicialización, boicoteo a su vehículo, asesinato a sus mascotas hasta amenazas directas a muerte, es lo que enfrenta día a día el líder defensor de la tierra, territorio y playas en la costa sur de Honduras.
“Me siento preocupado y mi familia también por que los del grupo de Coyolito [grupo de poder político y económico] han puesto al pueblo de Zacate Grande en indefensión y división con las regalías y asistencialismo político, a tal grado que uno no sabe de dónde puede venir en cualquier momento una amenaza o daño físico contra mi persona”, expresó Pedro Canales a Defensores en Línea.
El líder de ADEPZA quisiera echarle la culpa de lo que le sucede a su misma gente “pero no, es por la situación que ellos [grupo de poder] se han dado cuenta que implantando este sistema maquiavélico pueden vencernos”.
“Yo mantengo la convicción de que no será así, aunque esté en peligro no importa, voy a seguir hasta el final en la lucha. Las estrategias ejecutadas por parte de guardias de seguridad privada como de asesinar animales y a veces hasta en mi presencia, no van hacer callar mi voz”, Pedro Canales Torres
Añadió que seguirá denunciando la injusticia y la misma inseguridad que le implanta el mismo Estado a través de la Fiscalía del Ministerio Público y del Juzgado en la zona Sur.
No existe interés por los ambientalistas
Honduras y El Salvador son los dos únicos países de América Latina y el Caribe que no firmaron hace unas semanas el Tratado regional de Escazú promovido por la CEPAL, en el seno de las Naciones Unidas, pese a los conflictos ambientales que presentan.
El tratado de Escazú fue acordado en 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, con el objetivo de prevenir conflictos ambientales, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza, en beneficio de las generaciones actuales y venideras, expresó Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas.
Honduras no lo firmó, según Pedro Canales, porque las medidas que toma el régimen están encaminadas al acaparamiento del territorio, es decir amenazando a los luchadores a través de las autoridades. Ellos creen que con eso van a lograr obtener todo el territorio.
La meta de los ricos es vender a los millonarios territorios libres de asentamientos humanos, sin aldeas, para que se puedan apropiar de los lugares hermosos que tenemos como la Bahía de Chismuyo, 17 islas de tierra dulce instaladas en la parte del Golfo de Fonseca que pertenece a Amapala y los bosques manglares, agregó Canales.
Lamentó que, todas esas riquezas que ellos poseen ancestralmente, los ricos empresarios y políticos las poseen en documentos, “nosotros tenemos la posesión y ellos tienen la parte jurídica en sus manos”, y es una situación contra la que luchan desde la década de 1980 cuando la terrateniente Carmen Malespín vendió a diferentes millonarios extranjeros y nacionales.
Entonces, para ejecutar el despojo, el gobierno ilegal de Hernández quiere a través de policía, militares y Juzgados, es sacar a los pobladores, sin importarles a donde nosotros vayamos a dar, denunció Canales.
La ley ZEDE refiere a instalarse en zonas inhabitadas y realizar una consulta previa, pero ninguna de las dos se ha aplicado “aquí primero existe la explotación, la exploración y luego generar dinero de lo que se saca, es decir a nadie le han consultado absolutamente nada para decir que la ZEDE se va instalar en Exposición, Corcuera, San Carlos o Isla el Tigre o Zacate Grande, están haciendo lo mismo que hicieron los ricos al llegar aquí, compran la tierra, la quitan y se apoderan de la playa.
La situación de los defensores ambientalistas no se puede ver por separado en cuanto a leyes y tratados, ya que el impacto es directo a la población, que además de toda la persecución enfrentan de manera personal la crisis sanitaria a causa del COVID-19 y la corrupción.
La naturaleza ante la pandemia
A su favor ha estado la naturaleza, Pedro Canales comentó que, el Coronavirus ha sido tratado de manera domiciliaria y con conocimientos familiares. El clima y el mar les han ayudado, además que se consideran una población fuerte con pulmones en buenas condiciones porque respiran menos aire contaminado. “Afortunadamente muchos nos hemos enfermado, pero no hemos tenido ningún caso mortal”.
Cabe señalar que la población se ha tratado por los síntomas, sin ningún acceso a algún tipo de atención médica o aplicación de pruebas para determinar si estuvieron contagiados por COVID-19, pese a que la dictadura ha percibido más de cien mil millones de lempiras desde febrero pasado, supuestamente para hacerle frente a la Pandemia y al Dengue.
Este pueblo está abandonado, no se ha visto la inversión del dinero para tratar el Coronavirus, respondió Canales ante la pregunta popular ¿Dónde está el dinero?
La gente hasta tiene miedo de asistir al hospital de San Lorenzo, por lo que los centros de salud están en peores condiciones. Las comunidades están por su cuenta comprando mascarillas, detergente y sanitizante para hacerle frente a la pandemia.
Concluyó que, en la actualidad los defensores del ambiente a nivel nacional se enfrentan a amenazas, cárcel y después la muerte que se origina en el poder opresor. Pero, los pueblos están de pie, no existe un tan solo un pueblo que no mantenga la esperanza y fe para seguir luchando.
Familiares denuncian violación a DDHH de privados de libertad en batallón militar
Tegucigalpa, Honduras.- La situación de los privados de libertad en el Primer Batallón de Infantería, es motivo de consternación entre sus familiares, quienes denuncian nuevos abusos de parte de los oficiales a cargo de dicho módulo.
En Honduras más de 22 mil personas guardan prisión en 25 centros penales y tres módulos militares, con características similares en cuanto hacinamiento, limitaciones en acceso a salud, reinserción social y el debido proceso.
Esta semana, mediante una carta dirigida a las autoridades competentes y organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de los privados de libertad reclusos en Primer Batallón de Infantería, en el Distrito Central, claman por su acción urgente “ya que hemos recibido relato de que los oficiales a cargo de la custodia de este módulo, el coronel Ramiro Múñoz, capitán Oliva, tenientes Vásquez y Múñoz han cometido nuevamente abusos atentatorios contra nuestros confinados”.
Según la denuncia de los familiares, a los privados de libertad en la cárcel militar, le niegan el acceso a toda comunicación. A los recién detenidos no les permiten hacer una llamada a sus abogados para preparar una audiencia inicial.
Teniendo en cuenta que desde hace siete meses hay un distanciamiento supuestamente como medida de prevención ante la pandemia del Covid-19, a los privados de libertad se les quitó el derecho a visitas, pero, según los familiares denunciantes, “les han privado del derecho a recibir medicinas, e incluso del derecho a recibir la dieta especial aprobada por un médico para controlar enfermedades crónicas”.
Esta situación fue denunciada antes, en otros centros penitenciarios como el de Choluteca, donde estaba el preso político Antonio Esquivel, quien requería de medicamentos controlados, él recobró su libertad el 27 de junio de 2020. Y desde el Primer Batallón fue remitido por sospechas de contagiado por COVID-19 el periodista y preso político David Romero Ellner, quien falleció el pasado 18 de julio en el Hospital Nacional Cardiopulmonar (Tórax), el resultado de su prueba “Reacción en Cadena de la Polimersa” (PCR por sus siglas en inglés) dio positiva al virus.
“Sabemos que han puesto arbitrariamente en confinamiento solitario a un privado de libertad después que recientemente sufrió un infarto que lo llevó al borde de la muerte, sometiéndolo a condiciones infrahumanas”, detallan los familiares, en el texto que dijeron de conocimiento al Comité d e Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Nos preocupa sumamente el calvario que han sufrido nuestros parientes a lo largo de esta cuarentena, pues esta denuncia se suma otras por agravios tan extremos como torturas, encierros prolongados y arbitrarios, destrucción de la propiedad y actos de intimidación traumáticos en contra de nuestros familiares reclusos a lo largo de más de siete meses que han estado aislados, al grado que una ONG [Organización No Gubernamental] que recopiló estas denuncias nombró al coronel Múñoz como un violador de derechos humanos insigne en nuestro país”.
Finalmente, el documento ruega a las instituciones competentes investigar en la extensión posible estos hechos y asegurar la integridad personal de las personas internas, aisladas e indefensas en este espacio.
El pasado 7 de agosto, el COFADEH remitió al abogado Ricardo Matute de la Discalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, una denuncia por graves violaciones a los derechos humanos, contra el joven Ángelo Roberto López, de 24 años, víctima de tortura de parte del Coronel Ramiro Fernando Múñoz Bonilla el Teniente Oliva, los oficiales Irías, Morán y Díaz, asignados al Primer Batallón de Infantería.
El ataque contra Angelo López, fue el sábado 20 de junio del 2020, cuando estaba realizado llamadas telefónicas a su hija, en ese momento ingresó a su cuarto el teniente Irías, quien procedió a decomisarle el celular y lo reportó con el comandante del Batallón, Ramiro Fernando Múñoz Bonilla, a los oficiales capitan Oliva y el teniente Morán Vásquez, detalla la denucia.
Posteriormente ellos allanaron el dormitorio, destruyendo todos los objetos personales de Ángelo, le mojaron el colchón y seguidamente lo sometieron a la fuerza con las esposas y lo trasladaron a la parte exterior de los recintos penitenciarios donde fue torturado físicamente, le propinaban varios golpes con los toletes, puños en todo su cuerpo y lo amenazaron a muerte a tal punto que el coronel Fernando Muñoz Bonilla le mordió las orejas, mientras los otros agentes de seguridad lo tenía sometido a la impotencia .
Después lo trasladaron nuevamente a su cuarto donde los militares lo siguieron golpeando hasta dejarlo inconsciente.
Después a todos los Privados de libertad que están asignados a la misma área del Ángelo los mantuvieron aislados por una semana, El 24 de julio, se apersono al Primer Batallón el Juez de Ejecución Elvis Javier Alvarado, para indagar sobre los hechos antes descritos.
Entre los privados de libertad, hay un enfermo de esquizofrenia que por no tener su medicamento se pone agresivo, agregó la denuncia en ese momento.
Días antes del inicio de la cuarentena por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en Honduras, la Coalición Contra de Impunidad compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia “Violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras”.
Por lo que, el tema no es ajeno al conocimiento de organismos internacionales. Después del 175 Periodo de Sesiones de la CIDH, en Puerto Príncipe, república de Haití, las denuncias continuaron ya en el marco de la pandemia.
Y en el 177 Periodo de Sesiones de la CIDH, diversas organizaciones nacionales y regionales, junto a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH- Honduras), y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) expusieron la situación que enfrentan las personas privadas de libertad ante la crisis sanitaria por COVID-19 en Honduras.
Y el mes pasado, La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, copmpartió de manera virtual el foro “Los derechos de las personas privadas de libertad a la luz de las sentencias López Álvarez y Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”, a fin de generar un espacio de reflexión sobre los avances, obstáculos y desafíos que enfrenta la implementación efectiva de las sentencias y resoluciones de la Corte IDH, particularmente en el contexto de crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, desde marzo pasado.
En cada una de las denuncias internacionales, el COFADEH formó parte de las organizaciones que velan por los derechos de las personas privadas de libertad.
Isabel Albaladejo, representante de la OACNUDH expresó preocupación por la situación de salud de personas privadas de libertad y la falta de atención médica en los centros; la suspensión de las visitas y la limitada información brindada tanto a familiares, como representantes legales y organizaciones; la militarización del sistema penitenciario; y la violencia a lo interno de las cárceles. En particular aseguró que su oficina ha documentado casos de tortura y tratos cueles en contra de las personas privadas de libertad y denunció que, desde el inicio de la pandemia, 14 personas, entre ellas 7 mujeres, han fallecido en hechos violentos dentro de los centros. Al respecto, llamó a la implementación de protocolos de investigación y al acceso a la justicia para todas las personas víctimas y sus familiares.
