Presentan recurso de amparo para que el gobierno garantice el derecho a la salud
abril 4, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
El recurso fue presentado el viernes 3 de abril, e incluye, además del gobernante, a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y al director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Gabriel Alfredo Rubí.
El amparo tiene como finalidad de que se ordene el suministro de todo el equipo médico al sistema de salud y hacer accesible a los pacientes de todos los hospitales y clínicas y/o centros de salud pública del país, los medicamentos y equipo médico que sean necesarios en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y que se garanticen todas las medidas de bioseguridad a las y los trabajadores de la salud.
Mediante un comunicado la Coalición Contra la Impunidad exige a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que de manera urgente realice las sesiones virtuales necesarias para que emita la correspondiente resolución, ordenando las medidas cautelares peticionadas para proteger de manera inmediata el derecho a la salud y a la vida de población hondureña y que garantice los equipos de bioseguridad a los y las trabajadoras de la salud.
La plataforma social sustenta su acción legal en el Decreto Ejecutivo PCM 005-2020 del 10 de febrero de 2020, mediante el cual el gobierno decretó estado de emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) y asignó una partida inicial de 110 millones de lempiras. El Decreto Ejecutivo otorga discrecionalidad en el manejo de los fondos orientados, supuestamente, a compras de insumos médico hospitalario-necesarios para enfrentar la pandemia, pero han pasado casi dos meses y no se ha realizado las gestiones necesarias, cuestionan los recurrentes.
Los médicos han denunciado en los últimos días que, debido a la falta de insumos y equipo de bioseguridad, están en permanente riesgo de contraer el virus.
El recurso fue presentado el viernes 3 de abril, e incluye, además del gobernante, a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y al director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Gabriel Alfredo Rubí.
El amparo tiene como finalidad de que se ordene el suministro de todo el equipo médico al sistema de salud y hacer accesible a los pacientes de todos los hospitales y clínicas y/o centros de salud pública del país, los medicamentos y equipo médico que sean necesarios en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y que se garanticen todas las medidas de bioseguridad a las y los trabajadores de la salud.
Mediante un comunicado la Coalición Contra la Impunidad exige a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que de manera urgente realice las sesiones virtuales necesarias para que emita la correspondiente resolución, ordenando las medidas cautelares peticionadas para proteger de manera inmediata el derecho a la salud y a la vida de población hondureña y que garantice los equipos de bioseguridad a los y las trabajadoras de la salud.
La plataforma social sustenta su acción legal en el Decreto Ejecutivo PCM 005-2020 del 10 de febrero de 2020, mediante el cual el gobierno decretó estado de emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) y asignó una partida inicial de 110 millones de lempiras. El Decreto Ejecutivo otorga discrecionalidad en el manejo de los fondos orientados, supuestamente, a compras de insumos médico hospitalario-necesarios para enfrentar la pandemia, pero han pasado casi dos meses y no se ha realizado las gestiones necesarias, cuestionan los recurrentes.
Los médicos han denunciado en los últimos días que, debido a la falta de insumos y equipo de bioseguridad, están en permanente riesgo de contraer el virus.
Noticia Relacionada: ¿Dónde está el equipo y los insumos?: Suyapa Figueroa
La Coalición considera que en Honduras la letalidad de la pandemia de coronavirus se ve aumentada por la debilidad en el sistema de salud provocada por la privatización, la reducción dramática de su presupuesto, la precarización de las condiciones laborales del personal de salud, la corrupción y la ineptitud dolosa de funcionarios públicos que se han dedicado, en la última década, a mermar drásticamente el goce efectivo del derecho a la salud.
Comunicado de la Coalición Contra la Impunidad:
¿Dónde está el equipo y los insumos?: Suyapa Figueroa
marzo 31, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – El 18 de marzo el gobierno anunció el arribo de Nueva York de una compra de equipo biomédico e insumos de bioseguridad para el personal de salud, en el marco de la emergencia por el coronavirus (Covid-19), sin embargo, no se sabe dónde se han hecho las entregas, a quiénes o por lo menos dónde está la adquisión, denunció este martes el Colegio Médico de Honduras.
La presidenta de los galenos apuntó que hasta el momento el gobierno lo que le ha entregado a cada empleado es un paquete con siete mascarillas quirúrgicas y siete botas, a la semana, es decir que en muchos casos se tienen que reutilizar. Pero lo peor del caso, dijo, es que las mascarillas quirúrgicas no protegen del contagio del virus, porque para ese propósito existen las mascarillas N-95, pero de estas no se les ha suplido.
Molesta por las decisiones del gobierno, Figueroa denunció que las mascarillas N-95 y los trajes especiales para prevenir la pandemia, están siendo utilizados por los bomberos, militares, policías y hasta por los elementos de la Dirección de Investigación Policial (DPI) y el personal de la salud, que es quien está en riesgo inminente del contagio, está desprotegido.
La noche del lunes, la presidenta del Colegio Médico reveló a CRITERIO que además de la muerte de una enfermera por Covid-19 en San Pedro Sula, hay tres médicos que resultaron positivos a la prueba. De los tres casos, una doctora fue ingresada anoche a la unidad de cuidados intensivos.
Haciendo una relación de lo que está ocurriendo en el mundo y en particular en Italia, dijo que en este país europeo han muerte 53 médicos, pese a contar con el equipo adecuado, por lo que vaticinó que lo que pasará en Honduras será alarmante.
INTERVENCIÓN DEL CNA
“Cuándo usted nos ve con una mascarilla es porque la compramos nosotros, no porque nos la dio el Estado”, apuntó la presidenta de los galenos al tiempo que denunció que tampoco se sabe qué pasó con la compra anunciada por el gobierno y que al final se constató que los ventiladores adquiridos no eran los adecuados.
“No se sabe quien está haciendo las compras, nos sabemos con base a qué especificaciones técnicas se hacen las compras”, manifestó al tiempo que pidió la intervención del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para que revise la transparencia y la optimización en las compras.
En el marco de la emergencia sanitaria el gobierno ha aprobado cerca de 500 millones de dólares para compras y contrataciones directas. Los fondos incluyen partidas para compra de equipo e insumos médicos, construcción de una red hospitalaria, una plataforma de teletrabajo y para la entrega de raciones alimentarias a 800 mil familias pobres.
El gobernante hondureño, Juan Hernández, quien es constantemente señalado por actos de corrupción y por tener vínculos con el crimen organizado y narcotráfico, anunció en cadena nacional de radio y televisión que los fondos de la emergencia serían vigilados por el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Ambas instancias han sido desestimadas por la sociedad civil por ser protectoras del gobierno, tampoco gozan de la credibilidad del Colegio Médico de Honduras. “El pueblo no olvida e identifica muy bien quienes son los que son capaces de auditar en este país y quienes, definitivamente, perdieron toda credibilidad ante el pueblo hondureño”, dijo Suyapa Figueroa.
DERECHOS HUMANOS
Por su parte la profesional de la enfermería, Yolani Hernández, pidió a los organismos defensores de los derechos humanos que vigilen las condiciones con las que el personal de salud está trabajando en los hospitales y centros de salud.
“Imagínese usted cómo a un militar se le da equipo de protección correcto y cómo se descuida al personal de salud. Yo creo que los derechos humanos deben poner las barbas en remojo con este gobierno”, apuntó Hernández.
Pese a las constantes denuncias del personal de salud, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, no se ha pronunciado al respecto.
Asimismo, organizaciones de sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos han denunciado que no pueden salir a vigilar la situación de los enfermos ni del personal de salud, porque el gobierno no los incluyó en las excepciones para poder circular y hacer su trabajo en el marco del estado de excepción.
SIN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a construir protocolos de atención en los centros sanitarios y para la ciudadanía en general para evitar la propagación del Covid-19, sin embargo, y pese a que en Honduras la emergencia se decretó desde el 10 de febrero, el personal de salud no tiene a su alcance lo que se debe hacer.
“No hay protocolos de atención ni para el equipo multidisciplinario, ni para el pueblo hondureño, cómo quieren que un pueblo se quede en casa si no tiene comida”, criticó la enfermera.
Al respecto la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, manifestó que desafortunadamente todavía no se ha socializado los protocolos de atención. “No los tenemos, no los conocemos”, aunque “las autoridades dicen que los tienen, los médicos no conocemos el documento”.
Ante la falta de los protocolos, apuntó que el Colegio Médico consiguió videos y artículos y los ha compartido con sus agremiados para instruir un poco sobre la situación. Añadió que el Colegio Médico también ha brindado capacitaciones sobre ventilación mecánica.
GINEBRA / WASHINGTON / VIENA – A la luz de
las crecientes perturbaciones causadas por la pandemia COVID-19, los
garantes para la libertad de expresión y la libertad de los medios de
comunicación de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el Representante para la Libertad de los Medios de
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa emitieron la siguiente declaración conjunta:
«Compartimos la grave preocupación de las personas de todo el mundo ante la pandemia de COVID-19. En un momento de tal gravedad, comprendemos y apoyamos plenamente los esfuerzos de los profesionales de la salud pública y los gobiernos para desarrollar y aplicar estrategias para proteger la salud y la vida humana. El derecho fundamental e inderogable a la vida está en juego, y los gobiernos están obligados a garantizar su protección.
La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad. El derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas. En relación a esto, instamos a:
Primero, es esencial que los gobiernos proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso.
Segundo, el acceso a Internet es crítico en un momento de crisis. Es esencial que los gobiernos se abstengan de bloquear el acceso a Internet; en las situaciones en que se ha bloqueado el acceso a Internet, los gobiernos deben, con carácter prioritario, garantizar el acceso inmediato al servicio de Internet más rápido y amplio posible. Especialmente en un momento de emergencia, cuando el acceso a la información es de vital importancia, no se puede justificar la imposición de amplias restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional.
Tercero, el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.
Cuarto, compartimos la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. En este sentido, es esencial que los gobiernos y las empresas de Internet aborden la desinformación por sí mismos en primer lugar proporcionando información fiable. Esto puede hacerse en forma de mensajes públicos sólidos, apoyo a los anuncios de servicio público y apoyo de emergencia a la radiodifusión pública y al periodismo local (por ejemplo, mediante anuncios de salud del gobierno). Con respecto a otras medidas, como la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y sólo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad. Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión.
Quinto, somos conscientes del creciente uso de herramientas de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus. Si bien comprendemos y apoyamos la necesidad de realizar esfuerzos activos para hacer frente a la pandemia, también es crucial que el uso de dichas herramientas sea limitado, tanto en términos de propósito como de tiempo, y que se protejan rigurosamente los derechos individuales a la privacidad, la no discriminación, la protección de las fuentes periodísticas y otras libertades. Los Estados también deben proteger la información personal de los pacientes. Instamos encarecidamente a que todo uso de esa tecnología se atenga a las más estrictas protecciones y que sólo esté disponible de acuerdo a la legislación nacional que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos.
Tegucigalpa.- En la comunidad de El
Taragual, municipio de Iguala, Lempira, pobladores tomaron la decisión
de cerrar las entradas y salidas, solo permitiendo el ingreso a las
personas que habiten en ella, esto con el fin de protegerse del
Covid-19, pandemia que ha terminado con miles de vidas a nivel mundial.
Los pobladores y líderes comunitarios tomaron la decisión de dar paso solo a las personas que habiten en ellas por el bien de la comunidad.
Ante esta acción, “el oficial conocido como Otero dijo que no, que no era correcto la imposición que nosotros estábamos haciendo y más se molestó cuando se le negó el permiso a trabajadores de una finca de un hacendado, que según se conoció es familiar de Samuel Reyes, actual diputado de la Unión, Lempira”, expresó Bernardino Pérez, defensor de derechos humanos, integrante de la red de Lempira y comunicador Social.
También dijo que “esto ha creado un conflicto con la autoridad local y policial, especialmente con un oficial conocido como Otero, quien según el decreto #PCM 021-2020 son los encargados de velar porque se cumpla esta ordenanza, pero más bien los amenaza con desalojarlos con el apoyo del XII Batallón, solo por proteger al pueblo”.
Lo que él quería es que le diéramos permiso de circular a los trabajadores de esa finca, pero se le negó porque ellos entran y salen de las comunidades y andan por todo el departamento, trasladando ganado sin protección alguna, sin guantes y sin mascarilla, añadió el defensor de los derechos humanos.
El defensor expresó que en una reunión el oficial manifestó que no aceptaba ninguna medida y que si no aceptábamos desalojar la calle, que iba a pedir el apoyo al XII Batallón para que los desalojaran.
“Esto provocó un conflicto entre las comunidades, los líderes comunitarios y el policía, porque él es un acomodado y se maneja que obedece al alcalde y a otros altos rangos; también porque ordena y cuando no se le obedece, impone la fuerza”, denunció el defensor.
Cabe señalar que la intención del pueblo es protegerse de la pandemia y estas personas a quien el oficial quiere favorecer, entran y salen de la comunidad sin ninguna protección, dijo Pérez a defensoresenlinea.com.
Además añadió que él como defensor de derechos humanos está pendiente para velar porque no se les violentan los derechos humanos a las comunidades, ya que hasta él ha sido víctima.
“En ocasiones este señor me ha tratado mal porque se aprovecha que es policía y por la fuerza que ellos tienen, veo que cualquier persona puede ser víctima de ellos y por eso nosotros siempre andamos haciendo la labor como defensores, interviniendo en situaciones que puedan ocasionar un enfrentamiento entre policías y el sector, y así prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos”.
El Covid-19 en Honduras cada vez va en aumento, ya que se han reportado siete víctimas mortales y más de 139 personas han dado positivo en diferentes sectores del país.
Tegucigalpa. – El 18 de marzo el gobierno anunció el arribo de Nueva York de una compra de equipo biomédico e insumos de bioseguridad para el personal de salud, en el marco de la emergencia por el coronavirus (Covid-19), sin embargo, no se sabe dónde se han hecho las entregas, a quiénes o por lo menos dónde está la adquisión, denunció este martes el Colegio Médico de Honduras.
También lea: Coronavirus en Honduras: Compras inadecuadas y albergues improvisados
También lea: Médicos y personal de salud de Honduras comienzan a ser víctimas del Covid-19
“Nos preguntamos los médicos, nos preguntamos el personal de salud: a dónde está el equipo de protección personal”, dijo este martes la presidenta del Colegio Médico de Honduras, quien detalló que los insumos están siendo comprados por los empleados de salud con sus salarios.La presidenta de los galenos apuntó que hasta el momento el gobierno lo que le ha entregado a cada empleado es un paquete con siete mascarillas quirúrgicas y siete botas, a la semana, es decir que en muchos casos se tienen que reutilizar. Pero lo peor del caso, dijo, es que las mascarillas quirúrgicas no protegen del contagio del virus, porque para ese propósito existen las mascarillas N-95, pero de estas no se les ha suplido.
Molesta por las decisiones del gobierno, Figueroa denunció que las mascarillas N-95 y los trajes especiales para prevenir la pandemia, están siendo utilizados por los bomberos, militares, policías y hasta por los elementos de la Dirección de Investigación Policial (DPI) y el personal de la salud, que es quien está en riesgo inminente del contagio, está desprotegido.
La noche del lunes, la presidenta del Colegio Médico reveló a CRITERIO que además de la muerte de una enfermera por Covid-19 en San Pedro Sula, hay tres médicos que resultaron positivos a la prueba. De los tres casos, una doctora fue ingresada anoche a la unidad de cuidados intensivos.
También lea: Médicos y personal de salud de Honduras comienzan a ser víctimas del Covid-19
El lunes se registró además el deceso de una profesional de la medicina en el municipio de Tela, Atlántida, que estaba siendo evaluada por sospechas de Covid-19. La presidenta de los médicos denunció que el Ministerio Público no se había presentado a hacer el levantamiento cadavérico.Haciendo una relación de lo que está ocurriendo en el mundo y en particular en Italia, dijo que en este país europeo han muerte 53 médicos, pese a contar con el equipo adecuado, por lo que vaticinó que lo que pasará en Honduras será alarmante.
“Nosotros el personal médico, el personal de la salud estamos unidos en contra del Covid-19, quien no se ha unido a nosotros es el gobierno, el gobierno está displicente, no nos ha dado esos insumos que debe dar”: Marco Eliú Girón, médico del centro de salud de la colonia El Carrizal de Comayagüela.Marco Eliud Girón, médico del centro de salud de la colonia El Carrizal de Comayagüela, donde se registró uno de los dos primeros casos positivos de Covid-19 en Honduras, pidió al gobernante hondureño que utilice todos los vehículos de las Fuerzas Armadas y las pistas aéreas que construyó, para distribuir los insumos que necesita el personal de salud.
INTERVENCIÓN DEL CNA
“Cuándo usted nos ve con una mascarilla es porque la compramos nosotros, no porque nos la dio el Estado”, apuntó la presidenta de los galenos al tiempo que denunció que tampoco se sabe qué pasó con la compra anunciada por el gobierno y que al final se constató que los ventiladores adquiridos no eran los adecuados.
“No se sabe quien está haciendo las compras, nos sabemos con base a qué especificaciones técnicas se hacen las compras”, manifestó al tiempo que pidió la intervención del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para que revise la transparencia y la optimización en las compras.
En el marco de la emergencia sanitaria el gobierno ha aprobado cerca de 500 millones de dólares para compras y contrataciones directas. Los fondos incluyen partidas para compra de equipo e insumos médicos, construcción de una red hospitalaria, una plataforma de teletrabajo y para la entrega de raciones alimentarias a 800 mil familias pobres.
El gobernante hondureño, Juan Hernández, quien es constantemente señalado por actos de corrupción y por tener vínculos con el crimen organizado y narcotráfico, anunció en cadena nacional de radio y televisión que los fondos de la emergencia serían vigilados por el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Ambas instancias han sido desestimadas por la sociedad civil por ser protectoras del gobierno, tampoco gozan de la credibilidad del Colegio Médico de Honduras. “El pueblo no olvida e identifica muy bien quienes son los que son capaces de auditar en este país y quienes, definitivamente, perdieron toda credibilidad ante el pueblo hondureño”, dijo Suyapa Figueroa.
DERECHOS HUMANOS
Por su parte la profesional de la enfermería, Yolani Hernández, pidió a los organismos defensores de los derechos humanos que vigilen las condiciones con las que el personal de salud está trabajando en los hospitales y centros de salud.
“Imagínese usted cómo a un militar se le da equipo de protección correcto y cómo se descuida al personal de salud. Yo creo que los derechos humanos deben poner las barbas en remojo con este gobierno”, apuntó Hernández.
Pese a las constantes denuncias del personal de salud, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, no se ha pronunciado al respecto.
Asimismo, organizaciones de sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos han denunciado que no pueden salir a vigilar la situación de los enfermos ni del personal de salud, porque el gobierno no los incluyó en las excepciones para poder circular y hacer su trabajo en el marco del estado de excepción.
SIN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a construir protocolos de atención en los centros sanitarios y para la ciudadanía en general para evitar la propagación del Covid-19, sin embargo, y pese a que en Honduras la emergencia se decretó desde el 10 de febrero, el personal de salud no tiene a su alcance lo que se debe hacer.
“No hay protocolos de atención ni para el equipo multidisciplinario, ni para el pueblo hondureño, cómo quieren que un pueblo se quede en casa si no tiene comida”, criticó la enfermera.
Al respecto la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, manifestó que desafortunadamente todavía no se ha socializado los protocolos de atención. “No los tenemos, no los conocemos”, aunque “las autoridades dicen que los tienen, los médicos no conocemos el documento”.
Ante la falta de los protocolos, apuntó que el Colegio Médico consiguió videos y artículos y los ha compartido con sus agremiados para instruir un poco sobre la situación. Añadió que el Colegio Médico también ha brindado capacitaciones sobre ventilación mecánica.
COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia
«Compartimos la grave preocupación de las personas de todo el mundo ante la pandemia de COVID-19. En un momento de tal gravedad, comprendemos y apoyamos plenamente los esfuerzos de los profesionales de la salud pública y los gobiernos para desarrollar y aplicar estrategias para proteger la salud y la vida humana. El derecho fundamental e inderogable a la vida está en juego, y los gobiernos están obligados a garantizar su protección.
La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad. El derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas. En relación a esto, instamos a:
Primero, es esencial que los gobiernos proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso.
Segundo, el acceso a Internet es crítico en un momento de crisis. Es esencial que los gobiernos se abstengan de bloquear el acceso a Internet; en las situaciones en que se ha bloqueado el acceso a Internet, los gobiernos deben, con carácter prioritario, garantizar el acceso inmediato al servicio de Internet más rápido y amplio posible. Especialmente en un momento de emergencia, cuando el acceso a la información es de vital importancia, no se puede justificar la imposición de amplias restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional.
Tercero, el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.
Cuarto, compartimos la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. En este sentido, es esencial que los gobiernos y las empresas de Internet aborden la desinformación por sí mismos en primer lugar proporcionando información fiable. Esto puede hacerse en forma de mensajes públicos sólidos, apoyo a los anuncios de servicio público y apoyo de emergencia a la radiodifusión pública y al periodismo local (por ejemplo, mediante anuncios de salud del gobierno). Con respecto a otras medidas, como la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y sólo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad. Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión.
Quinto, somos conscientes del creciente uso de herramientas de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus. Si bien comprendemos y apoyamos la necesidad de realizar esfuerzos activos para hacer frente a la pandemia, también es crucial que el uso de dichas herramientas sea limitado, tanto en términos de propósito como de tiempo, y que se protejan rigurosamente los derechos individuales a la privacidad, la no discriminación, la protección de las fuentes periodísticas y otras libertades. Los Estados también deben proteger la información personal de los pacientes. Instamos encarecidamente a que todo uso de esa tecnología se atenga a las más estrictas protecciones y que sólo esté disponible de acuerdo a la legislación nacional que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos.
Sálvese quien pueda
marzo 30, 2020
Redacción
Por: Patricia Murillo Gutiérrez
Nos toca concluir que la lógica perversa de quienes nos han gobernado con sus honrosas excepciones, ha sido una agresividad sin medida hacia los recursos de todos los hondureños, echárselos a sus bolsillos sin ningún pudor y arreglar como lo hizo Marco Aurelio Soto, los problemas económicos de sus generaciones.
Aquí en la última década de cleptocracia, ha prevalecido el sálvese quien Pueda y el cinismo más aberrante como lo estableció José Porfirio Pepe Lobo, ’’ que sabía lo que pasaba en el IHSS, el saqueo claro, pero no hablo para no afectará la campaña de su Partido’’ y desde luego de su ahijado político JOH.
Sabrá el doctor Roberto Herrera Cáceres del CONADEH, si además de Mario Zelaya, exdirector del IHSS ¿algún día caerán las ballenas corruptas en este y otros casos, dado que ese latrocinio documentado por la Maccih y denunciado hasta que lo encarcelaron por el colega David Romero Ellner, significó violar el derecho a la salud de incontables hondureños?
Tras mi reciente artículo en Criterio.hn, acerca del papel del Comisionado de los Derechos Humanos CONADEH en la presente crisis, hemos recibo una extensa nota de su titular el doctor en derecho Roberto Herrera Cáceres que está llamado constitucionalmente a velar por la plena vigencia de nuestros derechos humanos.