Un completo infierno viven migrantes hondureños presos en Belice
- 19/10/2020
Unos 155 migrantes hondureños, que guardan prisión desde hace más de seis meses en Belice, están en condiciones precarias y son víctimas de malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. La mayoría están detenidos debido a que su visa de trabajo venció durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19.
Lo anterior lo denunciaron tres hondureñas que llegaron el fin de semana procedente de Belice y que estuvieron más de 5 meses privadas de libertad porque su visa también había vencido.
Sostuvieron que los procesos judiciales de Belice son lentos y la mayoría están detenidos en prisión preventiva, sin haber sido declarados culpables de ningún delito.
A la mayoría les exigen pagar una multa de mil dólares beliceños, que equivalen a 500 dólares de Estados Unidos. Sin embargo, más de la mitad de los privados de libertad la han pagado pero no han sido liberados.
Emérita Esperanza Núñez, que estuvo más de 5 meses privada de su libertad, en Belice, denunció en Radio Progreso que las autoridades hondureñas no hacen nada por dichos migrantes que claman por ayuda desde el centro penal de Belice.
Maestros siguen exigiendo su salario mientras el gobierno hace oídos sordos
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El problema de nunca acabar entre el Gobierno y magisterio es el incumplimiento de salarios que se ha convertido en una constante en este 2020, especialmente en el periodo que ha durado la pandemia.
Cada mes, los maestros sufren retrasos de hasta 15 días en el depósito de sus pagos, situación que es interpretada por la dirigencia de este gremio como un ataque malicioso por parte del Gobierno que dirige Juan Hernández.
En ese sentido, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), ha convocado a un plantón frente a la Secretaría de Finanzas en Tegucigalpa, para demandar que el pago del mes de octubre se haga en tiempo y forma. De acuerdo al cronograma financiero, Educación debe pagar a los docentes los días 20 de cada mes.
Según el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Fidel García, el Gobierno ha actuado de forma irresponsable al no cumplir con su compromiso, lo cual pone en detrimento la economía de los trabajadores de la educación.
“Estamos exigiendo el pago puntual de los salarios, el cumplimiento del decreto de gratuidad de telecomunicaciones para alumnos y docentes, entre otros temas, por eso convocamos al plantón”, denunció García.
Por su parte el profesor de base, Juan Romero, calificó a la Secretaría de Educación como irresponsable al no dar la prioridad que los docentes merecen. “En los últimos meses ha existido atrasos en la cancelación de los pagos y eso nos preocupa porque muchos docentes tienen préstamos y los bancos no perdonan con los intereses, esto se debe a la irresponsabilidad de las autoridades de educación”, enfatizó Romero.
El profesor hizo hincapié en que los maestros que recién recibieron nombramiento y que iniciaron a trabajar en el sistema educativo en el primer trimestre del año, están a la espera de pago de salarios, “imagínese que se le debe pagos a docentes desde el mes de abril y mayo, esto no puede ser posible es un insulto a la dignidad de los trabajadores”.
Romero siguió exponiendo: “estos ataques del Gobierno se traducen en los atrasos de pagos, el magisterio sabe que debe luchar para reclamar sus derechos, y es en este contexto que se da esta convocatoria al plantón, además teniendo claro que el año lectivo ya va a culminar y el Gobierno no se ha hecho responsable con medidas claras para manejar la educación en tiempos de pandemia”
Otro factor que mantiene preocupados a los maestros, es la falta de planificación de las autoridades en torno al cierre del año lectivo y las perspectivas para el manejo del próximo, teniendo en cuenta que la pandemia por COVID-19 continuará en el país.
“Es necesario empezar a planificar y saber construir un plan de cara al próximo año, de lo contrario seguiremos arrastrando estos problemas en el manejo educativo”, argumentó el docente.
Hasta la fecha a los maestros se les ha pagado el mes de septiembre, pero la demanda que expresan a través de esta jornada de protesta, consiste en que el Gobierno no se atrase en el pago del mes de octubre y que pague tal y como lo indica la Ley, es decir, el 20 de octubre a más tardar.
La CGT y CUTH ofrecen apoyo a exempleados de Diario Tiempo contra Yani Rosenthal
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) han ofrecido acompañamiento a los más de 300 extrabajadores de Diario Tiempo ante la ofensiva mediática y política que Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo con la mala intención de revertir una sentencia laboral en la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula.
Una delegación de los extrabajadores de Diario Tiempo compuesta por Xiomara Mairena, Arturo Larios y Efrén Bonilla sostuvieron una reunión con Daniel Durón, presidente de la CGT, Joel Almendárez, presidente de la CUTH, y el experimentado dirigente sindical Carlos H. Reyes, para analizar la situación actual de los exempleados de este medio de comunicación que mantienen una batalla judicial contra la familia Rosenthal.
Los representantes de los empleados les manifestaron a los dirigentes que el señor Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, cerebro del Grupo Continental, desde agosto pasado, cuando arribó al país después de cumplir una pena de tres años en una cárcel de Estados Unidos por lavado de dinero sucio del narcotráfico, intenta a través de canales de televisión incidir en la opinión pública y en los jueces que conocen la demanda que ganaron el año pasado en un juzgado de primera instancia.
Efectivamente, en 2019, el Juzgado Laboral de San Pedro Sula emitió una sentencia que ordena a la familia Rosenthal a indemnizar con las prestaciones laborales a los más de 300 trabajadores que dejó abandonados tras cerrar Diario Tiempo en 2015, según consta en el expediente 072-2016.
Nota relacionada Yani Rosenthal debe venir con todo y responderles a los trabajadores de Diario Tiempo
Durón, Almendárez y Reyes se comprometieron a elevar las protestas ante organizaciones internacionales de los trabajadores y ante todos los sindicatos afiliados frente a las intenciones de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo quien, de lograr una reversión de la sentencia, daría un golpe demoledor a la clase obrera del país.
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo sigue sistemáticamente violando los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores, pues en los últimos días, además de ejercer presión por los medios de comunicación, ha puesto a sus seguidores políticos a reportar por “fake news” las cuentas de Facebook y Twitter en las cuales los exempleados de Diario Tiempo denuncian el caso.
Los exempleados de Diario Tiempo le recuerdan a los hondureños que los principales difusores de “fake news” (noticias falsas) han sido históricamente la familia Rosenthal pues estos, en 2015, aún enfrentando una acusación de lavado de dinero del narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le juraban a los ciudadanos por medio de comunicados y entrevistas planeadas que no tenían relación con los cárteles de las drogas.
El Estado de Honduras es una persona jurídica que ha pasado por diferentes etapas de relación con su población durante sus casi 200 años de existencia, unas épocas más críticas que otras en términos de confianza colectiva.
En nuestros días, los niveles de desconfianza frente a este sujeto llamado Estado son realmente estratosféricos.
Un elemento para medir es el millón y medio de personas que huyeron literalmente desde 1989 hasta ayer viernes 2 de octubre de 2020, porque el Estado les obligó a votar con los pies.
Otro factor de medición es el número de denuncias no presentadas ante el ministerio público, la policía o directamente a los medios de desinformación.
La población ha reducido drásticamente su impulso de presentar denuncias en esos tres espacios por tres razones fundamentales: pésima atención al cliente ciudadano, política pública de impunidad general, y temor a morir en el proceso.
En mayo de 2016 un oficial de policía de Casa Presidencial le propuso a una persona defensora de derechos humanos, atacada por la violencia en Tegucigalpa, que aceptara inaugurar con su caso el sistema nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos.
La víctima, desconfiada por experiencias documentadas de la colusión entre autoridades uniformadas y las bandas criminales, decidió consultar a una ejecutiva de la secretaría de derechos humanos. Y esa persona le recomendó salir del país para protegerse. Le dijo, esa es su mejor opción.
Un año antes, en 2015, había sido aprobada la Ley de Protección a defensores, periodistas y jueces, que creó en 2016 un Sistema Nacional de Protección con 36 empleados para todo el país: tres para recibir denuncias, 7 para analizar el riesgo, 3 para asesoría jurídica y el resto para administrar unos 900 mil dólares de presupuesto total. Así siguió la cosa durante 2017 y 2018, sin contar con una unidad de prevención ni de análisis del violento contexto katracho.
El informe más reciente de este llamado Sistema de Protección es de febrero 2020, entregado al Examen Periódico Universal de la ONU en Ginebra y colgado en internet el 13 de agosto pasado. En este texto se lee que el total de casos recibidos es de 384, de los cuales siguen activos solamente 204.
Al desmenuzar las cifras, el documento oficial de la dictadura dice que 40 casos activos corresponden a víctimas perfiladas como personas defensoras de derechos humanos, 21 personas son indígenas, 8 son garífunas y 12 corresponden a la diversidad sexual LGBTI.
Por supuesto el texto no hace una valoración de los casos perdidos por asesinato mientras transcurrían las medidas o de los casos nunca prevenidos, pese a las insistentes señales rojas lanzadas por el contexto de las víctimas.
Para un país sumergido en las violencias públicas y privadas, esas cifras representan un valor minúsculo del total de hechos ocurridos entre 2016 y 2018. Representan, como dijimos al inicio, el alto nivel de desconfianza frente al Estado.
Agrega el Informe de Derechos Humanos del régimen entregado al EPU este año que las cifras cambiaron un poquito en el tiempo: hoy suman 482 los casos analizados por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección de Defensores.
Y este es uno de los cuestionamientos más frecuentes a la burocracia estatal de derechos humanos por parte de las víctimas, el hecho que su análisis es deficiente, malicioso y tardío. Estamos en la víspera del examen.
En realidad, decenas de peticionarios de la protección estatal han desistido en el proceso, otros nunca fueron escuchados debidamente y muchos de los beneficiarios desistieron de los mecanismos de protección otorgados, porque éstos sólo consistían en la asignación de un policía a quien además había que alimentar con los recursos de la víctima.
Como lo expresó recientemente Amada Ponce, la directora del Comité por la Libre Expresión: “después de siete alertas nacionales por violaciones a la libertad de expresión del periodista Luis Almendares nadie escuchó su voz, nadie del mecanismo de protección pudo poner las manos sobre la vida de esta persona, su presencia fue tardía; la policía nacional llegó tres horas después al lugar del ataque, el domingo 27 de septiembre”.
El periodista Almendares había denunciado los mismos patrones que anteceden todos los crímenes de defensores en Honduras: acoso cibernético a través de redes sociales con lenguaje que inspira odio, envío de amenazas escritas en forma anónima, descalificación pública a través de medios masivos, seguimiento con vehículos desconocidos, toma de fotografías, sabotaje de vehículos personales, muerte de mascotas del entorno familiar, etcétera.
Un dato curioso en el documento del régimen para el examen del 6 de noviembre próximo es el apoyo de la USAID-Freedom House y de la Unión Europea, para elaborar los instrumentos de análisis y los manuales de funcionamiento del tal Mecanismo de Protección.
El dato es curioso porque precisamente esas dos instancias son responsables de la situación violenta en Honduras, por financiar y avalar el fraude electoral y la ruptura de la Constitución de este país por una banda golpista y corrupta.
Pero hay otro dato que además de curioso es lamentable, está contenido en el último párrafo de este informe, y dice: “El Estado de Honduras agradece a todos los gobiernos, agencias de cooperación internacional y organismos de sociedad civil que han servido de aliados indispensables para realizar los presentes avances, y alienta a los Estados a continuar, y de ser posible, aumentar sus programas de cooperación con Honduras, así como el aumento de su inversión en el país”.