Reza en varios numerales la nota:
‘’ Hacemos de su conocimiento parte de las actuaciones del CONADEH en el marco de la crisis sanitaria y que prueba fehacientemente el cumplimiento debido de nuestro deber:
1-El Conadeh realiza periódicamente inspecciones en los hospitales y centros de salud del país. Con el objeto de revisar las condiciones de atención a los pacientes y familiares de los pacientes, abastecimiento de medicinas, condiciones de trabajo de los servidores públicos, condiciones de atención a grupo de vulnerabilidad etc.
Después de cada inspección, realiza las recomendaciones a los directores de los centros sanitarios, quienes están obligados a hacerlas del conocimiento de los mandos superiores del sistema de Salud.
2.. El Conadeh también ha realizado varios operativos simultáneos en todos los hospitales del IHSS, arrojando como resultado informes institucionales nacionales con recomendaciones las que se han formalizado ante el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos, mejoramiento del trato a los pacientes y sus familias, funcionamiento óptimo de las ambulancias, mejoramiento de sistemas de agua potable en hospitales, de instalaciones físicas reducción de la mora en consulta externa y cirugías. La aplicación del Modelo de Atención Primaria en Salud etc.
Y sobre la Crisis provocada por Covid, el Comisionado dice que: desde que inicio la pandemia y su subsecuente crisis sanitaria en el sistema de salud de Honduras, el CONADEH ha estado ADVIRTIENDO (el subrayado es nuestro) de las consecuencias NEFASTAS que tendrá sobre la población hondureña sino se tomaban las previsiones necesarias de forma oportuna.
Agrega que: Nuestras redes sociales reflejan nuestros constantes llamados a la Institucionalidad del Estado a:
Los hechos diarios de improvisación, de desorden y sobre todo, de desprecio real más allá de las mascaradas y edulcorantes palabras del régimen de facto, patentizan que esta crisis hizo añicos el estado fallido que somos, pues la corrupción que no ha parado desde el Golpe de Estado. Cuando además de robarse la democracia que con costo construía el pueblo desde 1982, ayudados por el Innombrable de El Progreso Yoro, por Romeo Vásquez y su camarilla, han acrecentado las desgracias de este pueblo al que le quitaron desde sus empresas públicas, puertos, suelos, atmósfera, aeropuertos, agua, bosques, minas, hasta lo poco que quedaba en Salud y Educación.
¿Recuerda don Roberto la lucha que dimos pueblo y diputados conscientes el 2019 contra los PCM de JOH, buscando mercantilizar la educación y salud pública? Cosa que lograr finalmente el 13 de marzo reciente con su Ley de Protección Social…
Créame don Roberto me alegra que su trabajo quede documentado en papeles, allá los que no oyeron sus sabios consejos. Que bueno que usted pronto se retirará a descansar, porque esta sociedad y Gobierno injustos y violatorios en Derechos Humanos, donde ahorita mismo están tirando a la calle por millares a los trabajadores y estamos a un pasito de la esclavitud total, solo falta que nos pongan el fierro, no vale la pena que usted siga siendo parte del peor régimen que conoció jamás Honduras.
Nos toca concluir que la lógica perversa de quienes nos han gobernado con sus honrosas excepciones, ha sido una agresividad sin medida hacia los recursos de todos los hondureños, echárselos a sus bolsillos sin ningún pudor y arreglar como lo hizo Marco Aurelio Soto, los problemas económicos de sus generaciones.
Aquí en la última década de cleptocracia, ha prevalecido el sálvese quien Pueda y el cinismo más aberrante como lo estableció José Porfirio Pepe Lobo, ’’ que sabía lo que pasaba en el IHSS, el saqueo claro, pero no hablo para no afectará la campaña de su Partido’’ y desde luego de su ahijado político JOH.
Sabrá el doctor Roberto Herrera Cáceres del CONADEH, si además de Mario Zelaya, exdirector del IHSS ¿algún día caerán las ballenas corruptas en este y otros casos, dado que ese latrocinio documentado por la Maccih y denunciado hasta que lo encarcelaron por el colega David Romero Ellner, significó violar el derecho a la salud de incontables hondureños?
Tras mi reciente artículo en Criterio.hn, acerca del papel del Comisionado de los Derechos Humanos CONADEH en la presente crisis, hemos recibo una extensa nota de su titular el doctor en derecho Roberto Herrera Cáceres que está llamado constitucionalmente a velar por la plena vigencia de nuestros derechos humanos.
Reza en varios numerales la nota:
‘’ Hacemos de su conocimiento parte de las actuaciones del CONADEH en el marco de la crisis sanitaria y que prueba fehacientemente el cumplimiento debido de nuestro deber:
1-El Conadeh realiza periódicamente inspecciones en los hospitales y centros de salud del país. Con el objeto de revisar las condiciones de atención a los pacientes y familiares de los pacientes, abastecimiento de medicinas, condiciones de trabajo de los servidores públicos, condiciones de atención a grupo de vulnerabilidad etc.
Después de cada inspección, realiza las recomendaciones a los directores de los centros sanitarios, quienes están obligados a hacerlas del conocimiento de los mandos superiores del sistema de Salud.
2.. El Conadeh también ha realizado varios operativos simultáneos en todos los hospitales del IHSS, arrojando como resultado informes institucionales nacionales con recomendaciones las que se han formalizado ante el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos, mejoramiento del trato a los pacientes y sus familias, funcionamiento óptimo de las ambulancias, mejoramiento de sistemas de agua potable en hospitales, de instalaciones físicas reducción de la mora en consulta externa y cirugías. La aplicación del Modelo de Atención Primaria en Salud etc.
Y sobre la Crisis provocada por Covid, el Comisionado dice que: desde que inicio la pandemia y su subsecuente crisis sanitaria en el sistema de salud de Honduras, el CONADEH ha estado ADVIRTIENDO (el subrayado es nuestro) de las consecuencias NEFASTAS que tendrá sobre la población hondureña sino se tomaban las previsiones necesarias de forma oportuna.
Agrega que: Nuestras redes sociales reflejan nuestros constantes llamados a la Institucionalidad del Estado a:
- Abastecer rápida y adecuadamente de insumos de bioseguridad al personal médico, de enfermería y auxiliares que atienden a las personas contagiadas por el COVID 19.
- A la necesidad de que todos los Colegios Profesionales de Honduras, se unan de forma coordinada a las acciones contra la pandemia.
- A la necesidad que la UNAH, la cual funciona con fondos públicos, se sume con su aporte científico, sus instalaciones y tecnología a la lucha contra la pandemia, así como a la convocatoria los ex decanos de la Facultad de Medicina para su aporte académico y científico.
- Acceso a la alimentación, medicinas y agua para los sectores menos favorecidos.
- Y manifiestan que han estado inspeccionando los centros penales, postas policiales, hospitales y centros de salud, recibiendo y resolviendo quejas y brindando orientaciones.
- Y además asegura, han convocado a la Secretaría de Salud para que informe de las actuaciones del Estado en la presente crisis, situación que fue atendida por el subsecretario doctor Nery Cerrato.
Los hechos diarios de improvisación, de desorden y sobre todo, de desprecio real más allá de las mascaradas y edulcorantes palabras del régimen de facto, patentizan que esta crisis hizo añicos el estado fallido que somos, pues la corrupción que no ha parado desde el Golpe de Estado. Cuando además de robarse la democracia que con costo construía el pueblo desde 1982, ayudados por el Innombrable de El Progreso Yoro, por Romeo Vásquez y su camarilla, han acrecentado las desgracias de este pueblo al que le quitaron desde sus empresas públicas, puertos, suelos, atmósfera, aeropuertos, agua, bosques, minas, hasta lo poco que quedaba en Salud y Educación.
¿Recuerda don Roberto la lucha que dimos pueblo y diputados conscientes el 2019 contra los PCM de JOH, buscando mercantilizar la educación y salud pública? Cosa que lograr finalmente el 13 de marzo reciente con su Ley de Protección Social…
Créame don Roberto me alegra que su trabajo quede documentado en papeles, allá los que no oyeron sus sabios consejos. Que bueno que usted pronto se retirará a descansar, porque esta sociedad y Gobierno injustos y violatorios en Derechos Humanos, donde ahorita mismo están tirando a la calle por millares a los trabajadores y estamos a un pasito de la esclavitud total, solo falta que nos pongan el fierro, no vale la pena que usted siga siendo parte del peor régimen que conoció jamás Honduras.
Organizadas y con prácticas ancestrales comunidades garífunas hacen frente al Covid-19
- 30/03/2020
Mujeres elaborando materiales de protección contra el COVID-19.
La llegada del COVID-19 ha develado la incapacidad del sistema
sanitario hondureño que, a raíz de la corrupción y la falta de
compromiso de las autoridades la ciudadanía se encuentra en mayor
vulnerabilidad ante el virus.
Conociendo la situación del sistema sanitario, miles de ciudadanos, ciudadanas y comunidades enteras han tenido que organizarse para luchar contra la pandemia.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, dice que como organización y comunidades no se quedan de brazos cruzados y han venido haciendo un trabajo para crear grupos comunitarios para atender la pandemia. “A estas alturas tenemos 11 ejercicios organizativos conformados con jóvenes en su mayoría, quienes están haciendo trabajo desde las comunidades para hacer conciencia sobre el peligro del coronavirus».
Miranda dice que desde las comunidades se está trabajando en la creación de conciencia y medidas preventivas para que la ciudadanía tenga los conocimientos básicos de cómo evitar contaminarse.
Conociendo la situación del sistema sanitario, miles de ciudadanos, ciudadanas y comunidades enteras han tenido que organizarse para luchar contra la pandemia.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, dice que como organización y comunidades no se quedan de brazos cruzados y han venido haciendo un trabajo para crear grupos comunitarios para atender la pandemia. “A estas alturas tenemos 11 ejercicios organizativos conformados con jóvenes en su mayoría, quienes están haciendo trabajo desde las comunidades para hacer conciencia sobre el peligro del coronavirus».
Miranda dice que desde las comunidades se está trabajando en la creación de conciencia y medidas preventivas para que la ciudadanía tenga los conocimientos básicos de cómo evitar contaminarse.
Vigilancia para evitar el ingreso de extraños a las comunidades.
Respuesta del Estado
Los primeros casos de coronavirus en el departamento de Colón se registraron en el municipio de Santa Fe, poblado mayoritariamente por comunidades garífunas.
Miranda explica que, la respuesta del Estado ha sido la misma que en otras regiones del país, con muy poca capacidad de atender los casos. “No hay infraestructura en ninguna parte. Nos preocupa no solo el hecho que la gente se puede infectar, sino que la respuesta que se puede obtener del Estado es nula. Aquí no existe la capacidad, ni el equipamiento a nivel de comunidades para atender cualquier foco de infección. No existen las herramientas, la gente ha tenido que elaborar sus propias mascarillas, por ejemplo”, expresa Miranda.
Miranda cree que lo único ha hecho el gobierno es cerrar la circulación entre las carreteras, pero adentro de las comunidades no existe ninguna medida de prevención que haya sido implementada por el Estado. “Hay que organizarnos desde las comunidades porque si esto crece, si esto aumenta, si hay más número de personas infectadas, morirá mucha gente y nosotros tenemos que garantizar que no vayamos a alcanzar es niveles altos de muertes”, expresa.
La luchadora cuenta que, en comunidades como Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, la población garífuna se ha organizado de tal manera que unos están restringiendo la entrada, y otros desde sus hogares están contribuyendo a construir material de bioseguridad.
Además, se ha comenzado a distribuir remedios naturales que han sido prácticas ancestrales del pueblo garífuna para incrementar las defensas del cuerpo.
Impacto económico
La economía de las comunidades garífunas se basa mayoritariamente en el turismo a pequeña escala. El mes de marzo y abril es la temporada donde las comunidades reciben mayor cantidad de visitantes debido a la temporada de verano, sin embargo, este año a raíz del COVID-19, la situación es totalmente distinta.
Miriam Miranda dice que, el efecto económico es un bastante grave y será aún más en las próximas semanas para las comunidades garífunas. “El tema de la alimentación es una cuestión terrible. Las comunidades más cercanas a las ciudades ya están teniendo un efecto gravísimo porque no hay manera de cómo comprar alimentos. Es por eso que hemos insistido en la importancia de comenzar a cultivar nuestras tierras”, puntualizó.
A través de un comunicado Miriam Miranda invitó a las comunidades garífunas a organizarse. A realizar un registro con las personas que tienen problemas crónicos de salud. También motivó a identificar a las personas están en riesgo de no tener comida, porque de esa forma se harán gestiones para garantizar el sustento a los más necesitados.
Los primeros casos de coronavirus en el departamento de Colón se registraron en el municipio de Santa Fe, poblado mayoritariamente por comunidades garífunas.
Miranda explica que, la respuesta del Estado ha sido la misma que en otras regiones del país, con muy poca capacidad de atender los casos. “No hay infraestructura en ninguna parte. Nos preocupa no solo el hecho que la gente se puede infectar, sino que la respuesta que se puede obtener del Estado es nula. Aquí no existe la capacidad, ni el equipamiento a nivel de comunidades para atender cualquier foco de infección. No existen las herramientas, la gente ha tenido que elaborar sus propias mascarillas, por ejemplo”, expresa Miranda.
Miranda cree que lo único ha hecho el gobierno es cerrar la circulación entre las carreteras, pero adentro de las comunidades no existe ninguna medida de prevención que haya sido implementada por el Estado. “Hay que organizarnos desde las comunidades porque si esto crece, si esto aumenta, si hay más número de personas infectadas, morirá mucha gente y nosotros tenemos que garantizar que no vayamos a alcanzar es niveles altos de muertes”, expresa.
La luchadora cuenta que, en comunidades como Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, la población garífuna se ha organizado de tal manera que unos están restringiendo la entrada, y otros desde sus hogares están contribuyendo a construir material de bioseguridad.
Además, se ha comenzado a distribuir remedios naturales que han sido prácticas ancestrales del pueblo garífuna para incrementar las defensas del cuerpo.
Impacto económico
La economía de las comunidades garífunas se basa mayoritariamente en el turismo a pequeña escala. El mes de marzo y abril es la temporada donde las comunidades reciben mayor cantidad de visitantes debido a la temporada de verano, sin embargo, este año a raíz del COVID-19, la situación es totalmente distinta.
Miriam Miranda dice que, el efecto económico es un bastante grave y será aún más en las próximas semanas para las comunidades garífunas. “El tema de la alimentación es una cuestión terrible. Las comunidades más cercanas a las ciudades ya están teniendo un efecto gravísimo porque no hay manera de cómo comprar alimentos. Es por eso que hemos insistido en la importancia de comenzar a cultivar nuestras tierras”, puntualizó.
A través de un comunicado Miriam Miranda invitó a las comunidades garífunas a organizarse. A realizar un registro con las personas que tienen problemas crónicos de salud. También motivó a identificar a las personas están en riesgo de no tener comida, porque de esa forma se harán gestiones para garantizar el sustento a los más necesitados.
Las mujeres realizan rótulos con información sobre el virus.
Policía amenaza a líderes de comunidades que intentan protegerla del Covid-19
Por Riccy Ponce -
30 marzo, 2020Los pobladores y líderes comunitarios tomaron la decisión de dar paso solo a las personas que habiten en ellas por el bien de la comunidad.
Ante esta acción, “el oficial conocido como Otero dijo que no, que no era correcto la imposición que nosotros estábamos haciendo y más se molestó cuando se le negó el permiso a trabajadores de una finca de un hacendado, que según se conoció es familiar de Samuel Reyes, actual diputado de la Unión, Lempira”, expresó Bernardino Pérez, defensor de derechos humanos, integrante de la red de Lempira y comunicador Social.
También dijo que “esto ha creado un conflicto con la autoridad local y policial, especialmente con un oficial conocido como Otero, quien según el decreto #PCM 021-2020 son los encargados de velar porque se cumpla esta ordenanza, pero más bien los amenaza con desalojarlos con el apoyo del XII Batallón, solo por proteger al pueblo”.
Lo que él quería es que le diéramos permiso de circular a los trabajadores de esa finca, pero se le negó porque ellos entran y salen de las comunidades y andan por todo el departamento, trasladando ganado sin protección alguna, sin guantes y sin mascarilla, añadió el defensor de los derechos humanos.
El defensor expresó que en una reunión el oficial manifestó que no aceptaba ninguna medida y que si no aceptábamos desalojar la calle, que iba a pedir el apoyo al XII Batallón para que los desalojaran.
“Esto provocó un conflicto entre las comunidades, los líderes comunitarios y el policía, porque él es un acomodado y se maneja que obedece al alcalde y a otros altos rangos; también porque ordena y cuando no se le obedece, impone la fuerza”, denunció el defensor.
Cabe señalar que la intención del pueblo es protegerse de la pandemia y estas personas a quien el oficial quiere favorecer, entran y salen de la comunidad sin ninguna protección, dijo Pérez a defensoresenlinea.com.
Además añadió que él como defensor de derechos humanos está pendiente para velar porque no se les violentan los derechos humanos a las comunidades, ya que hasta él ha sido víctima.
“En ocasiones este señor me ha tratado mal porque se aprovecha que es policía y por la fuerza que ellos tienen, veo que cualquier persona puede ser víctima de ellos y por eso nosotros siempre andamos haciendo la labor como defensores, interviniendo en situaciones que puedan ocasionar un enfrentamiento entre policías y el sector, y así prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos”.
El Covid-19 en Honduras cada vez va en aumento, ya que se han reportado siete víctimas mortales y más de 139 personas han dado positivo en diferentes sectores del país.
DEOCODERH: Exigimos medidas de seguridad para la población ante el COVID 19
Por defensores -
29 marzo, 2020
Retén en Sensenti, Ocotepeque, para evitar la propagación del Coronavirus/ Foto: DEOCODERH
A dos semanas de la implementación de
medidas para evitar la propagación del COVID-19 o Coronavirus, ya suman
139 casos positivos en ocho departamentos de Honduras, y aunque no esté
en mención Ocotepeque, nuestra ubicación geográfica nos hace más
vulnerables. En este sentido la Red de Defensores Ocotepecanos de
Derechos Humanos (DEOCODERH), nos pronunciamos de la siguiente manera:
Nos preocupa que, desde el 11 de marzo
que se anunció los primeros dos casos de coronavirus en el país ya
suman a la fecha 139, de los cuales hay tres muertos y tres recuperados:
pese a ello no se ha hecho mayor esfuerzo por habilitar clínicas
locales o dotar de medicamentos necesarios los centros de salud. Tomando
que cuenta que desde el 16 de marzo se anunció mediante decreto
ejecutivo PCM 021-2020 toques de queda, que empeora nuestra movilidad,
de por si complicada y distante a las ciudades con hospitales de
atención especializada como San Pedro Sula o Tegucigalpa.
Nosotros y nosotras, habitamos una
región fronteriza con dos países (El Salvador y Guatemala), la movilidad
humana es de flujo migrante de diversos países, lo que genera mayor
vulnerabilidad de contagio de Covid 19, aunque las fronteras están
cerradas para el paso de personas, existe el tránsito para transporte y
personas beneficiarias de dispensas gubernamentales. Desconocemos la
suerte de los migrantes que a diario pasaban por nuestros pueblos, los
cuales están cercados entre municipios para evitar contagios.
De detectarse algún caso positivo o
sospechoso de Coronavirus en Ocotepeque, no existe en la región un
centro médico dotado de los insumos necesarios para tratar a los
pacientes. Se han suspendido las consultas externas, y los centros de
salud continúan desabastecidos. Ante el desinterés y olvido
gubernamental, se nos es más factible ir a buscar consulta a El Salvador
o Guatemala, por el acceso inmediato, trato y costo.
Denunciamos que en el hospital del
municipio de San Marcos, únicamente atienden emergencias supuestamente
para no aglutinar pacientes con diferentes enfermedades. En el centro de
salud del municipio de La Labor no hay nada de medicamentos ni
mascarillas, uno de los insumos primordiales de bioseguridad para evitar
el contagio del virus.
No hay manera de conseguir dinero, Para
quienes logran tener algún tipo de ahorro se encuentran con las agencias
bancarias cerradas. Existen casos de empleados remunerados cuyos
empleadores les toman la cuarentena como “vacaciones”. Por otro lado, la
mayoría de la población que es de bajos recursos económicos y vive de
su trabajo por jornal, no está yendo a trabajar debido los toques de
queda, las ordenanzas municipales, los cierres de pequeños negocios,
mercados populares o accesos a sus milpas. En general, al no haber
efectivo las familias se han quedado sin alimentos ni medicinas, y hay
otro pequeño grupo que está saqueando las fincas (ya sea por hambre), y
afectado al pequeño productor.
Foto: Fabricación de mascarillas, en Perú www.mercadonegro.pe/
En vista de lo anterior, estamos
conscientes de que la pandemia COVID 19 que ha infectado a más de
722,289 personas en más de 175 países desde su descubrimiento hace tres
meses en China, debe ser combatida con medidas extremas que conlleva la
inmovilidad humana y eso depende mucho de cada persona. Sin embargo,
para que eso sea posible, el pueblo debe tener las medidas básicas
seguras como alimentación y salud garantizada.
Por lo que exigimos que los entes
encargados de velar por la población, volteen su mirada de manera
igualitaria, sin favoritismo político, respetando al Constitución de la
República en su artículo 60 que expresa que todos y todas nacemos libres
e iguales en derechos.
Como defensores y defensoras de derechos
humanos, permanecemos atentos al respeto de la vida, condenamos la
militarización del país y el abuso de poder con los recursos económicos
del pueblo.
Continuamos monitoreando, documentando y
acompañando junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), que ante cualquier situación en medio de una
emergencia sanitaria, prevalezca la vida humana.
Ocotepeque, Honduras, 29 de marzo de 2020
Red de Defensores Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH)
Restringen Garantías Constitucionales Ciudadanas
- 16/03/2020
En nombre del combate al coronavirus, el gobierno de JOH decidió restringir las garantías constitucionales ciudadanas.
Mediante el Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020, el gobierno de
Juan Orlando Hernández, en Consejo de Ministros, determinó restringir,
por un plazo de siete días, a partir de la aprobación y publicación de
dicho decreto, las garantías constitucionales establecidas en los
artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la
República.
De acuerdo al decreto, quedan suspendidas la libertad personal, se pueden hacer las detenciones de personas en cualquier momento y por decisión de la autoridad policial y militar. También suspendieron la libre emisión de pensamiento así como la libertad de asociación y reunión, a la circulación libremente por el territorio nacional así como se ha facultado en este tiempo el irrespeto al derecho a la propiedad privada.
Entre las prohibiciones específicas que detalla el decreto, señala la suspensión de labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. Se prohibieron eventos de todo tipo y número de personas, así como la suspensión del funcionamiento del transporte público. Se ordenó la suspensión de celebraciones religiosas presenciales, se prohibió el funcionamiento de los negocios incluyendo centros comerciales y se ordenó el cierre todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en el territorio nacional.
El gobierno informó del decreto en cadena nacional. El vocero del Sistema de Gestión de Riesgos, Sinager, Francis Rafael Contreras, señaló que la restricción a las garantías constitucionales tiene algunas las siguientes.