Esto se resume en palabras del pueblo: “ya hicimos la tarea, ahora queremos más pisto”. Pidiches. Actualmente, esta burocracia de la mendicidad tiene un presupuesto de 25 millones de lempiras.
Por hechos como esos, al valorar la aplicación de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos, comunicadoras y jueces en Honduras, diversas organizaciones son críticas de esta imitación de leyes similares aplicadas antes en Colombia, México y Guatemala, países violentados por sus propias castas políticas y, por supuesto, por la política exterior de Estados Unidos.
“El Sistema de Protección afirmó a Amnistía Internacional que viene otorgando medidas de protección de infraestructura y tecnología, así como otro tipo de medidas preventivas, además de haber llevado a cabo 3 reconocimientos públicos a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos entre enero y mayo de 2018”, dice un informe de esta reconocida organización basada en Londres.
Lo anterior representa un avance importante para la implementación de medidas no policiales dirigidas a atacar las causas estructurales de la violencia contra defensores y defensoras, reconoce Amnistía. Sin embargo, dice, es necesario que el reconocimiento público de las autoridades sea continuo y que no se exprese únicamente con mensajes aislados.
El documento cita la visión del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, dice: “El COFADEH, por ejemplo, ha señalado que el enfoque dado por el Sistema a las medidas de protección es generalmente reactivo y no preventivo”.
Ahí está. Esta es la crítica general, causa principal de las desconfianzas.
Un informe sobre este mismo tema de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, da en el clavo, dice: “la displicencia del Ministerio Público y el Poder Judicial (dentro del Consejo del Sistema de Protección) alienta la impunidad y (retrasa) la búsqueda de soluciones duraderas a la grave situación de violaciones a derechos humanos y ataques contra personas defensoras. Igualmente, dice WOLA, la participación de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad en el Consejo generan preocupación, porque son los principales agentes de riesgo de las personas defensoras y de las denuncias de violaciones a derechos humanos de la población”.
Bueno, ¿para qué más? El problema es que así las cosas, nos siguen masacrando la existencia. Por eso hay que hablar también durante el Examen Periódico Universal. Para allá vamos.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 3 de octubre de 2020
A 23 años del asesinato de Carlos Escaleras, personas defensoras del ambiente siguen siendo asesinadas en Honduras
Las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento denunciamos el contexto de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente en Honduras, y llamamos a la aprobación e implementación de un protocolo para la debida diligencia en la investigación de crímenes en su contra.
San José, San Pedro Sula y Tegucigalpa, 20 de octubre de 2020.- En octubre de 1997 el defensor de derechos humanos y ambientalista Carlos Escaleras fue asesinado en Honduras como represalia por su labor. Más de dos décadas después, frente a la impunidad de los autores intelectuales del crimen, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual, mediante una Sentencia de Homologación del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre las partes, reconoció como responsable al Estado de Honduras por los hechos, en particular por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos de Carlos Escaleras, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares.
En su sentencia, la Corte también reconoció el contexto de violencia que, en su momento, enfrentaban las personas defensoras del ambiente en Honduras y que, al día de hoy, se ha profundizado. En la última década, alrededor de 150 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas en Honduras, al menos 14 de ellas en 2019. El país se mantiene como uno de los más mortales para personas defensoras en la región, según el más reciente reporte de Global Witness. Tan solo en los últimos meses se han registrado, entre otras múltiples agresiones, la desaparición de los líderes garífunas Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Albert Snaider Centeno Thomas; así como el asesinato de ambientalistas y personas vinculadas a la defensa de la naturaleza y los bienes comunes, como Marvin Damián Castro, José Antonio Teruel y Arnold Joaquín Morazán Erazo.
Estos asesinatos representan la expresión última de agresiones en contra de personas defensoras; sin embargo, quienes defienden derechos humanos y el ambiente en Honduras enfrentan de manera constante una multiplicidad de agresiones. Ejemplo de ello son las recientes agresiones denunciadas por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como los ataques y criminalización denunciadas por la comunidad de Guapinol, cuya labor de defensa se enfoca, precisamente, en la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Frente a este contexto, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Mesa de Seguimiento) recordamos el legado de Carlos Escaleras y hacemos un llamado urgente al Estado de Honduras a reconocer la fundamental labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en el país y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas y seguras para el ejercicio de su labor.
En particular, llamamos a la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de Carlos Escaleras y de todas las personas defensoras asesinadas en Honduras. Tal y como han señalado los órganos interamericanos, reconocemos que la impunidad de estos crímenes da lugar a nuevas violaciones de derechos humanos, por lo que el Estado debe asumir sus obligaciones internacionales como garante a la labor y ejercicio del derecho a defender derechos.
En este sentido, urgimos al Estado a avanzar en las medidas de reparación establecidas en la Sentencia, y en particular, a aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo ordenó la Corte IDH en 2018. Este protocolo es urgente para reconocer el contexto de riesgo que enfrentan las personas defensoras, avanzar hacia el acceso a la verdad y la justicia, y combatir la constante impunidad que acompaña estas agresiones sistemáticas para evitar que esta realidad continúe.
En este nuevo aniversario de los hechos, conmemoramos la vida y lucha de Carlos Escaleras, enviamos nuestra solidaridad a su familia, y sostenemos nuestro compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia para todas las personas defensoras en Honduras.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas
COVID-19 en el mundo: Casos de coronavirus superan los 34 millones
Los casos globales de COVID-19 han superado hoy a 34 000 000, mientras que las víctimas mortales han llegado a 1 016 000, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En la última jornada se reportaron más de 315 000 casos, la cifra más alta de la semana, y 6 347 muertes, informa EFE.
Al actual ritmo de contaminaciones, cada semana el número de casos confirmados aumenta en aproximadamente dos millones.
América suma actualmente 16,7 millones de casos, el sur de Asia 7,1 millones y Europa 6,01 millones.
Estados Unidos, cuyo presidente y su esposa han dado positivo a una prueba de coronavirus, es el país con más casos acumulados, un total de 7,16 millones, aunque el número de infecciones registradas en India en la última semana es prácticamente el doble.
En los últimos siete días las autoridades sanitarias de India han detectado 575 000 casos, mientras que en EE.UU. han sido 291 000.
Biden y su mujer dan negativo tras someterse al test
Joe Biden recién llegado al Aeropuerto Internacional de Milwaukee Mitchell, en Wisconsin. Foto: Kevin Lamarque/Reuters.
El candidato demócrata a la Casa Blanca y exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado negativo al test de coronavirus al que se ha sometido después de que se supiera que su contrincante electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, la primera dama Melania Trump, se habían contagiado.
"Me alegra informar que Jill y yo hemos dado negativo por COVID", ha escrito el antiguo vicepresidente en su Twitter. "Gracias a todos por vuestros mensajes de preocupación", ha añadido.
Así las cosas, el candidato demócrata a la Casa Blanca ha confiado en que lo ocurrido con el contagio de Trump "sirva como un recordatorio: usa mascarilla, manten la distancia social y lava tus manos".
Biden, de 77 años, participó el pasado martes con Trump en el primer debate presidencial con vistas a las elecciones de noviembre. Ambos candidatos guardaron una distancia considerable entre sí a lo largo de todo el encuentro, superior a los dos metros de separación recomendados por las autoridades sanitarias.
Durante el debate, Trump afeó a su contrincante el constante uso de la mascarilla en actos públicos, una protección que el presidente norteamericano solo ha empleado de manera esporádica.
El demócrata se ha sumado también a los mensajes de solidaridad con el mandatario y le ha deseado una "pronta recuperación". "Seguiremos rezando por la salud y el bienestar del presidente y de su familia", ha tuiteado.
(Con información de agencias y medios)
Piden judicializar a involucrados en compra de hospitales móviles
- 20/10/2020
En las últimas horas, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, presentó un informe en el que dio a conocer que los nuevos hospitales móviles que llegaron al país hace una semana, tienen desperfectos. Entre los hallazgos encontrados es que los hospitales tienen filtraciones de agua, paredes oxidadas y equipo de mala calidad.
En ese sentido, el Colegio Médico de Honduras, ha salido al paso a denunciar que Honduras ha sido víctima de una nueva estafa y por ende exige a las autoridades del Ministerio Público a aplicar todo el peso de la ley contra los funcionarios involucrados.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, lamentó en Radio Progreso que al Gobierno no le interese por completo la salud de la ciudadanía quien sufre la crisis sanitaria que deja el Covid-19.
Por su parte el defensor de derechos humanos, Carlos Leiva, demandó que las autoridades encargadas de manejar la justicia, no esperen a que terminen de llegar los demás hospitales y que, amparados en los elementos probatorios existentes, procesen a los funcionarios que promovieron la compra.
Oradores de la Convención Nacional Republicana advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones
Comenzó la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Charlotte, estado de Carolina del Norte, con ominosas advertencias acerca de que una presidencia de Joe Biden podría destruir el país. Los diferentes oradores elogiaron en reiteradas ocasiones el manejo que Trump ha hecho de la pandemia, aún cuando la cantidad de personas muertas por coronavirus en el país supera las 177.000. Otros oradores como advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr. advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones.
Para ampliar esta información, vea fragmentos de los discursos de anoche.
Transcripción
AMY GOODMAN: Muchos oradores en la noche de apertura de la Convención Nacional Republicana advirtieron sobre un inminente caos si Trump pierde las elecciones. Esta es la expresentadora de Fox News, Kimberly Guilfoyle.
KIMBERLY GUILFOYLE: Quieren destruir este país y todo por lo que hemos luchado y consideramos valioso. Quieren robarles su libertad, su autonomía. Quieren controlar lo que ustedes ven, lo que piensan y en qué creen, para así poder controlar cómo viven. [Los demócratas] quieren esclavizarlos bajo una ideología débil, dependiente, liberal y de victimización, al punto que no reconocerán este país o a ustedes mismos.
AMY GOODMAN: Kimberly Guilfoyle es la pareja de Donald Trump Jr., quien habló después de ella. Ella también es la exesposa del gobernador de California, Gavin Newsom. Guilfoyle también habló de California. Pero Donald Trump Jr.también pronunció un discurso en la convención.
DONALD TRUMP JR.: Las personas de fe están bajo ataque. No se permite ir a la iglesia. Pero el caos masivo en las calles está exento. Pareciera que en estas elecciones tendremos que escoger entre la iglesia, el trabajo y la educación o disturbios, saqueos y vandalismo, —o, en la palabras de Biden y los demócratas, “protestas pacíficas”—. Los anarquistas han inundando nuestras calles y los alcaldes demócratas ordenan a la policía que se retire. Pequeñas empresas en todo Estados Unidos, muchas de ellas propiedad de minorías, están siendo incendiadas por turbas. Los alcaldes demócratas fingen que no está sucediendo. De hecho lo llamaron un “verano del amor”.
Persiste la persecución del régimen en contra del capitán Santos Rodríguez Orellana
Tegucigalpa.- El capitán Santos Rodríguez Orellana, separado de las Fuerzas Armadas (FFAA) el 21 de octubre de 2016 por denunciar la vinculación de Juan Antonio “Tony” Hernández con el narcotráfico, fue retenido ilegalmente por agentes policiales el lunes en horas de la noche, cuando el ex militar salía de un culto de una iglesia evangélica localizada en la colonia Los Pinos, de esta capital.
Juan Antonio “Tony” Hernández (hermano del jefe del régimen Juan Orlando Hernández) fue declarado culpable por narcotráfico en una Corte Federal de Estados Unidos y está a la espera de sentencia.