De acuerdo al decreto, quedan suspendidas la libertad personal, se pueden hacer las detenciones de personas en cualquier momento y por decisión de la autoridad policial y militar. También suspendieron la libre emisión de pensamiento así como la libertad de asociación y reunión, a la circulación libremente por el territorio nacional así como se ha facultado en este tiempo el irrespeto al derecho a la propiedad privada.
Entre las prohibiciones específicas que detalla el decreto, señala la suspensión de labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. Se prohibieron eventos de todo tipo y número de personas, así como la suspensión del funcionamiento del transporte público. Se ordenó la suspensión de celebraciones religiosas presenciales, se prohibió el funcionamiento de los negocios incluyendo centros comerciales y se ordenó el cierre todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en el territorio nacional.
El gobierno informó del decreto en cadena nacional. El vocero del Sistema de Gestión de Riesgos, Sinager, Francis Rafael Contreras, señaló que la restricción a las garantías constitucionales tiene algunas las siguientes.
Estos son los artículos que contienen las garantías constitucionales ciudadanas.
“Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público
para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su
prestación laboral, profesional o empresarial a las industrias
autorizadas en este mismo Decreto, retorno al lugar de residencia
habitual…” manifestó Contreras.
El decreto señala la Secretaría de Seguridad, podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
“Pueden circular las personas que integran las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Riesgo (SINAGER), el personal médico y de enfermería, de regulación sanitaria, entes de socorro y emergencia acreditados por su Institución pública o privada, las ambulancias, los miembros de los cuerpos de seguridad y justicia y altos funcionarios del Estado debidamente identificados…”, dijo Francis Conteras en cadena nacional.
El decreto señala la Secretaría de Seguridad, podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
“Pueden circular las personas que integran las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Riesgo (SINAGER), el personal médico y de enfermería, de regulación sanitaria, entes de socorro y emergencia acreditados por su Institución pública o privada, las ambulancias, los miembros de los cuerpos de seguridad y justicia y altos funcionarios del Estado debidamente identificados…”, dijo Francis Conteras en cadena nacional.
La ciudadanía no podrá circular, y de hacerlo corre el riesgo de ser detenido por los cuerpos represores del Estado.
El gobierno también autoriza la circulación de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y Fiscal Adjunto, el
Presidente y Junta Directiva del Congreso Nacional, el Comisionado
Nacional de Derechos Humanos o su personal asignado y el personal
debidamente autorizado por la Secretaria de Estado en el Despacho de
Salud y otros Altos Funcionarios de las Instituciones del Centralizadas y
Descentralizadas.
Por las fronteras podrán ingresar hondureños, residentes permanentes y temporales, así como cuerpo diplomático acreditado en el país el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata a su ingreso de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud.
Igualmente se instruye a que se mantengan en operación la industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene, gasolineras, mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Los restaurantes con autoservicio quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla.
También las empresas de seguridad y transporte de valores, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, tren de aseo, la industria agroalimentaria incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas.
Los encargados que se cumplan las disposiciones del Decreto Ejecutivo serán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas que apoyarán a la Secretaría de Salud.
De acuerdo al Decreto, hay orden de detener a toda persona encontrada circulando fuera de las excepciones establecidas.
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de
Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presenta este informe
preliminar de hechos monitoreados en medio de la emergencia aún en curso
y consciente, por tanto, que su evolución es vertiginosa.
El documento claramente no tiene por objeto repetir instrucciones sanitarias por demás importantes ni cuantificar la actualidad cambiante de la pandemia, sino como es lógico suponer, ocuparse del contexto hondureño en el cual ocurre esta conmoción nacional y de sus efectos en Derechos Humanos a nivel nacional.
Para una comprensión global de las situaciones nacionales aquí reportadas, el informe incluye de entrada las bases doctrinarias de la legislación internacional que aplican en materia de derechos humanos sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos. Reúne, así mismo, algunos antecedentes importantes antes del arribo del virus al país.
En realidad el esfuerzo de monitoreo hace énfasis esta vez sobre la situación de los derechos sociales y económicos en el marco de la presente emergencia sanitaria y enfoca la atención sobre los actores que gerencian la misma.
El documento reporta una gerencia peligrosa de la pandemia por parte de las fuerzas militares del régimen y de la estructura partidaria al mando del Estado, en contraste con los mecanismos de cuidado colectivo y autodefensa que muchas comunidades desarrollan según sus formas de organización de base.
Constituye un señalamiento general la centralidad de los militares en la coyuntura actual como ejecutores del toque de queda, transportadores y distribuidores de alimentos, y represores de las manifestaciones de descontento. Una militarización absoluta de la cuarentena.
Bajar Informe aquí: INFORME COFADEH DDHH Y COVID-19
“Si bien reconocemos la severidad de la actual crisis de salud y que el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia está permitido por la ley internacional en respuesta a amenazas significativas, urgentemente recordamos a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria,” dijeron los expertos y las expertas.
Su llamado hace eco del reciente llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de poner los #DerechosHumanos en el centro de la respuesta ante #BroteDeCoronavirus.
Las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por razones de seguridad o de salud, tienen claras guías en el derecho internacional, dijeron los expertos y las expertas. “El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados”.
“Más aún, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.
“Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso”.
Algunos Estados e instituciones de seguridad podrían encontrar atractivo el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia pues ofrece atajos, dijeron los expertos y las expertas. “Para prevenir que dichos poderes excesivos se incrusten en los sistemas legales y políticos, las restricciones deberían ser adaptadas a la medida y deberían ser lo menos intrusivas posibles al tiempo que protejan la salud pública”.
Finalmente, en países donde el virus vaya en declive, las autoridades debe
n buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, dijeron.
“Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para regular esta pandemia, para favorecer el surgimiento de sociedades sanas, con base en el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos”, dijeron los expertos y las expertas de la ONU.
Tegucigalpa.- El régimen de Juan Orlando
Hernández está llevando adelante un modelo de gestión de la crisis
profundamente dictatorial y autoritario, donde no hay cabida para la
concertación, el consenso ni la participación de la sociedad civil.
“Ese es el elemento que caracteriza el modelo de gestión de la crisis, lleno de opacidad, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas; de falta de transparentar el uso de recursos”.
Así reflexionó el destacado sociólogo hondureño Eugenio Sosa, al ser consultado por el periódico digital www.defensoresenlinea.com sobre el accionar del régimen, con respecto a la contención de la crisis provocada por la pandemia mundial del coronavirus o Covid19 y su impacto a nivel social, político y económico.
El impacto de la pandemia de coronavirus tiene algunos puntos críticos en el país, que son el tema de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, dijo Sosa.
Se toman medidas como la cuarentena desconociendo que hay gente que vive día a día, que hay gente que definitivamente se encierra en sus casas o pedirles que se encierren; es para aguantar hambre, porque no es un país que tiene niveles de empleo formal o de poder recibir un salario al final de mes; como lo recibe un sector muy pequeño de la sociedad.
“Esas medidas, como las de regalar algunas raciones de comida, están muy lejos de satisfacer el gran problema de los sectores populares, por eso no es casual que se hayan levantado varias voces de protesta y varias tomas de carreteras todos los días; pidiendo que se les lleve comida o que se les atienda”, comentó.
Sosa señaló que el segundo momento crítico, es que, a pesar que se avisó con tiempo o digamos que el mundo nos avisó con tiempo, en el sentido que sabíamos que esto se venía, todavía a éstas alturas, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, siguen teniendo problemas graves de material logístico de bioseguridad.
“Hasta hace poco incluso, ni siquiera tenían mascarillas quirúrgicas que es de lo más elemental”, sostuvo.
El tercer elemento crítico, añadió, es que se está llevando adelante un modelo de gestión de la crisis profundamente dictatorial y autoritario. No hay cabida para la concertación, para el consenso, no hay cabida para la participación de la sociedad civil.
No hay cabida para la auditoría y la vigilancia ciudadana, de auditar esas grandes cantidades de millones de lempiras y no hay cabida, más que para aquellos que de alguna manera hacen lo que el gobierno les pide o que son instancias que han sido creadas por el gobierno para sustituir la participación precisamente de la sociedad y la ciudadanía.
“Me refiero a algún tipo de vigilancia, entre comillas, y de acompañamiento que hacen instancias como el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), pero que es claro, que es una instancia extremadamente cercana al gobierno, extremadamente obediente al gobierno y que no representa las voces críticas ni propositivas de la sociedad civil y de la ciudadanía”, expuso el sociólogo hondureño.
Ese es el elemento que caracteriza el modelo de gestión de la crisis, lleno de opacidad, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas; de falta de transparentar el uso de recursos.
Algunas medidas que se han tomado van en la línea de beneficiar básicamente al sector empresarial, y me refiero “al gran sector empresarial”, a aquel que hace negocios con el estado, que depreda al estado y que incluso aunque faltan más investigaciones; sabemos que ha estado detrás de los grandes escándalos de corrupción.
“En ese sentido lo que se espera para el país no es nada fácil, es una profundización de la crisis, una crisis que puede derivar en diferentes escenarios. Uno de ellos puede ser un escenario continuista, dictatorial, autoritario”, vaticinó.
O realmente tomar la oportunidad de parte de las fuerzas políticas y sociales; para levantar un proyecto político por una Honduras diferente, por un mejor país, por una mejor patria”, reflexionó el profesional de la sociología.
Por último, Eugenio Sosa señaló que a nivel mundial en la geopolítica, hay un debate. No se sabe exactamente de dónde vino el virus y hay sospechas, hay algunas miradas que no se pueden descartar, pero que tampoco se pueden afirmar de antemano; que son miradas que plantean que en esto hubo un proceso de manipulación genética y que es parte de la guerra económica y por la hegemonía mundial de grandes potencias económicas capitalistas.
El pasado 13 de marzo el Congreso Nacional (CN) aprobó la asignación de 430 millones de dólares ( 10 mil 320 millones de lempiras) con el propósito de atender la crisis sanitaria provocada por el impacto del coronavirus en el país.
El 24 de marzo, el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato anunció con “gran satisfacción” que el régimen tenía “ya en caja”, 143 millones de dólares (unos 3 mil 432 millones de lempiras) en carácter de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El funcionario también informó sobre el otorgamiento de 50 millones de dólares (Mil 200 millones de lempiras) por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y un millón de dólares ( 24 millones de lempiras) adicionales para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER).
Otros 200 millones de dólares ( 4 mil 800 millones de lempiras) para Honduras, serán transferidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para inversión en el sector salud y apoyo financiero a la gran empresa, turismo, pensiones, subsidios, apoyo a cadena de suministros y para las pequeñas y medianas empresas.
El régimen mantiene una total opacidad y a quienes les abre las puertas, son actores que están completamente coludidos o completamente a su favor; que no hacen una crítica o auditoría real, como es el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) que anda participando de las bolsas y sacos alimenticios que se andan dando, explicó Sosa.
“Aquí hay un gran problema y es que aquí se aplica una cuarentena en un país donde el tema de la pobreza, la desigualdad y la exclusión es enorme, que pasa más del 50 por ciento y llega hasta un 60 por ciento”.
“Entonces los más golpeados, los más empobrecidos, los que van a quedar en una mayor pobreza y en una mayor exclusión, van a ser precisamente los sectores más populares”, advirtió el investigador social.
Estas medidas, son medidas pro-empresariales, son medidas que permiten y dan posibilidad a mucha corrupción. Son medidas que van a permitir que se enriquezca esta élite política corrupta gobernante, que se favorezcan sobre todo, los grandes empresarios que siempre han depredado el estado y con ello se profundice la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La asistencia social para atender a las familias más pobres y que están siendo afectadas por la emergencia del Covid-19, será manejada por las alcaldías municipales, decidió en las últimas horas el gobernante hondureño, Juan Hernández.