Tras salir de la iglesia, Rodríguez Orellana fue requerido por agentes policiales, el ex militar no se bajó del vehículo en el que se conducía, pero estuvo retenido, hasta que la intermediación de su esposa Jennifer Bonilla (abogada) y el abogado Salomón Amador, lograron su liberación.
Los policías le manifestaron al capitán, que existía una orden de captura vigente contra él, sin embargo se conoció que tal orden no tenía efecto.
Rodríguez Orellana reaccionó manifestando que no entendía el por qué lo retenían cuando en todo momento ha estado anuente a presentarse a los tribunales de justicia.
El ex militar señaló que así es la justicia en nuestro país, a los que deben, a los que le han robado y que se han dedicado al narcotráfico en este país, no les hacen nada, son a los que protegen y son los que dirigen esta institución.
“Ser detenido, ser capturado en este momento por este gobierno es la muerte”, dijo Rodríguez Orellana, al tiempo que aseguró que los señalados en narcotráfico son altos funcionarios que están al frente del gobierno, incluyendo a las autoridades de las Fuerzas Armadas.
La retención tiene todos los elementos de ser “una persecución” por las denuncias que Rodríguez Orellana ha colocado ante la opinión pública contra el régimen, manifestó un oyente que participó sobre el tema, en el programa nocturno de radio Globo, “Teguz de Noche” que dirige el periodista Abilio Reyes López.
Otros radio escuchas expresaron que decir la verdad en Honduras es un pecado capital, y otros más, manifestaron que el régimen de Juan Orlando Hernández busca capturarlo, para luego envenenarlo o hasta desaparecerlo.
Este martes 20 de octubre en horas de la mañana, Santos Rodríguez Orellana se presentará ante el Tribunal de Sentencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia del juicio oral y público en la que se ventilarán dos querellas incoadas en su contra por parte del ministro de Defensa, Fredy Santiago Díaz Zelaya.
A finales de agosto de este año, el ministro de defensa, Fredy Santiago Díaz Zelaya, General en situación de retiro y ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) interpuso dos querellas por 15 delitos de calumnias contra el capitán Santos Rodríguez Orellana.
Según el ministro de defensa, Rodríguez Orellana lo ha calumniado al vincularlo con el crimen organizado y el narcotráfico.
Los representantes legales del General Díaz Zelaya, sostuvieron que han procedido contra el capitán, ya que éste en reiteradas ocasiones ha brindado declaraciones a distintos medios alternativos de comunicación, en las que se ha mancillado el nombre del general.
CNA revela en 12 informes un desfalco de L. 817 millones de la Secretaría de Salud, Copeco e Invest-H
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó martes una síntesis sobre sus 12 informes sobre corrupción en tiempos de pandemia, publicados entre abril y septiembre del presente año, en donde se identificó que la Secretaría de Salud (Sesal), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) le provocaron al Estado una pérdida de más de L 817 millones de lempiras y, además, se exhorta al presidente Juan Hernández, para que «limpie la característica corrupción que prevalece dentro de su administración».
Entre las irregularidades más relevantes están las compras del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, de los siete supuestos hospitales móviles por más de L 1,100 millones de lempiras, cuando el valor real ascendía a L 369.1 millones, beneficiando al intermediario, Axel López, gerente de Elmed Medical System con más de L 804.8 millones.
Los siete hospitales móviles debieron estar en junio en Honduras, pero apenas dos de ellos se encuentran instalados hasta la fecha; apenas comenzó a funcionar el primero, mientras que dos más atracaron hace ocho días en Puerto Cortés.
“Como consecuencia, durante esta demora de cuatro meses han fallecido ya 2,466 compatriotas. Otro momento decepcionante para la realidad hondureña, fue que el exdirector de Invest-H favoreció a su tío, otorgándole un millonario contrato de supervisión por la instalación de un hospital móvil en Copán, contraviniendo así la Ley de Contratación del Estado. Adicionalmente, este exfuncionario también favoreció al señor Juan José Lagos, socio de Grupo GYT y esposo de la diputada por el Partido Nacional, Waleska Zelaya, al momento de comprarle 474,000 mil mascarillas KN95”, expresa el informe del CNA.
Según el CNA, también está involucrado el actual defensor de Bográn. Porque fue el representante en el período de transacción de la empresa en mención.
Desde Invest-H se sobrevaloró la compra del medicamento Ivermectina, utilizada para la composición del tratamiento MAIZ, mismo que sin tener evidencia científica de poder utilizarse contra el coronavirus, se decidió entregarlo a las comunidades de forma irresponsable, como si se tratara de una bolsa solidaria; entrega que también involucró a la Sesal al carecer de una postura científica y por emitir opiniones de carácter proselitista.El CNA también denunció a esta institución pública, visto que se identificó una sobrevaloración en la compra de equipo de bioseguridad.
El informe revela cómo el exdirector de Copeco, Gabriel Rubí, adquirió un lote de ventiladores mecánicos Breas Vivo 65, los cuales fueron traídos desde los Estados Unidos en el avión presidencial, mismos que fueron entregados al Hospital del Tórax, llegando de forma incompleta y siendo evidenciado por la entidad anticorrupción su falta de función.
Rubí goza de las prerrogativas como diputado por el Partido Nacional, sin que la justicia tome rienda sobre el no funcionamiento de estos aparatos tan necesarios para los pacientes COVID-19, pero, sobre todo, para el hospital antes mencionado.
Invest-H pagó la adquisición de 740 dispositivos, de los cuales, 410 tuvieron que estar funcionando en junio, situación que no ocurrió así, pues solo 20 de ellos permanecían funcionando. De igual modo, Bográn negoció la entrega —que tuvo que ser de emergencia— de los restantes 330 aparatos hasta la época de Navidad, para favorecer al proveedor.
Gabriel Rubí, según el CNA, pagó más de 5.5 millones de lempiras para adquirir un hospital móvil de última generación. Pero resultó ser una carpa de lona que fue ubicada en Villanueva, Cortés, la cual, carece del servicio para salvar vidas a compatriotas infectados por la nueva enfermedad.
El CNA estima que tanto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como el Ministerio Público han sido ineficientes al apostarle más a la impunidad que a la propia justicia, ya que, como se ha podido observar, ha sido mediante la presión ciudadana que estos organismos se vieron obligados para actuar, pero desde los análisis jurídicos, se contempla que los requerimientos fiscales son endebles, por lo que es posible estar ante un escenario de magnánima impunidad y corrupción, en caso de no llevar a cabo de forma correcta los procesos penales.
El Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) elaboró un documento referente a «La función constitucional de los operadores de justicia», el cual, busca ser un mecanismo de presión para evitar malas prácticas y para que el Ministerio Público (MP) pueda presentar requerimientos fiscales sólidos.
Honduras se quedará sin argumentos para superar el Exámen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas
Tegucigalpa.- Vistas las extensas recomendaciones y observaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas hechas al estado de Honduras, se concluye que el régimen de Juan Orlando Hernández se quedará sin argumentos para justificar la no aplicación de las disposiciones emanadas por el organismo mundial, enfocadas en el tema de los derechos humanos.
Un Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que contiene la recopilación sobre las observaciones y recomendaciones del organismo al estado de Honduras y que fue publicado en mayo de 2020 por el Consejo de Derechos Humanos a través del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), refleja la inmensa deuda que el estado mantiene con grandes sectores de la sociedad hondureña.
El próximo viernes 6 de noviembre de 2020 (de 9:00 AM – 12:30 PM), Honduras se someterá a su tercer Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que revisa la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.
El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.
Según el estado de Honduras de las 152 recomendaciones, 101 están implementándose. Resaltándose entre otras, las de protección a la mujer, personas migrantes, protección a defensores de derechos humanos y seguridad ciudadana.
El régimen asegura que 34 se encuentran implementadas, entre las cuales destaca la que tienen que ver con defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia y que 17 están pendientes de implementación, principalmente las relativas a la ratificación de protocolos facultativos de tratados internacionales.
Por otro lado Honduras manifiesta su profunda preocupación por el cambio climático, la presencia del crimen organizado y narcotráfico, factores que inciden en la capacidad del Estado de garantizar los derechos humanos. En el ámbito doméstico también se necesitan mayores esfuerzos para avanzar en el acceso a la justicia, reducción a la impunidad, la erradicación de la pobreza y la igualdad de género.
Mientras tanto, numerosos órganos y mecanismos de derechos humanos seguían preocupados por la persistencia de los asesinatos, las agresiones, la criminalización, el acoso, las amenazas y las campañas de desprestigio contra defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas, letrados, sindicalistas, defensores de los derechos sobre la tierra, defensores del medio ambiente, líderes de pueblos indígenas y afro hondureños, defensoras de los derechos humanos y defensores de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos destacó que la impunidad de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas seguía siendo la regla y no la excepción.
Tres comités expresaron preocupación porque el procedimiento de selección y nombramiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) todavía no era suficientemente transparente ni participativo y porque los recursos asignados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos eran insuficientes.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos se mostraron preocupados por el hecho de que el nuevo Código Penal contuviera disposiciones en las que, entre otras cosas, se restringía la libertad de expresión, se tipificaba como delito la disidencia y se reducían las penas por fraude y corrupción
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) observó que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; seguían siendo objeto de discriminación en todos los ámbitos de la vida y recomendó a Honduras que adoptara medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por las repercusiones de los proyectos energéticos, extractivos, turísticos, agroindustriales y de infraestructura sobre los territorios y recursos de los pueblos indígenas y afro hondureños.
El ACNUDH observó que se seguían otorgando títulos privados, así como licencias de concesiones sobre las tierras indígenas, sin que se celebraran consultas, y señaló que la implementación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que involucraban a las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra había enfrentado retrasos significativos.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos y el equipo en el país se mostraron preocupados porque el proyecto de ley sobre la consulta previa a los pueblos indígenas y afro-hondureños que se remitió al Congreso Nacional no se ajustaba plenamente a las normas internacionales de derechos humanos y recomendaron que se agilizara la aprobación de leyes que garantizaran los derechos de dichos pueblos y se asegurara que estos tuvieran la posibilidad de participar en el proceso de manera activa, plena y transparente.
El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos observó que la intensificación de los conflictos sociales relacionados con los proyectos de desarrollo a gran escala, solía guardar relación con la falta de celebración de consultas pertinentes y destacó la urgente necesidad de establecer un marco regulatorio claro sobre la participación.
Además, observó la falta de transparencia en el otorgamiento de licencias y concesiones ambientales, que se veía agravada por la posibilidad de clasificar elementos fundamentales del proceso en calidad de “información secreta” con arreglo a la ley.
Por otro lado, preocupa al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales las repercusiones negativas que tenían algunos proyectos de explotación de recursos naturales, que estaban ocasionando daños irreparables al medio ambiente e incidían en los derechos de las comunidades afectadas, en particular de los pueblos indígenas y afrohondureños.
El ACNUDH informó de que en 2018, siete personas acusadas del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, fueron declaradas culpables y una quedó absuelta, y que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. estaba siendo juzgado en un procedimiento separado, pero afirmó que en la tramitación del caso se observaban varias deficiencias.
Varios titulares de mandatos de procedimientos especiales subrayaron la importancia de llevar ante la justicia a los autores intelectuales y a los financiadores del asesinato
El equipo de las Naciones Unidas en el país (Honduras) recomendó que se revisara la normativa que obstaculizaba el acceso a la información pública, en particular la Ley de Secretos, y se aplicara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a todas las instituciones del Estado.
El Comité de Derechos Humanos expresó preocupación por que las disposiciones relativas a la difamación se aplicaran de manera excesiva contra las personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que, si bien la difamación ya no era un delito con arreglo al nuevo Código Penal, la calumnia y la injuria seguían tipificadas como delito.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) registró que, desde 2008, 37 periodistas habían sido asesinados, y observó que solo se habían resuelto 7casos.
Recomendó que Honduras investigará los casos no resueltos de periodistas asesinados y considerará la posibilidad de aprovechar el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que el delito de asociación terrorista, previsto en el nuevo Código Penal tenía un alcance excesivamente amplio que podía utilizarse en contra de los defensores de los derechos humanos.
El equipo de las Naciones Unidas en el país (Honduras) consideró urgente que se dotara de recursos suficientes al Mecanismo Nacional de Protección a Defensores. El ACNUDH observó que el Consejo del Mecanismo Nacional seguía siendo débil, principalmente debido al modesto compromiso de algunas de las instituciones que lo integraban y observó deficiencias en la aplicación de las medidas de protección.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos señalaron la disminución de la tasa de homicidios, pero destacaron que el nivel de violencia e inseguridad en Honduras seguía siendo elevado.
El ACNUDH observó que la delincuencia organizada, incluidos los cárteles y las bandas como las maras y las pandillas, se había infiltrado en organismos públicos y en el ámbito político más amplio.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por el programa “Guardianes de la Patria”, que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas (FFAA) en instalaciones militares, y recomendó que la educación formal y todo tipo de formación dirigida a los niños, fueran llevadas a cabo por entidades especializadas en la educación de la niñez.
La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló la creación en 2013 de la Policía Militar del Orden Público como respuesta de emergencia a corto plazo destinada a apoyar a la policía nacional.
El ACNUDH observó que la medida que se había adoptado en calidad de régimen excepcional se había convertido en una práctica normalizada y que en 2018 el Gobierno había reforzado el trabajo conjunto policial-militar.
Entre tanto, el ACNUDH observó que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General eran parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, órgano dependiente del poder ejecutivo encargado de diseñar las estrategias de prevención y combate de las conductas delictivas, y consideró que correspondía modificar la composición y estructura del mismo; para no afectar la independencia de la administración de justicia.
El Comité de Derechos Humanos se mostró preocupado porque un número considerable de recomendaciones formuladas en 2011 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en relación con las vulneraciones que se habían producido durante el golpe de estado de 2009, aún no se habían aplicado plenamente.
Recomendó que Honduras asegurara la investigación y el enjuiciamiento de las presuntas vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante el golpe de estado
El ACNUDH afirmó que la credibilidad del sistema electoral se había visto afectada por las elecciones de 2017 y se hizo eco de la información que indicaba que el decreto de 2019 por el que se reformaban los órganos electorales, contenía incoherencias y ambigüedades que dificultaban asegurar la transparencia del proceso en las elecciones presidenciales de 2021.
El Exámen Periódico Universal (EPU) es uno de los elementos clave del Consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como éste.
Un ciclo de revisión tiene un período de duración de cuatro años y medio en que todos los Estados miembros de la ONU en materia de derechos humanos son examinados. El Grupo de Trabajo se reúne dos o tres semanas de sesiones por año, o 14 sesiones a lo largo de un ciclo completo.
Captura de exministro de Defensa mexicano podría salpicar a militares hondureños
- 20/10/2020
La captura del exministro de defensa Salvador Cienfuegos Zepeda por el Gobierno de Estados Unidos, quien lo supone responsable de los delitos de tráfico de droga y lavado de dinero, puede generar un impacto directo con políticos y funcionarios implicados en narcotráfico, según analistas.
El 4 de julio de 2017, las Fuerzas Armadas de Honduras, galardonaron a Cienfuegos con la máxima condecoración del ente castrense denominada “Gran Cruz de las Fuerzas Armadas”.
A criterio del especialista en derecho internacional, Tony García, Cienfuegos tiene dos caminos: declararse culpable y cooperar, o defender su inocencia.
En tal sentido, García dejó claro que si Cienfuegos está involucrado en los delitos que se le imputan y empieza a delatar a personajes de alto rango vinculados con narcoactividad en la región, muchos políticos hondureños pueden salir salpicados.
Por su parte el capitán Santos Rodríguez Orellana, quien ha denunciado en varias ocasiones que las Fuerzas Armadas mantienen relación de colaboración con carteles de narcotráfico en la región, dijo que si en este caso el Gobierno norteamericano tiene pruebas de la participación de Cienfuegos en tales actividades, no se descarta que esto impacte con las estructuras delictivas que siguen vigentes en Honduras.
La caída de Cristóbal Colón
De Canadá a Chile la herida crece y el clamor también. Las estatuas de los esclavistas, los exterminadores y los pacificadores van cayendo, una tras otra, al basurero de la Historia.
El 12 de octubre de 2020 pudo ser el día que cayera Cristóbal Colón de su pedestal en el Paseo de la Reforma. Las autoridades capitalinas prefirieron adelantarse al derribamiento anunciado durante la movilización anual que de un tiempo a esta parte sustituye al Día de la Raza, que ya nadie se atreve a conmemorarlo así. Los distinguidos Caballeros de Colón (apodados por la plebe resentida como las Mulas de don Cristóbal), una élite de ultraderecha que dominaba las festividades guadalupanas y colombinas, fueron borrados de la escena. En el calendario cívico, el descubrimiento de América cedió paso al eufemístico encuentro de dos mundos.
La revuelta se había iniciado y no tenía reversa. Contra todo pronóstico antropológico, político o demográfico, los pueblos originarios del continente recuperaron voz y presencia. Mejor dicho, ganaron una voz y una presencia que nunca antes habían tenido.
Aunque la transformación en la conciencia colectiva de los llamados indios (indígenas, nativos americanos, aborígenes, pueblos originarios) databa de antes –en algunos casos, como en la región andina, de la década de 1930–, la fecha de quiebre es 1992. Los fastos por el Quinto Centenario de la corona restaurada y los afanosos gobiernos hispanoamericanos se cebaron ante un despertar continental sin precedente, que el 12 de octubre de ese año se manifestó en Quito y San Cristóbal de Las Casas con un nuevo impulso: el de la reivindicación colectiva de la América profunda.
En Ecuador los pueblos sacaron arcos y flechas. En Chiapas, los mecates y los marros. En la vieja Ciudad Real, la conmemoración indígena rescribió la Historia. Los indios ariscos espantaron a la población ladina y el gobierno los miró con desprecio. En una acción que fue percibida como excesiva, un grupo de manifestantes mayas derribó la estatua del conquistador y genocida Diego de Mazariegos.
Estatua de Colón del Paseo de la Reforma, México DF, sin Colón.
La recuperación de la memoria comenzó a exhibir a los grandes conquistadores como lo que fueron, unos asesinos. Colón el primero (o sus esbirros), y si él no fue el peor es porque le faltó el tiempo que tuvieron de sobra los españoles y portugueses que lo siguieron. Tiempo después se sumarían holandeses, franceses e ingleses a cual más de despiadados.
Como el imperio romano prueba mejor que nadie, la Historia la escriben los vencedores. Eso no salva de la decadencia y la derrota a los imperios, así pasen muchos años. Para las sociedades dominantes del hemisferio, los indígenas siguen siendo un inconveniente mal resuelto, pero las estatuas caen como los bolos a últimas fechas, así como los descubridores tumbaron ídolos y templos en su momento. Esto habla no sólo de un despertar, sino de una pérdida del miedo. La caída de Mazariegos en la plaza de Santo Domingo retumbó un año después cuando el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocupó San Cristóbal y otras plazas.
En América entera el arrebato indígena ya no se detuvo. La nueva conciencia permitió ver al fin como crueles asesinos a los héroes del hombre blanco, fueran Andrew Jackson o los generales Roca y Díaz. La literatura, de Ercilla a Borges, cayó de pronto en el lado equivocado. En México la Revolución originó una suerte de vicaria reivindicación con el indigenismo institucional, académico y literario, más cercano a la lástima y el ánimo sepulturero. El genocidio, aun si lento, nunca se fue, y sigue agazapado en las paternalistas buenas intenciones de López Obrador, que se parecen a las de Echeverría, que se parecían a las de Cárdenas, que se parecían a las de…
Esta mentalidad ya caducó. Al menos para los sectores más conscientes y libres de la indianidad americana. De Canadá a Chile la herida crece y el clamor también. Las estatuas de los esclavistas, los exterminadores y los pacificadores van cayendo, una tras otra, al basurero de la Historia.
Fierros viejos, nostalgia pálida, vergüenza mal disimulada en los intentos criollos de pedir perdón y demandarlo al Viejo Mundo, resultan inútiles disculpas sin correlato con la realidad medio milenio después. Más allá de los reyes cuestionados y los pontífices interpelados, la victoria de los pueblos se prolonga en su vida sostenida y la recuperación de la memoria. Como desafío urbanístico y a la ley y el orden, las estatuas seguirán cayendo. Se han convertido en otro escenario del debate político. Donde puede, el Estado las defiende, pero en manos indígenas la Historia de América está en radical remodelación.
La Jornada
Libertad para Assange
La muerte del periodismo
Los periodistas han allanado el camino de Assange al Gulag de EE.UU.
Foto: Detención de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, abril de 2019
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Esta semana han comenzado las audiencias en un tribunal británico para dictaminar sobre la extradición de Julian Assange. Las vicisitudes de más de una década que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos deberían horrorizar a todo aquel preocupado por la creciente fragilidad de nuestras libertades.
Un periodista y editor ha sido privado de libertad durante diez años. Según los expertos de Naciones Unidas, Assange ha sido arbitrariamente detenido y torturado la mayor parte de ese tiempo mediante un estricto confinamiento físico y una presión psicológica continuada. La CIA ha pinchado sus comunicaciones y le ha espiado cuando estaba bajo asilo político, en la embajada de Ecuador en Londres, vulnerando sus derechos legales más fundamentales. La jueza que ha supervisado las vistas tiene un grave conflicto de intereses (su familia está muy relacionada con los servicios de seguridad británicos) que no ha declarado y que debería haberla impedido hacerse cargo del caso.
Todo indica que Assange será extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio amañado frente a un gran jurado dispuesto a enviarle a una prisión de máxima seguridad para cumplir una sentencia de hasta 175 años de prisión.
Todo esto no está pasando en una dictadura de pacotilla del Tercer Mundo. Está teniendo lugar bajo nuestras narices, en una gran capital occidental y en un Estado que dice proteger los derechos de la prensa libre. Está ocurriendo no en un abrir y cerrar de ojos, sino a cámara lenta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.
La única justificación para este ataque implacable a la libertad de prensa –dejando de lado la sofisticada campaña de ataque que los gobiernos occidentales y los medios de comunicación sumisos han llevado a cabo contra la personalidad de Assange– es que un hombre de 49 años publicó documentos que mostraban los crímenes de guerra de EE.UU. Esa es la razón –la única razón– por la que Estados Unidos pretende su extradición y por la que Assange ha estado languideciendo en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh durante la pandemia del covid-19. La solicitud de libertad bajo fianza promovida por sus abogados fue rechazada.
Una cabeza en una pica
Mientras toda la prensa le abandonaba hace una década, y se hacía eco de los comentarios oficiales que lo ridiculizaban por su higiene personal y el tratamiento a su gato, Assange se encuentra actualmente en la situación que predijo en su día que estaría si los gobiernos occidentales se salían con la suya. Está a la espera de su entrega a Estados Unidos para ser encerrado el resto de sus días.
Dos son los objetivos que Estados Unidos y Reino Unido querían lograr mediante la evidente persecución, reclusión y tortura de Assange.