La determinación de Hernández podría ser una salida calculada para evitar el descontento de la población que, lejos de la emergencia sanitaria, clama por alimentos y otras demandas sociales insatisfechas, que acrecientan a pasos agigantados las brechas sociales producto de los altos niveles de corrupción.
El jefe de gobierno, que cada vez que comparece ante los medios de comunicación advierte que “lo peor está por venir”, anunció el domingo en cadena nacional de radio y televisión que ha decidido que el programa “Honduras Solidaria”, que implica la compra de alimentos e insumos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, sea manejado por parte de los 298 municipios a través de las trasferencias municipales.
Hernández anunció para dicho propósito una transferencia a los gobiernos locales por 355 millones de lempiras “para el apoyo a familias pobres y sin acceso a alimentos durante la emergencia por el coronavirus”.
Twitter
informó este jueves (02.04.2020) que suspendió 3,014 cuentas por
publicaciones similares a spam que apoyaban al régimen hondureño y su
jefe Juan Orlando Hernández, por contratar a cientos de personas para
promoverlo en las redes sociales en su red social.
“Descubrimos que muchas cuentas no auténticas estaban accediendo a Twitter desde un solo rango de IP en Honduras y retuitiando en gran medida la cuenta del presidente. Eliminamos 3,104 cuentas cuando quedo claro que un miembro del personal creo las cuentas falsas en nombre del gobierno”, explicó Twitter.
Twitter prohíbe el envío de tuits idénticos desde varias cuentas, como suele ser el caso con el correo no deseado, y “coordinar o compensar a otros para que participen en una amplificación artificial”. También prohíbe crear interacciones “falsas” con contenido “duplicado”.
Al igual que sucedió con Manuel Zelaya, tras el golpe contra Evo Morales el reciente anuncio de su proscripción es parte de un libreto que no fue escrito ni en Honduras ni en Bolivia, sino en Washington. Un texto que es seguido al pie de la letra por el TSE, la USAID y la OEA en un burdo intento de que las elecciones del 3 de mayo se transformen en una mascarada democrática que lave la imagen y dé continuidad al gobierno golpista.
El camino que la derecha antidemocrática ha decidido recorrer en Bolivia replica los pasos recientemente transitados en Honduras: golpe, proscripción y fraude.
Como si fuera una nueva versión de una vieja película, cambian los protagonistas, pero no el libreto. No es casualidad. El burdo texto no fue escrito ni en Honduras ni en Bolivia, sino en Washington. Una historia que tiene de trasfondo la Doctrina Monroe, la política neocolonial del imperio y la participación estelar de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Luis Almagro. Todos, componentes de una parodia de democracia que no engaña ni a los sectores más reaccionarios que buscan con desespero una mentira que les permita justificar su odio a los procesos populares.
El pasado jueves 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció la inhabilitación de la candidatura a senadores del expresidente Evo Morales y del excanciller Diego Pary. El anuncio solo fue un nuevo paso más en la continuidad del golpe del 10 de noviembre de 2019.
El presidente del TSE, Salvador Romero, argumentó en el anuncio de la proscripción que se debía a que Morales no reside en el país, desconociendo de manera grotesca y burda que debió abandonar Bolivia tras el golpe en su contra porque estaba en riesgo su vida y, como bien señaló uno de sus abogados, Eugenio Raúl Zaffaroni, si hubiera permanecido en su país lo hubieran asesinado.
Cuando se supo de la designación de Salvador Romero al frente del TSE, Contexto denunció que las nuevas autoridades, presentadas por la prensa de derecha como garantía de transparencia, no eran otra cosa que la garantía del fraude articulado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana.
Salvador Romero, designado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, aparece en varios cables revelados por WikiLeaks en los que queda expuesto su estrecho vínculo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas en inglés como USAID).
Es conocido el rol de la USAID (al igual que el de la Fundación Nacional para la Democracia – NED) como un organismo a través del cual los servicios de inteligencia norteamericanos (especialmente la CIA) canalizan fondos o ejecutan operaciones para desestabilizar los procesos populares o apoyar a sus títeres en el extranjero.
Los cables expuestos por WikiLeaks muestran cómo –al menos desde 2008– Salvador Romero tenía un estrecho vínculo con funcionarios de la embajada norteamericana, cómo era promocionado en charlas contra el gobierno de Evo Morales auspiciadas por la USAID, y cómo había iniciado una campaña contra el Movimiento al Socialismo (MAS) para tratar de influir en los siguientes referendums y en las elecciones presidenciales.
Romero fue caracterizado como un ferviente militante contra la nueva Constitución de Bolivia que impulsó Morales y fue el propio presidente boliviano quien por aquella época señaló que la entonces Corte Nacional Electoral (CNE) era un órgano subordinado a la Embajada de Estados Unidos –Romero había sido nombrado al frente de ese organismo en 2003 por el entonces presidente Carlos Mesa, otra de las figuras responsables del golpe del 10 de noviembre de 2019–.
Bolivia comenzó a recorrer el camino de Honduras, que en 2009 sufrió el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la imposición del gobierno de facto de Roberto Micheletti, la proscripción de Zelaya y los sucesivos fraudes (2014 y 2018) respaldados por la OEA que pusieron al frente del gobierno a un títere de la Casa Blanca: Juan Orlando Hernández.
(Tomado de Rebelión)
Por las fronteras podrán ingresar hondureños, residentes permanentes y temporales, así como cuerpo diplomático acreditado en el país el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata a su ingreso de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud.
Igualmente se instruye a que se mantengan en operación la industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene, gasolineras, mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Los restaurantes con autoservicio quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla.
También las empresas de seguridad y transporte de valores, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, tren de aseo, la industria agroalimentaria incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas.
Los encargados que se cumplan las disposiciones del Decreto Ejecutivo serán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas que apoyarán a la Secretaría de Salud.
De acuerdo al Decreto, hay orden de detener a toda persona encontrada circulando fuera de las excepciones establecidas.
El documento claramente no tiene por objeto repetir instrucciones sanitarias por demás importantes ni cuantificar la actualidad cambiante de la pandemia, sino como es lógico suponer, ocuparse del contexto hondureño en el cual ocurre esta conmoción nacional y de sus efectos en Derechos Humanos a nivel nacional.
Para una comprensión global de las situaciones nacionales aquí reportadas, el informe incluye de entrada las bases doctrinarias de la legislación internacional que aplican en materia de derechos humanos sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos. Reúne, así mismo, algunos antecedentes importantes antes del arribo del virus al país.
En realidad el esfuerzo de monitoreo hace énfasis esta vez sobre la situación de los derechos sociales y económicos en el marco de la presente emergencia sanitaria y enfoca la atención sobre los actores que gerencian la misma.
El documento reporta una gerencia peligrosa de la pandemia por parte de las fuerzas militares del régimen y de la estructura partidaria al mando del Estado, en contraste con los mecanismos de cuidado colectivo y autodefensa que muchas comunidades desarrollan según sus formas de organización de base.
Constituye un señalamiento general la centralidad de los militares en la coyuntura actual como ejecutores del toque de queda, transportadores y distribuidores de alimentos, y represores de las manifestaciones de descontento. Una militarización absoluta de la cuarentena.
Bajar Informe aquí: INFORME COFADEH DDHH Y COVID-19
COVID-19: los Estados no deberían abusar de medidas de emergencia para suprimir derechos humanos – expertos y expertas de la ONU
Por defensores -
16 marzo, 2020
CONSEJO DE MINISTROS
GINEBRA.- Expertos y expertas de derechos
humanos de la ONU urgieron hoy a los Estados a evitar extralimitar
medidas de seguridad en sus respuestas al brote de coronavirus y les
recordaron que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia
no deben ser utilizados para anular el disenso.“Si bien reconocemos la severidad de la actual crisis de salud y que el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia está permitido por la ley internacional en respuesta a amenazas significativas, urgentemente recordamos a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria,” dijeron los expertos y las expertas.
Su llamado hace eco del reciente llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de poner los #DerechosHumanos en el centro de la respuesta ante #BroteDeCoronavirus.
Las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por razones de seguridad o de salud, tienen claras guías en el derecho internacional, dijeron los expertos y las expertas. “El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados”.
“Más aún, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.
“Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso”.
Algunos Estados e instituciones de seguridad podrían encontrar atractivo el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia pues ofrece atajos, dijeron los expertos y las expertas. “Para prevenir que dichos poderes excesivos se incrusten en los sistemas legales y políticos, las restricciones deberían ser adaptadas a la medida y deberían ser lo menos intrusivas posibles al tiempo que protejan la salud pública”.
Finalmente, en países donde el virus vaya en declive, las autoridades debe
n buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, dijeron.
“Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para regular esta pandemia, para favorecer el surgimiento de sociedades sanas, con base en el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos”, dijeron los expertos y las expertas de la ONU.
Coronavirus: Modelo de gestión de la crisis que maneja el régimen es profundamente dictatorial y autoritario
Por Marc Allas -
3 abril, 2020'“Ese es el elemento que caracteriza el modelo de gestión de la crisis, lleno de opacidad, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas; de falta de transparentar el uso de recursos”.
Así reflexionó el destacado sociólogo hondureño Eugenio Sosa, al ser consultado por el periódico digital www.defensoresenlinea.com sobre el accionar del régimen, con respecto a la contención de la crisis provocada por la pandemia mundial del coronavirus o Covid19 y su impacto a nivel social, político y económico.
El impacto de la pandemia de coronavirus tiene algunos puntos críticos en el país, que son el tema de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, dijo Sosa.
Se toman medidas como la cuarentena desconociendo que hay gente que vive día a día, que hay gente que definitivamente se encierra en sus casas o pedirles que se encierren; es para aguantar hambre, porque no es un país que tiene niveles de empleo formal o de poder recibir un salario al final de mes; como lo recibe un sector muy pequeño de la sociedad.
“Esas medidas, como las de regalar algunas raciones de comida, están muy lejos de satisfacer el gran problema de los sectores populares, por eso no es casual que se hayan levantado varias voces de protesta y varias tomas de carreteras todos los días; pidiendo que se les lleve comida o que se les atienda”, comentó.
Sosa señaló que el segundo momento crítico, es que, a pesar que se avisó con tiempo o digamos que el mundo nos avisó con tiempo, en el sentido que sabíamos que esto se venía, todavía a éstas alturas, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, siguen teniendo problemas graves de material logístico de bioseguridad.
“Hasta hace poco incluso, ni siquiera tenían mascarillas quirúrgicas que es de lo más elemental”, sostuvo.
El tercer elemento crítico, añadió, es que se está llevando adelante un modelo de gestión de la crisis profundamente dictatorial y autoritario. No hay cabida para la concertación, para el consenso, no hay cabida para la participación de la sociedad civil.
No hay cabida para la auditoría y la vigilancia ciudadana, de auditar esas grandes cantidades de millones de lempiras y no hay cabida, más que para aquellos que de alguna manera hacen lo que el gobierno les pide o que son instancias que han sido creadas por el gobierno para sustituir la participación precisamente de la sociedad y la ciudadanía.
“Me refiero a algún tipo de vigilancia, entre comillas, y de acompañamiento que hacen instancias como el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), pero que es claro, que es una instancia extremadamente cercana al gobierno, extremadamente obediente al gobierno y que no representa las voces críticas ni propositivas de la sociedad civil y de la ciudadanía”, expuso el sociólogo hondureño.
Ese es el elemento que caracteriza el modelo de gestión de la crisis, lleno de opacidad, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas; de falta de transparentar el uso de recursos.
Algunas medidas que se han tomado van en la línea de beneficiar básicamente al sector empresarial, y me refiero “al gran sector empresarial”, a aquel que hace negocios con el estado, que depreda al estado y que incluso aunque faltan más investigaciones; sabemos que ha estado detrás de los grandes escándalos de corrupción.