En primer lugar, la inhabilitación de el propio Assange y de Wikileks, la organización de transparencia que fundó con otros colaboradores. El uso de Wikileaks tenía que ser demasiado arriesgado para potenciales denunciantes de conciencia. Esa es la razón por la que Chelsea Manning (la soldado estadounidense que filtró los documentos sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán por los que Assange se enfrenta a la extradición) también fue sometida a una rigurosa reclusión. Posteriormente sufrió repetidos castigos en la prisión para forzarla a testificar contra Assange.
El propósito era desacreditar a Wikileaks y organizaciones similares y evitar que publicaran nuevos documentos reveladores, del tipo de los que muestran que los gobiernos occidentales no son los “chicos buenos” que manejan los asuntos del mundo en beneficio de la humanidad, sino matones globales muy militarizados que promueven las mismas políticas coloniales de guerra, destrucción y pillaje que siempre han aplicado.
Y, en segundo lugar, había que sentar ejemplo. Assange tenía que sufrir horriblemente y a la vista de todos para disuadir a otros periodistas de seguir sus pasos. Sería el equivalente moderno de colocar la cabeza del enemigo en una pica a las puertas de la ciudad.
El hecho evidente –confirmado por la cobertura mediática del caso– es que esa estrategia promovida principalmente por EE.UU. y Reino Unido (con Suecia jugando un papel secundario) ha tenido un enorme éxito. La mayor parte de los periodistas de los grandes medios siguen vilipendiando con entusiasmo a Assange, ahora al ignorar su terrible situación.
Una historia oculta a vista de todos
Cuando Assange se apresuró a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en 2012, los periodistas de todos los medios convencionales ridiculizaron su afirmación (ahora claramente justificada) de que intentaba evadir la iniciativa de EE.UU. para extraditarle y encerrarle de por vida. Los medios continuaron con su burla incluso cuando se acumularon pruebas de que un gran jurado se había reunido en secreto para redactar acusaciones de espionaje contra él, y que dicho jurado actuaba desde el distrito oriental de Virginia, sede central de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidense. Cualquier jurado de la zona está dominado por el personal de seguridad y sus familiares. No tenía ninguna esperanza de lograr un juicio justo.
Llevamos ocho años soportando que los grandes medios eludan el fondo del caso y se dediquen complacientes a atacar su personalidad, lo que ha allanado el camino para la actual indiferencia del público ante la extradición de Assange y ha permitido la ignorancia general de sus horrendas implicaciones.
Los periodistas mercenarios han aceptado, al pie de la letra, una serie de razonamientos que justifican el encierro indefinido de Assange en interés de la justicia –antes incluso que su extradición– y que se pisotearan sus derechos legales más básicos. El otro lado de la historia –el de Assange, la historia oculta a vista de todos– ha permanecido invariablemente fuera de la cobertura mediática, ya sea de la CNN, o del New York Times, la BBC o el Guardian.
Desde Suecia hasta Clinton
Al principio se dijo que Assange había huido para no responder a las acusaciones de agresión sexual presentadas en Suecia, a pesar de que fueron las autoridades suecas las que le permitieron salir del país; a pesar de que la fiscal original del caso, Eva Finne, descartara la investigación contra él por “no existir sospecha alguna de cualquier delito”, antes de que otra fiscal tomara el caso por razones políticas apenas ocultas; y a pesar de que Assange posteriormente invitara a la fiscalía sueca a interrogarle en el lugar donde se encontraba (en la embajada), una opción que normalmente no supone ningún problema en otros casos pero fue absolutamente rechazada en este.
No se trata solo de que los grandes medios no proporcionaran a sus lectores el contexto de la versión de Suecia. Ni de que se ignoraran muchos otros factores a favor de Assange, como la prueba falsificada en el caso de una de las dos mujeres que alegaron agresión sexual y la negación por parte de la otra a firmar la acusación de violación que la policía había preparado para ella.
Se mentía burda y repetidamente al decir que se trataba de una “denuncia de violación”, cuando Assange simplemente era requerido para un interrogatorio. Nunca se levantaron cargos de violación contra él porque la segunda fiscal sueca, Marianne Ny –y sus homónimos británicos, entre otros Sir Keir Starmer, entonces fiscal jefe del caso y ahora líder del Partido Laborista– aparentemente intentaban evitar la poca credibilidad de las alegaciones interrogando a Assange. Era mucho mejor para sus propósitos dejar que Julian se pudriera en un pequeño cuarto de la embajada.
Cuando el caso sueco se vino abajo –cuando resultó evidente que la fiscal original tenía razón al concluir que no existía prueba alguna que justificara nuevos interrogatorios, por no decir acusaciones firmes– la clase política y los medios de comunicación cambiaron de táctica.
De repente la reclusión de Assange estaba implícitamente justificada por razones completamente diferentes, razones políticas –porque supuestamente había contribuido a la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump publicando correos electrónicos, presuntamente “hackeados” por Rusia de los servidores del partido Demócrata. El contenido de esos correos, ocultos por los medios en aquel entonces y muy olvidados en la actualidad, desvelaban la corrupción en la campaña de Clinton y las iniciativas llevadas a cabo para sabotear las primarias del partido y debilitar a su rival para la nominación presidencial, Bernie Sanders.
The Guardian fabrica una mentira
A la derecha autoritaria no le ha preocupado mucho el prolongado confinamiento de Assange en la embajada y su posterior encarcelamiento en Belmarsh por haber sacado a la luz los crímenes de guerra de EE.UU., por tanto la prensa no ha invertido ningún esfuerzo en unirla para la causa. La campaña de demonización contra Assange se ha centrado en temas a los tradicionalmente son más sensibles los liberales y la izquierda, que de otro modo tendrían escrúpulos en tirar por la borda la Primera Enmienda y encerrar a la gente por hacer periodismo.
Al igual que las alegaciones de Suecia, a pesar de que no concluyeran en ninguna investigación, se aprovecharon de lo peor de las impulsivas políticas identitarias de la izquierda, la historia de los correos “hackeados” fue diseñada para distanciar a la base del partido Demócrata. Por extraordinario que parezca, la idea de que Rusia penetró en los ordenadores del partido Demócrata persiste a pesar de que pasados los años –y tras una ardua investigación del “Rusiagate” a cargo de Robert Mueller– todavía no se puede sostener con pruebas reales. De hecho, algunas de las personas más cercanas a la materia, como el antiguo embajador británico Craig Murray, han insistido todo el tiempo en que los correos no fueron hackeados por Rusia, sino filtrados por un miembro desengañado del partido Demócrata desde el interior.
Pero todavía es un argumento de mayor peso el hecho de que una organización de transparencia como Wikileaks no tenía más opción que exponer los abusos del partido Demócrata, una vez que obraron en su poder dichos documentos, fuera cual fuera la fuente.
Una vez más, la razón por la que Assange y Wikileaks acabaron mezclados con el fiasco del Rusiagate –que desgastó la energía de los simpatizantes demócratas en una campaña contra Trump que lejos de debilitarle le fortaleció– es la cobertura crédula que realizaron prácticamente todos los grandes medios del caso. Periódicos liberales como el Guardian fueron aún más lejos y fabricaron descaradamente una historia –en la que falsamente informaban de que el asistente de Trump, Paul Manafort, y unos “rusos” sin nombre visitaron en secreto a Assange en la embajada– sin que ello les trajera repercusiones ni llegaran a retractarse en ningún momento.
Se ignora la tortura de Assange
Todo ha posibilitado lo ocurrido posteriormente. Una vez que el caso de la fiscalía sueca se desvaneció y no existían motivos razonables para impedir que Assange saliera en libertad de la embajada, los medios de comunicación decidieron en comandita que el quebrantamiento técnico de la libertad vigilada era motivo suficiente para su reclusión continuada en la embajada o, mejor aún, para su detención y encarcelamiento. Dicho quebrantamiento se basada, desde luego, en la decisión de Assange de buscar asilo en la embajada motivada por el justificada creencia en que Estados Unidos planeaba pedir su extradición y encarcelamiento.
Ninguno de estos periodistas bien pagados pareció recordar que, según el derecho británico, está permitido no cumplir las condiciones de la fianza si existe una “causa razonable”, y huir de la persecución política entra evidentemente dentro de las causas razonables.
Los medios de comunicación también ignoraron deliberadamente las conclusiones del informe de Nils Melzer, académico suizo de derecho internacional y experto de Naciones Unidas en la tortura, según las cuales Reino Unido, EE.UU. y Suecia no solo habían negado a Assange sus derechos legales básicos sino que se habían confabulado para someterle a años de tortura psicológica –una forma de tortura, según señalaba Melzer, perfeccionada por los nazis por ser más cruel y más efectiva que la tortura física.
Como resultado, Assange ha sufrido un importante deterioro en su salud física y cognitiva y ha perdido mucho peso. Nada de ello ha merecido más allá de una simple mención por parte de los grandes medios –especialmente cuando su mala salud le ha impedido asistir a alguna audiencia. Las repetidas advertencias de Melzer sobre el maltrato a Assange y sus efectos han caído en oídos sordos. Los medios de comunicación simplemente han ignorado las conclusiones de Melzer, como si nunca hubieran sido publicadas, en el sentido de que Assange ha sido, y está siendo, torturado. Solo tenemos que detenernos a pensar la cobertura que habría recibido el informe de Melzer si hubiera sido motivado por el tratamiento a un disidente de un Estado oficialmente enemigo como Rusia o China.
La sumisión de los medios de comunicación ante el poder
El año pasado la policía británica –en coordinación con un Ecuador presidido por Lenin Moreno, ansioso por estrechar sus lazos con Washington– irrumpió en la embajada para sacar a la fuerza a Assange y encerrarle en la prisión de Belmarsh. Los periodistas volvieron a mirar hacia otro lado en la cobertura de este suceso.
Llevaban cinco años manifestando la necesidad de “creer a las mujeres” en el caso de Assange, aunque eso supusiera ignorar las evidencias, y luego proclamando la santidad de las condiciones de la fianza, aunque se usaran como un simple pretexto para la persecución política. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante. De repente, los nueve años de reclusión de Assange basados en la investigación de una agresión sexual inexistente y una infracción menor de la fianza fueron sustituidos por la acusación por un caso de espionaje. Y la prensa volvió a unirse contra él.
Hace unos pocos años la idea de que Assange pudiera ser extraditado a EE.UU. y encerrado de por vida, al considerar “espionaje” su práctica del periodismo, era objeto de mofa por su inverosimilitud. Era algo tan ofensivamente ilegal que ningún periodista “establecido” podía admitir que fuera la verdadera razón para su solicitud de asilo en la embajada. La idea fue ridiculizada como un producto de la imaginación paranoide de Assange y sus seguidores y una excusa fabricada para rehuir la investigación de la fiscalía sueca.
Pero cuando la policía británica invadió la embajada en abril del pasado año y le detuvo para facilitar su extradición a Estados Unidos, precisamente acusándole de espionaje, lo que confirmaba las sospechas de Assange, los periodistas informaron de ello como si desconocieran el trasfondo de la historia. Los medios olvidaron deliberadamente el contexto porque les habría obligado a aceptar que son unos ingenuos ante la propaganda estadounidense, unos apologistas del excepcionalismo de Estados Unidos y de su ilegalidad, y porque habría demostrado que Assange, una vez más, tenía razón. Habría demostrado que él es el verdadero periodista, y no ellos y su periodismo corporativo apaciguado, complaciente y sumiso.