“En ese sentido lo que se espera para el país no es nada fácil, es una profundización de la crisis, una crisis que puede derivar en diferentes escenarios. Uno de ellos puede ser un escenario continuista, dictatorial, autoritario”, vaticinó.
O realmente tomar la oportunidad de parte de las fuerzas políticas y sociales; para levantar un proyecto político por una Honduras diferente, por un mejor país, por una mejor patria”, reflexionó el profesional de la sociología.
Por último, Eugenio Sosa señaló que a nivel mundial en la geopolítica, hay un debate. No se sabe exactamente de dónde vino el virus y hay sospechas, hay algunas miradas que no se pueden descartar, pero que tampoco se pueden afirmar de antemano; que son miradas que plantean que en esto hubo un proceso de manipulación genética y que es parte de la guerra económica y por la hegemonía mundial de grandes potencias económicas capitalistas.
El pasado 13 de marzo el Congreso Nacional (CN) aprobó la asignación de 430 millones de dólares ( 10 mil 320 millones de lempiras) con el propósito de atender la crisis sanitaria provocada por el impacto del coronavirus en el país.
El 24 de marzo, el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato anunció con “gran satisfacción” que el régimen tenía “ya en caja”, 143 millones de dólares (unos 3 mil 432 millones de lempiras) en carácter de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El funcionario también informó sobre el otorgamiento de 50 millones de dólares (Mil 200 millones de lempiras) por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y un millón de dólares ( 24 millones de lempiras) adicionales para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER).
Otros 200 millones de dólares ( 4 mil 800 millones de lempiras) para Honduras, serán transferidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para inversión en el sector salud y apoyo financiero a la gran empresa, turismo, pensiones, subsidios, apoyo a cadena de suministros y para las pequeñas y medianas empresas.
El régimen mantiene una total opacidad y a quienes les abre las puertas, son actores que están completamente coludidos o completamente a su favor; que no hacen una crítica o auditoría real, como es el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) que anda participando de las bolsas y sacos alimenticios que se andan dando, explicó Sosa.
“Aquí hay un gran problema y es que aquí se aplica una cuarentena en un país donde el tema de la pobreza, la desigualdad y la exclusión es enorme, que pasa más del 50 por ciento y llega hasta un 60 por ciento”.
“Entonces los más golpeados, los más empobrecidos, los que van a quedar en una mayor pobreza y en una mayor exclusión, van a ser precisamente los sectores más populares”, advirtió el investigador social.
Estas medidas, son medidas pro-empresariales, son medidas que permiten y dan posibilidad a mucha corrupción. Son medidas que van a permitir que se enriquezca esta élite política corrupta gobernante, que se favorezcan sobre todo, los grandes empresarios que siempre han depredado el estado y con ello se profundice la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
Policía deberá responder por agresión contra periodistas de Santa Bárbara
Por Sandra Rodríguez -
2 abril, 2020
Captura de video cortesia de Roger Iraeta
Tegucigalpa, Honduras.-
Tras 14 horas de encierro lograron su libertad defensores comunitarios,
periodistas y un menor de edad, que ayer fueron reprimidos por la
agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación
(DPI).
El hecho se dio en medio de un desalojo
violento que, sin mediar palabra de parte de los agentes represores del
Estado lanzaron bombas lacrimógenas y dieron persecución a los
defensores que solicitaban el paso en favor de pequeños productores para
que fueran a vender al centro de la ciudad, ubicada a 223 kilómetros al
noroccidente de Tegucigalpa.
El tramo está cerrado por un retén
militar y ciudadano para evitar el tránsito vehicular y el trasiego de
personas que provengan del departamento de Cortés, uno de los más
afectados por el Coronavirus o COVID-19 con 141 de los 222 casos en
Honduras, reportados hasta el 2 de abril.
Defensores en Linea conversó con
Angélica Smith, defensora legal que dio acompañamiento a los detenidos y
estuvo en la estación policial a cargo del sub comisionado Lorenzo
Pineda, desde las siete de la noche de ayer, hasta las seis de la mañana
de este jueves, cuando salió con los criminalizados.
Smith aclaró que los detenidos eran
siete líderes comunitarios, dos periodistas y un menor de edad (17 años,
que permaneció encerrado mientras no llegara un responsable por él).
Edward Fernández, al salir esta mañana de la posta policial.
Ayer se mencionó que eran tres
comunicadores sociales apresados mientras daban cobertura al desalojo
violento, pero solo estuvieron privados de libertad Edward Fernández, de
Tv Más Canal 26; y Roger David Iraeta, de Canal 6 Internacional.
Mientras que Onán Zaldivar, de Patepluma Televisión HD canal 22, nunca
estuvo allí, afirmó la abogada.
El Ministerio Público evaluó uno por
uno a los defensores y periodistas, no encontrando delito en ellos, más
bien expresó que la policía debe responder por violentar los derechos
humanos específicamente de Fernández e Iraeta. Ya que, si se les acusaba
de violentar el toque de queda expresado en el Decreto Ejecutivo PCM
021-2020, éste exime a trabajadores de medios de comunicación.
Agregó que, se acordó que la policía
debe estar en el marco de sus funciones, ya que, este ataque demuestra
las intenciones de la DPI, cuyos agentes tienen perfilados a los
periodistas que denuncian acciones arbitrarias contra la ciudadanía, y
aprovechó la oportunidad “cayó un grande” decían los policías.
Roger Iraeta, aseguró que la policía y DPI cometieron un error.
El periodista Roger Iraera, en
comunicación con este medio digital, afirmó que los iban a acusar de
dañar una patrulla ¿pero cómo sería eso posible? Si estaban grabando el
ataque.
Es así que, no hubo denuncia, la DPI no
podría argumentar un acto dirigido en un incidente tumultuario y
difícilmente se podría individualizar la pena.
“Ellos [la policía]cometieron un error y
ahora nos piden disculpas, y que aceptemos que somos responsables,
cuando andamos con equipo a mano”, Róger Iraeta, periodista agredido y
apresado por la policía y DPI.
Hubo personas que lograron huir de la persecución armada, escondiéndose en propiedades privadas. Como resultado de la cacería, la policía destruyó un hotel cercano. denució Angélica Smith.
Es así que 10 defensores de derechos
humanos salieron sin cargos de la posta policial de Santa Bárbara, tras
vivir una noche de zozobra, no solo por el encierro, revisión médica,
sino porque, en el pueblo se organizó un centenar de personas que,
indignadas por las acciones de los uniformados, caminaron hasta la posta
para exigir la libertad de sus compañeros.
Hubo disparos frente a la jefatura
justo a media noche, no hubo tal toque de queda, no hubo cuidados para
evitar el contagio de COVID 19, la indignación era más fuerte.
Mientras tanto, el Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), permanece a la espera
del informe por el recurso de Habeas Corpus o Exhibición
Personal, que presentó anoche en favor de los líderes comunitarios y
comunicadores sociales en el departamento de Santa Bárbara.
Transferencias: ¿Estrategia política del Partido Nacional o apaciguar las aguas para JOH”
marzo 30, 2020
Redaccion
El alcalde de San José de Colinas, Amable de Jesús Hernández, considera que las transferencias municipales para atender la emergencia por el Covid, podría tener dos fines: escapatoria de Juan Hernández a las exigencias de la gente o beneficiar políticamente a los alcaldes del Partido Nacional.Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La asistencia social para atender a las familias más pobres y que están siendo afectadas por la emergencia del Covid-19, será manejada por las alcaldías municipales, decidió en las últimas horas el gobernante hondureño, Juan Hernández.
La determinación de Hernández podría ser una salida calculada para evitar el descontento de la población que, lejos de la emergencia sanitaria, clama por alimentos y otras demandas sociales insatisfechas, que acrecientan a pasos agigantados las brechas sociales producto de los altos niveles de corrupción.
El jefe de gobierno, que cada vez que comparece ante los medios de comunicación advierte que “lo peor está por venir”, anunció el domingo en cadena nacional de radio y televisión que ha decidido que el programa “Honduras Solidaria”, que implica la compra de alimentos e insumos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, sea manejado por parte de los 298 municipios a través de las trasferencias municipales.
Hernández anunció para dicho propósito una transferencia a los gobiernos locales por 355 millones de lempiras “para el apoyo a familias pobres y sin acceso a alimentos durante la emergencia por el coronavirus”.
En el marco de la emergencia el gobierno hondureño ha aprobado cerca de 500 millones de dólares para compras y contrataciones directas. Los fondos incluyen partidas para compra de equipo e insumos médicos, construcción de una red hospitalaria, una plataforma de teletrabajo y para la entrega de raciones alimentarias a 800 mil familias pobres, todo ello en el denominado programa «Honduras Solidaria». La ayuda alimentaria está siendo distribuida por los militares, pero la gente sigue protestando en los barrios y colonias de las principales ciudades y en las comunidades de tierra adentro, lo que deja entrever que el programa está lejos de satisfacer las demandas de un pueblo que vive en su mayoría en condiciones de pobreza.
«Lo
peor está por venir», dice insistentemente el gobernante hondureño,
Juan Hernández, cada vez que comparece ante los medios de comunicación.
En la imagen junto a su esposa, Ana García, durante una comparecencia
mediática el 19 de marzo dijo que «era el momento de montar en Honduras
el sistema de salud más importante de la región». (Foto: redes sociales de la Presidencia de Honduras)
Para el alcalde del municipio de San
José de Colinas, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, la medida del
gobierno es una escapatoria al problema y la entrega de “una papa
caliente” a las alcaldías para que sean los alcaldes quienes respondan a
las exigencias de la población.
“El gobierno a partir de esa cadena nos traslada a nosotros la presión, pero el recurso todavía no ha sido efectivo. Imagínese que no transfieran estos recursos en los próximos días, a nosotros nos van a linchar aquí en los pueblos porque la gente cree que el dinero ya está, pero hasta el momento no se ha depositado, hasta el momento es una promesa en cadena nacional”: Amable de Jesús Hernández.
El edil consideró que la medida es buena y lógica porque la descentralización de los fondos puede permitir que las alcaldías cumplan con la atención de la emergencia, sin embargo, vaticinó que probablemente sea una nueva promesa como ocurrió el año pasado con las transferencias condicionadas.
Especificó que, en el 2019, en el marco de las transferencias condicionadas el gobierno le asignó un fondo a los gobiernos municipales que, supuestamente, iba a ser para infraestructura educativa, pero los dineros nunca ingresaron, —entonces— “el temor nuestro es que esto vaya a ser lo mismo, que no ingresó”, advirtió Hernández.
Por otra parte, alertó que los fondos de la emergencia están siendo manejados por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la plataforma de Vida Mejor, un programa altamente politizado y que descaradamente se maneja a nombre del gobernante Partido Nacional.
En resumen, “nos preocupa que las alcaldías, que no somos de la línea del gobierno, vayamos a quedar excluidas”, dijo Amable de Jesús Hernández, quien espera que en esta oportunidad la emergencia sea manejada con seriedad.
Con las declaraciones del alcalde del municipio de San José de Colinas, perteneciente a las filas del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), se puede deducir que la medida de transferir los fondos de la emergencia del Covid a las alcaldías municipales, podría estar ligado a intereses políticos para que los ediles del Partido Nacional tengan ventaja. Asimismo, que el gobernante reduzca la presión popular sobre su imagen.
Presupuesto para Honduras Solidaria
“El gobierno a partir de esa cadena nos traslada a nosotros la presión, pero el recurso todavía no ha sido efectivo. Imagínese que no transfieran estos recursos en los próximos días, a nosotros nos van a linchar aquí en los pueblos porque la gente cree que el dinero ya está, pero hasta el momento no se ha depositado, hasta el momento es una promesa en cadena nacional”: Amable de Jesús Hernández.