La muerte del periodismo
En estos momentos todos los periodistas del mundo deberían rebelarse y protestar ante los abusos que ha sufrido y está sufriendo Assange, un fatídico destino que se prolongará si se aprueba su extradición. Deberían estar publicando en las primeras páginas y manifestando en los programas informativos de televisión su protesta por los abusos interminables y descarados del proceso contra Assange en los tribunales británicos, entre otros el flagrante conflicto de intereses de Lady Emma Arbuthnot, la juez que supervisa el caso.
Deberían armar un escándalo por la vigilancia ilegal de la CIA a la que fue sometido Assange mientras se hallaba recluido en las instalaciones de la embajada ecuatoriana, e invalidar la falsa acusación contra él por haber violado las relaciones entre abogado y cliente. Deberían mostrarse indignados ante las maniobras de Washington, a las que los tribunales británicos aplicaron una fina capa del barniz del procedimiento reglamentario, diseñado para extraditarle bajo la acusación de espionaje por realizar un trabajo que está en el mismo núcleo de lo que se supone es el periodismo: pedir cuentas al poder.
Los periodistas no tienen por qué preocuparse por Assange ni este tiene por qué caerles bien. Tienen que manifestar su protesta porque la aprobación de su extradición marcará la muerte oficial del periodismo. Significará que cualquier periodista del mundo que desentierre verdades embarazosas sobre Estados Unidos, que descubra sus secretos más oscuros, tendrá que guardar silencio o se arriesgará a pudrirse en una cárcel el resto de su vida.
Esa perspectiva debería horrorizar a cualquier periodista. Pero no ha ocurrido así.
Carreras y estatus, no la verdad
Claro está que la inmensa mayoría de periodistas occidentales no llegan a desvelar un secreto importante de los centros de poder en toda su carrera profesional, ni siquiera aquellos que aparentemente se dedican a monitorizar esos centros de poder. Dichos periodistas reescriben los comunicados de prensa y los informes de los grupos de presión, sonsacan a fuentes internas del gobierno que los utilizan para llegar a las grandes audiencias y transmiten los chismes y maledicencias de los pasillos del poder.
Esa es la realidad del 99 por ciento de lo que llamamos periodismo político.
No obstante, el abandono de Assange por parte de los periodistas –la completa falta de solidaridad ante la persecución flagrante de uno de ellos, similar a la de los disidentes que tiempo atrás eran enviados a un gulag– debería deprimirnos. No significa solo que los periodistas han abandonado la pretensión de hacer auténtico periodismo, sino también que han renunciado a la aspiración de que cualquier otro lo haga.
Significa que los periodistas de los grandes medios, los medios corporativos, están dispuestos a ser considerados por sus audiencias con mayor desdén de lo que ya lo son. Porque, a través de su complicidad y su silencio, se han puesto del lado de los gobiernos para que cualquiera que pida cuentas al poder, como Assange, termine entre rejas. Su propia libertad les encasilla como una élite cautiva; la prueba irrefutable de que sirven al poder es que no lo confrontan.
La única conclusión posible es que a los periodistas de los grandes medios les importa menos la verdad que su carrera profesional, su salario, su estatus y su acceso a los ricos y poderosos. Como Ed Herman y Noam Chomsky explicaron hace tiempo en su libro Los guardianes de la libertad, los periodistas alcanzan la clase media tras un largo proceso diseñado para deshacerse de aquellos que no están claramente en sintonía con los intereses ideológicos de sus editores.
Una ofrenda sacrificial
En resumen, Assange desafió a todos los periodistas al renunciar a su “acceso” (a dios) y a su modus operandi: revelar destellos ocasionales de verdades muy parciales obtenidas de sus fuentes “amigables” (e invariablemente anónimas) que utilizan los medios de comunicación para marcar puntos a sus rivales de los centros de poder.
En vez de eso, a través de denunciantes de conciencia, Assange desenterró la verdad cruda, sin adornos, plena, cuya exposición a la luz pública no ayudaba a ningún poderoso, solo a nosotros, al público, cuando tratábamos de entender lo que se estaba haciendo y se había hecho en nuestro nombre. Por primera vez pudimos ser testigos del comportamiento peligroso y a menudo criminal de nuestros dirigentes.
Assange no solo puso en evidencia a la clase política, también a los medios de comunicación, por su debilidad, su hipocresía, su dependencia de poder, su incapacidad para criticar el sistema corporativo en el que están inmersos.
Pocos de ellos pueden perdonarle ese delito. Y esa es la razón por la que estarán ahí, alentando su extradición, aunque solo sea mediante su silencio. Unos pocos escritores liberales esperarán hasta que sea demasiado tarde para Assange, hasta que haya sido empaquetado para su entrega, y expresarán en columnas dolientes, con poco entusiasmo y de forma evasiva, que por muy desagradable que se supone que sea Assange no se merecía el tratamiento que Estados Unidos le había reservado.
Pero eso será demasiado poco y demasiado tarde. Assange necesitaba hace tiempo la solidaridad de los periodistas y de las asociaciones de prensa, así como la denuncia a pleno pulmón de sus opresores. Él y Wikileaks estaban a la vanguardia de un combate para reformular el periodismo, para reconstruirlo como el verdadero control del poder desbocado de nuestros gobiernos. Los periodistas tenían la oportunidad de unirse a él en esa lucha. En vez de eso huyeron del campo de batalla, dejándole como una oferta sacrificial ante sus amos corporativos.
Más información sobre la persecución a Assange (vídeo en inglés): The War on Journalism: The Case of Julian Assange (38’)
Fuente: https://www.counterpunch.org/
Julian Assange “muere” en absoluta indiferencia
La galería pública de la Corte de Magistrados de Westminster estaba abarrotada de seguidores de Assange. Foto: Reuters.
Érase una vez un gran hombre, un poco extraño para algunos, pero con el deseo de dar a conocer la verdad sobre el mundo en el que vive. Se llama Julian Assange y nació el 3 de julio de 1971 en Australia. Es un cibermilitante, un hombre brillante que descubre que la brecha es demasiado grande entre la realidad del mundo político y la información conocida por los ciudadanos. Propone, por lo tanto, crear un sitio donde todos puedan, con total protección virtual, enviar información confidencial. Así, nace Wikileaks. Assange y cuatro personas se encargan y llevan adelante el sitio.
En 2010, WikiLeaks publica documentos sobre la guerra de Irak, incluido un video, que se ha vuelto viral a nivel internacional; Asesinato colateral. Este último muestra el ataque aéreo del 12 de julio de 2007 en Bagdad. Este es un flashback
de guerra de Estados Unidos durante el cual un helicóptero
estadounidense Apache abrió fuego contra un grupo de civiles, incluidos
dos reporteros de Reuters. Al menos 18 personas murieron
durante esta redada. Civiles Inocentes. Est
Wikileaks también ha denunciado, paralelamente, los circuitos de corrupción de dictadores africanos o algunas compañías offshore rusas .
En 2010, Assange viaja a Suecia, donde un fiscal abre una investigación preliminar tras el testimonio de dos mujeres suecas, una de las cuales quería obligarlo a probar el SIDA (lo que hizo) después de tener relaciones sexuales con él, la otra se negó a firmar la declaración presentada por la policía. Después de haberlo clasificado, Suecia reabrió la investigación preliminar en mayo de 2019.
En 2012, Julian Assange, acorralado por todos lados, busca asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Permanecerá allí, encerrado, de 2012 a abril de 2019. Con el cambio de presidente en Ecuador, a principios de 2019, Assange es arrestado en la embajada por las fuerzas de seguridad británicas. Desde entonces ha sido enjaulado en Inglaterra. Estados Unidos solicita extradición por “piratería”. Al momento de escribir esta nota, Julian Assange se está muriendo. Habría perdido casi 9 kilos desde el comienzo de su confinamiento. Apenas encontrando palabras para describir la inusitada barbarie a la que es sometido, y marcada por un envejecimiento prematuro, como efecto colateral.
¿Qué pasa con el derecho internacional y la soberanía?
Julian Assange se convirtió en el objetivo, el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Foto: Toby Melville/ Reuters.
Sin entrar en los misterios de la ley británica, el caso Assange plantea una cuestión fundamental del derecho internacional. Assange es ciudadano australiano, no ciudadano estadounidense. No cometió ningún delito en aquel país. Filtró información confidencial pero la transmitió a otros (Chelsea Manning fue su confidente) y bajo ningún punto de vista la la ha robado. Desde un punto de vista periodístico, más precisamente desde el periodismo de investigación (rama cuasi en extinción), todos los periodistas hacemos esto, con información generalmente menos importante, pero el principio es el mismo. Sino, el caso Watergate no hubiese acontecido. En la propia prensa yanki, se habla constantemente de información proveniente de “fuentes oficiales no identificadas”.
Si Assange va a ser extraditado al “país de las libertades” y encarcelado por el resto de su vida, significa que, en principio, todos los países que espían a los yankis deberían entregarles a sus espías, así como a todos los periodistas que publican información al respecto. Información obtenida por “medios ilegales”. Pero cuando esta misma situación se produce a la inversa, es decir, desde las Agencias de Inteligencias yankis, desde la propia Defensa americana, ¿qué tribunales internacionales actúan para extraditar?
Si bien Estados Unidos no es un defensor de la soberanía nacional de otros países además del suyo, aquí hemos alcanzado una etapa extraordinaria y la falta de reacción de los gobiernos aliados de Estados Unidos, principalmente británicos y australianos, ilustra el grado extremo de sumisión.
Un hombre (casi) solo
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Foto: AP.
La gente defiende a Julian Assange, como el director estadounidense Oliver Stone, quien dijo:
“Julian Assange es un editor de la verdad. Ha hecho un trabajo notable en nombre de la humanidad a pesar de su trato inhumano. Este caso es crucial para la supervivencia nuestros derechos a ser informados y a nuestra libertad esencial para luchar contra la opresión de los Estados Unidos y el Reino Unido, ¡y ahora contra la tiranía!”. Pero muy pocas figuras públicas defienden a este hombre. Citemos, sin embargo, tres que desarrollan interesantes reflexiones sobre el “caso Assange”: John Pilger, periodista australiano; Craig Murray, exdiplomático británico y Roger Waters, músico y fundador de la banda Pink Floyd.
Solicitud de liberación inmediata
Ciudadanos del mundo, apoyo a Julian Assange, exigimos su liberación inmediata y su regreso a su familia en Australia. ¡Este hombre sufriente no ha cometido ningún crimen, excepto para denunciar los de los demás!
(Tomado de telegra.ph)
Wikileaks: Los tweets desaparecidos de Anna Ardin
Artículo publicado en La Haine el 9 de diciembre de 2010, cuando Julian Assange estaba en el comienzo de su via crucis sueco. Queda bastante claro que la acusación de la fiscalía sueca es una maniobra impulsada por el régimen estadounidense. Lo reproducimos ahora por la actualidad de su contenido
Una de las mujeres que denunciaron a Julian Assange es Anna Ardin. Ella se presentó como candidata a concejala por los socialdemócratas y es una persona pública que puede ser investigada. Por eso publico su nombre.
Anna Ardin es cristiana, feminista, socialdemócrata, activista por los derechos de los animales y anti-abortista desde la izquierda. Ha trabajado antes como responsable de igualdad en el centro de estudiantes de la universidad de Uppsala. Ahora [2010] trabaja en el Movimiento por la Hermandad [Asociación de cristianos socialdemócratas]. Se describe a sí misma como
"politóloga, comunicadora, empresaria y escritora con un interés especial en asuntos de igualdad, feminismo, fe y política y América Latina"
El sábado 14 de agosto de 2010, sobre las 14:00, Anna escribe en twitter.com/annaardin:
(Julian quiere ir a una mariscada. ¿Alguien tiene un par de lugares libres esta noche o mañana?)
Temprano en la mañana del domingo 15 escribe Anna nuevamente en Twitter:
(Son las 2 de la mañana, hace un poco de frío y estoy sentada afuera con una de las personas más simpáticas e inteligentes del mundo, es increíble!)
Al mismo tiempo que Anna Ardin denuncia a Julian Assange el 20 de agosto, esos comentarios fueron borrados de su Twitter. ¿Porqué? Hasta donde yo sé no es común que víctimas reales de violación borren sus blogs, limpien sus móviles e intenten que los testigos declaren mentiras.
Al saber que según la denuncia la "violación" ocurrió en la noche del viernes 13 de agosto, todo se vuelve entendible. Los comentarios indican que a Anna Ardin realmente le gustaba Julian, y que no había ocurrido violación alguna la noche antes. Para nada se deduce de esos comentarios que ella viera a Julian como un machista incapaz de aceptar un no. Son más bien una demostración del bienestar de Anna en ese momento. Esos comentarios no concuerdan con lo que ella declara a la policía el 20. Por lo tanto, los borra sin más.
Pruebas de que Anna esconde la verdad
A principios de septiembre noté que Anna disponía de dos micro-blogs idénticos. Uno en Twitter y el otro en Bloggy.se. Al parecer ella publica los comentarios en ambos al mismo tiempo. Pero los comentarios que se borran en Twitter se mantienen en Bloggy.se. Anna no se dio cuenta de que debía borrar en ambos micro-blogs. Mala suerte.
Para confirmar que Anna Ardin realmente quiere ocultar sus tweets, escribo un comentario en el artículo "Los héroes de Wikileaks también pueden hacer marranadas". Está publicado en Rebella, un blog feminista socialdemócrata en el que Anna escribe y es webmaster. En mi comentario escribo sobre los tweets borrados. Cinco días después, el 13 de septiembre, revisan mi comentario y lo borran directamente. Escribo un nuevo comentario en el que informo de que los tweets borrados se pueden leer en annaardin.bloggy.se, pero lo borran en el acto. Algunas horas después todo el portal bloggy.se se cae, y cuando reaparece a las 4 de la mañana del 14 de septiembre, los tweets gemelos también están borrados allí.
El caso es que no es tan fácil borrar en internet como Anna creyó. Google toma unas imágenes instantáneas de muchas páginas, llamadas caché. Al principio se podía buscar los tweets de annaardin.bloggy.se y twitter.com/annaardin tal como se veían el 14 de agosto, aunque luego Google los borró [cosa que en otros casos no ocurre en años].
Como podemos ver, Anna Ardin hace todo lo posible por esconder sus comentarios. Los que llevan a pensar que Julian Assange es inocente al menos de uno de los casos de "violación". Parece que Anna lucha por conseguir la condena de Julian. Al borrar y esconder circunstancias atenuantes, tal vez sea culpable de falso testimonio.
El caso Assange es aún más terrible si tomamos en cuenta todo lo ocurrido. Julian vivió en el apartamento de Anna desde el 11 hasta el 19-20 de agosto. Durante esos días Anna y Julian tienen relaciones sexuales. Alrededor del 18-19 de agosto llama al apartamento de Anna una mujer que quiere hablar con Julian. Cuando Anna se da cuenta de que Julian también tiene relaciones sexuales con esta otra mujer, algo ocurre. Las dos mujeres, ambas cristianas, ambas relacionadas con el Movimiento de la Hermandad y ambas presentes en el seminario en el que habló Julian, comprenden inmediatamente que Julian no tiene intenciones serias con ninguna. Después de una conversación, se deciden a denunciar a Julian por violación
Parece extraño que una feminista cristiana socialdemócrata utilice la legalidad para vengarse de un hombre "infiel". Pero al leer el artículo de Anna Ardin sobre La Venganza deja de ser extraño. Anna ha meditado durante mucho tiempo sobre como vengarse de un hombre que la ha dejado tirada, que le es infiel. Cuando apareció la otra mujer, apareció también la posibilidad de hacer realidad sus planes. Anna consiguió que otra mujer la apoye en su denuncia de violación. Y luego obtuvo la ayuda de Claes Borgström [político socialdemócrata y abogado de ambas mujeres] que ha hecho todo lo posible por llevar a Julian a juicio, vitoreado con entusiasmo por los blogs feministas.
Pero la verdad sale a la luz. El perfecto sistema "Siete pasos para una venganza legal" de Anna ha fallado. Faltó un borrado. Mala suerte, Anna. Mala suerte. Los caminos del señor son inescrutables.
Me sorprende mucho que mujeres cristianas, feministas, "igualitarias", puedan adorar tanto a un héroe de Wikileaks que hacen todo lo posible para llevarselo a la cama tan pronto como pueden. Y luego, cuando se dan cuenta que el interés de él no es tan profundo como el de ellas, van a la policía y lo denuncian por violación. Eso muestra un desprecio extremo por las mujeres que realmente son víctimas de la violencia masculina y de violación. Su comportamiento es indefendible.
Si finalmente los fiscales determinan que la denuncia es falsa, cientos de miles de hombres que afirman que la mayoría de denuncias de violación son falsas van a tener agua en sus molinos. Lamentablemente también va a tener como consecuencia que a las verdaderas víctimas les va a resultar aún más difícil obtener reparación. Sería una catástrofe.
Pero algo aprenderemos de esta historia. Entenderemos que sólo porque uno es cristiano, feminista, socialdemócrata, activista por los derechos de los animales y anti-abortista no significa que uno valora de igual manera a mujeres y hombres.
Título original: "El caso Assange: los mensajes se borran una y otra vez". http://www.samtycke.nu/2010/
En marcha el proceso para su extradición
El juicio estalinista a Julian Assange
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
John Pilger ha informado durante años del largo y épico calvario de Julian Assange. El 7 de septiembre dirigió estas palabras a las personas reunidas en el exterior del Juzgado Central Penal de Londres al comienzo de la última fase del las audiencias que dictaminarán la extradición del editor de Wikileaks.
«La primera vez que me reuní con Julian Assange, hace más de diez años, le pregunté por qué había puesto en marcha Wikileaks. Él me contesto: ‘Porque la transparencia y la rendición de cuentas [de gobiernos e instituciones] son cuestiones morales esenciales de la vida pública y del periodismo’”.
Nunca había oído a un editor invocar a la moralidad de esta manera. Assange cree que los periodistas son agentes del pueblo, no del poder. Cree que nosotros, la gente, tenemos el derecho a conocer los secretos más oscuros de quienes afirman actuar en nuestro nombre.
Si los poderosos nos mienten tenemos el derecho a saberlo. Si dicen una cosa en privado y otra en público tenemos el derecho a saberlo. Si conspiran contra nosotros, como hicieron Bush, [Tony] Blair [y Aznar] sobre Irak, y luego pretenden ser demócratas, tenemos el derecho a saberlo.
Este propósito moral es una amenaza para la conspiración de los poderes que pretenden sumir en guerras a buena parte del mundo y desean enterrar vivo a Julian en los Estados Unidos fascistas de Trump.
Un informe de alto secreto del Departamento de Estado de 2008 describía al detalle cómo Estados Unidos debería combatir esta nueva amenaza moral. Una campaña de desprestigio personal (dirigida en secreto) contra Julian Assange conseguiría “publicidad negativa y llevarle a un enjuiciamiento criminal”.
El objetivo era silenciar y criminalizar a Wikileaks y a su fundador. Página tras página, el informe mostraba la guerra que se preparaba contra un solo ser humano, y contra los mismos principios de libertad de expresión, libertad de pensamiento y democracia.
La fuerza de combate imperial serían aquellos que se dicen periodistas: las grandes figuras de los llamados grandes medios, especialmente los “liberales” que marcan y patrullan los perímetros de la disidencia.
Y eso es lo que pasó. He sido periodista más de 50 años y nunca he visto una campaña de desprestigio de tal calado: el asesinato de la personalidad de un hombre que no quiso unirse al club, que creía que el periodismo está al servicio del público, nunca al servicio de los de arriba.
Assange avergonzó a sus perseguidores. Publicó una exclusiva tras otra. Sacó a la luz la fraudulencia de las guerras promovidas por los medios de comunicación y la naturaleza homicida de las guerras de EE.UU., la corrupción de los dictadores, la vileza de Guantánamo.
Nos obligó a los occidentales a mirar al espejo. Mostró que quienes pontifican la verdad oficial en los medios de comunicación son colaboracionistas; yo los llamaría periodistas de Vichy. Ninguno de esos impostores creyó a Assange cuando este avisó de que su vida estaba en peligro, que el escándalo sexual de Suecia era un montaje y que su destino final era el infierno de Estados Unidos. Y tenía razón, tenía razón una y otra vez.
El juicio de extradición que se celebra en Londres esta semana es el acto final de una campaña angloamericana para enterrar a Julian Assange. No es un proceso reglamentario, es una venganza programada. La acusación de EE.UU. está claramente amañada, es una farsa demostrable. Hasta ahora, las vistas han sido reminiscentes de sus equivalentes estalinistas en la Guerra Fría*.
En la actualidad, el país que nos dio la Carta Magna, Gran Bretaña, se distingue por haber abandonado su propia soberanía al permitir que una potencia extranjera maligna manipule la justicia y por la tortura psicológica despiadada a Julian –una forma de tortura que, según ha señalado el experto de Naciones Unidas Nils Melzer, fue perfeccionada por los nazis porque era más efectiva para derrumbar a sus víctimas.
Cada vez que he visitado a Assange en la prisión de Belmarsh he comprobado los efectos de dicha tortura. La última vez que le vi había perdido más de diez kilos de peso; sus brazos carecían de músculo. Era increíble que no hubiera perdido su excelente sentido del humor.
En cuanto a su país de origen, Australia, ha demostrado una vergonzosa cobardía. Su gobierno ha conspirado en secreto contra uno de sus propios ciudadanos que debería ser considerado héroe nacional. No por nada el presidente George Bush hijo nombró al primer ministro australiano su “ayudante de sheriff”.
Se dice que lo que pase con Julian Assange las próximas tres semanas, debilitará o destruirá la libertad de prensa en Occidente.¿Pero de qué prensa hablamos? ¿Del Guardian? ¿De la BBC? ¿Del New York Times? ¿Del Washington Post de Jeff Bezos? [¿De El País?; añadido del traductor].
No, claro que no. Los periodistas de estos medios pueden respirar tranquilos. Los Judas del Guardian que coquetearon con Julian**, explotaron su valioso trabajo, hicieron su agosto y luego le traicionaron no tienen nada que temer. Están a salvo porque les necesitan.
La libertad de prensa ahora está en manos de unas pocas personas honestas: las excepciones, los disidentes de internet que no pertenecen a ningún club, que ni son ricos ni están cargados de premios Pulitzer, pero hacen buen periodismo, desobediente, ético; personas como Julian Assange.
Ahora nuestra responsabilidad es apoyar a un verdadero periodista cuyo auténtico coraje debería servirnos de inspiración a todos los que seguimos creyendo que la libertad de prensa es posible. Yo le aplaudo.
N.deT.:
* Se ha negado a Amnistía Internacional el derecho a asistir por videollamada como observadora.
**El Guardian fue uno de los diarios elegidos por Wikileaks para publicar sus documentos filtrados.
John Pilger es un periodista, escritor y documentalista antiimperialista australiano. Merecedor de múltiples premios y muy crítico con los grandes medios. Ha apoyado a Assange a lo largo de su reclusión. Se le puede seguir en su web www.johnpilger.com
Fuente: https://www.counterpunch.org/
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