El edil consideró que la medida es buena y lógica porque la descentralización de los fondos puede permitir que las alcaldías cumplan con la atención de la emergencia, sin embargo, vaticinó que probablemente sea una nueva promesa como ocurrió el año pasado con las transferencias condicionadas.
Especificó que, en el 2019, en el marco de las transferencias condicionadas el gobierno le asignó un fondo a los gobiernos municipales que, supuestamente, iba a ser para infraestructura educativa, pero los dineros nunca ingresaron, —entonces— “el temor nuestro es que esto vaya a ser lo mismo, que no ingresó”, advirtió Hernández.
Por otra parte, alertó que los fondos de la emergencia están siendo manejados por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la plataforma de Vida Mejor, un programa altamente politizado y que descaradamente se maneja a nombre del gobernante Partido Nacional.
En resumen, “nos preocupa que las alcaldías, que no somos de la línea del gobierno, vayamos a quedar excluidas”, dijo Amable de Jesús Hernández, quien espera que en esta oportunidad la emergencia sea manejada con seriedad.
Con las declaraciones del alcalde del municipio de San José de Colinas, perteneciente a las filas del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), se puede deducir que la medida de transferir los fondos de la emergencia del Covid a las alcaldías municipales, podría estar ligado a intereses políticos para que los ediles del Partido Nacional tengan ventaja. Asimismo, que el gobernante reduzca la presión popular sobre su imagen.
Presupuesto para Honduras Solidaria
La ayuda alimentaria, contemplada en el programa «Honduras Solidaria», es distribuida por los militares. (Foto: redes sociales de la Presidencia de Honduras)
De acuerdo con la Secretaría de
Finanzas (Sefin) el presupuesto estimado para enfrentar la emergencia
del Covid-19 asciende a L 3, 804 millones, distribuidos en la
contratación de recurso humano de salud y asistencia humanitaria, equipo
médico, equipo de protección, transporte de muestras, insumos de
bioseguridad, reactivos, medicamentos, capacitación, mejoras de
infraestructura, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos a
través de saco y bolsa solidaria.
Por su parte la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización anunció el pasado 27 de marzo, un “anticipo excepcional” debido a la emergencia del Covid-19 de las Transferencias Municipales equivalente al 30 por ciento del primer mes a liquidar, a todas las alcaldías a nivel nacional.
Lo anterior ante la necesidad de recursos para que las corporaciones municipales puedan ejecutar programas que deberán priorizar la entrega de alimentos y productos como parte de la estrategia de prevención.
El “anticipo excepcional”, será liquidado, según lo que dicta la Ley y las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2020 y en cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en lo referente a las trasferencias emitidas por la secretaría de Gobernación.
Transparencia postergada
El pasado 18 de marzo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), anunció una prórroga de dos meses a partir de la suspensión por parte del gobierno de la alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19, a las corporaciones municipales para que presenten el informe de rendición de cuentas.
La liquidación presupuestaria sobre el manejo de los fondos utilizados para combatir la epidemia del Covid-19, será solicitada por el TSEC una vez superada la emergencia.
Por su parte el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante comunicación oficial, publicó hace unos días que: “para no atrasar el proceso de desembolso de las transferencias a las municipalidades, se otorga a las Alcaldías Municipales un plazo de tres (3) meses a partir de la emisión del acuerdo respectivo de la publicación de la constancia en su Portal Único de Transparencia en el apartado Plan Estratégico; del Plan de Desarrollo Municipal, esto en razón de la emergencia nacional”.
Según el IAIP, La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización solicita a las corporaciones municipales una constancia emitida por el IAIP para garantizar la transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación específica en el apartado Plan Estratégico; Plan de Desarrollo Municipal y/o, el Plan de Ordenamiento Municipal o Plan de Desarrollo Municipal.
Sin acceso a la información pública
El origen presupuestario del programa Honduras solidaria no se conocerá a corto plazo, pues desde el 16 de marzo en apego a los decretos PCM 020 021-2020, mediante el cual se aprobó un estado de excepción, el IAIP suspendió el proceso de acceso a la información pública de cualquier tema en Honduras hasta pasada la emergencia sanitaria por el Covid-19.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en sus artículos cuatro, cinco, seis y doce, habla del deber de informar, del soporte humano para ello, la promoción de una cultura de transparencia y la estructura del Sistema Nacional de Información Pública.
Por otra parte de acuerdo a la Alerta 029-2020, emitida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), “diferentes Relatores sobre Libertad de Expresión, tanto de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a través de una declaración conjunta, puntualizaron la obligación de los estados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso”.
Por su parte la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización anunció el pasado 27 de marzo, un “anticipo excepcional” debido a la emergencia del Covid-19 de las Transferencias Municipales equivalente al 30 por ciento del primer mes a liquidar, a todas las alcaldías a nivel nacional.
Lo anterior ante la necesidad de recursos para que las corporaciones municipales puedan ejecutar programas que deberán priorizar la entrega de alimentos y productos como parte de la estrategia de prevención.
El “anticipo excepcional”, será liquidado, según lo que dicta la Ley y las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2020 y en cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en lo referente a las trasferencias emitidas por la secretaría de Gobernación.
Transparencia postergada
El pasado 18 de marzo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), anunció una prórroga de dos meses a partir de la suspensión por parte del gobierno de la alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19, a las corporaciones municipales para que presenten el informe de rendición de cuentas.
La liquidación presupuestaria sobre el manejo de los fondos utilizados para combatir la epidemia del Covid-19, será solicitada por el TSEC una vez superada la emergencia.
Por su parte el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante comunicación oficial, publicó hace unos días que: “para no atrasar el proceso de desembolso de las transferencias a las municipalidades, se otorga a las Alcaldías Municipales un plazo de tres (3) meses a partir de la emisión del acuerdo respectivo de la publicación de la constancia en su Portal Único de Transparencia en el apartado Plan Estratégico; del Plan de Desarrollo Municipal, esto en razón de la emergencia nacional”.
Según el IAIP, La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización solicita a las corporaciones municipales una constancia emitida por el IAIP para garantizar la transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación específica en el apartado Plan Estratégico; Plan de Desarrollo Municipal y/o, el Plan de Ordenamiento Municipal o Plan de Desarrollo Municipal.
Sin acceso a la información pública
El origen presupuestario del programa Honduras solidaria no se conocerá a corto plazo, pues desde el 16 de marzo en apego a los decretos PCM 020 021-2020, mediante el cual se aprobó un estado de excepción, el IAIP suspendió el proceso de acceso a la información pública de cualquier tema en Honduras hasta pasada la emergencia sanitaria por el Covid-19.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en sus artículos cuatro, cinco, seis y doce, habla del deber de informar, del soporte humano para ello, la promoción de una cultura de transparencia y la estructura del Sistema Nacional de Información Pública.
Por otra parte de acuerdo a la Alerta 029-2020, emitida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), “diferentes Relatores sobre Libertad de Expresión, tanto de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a través de una declaración conjunta, puntualizaron la obligación de los estados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso”.
Publicado el 2 Abril, 2020
“Descubrimos que muchas cuentas no auténticas estaban accediendo a Twitter desde un solo rango de IP en Honduras y retuitiando en gran medida la cuenta del presidente. Eliminamos 3,104 cuentas cuando quedo claro que un miembro del personal creo las cuentas falsas en nombre del gobierno”, explicó Twitter.
Twitter prohíbe el envío de tuits idénticos desde varias cuentas, como suele ser el caso con el correo no deseado, y “coordinar o compensar a otros para que participen en una amplificación artificial”. También prohíbe crear interacciones “falsas” con contenido “duplicado”.
Bolivia y el modelo de Honduras: Golpe, proscripción y fraude
26 febrero 2020
| CUBADEBATE
Al igual que sucedió con Manuel Zelaya, tras el golpe contra Evo Morales el reciente anuncio de su proscripción es parte de un libreto que no fue escrito ni en Honduras ni en Bolivia, sino en Washington. Un texto que es seguido al pie de la letra por el TSE, la USAID y la OEA en un burdo intento de que las elecciones del 3 de mayo se transformen en una mascarada democrática que lave la imagen y dé continuidad al gobierno golpista.
El camino que la derecha antidemocrática ha decidido recorrer en Bolivia replica los pasos recientemente transitados en Honduras: golpe, proscripción y fraude.
Como si fuera una nueva versión de una vieja película, cambian los protagonistas, pero no el libreto. No es casualidad. El burdo texto no fue escrito ni en Honduras ni en Bolivia, sino en Washington. Una historia que tiene de trasfondo la Doctrina Monroe, la política neocolonial del imperio y la participación estelar de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Luis Almagro. Todos, componentes de una parodia de democracia que no engaña ni a los sectores más reaccionarios que buscan con desespero una mentira que les permita justificar su odio a los procesos populares.
El pasado jueves 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció la inhabilitación de la candidatura a senadores del expresidente Evo Morales y del excanciller Diego Pary. El anuncio solo fue un nuevo paso más en la continuidad del golpe del 10 de noviembre de 2019.
El presidente del TSE, Salvador Romero, argumentó en el anuncio de la proscripción que se debía a que Morales no reside en el país, desconociendo de manera grotesca y burda que debió abandonar Bolivia tras el golpe en su contra porque estaba en riesgo su vida y, como bien señaló uno de sus abogados, Eugenio Raúl Zaffaroni, si hubiera permanecido en su país lo hubieran asesinado.
En referencia al anuncio hecho por Romero, Zaffaroni remarcó: “Ha comenzado el fraude electoral por una vía aviesa”. Luego agregó: “Hay una cuestión de sentido común que no le puede pasar por alto a nadie: Evo Morales no está fuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una situación de necesidad, se creó una situación de fuerza mayor, si se quedaba en Bolivia lo mataban”.Todo indica que la “depuración del Padrón Electoral” que realiza el TSE es otro de los elementos del burdo fraude.
Cuando se supo de la designación de Salvador Romero al frente del TSE, Contexto denunció que las nuevas autoridades, presentadas por la prensa de derecha como garantía de transparencia, no eran otra cosa que la garantía del fraude articulado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana.
Salvador Romero, designado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, aparece en varios cables revelados por WikiLeaks en los que queda expuesto su estrecho vínculo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas en inglés como USAID).
Es conocido el rol de la USAID (al igual que el de la Fundación Nacional para la Democracia – NED) como un organismo a través del cual los servicios de inteligencia norteamericanos (especialmente la CIA) canalizan fondos o ejecutan operaciones para desestabilizar los procesos populares o apoyar a sus títeres en el extranjero.
Los cables expuestos por WikiLeaks muestran cómo –al menos desde 2008– Salvador Romero tenía un estrecho vínculo con funcionarios de la embajada norteamericana, cómo era promocionado en charlas contra el gobierno de Evo Morales auspiciadas por la USAID, y cómo había iniciado una campaña contra el Movimiento al Socialismo (MAS) para tratar de influir en los siguientes referendums y en las elecciones presidenciales.
Romero fue caracterizado como un ferviente militante contra la nueva Constitución de Bolivia que impulsó Morales y fue el propio presidente boliviano quien por aquella época señaló que la entonces Corte Nacional Electoral (CNE) era un órgano subordinado a la Embajada de Estados Unidos –Romero había sido nombrado al frente de ese organismo en 2003 por el entonces presidente Carlos Mesa, otra de las figuras responsables del golpe del 10 de noviembre de 2019–.
Bolivia comenzó a recorrer el camino de Honduras, que en 2009 sufrió el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la imposición del gobierno de facto de Roberto Micheletti, la proscripción de Zelaya y los sucesivos fraudes (2014 y 2018) respaldados por la OEA que pusieron al frente del gobierno a un títere de la Casa Blanca: Juan Orlando Hernández.
(Tomado de Rebelión)
